lunes, 28 de julio de 2008

COLOMBIA Y EL PERÚ EN LA COMUNIDAD ANDINA: AGENDA DE TRABAJO COMPARTIDA


FESCOL/Grupo de Trabajo Integración*

El por qué de unas mejores relaciones colombo-peruanas

La circunstancia de haber negociado juntos y de haber sido los dos únicos países andinos en finalizar la negociación de un TLC con los Estados Unidos, crea condiciones particularmente favorables para que Colombia y el Perú definan elementos que les permitan sacar mejor provecho de esta negociación. Además, dado el interés selectivo de países asiáticos en ubicar a países latinoamericanos de manera particular y no a América Latina en su conjunto, para formalizar entendimientos comerciales y hacerlos objeto de nuevas inversiones, y tratándose de la región del planeta donde se presentan los mayores niveles de crecimiento y de inserción competitiva en la economía mundial, Colombia y el Perú deben aunar esfuerzos para ser beneficiarios de estas nuevas tendencias en Asia Pacífico.

A ello se agrega la circunstancia favorable para Colombia, en su deseo de ingresar al foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC), de que el Perú no solo le apoya en este propósito, sino que está liderando la formación de una Iniciativa del Pacífico Latinoamericano, en donde los participantes –México, Chile y el Perú–, fuera de Colombia y de Panamá, son ya miembros del APEC, tienen TLC con Estados Unidos y están interesados en vincularse no solamente a la región suramericana, sino en adentrarse en un proceso de inserción más equilibrada en distintos escenarios mundiales, como el asiático y el europeo.

Justamente en el escenario europeo se abren posibilidades de disponer de un Acuerdo de Asociación que no se limite a aspectos de cooperación y a mecanismos de diálogo político como han existido hasta ahora, sino de reemplazar el mecanismo unilateral de preferencias arancelarias, cada vez menos exclusivas para los andinos en el SGP plus, por un Acuerdo de Asociación que incluya el libre comercio entre la CAN y la UE, región con la cual dos integrantes de la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano, México y Chile, han sido los únicos, hasta el momento, en cerrar Acuerdos de Asociación. En esta negociación de la CAN con la UE, que se inició en septiembre 2007, Colombia y el Perú tienen interés en negociar un acuerdo integral que cubra todos los aspectos, lo que los distingue del Ecuador y especialmente de Bolivia, que no tienen interés en que determinados temas como la propiedad intelectual, sean objeto de negociación.

Igualmente, las circunstancias políticas de los últimos años en la CAN, con el retiro de Venezuela, las preferencias manifestadas por el gobierno venezolano hacia el candidato opositor a la presidencia del Perú y los ataques al actual presidente, el alineamiento ideológico de Bolivia con Venezuela con su ingreso al ALBA, la entrada como observador al ALBA del Ecuador y la identidad en varios temas entre el nuevo gobierno del Ecuador y el gobierno venezolano, así como el retorno de Chile como miembro asociado en la CAN y el interés colombo-peruano en una integración suramericana sin un tinte marcadamente ideológico, son circunstancias que crean condiciones exógenas favorables para un entendimiento entre Colombia y el Perú, a las cuales se agregan condiciones endógenas, como resultado de ser los dos países de la CAN de mayor dinamismo en intercambio comercial y en posibilidades de inversión.

Este clima de entendimiento entre los gobiernos del Perú y de Colombia se ha visto reflejado en el 2007 en el apoyo ofrecido por Colombia a raíz del temblor de tierra que afectó gravemente el sur del Perú, en la intención de profundizar las relaciones entre los dos países y en las visitas recíprocas hechas por los Presidentes Alan García y Álvaro Uribe, así como las de sus cancilleres, traducidas en el Comunicado Conjunto suscrito en Bogotá por los Ministros de Relaciones Exteriores José Antonio García Belaúnde y Fernando Araujo, el cual se comentará más adelante.

Basados en estos elementos, que nos indican las sinergias existentes entre los dos gobiernos en su concepción sobre el desarrollo, procederemos a ampliar el alcance y a plantear algunas ideas de lo que podría ser un programa de acción más estrecho entre Colombia y el Perú, el cual supone acciones bilaterales, pero enmarcadas en los compromisos supranacionales andinos, varios de los cuales requieren de un compromiso más definido de las autoridades gubernamentales para llevarlos a cabo.

El contexto actual de la Comunidad Andina

La Comunidad Andina atraviesa un difícil entorno de ajuste en sus prioridades de trabajo, así como cambios en la orientación de sus socios en las prioridades del proceso subregional y en su articulación con el mundo. Durante años se trabajó de acuerdo con las pautas de los consejos presidenciales andinos, los cuales desde finales de la década anterior trazaron el objetivo de alcanzar un mercado común para el 2005 que asegurara la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y de personas; además, se priorizaron trabajos en el campo social, se ordenó la preparación de una política externa común, se decidieron pautas para atender el desarrollo de una política de fronteras y se pidió fortalecer los aspectos institucionales.

Pero en la presente década, varios de estos propósitos encontraron un nuevo contexto que ha dificultado su instrumentación, a pesar de haber avanzado significativamente en la definición de compromisos de integración social. En efecto, los cambios de orientación política en Venezuela, Bolivia y Ecuador llevaron a los nuevos gobiernos a dejar de considerar la integración económica y comercial andina como una prioridad, pasando a priorizar la integración política en un entorno de modificación del modelo de apertura de mercados por uno de mayor intervención del Estado, con su mayor expresión en la conversión a un modelo de socialismo del siglo XXI propugnado por Venezuela y por Ecuador, aunque con matices distintos. Esto coincidió con el momento en que por fin los países andinos lograban acordar una Política Externa Común (PEC) para trabajar de manera conjunta en sus reracionamientos externos, los cuales alcanzaron a tener algún grado de utilización en las negociaciones con los integrantes del ALCA y con el Mercosur. Pero la PEC ha dejado de tener aplicabilidad en el contexto actual, ante el posicionamiento opuesto en el manejo de las relaciones internacionales, con diferentes percepciones en cuanto a su inserción internacional de parte de Colombia y el Perú, con relación a las visiones de los demás socios andinos.

En el aspecto institucional, se produjo relevo en el órgano técnico de la integración andina, con el nombramiento del ecuatoriano Fredddy Ehlers en la Secretaria General, quien ha modificado el énfasis de ciertas áreas que fueron siempre de gran importancia para el órgano, como las relacionadas con la formación del mercado común, y ha pasado a priorizar campos como el ambiental, el social y el político, con una concepción de «unidad en la diversidad», en donde cada país miembro debe construir un camino, partiendo de dos visiones diferentes existentes en la actualidad, la de Colombia y el Perú hacia una mayor apertura, y la de Ecuador y Bolivia hacia el reforzamiento del papel del Estado.

En estas circunstancias de cambio de prioridades, se ha dado cumplimiento parcial de los compromisos de integración económica relacionados con el mercado común andino, lo cual dificulta un clima favorable para que los inversionistas, exportadores e importadores de la subregión, se motiven a realizar mayores actividades. Es así como se procedió a la finalización del proceso de zona de libre comercio andina desde diciembre de 2005 con la incorporación plena del Perú; pero el uso excesivo de salvaguardias, principalmente para productos agrícolas, impide consolidar la visión de un espacio económico ampliado por parte de los agentes económicos.

Respecto a las fases de unión aduanera y de mercado común, estas son todavía imperfectas e inconclusas, por la falta de avance y de implementación de varios de los mecanismos previstos. Es el caso de la unión aduanera, donde a pesar de los reiterados plazos postergados durante los últimos cinco años para que entrara en vigencia el arancel externo común, no se logró que fuese adoptado por el Perú y la Decisión 669 diluyó compromisos a este respecto. De igual manera, la lentitud en implementar compromisos de mercado común con la armonización de políticas económicas, en campos como los servicios y el movimiento de capitales.

En cuanto al desarrollo de una política de fronteras, no se ha logrado avanzar más allá de las normas generales, pues los planes de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) elaborados, aún permanecen sin implementación. Respecto al campo social, se acordó el Plan Integrado de Desarrollo Social dando inicio a trabajos comunitarios en este campo, que es fundamental para establecer mejores condiciones de cohesión social, pero donde muchas de las normas adoptadas siguen sin implementación.

En cuanto a la parte institucional, en lugar de consolidarse como habían establecido los propios presidentes, esta ha tenido serios altibajos por un desconocimiento cada vez mayor de los principios de supranacionalidad, ante un peligroso retorno a formas puramente intergubernamentales que impiden concebir y negociar la integración con un espíritu comunitario. Finalmente, con respecto a las relaciones externas, el contexto andino actual, aunque plantea la utilización de la política externa común, lo hace con el criterio de que cada país puede estructurar su propio esquema. Cabe obviamente la reflexión de sí de esta manera puede haber política externa común andina.

Por lo pronto, la Secretaría General de la CAN aspira a trabajar como temas centrales: el reforzamiento de la unidad suramericana, el Acuerdo de Asociación con la UE y el acercamiento al Asia Pacífico. Son temas en los cuales Colombia y el Perú pueden y deben asumir un claro liderazgo regional para su avance y profundización.

Contexto actual de lo multilateral y lo regional

El avance de lo regional está condicionado por el marco de acuerdos multilaterales obligatorios para todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para los acuerdos regionales de integración que estos establezcan. La generalización de tratados de libre comercio por todo el mundo viene complicando cada día más el manejo de las negociaciones multilaterales representadas en temas de reconocida importancia, como son los asumidos por la agenda de la Ronda de Doha de la OMC, en particular la eliminación de subsidios a las exportaciones agrícolas, la apertura de los servicios, la profundización de las normas sobre propiedad intelectual, las compras gubernamentales y las reglas para la inversión extranjera, campos que hemos mencionado como de colaboración estrecha entre el Perú y Colombia.

Dentro de las asimetrías de poder existentes en un mundo globalizado y reflejadas en las actuales negociaciones comerciales, el Perú y Colombia deberían tener en cuenta las oportunidades que les brinda actuar al lado de otros países en desarrollo con mayor poder de negociación, como el Grupo de los 20, bajo el liderazgo de Brasil, India y Sudáfrica en el desmonte de los subsidios agrícolas en foros multilaterales como los de la OMC, antes de exponerse a enfrentar bilateralmente los condicionamientos de las potencias económicas del mundo, interesadas en sacar adelante sus intereses multilateral o bilateralmente, según mejor les convenga, los cuales en muchos casos no son coincidentes con los de los países en desarrollo.

Ahora bien, factores como la complejidad de la negociación de múltiples temas, los intereses tan variados y divergentes, así como el numeroso grupo de participantes en las negociaciones multilaterales, ha llevado a algunos países, entre ellos varios de Asia Pacífico, a acudir a las negociaciones bilaterales y regionales en previsión de que no culminasen las negociaciones multilaterales. Esto ha representado un vuelco significativo en la posición tradicional de negociación de Japón, Corea del Sur y Singapur, entre otros, quienes venían privilegiando lo multilateral sobre lo regional, por considerar, con razón, que resultaría alterando y complicando las condiciones de las negociaciones multilaterales, las que consideraban más favorables para la existencia de reglas de juego universales y no fraccionadas y superpuestas, como las generadas por la explosión de tratados de libre comercio con normativas OMC plus.

El reciente interés de países asiáticos en América Latina

En los noventa, al generalizarse la apertura económica como modelo del proceso de globalización liderado por el mundo industrializado, varios países del Asia Pacífico, que habían logrado una mayor articulación con las economías desarrolladas, comenzaron a interesarse también en otras regiones con las que no habían tenido mayores nexos, como por ejemplo Latinoamérica. Fue así como en esta década se presentaron significativos incrementos en las corrientes comerciales entre las dos regiones, en desarrollo de relaciones políticas establecidas con anterioridad, siendo el Perú el primer país latinoamericano en haber establecido nexos con China continental.

Sin embargo, las crisis que afectaron ambas regiones, la asiática en 1997-1998 y la de los procesos subregionales de la CAN y del Mercosur finalizando esa década, más la llegada al poder en América Latina de gobiernos izquierdistas propulsores de modelos de desarrollo endógeno y contrarios al libre comercio representado en la negociación de los TLC, enfrió el interés de los países del Asia Pacífico en seguir consolidando relaciones comerciales e inversiones con el conjunto de Latinoamérica.

Ello se reflejó en la nueva tendencia adoptada por los países asiáticos de proceder a una selección puntual de socios de interés, en una nueva política de regionalismo en la que además de sus consideraciones a favor de lo multilateral, estos países asiáticos decidieron proceder también a negociaciones bilaterales. Cabe destacar cómo han sido países latinoamericanos los primeros escogidos para realizar acuerdos bilaterales, pues en el caso de Corea del Sur, el tratado de libre comercio suscrito con Chile fue la primera negociación que adelantaba un país del Asia Pacífico y un país latinoamericano –negociación iniciada en 1999–; y en el caso del Japón, después de firmar el primer acuerdo con Singapur, México fue el segundo país en el mundo con el que Japón negoció un TLC, siendo además este acuerdo el primero en su historia que Japón negociaba completo, incorporando el sector agrícola. En el caso suramericano, sobresale el hecho de la escogencia de Chile como el país de esta región con el cual se debían concretar acuerdos comerciales, llevado a la práctica con la firma de los TLC con este país, además de Corea del Sur, por parte de China y de Japón, las tres principales potencias de Asia Pacífico.

Este acercamiento abre muy buenas perspectivas para el propósito de Colombia de ir formalizando una mayor vinculación con la región del Pacífico, en donde el Perú, como tercer país además de México y Chile, en ser integrante del foro APEC, puede ser un socio importante para el país en la realización de actividades conjuntas en esa área.

Opciones de la iniciativa del pacífico latinoamericano y del APEC

Este interés selectivo de naciones asiáticas en ciertos países latinoamericanos abre importantes posibilidades para el proyecto en gestación de una Iniciativa del Pacífico Latinoamericano, impulsada especialmente por el Presidente Alan García, en la cual, además del Perú, están involucrados Chile, México, Colombia y Panamá, países que confieren gran importancia en el manejo de sus relaciones comerciales e internacionales al papel de los tratados de libre comercio como generadores de expansión comercial y de captación de tecnología y de inversiones.

Esto los ubica de manera privilegiada como aquellos países de América Latina con quienes preferentemente las naciones de Asia Pacífico podrían tener interés en concretar escenarios de comercio y de inversión. Las mayores relaciones con Chile se explican con el hecho de que se trata del primer y único país latinoamericano que desde hace varios años tiene en Asia Pacífico a su principal destinatario de comercio exterior; que ha practicado un modelo de relaciones comerciales con todas las partes del globo sin vincularse a una en particular; que le ha dado continuidad a un modelo que prioriza las exportaciones y las inversiones, así haya pasado de una dictadura militar a gobiernos de la democracia cristiana y luego del partido socialista, como los de Ricardo Lagos y la actual Presidenta Michelle Bachelet, y que posee los mejores indicadores macroeconómicos y de competitividad de toda América Latina.

Su reciente vinculación como país asociado de la CAN es un elemento que los andinos deberán saber aprovechar en su articulación con el Asia Pacífico y constituye un pilar fundamental de la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano. México es la otra nación latinoamericana con mayor tradición de acercamiento al Asia Pacífico y producido el desmantelamiento del Grupo de los Tres (G-3) por el retiro de Venezuela, es una oportunidad para consolidar entre Colombia y México una relación en un eje más amplio, como sería la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano. Un país no perteneciente a América Latina, pero integrante con México del APEC y del NAFTA, es Canadá, que viene realizando acercamientos de negociaciones de TLC con el Perú y con Colombia y está también interesado en vincularse a la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano. Esta amplia participación permitiría considerar la acumulación de origen entre los distintos integrantes de la Iniciativa.

La disponibilidad de los TLC, ya existentes o en proceso de negociación, sumada a la vinculación al APEC o en proceso de solicitud de adhesión, así como el respaldo al desarrollo del comercio y de la inversión, «son instrumentos esenciales para derrotar la pobreza », según el Presidente del Perú Alan García Pérez, quien califica este modelo de «modelo social moderno», el cual «tendrá resultados mucho más claros y exitosos que los que podrán exhibir otros modelos ideológicos » (1).

La conformación de la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano es un instrumento importante para adelantar una mejor inserción en Asia Pacífico, con la participación de sus miembros en APEC. La llegada del Perú a la presidencia del APEC hasta 2008 se vislumbró como una oportunidad para que se produjese más fácilmente el ingreso de Colombia a esta organización, la cual ha venido trabajando en la concreción de compromisos que permitan el libre comercio para un conjunto de sectores, a partir del 2010, por los más desarrollados y a partir del 2020 por los demás. Sin embargo, en la reciente reunión del APEC celebrada en Australia, los 21 países miembros decidieron mantener congelado el tema de nuevos ingresos hasta el año 2010, mientras se clarifica mejor el propósito y funcionamiento interno del Foro (2), en el que los actuales miembros tienen casi 200 tratados de libre comercio entre sí, lo que los lleva a considerar la posible creación de un área de libre comercio Asia Pacífico.

Actividades políticas que refuerzan el entendimiento colombo-peruano

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y del Perú, Alan García Pérez, sostuvieron un encuentro el 28 de marzo de 2007, en el cual decidieron impulsar actividades de interés mutuo que permitieran consolidar un trabajo conjunto de ambos países en diversos frentes, según la Declaración Conjunta Presidencial. Para hacer seguimiento a los compromisos establecidos, los cancilleres de los dos países celebraron
una reunión el 24 de mayo de 2007, en Bogotá, en la que produjeron un comunicado conjunto para continuar profundizando el entendimiento, la cooperación y la integración entre los dos países, comunicado del cual son destacables actividades en el campo político que contribuirán a crear un entorno favorable para un programa de acciones conjuntas colombo-peruanas.

En primer término, los dos países expresaron su aspiración de forjar una nueva integración que profundice la relación bilateral de cara al siglo XXI, avanzando en la adopción de un acuerdo general de integración, que establezca un nuevo marco a esta etapa de alto entendimiento político entre los dos países. Este acuerdo de integración se hará en el contexto de la Comunidad Andina y con una proyección conjunta hacia mercados externos. Se encuentran dos elementos importantes de señalar: cualquier acuerdo de integración se hará en el marco de la normativa del proceso andino de integración y se incorpora con énfasis especial la proyección conjunta hacia mercados externos, lo cual facilita el establecimiento de acciones dirigidas, además de los Estados
Unidos, hacia la Unión Europea, La Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA), Canadá y Asia Pacífico, como las que se indicarán más adelante en este policy paper.

Los dos países realizaron el 13 de agosto, en Bogotá, la primera reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Política, con participación, además de los Ministros de Relaciones Exteriores, los Ministros de Defensa, lo cual debe contribuir a establecer un marco de diálogo político para la discusión de los principales problemas en materia de relaciones internacionales y de seguridad que puedan afectar a los dos países.

Esto se complementó con la celebración de la reunión de la VI Comisión Mixta en materia de Drogas en septiembre de 2007 en Bogotá y el acuerdo de celebrar en el primer semestre de 2008 la segunda reunión del Mecanismo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia Colombia-Perú.

Igualmente, el Comité Técnico Binacional de Desarrollo e Integración Fronteriza se reunió a mediados del 2007, en Iquitos, con el objeto de definir lineamientos para los programas y proyectos de desarrollo e integración fronterizos; se celebró la VIII reunión plenaria de la Comisión de Vecindad e Integración colombo-peruana el 17 de octubre de 2007; se contempla la adopción del plan de desarrollo de la ZIF colombo-peruana a más tardar en diciembre de 2007 y se acordó el proyecto de cooperación bilateral sobre telemedicina para la población de la cuenca binacional del río Putumayo a partir de 2008.

En cuanto a acciones de proyección conjunta hacia mercados externos, coincidieron en la necesidad de avanzar en la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano, la cual tuvo un primer encuentro en Cali –enero 29 y 30 de 2007–, seguido de un segundo encuentro en Lima –20 y 21 de agosto de 2007–; con el objetivo de promover por parte del Perú el ingreso de Colombia al APEC, así como de compartir la experiencia peruana brindando asesoría en esta materia y en el pronto inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE.

Posible programa de acciones conjuntas colombo-peruanas

Con base en los análisis realizados por el Grupo de Integración, se lograron establecer algunas acciones a ser desarrolladas conjuntamente entre los dos países con la CAN, con los Estados Unidos, con la UE y con Asia Pacífico. Se hizo énfasis en que existen en la actualidad dos visiones distintas de la integración subregional, una compartida por Bolivia y Ecuador y otra por Colombia y el Perú, lo cual deberá ser considerado por estos dos países, procurando que el desarrollo de acciones conjuntas no aleje y dificulte aún más la participación y relaciones con los dos socios.

Con la Comunidad Andina y la integración suramericana

Colombia y el Perú deberían estimular una posición más activa de la CAN en la fase final de las negociaciones de la Ronda de Doha, en defensa de las reglas multilaterales que tengan en cuenta los intereses de los países en desarrollo. Se debería considerar el regreso de Colombia -el Perú ya lo hizo un instrumento fundamental de negociación multilateral como el Grupo de los 20, liderado por Brasil, India y Sudáfrica, que desempeña un papel vital en la finalización de la negociación del desmonte de ayudas internas y de subsidios a las exportaciones agrícolas.

Sobre la adopción por los dos países de un acuerdo de integración que establezca un nuevo marco de entendimiento político, se sugiere que contemple temas como los siguientes: político, seguridad y democracia, económico-comercial, social, cultural y educacional, ambiental e integración física. En muchos casos, sería una forma de CAN plus, la cual, partiendo de normativas andinas, se precisaran y profundizaran varios componentes por los dos países.

A nivel político, actuar conjuntamente en la definición de lineamientos de la futura Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), mediante un proceso de convergencia gradual de los procesos subregionales de integración. Concretar el funcionamiento de la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano, que le facilitará a Colombia con el apoyo del Perú una inserción en la cuenca del Pacífico; establecer el mecanismo de diálogo político con México y explorar la posibilidad de ampliación de lo que fue el G-3 a la participación del Perú, Chile y Panamá, además de los anteriores participantes: Colombia y México, lo cual aseguraría una zona de libre comercio entre los integrantes de la Iniciativa del Pacífico Latinoamericano.

En materia de seguridad y democracia, acciones coordinadas de sus instituciones de Fuerzas Armadas y de Policía en el reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos como el lavado de activos y reforzamiento de la democracia en la región.

En materia comercial, buscar un acuerdo entre los dos países para que no se presente abuso en la utilización del mecanismo de salvaguardias, como una manera de consolidar el potencial de comercio existente entre las partes, lograr la uniformidad en los requisitos fito y zoosanitarios e interconexión de los sistemas nacionales para la expedición de certificados de origen, facilitar la aproximación de las políticas nacionales en materia aduanera y acuerdos sobre comercio electrónico y políticas binacionales para combatir el fraude.

Reforzar la integración empresarial binacional con la creación de redes de información y vínculos gremiales, medidas de apoyo binacional a las Pymes, realización de un foro internacional, con ayuda de Corferias, en donde el Perú explique cómo ha trabajado con el Asia Pacífico, programas de coordinación de los centros de formación laboral y cooperación entre el Sena y el Senati y un sistema binacional de solución de controversias utilizando los centros existentes.

En materia de integración física, considerar la forma como el Perú ha incursionado en los proyectos de infraestructura de la IIRSA, tema en el cual lamentablemente Colombia ha sido menos activo; promover la construcción de accesos carreteros con financiación internacional y establecer acuerdos binacionales sobre transporte intermodal, aéreo, cabotaje marítimo de carga y tarifas especiales de transporte para zonas fronterizas.

En situaciones en las que no existe normativa subregional, Colombia y el Perú podrían avanzar estableciendo legislación binacional, como es el caso de las compras oficiales, tema en el que no existe normativa multilateral obligatoria, ni normativa andina. El tema ha comenzado a ser abordado de manera bilateral en tratados de libre comercio, y los dos países podrían buscar compatibilizar una normativa en esta materia.

Con relación a normativas andinas de insuficiente aplicación o que conviene a impulsar, las hay de la CAN y de organismos del Sistema Andino de Integración, tanto en los campos social, cultural y educativo, como ambiental, de propiedad intelectual, servicios e inversiones. En materia social, cultural, educativa y de salud, podrían asumir los dos países el liderazgo en la aplicación de las decisiones andinas vinculadas con normas de desarrollo social contempladas en el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS), acordado en la Decisión 601 de 2004. En materia laboral y de salud, aplicación de Decisiones como la 583 sobre el Instrumento Andino de Seguridad, la 545 de reglamento del Instrumento Andino de Migración Laboral y la 584 sobre Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como los proyectos del Programa para la promoción del empleo y el Programa de prevención y erradicación del trabajo infantil que hacen parte del PIDS. En este campo serán también de especial interés las acciones que permitan consolidar los derechos de trabajadores emigrantes del Perú en Colombia y de Colombia en el Perú.

En cuanto a salud, trabajar bilateralmente acciones del PIDS en el Programa de vigilancia y control epidemiológico; el Programa de fortalecimiento del Plan Andino de
Salud en fronteras y el Programa de acceso a medicamentos. En normas de organismos del SAI en salud y educación, desarrollar el proyecto de erradicación de la malaria en zonas de frontera (PAMAFRO) y el proyecto de prevención del Sida del Convenio Hipólito (UNANUE) y los proyectos en educación, ciencia y tecnología del Convenio Andrés Bello, en particular el reconocimiento y homologación de títulos profesionales y habilitación para ejercer la profesión y prestar servicios, las condiciones de acceso
a la educación y contribuir a la definición de un imaginario sobre la integración que incorpore elementos históricos y culturales.

Sobre propiedad intelectual, dar cumplimiento a la Decisión 486 referente a procedimientos y derechos de las patentes, licencias, diseños industriales, registro de marcas, competencia y denominaciones de origen.

En servicios, estimular programas conjuntos en materia de turismo binacional y desarrollar la Decisión 439, la cual ha sido poco instrumentada hasta el presente. En servicios financieros, tema en el que el Perú y Colombia tienen avances en la negociación de los TLC con Estados Unidos, se debe trabajar en los temas de integración de los mercados de capitales y de las bolsas de valores, asegurando acuerdos bilaterales lo más pronto posible y en el campo de la facilitación de las inversiones, sistemas de información sobre proyectos y planes de promoción binacional de la inversión extranjera directa teniendo en cuenta cadenas internacionales para los negocios de inversión que se planteen entre Colombia y el Perú.

Sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que los dos países poseen una enorme riqueza en biodiversidad, deberán asumir el liderazgo respecto a la puesta en marcha de actividades contempladas en la Decisión 523 de 2002 sobre Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino; y en la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, aprobada en agosto de 2006.

De manera puntual, estructurar programas para un mejor aprovechamiento colomboperuano de las ventajas comparativas en recursos hídricos y en biodiversidad en programas aprobados por la CAN en temas como el programa de conservación de páramos andinos; el proyecto de conservación de la biodiversidad amazónica y el diseño de políticas para ecosistemas. Esto se puede relacionar con una mejor utilización de la ZIF colombo-peruana, definiendo proyectos para ser discutidos y acordados previamente con la sociedad civil regional, que permitan desarrollar un trabajo concebido en función de un espacio ampliado y no de frontera. Estos trabajos bilaterales pueden tener, como complemento, trabajos regionales tripartitos entre Colombia, el Perú y el Brasil en el triángulo del trapecio amazónico, para un aprovechamiento conjunto del enorme potencial en biodiversidad.

Con los Estados Unidos

Para un mejor aprovechamiento de los TLC negociados por Colombia y el Perú con los Estados Unidos, adelantar la consolidación de oferta exportable colombo-peruana, previo análisis de complementariedades intersectoriales e intrasectoriales. En algunos casos, tales consolidaciones podrán involucrar insumos de otros socios andinos, o ex andinos, lo cual es recomendable con el fin de involucrar a otros productores de la subregión, evitando una relación exclusivamente bilateral. Para ello, se deben buscar mecanismos que permitan la complementación de origen entre Colombia y el Perú. Buscar también la plurilateralización de temas del TLC incorporando a sectores de Bolivia y Ecuador mediante alianzas estratégicas y plantear la reformulación de las Empresas Multinacionales Andinas como instrumento plurilateralizador de los beneficios del mercado ampliado andino y del TLC.

Con la Unión Europea

En las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la UE, Colombia y el Perú deberían avanzar todo lo que les sea posible en una posición conjunta que preserve los compromisos comunitarios andinos, antes de pasar a los posicionamientos individuales, que inevitablemente debilitan la normativa comunitaria, como parecería será el caso de lo que negociarán Bolivia y Ecuador. Puede ser la oportunidad para que la CAN adopte una política bananera frente a la UE. De igual manera, se deben coordinar posiciones colombo-peruanas en los nuevos acuerdos por negociar con la EFTA y con el Canadá.

Con Asia Pacífico

Aprovechar el proceso selectivo adelantado por las naciones del Asia Pacífico en su relacionamiento con países latinoamericanos, para ser identificados como países adecuados para desarrollar acuerdos comerciales que involucren en particular elementos de transferencia tecnológica y de inversión en infraestructura física, y ser considerados espacios adecuados para aprovechar los TLC del Perú y de Colombia con los Estados Unidos, para que con origen andino, los países asiáticos desarrollen una mayor penetración del mercado estadounidense. Igualmente, conocer la forma como el Perú y Chile han trabajado el ingreso a estos mercados y vincular al Ecuador en las acciones conjuntas de incorporación al APEC.

Recomendaciones y conclusiones

Las anteriores acciones son claras recomendaciones para que los gobiernos del Perú y de Colombia, así como sus empresarios, dispongan de una hoja de ruta de manera inmediata en sus responsabilidades frente a la integración andina y en el aprovechamiento del espacio ampliado subregional, así como elementos que les faciliten su inserción internacional, además del espacio tradicional estadounidense, en espacios de Asia Pacífico y de Europa. Dicho listado de actividades nos permite extraer las siguientes conclusiones. Del contexto andino favorable al mayor entendimiento y voluntad política de integración bilateral entre Colombia y el Perú, se destaca que son los dos países andinos que finalmente culminaron las negociaciones de tratados de libre comercio con los Estados Unidos; con una concepción económica y política de trabajar en el contexto de la globalización, fortaleciendo el ingreso a diversos mercados; ambos países tienen especial interés en negociar un Acuerdo de Asociación en todos los temas con la Unión Europea; quieren profundizar, en el caso del Perú, e iniciar, en el de Colombia, un mayor acercamiento con los integrantes del Asia Pacífico, son los dos países andinos más ricos en biodiversidad.

Estos elementos favorables se insertan sin embargo en un nuevo contexto, en el que el tema central de la integración en la Comunidad Andina ya no es para varios de sus miembros el aprovechamiento de la colindancia geográfica para construir un espacio ampliado regional o subregional, sino el de la búsqueda de una confluencia política e ideológica; y, ya no es el desarrollo de estrategias para una mejor inserción internacional, sino la estructuración de bloques en contra de un centro hegemónico y que se tome partido en contra de la globalización.

Frente a esta tendencia ideologizada en el manejo de la integración, existe en varios países de América Latina una visión distinta de la globalización como un proceso histórico, coyuntural, inatajable e irreversible, y que antes de pretender su desaparición, se debe trabajar en la escena multilateral como conjunto de países en desarrollo, actuando solidaria y mancomunadamente para evitar los atropellos de las fuerzas del mercado y en la escena regional, aprovechando los acuerdos de integración para un mayor equilibrio y diversificación en la vinculación internacional con diferentes actores.

El Perú, el Brasil, Chile y México son algunos ejemplos de esta visión distinta, a los cuales sería conveniente que un país como Colombia, unidireccional en su reracionamiento internacional, aprovechara en la Comunidad Andina la oportunidad de acompañar el Perú en esta vía y juntos trabajar sobre una agenda compartida en puntos como los señalados en este policy paper, los cuales permitirían rescatar elementos centrales de la desdibujada integración andina y desarrollar un trabajo conjunto en otros escenarios de las relaciones internacionales como el de la Unión Europea y el del Asia Pacífico.

*Coordinadores: Socorro Ramírez y Edgar Vieira

Notas

(1) Entrevista del Presidente del Perú con el periódico El Comercio de Lima el 10/09/2007.

(2) Según el Presidente Alan García: «se cree que todavía el APEC, como conjunto de voluntades, no está suficientemente institucionalizado y sólido para abrirse no solo a Colombia, porque hay países que están solicitando intervenir, como la India. Integrar a un gigante de esas dimensiones supone replantear el espacio de acción del APEC; así que se ha decidido postergar hasta el 2010 el ingreso de nuevos miembros». Entrevista citada en el periódico El Comercio.

LA SEGURIDAD EN COLOMBIA: LOS RIESGOS DEL ÉXITO


Román D. Ortiz

A comienzos de 2007 parece difícil discutir que los colombianos tenían buenas razones para renovar su apoyo al presidente Uribe en las elecciones del pasado mayo, que garantizaron su permanencia en el poder hasta 2010 (con el 62,2% de los votos en la primera vuelta). Las estadísticas publicadas por el ministerio de Defensa situaba en 17.209 el número de homicidios en 2006, una reducción del 40,3% respecto a los 28.837 de 2002. Una tendencia semejante a la de los secuestros, que pasaron de 2.882 a 621, con una caída del 78,4%. En términos cualitativos, el balance está lleno de pasos trascendentales. 2006 terminó con los 57 líderes paramilitares que protagonizaron la desmovilización de las AUC en la prisión de alta seguridad de Itaguí (Antioquia). Al mismo tiempo, han dado comienzo los primeros procedimientos orales de la Ley de Justicia y Paz, donde los miembros de las autodefensas acusados de delitos atroces se verán obligados a contar la verdad y reparar a sus víctimas a cambio de una sentencia reducida. No hay muchos precedentes internacionales de un proceso de paz con un grupo armado que haya concluido con los cabecillas sediciosos en la cárcel esperando a ajustar cuestas con la justicia. Entretanto, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más importante del país, parecen marchar por buen camino. Después de mantener conversaciones intermitentes durante más de nueve años, el pasado diciembre, los “elenos” ofrecieron un acuerdo de cese el fuego y liberaron a dos policías secuestrados semanas atrás en Barbacoas (Nariño) como gesto de buena voluntad. Y por si fuera poco, en medio del nuevo clima de seguridad, los negocios florecen y la economía se expande de forma espectacular. Entre enero y septiembre de 2006, el PIB creció un 6,4% y, si se confirman las previsiones para el cuatro trimestre, el pasado año podría ser el más productivo para el país desde 1973.

Entonces, ¿un futuro sin inseguridad e incertidumbre para Colombia? Todavía no. Sin duda, los niveles de violencia se han reducido radicalmente. Pero a medida que la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno avanza, algunas viejas amenazas buscan perpetuarse y otras nuevas surgen como fuentes de inestabilidad en medio de un escenario estratégico en plena transformación. La pacificación del país parece más cerca; pero todavía más allá del alcance de la mano. El mejor ejemplo de cómo nuevos y viejos factores de inseguridad se están combinando para desafiar la estrategia de seguridad del Estado se ve en el acuerdo de desmovilización de los paramilitares. Cuando a mediados del pasado agosto se completó el desarme del Bloque paramilitar Elmer Cárdenas en el Chocó, la Oficina del Alto Comisionado de Paz pudo afirmar que se había completado la desmovilización de las AUC con una cifra de 31.671 desmovilizados como fruto de los acuerdos con las AUC. Esto convirtió el proceso de paz con las autodefensas en la desmovilización más importante de la historia reciente de Colombia, muy por encima de los 900 combatientes del Movimiento 19 de Abril (M-19A) en 1990 y los 2.000 guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991. Pero además, desencadenó una conmoción a lo largo del escenario estratégico colombiano en la medida que disolvió las estructuras armadas que habían respaldado poderes regionales basados en la corrupción política y económica, al mismo tiempo que generaba la urgente necesidad de poner en marcha un masivo proceso de reinserción a la vida civil para los ex–combatientes paramilitares. Como consecuencia, se ha abierto una oportunidad para avanzar en la consolidación de las instituciones en amplias zonas del país; pero también se creó una ocasión para que otros grupos armados ilegales traten de ocupar el espacio dejado por las disueltas autodefensas.

Los grupos paramilitares

Las regiones abandonadas por las AUC se han convertido en escenarios de una competición estratégica entre el Estado y nuevos actores ilegales dispuestos a sacar partido del desarme paramilitar. Bajo la denominación de Bandas Criminales Emergentes, una serie de grupos buscan consolidarse. Ahí están, por ejemplo, “Los Traquetos” en Córdoba y Urabá, las “Águilas Negras” en Santander y Magdalena o la “Organización Nueva Generación” (ONG) en Nariño. Estos y otros grupos parecen estar creciendo a un ritmo acelerado, como consecuencia de una confluencia de factores. Para empezar, muchos de ellos han reunido a antiguos militantes de las AUC que han permanecido involucrados en actividades delictivas, lo que permite rentabilizar en beneficio propio la experiencia armada paramilitar. Según la Policía Nacional, entre los 797 integrantes de estos nuevos grupos arrestados en 2006, al menos 153 eran antiguos desmovilizados. Por otra parte, las nuevas organizaciones han aprovechado los vacíos dejados por la disolución de las antiguas estructuras de las autodefensas para capturar parte de las economías ilícitas que las sostenían. Esta tendencia ha sido particularmente visible en el narcotráfico. “Los Traquetos” han controlado parte de las rutas que facilitan el transporte de cocaína hacia el occidente de la costa Caribe. La ONG ha combatido frontalmente a las FARC por el control de los narcocultivos en la costa meridional del Pacífico colombiano. Pero además, las bandas emergentes han tratado de apropiarse de otros negocios en su momento usufructuados por las AUC. Las Águilas Negras en sus zonas de influencia y grupos semejantes en Antioquia, Córdoba o Sucre han reeditado las prácticas extorsivas de los antiguos paramilitares contra propietarios rurales y comerciantes. En otros casos, han apostado por convertirse en “patrones” del pequeño crimen urbano. La banda “La Cordillera” ha conquistado el control de la venta de droga al por menor en Pereira (Risaralda).

Hay indicios de que las cosas se pueden poner todavía más difíciles. En principio, todos los desmovilizados de las AUC reciben un programa de asistencia estatal que incluye una ayuda económica mensual durante un cierto tiempo. A fines de 2006, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un 89,7% de los desmovilizados recibían alguna clase de asistencia humanitaria del Estado. Esta cifra debería declinar rápidamente a medida que los desmovilizados de los distintos grupos paramilitares finalicen su paso por el programa de apoyo para la reinserción diseñado por el gobierno. Un proceso que teóricamente se prolonga entre 18 y 24 meses. De este modo, un número creciente de desmovilizados estaría condenado a perder el apoyo público y, en la mayoría de los casos, terminar en el desempleo. Un escenario que podría empujar a un buen número de ex-combatientes de las autodefensas hacia las nuevas bandas emergentes u otras formas de delincuencia. De hecho, algunos indicios ya resultan preocupantes. Durante los pasados cuatro años, la Policía Nacional reportó la captura de 968 antiguos paramilitares por distintos delitos. Con estos antecedentes, la perspectiva de miles de desmovilizados sin trabajo dispuestos a recurrir a la violencia resulta un riesgo cierto. Desde luego, hay planes para tratar de prevenir esta crisis. Ya se discute la posibilidad de extender la duración del plan de asistencia humanitaria para los desmovilizados para evitar que queden inasistidos en el corto plazo. Además, la recientemente creada Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas bajo la dirección de Frank Pearl tiene como objetivo fundamental desarrollar estrategias que permitan una definitiva reinserción de los ex- guerrilleros y ex-paramilitares a la vida civil. El problema está en saber si el impulso político y presupuestal que hay detrás de estas iniciativas será suficiente para dar solución a una de las cuestiones críticas que determinará si los avances en seguridad en Colombia se consolidan definitivamente.

Entretanto, otros factores asociados al desmontaje de las estructuras paramilitares están generando rebrotes de violencia. En los últimos tiempos se han sucedido una serie de homicidios de antiguos cabecillas “paras”. A fines de diciembre de 2006, Jairo Andrés Angarita, ex-comandante paramilitar de los Bloques “Sinú” y “San Jorge” sufrió un atentado mortal en Medellín. Antes que él, una lista de mandos de las autodefensas que incluyen a Rodrigo Mercado “Cadena”, Jefferson Martínez “Omega” y Daniel Mejía “Danielito” han sido asesinados. Esta oleada de crímenes es fruto de dos tendencias que prometen salpicar de violencia el proceso de desmovilización. Por un lado, hay indicios de que se está desarrollando una guerra interna entre algunos cabecillas paramilitares desmovilizados, por el control de sus antiguas zonas de influencia. Así parece que grupos rivales estarían compitiendo por ganar influencia en la capital antioqueña. Pero además, la disolución de las AUC ha facilitado la emergencia de información sobre las complicidades políticas y económicas que acompañaron a la expansión paramilitar de finales de los años 90 y principios de la década de 2000, así como sobre la magnitud de los crímenes cometidos en este periodo. Entre los líderes de las autodefensas y sus asociados, se ha generado la necesidad de tender un manto de silencio que oculte a los responsables de los delitos más atroces y evite el descubrimiento de las redes de corrupción política y económica que respaldaron al paramilitarismo. Evidentemente, el precio es una purga interna entre aquellos que más saben y más están dispuestos a contar. Algo que explicaría una parte de los asesinatos mencionados.

En cualquier caso, los intentos de mantener ocultos los secretos paramilitares parecen condenados al fracaso. En los últimos meses de 2006, algunos testigos más la documentación incautada al Bloque Norte de las AUC permitieron el procesamiento de tres congresistas del departamento de Sucre –Alvaro García, Jairo Merlano y Eric Julio Morris– como responsables de haber participado directamente en la conformación y dirección de grupos paramilitares de la región, en conexión con el mencionado Rodrigo Mercado “Cadena”. Desde entonces, el número de congresistas investigados de una u otra forma ha aumentado hasta nueve. Y la bola de nieve promete seguir creciendo. Como requisito para conseguir una reducción sustancial de penas por la comisión de delitos atroces, los ex-combatientes paramilitares son obligados por la Ley de Justicia y Paz a realizar una confesión completa de los delitos cometidos. A medida que los líderes de las autodefensas vayan pasando ante los jueces es probable que las denuncias contra líderes políticos y antiguos mandos de las fuerzas de seguridad se multipliquen. De este modo, se podría poner en marcha un proceso que amenaza con conmover los cimientos de la clase política colombiana. Ante semejante perspectiva, el gobierno se ha encontrado en una situación paradójica. Claramente, el proceso de desmantelamiento de las conexiones políticas y sociales del paramilitarismo es fruto directo de la desmovilización impulsada por la administración Uribe. Pero al mismo tiempo, el actual escándalo ha sido utilizado en su contra por la oposición, ya que los congresistas investigados han formado parte de partidos que rutinariamente han apoyado al ejecutivo. En alguna medida, el gobierno parece haberse convertido en víctima de su propio éxito. Ha desmovilizado a los grupos paramilitares; pero ahora debe enfrentarse a la conmoción política desatada por la revelación de las extensas complicidades que hicieron posible la expansión de estos grupos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

¿Y la guerrilla? Sin duda, se acumulan señales del creciente agotamiento de los insurgentes. El pasado 24 de diciembre, una columna de las FARC trató de tomar el caserío de La Julia (Meta), en una de las zonas de mayor presencia histórica de la organización. El asalto resultó un fiasco, con un elevado coste en bajas para la guerrilla, aunque el Ejército también registró la muerte de 14 integrantes de la Brigada Móvil Nº2. La fallida operación puso de relieve la incapacidad de las FARC para ejecutar operaciones ofensivas de cierta envergadura, incluso en zonas que supuestamente les son favorables. Pocos días antes, la presión de la fuerza pública condujo a la entrega de dos docenas de integrantes de la columna Manuel Cepeda Vargas, responsable de una serie de atentados en Cali (Valle). La desmovilización puso al descubierto que la organización había recurrido a la contratación de pandilleros de la periferia de la ciudad, que cobraban una cierta cantidad por cada ataque realizado. Incluso en una de las pocas ciudades donde teóricamente los insurgentes conservaban una presencia significativa, las FARC se veían obligadas recurrir al empleo de “trabajo mercenario”. A finales de 2006, la capacidad operativa de la guerrilla tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales parecía estar en un franco declive.

Sin embargo, hay razones para pensar que empujar a la guerrilla de su actual arrinconamiento a una completa derrota puede ser un proceso largo y sangriento. El que las FARC hayan visto menguada su capacidad ofensiva no quiere decir que no pueda someter a un duro desgaste la política de seguridad del gobierno. Basta con mirar los incidentes de las primeras semanas de 2007, saldados con 11 muertos entre militares y policías en dos emboscadas en Tame (Arauca) y Puerto Asís (Putumayo). Los insurgentes parecen en condiciones de realizar este tipo de acciones de forma sistemática, amenazando con llevar al ejército y la policía al borde de la extenuación y dañar la credibilidad política del gobierno. Al mismo tiempo, la retaguardia de la guerrilla resulta ahora menos vulnerable a las operaciones de las fuerzas armadas. En primer lugar, han podido hacer más liviana y reducida su infraestructura de apoyo, tras renunciar a operaciones de gran tamaño y apostar por la guerra de guerrillas. Pero además, han replegado sus bases a zonas de difícil acceso –áreas por encima de los 3.000 metros de altura, selvas, etc.– o franjas fronterizas de los países vecinos, donde la presión militar de Bogotá no puede llegar tan fácilmente. Si bien las FARC están lejos de alterar un balance estratégico abrumadoramente favorable a la Fuerza Pública, conservan fuerzas para prolongar el desafío militar al Estado de forma prolongada.

El diálogo político parece una opción cerrada, al menos a corto plazo. A principios del pasado octubre, las FARC manifestaron su voluntad de negociar la liberación de un grupo de políticos y militares secuestrados a cambio de la excarcelación de varios centenares de guerrilleros como paso previo a la apertura de negociaciones de paz. Esta oferta fue seguida de una cadena de acciones armadas –incluido un ataque contra la Escuela Superior de Guerra en Bogotá– que forzó al presidente Uribe a declarar roto cualquier contacto con los insurgentes. Este episodio puso de relieve la visión de la guerrilla sobre una eventual negociación con el gobierno. En realidad, en sus cuatro décadas de historia, la organización ha mantenido dilatadas conversaciones con administraciones como la de Belisario Betancur (19982-86) o Andrés Pastrana (1998-2002); pero sin comprometerse a dejar las armas tras un eventual acuerdo. La guerrilla no parece haber utilizado estos periodos de diálogo para buscar una salida de la violencia sino más bien como una oportunidad para fortalecerse militarmente y ganar visibilidad política. Tal fue el caso en los 80 cuando se escudaron en un cese el fuego acordado con el gobierno para multiplicar el número de Frentes de la organización o a finales de los 90 cuando utilizaron la zona desmilitarizada para albergar los diálogos de paz como una plataforma desde la que lanzar operaciones de gran envergadura.

Con estos antecedentes, las perspectivas de abrir una negociación con la administración Uribe parecen particularmente oscuras. Las FARC no parecen sentirse derrotadas, sino que miran sus reveses de los últimos años como un periodo crítico en su lucha por el poder. Además, hablar de paz con la actual administración equivaldría a dar la razón a quienes han defendido la necesidad de presionar militarmente a la guerrilla para obligarla a negociar y legitimaría la estrategia de seguridad que ha hecho retroceder a los insurgentes 20 años en su proyecto armado. Son dos concesiones que las FARC no están dispuestas a hacer. Al contrario, parecería que la guerrilla trata de manejar la expectativa de una negociación como oportunidad para conseguir réditos estratégicos claves, sin necesidad de comprometerse en un diálogo efectivo. Por un lado, ganar credibilidad política, tratando de arrancarse las etiquetas de “terroristas” y “narcotraficantes” que les ha endilgado la opinión pública dentro y fuera de Colombia. Por otra parte, desgastar al gobierno, haciéndole parecer culpable de la falta de progresos en la búsqueda de una solución negociada. Es probable que los intentos de acercamiento y mediación continúen, pero es improbable que se materialicen en conversaciones formales.

Bajo estas circunstancias, aparentemente, la única opción es proseguir la campaña militar hasta forzar a los insurgentes a aceptar una desmovilización negociada o empujarles a un colapso militar. ¿Es esto posible? Se ha aprobado un impuesto especial sobre el patrimonio, que proporcionará al ministerio de Defensa recursos adicionales por 8,6 billones de pesos (casi €3.000 millones) para sostener el esfuerzo bélico. Estos recursos quieren ampliar el pie de fuerza del Ejército, extender la presencia de la Policía a 400 nuevas localidades en las zonas más remotas del país e incrementar los recursos de movilidad e inteligencia de la Fuerza Pública. El problema es que esta nueva vuelta de tuerca militar se aplicará sobre un enemigo que ha optado por evitar toda confrontación frontal con la Fuerza Pública, intentando preservar sus fuerzas y prolongar el conflicto para provocar el agotamiento político y financiero del Estado. En consecuencia, el impacto de la nueva inversión en seguridad dependerá de cómo se traduzca en las operaciones. Más equipos y más hombres sólo tendrán un impacto definitivo en el escenario estratégico si se utilizan de forma adecuada para confrontar a un enemigo que acumula una enorme experiencia en la práctica de la guerra de guerrilla, dispone de recursos ilimitados para sostener su esfuerzo bélico y se mueve en una geografía que le favorece. Resulta fundamental un mejor reparto de tareas entre Policía Nacional y Ejército, que delegue en la primera las tareas de protección de la población y permita al segundo concentrarse en la ejecución de misiones de combate. Igualmente, es necesario rediseñar las operaciones ofensivas reduciendo el uso de masa humana y potencia de fuego mientras se confía más en tácticas de operaciones especiales, soportadas por una inteligencia más precisa. También resulta crítico redesplegar los recursos de seguridad sobre el territorio, según el nivel de amenaza confrontado en las distintas regiones del país y la importancia estratégica de cada una de ellas para la estabilidad y el desarrollo de la república. Son estos y otros cambios los que definirán el desenlace de la campaña contra las FARC.

Conclusión

Resulta innegable que cuatro años de Política de Defensa y Seguridad Democrática han cambiado el escenario estratégico colombiano, debilitando sustancialmente a los grupos armados ilegales y creando una oportunidad histórica para la definitiva pacificación del país. Sin embargo, también es cierto que este proceso no está concluido. En el lado de las autodefensas, el proceso de negociación con las AUC ha desembocado en el desmantelamiento de un extenso aparato armado y ha puesto en marcha un proceso de depuración de la vida política nacional. Pero al mismo tiempo, la emergencia de nuevas bandas de entre los escombros del viejo orden paramilitar ha creado el riesgo de una reproducción de conglomerados mafiosos asociados al narcotráfico capaces de reabrir otro ciclo de violencia y corrupción en muchas regiones del país. Por su parte, las FARC han perdido su capacidad para realizar operaciones ofensivas de envergadura, y han sido expulsadas de amplias zonas del territorio nacional. Pero pese a este agudo debilitamiento, todavía están en condiciones de utilizar los restos de su poder militar para desafiar al Estado, erosionando su control sobre ciertas zonas del país y sometiéndolo a una campaña de desgaste destinada a agotarlo. Confrontar estos riesgos es el reto al que se enfrenta la nueva etapa que la Política de Defensa y Seguridad Democrática que se quiere inaugurar dentro del segundo mandato del presidente Uribe.

LOS ACTORES EXTRARREGIONALES EN AMÉRICA LATINA: CHINA


Carlos Malamud

[1] En los últimos, años el tirón del prolongado y sostenido crecimiento económico de la República Popular China ha impulsado de una forma considerable las exportaciones latinoamericanas de productos primarios (hidrocarburos, minerales, alimentos, etc.) a sus mercados y, con ellas, el crecimiento de buena parte de las economías de la región. Este hecho se ha visto confirmado, más recientemente, por la visita del presidente chino, Hu Jintao, y la de otros altos cargos del gobierno de Pekín, a varios países de América Latina.[2] Al mismo tiempo, pero en la dirección contraria, hemos visto a numerosos mandatarios latinoamericanos, de todas las latitudes y de todas las tendencias políticas, peregrinando a la capital de China y a sus principales ciudades, en un intento de consolidar las oportunidades de negocio surgidas en los últimos años, buscando asegurar nuevas inversiones para sus respectivos países y con el ánimo manifiesto de potenciar las relaciones diplomáticas bilaterales. Estos numerosos viajes de ida y vuelta confirman un mutuo y, relativamente, flamante descubrimiento, que habla de un interés creciente de los unos por los otros, y viceversa, en un movimiento que indudablemente va en aumento y, a veces, a una velocidad insospechada.

Este interés mutuo ha generado elevadas expectativas por ambas partes, algunas viables y otras totalmente desproporcionadas o desmedidas, que en caso de no cumplirse en un porcentaje significativo podrían terminar provocando agudas frustraciones, especialmente del lado latinoamericano. De algún modo, toda esta situación ha generado una abundante bibliografía en torno a las relaciones sino-latinoamericanas, que son a la vez una muestra y una evidencia del gran interés de analistas y académicos internacionales por estas cuestiones.[3] Junto a ello no hay que olvidar que Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela han reconocido a China como un mercado atrayente, mientras China le otorgó a la mayoría de ellos la consideración de “destino turístico”, lo que ha servido para eliminar restricciones para las visitas que los cada vez más numerosos viajeros chinos puedan realizar a buena parte de los paraísos turísticos latinoamericanos. También, habría que agregar que la mirada latinoamericana no sólo se dirige hacia China, sino también a otros países de Asia, comenzando por la India, el otro gran coloso asiático, sin olvidar a Vietnam, Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur, por citar sólo unos pocos ejemplos. Por eso, uno de los objetivos de este trabajo es tratar de identificar cuáles son las principales características del masivo desembarco chino en América Latina y de las expectativas cruzadas de chinos y latinoamericanos ante este movimiento.

De una parte están las expectativas de China en América Latina. Al hablar de ellas no se debe olvidar que América Latina sólo es la cuarta prioridad en materia de política exterior china. En primer lugar tenemos a los países de la cuenca del Pacífico (especialmente EEUU y el sudeste asiático), seguidos de Europa y África.[4] De ahí que resulte muy conveniente preguntarse ¿qué espera China de América Latina? En torno a este interrogante hay numerosas cuestiones y problemas, que podrían sintetizarse en las siguientes: (1) garantizarse fuentes de aprovisionamiento continuo y regular de materias primas; (2) el reconocimiento de la República Popular China por aquellos países que todavía no lo han hecho y el aislamiento internacional de Taiwán; (3) la presencia de China en América Latina implica, de alguna manera, un desafío a los EEUU, cuestionados en su propio “patio trasero”; por eso es importante tener presente cómo influye esta cuestión sobre los tiempos y los modos del “desembarco” chino en la región latinoamericana; (4) la expansión china choca permanentemente con los cambios políticos que están ocurriendo en América Latina, y si bien el pragmatismo ha caracterizado las relaciones diplomáticas bilaterales de los chinos con los distintos países americanos en las décadas pasadas, el problema de fondo que se presenta actualmente es cómo ven el giro a la izquierda que teóricamente está teniendo lugar en América Latina y cómo actúan frente al mismo; y (5) la cooperación en materia de Defensa. Por último, tenemos la tan mentada cuestión de la triangulación entre España, China y América Latina, sobre la cual los chinos tienen una mirada más bien escéptica.

Simultánea e inversamente están aquellas cuestiones vinculadas a las expectativas que tienen los latinoamericanos respecto a China, lo que explica una larga serie de visitas de mandatarios latinoamericanos a Beijing.[5] ¿Qué espera América Latina de China? Es evidente en este punto que hay que comenzar por lo más elemental, marcando la dificultad de generalizar sobre la región, ya que los puntos positivos y negativos de la relación con China varían de país a país. Es obvio que todos quieren aprovechar en su beneficio las enormes oportunidades económicas que se están produciendo en Asia, comenzando, aunque no terminando, en China, lo que de alguna manera implica no quedarse al margen de los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo. De alguna manera, esto significa optar entre la adaptación más o menos forzada, más o menos voluntaria, a la globalización o sólo mantener una apuesta por aprovechar coyunturalmente el tirón de la presencia y de la demanda chinas en la región.

En líneas generales se puede decir que nos encontramos frente a los siguientes problemas y cuestiones: (1) la necesidad de poder disponer de mercados internacionales dinámicos y pujantes para las exportaciones de los productos propios; (2) la competencia china con las manufacturas locales, que en algunas circunstancias adquiere una gran dureza; (3) la inversión extranjera directa (IED) de capitales chinos en algunos países concretos y en determinados sectores estratégicos de la región –energía, agricultura extensiva de exportación, minería, etc.–; (4) contrarrestar la presencia e influencia política y económica de los EEUU, e inclusive de la UE en América Latina; y (5) finalmente, hay algunas relaciones bilaterales que, en función del desarrollo político reciente de la región, merecerían alguna reflexión. Se trata de las relaciones entre Cuba y China y Venezuela y China. En este último caso, las expectativas venezolanas pasan por el aporte que puede hacer la República Popular al proceso nacional de rearme y por la posibilidad de que sea China quien permita construir y poner en órbita el satélite Simón Bolívar, el primer satélite con que contaría la república bolivariana.

China y América Latina

El espectacular crecimiento chino de los últimos años, el aumento exponencial de la demanda (y consiguiente búsqueda) de materias primas y bienes intermedios y la búsqueda de fuentes diversificadas de abastecimiento, así como la constante prospección en pos de nuevos mercados donde colocar sus excedentes manufacturados, son uno de los motivos principales que explican el interés de China por América Latina. Sin embargo, no se trata de una tendencia surgida de forma espontánea, como consecuencia del aumento de sus necesidades más recientes, efectivamente existentes, de determinados productos (especialmente materias primas, minerales y alimentos latinoamericanos, aunque no sólo), sino que es el resultado de una acción planificada a cargo de un Estado fuertemente centralizado y férreamente dirigido por el Partido Comunista Chino, como ha quedado de manifiesto tras la celebración del último Congreso del Partido. Esto implica que no son básicamente los actores económicos los que toman las decisiones acerca de las formas, los modos, los lugares y los ritmos en que esta expansión y esta presencia tienen lugar, sino que es producto de una acción política y diplomática muy planificada y dirigida por los cuadros partidarios, que manejan simultáneamente variables muy diversas.

¿Desde cuándo China se interesa por América Latina? Algunos nacionalistas chinos, y otros que no son chinos, vienen sosteniendo que fueron navegantes de ese origen, y no Cristóbal Colón, los verdaderos descubridores de América. La historia de estas teorías se remonta a 1761, cuando un sinólogo francés, J. de Giognes, manifestó algo semejante. Posteriormente algunos académicos chinos apuntaron la posibilidad de que el monje Hui Sheng llegara a México, Fusang en mandarín, en el siglo V. Y más recientemente, en 2003, se publicó el libro de Gavin Menzies, 1421 – The Year China Discovered America. El protagonista de la hazaña habría sido Zhen He, aunque en el más que hipotético caso de haberse producido su impacto no fue, en absoluto, ni por su trascendencia ni por sus consecuencias, un fenómeno similar al de la hazaña colombina.[6]

Pero, especulaciones más que improbables al margen, lo cierto es que hoy estamos frente a un verdadero redescubrimiento de América, especialmente de América Latina, por parte de China. Pero no se trata de una cuestión dejada al azar, ya que la República Popular ha invertido recursos físicos y humanos en el desarrollo de think-tanks especializados en analizar la realidad política, económica y social latinoamericana. Estos son los casos del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales y del Departamento de Estudios de América Latina del Partido Comunista Chino.[7]

Este redescubrimiento implica que estamos frente a un verdadero y genuino interés de los chinos por América Latina, palpable en buena parte de los países de la región, como prueba el hecho de que en los últimos cinco años, China ha incrementado en más de un 600% sus importaciones de productos latinoamericanos, invierte unos 1.000 millones de dólares anuales en América Latina, envía docenas de misiones de entrenamiento militar, se ha convertido en observador en la Organización de Estados Americanos (OEA) y espera serlo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2008 y 2009. De este modo vemos como la presencia china se manifiesta en diferentes planos: bilateral, subregional e interregional. También inciden algunas cuestiones geoestratégicas vinculadas al tráfico marítimo internacional, como muestra su gran interés en todo lo referente al Canal de Panamá y otras rutas transpacíficas.[8]

A la hora de diseñar su política exterior hacia la región, y desde una perspectiva regional, se ha creado el Foro China-América Latina, mientras que desde la subregional, el gobierno de Beijing ha establecido mecanismos de diálogo con Mercosur y la CAN (Comunidad Andina de Naciones), los dos principales procesos de integración regional del continente. Con el tercero, el centroamericano, y por motivos que analizaremos más adelante, las relaciones son más complejas, al estar por medio el reconocimiento al gobierno de Taipei por parte de algunos países de la región.

El acercamiento chino a Mercosur tiene tres objetivos principales: (1) intentar neutralizar, o al menos minimizar, la relación de Paraguay con Taiwán (Paraguay es el único país del Mercosur que todavía reconoce a Taiwán); (2) aumentar la cooperación bilateral con los países más importantes del bloque (especialmente Brasil y Argentina) en todo lo relativo al aprovisionamiento de materias primas; y (3) potenciar el papel de los puertos chilenos (aunque Chile es sólo un observador del Mercosur) como plataforma para la importación y exportación de sus productos.

Por último, bilateralmente China ha desarrollado “alianzas estratégicas” con Argentina, Brasil y México, mientras con Venezuela mantiene una “alianza estratégica para el desarrollo común”. Sin embargo, el primer acuerdo de libre comercio (TLC) firmado por China con cualquier país de América Latina ha sido con Chile (el gran campeón latinoamericano en la materia), de quien le interesan no sólo sus minerales, especialmente el cobre, sino también, y en primer lugar, sus puertos de aguas profundas que permitirían potenciar el comercio entre China y los países de América del Sur. Las relaciones con otros países andinos, como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, entran dentro de la categoría de las relacione de cooperación globales. Es el mismo tipo de relación que se mantiene con Cuba, pese al interés del régimen castrista de mejorar sustancialmente una relación definida como modélica por el gobierno de La Habana, y que gracias al apoyo financiero chino le ha permitido vencer algunas de las complicaciones económicas heredadas del llamado “período especial”. Si bien en todos los casos recién mencionados, especialmente en el último, existe el potencial para pasar a una alianza estratégica bilateral con China, estos pasos aún no se han terminado de dar.

Las materias primas, el comercio exterior y las inversiones chinas

El interés chino en América Latina comenzó por la energía, ciertos metales, como el cobre, y algunos recursos naturales sudamericanos, comenzando por la soja. De todas formas, es importante señalar que para China es mucho más importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, su relación con los EEUU. Se trata de un tema que los responsables políticos chinos tienen muy claro y que fija ciertos límites autoimpuestos a las actividades chinas en la región. Esta cuestión incluye el acceso decisivo a los mercados de estadounidenses para las miles de toneladas de productos manufacturados chinos que allí se venden y el hecho de que China sea uno de los mayores tenedores de bonos norteamericanos. De momento, el interés chino por EEUU es muy superior a todo lo que le puede ofrecer América Latina, incluyendo el hoy por hoy relativamente caro petróleo venezolano. No en vano, China es el segundo socio comercial de EEUU, después de Canadá. Tampoco se puede olvidar el pragmatismo de Beijing frente a la gran superpotencia mundial, especialmente visible en todo lo que hace a su política exterior y a las materias de seguridad y defensa. Por eso, a China le resulta más importante asegurar la continuidad en el abastecimiento de los productos que demanda que lanzarse a nuevas aventuras políticas en América Latina. De ahí tanto su apuesta por la estabilidad, como por no dar un paso sin medir previamente todas las consecuencias del mismo.

El petróleo es uno de los productos más buscados por los chinos (América Latina tiene el 14% de todas las reservas mundiales) y esto explica, en buena medida, su interés en los países productores de hidrocarburos, como Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador e, inclusive, México y Argentina. Esto le ha llevado a desarrollar ciertas “alianzas estratégicas” bilaterales, como las mencionadas más arriba. De este modo, Sinopec, la empresa china líder en la materia, está desarrollado algunos proyectos importantes en diversos países de la región. Además del petróleo hay otras materias primas que interesan especialmente a los chinos, en especial los minerales y alimentos. Brasil, por ejemplo, posee uranio y soja, pero también determinados productos manufacturados, como los aviones de Embraer. El interés chino en los alimentos latinoamericanos se relaciona con la enorme población que tiene que alimentar y la baja productividad de su agricultura nacional. Esto hace que les sea mucho más rentable comprar a buen precio alimentos latinoamericanos que impulsar la transformación y modernización del conjunto de su producción agraria.

Los mercados latinoamericanos son cada vez más interesantes para las exportaciones de manufacturas chinas. Por eso, las autoridades y los exportadores chinos están cada vez más preocupados frente a algunas medidas proteccionistas, especialmente antidumping, que intentan imponer algunos sectores productores. También, aunque de momento el tono del mensaje es menos enfático, se ve con creciente preocupación la deriva nacionalista de ciertos gobiernos, como la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el gobierno boliviano de Evo Morales. En esta línea, los intereses chinos en el sector petrolero de Ecuador ya han tenido algunos problemas con el gobierno de Rafael Correa, aunque de momento la preferencia de ciertos gobiernos por las empresas públicas o estatales favorece a los grandes conglomerados chinos. De algún modo, el entorno populista, cada vez más intervencionista, no es el más favorable para la inversión china, pese a que la retórica pueda marchar en otra dirección.

En ocasión de la gira de 2004 del presidente Hu a América Latina, comenzaron a circular abundantes rumores sobre un enorme paquete de inversiones chinas en la región, que algunas fuentes cifraron en torno a los 100.000 millones de dólares. Estas inversiones deberían producirse antes de 2015 y básicamente se concentrarían en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Por lo general, las noticias partieron bien de los gobiernos teóricamente implicados, bien de sectores próximos a los mismos. Uno de los casos más notorios fue el de Argentina, ya que las fuentes gubernamentales, comenzando por el propio presidente Néstor Kirchner, dijeron que se esperaba una inversión en torno a los 15.000 y 20.000 millones de dólares. Sin embargo, fuentes chinas han negado categóricamente la existencia de tales cifras, que redujeron considerablemente a unos pocos miles de millones.[9] En realidad, la inversión china, la IED, se concentra básicamente en Asia, aunque en 2005 América Latina ha recibido 659 millones de dólares, un 16% del total. También es importante señalar que China y América Latina no compiten directamente en la búsqueda de fuentes de inversión extranjera. China se beneficia de inversiones básicamente asiáticas, mientras a América Latina llegan las provenientes de Europa y EEUU.

Según los datos proporcionados por la CEPAL (Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe) para 2005, América Latina y el Caribe recibieron 68.000 millones de dólares de IED. Si desagregamos esa cifra por país de origen, los principales inversores en la región son: EEUU (39%), Países Bajos (12%) y España (6%). Por su escaso volumen (menos del 1%), no aparecen datos de la inversión china, que figuran incluidos en el apartado de “Otros”. Esto ha llevado a algunos analistas a hablar de “cuentos chinos” en lo relativo a la IED china en América Latina, dada la escasa entidad alcanzada hasta la fecha y las enormes expectativas que habían surgido. Sin embargo, se trata de una cuestión que no hay que despreciar y que requerirá un mayor seguimiento en el futuro.

Taiwán y el reconocimiento de la República Popular

Desde la perspectiva política, uno de los objetivos principales de la República Popular en América Latina pasa más por aislar a Taiwán que en impulsar el pleno reconocimiento del gobierno de Beijing. No hay que olvidar que de los 27 países que en la actualidad reconocen diplomáticamente a Taipei, 12 son latinoamericanos y del Caribe, aunque algunos tienen relaciones con ambos.[10] Quizá sea éste el componente más tradicional de la política exterior china hacia América Latina, ya que se trata de una tendencia existente desde comienzos de la segunda mitad del siglo XX. En ese momento, todo el continente americano le daba la espalda a la República Popular y apostaba por mantener lazos diplomáticos con Taipei.

Cuba fue el primer país latinoamericano en reconocer a la República Popular China, en 1960, aunque durante mucho tiempo el alineamiento de Fidel Castro con la extinta Unión Soviética dificultó enormemente las relaciones bilaterales y enfrió algunos proyectos que habían comenzado a tejerse en función de la cercanía ideológica. La presencia china en la región aumentó a partir de 1970, cuando Chile reconoció al gobierno de Beijing. A partir de entonces, todos los países sudamericanos, menos Paraguay, siguieron la misma senda. Uruguay, en 1988, fue el último país de América del Sur en dar la espalda a Taiwán. El mismo camino fue recorrido por México, y más recientemente por Costa Rica, de modo que Paraguay y la mayor parte de los países de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras; Nicaragua, que durante el gobierno sandinista había reconocido a la República Popular, retornó posteriormente a sus antiguos vínculos) son los únicos que hoy siguen apoyando a Taiwán. Panamá reconoce tanto al gobierno de Beijing como al de Taiwán, aunque esto no excluye que Taipei lo siga considerando uno de sus mejores aliados en el mundo.

EEUU y China: el giro a la izquierda en América Latina

La postura de EEUU frente a la ofensiva china en América Latina es dispar y está más basada en percepciones, especulaciones y temores sobre el futuro que en hechos concretos. Las diferentes actitudes se pueden explicar a partir de dos preguntas bastante sencillas aunque de bastante trascendencia: ¿la presencia china en América Latina significa realmente una amenaza para las posiciones estadounidenses (para el conjunto de ellas) en su llamado “patio trasero”? En el caso de que efectivamente esto sea así, la segunda pregunta es: ¿cuánto pierde EEUU por esta presencia? Las cuestiones vinculadas con estos interrogantes permiten explicar por qué, más allá de la creciente preocupación de las autoridades, de los políticos y de la prensa norteamericana sobre el despliegue chino en América Latina, no hay una clara unanimidad sobre el grado de desafío que esa presencia representa para su economía y para la seguridad nacional.

En los últimos años, numerosas fuentes, especialmente aquellas provenientes de los sectores más conservadores, o próximos a ellos, han enfatizado el hecho de que la Administración Bush, demasiado pendiente de Irak y del “gran Oriente Medio”, se ha despreocupado de América Latina pese a la creciente amenaza venezolana. En lo que respecta al tema que aquí estamos tratando, el argumento es que mientras China ha estado aumentando de forma clara sus lazos económicos, políticos y militares en la región, la parálisis del gobierno de Washington ha sido casi total. De momento, nada de eso ha ocurrido, y en la perspectiva de la IED, como se muestra más arriba, la diferencia entre la inversión estadounidense (especialmente en función del stock acumulado) y la china sigue siendo abismal. Por eso, es importante no perder de vista la perspectiva temporal y formularse las preguntas en el medio y largo plazo. En esta línea, Cynthia Watson no piensa que la actual presencia de China en América Latina suponga una seria amenaza para la seguridad de su país, aunque estima que la estrategia china de establecer lazos cada vez más estrechos con la región si puede afectar, en el largo plazo, esa seguridad.[11]

En Washington, en las distintas instancias de la Administración, no hay unanimidad sobre el tema. De un lado, el Departamento de Defensa manifiesta un cierto temor de que China se termine convirtiendo en la principal fuente de entrenamiento militar para algunos ejércitos, en parte por la vigencia de la ley norteamericana que prohíbe dar ayuda militar a aquellos países que permitan arrestar a soldados norteamericanos para ser procesados por la Corte Penal Internacional (CPI). También le preocupan las actuaciones chinas en inteligencia y guerra cibernética en la región, especialmente desde Cuba. Por su parte, el Departamento de Estado no ve a China como una amenaza concreta en América Latina, sino como un país en crecimiento que demanda una gran cantidad de combustible y materias primas. En realidad, se parte de la idea que su gran preocupación por la forma en que se desarrolla su propia situación interna, la evolución de la coyuntura china, le resta energías para desarrollar aventuras fuera de sus fronteras, comenzando por América Latina.[12]

De todos modos, la administración Bush está preocupada por la presencia china en la región y buena prueba de ello fue la visita de Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos Hemisféricos, a Beijing, en abril de 2006, invitado especialmente por Zeng Gang, el responsable de América Latina en el Ministerio chino de Exteriores. El viaje se produjo poco después de la gira del presidente Hu Jintao por EEUU y fue la primera vez que un alto funcionario del Departamento de Estado fue a Beijing para discutir directamente cuestiones relacionadas con China, América Latina y EEUU. En Beijing se ve como normal la atención de EEUU en estas cuestiones y la mirada atenta que presta al desembarco chino.[13]

Desde esta perspectiva, es entendible la cautela con que el gobierno chino se relaciona con los gobiernos de izquierda en América Latina, especialmente con aquellos englobados dentro de la órbita populista, como los de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Como se ha señalado más arriba, su creciente proteccionismo, sumado al nacionalismo rampante de que hacen gala y su mayor imprevisibilidad los convierten en menos atractivos para unos actores que, más allá de su estatismo y de sus afinidades ideológicas, suelen actuar fuera de su país con la lógica de los agentes económicos y por eso son visualizados como extranjeros, con todos los problemas que esto puede acarrear. Por otro lado, el gobierno de la República Popular no ha sido demasiado partidario de algunas conductas aventuradas, como ocurrió con Sendero Luminoso en Perú. Pese a que este grupo terrorista se había definido como maoísta, Beijing lo condenó por su revisionismo contrarrevolucionario.[14]

La cooperación en Defensa

Se trata de un campo con un protagonismo creciente y donde las expectativas, por ambas partes, van en aumento. De este modo, es bastante frecuente ver como militares latinoamericanos siguen diferentes programas en la Universidad Nacional de la Defensa del Ejército Popular Chino, programas a los que no se suele invitar a otros oficiales occidentales.[15] Las relaciones en la materia han incluido un número mayor de instancias de diálogo y después de la gira del presidente Jiang en 2001, hemos visto al ministro de Defensa, el general Chi Haotian, manteniendo conversaciones con autoridades de la Defensa de Colombia y Venezuela (una nueva prueba del pragmatismo chino en la región).

Desde la perspectiva de la Defensa hay un tema que interesa especialmente a China, en especial en lo que se refiere a las relaciones que mantiene con Brasil y Surinam. En ambos países, debido a su ubicación geográfica, existen facilidades para el lanzamiento de satélites y naves espaciales que desarrollen órbitas ecuatoriales, también utilizadas por otras potencias espaciales, como la UE. Dadas las dificultades para encontrar enclaves de este tipo en China, se explica el interés de su gobierno en estas cuestiones. En esta línea, tampoco se debe olvidar el interés venezolano en que los chinos construyan y pongan en órbita el satélite Simón Bolívar.

Estos y otros hechos explican el creciente temor de EEUU, más palpable en los medios próximos al Departamento de Defensa, de que China se convierta en el principal apoyo militar para algunos gobiernos radicales de la región, como Venezuela. El recuerdo de lo que en el pasado significó la Unión Soviética para Cuba sigue estando demasiado próximo. En esta línea hay que ver el intento venezolano de adquirir en China una parte importante del armamento con que se quiere reforzar a su Fuerza Armada Nacional (FAN), a efectos de enfrentar los desafíos de lo que el comandante Chávez ha definido como “guerra asimétrica”.[16]

América Latina y China

En lo relativo a las relaciones entre América Latina y China, es tan difícil generalizar como lo es en otros aspectos de la realidad regional. Esto significa que el conjunto de las distintas respuestas nacionales no es nada homogéneo y depende, en buena medida, de las expectativas y resultados de cada país frente al crecimiento chino y a su mayor presencia en un mundo globalizado. Si en líneas generales se puede decir que de un modo agregado América Latina tiene un ligero superávit comercial con China,[17] esto no ocurre por igual si tenemos en cuenta a cada país de forma individual, ya que existen algunos casos donde las cosas no van tan bien, siendo México el que tiene el mayor déficit comercial, seguido de Panamá, que importa anualmente 1.000 millones de dólares en textiles chinos. Dada la moderada importancia de las inversiones directas chinas, y de su todavía escaso impacto en el sector productivo latinoamericano –la IED china en América Latina en 2005 fue algo menos del 10% de la IED total de China en el mundo–, es evidente que el mayor o menor entusiasmo de los distintos países latinoamericanos dependerá, en buena medida, de cómo le vayan las cosas en su relación comercial y de las expectativas puestas en los otros órdenes de las agendas bilaterales.

Precisamente, desde el punto de vista bilateral, los países que tienen las mayores relaciones políticas y económicas con China son: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Panamá, Perú y Venezuela. Chile es uno de los países de América Latina con los que China mantiene contactos más estrechos. En su apuesta por la globalización y por la apertura a todos los mercados, Chile mira al Pacífico y en especial a China, que es el tercer mercado para sus exportaciones y su segundo proveedor de importaciones. Chile cuenta con un TLC con China, firmado en 2005. En ese entonces Chile se caracterizó por haber sido el primer país no asiático en negociar con China un tratado de esta índole, que en este caso particular está acotado estrictamente al intercambio de bienes. Posteriormente, en lo que debería ser una segunda etapa del TLC, Chile apuesta por transformarse en una plataforma para las inversiones chinas en la región en lo referente a los sectores de energía, minería, infraestructura y agricultura. Este punto debería complementarse a través de la creación de alianzas empresariales sino-chilenas y de inversiones chinas en los sectores minero, forestal, pesquero y de servicios.

América Latina lleva un lustro creciendo, los últimos cinco años a tasas superiores al 4%, y es manifiesto que, al menos, en 2007 esta tendencia se mantendrá. Este crecimiento genuino de la región –en los últimos años todos los países han crecido al mismo tiempo aunque a ritmos diferentes– responde en buena medida a factores externos, siendo la pujanza y la demanda de los mercados chinos un factor explicativo de primer orden. Al margen de las demandas típicas de la economía china, cualquier cambio en los hábitos de consumo, dado el gran tamaño de su mercado, puede repercutir en el futuro de los más variados productos. Éste ha sido el caso de la carne, cuya demanda ha crecido sustancialmente en los últimos años, y también del café. En este caso, si bien no hay una respuesta masiva de los consumidores chinos a favor de esta bebida, el solo hecho de que varios cientos de miles de personas se hayan aficionado a su consumo es un dato positivo para los productores latinoamericanos. De este modo, la demanda oriental afecta a buena parte de los diferentes países latinoamericanos, con independencia del color político o de la ideología de sus gobiernos y del mayor o menor grado de eficacia de sus políticas económicas. De ahí que sea inevitable la mirada a los mercados chinos, demandantes de un buen número de materias primas.

La competencia de las manufacturas chinas

Los más variados sectores industriales de diversos países latinoamericanos ven con preocupación el ingreso masivo de manufacturas chinas de bajo coste en sus mercados interiores, más o menos protegidos según los casos. Es allí donde los productos manufacturados chinos compiten con ventaja con la producción local, debido básicamente a los bajos salarios existentes en el país asiático, a los créditos estatales para los empresarios chinos, a las barreras impuestas a sus competidores, a la capacidad de copia con que se benefician sus empresas y la aceptación internacional de sus productos. A esto se suman las migraciones del campo a la ciudad, que mantienen una gran oferta de mano de obra barata y sin cualificar, que realiza largas jornadas laborales.

Esta situación es la que origina una serie de muy amargas y aceradas críticas contra las importaciones chinas, que se han convertido en algo bastante frecuente en países como Argentina[18] y México. De todos los países latinoamericanos afectados por esta competencia, sin duda el que la ve con mayor preocupación es México. Desde la perspectiva de los empresarios implicados, resulta muy difícil que los productos latinoamericanos de baja calidad, menos protegidos y menos favorecidos por su entorno socio-político y económico, puedan competir con los chinos. Los temores empresariales son mayores en algunos sectores muy concretos, como el del textil o el del calzado, que habían tenido un cierto desarrollo en numerosos países de la región y donde la competencia de la producción china es muy grande. Sin embargo, el problema de la competencia china no se limita sólo a lo que ocurre en los respectivos mercados internos, que aún siendo dura permite a los empresarios locales una mayor flexibilidad por su conocimiento de las reglas de juego, sino también en otros mercados regionales. Este es el caso de los industriales mexicanos, que contemplan con preocupación la competencia de los productos chinos en el mercado de EEUU, que habían conquistado gracias al NAFTA, o de los brasileños que deben competir por los mercados latinoamericanos del Océano Pacífico.

Y si bien a consecuencia de la competencia china se han producido algunas deslocalizaciones de maquilas, en lo referente a la lucha por la conquista de los mercados estadounidenses, México mantiene las ventajas de su renta de localización. Ésta viene dada fundamentalmente por su cercanía a los mercados existentes al otro lado de su frontera norte, como prueban las inversiones realizadas en plantas de producción y armado de automóviles realizadas por las principales empresas japonesas del sector. Éste ha sido el caso de Toyota, que en poco tiempo se ha convertido en un importante líder del mercado regional norteamericano. Hay que señalar que si esto fue posible se debió en buena medida a la existencia de un TLC firmado entre Japón y México. Y si bien la cercanía a los mercados norteamericanos le otorga a México un interés especial para los chinos, las relaciones bilaterales son muy complejas, como prueba el hecho de que México fue el último país con el que China negoció su ingreso a la OMC. En Brasil también se han producido algunas deslocalizaciones provocadas por la “invasión” china, aunque aquí también hay fenómenos contradictorios. Un caso notable es el de una empresa brasileña de calzado, que exportaba su producción a los países del Pacífico americano y que para poder seguir compitiendo en condiciones ha decidido establecerse en China y de ese modo poder beneficiarse de unos salarios y otros costes de producción más bajos que los de su país.

China como contrapeso a EEUU y la UE

Brasil, México, Chile, Argentina y Panamá son los mayores socios comerciales de China en América Latina. Inclusive para otros países, como Perú, que tienen un volumen comercial más modesto, la importancia de China es decisiva. En este caso, China se ha convertido en poco tiempo en el segundo mercado peruano. Al mismo tiempo, China es el tercer socio comercial de Brasil y el cuarto de Argentina. Brasil no sólo es el primer socio comercial de China en América Latina, sino también el país más importante de la región desde su perspectiva estratégica. Él sólo absorbe el 42% de las exportaciones regionales a los mercados chinos. Ambos países han desarrollado una “asociación estratégica” desde 1994, comparten visiones similares sobre el orden internacional (unieron sus fuerzas contra EEUU y la UE en las negociaciones de la OMC sobre la Ronda de Doha) y están englobados dentro de los BRIC.[19] En 2002, China desplazó a Japón como el primer socio comercial en Asia y muchas empresas brasileñas han conquistado los mercados chinos o invertido en ellos. Este es el caso de la petrolera Petrobras, de la siderúrgica CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), de Embraco (equipos de refrigeración) y de la aeronáutica Embraer.

Por su parte, Argentina es para China su segundo socio más importante en América Latina. Tiene con la República Popular relaciones diplomáticas desde la época del tercer gobierno de Perón (1973) y confía en el carácter de China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para resolver su reivindicación por las islas Malvinas,[20] un tema que por motivos políticos se ha convertido en una de las prioridades en materia de política exterior del gobierno de Néstor Kirchner.

Todos estos hechos, junto a algunos más de los que se han ido describiendo a lo largo de este trabajo, han instalado en la mente de muchos gobernantes latinoamericanos la idea de que China podría convertirse el día de mañana en un contrapeso, o eventualmente en el relevo, de EEUU en la región. De ahí, las elevadas expectativas con que se mira todo lo relacionado con China y, también, las numerosas especulaciones sobre la cuantía y el destino de sus inversiones, así como de los apoyos políticos que algunas de sus medidas más polémicas podrían recibir de China en los organismos internacionales.

Con todo, China genera actitudes ambivalentes en las elites y en la opinión pública latinoamericanas. Por un lado, es mucho lo que los latinoamericanos esperan de China. Se confía, según los casos, en la llegada de una verdadera riada de inversiones, que hagan innecesarias las provenientes de EEUU o incluso de la UE, en que inclusive la industria china de armamentos desplaza a otros proveedores tradicionales, y también, como se acaba de señalar, en el respaldo político de Beijing. Llevado a su extremo esto implicaría la posibilidad, algún día, de que el empuje y poder del gigante asiático termine desterrando para siempre la resistida omnipresencia del imperialismo norteamericano. Sin embargo, por el otro lado, el gran desconocimiento existente sobre la realidad china, sobre las reales intenciones del país y sobre su poderío militar, sumado a los recelos frente al a veces agresivo estilo chino de negociar, a la forma en que se ha deteriorado el medio ambiente, al escaso respeto a los derechos humanos y a otras formas de legalidad, han instalado un cierto temor y resistencia a un acercamiento que se mira con sentimientos contradictorios. Desde esta perspectiva, el desembarco chino en África es seguido con bastante interés en las capitales latinoamericanas, especialmente en todo lo relacionado con la metodología china de consumar sus inversiones en aquél continente, incluyendo el traslado de mano de obra china para trabajar en sus proyectos africanos.

En 2004, las opiniones públicas de Argentina, Brasil, Chile y México veían con mejores ojos la creciente influencia china en el mundo, así como su crecimiento económico, pero eran mucho más recelosas frente a su creciente poder militar. Si Chile (56%) y Brasil (53%) eran los que veían con mejores ojos el papel internacional de China, los más recelosos eran Argentina (44%) y México. En lo relativo al crecimiento económico, los mexicanos eran los más entusiastas (54%), seguidos de brasileños y chilenos (48%), mientras que los argentinos, quizá por su fuerte nacionalismo y el mayor proteccionismo de su política económica (30%), eran los más refractarios. Respecto al poder militar, las miradas negativas primaban sobre las positivas y los más temerosos eran los argentinos (58%), seguidos de Chile (53%) y Brasil (50%), mientras que México, vecino de EEUU, sólo tenía un 37% de percepción negativa.[21]

China, Cuba y Venezuela

Como ya se ha dicho, el desembarco chino en América Latina ha sido, hasta ahora, sumamente cuidadoso, tratando de no irritar a EEUU. Así, por ejemplo, la visita de Hu a la región en 2004 no incluyó a Venezuela y a su paso por Cuba, éste intentó mantener un perfil más bien bajo, centrado en algunos proyectos comunes, especialmente en el terreno de la biotecnología. Y si bien China intenta reforzar sus lazos con Caracas, especialmente en materia petrolera, la prudencia en sus movimientos denota una clara voluntad de no provocar efectos no deseados en otros actores presentes en la región.

Comenzando por Cuba, vemos como tras el largo período en que el régimen de Fidel Castro tuvo una alianza estratégica con la Unión Soviética, mantenida hasta el desplome del bloque soviético, las relaciones con China sólo comenzaron a mejorar después de junio de 1989, cuando el gobierno de La Habana respaldó a las autoridades de Beijing durante la represión de Tiananmen y su política contraria a la apertura política. Desde entonces, ambos países han apoyado internacionalmente sus mutuas reivindicaciones, como la denuncia del embargo de EEUU a Cuba, o la de postura china contra la secesión de Taiwán, en 2005. Como ha sido público y notorio, Raúl Castro y otros altos dirigentes cubanos han buscado inspiración, pese a la postura más cerrada de Fidel, en el modelo chino de desarrollo.

Cuba ha podido sobrevivir con muchos esfuerzos a la crisis económica de la década de 1990, tras el desmoronamiento del bloque soviético, de quien dependía su supervivencia. Posteriormente, el gobierno cubano ha intentado recomponer sus alianzas internacionales, centrándose en dos países, Venezuela y la República Popular China. Sin embargo, mientras con Venezuela, en la superficie, la relación es plenamente satisfactoria y bien lubricada por los más de 90.000 barriles de petróleo diarios que el gobierno de Chávez les vende a precio subvencionado, con China las cosas son bastante más complicadas, como sostiene William Ratliff,[22], debido fundamentalmente al mayor pragmatismo con que enfocan sus relaciones internacionales, lo que implica dejar el ideologismo de lado. Si bien China espera importar cantidades de níquel cubano, de momento las exportaciones de Cuba son mínimas, aunque China es el tercer socio comercial cubano, detrás de Venezuela.

Las relaciones bilaterales se apoyan en tres grandes ejes: el político, el económico y el estratégico. Mientras Cuba saca partido del apoyo político y económico chino, China se beneficia de los datos de inteligencia que obtiene sobre EEUU que obtiene del gobierno cubano. Fidel y Raúl Castro, y muchos de los principales dirigentes cubanos visitaron, al menos, China una o dos veces; y dos presidentes chinos (Hu Jintao en noviembre de 2004), y muchos otros dirigentes chinos, estuvieron en Cuba. China apoya, de diferente manera, la educación, las exploraciones petroleras, la minería del níquel, el desarrollo tecnológico y la infraestructura de transportes cubanos. Aquí también China apuesta por el sector energético y por la existencia de importantes yacimientos en aguas cubanas del Golfo de México, donde Sinopec realiza prospecciones. China, por su parte, tiene en Cuba un buen punto de observación para vigilar a EEUU. Mientras el gobierno de Washington y sus agencias de inteligencia tienen numerosos puntos de observación y seguimiento de China, comenzando por Taiwán, China sólo dispone de Cuba para estos efectos. De algún modo se puede señalar que la relación de Cuba con China es mucho más intensa que con otros países de la región.

La energía es la base de la relación privilegiada que mantienen China y Venezuela, que han establecido “una alianza estratégica para el desarrollo común”.[23] Desde la perspectiva china, y pese a las dificultades que impone la distancia, Venezuela tiene una gran importancia estratégica como proveedor de petróleo para su creciente demanda, pero también como plataforma de inversión para las firmas chinas del sector que buscan entrar en el negocio de explotación de los yacimientos de petróleo extrapesado de la Franja del Orinoco. Se trata de un negocio que según algunos analistas y, especialmente, el gobierno venezolano, sería la base de espectaculares ganancias futuras. En diciembre de 2004, en una de sus tantas visitas a China, el presidente venezolano Hugo Chávez aseguró que sus anfitriones invertirían grandes cantidades en el sector petrolero venezolano. Algo más de dos años más tarde, en marzo de 2007, se anunció solemnemente la creación de un fondo de inversión de 6.000 millones de dólares (2.000 millones serían aportados por Venezuela y 4.000 millones por China). Sin embargo, hasta la fecha, China sólo ha invertido algo más de 1.000 millones de dólares en Venezuela, una cantidad que no cubre, en absoluto, las grandes necesidades que requiere el sector energético venezolano. Incluso los 6.000 millones del último anuncio siguen siendo claramente insuficientes, una prueba más de lo complicado que resulta poner en marcha esa “alianza estratégica para el desarrollo común”.

En su citada visita de diciembre de 2004, Chávez también apuntó que los chinos no sólo invertirían cantidades multimillonarias en el sector energético, lo que a la fecha no se ha producido, sino también que habría un aumento sustancial en el comercio bilateral. Incluso mencionó que en 2005 éste alcanzaría los 3.000 millones de dólares (más del doble que en 2004). Esto sí ocurrió, ya que según las estadísticas oficiales de la República Popular China, en 2006 el intercambio comercial bilateral llegó a 4.338 millones de dólares, un incremento del 102,5% en comparación con la cifra del año anterior y muy por encima del pronóstico para 2005.

Volviendo al tema energético, en realidad éste es bastante complicado y hay grandes dificultades para entender el peculiar impasse que, pese a la retórica, se está produciendo. Estas dificultades comienzan por la calidad de los crudos venezolanos, pesados o extrapesados, y concluyen en la enorme distancia que separa a ambos países, lo que implica una importante repercusión de los gastos del transporte sobre el coste total de los productos venezolanos importados por China, especialmente el petróleo. De momento, las principales refinerías para procesar el petróleo venezolano están en EEUU, más concretamente en el Golfo de México, de modo que el mercado norteamericano sigue siendo el principal destino de las exportaciones de crudo venezolano. Para poder alterar los flujos, haría falta contar con varias refinerías especializadas en procesar este tipo de crudo bien en China, bien en Venezuela.

Está también el problema del transporte y por el hecho de que Venezuela no tiene puertos en la costa del Pacífico. La ampliación del Canal de Panamá, que tanto interesa a China, podría ser una solución para el paso de los superpetroleros, pero incluso en ese caso, las enormes distancias que separan a los puertos venezolanos de los puertos chinos siguen haciendo más rentables en los mercados de la República Popular los crudos procedentes del Golfo Pérsico y los de Asia Central a los provenientes de Venezuela. Hay una opción que podría reducir los costes de transporte y es la construcción de un oleoducto a través de Colombia, para llegar a aguas del Pacífico, pero esto es algo que aún debe materializarse y llevarse a la práctica. Todos estos proyectos exigen fuertes inversiones, de muchos miles de millones de dólares, algo que de momento no se ha producido, y también mucho tiempo. Inversiones y tiempo son necesarios para que estos proyectos maduren y no es algo que precisamente le sobre al régimen bolivariano, que tiene en la inflación y en el desvío de las ganancias de PDVSA a otras actividades distintas a las reinversiones necesarias dos fuentes de potenciales conflictos.

Por último, hay otro factor que tampoco debería despreciarse. Mientras esté Chávez al frente del gobierno de su país, su presencia es más un obstáculo que un dinamizador de las relaciones bilaterales sino-venezolanas, y no sólo por el exótico toque de retórica tropical del presidente venezolano de reiterar una y otra vez su admiración por Mao Zedong. Sin él, probablemente, el ritmo de los negocios y la presencia china en el país probablemente sería mayor. Lo que hay que tener presente, de forma especial, es el objetivo del gobierno de Beijing de no provocar demasiadas resistencias en EEUU con su desembarco en América Latina, lo que significa que los chinos no quieren ver amenazadas sus posiciones y sus proyectos a largo plazo por apoyar a determinadas opciones políticas muy mal vistas por Washington.

China, España y América Latina

En los últimos años España se ha convertido en el principal actor extrarregional en América Latina, si consideramos a EEUU participando del mismo hemisferio que el resto de la región. Sin embargo, en el caso de que la presencia china siga progresando es posible que esa posición pueda ser claramente amenazada. Por eso habría que preguntarse si China realmente amenaza las posiciones de España y que deberían hacer al respecto las autoridades españolas. De momento, y en líneas generales, las posiciones españolas no se ven comprometidas por el creciente desembarco chino, lo que no excluye que el Ministerio español de Asuntos Exteriores no debe seguir el tema con interés y preocupación, aunque sin alarmismos.

En este sentido, la cuestión energética es de gran interés. Vale la pena recordar que España prácticamente no importa hidrocarburos, ni gas ni petróleo, de América Latina, pero que en la medida que quiera ampliar sus fuentes de aprovisionamiento para reducir las posibilidades de una crisis energética, deberá contar con esa posibilidad. Desde esta perspectiva, las aspiraciones estratégicas españolas por diversificar sus fuentes de aprovisionamiento chocarán con las necesidades chinas, que ya se están planteando la forma de aprovechar el mercado latinoamericano. Por otra parte, la tendencia presente en muchos países de la región de potenciar la presencia de empresas públicas antes que privadas, puede favorecer la presencia de empresas públicas chinas en detrimento de empresas privadas españolas del sector energético, como Repsol-YPF.

El otro aspecto que suele estar presente en la relación, generalmente de la mano de la parte española, es la ya famosa triangulación entre los tres vértices del triángulo implicados. Se trata básicamente de que España se convierta en una suerte de intermediario entre China y América Latina. Como ha señalado Jacinto Soler Matutes, autor del estudio “Triangulación Asia-España-América Latina: una visión desde la empresa”:[24] “España debería reforzar su presencia en mercados naturales como el… de América Latina, para que las empresas asiáticas tengan el incentivo de ganar cuota de mercado pasando por España”. Esto implica que dichas empresas utilicen a España como plataforma, un tema en el que influyen factores logísticos, fiscales y de recursos humanos. Sin embargo, más allá del entusiasmo que la triangulación suele provocar entre los españoles, los chinos y los latinoamericanos la suelen mirar con mayor escepticismo.

Conclusiones

No es infrecuente que las relaciones entre China y América Latina se presenten desde una perspectiva dicotómica, en la senda del yang y el ying. De esta manera se pregunta si éstas son una oportunidad o una amenaza, o si China es para América Latina un ángel o un demonio. De algún modo, estas aproximaciones esconden la existencia de una realidad compleja, variable de un país a otro, y con múltiples aristas novedosas y por descubrir. Si bien ambas partes han obtenido importantes ganancias con el aumento de las relaciones, las expectativas de unos y otros, como señala Jorge Domínguez, son asimétricas. Frente al mayor realismo y pragmatismo chino, las expectativas latinoamericanas, especialmente las de algunos países caracterizados por su menor densidad institucional, como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, se caracterizan por una cierta presencia del pensamiento mágico, otorgándole a la presencia china un componente mesiánico y redentor frente a los que se visualizan como los enemigos tradicionales. Es más, mientras que en China se han desarrollado importantes think-tanks para conocer más sobre América Latina, a la vez que los trabajos académicos dedicados a la región no han dejado de crecer, no se puede decir lo mismo de la otra parte. La principal excepción es México, especialmente el centro de estudios orientales del Colegio de México, aunque no ocurre lo mismo en otros países latinoamericanos, que dejan el futuro más librado a la magia del azar.

Pese a todo ello, una de las conclusiones más importantes de este trabajo es que las relaciones entre China y América Latina no están condicionadas por factores políticos o ideológicos. Es más, estas supuestas afinidades, que a veces no son tales por más que se intente reivindicar a Mao Zedong, pueden ser más un obstáculo que un impulso. El pragmatismo chino tiene muy presente el papel de EEUU en la región y partiendo de la existencia de unas relaciones sino-americanas muy intensas se concluye en que no hay nada en América latina que per se justifique ponerlas en peligro. Sin embargo, el potencial de crecimiento de estas relaciones es enorme y, en la medida que el realismo también se instale en el lado latinoamericano, las ganancias obtenidas seguirán creciendo y beneficiando a todos.

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[1] Este DT es una versión actualizada del artículo “China y América Latina: ¿qué esperan los unos de los otros?”, publicado en Anuario Asia Pacífico 2006, CIDOB, Casa Asia y Real Instituto Elcano, Barcelona, 2007, pp. 103-114. Agradezco a Carlota García Encina su colaboración en la realización de este trabajo.

[2] La primera visita de un jefe de Estado chino a América Latina se produjo en 1990, de la mano de Yang Shankun. En abril de 2001, inmediatamente después del abatimiento de un avión de reconocimiento EP-3 de EEUU en Hainan, el presidente Jiang Zemin inició una gira por América Latina, sorprendiendo a numerosos analistas norteamericanos. La presencia de Jiang en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela y Uruguay, en esos momentos delicados, fue una clara señal de la importancia que la región adquiría a los ojos chinos. Posteriormente, en noviembre de 2004, el presidente Hu Jintao, coincidiendo con la Cumbre de la APEC en Santiago de Chile, visitó cuatro países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Cuba y firmó 39 acuerdos (comercio, inversiones, investigación espacial, turismo y educación). En enero y febrero de 2005 el vicepresidente Zeng Qinghong viajó a México, Perú, Venezuela, Jamaica y Trinidad y Tobago.

[3] Entre los numerosos trabajos al respecto se pueden mencionar los siguientes: Jorge Domínguez, “China’s Relations with Latin America: Shared Gains, Asymmetric Hopes”, Working Paper, Inter-American Dialogue, junio de 2006; Javier Santiso y otros, “Angel or Devil? China’s Trade Impact on Latin American Emerging Markets”, OECD Development Centre Working Paper, nº 252, 2006; Diego Sánchez Ancochea, “El impacto de China en América Latina: ¿oportunidad o amenaza?”, ARI, 21/XI/2006, www.realinstitutoelcano.org; y Sergio Cesarim, “China y el espejo latinoamericano”, Foreign Affairs en Español, vol. 6, nº 1, 2006.

[4] De momento es impensable, por diferentes cuestiones, que China organice una cumbre con todos los países de América Latina similar a la que en noviembre de 2006 organizó en Beijing.

[5] Entre ellas vale la pena mencionar la de Vicente Fox, en junio de 2001; la de Lula da Silva, de Brasil, en mayo de 2004; la de Néstor Kirchner, en junio de 2004; y las cuatro de Hugo Chávez, de Venezuela, la primera en 1999, luego las de 2001, la de diciembre de 2004 y la última en agosto de 2006.

[6] Presentación de Jian Shixue, en el Real Instituto Elcano, 1/III/2007.

[7] Jorge Domínguez, op. cit.

[8] China es el tercer usuario del Canal, detrás de EEUU y Japón y la China Shipping Company es la firma naviera que más embarcaciones despacha por esa ruta. Véase Jorge Domínguez, op. cit.

[9] Presentación de Jian Shixue, en el Real Instituto Elcano, 1/III/2007.

[10] Sergio Cesarin, op. cit.

[11] Cynthia Watson, Comparecencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes de EEUU, 6/IV/2005.

[12] Andrés Oppenheimer, “EEUU y el ‘peligro chino’ en América Latina”, El Nuevo Herald, 9/IV/2006.

[13] Dice Jiang Shixue, “It shows in a certain sense that the development of China-Latin America relations has drawn Washington’s attention”, en “A Positive Outlook”, Beijing Review, nº 49, diciembre de 2006.

[14] Jorge Domínguez, op. cit.

[15] Esto no excluye a que no se invite a militares españoles a participar como profesores en algunos de esos cursos.

[16] Carlos Malamud & Carlota García Encina, ¿Rearme o renovación del equipamiento militar en América Latina?, DT, nº 31/2006, Real Instituto Elcano


[17] En 2005 las exportaciones latinoamericanas fueron de 26,8 billones de dólares frente a unas importaciones que sumaron 23,7 billones, Latin America-Asia Review, mayo de 2006.

[18] Mauricio Naiberger, “China, la revolución empresarial”, Clarín, 21/III/07. El autor es secretario de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

[19] Conjunto de países (Brasil, Rusia, India y China) que se espera sean grandes potencias en el siglo XXI, pese al desigual comportamiento económico, en los últimos años, entre Brasil y China.

[20] Jorge Domínguez, op. cit.

[21] Jorge Domínguez, op. cit.

[22] William Ratliff, “Cuba & China”, Latin Business Chronicle, enero de 2006.

[23] Florencia Jubany & Daniel Poon, “China and Latin America: Historic Oportunity”, Latin Business Chronicle, mayo de 2006.

[24] Publicado por CIDOB y Casa Asia, Barcelona, 2007, www.cidob.org.