BRASIL: UNA LARGA HISTORIA DE DISPARIDADES REGIONALES

Carlos Roberto Azzoni

¿Qué han hecho (o dejado de hacer) las políticas públicas?

Brasil es un país de dimensiones continentales, con 8.5 millones de km2, equivalente al 85% del territorio total de Europa y más grande que Estados Unidos (sin Alaska). Su territorio se extiende por más de 4 300 kilómetros, tanto en el sentido este-oeste como en el sentido norte-sur. Una pequeña porción se ubica en el hemisferio norte y cerca del 9% de su área se encuentra debajo del trópico de Capricornio. De sus veintisiete estados, dos se ubican casi totalmente en el hemisferio norte (equivalentes a cerca del 6% del área total de Brasil y al 5.3% de su población) y tres se localizan completamente en la región templada (es decir, cerca del 7% del territorio brasileño y 14.5% de la población). La parte restante se sitúa entre el área costera (diecisiete estados, con casi el 60% de la población) y la parte continental (once estados, con más del 20% de la población). La mayor parte de su población y de su producción económica se concentran en la región del sureste, que equivale apenas al 11% del territorio y al 35% de la población.

Dadas sus dimensiones, es natural que Brasil presente condiciones diferenciadas de naturaleza y de clima. De hecho, dispone de los biomas Amazonia, Cerrado, Mata Atlántica, Pantanal, Caatinga y Pampa, y por lo menos de diez tipos diferentes de vegetación. La variedad de suelos, climas y recursos naturales es igualmente amplia. Aunque esa diversidad en el sentido este-oeste sea pronunciada, es más importante la que existe en el sentido norte-sur, más intensa, particularmente en la cuestión del clima, y más importante para la producción agrícola. Las temperaturas medias en el invierno son de alrededor de 25 grados centígrados en el noreste y de 15 grados en el sur.

Una larga historia de disparidades regionales persistentes

Como la gran mayoría de los países del Nuevo Mundo, la ocupación de Brasil inició por las regiones del litoral. La actividad productiva empezó con la madera, en la costa centro-sur (el Pau Brasil o palo de Brasil, que dio origen al nombre del país), pero el primer producto realmente importante, la caña de azúcar, surgió en la región del noreste. Posteriormente, cuando la competitividad internacional se había perdido ante los países asiáticos, ocurrió el descubrimiento de oro en la parte septentrional de la región del sureste, lo que derivó en una actividad de duración efímera, como efímera fue también la explotación del caucho en la región del norte, ya a inicios del siglo XX. La definición de la economía moderna del país y de su configuración espacial se inició con el café en la región del sureste en la segunda mitad del siglo XIX. Al contrario de lo ocurrido con la caña de azúcar, el oro y el caucho —actividades todas que utilizaban esclavos—, la explotación de café se desarrolló con mano de obra asalariada, básicamente formada por inmigrantes europeos. Eso propició la creación de un mercado local que generó las condiciones adecuadas para que los inmigrantes pudiesen aprovechar las oportunidades surgidas durante las dos guerras mundiales y la Gran Depresión.

Así, de un producto agrícola de exportación que aún hoy tiene cierta importancia, se crearon las condiciones para una industrialización incipiente, que después se aceleró tras la Segunda Guerra Mundial, aunque siempre estuviera concentrada en la región del sureste. Desde entonces, se observa una clara persistencia en las disparidades, tanto en términos de concentración como de desigualdad.

La región del noreste, que equivale al 18% del territorio, disponía en 1940 del 35% de la población nacional, proporción que, en 2005, era de apenas 23%. Su participación en el PIB pasó del 17% al 13% en esos 65 años. Resulta sorprendente constatar que, durante todo ese período, su PIB per cápita se mantuvo siempre por debajo de la mitad de la media nacional. A su vez, la rica región del sureste, que equivale apenas al 11% del territorio, tenía el 45% de la población de Brasil en 1940, proporción que se redujo a 34% en 2007. En términos del PIB, éste pasó de ser equivalente al 63% del total nacional en 1939 a 57% en 2005, y su PIB per cápita, que era 41% superior a la media nacional en 1940, seguía siendo 33% superior al promedio en 2005.

Nuevos productos, nuevas oportunidades, misma ubicación

Los siglos de ocupación originaron una estructura productiva regionalmente concentrada y una situación de desigualdad del ingreso entre diversas zonas del país. En las últimas décadas, se hicieron algunas modificaciones sustantivas en la estructura productiva, pero sus efectos no se hicieron sentir en el ámbito de las disparidades, que parecen ser bastante resistentes. Incluso se dice que las disparidades actuales son similares a las que existían en 1872, según un estudio de reciente publicación.

Los grandes cambios observados desde mediados del siglo pasado se restringen, geográficamente, al crecimiento de las regiones del centro-oeste y norte. En el primer caso, son el resultado del desarrollo tecnológico que hizo viable la producción competitiva de la agricultura en la sabana brasileña, así como, en menor grado, de la transferencia de la capital nacional, Brasilia, a esa región (la ciudad cuenta hoy con casi 2.5 millones de habitantes y con el mayor nivel de ingreso per cápita del país). Otro cambio estructural importante tiene que ver con la creación, en la región del norte, de una zona de importación libre de impuestos, y con la penetración de actividades extractivas (mineral de hierro, bauxita) y de silvicultura (madera), así como de actividades agropecuarias y algo de agricultura en las orillas de la región. La región del centro-oeste casi dobló su proporción de habitantes con respecto al total de la población brasileña en 67 años, y su participación en el PIB creció más de cuatro veces. La región del norte casi dobló su proporción de habitantes con respecto a la población total y también duplicó su aportación al PIB nacional. No obstante, ambas regiones aún tienen poca importancia, en términos cuantitativos, para la producción nacional.

El etanol de caña de azúcar, que hoy es el centro del interés internacional sobre Brasil, concentra su producción básicamente en la región del sureste, debido tanto al suelo como al clima, pero, sobre todo, a la presencia del gran mercado consumidor de esa región, que comprende más del 70% del potencial del mercado brasileño. Los nuevos proyectos anunciados y ya en marcha, con gran participación de capital internacional, se localizan precisamente en esa área, con miras a expandirse hacia el centro-oeste. La conmemorada y tardía autonomía petrolera, incluidos los últimos y promisorios descubrimientos en aguas profundas, no cambiarán la situación, dado que todos los nuevos campos se ubican exactamente en el litoral de la región más rica del país.

En el área industrial, la pérdida de importancia relativa del centro económico tradicional es evidente, fruto de las desventajas de la gran aglomeración, materializadas en aumentos de costos y dificultades logísticas. Esa desventaja afecta particularmente a los sectores industriales tradicionales, volcados en el mercado interno o incluso en productos de baja intensidad tecnológica. En los sectores con alta intensidad tecnológica, la región más importante desde el punto de vista económico es incomparablemente más competitiva que el resto del país y no hay señales de que dicha competitividad pueda perderse en el futuro cercano. Por el contrario, sí hay señales evidentes de que la globalización y la apertura de la economía que tuvo lugar en los años noventa, y que sigue avanzando, generaron condiciones más favorables en el área económicamente más importante, en los sectores de mayor interés para la competitividad futura.

Otra dimensión importante de los cambios estructurales es el creciente peso del sector terciario en la economía. De hecho, partiendo de una participación pequeña se observa un crecimiento continuo de la penetración de esas actividades, que, en 2007, ya equivalían nada menos que al 65% del valor agregado total nacional, con un crecimiento significativo en las últimas décadas. Naturalmente, tales actividades se ubican en las ciudades, particularmente en las grandes, situadas justo en la región del sureste del país. Más allá de la preferencia por las grandes ciudades, se observa que la elección de la ubicación es más acentuada particularmente en las actividades más avanzadas, sea en términos tecnológicos o en términos de dinamismo. Las actividades de consultoría, de tecnologías de la información, de servicios financieros y otras crecen marcadamente en el gran centro económico del país, la ciudad de São Paulo y sus inmediaciones. Ese proceso, resultado de la concentración y de los poderíos económicos preexistentes, refuerza ese poderío, puesto que la competitividad del centro económico, debilitada en el sector industrial que originó su potencial, se ubica en los sectores que se vuelven cada vez más importantes, cuantitativa y cualitativamente.

Discursos, políticas y pocos resultados

Las disparidades existentes han sido fuente de cierta preocupación y de muchas intervenciones, pero todas con poco éxito. Los hechos más emblemáticos que atrajeron la atención de los responsables políticos siempre estuvieron relacionados con la región del noreste, por ser más populosa y, en consecuencia, por tener una influencia política significativa. Tales programas estaban ligados originalmente a las sequías que periódicamente afectan a la región. Distintos programas de combate a los efectos de la sequía y algunos estudios para combatir a las sequías mismas se pusieron en marcha de manera intermitente y no tuvieron éxito alguno para cambiar la situación. Dadas las limitaciones evidentes del potencial agrícola de la región, determinadas por las malas condiciones del suelo y del clima, se decidió poner énfasis en la industrialización, con grandes incentivos fiscales y créditos subsidiados en la primera parte de la segunda mitad del siglo XX. A pesar de que se hicieron grandes desembolsos, se alcanzaron pocos resultados, como indican los números presentados más arriba. Además, ese fracaso llevó al descrédito de la población local y del aparato político nacional, con el abandono de esas políticas y de la idea misma de que el problema tendría solución mediante la intervención gubernamental. A esto siguió, ya en pleno final del siglo XX y dado el predominio de las ideas neoliberales, un desmantelamiento de la estructura gubernamental de planeación, lo que presenta limitaciones sustantivas para retomar el proceso en el futuro. Hasta este momento, no ha habido condiciones políticas para el diseño y puesta en marcha de nuevas políticas de ayuda para las regiones atrasadas.

Paralelamente, las políticas gubernamentales no dirigidas a región específica alguna produjeron efectos regionales impactantes. Tal es el caso de la investigación agrícola, desarrollada a lo largo de décadas por la institución gubernamental Embrapa, que generó las condiciones favorables para la correcta ocupación de la región del centro-oeste del país —es decir, la sabana brasileña (Cerrado)—, hoy una de las principales áreas mundiales en la producción de maíz, soja, algodón y ganado. Destaca el caso del algodón, tradicionalmente producido en la región del noreste y que fue prácticamente diezmado en el área, dada la poca competitividad. El nuevo algodón producido en el centro-oeste está adaptado a las condiciones locales, y es moderno y competitivo internacionalmente, tanto en términos de calidad como de costo. La reducción de la gran protección a la producción nacional existente antes de 1990, vinculada a la apertura de la economía, afectó particularmente a los sectores económicamente más débiles. Eso tuvo consecuencias negativas en todo el país, pero las empresas de la región más rica encontraron mejores condiciones para adaptarse y sobrevivir que las empresas de las regiones más pobres, que actuaban en mercados menos dinámicos y naturalmente más dependientes de las ayudas gubernamentales.

Así, la conjunción de programas de incentivos y de actividades de planificación poco efectivas en la región más pobre con la instauración de políticas macroeconómicas o sectoriales poderosas, con consecuencias espaciales no intencionales pero significativas, contribuyó a que el cuadro de disparidades persistiese. Aunado a ese proceso se encuentra el deterioro de las condiciones financieras del sector público, que limita considerablemente cualquier iniciativa de inversión significativa en la infraestructura de las regiones pobres. A esto se asocia otra dimensión, la de la privatización de los servicios públicos, ocurrida inicialmente (y casi exclusivamente) en la región más rica del país, teniendo en cuenta el interés económico que ésta presentaba para los inversionistas privados. En consecuencia, la disponibilidad y la calidad de los servicios públicos de comunicaciones y transportes en la región más rica es actualmente muy diferente de lo que era antes de la privatización. Dada la importancia de las comunicaciones y de los transportes en la economía globalizada, las consecuencias en términos de competitividad futura son previsibles.

Políticas sociales: ¿la solución del problema?

Al inicio de este siglo, apareció un nuevo elemento que ha producido resultados no previstos en el ámbito de las disparidades regionales brasileñas. Se trata de los programas dirigidos a la población de bajos ingresos, que consisten en la transferencia de ingreso. Tales programas tienen un impacto significativo, pues, además de inyectar dinero directamente a las familias, que estimula la demanda regional final, el monto anual distribuido equivale al 0.45% del PIB y al 0.8% de la renta personal disponible en el país. Como las regiones más pobres presentan una proporción mayor de personas pobres que las regiones ricas, los programas dirigidos a esos estratos de la población naturalmente pueden tener un impacto regional importante. De hecho, la región del noreste tiene un 41% de pobres, mientras la región del sureste tiene apenas 31% y la región del sur sólo 12%. Así, a pesar de eso, el noreste recibe más del 52% de las transferencias de renta, mientras que el sureste recibe apenas el 24% y la región del sur sólo el 9%.

En principio, la desigualdad interpersonal de renta en el país se ha reducido en los últimos 10 años, lo que revierte una tendencia de crecimiento constatada desde la primera medición disponible, correspondiente a mediados del siglo XX. El índice de Gini nacional, que mide la desigualdad de ingreso entre las personas en una escala de cero (igualdad completa) a uno (desigualdad absoluta), que llegó a alcanzar el máximo de 0.58 en 1997, se ha reducido consistentemente desde entonces hasta llegar a 0.53 en 2007. Aún así, sigue siendo uno de los mayores del mundo, pero es pertinente subrayar la tendencia decreciente observada en los últimos 10 años. En términos regionales, aunque la desigualdad del producto per cápita no esté disminuyendo como se desea, la desigualdad regional del ingreso per cápita se ha reducido en función de esas transferencias, así como de la política nacional de salario mínimo. Está claro que la reducción de la inflación, que alcanzaba niveles muy elevados en el país hasta 1994, contribuyó también a reducir la pérdida de poder adquisitivo de las personas pobres de todo el país, dada la concentración de éstas en las regiones más pobres, particularmente en esas áreas.

Los estudios disponibles indican que los efectos del salario mínimo y de las transferencias de renta para los pobres sobre las disparidades regionales son positivos y significativos, algo que, todo indica, equivale a la más importante intervención pública para reducir la concentración y la desigualdad regional en Brasil. Lo irónico es que la intervención más consecuente en términos de disparidad regional no se haya concebido ni puesto en marcha con ese fin. Por otra parte, la consistencia de esos efectos en el tiempo depende de la durabilidad de las políticas y de la capacidad que la estructura productiva de la región pobre tenga para internalizar los estímulos positivos que esa inyección de renta pueda tener.

A partir de diversos estudios, se sabe que los sectores más estimulados en la región del noreste son exactamente los que están vinculados con la producción de bienes de consumo, básicamente alimentación, bebidas, calzado, textiles y otros. Evidentemente, no se puede concebir una política de desarrollo regional en términos modernos con ese tipo de sector. La cuestión está en saber en qué medida el crecimiento reciente puede generar condiciones de competitividad con otras regiones y países en esos mismos sectores, y fomentar el florecimiento de otros y de actividades más modernas, que puedan determinar la competitividad futura de esas estructuras productivas. Esas preguntas permanecen abiertas, mientras se disfrutan los resultados de la mejora de los indicadores de desigualdad.

Consideraciones finales

Un gigante con tal variedad de condiciones de suelo, relieve, clima y recursos naturales tiende, como era de esperarse, a tener disparidades regionales. Estas disparidades han sido y son pronunciadas y persistentes en Brasil, a pesar de la gran cantidad de discursos pronunciados y de programas creados para reducir el problema. De forma paralela a esos tibios programas regionales, otros programas sectoriales o macroeconómicos han mostrado ser más poderosos para producir efectos regionales concentradores, particularmente en el área mejor desarrollada de la investigación agronómica. Una dimensión importante de ese fenómeno se ubica en el área de la energía, en la que las actividades productivas provenientes del programa de etanol para automóviles, así como los recientes y abundantes descubrimientos de petróleo, se ubican en la región más rica del país. Se tiene así, en el tránsito del siglo XX al XXI, un país regionalmente tan concentrado y desigual como lo era en el paso del siglo XIX al XX. Como novedad en este siglo que comienza, están los programas de asistencia a familias pobres, cuyos impactos regionales han sido, por primera vez en muchas décadas, favorables para reducir la desigualdad interpersonal de ingreso y las disparidades regionales. Su limitación evidente se relaciona con la sostenibilidad política y financiera de tales programas en el largo plazo, y con la dinámica espacial que puedan tener en el futuro los efectos positivos que se observan actualmente.

La discusión sobre los programas de transferencia de renta en Brasil y en todos los países donde se han puesto en marcha no es, empero, sobre su necesidad y conveniencia, sino sobre sus efectos de largo plazo sobre la desigualdad. Se trata de la discusión de la “puerta de salida” de los programas, es decir, de los mecanismos para medir el desarrollo de las personas y el momento de dar por concluidos los beneficios, de manera que los individuos puedan caminar solos a partir de ese punto. Se corre el peligro de generar una dependencia crónica de los recursos de las transferencias, con la consecuente disminución de la capacidad para buscar y enfrentarse a nuevos desafíos personales.

En el ámbito regional, puede presentarse el mismo riesgo. Ya se señaló anteriormente que no se puede concebir, en los tiempos actuales, una política seria y consecuente de desarrollo regional basada sólo en los sectores y en las actividades tradicionales. Es más compleja la creación de regiones con alguna renta pero sin economía alguna, totalmente dependientes de las transferencias de recursos personales. En la medida que el flujo de recursos disminuya, por alguna razón económica o política, las regiones se vaciarían totalmente, como ocurrió históricamente en los casos de la actividad minera de oro en Minas Gerais y de caucho en Amazonia. Además, de mantenerse las transferencias por varios años consecutivos, y satisfechas las condiciones de mantener a los hijos en la escuela, ¿qué papel tendrían en la emigración? Los primeros estudios indican que la propensión a emigrar de las regiones pobres a las ricas no es mayor entre los beneficiarios del programa. Por otro lado, indican también que las transferencias contribuyen a aumentar la migración de retorno, de las regiones ricas a las más pobres. Esos dos aspectos refuerzan la hipótesis de que los programas de transferencias estarían estimulando la formación de sociedades sin economía.

De cualquier manera, ahora corresponde celebrar la reducción de las desigualdades en Brasil, con la reserva de que aún son profundas, tanto entre personas como entre regiones. De continuar el ritmo de la bienvenida reducción que actualmente se observa, aún tomará algunas décadas para que se alcancen situaciones intermedias en el marco mundial de esas desigualdades. Sin embargo, éste ya es un buen comienzo.

UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTADOS UNIDOS-COLOMBIA: EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y EL PROGRESO EN AMÉRICA LATINA

Daniel T. Griswold y Juan Carlos Hidalgo

Introducción

Probablemente, el voto más importante y controvertido del año en el Congreso, en lo que respecta al comercio internacional, sea el tratado de libre comercio (TLC) que firmó Estados Unidos con su vecino y aliado sudamericano, Colombia. En su informe del 28 de enero de 2008, el presidente Bush exhortó al Congreso a aprobar el tratado este año. El Presidente describió a Colombia como “un amigo de Estados Unidos que enfrenta la violencia y el terror, y lucha contra narcotraficantes”, y advirtió al Congreso que “si no aprobamos este tratado, fortaleceremos a los que propician el falso populismo en nuestro hemisferio. De modo que debemos unirnos, aprobar este tratado y demostrarles a nuestros vecinos de la región que la democracia lleva a una vida mejor”. (1)

El tratado, que firmaron ambos gobiernos en noviembre de 2006, eliminaría la mayor parte de los aranceles y barreras al comercio entre los dos países. El TLC entre Estados Unidos y Colombia es el último de una serie de tratados —negociados por la administración Bush y aprobados por el Congreso— con cinco países de América Central, la República Dominicana, Chile y Perú.

El actual congreso demócrata aprobó el TLC con Perú a fines de 2007, después de que se modificaron las secciones ambientales y laborales, pero los líderes demócratas aseguraron una y otra vez que el TLC con Colombia no será sometido a voto hasta que el país no logre un progreso aún no definido en el tratamiento de la violencia contra líderes sindicales. Las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos, en especial la Federación Americana de Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) —un electorado clave del Partido Demócrata—, hicieron del fracaso del tratado con Colombia una de sus metas políticas principales.

Rechazar un tratado de libre comercio con Colombia debido a la persistente violencia que padece ese país sería un error irresponsable del Congreso. Implicaría sacrificar nuestro interés nacional en un hemisferio estable, pacífico y próspero en pos de intereses ideológicos y partidistas faltos de perspectiva. Más allá de sus beneficios económicos, un TLC con Colombia recompensaría e institucionalizaría el espectacular progreso logrado por el gobierno del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en los últimos cinco años y medio.

Por qué los representantes demócratas se oponen a un tratado comercial con ColombiaEn una declaración realizada el 29 de junio de 2007, la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi y otros líderes del partido demócrata anunciaron su oposición al TLC con Colombia. Manifestaron que “existe una preocupación generalizada en el Congreso por el nivel de violencia en Colombia, la impunidad, la falta de investigaciones y juicios, y el papel de los paramilitares”. “Consideramos que, primero, debe contarse con pruebas concretas de resultados sostenidos en Colombia, y los miembros del Congreso continuarán trabajando con todas las partes interesadas para lograr este objetivo antes de considerar cualquier TLC. En consecuencia, no podemos apoyar el TLC con Colombia en este momento”. (2)

La violencia es un problema real para los sindicalistas colombianos. Desde 1991, más de 2.200 sindicalistas fueron asesinados, la mayoría por paramilitares de derecha. Según señala una reciente publicación de la AFL-CIO, Colombia es el país más peligroso para ser miembro de un sindicato. (3)

Y, en la mayoría de los casos, el sistema judicial fracasa: por todos estos asesinatos, sólo hubo 37 condenas (4). Sin embargo, los líderes del partido demócrata y sus aliados sindicales no reconocen el espectacular progreso logrado por el gobierno colombiano, a pesar de las sombrías expectativas de hace apenas unos años.

La verdadera novedad en Colombia no es el nivel actual de violencia sino su drástica disminución en un período relativamente corto, y el crédito que merece el gobierno colombiano por esa mejora. La cantidad de asesinatos de sindicalistas en Colombia cayó abruptamente desde 2001, un año antes de que asumiera el presidente Álvaro Uribe. De aproximadamente 200 asesinatos por año en 2001 y 2002, la cifra cayó a la mitad en 2003 y, desde entonces, continúa bajando. La AFL-CIO asegura que 38 sindicalistas fueron asesinados en 2007, mientras que el Ministerio de la Protección Social de Colombia contabiliza 25. Incluso si se acepta la cifra más alta de la AFL-CIO, esto marcaría una caída en picada de más del 80% en los asesinatos de sindicalistas durante el mandato del presidente Uribe; la caída sería de casi el 90% si se tomara la cifra del Ministerio de la Protección Social. Ambos porcentajes representan un progreso notable y meritorio durante el gobierno del presidente Uribe.

Las muertes de sindicalistas también deben considerarse en el contexto de una sociedad que fue, durante décadas, una de las más azotadas por la violencia en el mundo. Desde que se independizó de España en 1819, el país se vio sumido en conflictos civiles que costaron cientos de miles de vidas. En la década de 1960, dos grupos marxistas armados, las FARC y el ELN, iniciaron una guerra de guerrillas contra el gobierno de Colombia. Más tarde, en la década de 1980, poderosos carteles se batieron con las autoridades y entre sí en las calles de ciudades importantes como Medellín y Cali. Hasta hace unos años Medellín era la ciudad con más asesinatos por habitante del mundo. A principios de la década de 1990, se formaron grupos paramilitares de derecha, conformados por terratenientes, para combatir a las guerrillas de izquierda. Poco después, estos mismos grupos se convirtieron en fuerzas criminales autónomas.

A mediados de la década de 1990, una vez desmantelados los carteles, tanto las guerrillas como los grupos paramilitares pasaron al negocio de los narcóticos. La accidentada geografía de Colombia la vuelve un lugar ideal para la producción de cultivos ilegales como la marihuana y la coca. Se estima que el 90% de la cocaína en polvo que se consume en Estados Unidos proviene de Colombia (5). Esto representa un negocio multimillonario que las fuerzas armadas ilegales explotan desde hace más de una década.

En este contexto sórdido, la administración Uribe tomó medidas decisivas. El gobierno instauró un programa de protección para los grupos vulnerables de la sociedad. Actualmente, 1.504 sindicalistas están inscriptos en el programa, un número que supera a los de todos los otros grupos de la sociedad civil. En un trabajo conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, Colombia creó una unidad especial, presidida por el Fiscal General, para investigar casos prioritarios de violencia contra militantes sindicales (6). Los asesinatos de sindicalistas siguen ocurriendo, pero representan menos de uno de cada diez asesinatos de civiles a manos de grupos armados ilegales (7). Otros grupos que son blanco de violencia son, por ejemplo, los maestros, los periodistas, los líderes empresarios y los políticos, la mayoría de los cuales son miembros del propio partido de Uribe.

La AFL-CIO siempre cita la cifra de los 2.245 sindicalistas asesinados en Colombia desde 1991 como el argumento central en contra de la aprobación del tratado de libre comercio. Pero la mayor parte de los asesinatos ocurrieron al comienzo del período considerado, dado que más de cuatro de cada cinco asesinatos ocurrieron antes de la asunción del presidente Uribe. En lugar de reconocer el mérito de Uribe en la drástica caída de los crímenes, la AFL-CIO insiste en sancionar al presidente actual, y a quienes lo eligieron, por los fracasos de gobiernos anteriores.

Por desgracia, algunos grupos colombianos de izquierda se confabularon con intereses sindicales en Estados Unidos para convencer al la cúpula demócrata del Congreso de que este TLC debe fracasar debido a razones humanitarias. Esta oposición al tratado se debe más a la ideología que una preocupación real por los sindicalistas de Colombia. Por ejemplo, Gustavo Triana, un funcionario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor federación de trabajadores de Colombia, sostiene que “El libre comercio nos mata tanto como las balas” (8). La equiparación del comercio pacífico y voluntario con balas asesinas es una comparación burda que revela los intereses ideológicos que yacen detrás de gran parte de la oposición al TLC.

Un país complicado, un presidente notableEl presidente Álvaro Uribe es una rareza en la política de América Latina. Después de cinco años en el gobierno, su popularidad sigue siendo muy alta, hoy en día es mayor al 80%. Fue reelegido en 2006 con un impresionante 62% de los votos. Los motivos de la popularidad de Uribe están claros para cualquiera que haya seguido los acontecimientos en Colombia a lo largo de la última década. Sus políticas generaron más seguridad y oportunidades económicas para los ciudadanos colombianos.

Desde que asumió el cargo, en 2002, el presidente Uribe avanzó notablemente en la erradicación de la violencia en su país, no sólo la violencia contra sindicalistas. Su gobierno incrementó la presencia policial en todas las principales ciudades y regiones del país. Más de 30.000 paramilitares retornaron a la vida civil (9). Gracias a una vigilancia policial y una acción militar más agresivas contra los insurgentes, el nivel de violencia cayó de manera drástica. Desde 2002, los homicidios cayeron un 40%, los secuestros, un 82%, y los ataques terroristas, un 77% (10).

Antes del mandato de Uribe, se consideraba que Colombia estaba al borde de convertirse en un “estado fallido”. Las guerrillas marxistas que habían librado una guerra contra el gobierno colombiano durante casi 40 años controlaban un área del tamaño de Suiza. Miles de secuestros y asesinatos hacían de Colombia uno de los países más violentos del mundo. Como señaló Otto Reich, ex subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental, “Hace apenas cinco años, el gran debate del gobierno de Estados Unidos se centraba en cuánto tiempo podría sobrevivir el Gobierno de Colombia” (11).

Las políticas de Uribe cambiaron a Colombia. El Presidente adoptó una política dura contra las guerrillas marxistas fortaleciendo la presencia del ejército en las zonas rurales y empujando a las FARC fuera de la Colombia central. Además, abogó por un controversial plan para persuadir a los grupos paramilitares de desarmarse a cambio de penas reducidas e incentivos para reincorporar ex paramilitares a la fuerza laboral. Este proceso fue objeto de críticas. Muchos aseguran que la desmovilización de paramilitares constituyó una amnistía a criminales confesos. Otros señalan que muchos paramilitares desmovilizados pasaron a ser criminales comunes. Sin embargo, los números indican claramente que durante el gobierno de Uribe el crimen cayó en picada. Hoy, Medellín tiene una tasa de homicidios per cápita más baja que Baltimore. Colombia sigue siendo un país muy violento, pero los críticos pierden la perspectiva cuando observan los datos del crimen sin tomar en cuenta las tendencias de los últimos cinco años.

Durante la presidencia de Uribe, no sólo mejoraron las cifras del crimen sino que también los indicadores económicos y sociales presentan un progreso notorio. Se estima que la economía, cuyo crecimiento se mantuvo en un promedio del 5% en los últimos cuatro años, creció casi un 7% en 2007. La inversión extranjera directa se incrementó de 2.100 millones de dólares en 2002 a 6.300 millones en 2006 (un aumento del 200%). La pobreza cayó 11,9 puntos porcentuales a 45% en el mismo período (12). La tasa de desempleo bajó del 15% al 11% (13). Una combinación de políticas que propician el crecimiento y mayor seguridad redundó en mejores condiciones de vida para millones de colombianos.

Un amigo en una región de enemigos

La importancia de Colombia aumentó en los últimos años debido a la batalla ideológica que se libra en la región andina. Con la llegada al poder de presidentes populistas de izquierda en América del Sur, el presidente Uribe constituye el aliado más cercano a Estados Unidos en América Latina. Más aún, hoy Colombia está rodeada por dos presidentes antiestadounidenses que tienen lazos o simpatizan con las guerrillas marxistas: Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador.

La situación es especialmente preocupante en el caso de Chávez. El presidente de Venezuela intentó una y otra vez exportar su revolución “bolivariana” (socialista) a otros países de América Latina, aprovechando una ganancia inesperada en los ingresos generados por petróleo de cerca de 300.000 millones de dólares desde que llegó al poder (14). El presidente Chávez apoyó abiertamente las campañas de los candidatos de izquierda en la región, como Evo Morales (Bolivia), Shafik Handal (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua), Ollanta Humala (Perú) y Rafael Correa (Ecuador). Además, en los últimos cuatro años, Chávez gastó 4.000 millones de dólares en armamento (15).

Los vínculos de Chávez con las guerrillas son bien conocidos. Venezuela se convirtió en un refugio para las FARC y otros grupos terroristas. El Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2006 sostiene que “las organizaciones guerrilleras colombianas (…) se trasladan por Venezuela sin una interferencia significativa de las fuerzas de seguridad venezolanas” (16). Recientemente, Chávez declaró que las guerrillas eran “verdaderos ejércitos” cuyo proyecto político era respetado por el gobierno de Venezuela.

El hecho de que el aliado más cercano de Estados Unidos sea su vecino inmediato fue siempre un motivo de irritación para Chávez. La relación entre él y el presidente Uribe se malogró recientemente por un intento infructuoso de mediación del presidente venezolano para que las guerrillas colombianas liberaran a decenas de rehenes que esos grupos mantienen retenidos desde hace más de cinco años. Los líderes intercambiaron reproches, y Chávez sostuvo que Uribe es “un triste peón del imperio [estadounidense]” (17).

Venezuela es el segundo mercado más grande para las exportaciones colombianas, y muchos temen que la crisis diplomática entre ambos países pueda derivar en un bloqueo venezolano —algo con lo que Chávez ya amenazó varias veces— que podría tener graves consecuencias para la economía de Colombia.

El TLC Estados Unidos-Colombia El tratado comercial con Colombia propuesto surgió de las políticas de vinculación de Estados Unidos con Colombia desde principios de la década de 1990. En 1991, un congreso demócrata aprobó la Ley de Preferencia Comercial Andina. La ley, que contó con el apoyo de ambos partidos y deberá renovarse en 2008, permite que el 90% de las exportaciones colombianas ingresen en Estados Unidos libres de impuestos. Desde fines de la década de 1990, en una iniciativa promovida por el entonces presidente Bill Clinton, el Congreso destina más de 5.000 millones de dólares en asistencia al “Plan Colombia”, un programa del gobierno colombiano cuyo objetivo es combatir a los insurgentes violentos y erradicar la producción de drogas ilegales.

El tratado de libre comercio con Colombia se diseñó para fortalecer la sociedad civil de Colombia y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas para que los productores estadounidenses vendan sus productos a los 44 millones de consumidores colombianos, que gozan de una movilidad ascendente y ven con buenos ojos a Estados Unidos.

Al igual que otros tratados similares que Estados Unidos ya negoció en la región, éste derribaría barreras a las exportaciones estadounidenses. Más del 80% de las exportaciones de Estados Unidos a Colombia de productos dirigidos a la industria y a los consumidores se volverían libres de impuestos si se promulgara el tratado, y los aranceles restantes se eliminarían progresivamente a lo largo de los próximos diez años. Para los productores agrícolas de Estados Unidos, el TLC permitiría un acceso inmediato libre de impuestos para la carne vacuna de alta calidad, el algodón, el trigo, la harina de soja y las principales frutas y verduras (como las manzanas, las peras, los duraznos y las cerezas), y muchos alimentos procesados, como las papas fritas y galletas. El tratado mejoraría el ingreso de las exportaciones de carne de cerdo, carne vacuna, maíz, carne de ave, arroz y lácteos (18).

Además, el TLC fortalecería la protección de las inversiones de las empresas estadounidenses que intentaran llegar a los consumidores colombianos mediante una presencia directa. El tratado garantizaría los derechos no discriminatorios a las empresas de Estados Unidos en su presentación en licitaciones para obtener contratos con una gran variedad de ministerios, organismos, y gobiernos regionales de Colombia, así como un mejor acceso para los proveedores estadounidenses de servicios de telecomunicaciones. Este TLC supera a otros tratados bilaterales con el propósito de satisfacer las siempre cambiantes exigencias de los críticos de los tratados comerciales en lo que respecta al cumplimiento de determinadas normas laborales y ambientales dentro de Colombia (19).

El comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos ascendió a 15.900 millones de dólares en 2006 e iba camino a superar los 17.000 millones en 2007. Este valor es similar al del comercio bilateral con Chile, otro país con el que existe un TLC, y casi el doble de nuestro comercio con Perú, que se convirtió en socio comercial en 2007 (20).

Debido a que los aranceles de Estados Unidos ya son o bajos o nulos para la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia, el tratado no debería generar la oposición de intereses especiales locales. El petróleo y el carbón representan más de la mitad de los 9.300 millones de dólares en importaciones de Estados Unidos provenientes de Colombia en 2006. Otro sexto de nuestras importaciones de ese país corresponde a productos agrícolas, fundamentalmente granos de café y flores. La indumentaria y el calzado representan cerca del 6% de nuestras importaciones, menos de 500 millones de dólares (21).

En 2006, las exportaciones más competitivas de Estados Unidos a Colombia, que comprenden más del 40% de los bienes estadounidenses vendidos allí, fueron productos manufacturados, entre ellos equipamiento para perforación y para yacimientos petrolíferos, maquinaria para excavación, computadoras y accesorios, equipos de telecomunicaciones y equipos médicos. Otras categorías importantes de exportaciones de Estados Unidos fueron los productos químicos y agrícolas, estos últimos liderados marcadamente por el maíz (22). A lo largo del tiempo, el tratado acabaría eliminando el 11,3% promedio de aranceles de Colombia sobre los productos agrícolas estadounidenses, en comparación con el arancel promedio de 0,1% de Estados Unidos, correspondiente los programas de preferencia vigentes (23). Un estudio realizado en diciembre de 2006 por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos estimó que el tratado incrementaría las exportaciones estadounidenses en 1.100 millones de dólares (24). Dado que los exportadores colombianos ya gozan de un acceso virtualmente libre de impuestos al mercado de Estados Unidos, un tratado de comercio permitiría la igualdad de condiciones que a los escépticos del comercio no dejan de exigir.

Las consecuencias de decir que noUn tratado de comercio abarcador también beneficiaría a Colombia, además, con la apertura de su mercado a una mayor competencia de importaciones, lo que estimularía la inversión extranjera y fortalecería sus lazos con la mayor economía del mundo. Si el Congreso rechazara este tratado, ocasionaría un grave perjuicio a la economía y a los trabajadores colombianos. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Antioquia demuestra que la no aprobación del TLC reduciría la inversión en Colombia un 4,5%. Más aún, de no aprobarse el tratado, el desempleo aumentaría un 1,8%, lo que representaría una pérdida neta de 460.000 empleos. El PIB caería un 4,5%, y el nivel de pobreza aumentaría 1,4 puntos porcentuales (25).

A Estados Unidos no le conviene perjudicar de esta manera la economía de un aliado en la región andina. Como puede verse con claridad en los países vecinos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, la pobreza y la falta de oportunidades alimenta al populismo de izquierda. Las instituciones democráticas fuertes se sustentan en el desarrollo económico. Estados Unidos debe promoverlo. Eso está muy claro para los colombianos. En palabras de Sergio Fajardo, el popular alcalde de Medellín, “¿Para qué están los amigos? ¿Para empeorar los problemas? Nuestros amigos deberían ayudarnos a mejorar las cosas” (26).

También debemos considerar la importancia política de rechazar el TLC, que ya fue aprobado por el Congreso de Colombia y que cuenta con el apoyo de una mayoría de sus ciudadanos. El presidente Uribe ya dejó en claro que la relación con Estados Unidos se vería afectada de rechazarse el TLC. Durante una reciente visita a Washington, dijo que su país no será parte de “una relación en la que Estados Unidos es el amo y Colombia es el siervo” (27). Es difícil interpretar el verdadero sentido de las palabras de Uribe, pero no hay duda de que, de rechazarse el TLC, el presidente de Colombia cooperará menos con Estados Unidos.

Un punto más que debería tomarse en cuenta es el de las consecuencias institucionales de una decisión así. Uno de los errores más graves de la política exterior estadounidense en los últimos 60 años fue reducir las relaciones bilaterales con países a relaciones personales con un líder determinado. Cuando ese líder ya no está, la relación diplomática con ese país vuelve a foja cero y, en algunos casos, incluso empeora. Existe un riesgo importante de que Estados Unidos esté cometiendo el mismo error en Colombia con el presidente Uribe. Cuando él se vaya, nadie sabe quién vendrá ni cuál será su actitud respecto de Washington. Por ello, es imperativo para Estados Unidos institucionalizar su relación con Colombia mediante un tratado de comercio bilateral que una a ambos países en un lazo económico permanente.

Conclusión

Desde hace algunos años, Colombia es un fuerte aliado de Estados Unidos. También es una nación desgarrada por conflictos civiles y una violencia despiadada. Sin embargo, bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe, el país logró notables mejoras en la mayoría de los indicadores socioeconómicos.

El presidente Uribe invirtió mucho de su capital político en conseguir un Tratado de Libre Comercio con el aliado más cercano de Colombia. No obstante, acicateada por la oposición del sindicalismo de Estados Unidos, la mayoría demócrata del Congreso amenazó con frustrar la aprobación del tratado con el argumento de que Colombia es el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical. Si bien esto es cierto, los demócratas no reconocen que Colombia es un país violento en general y que los asesinatos de sindicalistas se redujeron significativamente durante la administración del presidente Uribe.

Cegada por intereses estrechos de miras, la mayoría demócrata del Congreso tampoco entiende la importancia de Colombia en una región en la que los líderes de izquierda antiestadounidenses están accediendo al poder con programas populistas, como por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela. Según escribió Mary O’Grady en el Wall Street Journal, “O bien los demócratas tienen un criterio muy deficiente en lo que en lo que respecta a la política exterior o bien tienen simpatía por el diablo” (28). No obstante, no todos los demócratas caen en el mismo error de cálculo. Una carta abierta redactada por prominentes funcionarios de la administración Clinton y ex miembros demócratas del Congreso sostiene que “sería el colmo de la ironía hablar de ‘perder’ a América Latina mientras nos rehusamos a tomar medidas que apoyarían directamente relaciones e intereses fundamentales en la región” (29). Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá, ofreció un cordial y sabio consejo cuando escribió que “Si Estados Unidos le da la espalda a Colombia, el revés que sufriríamos sería mayor de lo que ningún dictador latinoamericano podría aspirar conseguir” (30).

En un estudio exhaustivo realizado el pasado noviembre, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington concluyó que el gobierno y el pueblo de Colombia, con el presidente Uribe, no sólo evitaron un desastre:

Replegaron la influencia de paramilitares e insurgentes, establecieron una presencia estatal en cada municipio del país por primera vez en la historia, revirtieron drásticamente los niveles de violencia y crimen, mejoraron la observancia de los derechos humanos, aumentaron la capacidad del estado de gobernar más democráticamente y pusieron la economía en marcha en una dirección muy positiva (31).

Aprobar un tratado de libre comercio con Colombia es apoyar una democracia de mercado en una región en la que los valores liberales están en peligro. Es ser un socio confiable en tiempos turbulentos. Es, también, construir instituciones duraderas que contribuyan a la prosperidad económica y la democracia de millones de colombianos.

Notas:

1. La Casa Blanca, “President Bush Delivers State of the Union”, Transcript, 28 de enero de 2008, www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2008/.

2. Oficina de la Presidenta de la Cámara de Representantes, “Pelosi, Hoyer, Rangel, and Levin Statement on Trade,” 29 de junio de 2007, speaker.house.gov/ newsroom/pressreleases?id=0235.

3. Federación Americana de Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales, “Workers’ Rights, Violence and Impunity in Colombia”, 9 de enero de 2008, www.aflcio.org/issues/jobsecono my/globaleconomy/upload/colombia_briefing.pdf.

4. “Getting to a Colombia Trade Deal”, New York Times, editorial, 29 de mayo de 2007.

5. David J. Lynch, “Colombia Works to Escape Its Past”, USA Today, 4 de octubre de 2007.

6. Peter DeShazo, Tanya Primiani y Phillip McLean, “Back from the Brink: Evaluating Progress in Colombia, 1999–2007”, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, noviembre de 2007, p. 29.

7. Ministerio de Defensa Nacional de Colombia.

8. Lynch.

9. DeShazo, Primiani y McLean, p. 14.

10. Ministerio de Defensa Nacional de Colombia.

11. Otto Reich, “Support Colombia with FTA”, Latin Business Chronicle, 3 de julio de 2007, disponible en: http://www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=1425.

12. The Economist Intelligence Unit, “Colombia Country Report”, 9 de octubre de 2007.

13. R. Nicholas Burns, subsecretario de estado para asuntos políticos, Departamento de Estado de Estados Unidos, discurso en el Consejo de las Américas, 22 de octubre de 2007.

14. Gustavo Coronel, ex miembro del consejo de directores de Petróleos de Venezuela (1976–79), www.lasarmasdecoronel. blogspot.com. Para obtener cifras actualizadas hasta 2006, véase también Coronel, “Corruption, Mismanagement and Abuse of Power in Hugo Chavez’s Venezuela”, Development Policy Analysis no. 2, Cato Institute, 27 de noviembre de 2006, p. 5.

15. Íbidem, p. 9.

16. Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, vol. I, marzo de 2006, p. 123.

17. “Sad Pawn Sent to Freezer”, The Economist, 1 de diciembre de 2007, p. 50.

18. Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, “Free Trade with Colombia”, Trade Facts, junio de 2007.

19. Íbidem.

20. Oficina del Censo de los Estados Unidos, “Trade in Goods (Imports, Exports and Trade Balance) with Colombia,” www.census.gov/foreign-trade/balance/c3010.html#2007.

21. Oficina del Censo de los Estados Unidos, estadísticas de comercio exterior, “End-Use Data: Country by 5-digit End-Use Code, Annual totals for Colombia”, www.census.gov/foreign-trade/statistics/product/ index.html.

22. Íbidem.

23. Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

24. James Stamps, “U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement: Potential Economy-wide and Selected Sectoral Effects”, Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, publicación no. 3896, diciembre de 2006, p. iii.

25. Jesus A. Botero, et al., “El TLC con Estados Unidos: Efectos de su aprobación y costos de no aprobarlo”, Universidad de Antioquia, 4 de junio de 2007, pp. 78–80.

26. Citado en Lynch.

27. Citado en “Trade Double-Cross”, Opinion Journal, Wall Street Journal, 5 de julio de 2007.

28. Mary Anastasia O’Grady, “The Democrats’ Colombia Agenda”, Wall Street Journal, 9 de julio de 2007, p. A14

29. Leon Panetta et al., “Open Letter to Congressional Democrats”, Latin Business Chronicle, 24 de septiembre de 2007, www.latinbusinesschronicle.com/app/article.aspx?id=1663.

30. Stephen Harper, “U.S. Must Support Colombia”, Latin Business Chronicle, 1 de octubre de 2007, www.latinbusinesschroni cle.com/app/article.aspx?id=1670.

31. DeShazo, Primiani y McLean, p. 1.

CUBA: EL FRACASO DE SU REVOLUCIÓN DE 50 AÑOS

Por los firmantes que aparecen al final

En enero se cumplen 50 años del triunfo de una revolución que se propuso cambiar Cuba. El Movimiento 26 de julio de Fidel Castro derrocó la dictadura de Fulgencio Batista, porque deseaba construir “una nación más democrática, más próspera, más independiente y más justa”.

En estos años la sociedad cubana ha atravesado por cambios de gran trascendencia. Tras medio siglo en el poder hoy Cuba es gobernada por un régimen que ha remplazado al autoritario Batista, por uno totalitario; es decir, de partido único, ideología comunista y economía estatizada, donde se reprime a quien piensa distinto y se impide la autonomía de la sociedad civil.

Esta vez, las celebraciones estarán encabezadas por Raúl Castro, confirmado como Jefe de Estado y de Ministros el 24 de febrero de 2008, tras la enfermedad de su hermano a fines de julio de 2006. Algunos analistas pensaron que con su llegada al poder podría iniciarse una época de cambios económicos en la atribulada sociedad cubana. Ese criterio se basaba en el pragmatismo del menor de los Castro, así como en la calamitosa situación social en que recibió el país.

Sin embargo, ¿Se puede hablar de cambios en Cuba cuando todavía hay prisioneros políticos? ¿Se puede hablar de cambio si nadie ha hablado de transformar ni un solo aspecto relacionado con los derechos civiles y políticos?

La conmemoración de los 50 años de la revolución es una buena fecha para hacer un balance de las consecuencias de la revolución cubana, no obstante, lo difícil que es acceder a información confiable sobre Cuba. El presente documento suscrito por los intelectuales e instituciones que abajo firman busca realizar de manera objetiva y rigurosa ese balance. Para hacerlo nos hemos basado en investigaciones publicadas en revistas con consejos editoriales o estudios realizados por instituciones de reconocido prestigio.

La Constitución de la República de Cuba (1992 y 2002) señala en su artículo 1º que:

“Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado por todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.

Comparando estos ideales de libertad política, justicia social, y bienestar individual y colectivo establecido por la propia revolución con la realidad que viven los cubanos, realizaremos esta evaluación.

Libertad Política

Hoy no existe en Cuba libertad política. Se ha instaurado una dictadura totalitaria con un Estado que controla todo y una sociedad civil muy débil. El gobierno cubano erradicó o neutralizó instituciones que fueron determinantes para la transición a la democracia en Europa del Este. Además de barrer con la oposición, desde el comienzo el modelo castrista encubrió bajo fórmulas de "respuestas populares revolucionarias" la represión de opositores. Se atravesó la sociedad con una red de control integrada de organizaciones afines al gobierno (1), que se extiende verticalmente: desde un nivel nacional a uno municipal y son responsables ante la dirección suprema del Partido Comunista.

Durante casi cinco décadas, Cuba ha restringido prácticamente todas las vías de oposición política. Los ciudadanos cubanos se han visto sistemáticamente impedidos de ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión, privacidad, asociación, reunión, circulación y debido proceso legal. Entre las diferentes tácticas empleadas para imponer la voluntad del régimen se encuentran las amenazas policiales, la persecución penal, la vigilancia, las detenciones temporales, las restricciones para viajar y el despido laboral por razones políticas (Human Right Watch, 18 de febrero 2008).

Amnistía Internacional ha mostrado también gran preocupación por los casos recientes de "actos de repudio", en los que grupos de partidarios del Gobierno insultan, intimidan y a veces ofenden físicamente a quienes consideran "contrarrevolucionarios" (2). Estos actos suelen realizarse en convivencia con las fuerzas de seguridad, y en ocasiones participan en ellos los Comités de Defensa de la Revolución o los Destacamentos Populares de Respuesta Rápida (Amnistía internacional, 17 de marzo de 2006).

Durante el régimen cubano miles de personas han sido ejecutadas y otras miles sometidas arbitrariamente a juicios y sumarios sin acceso a recursos legales apropiados por no existir un Poder Judicial independiente ni Estado de Derecho.

Cuba tiene las tasas más altas de encarcelamiento por ofensas políticas que cualquier otro país en el mundo. Según Freedom House (2000-2001) hay varios miles de prisioneros políticos, la mayoría en celdas con criminales peligrosos y muchos convictos con cargos poco claros como: “diseminación de propaganda enemiga” o “peligrosidad”. Hay reportes confiables de tortura de disidentes en prisión y en instituciones psiquiátricas, donde se encuentra una cantidad de arrestados en los años recientes.

Cuba también es el líder en el hemisferio occidental en la práctica de la pena capital, sólo sobrepasado en el mundo por Irán y la República Democrática de El Congo. Según la “Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional”, la cifra de personas condenadas a muerte desde 1959 oscilaría entre los 5.000 y 6.000, esto a pesar de que durante los últimos años se redujeron sustancialmente. Desde el año 2000 funcionó una moratoria de hecho que se rompió en el 2003 (Ravsberg, 2004).

Según el “Proyecto Verdad y Memoria” ha habido aproximadamente 4.038 ejecuciones, 1.292 asesinatos extrajudiciales, 1.219 balseros muertos o desaparecidos y, según el Miami Herald (23/04/06) 13.403 cubanos fallecidos en misiones internacionales, sobre todo durante los 15 años de guerras africanas en Etiopía y Angola. Lo que van a dejar los hermanos Castro es un legado de sangre e injusticia.

El régimen de Fulgencio Batista era autoritario, había surgido de un golpe violento, sin embargo existían suficientes libertades públicas como para que circularan más de 120 publicaciones, para que existieran partidos legales de oposición, estaciones de radio y canales de televisión independientes del Estado, y para que los ciudadanos pudieran entrar y salir libremente (Rojas, 2008).

Cincuenta años después, Cuba es otra. Como señala el Informe de Freedom House (2008), Cuba se convirtió en la mayor cárcel para periodistas de la región y el único país del continente que prohíbe expresamente el libre ejercicio del periodismo.

A partir del índice de Libertad de Prensa que publica anualmente Freedom House (3), Venezuela y Cuba son los únicos países de América Latina "sin libertad de prensa", situándose a un nivel más bajo que Irak.

La única libertad de expresión que no se reprime es la que coincide con el Partido Comunista. Poco después del ascenso de Castro al poder, todos los medios de difusión masiva fueron confiscados y puestos al servicio del Partido y del Gobierno. La radio, la televisión, los periódicos, las revistas y el cine, tienen como función única la divulgación de la ideología comunista.

A los cubanos también les está prohibido ver la televisión extranjera o escuchar la radio de onda corta. A su vez, para el acceso a Internet, la posesión de máquinas de fax y de computadoras, deben dar una “razón válida” y firmar un contrato de utilización, con cláusulas restrictivas. Igual que para conseguir la instalación de un teléfono, se evalúa los méritos del demandante.

En Cuba la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de profesar y practicar cualquier credo religioso dentro del marco del respeto a la ley. Sin embargo, en la ley y en la práctica el gobierno ha puesto restricciones a la libertad de religión.

Por lo general, los grupos religiosos que no están inscritos siguieron experimentando la interferencia, el hostigamiento y la represión oficiales en grados diversos. Sigue sin cambios la política del gobierno cubano de permitir que las actividades religiosas apolíticas tengan lugar en lugares autorizados por el gobierno.

En Cuba no existen derechos políticos. El Partido Comunista, único permitido, ejerce el monopolio de todas las actividades políticas de la isla asistido por las llamadas "organizaciones de masas". Y la población está prácticamente obligada a pertenecer a una o varias de estas organizaciones políticas, o resignarse a quedar marginada de empleos, oportunidades de estudiar y hasta de obtener artículos de consumo (Martel, 2005).

En Cuba no hay elecciones libres. Además, están prohibidas todo tipo de organizaciones políticas fuera del partido único (Freedom House, 2001-2002). Por lo tanto, no se puede ser un disidente, de ahí la alta tasa de Presos políticos —entre ellos, 48 jóvenes por recoger firmas para un referéndum, 23 periodistas por escribir artículos contra el régimen y 18 bibliotecarios por prestar libros prohibidos— (Montaner, 2007).

Según el índice Freedom in the world, Cuba es el único país que se ha clasificado como no libre de América Latina. Para llegar a esa conclusión, se analizan los derechos políticos y las libertades civiles, al igual que en el resto de los países:


Justicia Social

Frecuentemente los defensores del régimen castrista argumentan el modelo cubano destacando sus logros sociales (Ciem, 1999; González, 1999). Ellos señalan que “los indicadores sociales han permitido alcanzar un grado de equidad mediante la aplicación de la planificación económica centralizada y la intervención estatal en todos los sectores relacionados con la política social” (Ciem, 1999: 54). Destacando que las tasas de esperanza de vida, de mortalidad infantil así como la de desempleo están a la cabeza de América latina.

Sin embargo, se debe tener cuidado al extraer conclusiones con respecto a las bondades del modelo. Los indicadores sociales muestran que Cuba en 1958 era una de las sociedades más prósperas e igualitarias de América. De acuerdo con los indicadores sociodemográficos sólo era superada por Argentina y Uruguay. Mientras que los indicadores sociales y económicos se asemejaban de manera notable a las de los países menos desarrollados de Europa en ese entonces, como España y Portugal (Noriega, 2007).

Entre 122 países analizados Cuba ocupaba el rango 22 en materia sanitaria, con 128,6 médicos y dentistas por 100.000 habitantes, por delante de países como Francia, Reino Unido y Bélgica. Además la tasa de mortalidad de Cuba era de las más reducidas del mundo (5,8 anuales por 1.000 habitantes; Estados Unidos 9,5) y el nivel de alfabetización de la Isla era del 80%, semejante al de Chile y Costa Rica, y superior al de Portugal.

En tal sentido, resulta equivocado pensar que Cuba antes de la revolución era un país de fuertes contrastes y de bajo nivel de desarrollo, sino que en la década de las cincuenta era una nación con índices crecientes de progreso económico y social: ocupando lugares de avanzada dentro del concierto latinoamericano, junto a Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela.

Es así como las condiciones previas a la revolución eran propicias para un avance sostenido en materia social. Ello no ocurrió como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Los indicadores demuestran cambios tras cinco décadas de revolución. La baja tasa de desempleo se ha logrado con empleo artificial en el gobierno. En tanto los salarios y las pensiones han disminuido.

El salario real en 2007 estaba 76% por debajo del nivel de 1989 (Mesa-Lago, 2008: 18). Raúl Castro reconoció en su discurso del 26 de julio que “el salario es claramente insuficiente para satisfacer las necesidades” y prácticamente ha dejado de cumplir su papel de asegurar el principio socialista de que cada cual aporta según su capacidad y reciba según su trabajo, por lo tanto, abogó por un mejor ajuste de los salarios a los precios.

Desde 1962, mediante decreto, se asigna una cuota mensual fija de productos alimentarios de la canasta. Cada cubano recibe una canasta que contiene comida (excluyendo carnes rojas), útiles de aseo y limpieza, pero que sólo les alcanza para unos 15 días del mes. Para lo cual deben comprar en el mercado negro, porque en el mercado subvencionado no podrán adquirir nada suplementario, porque además de asistido, es racionado y no venden productos adicionales.

Entre los resultados favorables destaca la disminución de la mortalidad infantil, que es la más baja del hemisferios después de Canadá. Pero ese logro hay que clarificarlo, ya que esa tasa ya era muy baja en 1958 cuando alcanzaba a 40,0 por cada mil niños nacidos vivos. En este año poseía índices en este indicador superiores a Francia (41,9), Japón (48,9), e Italia (52,8). Sin embargo, en 2007, Cuba había reducido este indicador a 5,3. Siendo superior a las registradas por esas mismas naciones (Francia 4,2; Japón 3,2 e Italia 5,0).

Aún cuando es positivo, requiere la asignación cuantiosa de recursos muy escasos a un problema ya resuelto, mientras que hay necesidades mucho más urgentes y severas, como mejorar la infraestructura de agua potable, la alimentación, las bajas pensiones y la vivienda (Mesa-Lago, 2005: 197).

Esta última es una de las realidades más dramáticas. Mientras que la población se duplicó entre 1959-2007, el número de viviendas construidas fue menor que las destruidas por falta de reparaciones y mantenimiento. La edificación no ha compensado estas pérdidas y las producidas por cinco huracanes y tormentas en los últimos años (Mesa-Lago, 2008:19-20). Así las viviendas por 1.000 habitantes cayeron en 25 por ciento entre 1989 y 2007.

Por otra parte, el proceso de nivelación social que ha sido utilizado como bandera de lucha por la dirigencia castrista, en la práctica tampoco se ha cumplido. No hay estadísticas oficiales de distribución del ingreso, pero estimaciones cubanas y extranjeras indican que esa distribución se ha vuelto más desigual (Noguera, 2005; Mesa-Lago, 2005; Espina, 2008). Los mercados segmentados y la recepción de remesas por parte de la población han ayudado a aumentar la desigualdad.

Como se indica en el cuadro, la desigualdad subsistió y se ha ido acentuando con el transcurso del tiempo. El coeficiente de Gini aumentó de 0,22 en 1986 a 0,407 en 1999 y que la razón entre el quintil más rico y el quintil más pobre de ingreso creció de 3,8 a 13,5 en 1989-1999. Mientras que en ese mismo periodo en América latina la razón entre el quintil más rico y el quintil más pobre de ingreso creció de 11,90 a 19,91.

En la práctica, el índice no es muy diferente del existente en el resto de América Latina. Sin embargo, entre 1986-1999, en Cuba la razón entre el quintil más rico y el quintil más pobre creció 3,85 veces, mientras que América latina lo hizo 1,67 veces (4).

Finalmente, otra elocuente demostración de la vulnerable situación que sufren los cubanos es la emigración. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Cuba cerró el año 2006 con 3.000 habitantes menos que el año precedente. Las dos causas citadas por los demógrafos para explicar ese fenómeno son la baja tasa de natalidad y la emigración.

Como señala Montaner (1999:16) desde el inicio de la República en 1902, y hasta la llegada al poder de Castro, Cuba fue una tierra receptora de trabajadores del mundo entero —especialmente de España—, pero a partir de la mítica revolución el fenómeno se ha invertido: más de un millón de cubanos ha escapado de ese país por cualquier medio disponible, mientras prácticamente nadie —ni siquiera los más fervientes nostálgicos del comunismo avecindados en Europa Oriental y Rusia— se anima a instalarse en la Isla.

Bienestar individual y colectivo

En pos del desarrollo bajo una concepción socialista Cuba puso en práctica un modelo de economía altamente centralizado, en donde el Estado es el propietario de prácticamente todos los medios de producción y dirige el proceso productivo y de distribución en forma centralmente planificada.

Cuba se fue transformando gradualmente en una economía totalmente dependiente de la Unión Soviética y basada en la monoproducción de azúcar. El fracaso y colapso de la URSS la obligó a buscar una mayor diversificación de su economía pero las ineficiencias de su modelo, que desconoce el derecho de propiedad privada y las bondades en una economía de mercado libre y abierta no le han permitido el progreso. El siguiente cuadro muestra indicadores más recientes (5), y confiables sobre la economía cubana:


Como se puede apreciar el PIB de Cuba aumentó entre 1981-1989 a una tasa anual de 2,9%. Sin embargo, el crecimiento disminuyó en el periodo 1991-20036 donde estimó una tasa media anual de –0,5%. El bajo crecimiento ha provocado que el PIB por habitante en el 2003 estaba 17% por debajo del nivel de 1989 (Mesa-Lago, 2005: 186).

Desde una perspectiva de más largo plazo se puede comprobar el fracaso del modelo cubano para producir bienestar, al ver el cuadro (6). Este muestra la posición relativa del ingreso por habitante de 7 países: Cuba, Venezuela, Argentina, España, Portugal, México y Chile. Cuba era el tercer país de este ranking en 1957 y cayó al último lugar el año pasado.


Las modestas reformas orientadas al mercado en 1993-1996 lograron una recuperación parcial, pero luego se paralizaron y se han revertido a partir del 2003. Los indicadores sociales mejoraron después de 1994, pero en 2003 varios de ellos no recuperaban aún el nivel de 1989 y la pobreza y la desigualdad habían aumentado (Mesa-Lago, 2005).

Hoy en día, la balanza comercial cubana es una de las más desfavorables del planeta. El pobre desempeño agrícola ha requerido importaciones masivas de alimentos que junto a los combustibles y medicamentos han mantenido una participación mayor al 60% en el total de las importaciones y toman el 80% de los ingresos en divisas, sin posibilidad en el corto plazo de cambiar esta situación.

Estas cifras ratifican la debilidad de la economía cubana, especialmente cuando ya no recibe los préstamos a largo plazo y con bajísimo interés que la URSS le otorgaba automáticamente para cubrir el déficit comercial anual. Cuba ha incumplido pagos con África del Sur, Bélgica, Canadá, Chile, España, Francia, Japón, México, el Reino Unido y otros. A fines de 2007, la deuda externa total de Cuba se estimó en 37.905 millones de dólares, equivalente a 3.410 dólares por habitante, tres veces el promedio latinoamericano de 1.173 dólares (Mesa-Lago, 2008:14).

Como señala Oppenheimer (2008), el Gobierno cubano culpa de sus problemas económicos al embargo comercial de Estados Unidos. Sin embargo, tiene tantos agujeros que difícilmente se le puede culpar por el bajo nivel de vida en la isla. Estados Unidos es ya el principal exportador de productos alimenticios a la isla y muchos otros productos estadounidenses entran a Cuba a través de terceros países.

Conclusión

La revolución deseaba una Cuba democrática, donde los ciudadanos disfrutaran de libertad política, justicia social, y bienestar individual y colectivo tal como lo afirman en el art.1 de la Constitución de 1992 y posteriormente en 2002.

Cincuenta años después del triunfo del Movimiento 26 de julio queda en evidencia el fracaso de ese objetivo. El precio que han pagado los cubanos en libertades básicas perdidas es enorme, el Gobierno decide lo que van a estudiar, donde pueden trabajar, donde pueden comprar hasta si pueden viajar al exterior. En Cuba no hay libertad política ni de expresión. En Cuba, no hay justicia social, sino que el estándar de vida de la población ha empeorado visiblemente. No pueden seguir viviendo con una canasta —si bien subvencionada— que dura como máximo dos semanas. Cuba es hoy un país cada vez más pobre, dependiente de la ayuda exterior y menos libre.

En 50 años, la que era la cuarta economía de América Latina ha descendido a los últimos lugares en la región. Esta nación otrora receptora de migrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX, hoy se ha convertido en una comunidad con un potencial migratorio de medio millón de habitantes.

Con la asunción al poder de Raúl Castro se esperaban cambios a un modelo que es insostenible. Sin embargo, tras dos años, se ha aferrado en el poder y ha mostrado pequeños signos de reforma, que siguen siendo insuficientes. Raúl Castro que no posee el carisma de su hermano, ha debido enfrentar una creciente desafección de la población en general y la juventud en particular. Los resultados de una encuesta recientemente publicada indican que la mitad de los cubanos perciben la situación de su país como “mala” o “muy mala” (7). Los cubanos afirmaron que se sienten personalmente afectados por el alto costo de la vida y la falta de vivienda. El nivel de servicio público tampoco cumple con las expectativas del pueblo. Sin embargo, a pesar de las penurias que tienen que enfrentar, los cubanos declaran que el área prioritaria de mejoramiento para ellos es la organización de elecciones libres.

Los cambios económicos que aparentemente se vienen efectuando son necesarios, pero están lejos de ser suficientes para garantizar el crecimiento económico y el bienestar social. Adicionalmente, hacen falta cambios en las leyes que garantizan las libertades fundamentales que rigen en una sociedad libre y democrática. Es necesario que el pueblo cubano pueda expresar libremente sus ideas sin necesidad de que un presidente le diga que pueda hablar sin temor a represalias, especialmente cuando han esperado décadas para ello.

Al régimen revolucionario cubano se atribuye grandes avances en la salud pública y la educación, así como en el auspicio de la cultura y los deportes, especialmente en la etapa en que duró su relación con la Unión Soviética. Sin embargo, ese desarrollo tiene como base los logros alcanzados por la República pre-castrista, visible en estadísticas de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, el precio que Cuba ha tenido que pagar en materia de represión política, violaciones de los derechos humanos, ausencia de libertades fundamentales y sometimiento de la soberanía cubana a los intereses del bloque soviético, así como el hecho de que alrededor del 20% de la población cubana vive fuera de Cuba, es demasiado alto como para creer que la revolución de los hermanos Castro se ha justificado.

Esta es la verdad del momento cubano. Si el objetivo sigue siendo alcanzar la libertad política, la justicia social, y el bienestar individual y colectivo ¿cuál es la mejor receta? La democracia y el libre mercado.

Notas

1. Hay en la red cubana órganos de vanguardia (el Partido Comunista), organizaciones de masas (Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, etc.), agencias gubernamentales (Ministerios e institutos paraministeriales); sistema de educación, difusión y reafirmación de la cosmovisión oficial (escuelas, universidades y medios de comunicación) y tribunales de justicia.

2. Los lectores que desconocen la naturaleza de estos hechos pueden consultar en: http://www.cubademocraciayvida.org/web/article.asp?artID=1375, donde aparece un artículo de Eloy A. González titulado “¿Qué es un acto de repudio?”.

3. Annual Survey of Press Freedom 2002, elaborado por The Freedom House, es una encuesta que abarca 187 países y se viene realizando desde 1979. "El grado en el que cada país permite el flujo libre de información determina la clasificación de sus medios con Libre, Parcialmente Libre, No Libre". En este caso los países con puntajes del 0 al 30 son calificados como Libres en términos de libertad de prensa, los que reciben entre 31 y 60 puntos son Parcialmente Libres y los que reciben más de 61 puntos son no Libres.

4. El promedio de distribución del ingreso en América Latina, la razón entre el quintil más rico y el quintil más pobre año 1986, fue elaborado en base a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Perú y República Dominicana; para el año 1999, en base a Bolivia, Brazil, Colombia, Honduras, Jamaica y Paraguay, únicos países disponibles. Fuente CEPAL (2007).

5. La tabla comprende los años 1989, 1993 y 2003 dado que los datos para estos años son los más completos. Tabla obtenida de Mesa-Lago (2005: 185).

6. Un serio obstáculo para evaluar la evolución del PIB en 1989-2003 es el cambio en 2001 del año base para el cálculo a precios constantes: de precios de 1981 a precios de 1997. La nueva serie de la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2002 y 2003) sólo muestra el período 1996-2003 y, cuando es comparada con los mismos años de la serie anterior (ONE, 1998 y 2001), resulta en un incremento anual sistemático de 60% en el valor del PIB, sin que las autoridades hayan dado una explicación de esta anomalía. Como la nueva serie no se retrotrae a 1989, es imposible comparar el PIB en las dos series en 1989-1995 (Mesa-Lago y Pérez-López, 2005).

7. Encuesta Voz de La Habana, realizada a finales de 2007, incluyó a 150 ciudadanos de Cuba en la Capital de La Habana. Encuesta cuantitativa en la que participaron residentes de 15 municipalidades de La Habana y donde contestaron casi 100 preguntas acerca de variados temas (infraestructura del Estado, derechos humanos, efectividad del Gobierno, corrupción, salud y educación) (Van de Aar et al 2008: 8-9).

Bibliografía

Álvarez, José (2008): “Principio y fin del mito fidelista”; Trafford Publishing, Victoria, Canadá.

Archivo Cuba: “Proyecto Verdad y Memoria”; Obtenido electrónicamente en: http://cubaarchive.org/home/index.php.

Berástegui, Rafael (1993): “La Cuna de Fidel: algunas claves de interpretación”. Revista Estudios Públicos, 52 (primavera 1993).

Bureau of Inter-American Affairs, U.S. State Department (1998): “Zenith and Eclipse: A Comparative Look at Socio-Economic Conditions in Pre-Castro and Present Day Cuba” Revised June 2002. Obtenido electrónicamente en: http://www.state.gov/p/wha/ci/14776.htm.

Blanco, Juan Antonio (2008): La transformación política del régimen cubano: una perspectiva desde la conflictología. Documento de trabajo nº32/2008, Real Instituto Elcano.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2000): “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”; Publicación de Naciones Unidas.

_____ (2003): “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”, 2003, Santiago de Chile, diciembre. Publicación de Naciones Unidas.
_____ (2004): Cuba evolución económica durante 2003 y perspectivas para 2004; Sede subregional de la CEPAL en México, 24 de julio.

Ciem (1999): “Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba 1999”. Dirigido por Ciem y Publicado por PNUD.

CCE (Comité Estatal de Estadística) (1991): “Anuario Estadístico de Cuba”, 1989, La Habana.

Espina, Mayra (2008): “Viejas y nuevas desigualdades en Cuba Ambivalencias y perspectivas de la reestratificación social”; Revista Nueva Sociedad (216) jul-ago 2008.

García Díaz, Manuel (2005): “La Economía Cubana en Cifras: ¿Una Economía Real o Virtual?”; Cuba in Transition, ASCE.

Ginsburg, Norton (1965): “Atlas del Desarrollo Económico”; Editorial Universitaria de Bueno Aires, Argentina.

Gracia Aldaz, Jesús (2007): “Cuba nuevos tiempos, viejas políticas”. Papeles Faes nº37, 23/01/07.

González, A. (1999): “Rescatar la soberanía del peso”. Periódico Trabajadores, La Habana, marzo 1999.

Human Right Watch (2008): “Cuba: La maquinaria abusiva de Fidel Castro se mantiene intacta”. 18 de febrero 2008. Obtenido electrónicamente en: http://www.hrw.org/en/news/2008/02/18/cuba-la-maquinaria-abusiva-de-fidel-castro-se-mantiene-intacta.

Martel, Ahmed (2005). “Los Derechos Humanos en Cuba”. Obtenido electrónicamente en: http://www.netforcuba.org/espanol/HumanRights-SP/HumanRights/Main.htm.

Montaner, Carlos Alberto (1999): “El Reñidero intelectual: La Revolución Cubana y sus últimos Alabaderos”. Revista Estudios Públicos 76, Chile.

Montaner, Carlos Alberto (2007): "¿Qué ha hecho Fidel por Cuba?" Entrevista en Foreign Policy edición española nº 19, Febrero / Marzo 2007.

Mesa-Lago, Carmelo (2005): “Problemas sociales y económicos en Cuba, durante la crisis y la recuperación”. Revista de la Cepal 86.

Mesa-Lago y Pérez-López (2005): Cuba Aborted Reform: Socioeconomic effects, International comparisons and Transition Policies, Gainesville, University of Florida Press.

Mesa-Lago (2008): “La economía cubana en la encrucijada: el legado de Fidel, el debate sobre el cambio y las opciones de Raúl”. Documento de trabajo nº19/2007, Real Instituto Elcano.

Noguera, Albert (2005): “Estructura social e igualdad en la Cuba actual: La reforma de los noventa y los cambios en la estructura de clases cubana”; Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 76, abril de 2004.

Noriega, Roger (2007): “Cuba, para los cubanos, Panorama Latinoamericano”; American Enterprise Institute for Public Policy Research (2), febrero 2007.

Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (2004). Informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional en Cuba, Departamento de Estado de Estados Unidos.

ONE (Oficina Nacional de Estadísticas) (1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008): “Anuario estadístico de Cuba”, La Habana.

Oppenheimer, Andrés (2008). “Cincuenta años después, Cuba no tiene mucho que mostrar”; MiamiHerald 13 de diciembre, 2008.

Ravsberg, Fernando (2004): “Cuba y la pena de muerte”; BBC 05 de noviembre de 2004, La Habana.

Reporteros sin Fronteras (2007). Informe anual de Cuba.

Rojas, Rafael (2008): Diario El Mercurio 03/08/08, Chile.

The Freedom House (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008): “Freedom in the World. The annual survey of Political Right and Civil Liberties”.

Sánchez, Jorge Mario & Triana, Juan (2008): “Un panorama actual de la economía cubana, las transformaciones en curso y sus retos perspectivos”.

Documento de Trabajo Nº 31/2008, Real Instituto Elcano.

Van de Aar, Max; Nicola Sanches y C.H. Zola (2008): “Situación “muy mala”… según la encuesta”. En Diálogos Cuba-Europa, Vol.3 (8).

Vidal Alejandro, Pavel (2007): “La Inflación y el Salario Real”, Economic Press Service, La Habana, 20 (marzo): 18-20.

United Nations Statistics Division (2008). Obtenido electrónicamente en: http://unstats.un.org/unsd/default.htm.

Firmantes:

Carlos Alberto Montaner (Cuba)
Internacional Liberal

Á lvaro Vargas Llosa (EE.UU.)
Independent Institute

Enrique Ghersi (Perú)
CITEL

Ian Vásquez (EE.UU.)
Fundación Internacional para la Libertad

Carlos Ball (Venezuela)
AIPE

Lorenzo Bernaldo de Quirós (España)
Freemarket

Gerardo Bongiovanni (Argentina)
Fundación Libertad

Rocío Guijarro (Venezuela)
CEDICE

Cristián Larroulet (Chile)
Libertad y Desarrollo

Dora de Ampuero (Ecuador)
Instituto de Economia Política