LAS FUERZAS ARMADAS COMO PARTIDO POLÍTICO: LA NUEVA “GEOMETRÍA DEL PODER” CHAVISTA

Luis Esteban González Manrique

Según Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual, la reforma constitucional es un “proyecto pretotalitario” que busca controlar la sociedad y blindar el poder personal de Chávez con una estrategia que va buscando un escalón de conflicto administrable políticamente, hasta llegar al más importante de todos: “La transformación de las FAN en un partido político”. Ese proyecto echó a andar desde los primeros momentos. Según un artículo publicado en Tal Cual el 19 de julio de 2001, Chávez dio instrucciones a la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de identificar y clasificar a los oficiales de las FAN en “revolucionarios”, “institucionalistas” y “disidentes” con el fin de poder decidir quién podía ascender y quién debía ser sometido a procesos de “ideologización”.

En septiembre de 2005, Chávez firmó una ley de defensa que convierte la preservación de la República Bolivariana en misión militar y crea una Reserva Militar y una Guardia Territorial que responderán directamente al presidente y eventualmente entrenarán y suministrarán armas a cerca 2,8 millones de venezolanos para operaciones de resistencia ante cualquier agresión interna y/o externa.

En 1995, en una entrevista con el historiador Agustín Blanco Muñoz, Chávez dijo que el ejército, que “se nutre de las barriadas, de los campos, del pueblo en general”, debía sobreponerse a la “alta oficialidad egoísta y corrompida” para forjar una comunidad de intereses clasistas entre el mundo civil y el militar. En 2003 arengó a los militares que desfilaban en Fuerte Guaicaipuro: “Ustedes tendrán que escoger hacia dónde apuntar su fusiles, si al pecho de la oligarquía traidora o al del pueblo de Venezuela”.

Militares, en su mayoría activos, ocupan hoy cargos directivos y de confianza en las empresas estatales, en servicios e institutos autónomos y nacionales, fondos gubernamentales, fundaciones y comisiones especiales. En las elecciones regionales de octubre de 2004, 14 de los 22 candidatos oficialistas designados por Chávez provenían de las filas militares. El teniente coronel Herrera Jiménez, oficial en retiro de la Guardia Nacional, es director nacional de la Federación de Frentes Cívico-Militares Bolivarianos, encargada de “impulsar los conceptos de nación en armas y la unidad cívico-militar en Venezuela y la integración política y militar de América Latina para acelerar el desarrollo económico y social”.

En una entrevista concedida en 2002 a la socióloga chilena Martha Harnecker, Chávez le señaló que sin la participación de los militares en el área social, sus planes políticos no habrían avanzado. “La orden que les di en 1999 fue: Hace 10 años salimos a masacrar al pueblo [en los disturbios del caracazo de 1989, reprimidos por el ejército]. Ahora el enemigo es la muerte, el hambre… Así se cumplió nuestro objetivo: la alianza cívico-militar. El pueblo es al ejército como el agua al pez. Eso es Mao”. Desde 2000, en el marco del llamado Plan Bolívar, un programa social desarrollado por el ejército, los jefes de las guarniciones más importantes del país coordinan una serie de acciones de servicio comunitario. Pueblos y caseríos tradicionalmente desasistidos vieron llegar a soldados para prestarles servicios médicos y de abastecimiento, ayudas que hasta entonces llegaba solo en tiempos electorales.

En Caracas, en el Fuerte Tiuna funcionan oficinas públicas que atienden las demandas de ciudadanos para ser beneficiarios de las llamadas “misiones”, los proyectos de promoción social que permiten al gobierno mantener el apoyo popular a través del aumento del gasto público en sanidad, educación y el establecimiento de una red de mercados populares que funcionan con estructuras paralelas a las estatales dentro de un sistema de filiación partidista.

Dado que en todo el país han proliferado los espacios públicos donde los militares son trabajadores sociales, éstos se han convertido en actores políticos de facto. La influencia castrense es tangible desde la educación, donde se ha reestablecido la educación premilitar en las escuelas públicas y privadas, a las misiones Mercal de agroalimentación, donde dirigen la distribución de alimentos en mercados populares, y las infraestructuras, donde dirigen los organismos encargados de construir carreteras y viviendas populares. Chávez ha obsequiado a los militares todo tipo de prebendas para asegurarse su lealtad: ascensos vertiginosos a generales en jefe (no existían desde 1941), condecoraciones, remuneraciones, protección social, vivienda y otros privilegios. El excedente de altos oficiales, producto de más ascensos que pases al retiro, se ha dirigido a cargos de la burocracia civil y del servicio exterior.

Las compras de armamento y aumentos de sueldo del orden del 30% anual a todos los grados, son parte esencial del plan: según versiones de la prensa venezolana, la “cooperación técnico-militar” con Rusia en los últimos dos años ha involucrado unos 3.000 millones de dólares en compras de medio millar de helicópteros, 24 aviones cazas Sukhoi-30 y 100.000 fusiles AK-103.

El proyecto tiene también una dimensión exterior. En las entrevistas del libro Habla el comandante (1995), Chávez habla de la eventual creación de una Confederación de Estados Latinoamericanos en el que las Fuerzas Armadas regionales se harán cargo del desarrollo económico, social y político, además de sostener las riendas de la defensa y la seguridad del continente.

Todo ese proceso se ha visto acompañado del desmantelamiento de las instituciones diseñadas para controlar y supervisar las actividades militares y que desde los años sesenta habían restringido la implicación de oficiales y soldados en actividades ajenas a la defensa nacional. Las reformas de Chávez han suprimido las limitaciones legales a las actividades políticas de los militares y la intervención parlamentaria en los ascensos.

El modelo de Velasco Alvarado

Desde sus años como joven oficial del ejército, Chávez formó con compañeros de armas varios grupos clandestinos bajo varios nombres simultáneos o sucesivos. En 1983 tomó contacto con el ex guerrillero Douglas Bravo, que tras el fracaso de la lucha armada alentada por Fidel Castro en Venezuela en los años sesenta, llegó a la conclusión de que el triunfo de una revolución socialista no podía contemplarse sin el apoyo de las FAN. Según escriben sus biógrafos venezolanos Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano, esas influencias se remontan a su admiración por el general nacionalista peruano Velasco Alvarado (1968-1975). La influencia velasquista ha sido perdurable en su gobierno. En su actual proyecto de reforma constitucional se consignan cinco tipos diferentes de propiedad: pública, social, colectiva, mixta y privada. Y la privada no será intocable. Chávez dijo que las reformas darán el “golpe de muerte” final al capitalismo. Durante el régimen de Velasco hubo hasta seis formas de propiedad diferentes: cogestión, autogestión, reparto de las ganancias en la industria, participación obrera en la dirección de las empresas estatales y cooperativismo agrario. Las empresas de “propiedad social” pertenecían al conjunto de los trabajadores, pero no les correspondían derechos de propiedad individual o de grupo; es decir, no eran propietarios en concreto sino en abstracto. El Estatuto Revolucionario del velasquismo creó un organismo para nombrar y destituir a los jueces.

De modo similar, en 2004, los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional venezolana aprobaron la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que elevó de 20 a 32 el número de magistrados, lo que Chávez aprovechó para conformar una mayoría de jueces favorable al gobierno. Para que no quedara duda sobre ese nuevo perfil, el magistrado elegido como presidente del Tribunal declaró: “Todo juez que emita juicios en contra de los principios revolucionarios será destituido y anulada su sentencia”.

En el Perú de Velasco, el ejército se transformó en un pilar autónomo del Estado: gracias a su organización vertical, mando centralizado, experiencia organizativa y nacionalismo, se convirtieron en el motor de la revolución. Los civiles podían ser compañeros de viaje, pero siempre que aceptaran su subordinación. Uno de sus colaboradores definió el modelo con precisión: “El verdadero partido político de Velasco era el ejército”.

El pretorianismo venezolano

La historia venezolana era un caldo de cultivo muy propicio para ese esquema: el 67% de los gobiernos venezolanos entre 1830 y 1999 estuvo liderado por personas ligadas al mundo militar, caudillista o pretoriano. Dictadores militares como Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Marcos Pérez Jiménez se encargaron de divulgar su versión autorizada del mito bolivariano, que terminó siendo una ficción al servicio de sus autores. Para López Contreras, por ejemplo, el ejército venezolano era heredero del que fundó la patria, por lo que tenía el derecho de seguir dirigiéndola.

El intento de golpe de 1992 fue una expresión más de un pretorianismo recurrente del siglo XX. Según escribe el sociólogo venezolano Domingo Irwin en El pretorianismo venezolano del siglo XXI, una perspectiva histórica, la cúpula militar actual proviene de la generación de los militares golpistas de 1992. Algunos de ellos fueron obligados a retirarse, pero otros lograron permanecer como oficiales activos. Irwin llama la atención sobre un hecho significativo: hubo oficiales de alto rango que llegaron a conocer los movimientos clandestinos entre sus subordinados; no participaron en ellos, pero tampoco los denunciaron, lo que explicaría la pasividad de los mecanismos de inteligencia militares ante sus actividades.

Irwin no descarta la infiltración de esos servicios, pero tampoco el hecho de que algunos oficiales superiores procuraran utilizar en beneficio propio las acciones conspirativas del MBR-200, el grupo comandado por Chávez. Si fue así, no se equivocaron: el ala extrema del MBR-200 logró ganar sucesivos procesos electorales desde 1998 ante la crisis de los partidos políticos tradicionales y la apatía del 40% de la población que se abstenía sistemáticamente en las elecciones.

Desde el gobierno, los ahora ex militares volvieron a tender puentes con los oficiales que habían permanecido en activo. Al juramentar como nuevo presidente, Chávez obtuvo también el cargo de comandante en jefe de las FAN. Irónicamente, la democracia lo devolvió al ejército su protagonismo. La constitución de 1999 concedió a los militares el derecho al voto (título VII) y eliminó el artículo de la constitución de 1961 que señalaba que el ejército estaba subordinado al poder civil.

La extensión de las funciones reservadas a las FAN en las esferas de política interior y la voluntad del presidente de otorgar responsabilidades a los militares en el ámbito de la administración pública, permitieron a las FAN recuperar el control de facto sobre el Estado.

El golpe frustrado de 2002

El 11 de abril de 2002, cuando los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición dejaron decenas de muertos en las calles de Caracas, parte de la cúpula militar, sin mando de tropas en su mayoría, solicitó la renuncia de Chávez, que fue anunciada por televisión por el inspector en jefe de las FAN, general Lucas Rincón Romero, en la madrugada del 12 de abril.

El rechazo popular a los anuncios del autodesignado gobierno “provisional” del empresario Pedro Carmona, que emitió un decreto que prácticamente disolvió la estructura democrática del Estado, movió a los principales oficiales con mando de tropa a forzar la caída del efímero e ilegal gobierno y reponer en el gobierno a Chávez. Las bases militares de Maracay, donde se concentran las principales fuerzas blindadas, aéreas y aerotransportadas de Venezuela, nunca aceptaron al gobierno de Carmona, que, en lugar de apoyarse en generales del ejército, nombro como ministro de Defensa y jefe de la guardia presidencial a sendos almirantes, ambos sin ninguna autoridad entre el cuerpo de oficiales.

Chávez acusó a los oficiales que apoyaron el golpe de vengarse por haber perdido el manejo de contratos de compras militares y haber sido desplazados en los ascensos. Inicialmente, los fiscales militares ordenaron la detención de 58 oficiales, 24 de ellos generales y almirantes. En el ejército, los detenidos provenían mayoritariamente de las áreas de logística e intendencia, una muestra del éxito que había tenido Chávez en la remoción de oficiales desafectos de puestos con comando de tropas. Todos esos cargos han sido ocupados desde entonces por oficiales más jóvenes y fiables, muchos de ellos compañeros de promoción de Chávez en la Academia Militar.

La siguiente prueba vendría con la huelga general convocada por la oposición en diciembre de 2002 y que se prolongó hasta febrero de 2003. Según testimonios recogidos por Irwin, el alto mando militar consideró tres opciones ante la huelga: mantenerse neutral, tomar el poder o apoyar incondicionalmente al gobierno ayudándole a recuperar el control de la industria petrolera. La tercera fue la que prevaleció. Durante la huelga, unidades de la policía militar y de la Guardia Nacional fueron repetidamente utilizadas para enfrentarse a los manifestantes y el DIM jugó un papel crucial en la vigilancia de los líderes opositores. Efectivos militares ocuparon los cuarteles de la policía metropolitana de Caracas, las instalaciones petroleras y ayudaron a romper la huelga de los trabajadores de la petrolera estatal PDVSA.

Cuando los buques tanque de la marina mercante rehusaron seguir operando, fueron abordados por comandos de la Marina y el gobierno ordenó el uso de barcos de la Armada para transportar suministros de países vecinos. Así como el golpe de abril permitió a Chávez purgar a los mandos militares, el fracaso de la huelga general le dio el pleno control de PDVSA, centro neurálgico del poder económico del país. Tras la huelga, Chávez volvió a nombrar a militares como ministros de Defensa.

En enero de 2005, el general Melvin López Hidalgo, secretario del Consejo de Defensa Nacional, que asesora directamente al presidente, declaró a la periodista Daniela Esponja que las FAN estaban preparándose para los “conflictos de la posmodernidad o guerras de cuarta generación y conflictos asimétricos”. En septiembre de ese mismo año, se publicó en periódicos de circulación nacional e Internet un manifiesto titulado Pensamiento Militar Venezolano 2005 en el que un grupo de generales del ejército y la Guardia Nacional afirmaban que los militares venezolanos estaban desarrollando una “revolución antagónica con la estrategia mundial del imperio anglosajón americano”, por lo que era necesario implementar una estrategia defensiva que incluyera la participación de los reservistas y las guardias territoriales, que hoy suman alrededor de 300.000 miembros, tres veces más que los oficiales y tropas de las FAN. La segunda idea fundamental reforzaba la primera: la necesidad de un fuerte liderazgo político cívico-militar.

Según el diario El Nacional, el 60% de los reservistas estaban desempleados en 2005. El general Julio Quintero Vitoria, antiguo responsable del Comando Unificado de las FAN, fue nombrado comandante general de la reserva militar y de la movilización nacional, órganos que depende directamente del presidente y que deben poder movilizar unos dos millones de hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años (ley orgánica de las FAN), es decir, 20 veces los efectivos de las FAN.

Conclusiones

Frederique Langue, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, sostiene en El retorno del pretorianismo venezolano que los planes de Chávez buscan formar un “ejército revolucionario bolivariano”, lo que conduciría a la desaparición del ejército bajo su forma actual, siguiendo con ello el modelo cubano, bajo la consigna “defensa nacional popular integral”.

En América Latina, solo México, Cuba y Nicaragua, como producto de revoluciones que fueron en realidad guerras civiles, abolieron el cuerpo castrense del antiguo régimen para reemplazarlo por un nuevo ejército surgido de las milicias revolucionarias y cuya única lealtad era hacia la nueva clase gobernante. Pero esos tres países –y sus revoluciones– eran casos excepcionales en la historia de la región: en ellos las intervenciones e injerencias políticas de EEUU significaron una humillación nacional que deslegitimó a las antiguas instituciones castrenses.

Es difícil que Chávez pueda conseguir lo mismo en Venezuela. El caso peruano en los años setenta puede dar una pauta sobre lo que puede sucederle al chavismo si no aprende las lecciones del velasquismo. Cuando el modelo económico del régimen entró en crisis, el predominio político del estamento militar en la sociedad civil comenzó a pasar una costosa factura política.

El surgimiento de una oposición civil cada vez más organizada, aceleró la emergencia de disidencias larvadas en el seno de las Fuerzas Armadas. Los altos mandos militares consideraron mayoritariamente que la excesiva politización de sus oficiales estaba poniendo en peligro su unidad corporativa. El rápido e incruento modo mediante el cual fue depuesto Velasco por su primer ministro, el general Morales Bermúdez, el 29 de agosto de 1975, demostró la fragilidad de las entusiastas adhesiones “hasta la muerte” que al general le gustaba escuchar en los mítines populistas. Tras el golpe, que argumentó la necesidad de eliminar “personalismos y desviaciones”, Velasco salió por la puerta trasera del palacio de gobierno, frente a la estación de Desamparados, apenas acompañado.

Algo similar puedes estar pasando en las FAN. Un ejemplo de esas tensiones se pudo apreciar en el caso de la sustitución del comandante en jefe de la Armada en noviembre de 2006, cuando el vicealmirante Armando Laguna se negó a reconocer inicialmente su destitución en el cargo y su reemplazo por el vicealmirante Remigio Calvo Díaz. El cardenal Rosalío Castillo Lara, ex presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, ha criticado cáusticamente a los militares de su país: “Unos vendidos y otros acobardados, han perdido el espíritu apolítico y defensor de la nación. Chávez quiere destruir a las FAN y ya casi la ha destruido con la corrupción”.

Según William Izarra, “director ideológico” del Comando Maisanta (organizador de la movilización política chavista), la fase de transición aun no ha terminado: la etapa de “definición revolucionaria” comenzará a partir de diciembre, con el apoyo popular al proyecto de reelección indefinida. Ese será el momento en el que se pondrá a prueba nuevamente la unidad militar en torno a Chávez.

HUGO CHÁVEZ Y EL FUTURO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO (I): EL RESURGIMIENTO DEL NACIONALISMO ENERGÉTICO

Paul Isbell

Chávez y su petróleo

Aunque la tendencia casi universal es demonizar a Hugo Chávez, algunos (y no solamente dentro de la izquierda) pueden pensar –como Lula– que, a pesar de todo, el ímpetu de Chávez es mejor que cualquier otro que ha gobernado a la castigada Venezuela en por lo menos una generación –si no más–.

Al menos una cosa está clara: antes de Chávez, ningún líder venezolano ha sido capaz de mejorar el nivel medio de vida de los venezolanos desde el primer gran boom petrolífero. Aunque es verdad que hoy el PIB per cápita (medido en términos reales) sigue en el mismo nivel de 1998, cuando Chávez asumió la presidencia, también es verdad que la renta per cápita había permanecido por debajo de sus niveles máximos de los años 70 durante las décadas de los 80 y los 90. De todas formas, después de sufrir una caída notable a raíz de la huelga petrolera de 2002-2003, el PIB per cápita en términos reales ha vuelto a sus niveles anteriores. Lo que es más, desde la elección inicial de Chávez, el nivel de renta de los más pobres ha aumentado un 43%, mientras que el segmento intermedio del país ha experimentado un incremento medio en sus ingresos de casi el 20%.

Este fenómeno se debe no sólo a la evolución del precio del petróleo sino también a la nueva política de Chávez que, a diferencia de sus predecesores, ha utilizado gran parte de los ingresos del petróleo para financiar programas sociales (a través de las llamadas “misiones”). No obstante, la incógnita sigue siendo, primero, si estos ingresos van a sostenerse en el futuro y, segundo (incluso más importante), si los petrodólares pueden tener –por la peculiar manera de Chávez de gastar, gobernar y conducir la política exterior– un impacto positivo y duradero en la vida de los millones de venezolanos atrapados en la pobreza.

Durante el primer mandato de Chávez (1998-2006) los precios del petróleo subieron de un mínimo de cerca de 10 dólares por barril a sus máximos históricos de más de 78 dólares. Al ser el petróleo venezolano una variedad bastante pesada y con un alto contenido de azufre, generalmente se vende con un descuento de varios dólares sobre los crudos de referencia (WTI y Brent). En 1998, cuando el WTI y el Brent se cotizaban entre 10 y 12 dólares por barril, el crudo venezolano costaba 7,20 dólares. De todas formas, el petróleo venezolano ha seguido a los crudos de referencia en sus recientes sendas alcistas. En 2005, cuando Chávez consolidó su poder sobre todas las instituciones públicas, el precio del crudo venezolano superó los 50 dólares y en 2006 llegó durante algunos meses a casi 70 dólares.

Esta evolución en el precio del petróleo explica mucho, si no todo, el éxito político de Chávez y su capacidad de mantenerse en el poder con el apoyo electoral de la mayoría. También ha sido responsable del reciente aumento –permanente o no– de las rentas de los más pobres, y de las altas tasas de crecimiento del PIB en los últimos años. Después de una fuerte recesión en 2002/2003, provocada por el colapso de la producción del petróleo a raíz de la huelga, la economía registró un crecimiento del 18% en 2004 y de más del 9% en 2005 (con un 7,5% estimado para 2006), empujado por el auge del precio del petróleo y sostenido por el aumento del gasto público (que ahora está llegando a casi el 30% del PIB, comparada con un promedio de más o menos el 20% durante la apertura de los 90). De todas formas, hay muchas dudas –no sólo entre críticos y enemigos ideológicos– sobre la eficiencia y eficacia del gasto social que Chávez está emprendiendo, particularmente su capacidad de crear un desarrollo sostenible que pueda eliminar progresivamente la pobreza. También hay escepticismo, incluso entre socialistas y socialdemócratas, respecto a su nacionalismo energético, especialmente después de los rebrotes más recientes desde la reelección de Chávez en diciembre de 2006.

Existe la posibilidad –algo que los simpatizantes de Chávez deben tomar en serio– de que sus políticas, aunque acompañadas de una retórica –incluso de una autenticidad– muy diferente a la de los otros líderes anteriores, sólo consigan perpetuar la tradición venezolana de despilfarro, corrupción y degradación, con la única distinción de canalizar más petrodólares hacia los menos favorecidos, pero sin la menor garantía de generar un legado duradero. Muchos críticos de Chávez repiten una opinión que a estas alturas ha llegado a ser un cliché: Chávez sólo puede sobrevivir políticamente si los precios del petróleo siguen subiendo, o por lo menos si se mantienen altos. De todas formas, una mayor reducción de la pobreza –un requisito político para Chávez, por lo menos en el largo plazo– dependerá no sólo de los precios del petróleo sino también del mantenimiento de los niveles actuales de producción del petróleo, lo que ahora está en peligro por la falta de inversión durante los últimos años y el caos que está minando el potencial del sector petrolífero venezolano.

Por otro lado, los críticos también subrayan las implicaciones para la seguridad energética de EEUU por su dependencia del petróleo venezolano, o los riesgos geopolíticos para Occidente de la política exterior de Chávez, en particular sus planes de desviar las exportaciones de petróleo hacia China, para castigar a EEUU y establecer vínculos estratégicos más fuertes entre Asia y América Latina. Pero el verdadero riesgo estratégico que representa Chávez para el mundo tiene que ver menos con los aspectos más mediáticos y superficiales de su política exterior y mucho más con las implicaciones técnicas y empresariales para el sector petrolífero venezolano de su agresivo nacionalismo energético. El peligro no es que Chávez corte el flujo de petróleo hacia EEUU; el verdadero problema para el mundo (que necesita un aumento de casi el 50% en la producción mundial de petróleo de aquí a 2030) es que el intervensionismo de Chávez –desviando cada vez más los ingresos, tanto privados como públicos, del sector energético hacia sus propios fines– acabe minando la inversión en el petróleo y amenazando sus futuros niveles de producción.

Finalmente, hay por lo menos un aspecto retórico que Chávez sí tiene en común con casi todos los presidentes anteriores desde hace casi un siglo. Él también habla de “sembrar el petróleo”, aunque sigue abierto al debate lo que realmente está sembrando. Con sus ambiciones internacionales y sus batallas geopolíticas, Chávez se arriesga a desatender muchas exigencias nacionales de infraestructuras físicas y del sistema sanitario, sin mencionar el auge del crimen y la corrupción, y la creciente sensación de que la macroeconomía está cada vez más fuera de control (la inflación sigue acercándose al 20% anual y el bolivar sigue mostrando señales de debilidad, a pesar de los ingentes ingresos petroleros). Esta sensación de caos amenaza la industria petrolífera, de momento el único soporte para el sistema político y la única esperanza para frenar el aumento de la pobreza.

El ciclo del “boom” y de la “debacle”: ¿otra vez?

Chávez presenta a Venezuela como uno de los “petro-Estados” más poderosos del planeta. Con sus 80.000 millones de barriles de petróleo convencional (aunque de una variedad relativamente pesada, con un API de entre 15º y 30º), tiene casi el 7% de las reservas convencionales del mundo (la sexta reserva más grande) y una ratio de reservas a producción anual (ratio R/P) de 72,6 años (la tercera mayor del mundo). Además, Venezuela tiene uno de los tesoros más grandes (junto con Canadá) de los llamados “petróleos no-convencionales”. En el subsuelo de la Faja del Orinoco hay otros 270.000 millones de barriles de crudo ultra-pesado (con un API entre 8º y 10º). Con las circunstancias apropiadas (precios suficientemente altos –por los menos por encima de los 40 dólares/bbl– y un nivel de inversiones también significativo), estos crudos ultra-pesados podrían ser explotados, convirtiendo a Venezuela en el poder petrolífero más importante del mundo. El Gobierno de Chávez está en la labor de verificar que gran parte de los ultra-pesados se pueden contabilizar ya dentro de las reservas oficiales. Ha anunciado que, en noviembre de 2007, las reservas probadas de Venezuela se habrán duplicado hasta los 171.000 millones de barriles (las segundas mayores del mundo, detrás de Arabia Saudí, o las terceras si se contabilizan los petróleos no-convencionales de Canadá), y en octubre de 2008 se habrán triplicado a 316.000 millones, convirtiendo sus reservas probadas en las mayores del mundo. (Canadá ha hecho algo similar, anunciando un aumento en sus reservas oficiales, desde menos de 5.000 millones de barriles hasta 180.000 millones, por la inclusión de las “arenas asfálticas” de Alberta).

Aunque Venezuela puede tener grandes (incluso ingentes) reservas, esto no se traduce necesariamente en altos niveles de producción. Actualmente, el país está produciendo entre 2,5 millones y 3 millones de barriles diarios (mbd). El Gobierno venezolano mantiene que el nivel de producción se ha recuperado desde la huelga de 2002-03 hasta situarse en más de 3mbd. Otras fuentes independientes (como el CGES de Londres o la Agencia Internacional de la Energía en París) estiman un nivel actual de producción de no más de 2,5mbd, unos 700.000 barriles diarios por debajo de la cuota oficial de Venezuela (3,23mbd) dentro de la OPEP.

La producción y las exportaciones venezolanas

El hecho de que Venezuela pueda estar produciendo significativamente por debajo de su cuota durante una época de precios altos es preocupante, pues sugiere que por un motivo u otro la industria petrolífera, liderada por PdVSA, no está en condiciones de aumentar su producción. Muchos observadores afirman que la producción está en declive, o al menos estancada por motivos técnicos, con sólo mínimos aumentos factibles (entre 200.000 y 300.000 bd) en los próximos años –y sólo bajo condiciones óptimas–. De momento, esta dificultad no se ha puesto claramente de manifiesto, ya que los ingresos por la exportación de petróleo están incrementándose ante el alza de precios, y pese a estas restricciones en la oferta del crudo venezolano. Aunque los ingresos petrolíferos descendieron de 23.500 millones de dólares en 2000 a menos de 19.000 millones durante los años de las huelgas (2002 y 2003), aumentaron fuertemente de nuevo a 26.600 millones de dólares en 2004 y a 38.400 millones en 2005, con más de 45.000 millones estimados para 2006. Si el precio del WTI y del Brent llegara a los 75 dólares/bbl como promedio anual, los ingresos petrolíferos del Estado venezolano podrían ascender a más de 50.000 millones de dólares.

Aunque es difícil saber con exactitud el nivel de las exportaciones (dada la falta de transparencia en los datos oficiales), se estima que se está exportando entre 2 y 2,5mbd (una producción de entre 2,5 y 3mbd, con un consumo interno de 0,5mbd), haciendo de Venezuela el octavo exportador nacional de petróleo del mundo y el primero en el hemisferio occidental. Estas exportaciones llegaron a representar más del 60% del total de sus exportaciones entre 1993 y 2003, pero hoy equivalen a casi el 85% del total, casi un tercio del PIB venezolano y más de la mitad de todos los ingresos estatales –un nivel muy alto de dependencia del petróleo para una economía nacional–. El Gobierno de Chávez está bien financiado de momento, pero si los precios siguen bajando (de 72 dólares por barril del crudo venezolano en el verano de 2006 a más o menos 50 dólares a principios de 2007), o si la producción nacional empieza a descender por falta de mantenimiento técnico o nuevas inversiones –o las dos cosas–, la presión sobre el sector petrolero, la economía y el Gobierno será notable, si no brutal.

Las épocas pasadas: los dos primeros ciclos

¿Cómo ha llegado Venezuela a esta encrucijada, con un nivel de ingresos petrolíferos históricamente alto pero con una situación de vulnerabilidad respecto al mantenimiento de estos mismos ingresos a medio y largo plazo? En primer lugar, hay que recordar que Venezuela no siempre ha estado en esta situación de precariedad petrolera. Durante los años 60, aunque los precios del petróleo eran relativamente bajos (menos de 2 dólares por barril, o menos de 12 dólares en términos reales de moneda actual), la industria petrolera estaba en pleno auge. El país fue uno de los fundadores de la OPEP y durante la segunda mitad de la década de los 60 fue el mayor exportador de petróleo del mundo. De 1965 a 1974 produjo un promedio anual de 3,5mbd, y su producción en 1970 llegó a ser casi de 4mbd. Aunque el Estado venezolano ya había entrado en la industria, el sector contaba con la presencia de las grandes empresas internacionales (los llamados oil majors) con condiciones relativamente atractivas. El resultado fue un nivel de inversiones en alza y una producción creciente.

Pero con el primer choque del precio del petróleo en 1973-1974 y la politización del mercado petrolífero, con la intrusión del Estado en el sector energético en los países productores (PdVSA se nacionalizó en 1976) y la necesidad de recortar la producción para afrontar la recesión mundial, y con el declive de la demanda global y el aumento de la producción de los países no-OPEP, los niveles de producción venezolanos entraron en una senda bajista durante unos diez años, para tocar fondo a mediados de los 80 a un nivel (1,8mbd) por debajo de la mitad de su pico en 1970. En 1986, la unidad de la OPEP se quebró y el precio del petróleo experimentó su primera caída fuerte (de casi 30 dólares por barril a menos de 15), mientras que el PIB per cápita venezolano en términos reales llegó a uno de sus niveles más bajos en una generación (solo superado por el bache de 2002-2003, los años de la gran huelga petrolífera). Los ingresos petrolíferos estatales en aquel entonces no hubieran alcanzado mucho más de 3.000 millones de dólares, menos del 10% de los actuales (en términos nominales y menos del 30% en términos reales).

Con el colapso de la estrategia de la OPEP para mantener los precios a través de limitaciones en la producción, Venezuela empezó a aumentar su producción, aprovechando la recuperación de la demanda mundial e intentando optimizar sus ingresos petrolíferos. La producción se incrementó paulatinamente, pero a mediados de los 90 Venezuela todavía no producía más de 3mbd. En consonancia con el espíritu privatizador de los años 90 en América Latina, el sector venezolano experimentó un renacimiento, implementando una estrategia parcialmente liberalizadora para aumentar su capacidad de producción en los 10 años siguientes. La “apertura petrolera” implicaba una apertura parcial de la industria de hidrocarburos venezolana a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, con el objetivo de atraer la inversión necesaria para aumentar la producción nacional en 2005 a 5mbd y eventualmente a 6mbd.

La “apertura” tenía tres políticas esenciales para mejorar la capacidad de producción y compensar las debilidades financieras y tecnológicas de PdVSA. La primera fue la reactivación de los esfuerzos por aumentar la recuperación del petróleo en los pozos marginales de un 20% a un 40%, aplicando técnicas avanzadas y una mejor gestión. La segunda vertiente fue el desarrollo de los petróleos ultra-pesados de la Faja del Orinoco, legalizando la formación de asociaciones estratégicas entre PdVSA y empresas extranjeras para su explotación. El último componente de la “apertura venezolana” fue el aumento de la exploración privada, que empezó en 1996 con la subasta de licencias para la exploración a 75 empresas de 17 países distintos. También se crearon 32 acuerdos de prestación de servicios (operative service agreements o OSA) por las cuales 22 petroleras extranjeras produjeron petróleo para Venezuela, vendiéndolo a PdVSA a precios de mercado. Con estos cambios en la política energética venezolana, PdVSA había evitado el destino de PEMEX, y llegó a ser un modelo de eficiencia y competencia para todas las empresas petroleras estatales del mundo. Venezuela estaba en camino de conseguir sus objetivos de producción. En 1998 la producción venezolana llegó a los 3,5mbd y parecía a punto de rebasar el máximo de 1970.

El resurgente nacionalismo energético de Chávez

Esta impecable reputación se desvaneció con la elección de Chávez en 1998 y el cambio radical en la filosofía y comportamiento de PdVSA. La petrolera estatal se ha “renacionalizado”, introduciéndose criterios políticos en la gestión, incluyendo la implantación de comisarios políticos en la empresa. Destaca el hecho de que PdVSA haya tenido seis presidentes desde que Chávez tomó las riendas del poder, y en 2004 nombró presidente de la petrolera estatal a Rafael Rodríguez, su ministro de Energía. También ha habido cambios legislativos que han perjudicado al sector y al volumen de producción. El primero fue la introducción de la Ley de Hidrocarburos de 2001, que entró en vigor a principios de 2002 y que superó tanto a la anterior Ley de Hidrocarburos de 1943 como a la Ley de Nacionalización del sector de 1976. Esta nueva legislación imponía que todas las futuras actividades en el sector del petróleo (salvo los proyectos de los super-pesados de la Faja del Orinoco) tendrían que desarrollarse por empresas mixtas (o joint ventures) en las que el Estado tuviera una participación de más del 50% y todos los inversores privados fueran socios minoritarios (eliminando también los OSA, mencionados arriba, para cualquier nueva actividad). Prácticamente se duplicaron las regalías del Estado sobre la producción petrolífera, desde el máximo anterior del 16,6% hasta el 30%. Más tarde, en 2006, un nuevo cambio a la Ley de Hidrocarburos aumentaría los impuestos y regalías incluso más, y obligaría a que PdVSA tuviese una posición mayoritaria en todas las actividades del sector, incluyendo los proyectos para el desarrollo de los petróleos super-pesados (véase la segunda parte de este análisis).

Debido a la politización del petróleo por Chávez, por primera vez en décadas había suficiente dinero disponible para intentar mitigar los problemas sociales. Sin embardo, estas alteraciones negativas en el sentido empresarial, tanto en la gestión de PdVSA como en el ambiente inversor venezolano, tuvieron un impacto depresivo sobre la capacidad productiva a medio plazo. La producción petrolífera cayó en casi 400.000bd en sólo un año, de casi 3,5mbd en 1998 a poco más de 3,1mbd en 1999. Aunque gran parte de esta caída se debió a un nuevo intento de la OPEP de subir el precio con recortes en la producción, el número de perforaciones exploratorias disminuyó después de 1998. Si entre 1996 y 1998 había 109 rigs perforando, su número cayó a 50 en 1999 y, después de una leve y fugaz recuperación a 70 en 2001, se situaba en sólo 35 justo antes de la huelga general. También cayeron las inversiones, tanto privadas como estatales, y nunca se cumplieron los objetivos previstos para PdVSA y el sector. Esta deriva sugirió, por un lado, que las empresas privadas internacionales (las llamadas IOC) ya no estaban tan dispuestas a invertir en exploración y producción en un sector cada vez más nacionalizado e intervenido y, por otro, que la propia PdVSA, aunque más poderosa en el contexto local, por lo menos sobre el papel, era cada vez más disfuncional e incapaz de mantener sus niveles de producción a medio plazo.

La gran huelga petrolera

Como si la situación de la capacidad productiva no fuera lo suficientemente grave, el intento de Chávez de imponer su control sobre la empresa estatal significó un punto de inflexión. El despido de siete altos ejecutivos y la prejubilación de otros 12 provocaron una primera huelga en abril de 2002. Chávez respondió calificando este comportamiento como “sabotaje” rayando con el “terrorismo”. La violencia que engendró la huelga, 17 manifestantes muertos y más de 100 heridos, fue uno de los factores que condujeron al breve golpe de Estado el mismo mes. Después, una vez devuelto al poder, los nombramientos políticos de Chávez para reemplazar a los ejecutivos despedidos y jubilados provocaron la resistencia dentro de la empresa y una protesta que llevaron a una segunda –e incluso más grave– huelga en diciembre de 2002 y enero de 2003.

Esta segunda huelga trajo consigo un parón en la producción, el transporte y el refino del petróleo. El suministro de gas también se cortó y, con eso, la producción de los ultra-pesados. A mediados de diciembre, un nuevo equipo de gestión se instaló en PdVSA. Se declaró el estado de emergencia en el país y el ejército ocupó las instalaciones petroleras. Pese a estos esfuerzos del Gobierno, el nivel de producción durante enero y febrero de 2003 fue de apenas 500.000bd, casi 2,5mbd por debajo de su nivel anterior. Antes de abril, Chávez había despedido a 18.000 empleados de PdVSA, más de la mitad del total, y dividido la empresa en dos unidades geográficas (este y oeste del país). La segunda huelga fue un acontecimiento clave en el desarrollo del sector. Ante el despido de gran parte de su plantilla de geólogos, geofísicos e ingenieros y el desmantelamiento de sus centros de formación e investigación, PdVSA perdió el grueso de su capital humano especializado.

Chávez prohibió a las otras petroleras en Venezuela que contrataran a los ex técnicos de PdVSA, creando así una diáspora de técnicos petrolíferos en casi todo el mundo. Esto obligó al Gobierno a reemplazar esta capacidad técnica y de conocimiento especializado en petróleos pesados y ultra-pesados con técnicos de otras empresas estatales de países con los que Chávez busca algún tipo de asociación estratégica (Petrosaur de Irán, ONOC de la India, Gazprom de Rusia, CNPC de China y Enarsa de Argentina), aunque ninguna de ellas tiene una experiencia significativa en la producción de petróleos ultra-pesados.

Otro resultado de la gran purga de talento en PdVSA ha sido el aumento de los incendios y accidentes en las refinerías y otros complejos de PdVSA (casi 20 sólo este año). Por ejemplo, la refinería más grande del continente, Paraguaná, ha tenido que parar sus operaciones por seis meses debido a un incendio el pasado mes de julio, obligando a Venezuela, el gran poder energético de la zona, a importar gasolina como resultado.

Conclusión

A estas alturas, el Gobierno de Hugo Chávez ha conseguido imponer su control sobre el sector petrolero venezolano y ha sobrevivido las crisis de 2002 y 2003. Ha aprovechado un aumento fuerte en los precios internacionales del petróleo para experimentar niveles de ingresos sin precedentes en la historia de Venezuela. De todas formas, la manera en que Chávez está gastando estos ingresos, su forma de gestionar el sector energético y su peculiar estilo de hacer política exterior están amenazando al propio sector energético venezolano. La segunda parte de este análisis se centrará en esta posible amenaza y sus implicaciones.

HUGO CHÁVEZ Y EL FUTURO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO (II): EL PILLAJE DE PDVSA Y LA AMENAZA A SU NIVEL DE PRODUCCIÓN

Paul Isbell

La nueva amenaza: caída de la inversión y de los niveles de producción

El Gobierno de Chávez mantiene que Venezuela ha recuperado los niveles máximos de producción previos a la huelga (de 2002-2003), en torno a 3mbd, pero otras estimaciones independientes sitúan el nivel actual más bien en 2,5mbd. La Agencia Internacional para la Energía (AIE) estima que la producción venezolana cayó un 27%, desde un reciente nivel máximo de 3,3mbd en 1997 a 2,4mbd en julio de 2006, mientras que el Centre for Global Energy Studies (CGES) de Londres estimaba la producción venezolana en agosto de este año en alrededor de 2,5mbd. Otras estimaciones independientes hacen hincapié en el hecho de que la producción de PdVSA (estimada ahora en 1,5mbd) sigue cayendo, pero con una producción por parte de las empresas internacionales (actualmente de 1,1mbd aproximadamente) que ha aumentado ligeramente para compensar las pérdidas de PdVSA. La gran incógnita es si las empresas privadas seguirán invirtiendo en nueva producción en un ambiente empresarial caracterizado cada vez más por su relativa inseguridad jurídica.

La pérdida de gran parte de la capacidad técnica de PdVSA, debido a la huelga y a la respuesta gubernamental, ha resultado en el abandono de muchos pozos marginales y la interrupción del esfuerzo, anteriormente mencionado como parte esencial de la “apertura petrolera”, de aumentar el grado de recuperación de los pozos, muchos de los cuales han sido dañados por la extrema rapidez con que PdVSA intentó aumentar la producción después de la gran huelga sin haber hecho anteriormente la inversión suficiente. Una gran cantidad de los pozos de Venezuela están ya en fase de madurez y necesitan un considerable esfuerzo de mantenimiento (la mayoría registra una ratio de declive del 25% anual). Los que están en la parte occidental del país, que ya llevan ocho décadas de producción, están en declive: más del 90% requieren inyecciones de gas o agua para mantener la presión necesaria para la producción. En la actualidad hay 21.000 pozos de PdVSA cerrados por falta de mantenimiento y reparaciones, mientras que sólo 14.000 continúan en producción. Esta situación de falta de capacidad técnica, junto con un insuficiente nivel de inversión por parte de PdVSA, puede haber resultado en una pérdida permanente de 400.000bd de capacidad productiva y fácilmente podría explicar la discrepancia de más o menos 0,5mbd entre las cifras oficiales del Gobierno venezolano respecto a la producción y las diferentes estimaciones independientes. A estas alturas, PdVSA se enfrenta a un dilema entre costes crecientes por la madurez de sus activos y la necesidad de invertir mucho más que en el pasado para aumentar los ratios de recuperación, y esto en una época en que el Estado está exigiendo una proporción cada vez mayor de sus ingresos.

Incluso los modestos niveles actuales de producción están en peligro a causa de la politización de PdVSA y su uso casi exclusivo como fuente de financiación de todas las políticas de Chávez, tanto domésticas como internacionales. Sin nuevos aumentos en el nivel de inversión, la producción caerá un 20% cada año. Para mantener los niveles actuales, hacen falta por lo menos 2.000 millones de dólares anuales en nuevas inversiones, hechas de forma eficiente y eficaz (algunos estimaciones apuntan a que deberían ser de más de 3.000 millones de dólares). Para aumentar su nivel de producción, Venezuela tendría que gastar 4.000 millones de dólares anuales en nuevas inversiones. Aunque PdVSA ha anunciado su intención de invertir unos 26.000 millones de dólares en exploración y desarrollo entre 2004 y 2008, por sí sola la empresa estatal no está consiguiendo sus objetivos de inversión, debido principalmente a la presión sobre sus ingresos ejercida por el Gobierno para financiar sus crecientes gastos sociales. Algunas fuentes independientes indican que en la actualidad PdVSA inyecta más dinero en gastos sociales que en sus propias inversiones.

No obstante, la dirección actual de PdVSA ya tiene su propio “Plan Siembra Petrolera”, una rearticulación de la anterior “apertura petrolera” (pero basada en principios distintos) que tiene como objetivo aumentar la producción a 5,8mbd en 2012 sobre la base de nuevas inversiones que ascenderán a 56.000 millones de dólares (o casi 6.000 millones de dólares anuales hasta 2012). Esta cantidad, de todas formas, es bastante menor que la que fue necesaria para conseguir un aumento menos significativo en la capacidad de producción durante los años 90, cuando las condiciones para los intereses privados eran mucho mejores que ahora. Pero lo más dudoso de estas metas es el hecho de que se prevé que más del 30% de las nuevas inversiones provengan de las empresas privadas internacionales que aun operan en Venezuela. Estas expectativas del Gobierno son cuando menos cuestionables, ya que la percepción de seguridad jurídica sigue en deterioro.

Estas mismas empresas privadas –que desde la “apertura” han invertido aproximadamente 26.000 millones de dólares– han paralizado casi por completo sus nuevos planes de inversión tras los recientes cambios a la Ley de Hidrocarburos, anunciados por Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo (y máximo responsable de PdVSA), en marzo de 2006. Estas modificaciones legislativas han forzado a dichas empresas a aceptar la revocación de sus contratos anteriores para participar en empresas mixtas como socios minoritarios de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), una filial de PdVSA, en todas las actividades del petróleo convencional. En la mayoría de los casos, la empresa estatal tendrá una participación del 60% y las compañías extranjeras no pueden contabilizar las reservas de estas empresas mixtas. Con la victoria electoral de Chávez en diciembre de 2006, el presidente anunció, por un lado, la nacionalización del sector del gas y, por otro, que el Estado también exigirá participaciones mayoritarias en las asociaciones estratégicas que explotan los petróleos super-pesados de la Faja del Orinoco. Lo que es más, un nuevo aumento en los impuestos sobre la producción de los hidrocarburos (hasta el 50%) y en las regalías del Estado (hasta el 33%) han empeorado incluso más el ambiente inversor. Al fin y al cabo, a partir de ahora el Gobierno venezolano tomará las decisiones clave del sector en su conjunto respecto a los niveles de producción, planes de operación y presupuestos anuales.

Debido al alto precio del petróleo y al hecho de que Venezuela por lo menos les ofrece la posibilidad real –aunque cada vez menos atractiva– de participar en uno de los pocos sectores nacionales que sigue teniendo grandes reservas, las 22 empresas extranjeras que trabajan en el sector venezolano tienen aun incentivos suficientes para quedarse a pesar del reciente deterioro del marco legal. Prueba de esto es que sólo ExxonMobil haya decidido abandonar el escenario. Pero de ahí a esperar que el sector privado vaya a seguir invirtiendo al mismo ritmo que durante los últimos 10 años es muy dudoso. Lo más probable es que si no todo, por lo menos gran parte del esfuerzo inversor necesario para simplemente mantener la producción actual –sin mencionar la posibilidad de incrementos significativos– vaya a caer sobre los hombros de PdVSA, la misma empresa estatal que hace poco perdió casi todos sus recursos humanos técnicos y que –más que una empresa petrolera– es un rehén financiero para los objetivos políticos de Hugo Chávez. En este contexto, esperar 4.000 millones de dólares anuales en nuevas inversiones para aumentar el nivel de producción venezolano es excesivamente optimista; ni siquiera parecen garantizados los 2.000 millones de dólares anuales necesarios para mantener los niveles actuales.

Esta situación, con un sector petrolero venezolano más bien precario y muy vulnerable a cualquier otro cambio negativo en el marco legal, es lo que ofrece el escenario actual, con precios de los crudos de referencia (WTI y Brent) justo por debajo de 60 dólares por barril. Si los precios siguen bajando, como prevén varios analistas, y si la OPEP es incapaz de diseñar y efectuar un plan de recortes nuevo y creíble y de distribuir eficazmente las nuevas cuotas, es muy posible que la producción venezolana caiga por debajo de los 2mbd.

Los juegos geopolíticos de Chávez

Mientras la industria venezolana está en peligro de declive, y su infraestructura física y humana al borde del colapso, Chávez propone grandes inversiones en proyectos internacionales, frecuentemente a través de subsidios venezolanos a otros países (como las ventas subvencionadas de petróleo a Cuba –casi 100.000 barriles diarios– y Jamaica –más de 20.000bd– y otros países caribeños –a través de los Acuerdos San José y Petrocaribe, con otros 72.000 bd– y de gasolina a consumidores en ciertos estados de EEUU). Pero más allá de estos proyectos de colaboración y de subvención, uno de las “petro-políticas” más mediáticas que Chávez está persiguiendo es el proyecto de desviar la mayor parte de sus exportaciones de petróleo –que actualmente van al mercado estadounidense– a China.

China frente a EEUU

Venezuela actualmente exporta casi 1,5mbd de su producción (el 60% del total) a EEUU. Esta cantidad equivale a entre el 10% y el 15% de todas las importaciones de petróleo de EEUU, haciendo a Venezuela uno de sus proveedores más importantes. De hecho, Venezuela siempre ha sido un proveedor estratégico para EEUU, dada su cercanía a los puertos y refinerías del Golfo de México y de la costa del este (el crudo venezolano sólo tarda cinco días en llegar a EEUU, comparado con las cuatro o cinco semanas que tarda en llegar a EEUU el crudo de Oriente Medio). La mayor parte de estas importaciones estadounidenses se efectúan a través de Citgo, una filial de PdVSA que tiene cinco refinerías (y participaciones en tres más) en EEUU, todas especializadas en procesar los crudos pesados y de alto contenido en azufre de Venezuela.

Pero recientemente, durante una gira mundial por muchos países parias o claves en el escenario energético (como, por ejemplo, Irán y Rusia), Chávez realizó su cuarta visita oficial a China, tras la cual reveló más detalles acerca de su estrategia a largo plazo (reflejado en 18 acuerdos firmados con China) de desviar hacia China las exportaciones de petróleo que actualmente se envían a EEUU. Hoy en día las exportaciones venezolanas a China ascienden a menos de 75.000bd, pero el objetivo es aumentarlas a 1,0mbd en cinco años.

Sin embargo, para que este objetivo se cumpla, se tendrán que despejar varias dudas. Primero, el crudo relativamente pesado que constituye la gran mayoría de las exportaciones de Venezuela requiere ser procesado por refinerías especializadas como las que tiene Citgo en EEUU. Toda la capacidad de refino que China ya tiene instalada en su costa del Pacífico está orientada para recibir los crudos ligeros y dulces del Golfo Pérsico. Para que China pueda importar 1mbd de crudo venezolano, pesado y con alto contenido de azufre, tendrá que invertir varios miles de millones de dólares en nuevas refinerías especializadas. No está claro que esto vaya a pasar, por lo menos, en el corto plazo.

Asimismo, la propia Venezuela tendrá que realizar inversiones significativas en un nuevo oleoducto (que probablemente tendrá que pasar por su vecino colombiano, con quien tiene relaciones a veces tensas) para transportar el crudo a la costa del Pacífico de América Central, donde comenzaría su viaje en barco hacia Asia. La alternativa, empleada actualmente, sería mandar el petróleo en barco a través del Canal de Panamá (lo cual, dado el incremento en el volumen, no será factible hasta que se haya ampliado la capacidad del Canal dentro de unos años), o alrededor del Cono Sur (lo que aumentaría demasiado el coste del transporte). Actualmente los costes de transporte para el petróleo venezolano a China alcanzan los 12 dólares por barril, comparado con sólo 2,50 dólares por barril para transportar el crudo a las refinerías de EEUU. No está claro quién irá a absorber este mayor coste: ¿China o Venezuela? El hecho de que Venezuela acaba de solicitar a China 18 barcos petroleros sugiere que PdVSA entregará el crudo directamente a las refinerías chinas, absorbiendo así un coste adicional de casi 10 dólares por barril.

Incluso si este no es el caso, no parece que merezcan la pena todos estos malabarismos geopolíticos. Aunque Venezuela tenga éxito en su empeño de desviar sus ventas de EEUU a China, esto no supondrá ninguna inconveniencia excesiva para EEUU. Dado que el petróleo es un producto “fungible” que se comercia en un mercado global, las exportaciones venezolanas que vayan a China simplemente sustituirían a otras cantidades de petróleo del Oriente Medio que ahora no tendrán que ir a China y que por eso podrán dirigirse a EEUU. Dado que una porción creciente del petróleo que sale de Oriente Medio es cada vez más pesado, será posible refinarlo en las refinerías de petróleo pesado en EEUU. Citgo tendrá la opción de refinarlo, vender sus refinerías o abandonarlas y así renunciar a miles de millones de dólares en valor comercial. Y si EEUU acaba pagando más por su gasolina a corto plazo como resultado –bien por aumentos del coste de transporte, bien por falta de capacidad de refino especializado–, Venezuela acabará pagando más también. Ya que los costes de energía son mucho menos importantes para la economía estadounidense que para la economía venezolana, no parece que sea una estrategia viable utilizar el arma petrolífera contra EEUU, más allá del muy corto plazo o como una herramienta puramente propagandística.

El gas venezolano y el “Gran Gasoducto del Sur”

Si el poder político de manipular el mercado del petróleo es siempre menor de lo que supone el gran público (más allá de provocar cambios temporales en el precio de mercado), el poder político en el terreno del gas sí es importante, particularmente cuando se transporta el gas por gasoducto de un país específico de origen a otro país específico de destino. En este sentido, el Gobierno de Chávez está proponiendo un gran proyecto de integración energética regional que vincularía todos los consumidores e importadores netos de gas en el Cono Sur (Brasil, Argentina, Uruguay e –indirectamente– Paraguay y Chile) con Venezuela, el gran exportador de gas del futuro (y posiblemente, también, con su aliado, el exportador Bolivia). Este proyecto, el “Gran Gasoducto del Sur” no sólo abastecería el Cono Sur con gas, sino que también aumentaría sustancialmente la influencia política de Venezuela en todo el continente, pero particularmente en los grandes países que, simplemente por participar en este proyecto, tendrán por primera vez una gran dependencia de Venezuela para su abastecimiento esencial de gas.

No obstante, no será un proyecto fácil de llevar a cabo. De hecho, la mayoría de los analistas no cree que se realizará nunca. En primer lugar, costará por lo menos 20.000 millones de dólares (o 134 dólares por barril de petróleo equivalente), un cantidad tan grande que para ser financiada por el mercado tendrá que ofrecer la garantía de un suministro estable de gas durante un largo período de tiempo. También tendrá que cruzar más de 8.000 km del continente, desde la costa caribeña de Venezuela hasta Buenos Aires, pasando por miles de ríos y por la selva tropical del Amazonas, en donde la época de lluvias dura más o menos ocho meses. Dado que el proyecto todavía no cuenta con estudios técnicos suficientes, el proyecto estará plagado, en el mejor de los casos, de múltiples dificultades de construcción, sin mencionar el continuo trabajo posterior de mantenimiento. Para colmo, es casi seguro que el proyecto se enfrentará a un sin fin de protestas ecologistas. En el mejor de los casos –si los costes se limitan a las estimaciones provisionales–, el gas sería de todas formas mucho más caro que el que Brasil y Argentina podrían seguir importando de Bolivia (incluso tras las renegociaciones de Evo Morales) o el que podrían importar en el futuro en forma licuada (tras invertir las grandes cantidades necesarias para infraestructuras de gas licuado). Pero Chávez ya ha anunciado, sin más, que Venezuela venderá el gas transportado por este gran gasoducto por un precio subvencionado de 1,00 dólar por Mbtu, muy por debajo del precio de 4,00 dólares por Mbtu (y el actual precio de más de 5,00 dólares) para el gas boliviano en Argentina.

La gran ironía de esta situación está en el hecho de que, actualmente, el sector del gas en Venezuela está relativamente subdesarrollado, especialmente si se compara con el petróleo. Solo produce 28.900 millones de metros cúbicos (bcm) –un mero 1% de la producción mundial–, por detrás de los 45,6 bcm de Argentina y los 29 bcm de Trinidad y Tobado. Sin embargo, Venezuela consume la misma cantidad internamente y tendrá que importar gas de Colombia durante siete años a través del gasoducto “Transguajiro” para abastecer la región occidental del país, donde hay escasez de gas. Existen planes para aumentar la producción de gas en otros 22 bcm antes de 2012, y de construir un gasoducto este-oeste para eventualmente eliminar la necesidad de importar gas desde Colombia, pero no está claro que se vayan a realizar las inversiones necesarias para este fin.

De todas formas, en teoría, por lo menos, Venezuela podría ser el gigante del sector gasífero de América Latina. Tiene las mayores reservas de gas –152,3 billones de pies cúbicos (tcf), es decir, 4,32 billones de metros cúbicos (tcm)– de toda América Latina, cinco veces mayores que las de Bolivia (las segundas de la región) y equivalentes al 2,3% de las reservas mundiales. Pero más del 90% de las reservas venezolanas de gas están en yacimientos petrolíferos y el 70% se emplean en estos mismos pozos para inyectar la presión necesaria para mantener la producción. Con la actual escasez de gas en el país, la producción de petróleo en pozos maduros está cayendo por falta de gas para inyectar, y la producción de petróleos ultra-pesados, que depende en gran medida del uso del gas en su extracción y procesamiento, seguirá limitada. Tampoco hay suficiente gas para suministrar a las plantas petroquímicas. El problema es que nunca se había invertido mucho en la exploración de gas no asociado al petróleo para fines estrictamente comerciales. Si la actual exploración offshore tiene éxito (por parte de Chevron y Statoil), Venezuela tendrá más gas, pero en el mejor de los casos durante mucho tiempo sólo cubrirá el consumo interno.

Tampoco está ayudando a este escenario la política nacionalista cada vez más agresiva de Chávez, que hasta ahora sólo ha afectado al sector petrolífero pero que ya empieza a perjudicar también al sector del gas. Los proyectos de gas offshore hasta ahora habían contemplado la exportación de gas licuado a EEUU, no la exportación vía gasoducto a Sudamérica. Las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos de este año han impuesto el control de PdVSA sobre todos los proyectos de exportación y todos los gasoductos del país. La cuestión de cómo afectará, junto con el giro radical en el futuro destino del gas venezolano, el nivel de inversión en la exploración y producción de gas todavía no está clara. Pero es más que improbable que Venezuela tenga cantidades suficientes de gas a tiempo par hacer del “Gran Gasoducto del Sur” un proyecto económicamente viable. Posiblemente, Venezuela podría financiarlo en solitario, pero este esfuerzo financiero se añadiría a todos los demás costes innecesarios que los proyectos políticos de Chávez están imponiendo a la frágil y desequilibrada economía venezolana. Pero, como en el caso de la desviación de exportaciones de EEUU a China, el “Gran Gasoducto del Sur” por lo menos sirve para una importante función retórica y propagandística.

Los petróleos ultra-pesados

Durante los últimos años, Venezuela ha calificado como nuevas reservas probables a unos 270.000 millones de barriles del petróleo ultra-pesado (con un API de menos de 10º). Estas reservas probables forman parte de un total de reservas posibles de unos 700.000 millones de barriles de petróleo ultra-pesado que se encuentran en el subsuelo de las sabanas al norte del Río Orinoco, en la llamada Faja del Orinoco. Es muy probable que, antes de 2008, PdVSA declarará unos 240.000 millones de barriles de estos petróleos ultra-pesados como un nuevo componente de las reservas probadas de Venezuela, lo que, sumando los actuales 80.000 millones de barriles, llevará las reservas probadas totales de Venezuela a casi 320.000 millones de barriles, las mayores del planeta.

Pero dados los altísimos costes de extracción, procesamiento, transporte y refinado, los precios internacionales del petróleo tendrán que estar por encima de los 40 dólares por barril durante décadas para justificar las grandes inversiones necesarias y para mantener niveles de producción significativos. Los casi 270.000 millones de barriles (casi un tercio del total posible) que se consideran recuperables con la tecnología actual podrían soportar una producción de 10mbd durante 70 años. Con avances en la tecnología, la tasa de recuperación última sería incluso mayor. Por tanto, esta es otra faceta clave de la importancia de los actuales altos precios para Venezuela.

En la actualidad hay cuatro empresas (“asociaciones estratégicas”) que producen sólo unos 600.000 bd con técnicas avanzadas de recuperación, fruto de una inversión de 1.000 millones de dólares por parte de PdVSA y otras empresas extranjeras (como Conoco-Phillips, Chevron, Exxon-Mobil, Total y Statoil) durante los años 90. Con todos sus otros desafíos actuales, PdVSA no ha empezado a invertir seriamente en los crudos ultra-pesados de la Faja, pero sí ha contratado a las grandes empresas estatales de los países que Chávez considera estratégicos y posibles aliados geopolíticos a largo plazo para medir y confirmar unos aumentos futuros en las reservas probadas de la Faja. Éstas incluyen a Petrobras de Brasil, Petrosaur de Irán, ONOC de la India, Gazprom de Rusia, CNPC de China y Enarsa de Argentina, aunque ninguna tiene experiencia previa en petróleos ultra-pesados.

Conclusión

Según Chávez, Venezuela pronto será el más poderoso productor de petróleo y contará con las mayores reservas del mundo –infladas por la inclusión de los petróleos ultra-pesados–. Para que esta visión se convierta en realidad, sería necesaria, entre otras cosas, un aumento significativo y mantenido a largo plazo de los niveles de inversión en el sector de hidrocarburos. También sería necesario contar con la capacidad técnica de las empresas privadas internacionales (IOC), ya que la purga de PdVSA en 2002 y 2003 ha dejado la empresa estatal con muy poca capacidad técnica y científica (y gran parte de la que le queda está comprometida en los proyectos de Chávez en el exterior, como la ayuda que está prestando PdVSA a Bolivia).

Para bien o para mal, parece que el comportamiento del Gobierno de Chávez, que sigue gastando sin control, no va a permitir un aumento significativo en las inversiones de PdVSA. Según Norman Gall, PdVSA ha transferido tanto dinero al Gobierno en los últimos años que, a pesar de los elevados precios, la empresa estatal tiene un déficit de 5,3 billones de dólares en su flujo de caja para 2006 (no sorprende, pues, que PdVSA tenga planes de emitir más de 5.000 millones de bonos corporativos en los mercados privados). Mientras tanto, el Gobierno de Chávez ha anunciado planes para gastar 38.000 millones de dólares solo en julio de este año (más de dos tercios de los ingresos de PdVSA para todo el año) y más de dos veces sus ingresos anuales durante la primera mitad de 2006.

Según fuentes del sector, debido a la caída en la producción en muchas zonas maduras y en pozos que se cierren por falta de mantenimiento, Venezuela tendrá que añadir 400.000bd en nueva capacidad de producción cada año –y durante muchos años– simplemente para estabilizar su producción a los niveles actuales. Pero el presupuesto actual de PdVSA propone gastos en programas sociales de 8.200 millones de dólares, un 67% más que en inversión en exploración y producción. Y no ha habido ningún descubrimiento significativo en el sector petrolífero venezolano durante los últimos años.

Aunque Chávez no es el diablo que describen en tonos apocalípticos tanto los estrategas norteamericanos como los ejecutivos del sector petrolífero internacional, tampoco muestra señales de actuar con la prudencia y astucia mencionada por Adrián Lajous (en la cita al principio de este análisis) como esencial para que los países productores aprovechen el nuevo contexto del mercado petrolífero internacional y el aumento de influencia que este cambio les proporciona. Sin un cambio significativo en el rumbo de PdVSA y en la política petrolera del Gobierno venezolano, la apuesta prudente por parte de un observador externo sería la de esperar una caída –más rápida o más lenta– en los niveles de producción del país.

Este eventual resultado de la evolución actual del sector sería mucho más grave para el mundo que cualquier hipotética desviación del petróleo venezolano hacia China o cualquier hipotética imposición geopolítica en América Latina por parte de Chávez a través del soñado “Gran Gasoducto del Sur”. Más reducciones en la producción venezolana podrían contribuir significativamente a la inestabilidad del mercado petrolífero mundial, donde hay muy poca capacidad ociosa y donde también hay una carencia de inversión suficiente para aumentar la producción mundial de forma adecuada para satisfacer la demanda proyectada en los años futuros.