LAS RELACIONES CONTEMPORÁNEAS ESTADOS UNIDOS - AMÉRICA LATINA. ENTRE LA IDEOLOGÍA Y EL PRAGMATISMO

Jorge I. Domínguez

A lo largo de los años, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se han caracterizado por una persistente combinación de rasgos ideológicos y pragmáticos -- y a veces dogmáticos -- que aparecen y persisten en virtud de múltiples desencuentros que sirven como realidad histórica y símbolo perdurable de relaciones internacionales siempre complejas. En este ensayo se analizan principalmente las dimensiones del pragmatismo y la ideología, y del dogmatismo cuando sea pertinente. Se subraya la simultaneidad de la presencia de elementos pragmáticos e ideológicos en el presente de las relaciones interamericanas, y no sólo en su pasado.

El pragmatismo contemporáneo

Se entiende por "pragmatismo" una política de Estado que identifica propósitos claros y metas bien definidas, que se construye con medios e instrumentos que buscan deliberadamente lograr esos objetivos, con la conciencia de que se persiguen beneficios verificables así como costos posibles en la búsqueda de esos beneficios. Cualquier reflexión sobre el pragmatismo en política exterior debe hacer hincapié en la generación y el análisis profesional de la información, de su actualización, de no aferrarse a lo que en algún momento pudo ser cierto pero ya no lo es, y de no ignorar los análisis responsables que, con base en otras fuentes de datos, lleguen a conclusiones divergentes. Todo esto debe nutrir el diseño, la planeación y la ejecución de una política exterior pragmática.

En el mundo de las relaciones contemporáneas entre Estados Unidos y América Latina cunden muchos ejemplos de pragmatismo, y cito dos seguramente inesperados. Si se demuestra que aun los menos sospechosos son capaces de comportarse de tal manera, resultará evidente que hay múltiples ejemplos adicionales en las relaciones entre gobiernos del continente. Me referiré, por tanto, a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la primera década del presente siglo.

La relación entre los gobiernos del presidente Hugo Chávez en Venezuela y el del presidente George W. Bush en Estados Unidos se caracteriza por el pragmatismo en el manejo de los asuntos fundamentales -- petróleo y finanzas internacionales -- , lo que da pie a que el ruido retórico y los diferendos bilaterales afecten a asuntos de menor envergadura. La Venezuela de Chávez ha seguido cumpliendo todos sus compromisos de exportación de petróleo a Estados Unidos. El Estados Unidos de Bush ha seguido cumpliendo con todos sus compromisos de compra de petróleo de Venezuela. Chávez no ha prohibido a Petróleos de Venezuela (PDVSA) que continúe sus relaciones comerciales normales con Estados Unidos. Bush no ha impuesto un embargo a la importación de petróleo venezolano.

Ambas trabas han sido parte del imaginario político en Caracas y Washington, pero constituyen episodios de una historia que no ha ocurrido. Además, pd2vsa continúa siendo dueña de Citgo, de la que compró todas sus acciones en 1987, cuando ya era una de las principales empresas de productos petroleros en Estados Unidos. Chávez no ha exigido a pdv2sa que actúe como gerente-dueño irresponsable en Citgo. El gobierno de Bush no ha interferido en la participación de Citgo en el mercado de productos de petróleo en Estados Unidos, y la ha tratado como a cualquier otra empresa pese a ser plena propiedad del Estado venezolano.

El gobierno de Chávez también ha cumplido fielmente con las obligaciones de los bonos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela. Una de las preocupaciones de Wall Street en los momentos de mayor debilidad política de Chávez, en 2002 y 2003, era que el comportamiento de la oposición al presidente aumentaba el riesgo político para los inversionistas internacionales en bonos venezolanos. En el verano de 2004, en vísperas del referendo revocatorio que intentaba destituirlo mediante los procedimientos establecidos en la constitución venezolana, Chávez obtuvo copia de los mensajes de algunos bancos internacionales a sus clientes -- y los leyó en su programa de televisión Aló Presidente -- que consideraban mejor para los inversionistas internacionales en bonos venezolanos que Chávez ganara la convocatoria, ya que su gobierno contaba con una bien probada trayectoria de cumplimiento de sus obligaciones financieras internacionales, actitud coherente con un modelo de economía de mercado.

Todos éstos son claros ejemplos de pragmatismo en Caracas, en Washington y en Wall Street, en el gobierno de Venezuela y en el de Estados Unidos, de Chávez y de Bush, de la banca internacional y de las empresas petroleras. Cada cual demostraba propósitos claros, metas definidas, instrumentos eficaces, comportamiento actualizado por la información, conciencia de costos y vocación de ganancia.

Por su parte, la relación entre el gobierno de Fidel Castro en Cuba y el de Bush en Estados Unidos (e igualmente después de que el general Raúl Castro asumiera las responsabilidades cotidianas de gobierno durante la enfermedad y convalecencia de Fidel) también se caracterizó por el pragmatismo en el manejo de los asuntos fundamentales en la relación bilateral -- seguridad, principal pero no exclusivamente en el entorno de la base de Estados Unidos en Guantánamo y en el Estrecho de la Florida -- , lo que permitía que el ruido retórico y los diferendos se confinaran a asuntos de menor envergadura.

Cuba y Estados Unidos lograron su primer acuerdo bilateral en temas de seguridad en 1973, con Richard Nixon como presidente, para impedir la piratería aérea y naval entre los dos países, y el acuerdo se mantiene vigente. En 1984, cuando Ronald Reagan presidía Estados Unidos, ambos gobiernos concertaron un acuerdo migratorio bilateral que, con modificaciones en 1994 y 1995, también sigue en vigor. Cuba impide la emigración de sus ciudadanos carentes de previa autorización oficial mientras que Estados Unidos impide la inmigración de ciudadanos cubanos sin visas emitidas en La Habana por un cónsul estadounidense. Cuando algún guardacostas intercepta a algún cubano que intenta cruzar sin visa el Estrecho de la Florida para ingresar a Estados Unidos, ese ciudadano es devuelto a Cuba y el gobierno cubano permite que buques estadounidenses ingresen a sus puertos para estos fines. Los gobiernos comparten un mismo interés: impedir la migración no autorizada previamente por ambas partes.

Guardacostas de Estados Unidos y guardafronteras de Cuba patrullan el Estrecho de la Florida para impedir que alguna flotilla de personas de origen cubano, procedentes del sur de Estados Unidos, viaje rumbo a la frontera marítima bilateral, con el riesgo de provocar algún incidente militar. Tales flotillas son rodeadas tanto por las fuerzas de seguridad cubanas como por las estadounidenses. Como podría esperarse entre aliados militares, ambos gobiernos cooperan para impedir incidentes militares no deseados y coordinan las acciones de sus fuerzas de seguridad para lograr tal objetivo.

Un tercer ejemplo de cooperación pragmática en temas de seguridad ocurre en el entorno de la base naval de Estados Unidos, ubicada desde 1903 cerca de la ciudad de Guantánamo, Cuba. Desde 1993 las dos partes auspician el intercambio de información militar entre los respectivos altos mandos de la base estadounidense y del Ejército de Oriente cubano. El propósito y los instrumentos han sido similares a los que se desarrollaron con el fin de evitar un incidente militar no deseado en Europa, en el marco de la Guerra Fría, entre los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del Pacto de Varsovia.

A lo largo de la única frontera terrestre entre Cuba y Estados Unidos, esta relación se profundizó bajo la presidencia de Bush, al tomar éste la decisión de enviar a su enclave militar de Guantánamo muchos de los presos capturados en Afganistán en el otoño de 2001. Según reconoció públicamente el gobierno cubano, Estados Unidos ofreció información amplia y detallada sobre las medidas de seguridad que tomaría para garantizar que la presencia de esos presos en la base naval no implicara peligro para Cuba, que a su vez se comprometió con Estados Unidos para asegurar la frontera que comparten, inclusive mediante cooperación médica y sanitaria. Esa cooperación bilateral ayudó a controlar brotes de malaria y de dengue, tanto en la base como en el resto de Cuba. Altos funcionarios de los respectivos altos mandos siguen reuniéndose con regularidad en esa frontera, ampliando su intercambio bilateral en asuntos de seguridad.

Cuba y Estados Unidos comparten un interés en el entorno de esa base. Ambos gobiernos quieren asegurarse de que los presos confinados en prisión no se escapen rumbo a territorio cubano, y cooperan como aliados militares con un notable profesionalismo.

Todos éstos son claros ejemplos del pragmatismo en Washington y La Habana, en el Estrecho de la Florida y en el entorno del enclave, en asuntos migratorios, piratería aérea y naval, presos en la base de Guantánamo y flotillas de exiliados. Así como en el caso de la relación entre Venezuela y Estados Unidos, cada cual demuestra propósitos claros, metas definidas, instrumentos eficaces, comportamiento actualizado por la información, conciencia de costos y vocación de ganancia.

El pragmatismo existe, pues, aun en los casos de los gobiernos de los que menos podría esperarse: Venezuela, Cuba y Estados Unidos, en las respectivas relaciones bilaterales. Pero uno de estos ejemplos -- el acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos -- debe dejar a todo lector algo incómodo. ¿Es realmente "bueno" que dos gobiernos cooperen para impedir que seres humanos busquen su futuro donde lo consideren más deseable? Si suponemos, además, que algunos cubanos desean emigrar de Cuba por razones equivalentes a las definiciones reconocidas por las Naciones Unidas para justificar el asilo político y trato como refugiados, entonces esa cooperación pragmática bilateral adquiere una dimensión siniestra. El pragmatismo es siempre útil, a veces imprescindible y en muchos casos moralmente deseable, pero no debe ser el único valor que defendamos como seres humanos y ciudadanos de nuestros respectivos países. No debe ser el único valor recomendable para nuestros gobiernos. No debemos arrodillarnos frente al altar del pragmatismo.

Dogmatismo contemporáneo entre Estados Unidos y América Latina

El dogmatismo se refiere a una idea, a un esquema mental desarrollado en algún momento que pudo, quizás (aunque no necesariamente), resultar entonces pertinente, pero que se desconecta de la realidad presente, impide el aprendizaje de nuevas ideas, la recopilación de nueva información y el cambio o la modificación de políticas oficiales y, por tanto, imposibilita en última instancia enfrentar una realidad novedosa. Consideremos tan sólo cuatro ejemplos de dogmatismo, en los primeros años de este siglo, que han incidido sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y cuyos resultados han sido adversos al gobierno que se comportó fiel a su dogma legado del pasado.

En 2002, el gobierno del presidente Bush -- asesorado por un equipo fiel a los esquemas injerencistas estadounidenses de los ochenta -- comunicó a su embajador en Bolivia que interviniera públicamente en las elecciones para denunciar la posibilidad de que Evo Morales, candidato del opositor Movimiento al Socialismo (mas), fuera elegido presidente de Bolivia. El impacto del discurso del embajador fue contraproducente para los intereses de Estados Unidos. La popularidad de Evo Morales dio un salto extraordinario en las encuestas de opinión pública; perdió Morales esa convocatoria frente a Gonzalo Sánchez de Losada por un margen ínfimo, y constituyó la antesala de su posterior elección como presidente a finales de 2005. El gobierno de Estados Unidos se comportó en este caso con fidelidad a un esquema dogmático, legado de la Guerra Fría, ajeno a un análisis pragmático y realista de las circunstancias bolivianas en 2002.

Un segundo ejemplo de comportamiento dogmático es la política hacia Cuba tras las modificaciones hechas por el gobierno de Bush en 2004. Se prohíbe que personas de origen cubano, residentes de Estados Unidos o ciudadanos de éste, visiten a sus parientes en Cuba con una frecuencia mayor de una vez cada tres años. Tal medida ha facilitado que el gobierno de Cuba controle mejor el flujo de la información, ya que Estados Unidos obstaculiza las conversaciones. Sería más eficaz permitir que más personas de origen cubano, provenientes de Estados Unidos, se comunicaran con su familia y le explicaran cómo podría ser una Cuba distinta, próspera y democrática. El gobierno de Bush, al dificultar tales intercambios, se convierte en un aliado del gobierno de Fidel y Raúl Castro, que interrumpe el libre flujo de la información y apoya la censura.

El dogmatismo no solamente habla inglés. Consideremos dos ejemplos que giran en torno al petróleo y que afectan directamente las relaciones internacionales de comercio e inversión. México, según la información publicada en estas páginas en sendos artículos de Alfredo Elías Ayub y David Shields ("Seguridad energética e industria eléctrica en México" y "Pemex en el contexto de su crisis de reservas y producción", respectivamente, en Foreign Affairs en Español, vol. 7, núm. 3, julio-septiembre 2007), importó 15.4% del consumo nacional de gas natural en 2005. La Secretaría de Energía pronostica que ese porcentaje llegará a 25% en 2015. El principal yacimiento de producción de petróleo en México, Cantarell, declina rápidamente. Cantarell produjo casi dos terceras partes de la producción mexicana de petróleo a comienzos del siglo XXI; su producción diaria de barriles de petróleo cayó de 2.13 millones en 2004 a 1.5 millones en 2007, con una expectativa de producir 0.6 millones de barriles en 2013. Las reservas probadas de petróleo en México se redujeron de 24.7 miles de millones de barriles en 1999 a 12.8 miles de millones de barriles en 2007. A partir de 2010, casi todos los principales yacimientos de la empresa oficial, Petróleos Mexicanos (Pemex), estarán en fase de declinación. Se avecina el momento en que México se convierta en un importador neto de petróleo si no modifica la política nacional. Pemex invierte sobre todo en producción y relativamente poco en exploración y tecnología.

México ha seguido aferrado al dogma de que solamente el Estado nacional posee y debe poseer el derecho de explorar, producir y distribuir los recursos energéticos del país. El problema que claramente se avecina no ha logrado por el momento generar suficiente alarma para exigir el abandono del dogma y un cambio fundamental de política energética. En pro del dogma de la "defensa de la soberanía", México se arriesga a debilitar su independencia real.

Menciono un último ejemplo de dogmatismo, también de los primeros años de esta década. En mayo de 2006, Ecuador canceló su contrato petrolero con Occidental Petroleum, que databa de 1999, para exigir la devolución a Petroecuador de los terrenos e instalaciones. Petroecuador, sin embargo, carece de capacidad para mantener los niveles de producción de Occidental Petroleum y para invertir cuantiosos recursos destinados a ampliar la producción petrolera ecuatoriana, que ha caído desde que se responsabilizó de la administración de los terrenos expropiados. La dogmática predilección de dos presidentes ecuatorianos, Alfredo Palacio y Rafael Correa, por el control estatal de estos recursos impide la eficaz utilización del petróleo como instrumento de desarrollo nacional. También en nombre del dogma de la soberanía se arriesgan a debilitar más la capacidad productiva y exportadora de Ecuador.

Ningún país debe condenarse a sufrir permanentemente por el dogmatismo. Consideremos un ejemplo de cambio de criterios y de conducta, de abandono de los dogmas del pasado frente a nuevas realidades, elaborado con plena transparencia: la exitosa campaña presidencial de Lula, postulado por el Partido dos Trabalhadores (PT) en 2002. Lula había sido candidato del PT desde la restauración del derecho de los brasileños a elegir su presidente, una vez concluido el gobierno militar y reformada la constitución. Perdió sistemáticamente una elección tras otra. El PT y su candidato modificaron su plataforma electoral en 2002, con la promesa de funcionar en el marco de una economía de mercado como partido socialdemócrata.

La compleja e importante negociación entre el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso y el Fondo Monetario Internacional (FMI) representó un instante dramático de esa campaña electoral brasileña. De hecho, el gobierno de Cardoso ejerció más bien como intermediario de una negociación entre el FMI y los candidatos presidenciales, ya que éste pretendía garantizar que quien resultara elegido mandatario, sin importar a qué partido perteneciera, condujera una política macroeconómica ajustada a las reglas internacionales de una economía de mercado. Se logró un acuerdo.

Su principal consecuencia económica fue tranquilizar a los mercados cambiarios y así estabilizar la relación entre la moneda brasileña y otras monedas internacionales. Su principal efecto político fue que el FMI confirió el sello de buena conducta a Lula como candidato presidencial, obstaculizando la campaña de otros candidatos que lo presentaban como agente de políticas económicas irresponsables. Las encuestas de opinión pública demuestran el gran auge de la popularidad de Lula después de la firma del acuerdo con el FMI. Así, éste ayudó a Lula a llegar a la presidencia de Brasil. Fue la primera vez en la historia de América Latina en que un candidato de izquierda gana la elección presidencial gracias, en parte, al apoyo del FMI. El PT, Lula y el FMI demostraron que era posible, frente a la opinión pública, descartar dogmas y prejuicios del pasado para adoptar una nueva plataforma electoral y cumplirla ya ejerciendo el poder del Estado. En la elección de 2006, el electorado brasileño reeligió a Lula y ratificó su apoyo a estas políticas. La ciudadanía valora la capacidad de políticos y partidos de cambiar de criterio, siempre que esa transformación se realice, como ocurrió en el caso de Lula y el PT, de manera pública, transparente y durante una campaña presidencial previa a la elección.

Un mismo gobierno no está eternamente condenado a mantener un comportamiento dogmático. El aprendizaje es posible. Lo demostró el gobierno de Bush cuando, frente a una nueva elección en Bolivia a finales de 2005, se abstuvo de intervenir en el proceso electoral, a diferencia de lo ocurrido en la elección de 2002. Cuando Evo Morales resultó elegido presidente de la República, el embajador de Estados Unidos en Bolivia lo felicitó de inmediato y se buscaron formas de trabajar con el nuevo gobierno. El dogmatismo es un mal superable.

¿Puede ser útil la provechosa ideología entre Estados Unidos y América Latina?

Ideología no es sinónimo de dogmatismo. La ideología es una forma de acumular, catalogar, sopesar y valorar la información que recopilamos. Concebida de esa manera, metáforas útiles para reflexionar sobre la ideología pueden ser espejuelos o anteojos para saber cómo percibir al mundo, o una balanza que nos permita calcular los datos que recibimos. La ideología así entendida constituye un instrumento útil, no enfrentado con el pragmatismo, para comprender el mundo en que vivimos, la importancia del pasado y su legado hasta el presente, y los valores que nos importan como seres humanos.

En los diversos países del continente, y también en las relaciones internacionales entre gobiernos, algunos hechos clave se conforman ya como valores ideológicos, en particular el respeto y la defensa de los derechos humanos y la democracia. En los setenta y comienzos de los ochenta, América Latina aprendió que los regímenes autoritarios de derecha o de izquierda son capaces de asesinar a sus ciudadanos en nombre de algún propósito que han inventado, y que en muchos casos la ineptitud ha caracterizado el desempeño público de gobiernos de facto que llegaron al poder en nombre de la eficiencia y generaron descalabros económicos que profundizaron la pobreza y expandieron la desigualdad social, económica y política. Para finales de los ochenta Estados Unidos llegó a una conclusión similar, lo que permitió en los noventa una concertación internacional en pro de la democracia en el continente.

En 1991, en Santiago de Chile, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se comprometió formalmente, mediante la Resolución 1080, a actuar en defensa de los regímenes democráticos que se encuentren amenazados. Esa misma decisión política, por supuesto, también compromete a los gobiernos del hemisferio a actuar con el mismo fin. Tanto mediante la OEA como por la acción colectiva con otros auspicios de los gobiernos del hemisferio se logró defender a regímenes democráticos como el de Guatemala en 1993, frente al intento de autogolpe del presidente Jorge Serrano; al de Paraguay en 1996, y a finales de los noventa frente a los intentos de golpe militar del general Lino Oviedo, y se contribuyó de manera importante a la transición democrática en Perú en 2000 y 2001. En estos casos, el instrumento de defensa de la democracia fue variado. En 1993, por ejemplo, la OEA desempeñó en Guatemala un papel clave. En 1996, en Paraguay, los países miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur) fueron los actores fundamentales que intervinieron en defensa de la democracia. En estos casos, además, hubo una importante concertación de fines y medios entre la administración estadounidense y diversos gobiernos latinoamericanos.

La lucha por la democracia y su promoción requiere acciones concretas en defensa de una ideología que valoran los ciudadanos de los países americanos y que ejecutan sus gobiernos. Esa ideología responde también a factores pragmáticos. La democracia puede ofrecer servicios útiles, tales como la reducción de los incentivos a la violencia, la prioridad de la transacción frente al conflicto o la eficacia de la concertación sobre la imposición como instrumento de gobierno. Pero no cabe duda de que la razón principal para defender la democracia y los derechos humanos es que éstos poseen valor en sí mismos. Resultan útiles y en muchas instancias concuerdan con criterios pragmáticos, cierto, pero sobre todo importan porque nos definen como seres humanos que merecen dignidad, respeto, participación, libertad y justicia al amparo del estado de derecho.

Conclusión

Las relaciones contemporáneas entre Estados Unidos y América Latina reflejan la presencia simultánea de rasgos pragmáticos, ideológicos y dogmáticos en ambas partes. Los compromisos ideológicos compartidos en pro de la defensa y la promoción de la democracia -- inventos loables que nacen a comienzos de los noventa -- merecen que se les siga apoyando. Los dogmatismos persistentes o recurrentes siguen impidiendo la resolución de conflictos. El pragmatismo ayuda como instrumento útil, no como fin en sí mismo sino como un medio para lograr los fines que compartimos. Los grandes fines deben ser la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS PROYECTOS DEL POPULISMO-NACIONALISTA EN AMÉRICA LATINA

Sonia Alda Mejías

Introducción

En América Latina, la subordinación militar al poder civil es un hecho y en la actualidad es impensable la posibilidad de un golpe de Estado militar. Sin embargo, esto no significa que el proceso de democratización esté concluido. El motivo principal es que pese a los importantes avances realizados, las autoridades gubernamentales no ejercen un control capaz de eliminar la autonomía militar. Aunque en diferente grado y con importantes diferencias, según los países, los militares han conservado espacios de autonomía e influencia política y social. En este sentido, las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas (FFAA) han sido uno de los factores decisivos para favorecer o restringir estos espacios de poder.

El papel de las FFAA es un elemento fundamental tanto en la configuración de las bases de la defensa, como en la definición de la política de defensa, donde están integradas. En una sociedad democrática las líneas generales de las políticas de defensa han de estar orientadas a neutralizar y, llegado el caso, combatir amenazas externas. Excepcionalmente y de manera coyuntural podrían contribuir a resolver situaciones de emergencia interna y poner a disposición de las autoridades políticas sus capacidades ante urgencias, catástrofes y crisis. Por ello, se consideran misiones propiamente militares aquellas volcadas en la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, en la actualidad, en mayor o menor medida, los gobiernos de Latinoamérica están asignando misiones de seguridad interior a las FFAA, desbordados ante la falta de fuerzas y recursos para combatir las nuevas amenazas como la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el terrorismo. En estos casos, el problema no es sólo que las FFAA desempeñan funciones para las que no han sido diseñadas sino que, además, se corre el riesgo de que los militares acaben gestionando y controlando espacios de poder que corresponden al ámbito civil. Todo ello acabaría revirtiendo en la consolidación o aumento de la autonomía militar, un elemento incompatible con el control civil y con la democratización de la defensa.

Ante la existencia de un problema común que, aunque en diferente medida, afecta a toda la región cabe preguntarse si en los cambios que están introduciendo los actuales populismos nacionalistas se contemplan alternativas que aseguren, en el ámbito de la defensa, el control civil de las FFAA. Las medidas adoptadas o los proyectos de transformación propuestos por los presidentes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, respectivamente, se justifican bajo la intención de llevar a cabo, de acuerdo al término especialmente empleado por estos mandatarios, “una revolución democrática”. En este caso particular, a través del análisis de las políticas de defensa y muy especialmente de las misiones asignadas a las FFAA, el objetivo del presente trabajo es comprobar si dicha “revolución” significa una auténtica transformación y si las propuestas realizadas son una alternativa mediante la cual se elimine, o por el contrario se potencie la autonomía militar. Con ello es posible profundizar sobre el modelo de democracia propuesto, por dichos gobernantes.

Pese a que existen más factores que han de ser considerados, se adoptarán las misiones asignadas a las FFAA como referencia para comprobar si estos gobiernos aplican políticas orientadas a fomentar la supremacía civil o no. Con el análisis de estas medidas, el objetivo es indagar sobre los criterios adoptados en estas “revoluciones democráticas” para articular las relaciones civiles–militares y con ello la prioridad que se otorga al control civil.

Las alternativas de la llamada “revolución democrática”

Buena parte de los especialistas en seguridad y defensa latinoamericanos coinciden en señalar que continúa siendo necesario abordar reformas en el sector para alcanzar dicho control civil.[1] Consideran que, hasta el momento, estas reformas han carecido de planificación, sin un criterio político o institucional que las guiase. En general, se observa que este esfuerzo de modernización es insuficiente y la consecuencia directa es la autonomía con la que cuentan las FFAA para generar sus políticas institucionales, de presupuesto e incluso para generar sus propias misiones.[2]

En el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, los países actualmente regentados por gobernantes populistas, tienen importantes retos que abordar para reformar la defensa. A pesar de las diferencias existentes entre ellos, ninguno de estos países ha logrado culminar el proceso de democratización en este ámbito. Incluso si se compara su situación con otras subregiones como el Cono Sur, tienen un camino mayor por recorrer. En estos países, tradicionalmente las FFAA han conservado espacios propios de poder. En Bolivia y Ecuador no han perdido, aun después de implantarse la democracia, un importante papel arbitral en la política nacional.[3] En el caso ecuatoriano, el respaldo proporcionado por el importante grupo empresarial regentado por las FFAA únicamente ha venido a reforzar esta posición. En Nicaragua, a pesar de finalizar el régimen sandinista, su cúpula militar ha permanecido acaparando los altos mandos y conservando prerrogativas que le han proporcionado poder e influencia.[4] En cuanto a Venezuela, antes de la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, pese a la ventaja de no haber padecido un régimen militar anteriormente, tenía importantes retos que superar para lograr la supremacía civil.[5]

Aunque nunca se insiste demasiado en afirmar la pluralidad estructural y coyuntural de la región, al mismo tiempo han de señalarse la existencia de problemas comunes, si bien en diferente grado e intensidad. Entre ellos, un proceso inacabado de democratización que también afecta al ámbito de la defensa, ya que la transformación de la defensa está intrínsecamente vinculada al proceso de democratización general de cada una de las sociedades latinoamericanas y en este momento buena parte de la ciudadanía cuestiona los resultados del mismo. La democratización de la defensa no puede progresar sin un proceso de democratización general en el ámbito legal–institucional, político y social. Las deficiencias de este proceso repercuten directamente en la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos para ejercer plenamente el control civil.

La crisis de gobernabilidad actual agrava este problema. Buena parte de los gobiernos de la región han recurrido a las FFAA para reprimir la movilización social, motivada por el descontento ciudadano. El nivel de protesta ha llegado a provocar la caída de varios presidentes constitucionales.[6] Sin embargo, además de la movilización y de la protesta, los ciudadanos han optado por apoyar opciones políticas alternativas cuyo atractivo se basa en dar respuesta rápida a las demandas populares. La principal propuesta de los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega es la de llevar a cabo una “revolución democrática”, basada según estos dirigentes, en establecer una relación directa con el pueblo con el fin de asegurar que las decisiones gubernamentales respondan a las peticiones y las necesidades populares.[7] El carácter global de la propuesta populista, que aspira a proporcionar un nuevo modelo de democracia, también alcanza al ámbito de la defensa. La consideración de las propuestas de estos gobiernos se justifica en tanto posibles alternativas a los problemas comunes de la región, particularmente respecto al liderazgo civil frente a la autonomía militar.

Las misiones en seguridad interior y las alternativas ¿revolucionarias?

Dentro de los problemas compartidos por la región, también se encuentra el riesgo de militarización debido a la asignación de misiones a las FFAA relacionadas con la seguridad interior. Bajo la influencia del concepto de Seguridad Humana, la Declaración sobre Seguridad de las Américas, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2003,[8] asumió un concepto multidimensional de seguridad para el ámbito hemisférico, ampliando así la definición tradicional de la seguridad de los Estados. El riesgo de este planteamiento es favorecer o potenciar la intervención de las FFAA en el ámbito interno.

En América Latina, tanto los civiles como los militares se encuentran tentados de instrumentalizar este concepto multidimensional de seguridad.[9] Ante la imposibilidad de los gobiernos civiles de atender las necesidades ciudadanas, controlar íntegramente el territorio nacional y/o hacer cumplir la ley, han recurrido a las FFAA. Las principales misiones asignadas han sido la represión de la protesta social, la lucha antidroga y el combate a la delincuencia.[10] Por su parte, las FFAA han sido muy receptivas a estas misiones por su anhelo de encontrar “nuevas amenazas” que justificasen su papel, después del fin de la Guerra Fría.[11] Sin embargo, en la medida que las misiones de seguridad interior adquieren cada vez más importancia, la principal consecuencia es el riesgo de militarizar la seguridad interior. Si bien este proceso se confirma como una tendencia, es obligado matizar ante la pluralidad de situaciones. Los problemas son diferentes y desde luego no se han afrontado de forma idéntica en todos los países, lo que impide hacer generalizaciones. De hecho, en determinados países se ha procurado mantener a las FFAA al margen de la seguridad interior.

En todo caso, el riesgo de la militarización de la seguridad interior incide directamente en las relaciones cívico–militares, ya que puede proporcionar un poder e influencia social a las FFAA que finalmente revierta en una mayor autonomía militar. Ya se ha mencionado que uno de los principales obstáculos presentes en la región, que impiden la democratización de la defensa, es la persistencia de la autonomía militar, en buena parte debido a la incapacidad civil para consolidar su liderazgo en las relaciones cívico–militares. La alternativa proporcionada a la militarización de la seguridad interior por los nuevos gobiernos populistas es la dedicación de las FFAA al desarrollo social, si bien esto lleva consigo el riesgo de securitizar la agenda de desarrollo nacional. El planteamiento es rechazar la represión de la movilización social o la lucha antidroga, basada en la erradicación forzosa de cultivos, como tales misiones militares y al mismo tiempo implicar a las FFAA en tareas relacionadas con el desarrollo nacional. No deja de llamar la atención que estas misiones se consideren una aportación imprescindible a la realización del pretendido proceso de transformación revolucionaria, ya que no son ni rupturistas ni novedosas. Muy al contrario, estas misiones cuentan con una larga tradición. No sólo fueron desempeñadas por las FFAA durante la Guerra Fría sino también tras las transiciones democráticas. Aunque se realice con diferente intensidad, los textos constitucionales han seguido contemplando esta labor como una misión militar prácticamente en toda la región.[12]

La concepción de la defensa en los proyectos populistas–nacionalistas

Pese a su larga tradición, este tipo de misión militar se articula coherentemente en la alianza civil–militar propugnada por estos gobiernos, ya que la participación de las FFAA en el desarrollo nacional es un de los instrumentos para llevar a cabo la pretendida “revolución democrática”, particularmente en Venezuela y Bolivia. No obstante, mas allá de la relevancia otorgada a la unidad pueblo–FFAA para alcanzar este objetivo, todos estos gobiernos comparten la necesidad de llevar a cabo esta “revolución ciudadana”, usando los términos empleados por Rafael Correa, para gobernar de acuerdo a las demandas y necesidades populares. Frente a las “partidocracias” y las democracias corruptas dominantes hasta el momento, se trata de establecer un auténtico “poder ciudadano”, como igualmente proclama Daniel Ortega.

Las llamadas “refundaciones nacionales” son las bases que guían estos procesos. Para ello, salvo en el caso nicarag?ense, se han convocado asambleas constituyentes encargadas de redactar un nuevo texto constitucional donde queden consagrados sus principales objetivos.[13] Entre ellos se encuentra establecer las bases de una democracia donde prime la acción directa de los ciudadanos y de los gobernantes, y la relación directa entre unos y otros como medio para garantizar el cumplimiento del mandato popular. El antiimperialismo, el nacionalismo y el anticapitalismo son otros de los planteamientos compartidos por estos gobernantes, convencidos de la necesidad de recuperar la acción estatal en la economía y la sociedad.

En el ámbito de la defensa también hay coincidencias, si bien como en el resto de las cuestiones mencionadas, dada la acusada desideologización característica de estos populismos, no hay un corpus doctrinal coherente utilizado como referencia común para construir las políticas de estos gobiernos. Pese a todo, hay suficientes presupuestos sociales, políticos y económicos para que estos nuevos gobiernos constituyan un “bloque regional de poder popular” (BRPP)[14] que, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, pretende defender y expandir en la región su concepto de proyecto “revolucionario bolivariano”. Estos presupuestos han sido englobados por Hugo Chávez bajo el socialismo del siglo XXI, como así también lo ha calificado Rafael Correa. Evo Morales, sin embargo, ha recurrido mas particularmente al de “socialismo comunitario” para definir su planteamiento ideológico. No obstante, aunque cada uno pretende destacar la particularidad de su propio socialismo y pese a la heterogeneidad ideológica y al nivel de indefinición que caracteriza a cada uno de ellos, todos comparten los planteamientos señalados.

Aunque con diferente nivel de prioridad, los actuales gobiernos de estos países, de una manera u otra, han abordado la cuestión de la defensa, si bien Venezuela y Bolivia lo han hecho en mayor profundidad que Ecuador y Nicaragua. Hugo Chavez y Evo Morales han otorgado carácter prioritario al ámbito de la defensa, destacando en ambos casos la importancia de una unidad cívico–militar, basada en la colaboración entre el pueblo y las FFAA. No es el caso de los gobiernos de Daniel Ortega y de Rafael Correa. Por el momento la cuestión militar no ocupa un lugar central en sus planes de gobierno. Desde que iniciaron su campaña electoral no hubo referencias al ámbito de la defensa. Tampoco el presidente Morales hizo apenas mención a esta cuestión durante su campaña, ni en su programa electoral, y, sin embargo, inmediatamente después de jurar su cargo declaró la importancia de las FFAA y la necesidad de una reforma integral en el ámbito de la defensa[15]. No ha sido este el caso de Rafael Correa o de Daniel Ortega, ya que la defensa ocupa un lugar marginal en los discursos presidenciales. Esto no significa que no se hayan introducido importantes novedades. En Ecuador cabe destacar el “Plan Ecuador”o las propuestas planteadas por el Ministerio de Defensa para debatir en la Asamblea Constituyente de inminente convocatoria. En este momento, el presidente Correa se ha propuesto la reforma del sistema de inteligencia militar, si bien esta decisión no se debe al cumplimiento de una propuesta programática sino a una crisis coyuntural con Colombia. En el caso de Nicaragua, la reforma del Decreto n? 290, llevada a cabo poco después del ascenso a la presidencia de Ortega, ha afectado directamente a la configuración del Ministerio y a sus competencias.

La unidad cívico–militar

La importancia otorgada a la defensa por Chávez y Morales se explica en buena parte por la relevancia dada a la relación pueblo–FFAA. Si tradicionalmente estos actores se han considerado enemigos, la voluntad explícita de estos mandatarios es que ahora sean aliados.[16] La solidez de esta unidad estaría respaldada por una particular manera de entender la Historia: según Evo Morales, las FFAA habrían participado, junto a los indígenas, en la Independencia, por la “liberación de nuestros pueblos”.[17] La diferencia respecto al pasado, siguiendo esta versión, es que en la actualidad el esfuerzo militar esta dirigido hacia la recuperación de los recursos naturales del país y la asistencia social.[18] El período de enemistad y enfrentamiento se correspondería con los gobiernos oligárquicos que habrían instrumentalizado a las FFAA a favor de sus intereses y en contra del pueblo. De esta forma, las FFAA serían eximidas de cualquier responsabilidad ya que habrían sido víctimas de la manipulación de aquellos gobiernos, como en numerosas ocasiones también ha declarado el presidente Morales.[19] En la actualidad, restablecidos los vínculos, las FFAA, a través de esta labor social, se convertirían en actores imprescindibles de la pretendida “revolución” que proclaman estos gobiernos. No obstante, aún partiendo de la existencia de esta unidad, hay diferencias entre el caso venezolano y el boliviano.

En Venezuela, como consecuencia de esta relación se entiende que, además del Estado, la sociedad es corresponsable de la defensa de la Nación, como así dispone la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. El nivel de implicación de la ciudadanía en la Defensa llega incluso a su participación directa en caso de guerra, como así se contempla en la guerra asimétrica a la que debería hacer frente el país. La superioridad militar del que el régimen chavista considera el principal enemigo nacional, EEUU, y la existencia de una amenaza de invasión por esta gran potencia, según el mismo Chávez, justifica la creación de una estrategia defensiva en la que se considera crucial la actuación de la ciudadanía para combatir y derrotar a tan poderoso enemigo. El referente cubano de la “guerra de todo el pueblo” para combatir a EEUU es fundamental en la concepción estratégica venezolana. Bajo el concepto de “guerra popular de resistencia” se pretende, como en Cuba, que cada ciudadano sea un combatiente en una guerra de desgaste en la que se trataría de ir debilitando al atacante para que finalmente las FFAA pudieran combatirle.[20] En la última reforma constitucional propuesta por el presidente Chávez se propuso incorporar este concepto de guerra popular a la Constitución y así consagrar la unidad cívico–militar. Sin embargo, los resultados del referéndum, celebrado en diciembre de 2007, contra la reforma de la Constitución, han frustrado esta posibilidad. La expresión institucional de este concepto de guerra integral, en la que participa el pueblo, son la Reserva Nacional y la Guardia Territorial.[21] La culminación de esta unidad civil–militar hubiera sido la incorporación de la reserva a las FFAA con la denominación de Milicias Populares Bolivarianas.[22] Sin embargo, por el momento esto no tendrá lugar puesto que era otra de las propuestas de la fracasada reforma constitucional. Esta nueva estructura militar representaría “la unión del pueblo con el ejército, la compenetración de la FAN con el resto de la sociedad venezolana”.[23] Pese a todo, los resultados del referéndum no han desmotivado al presidente venezolano a continuar con el fortalecimiento y la potenciación de la reserva. En la celebración del sexto aniversario del “Dia de la Recuperación de la Dignidad Nacional” (13/IV/2008),[24] anunció la creación del comando nacional de reserva y movilización, dependiente directamente del presidente, y con presupuesto propio. También se activaron siete nuevos batallones.[25] La contraparte de esta relación de reciprocidad, sobre la que se fundamenta la unidad cívico–militar, es la aportación de las FFAA al desarrollo nacional y al proyecto revolucionario bolivariano. El nivel de implicación militar en este proyecto, sin embargo, ha acabado por otorgar a los militares la formulación y, especialmente, la ejecución de las citadas políticas sociales.

En el caso boliviano, la relación pueblo–FFAA se expresa en los mismos términos de reciprocidad. Sin embargo, es menos comprometida e intensa, aunque cabe advertir una evolución cada vez más próxima al modelo venezolano.[26] Esta unión civil–militar ha sido decisiva en la formulación de un nuevo sistema de defensa, donde también, en coherencia con esta idea de unidad, se ha implicado a la población civil en la defensa nacional. Ciertamente, en la actualidad no se han organizado milicias ciudadanas o una reserva que favorezca la militarización de la sociedad,[27] pero en el diseño de este sistema de defensa “atípico”, llamado “lucha de patriotas” se considera imprescindible la participación de los ciudadanos de todo el país. Este nuevo plan defensivo ha sido concebido bajo un “nueva visión de hipótesis de conflictos” por los recursos naturales y para una “lucha prolongada de pequeños núcleos y asistidos por las comunidades a lo largo y ancho del país”.[28] La implicación de la población civil y la guerra de resistencia que se plantea son elementos comunes a la concepción defensiva de la “guerra de resistencia popular” venezolana o a la estrategia cubana de la “guerra de todo el pueblo”. Por su parte, las FFAA, en esta relación de reciprocidad con el pueblo, responderán “a las necesidades de cambio, de transformación y de justicia social que necesita y reclama el pueblo para liberarse de la dependencia, del neocolonialismo político y económico, la miseria, el atraso... y la usurpación sistemática de sus riquezas y recursos naturales”.[29] Aunque este planteamiento implica directamente a los militares en el desarrollo nacional, las FFAA no diseñan ni gestionan la política social, como en Venezuela, si bien son imprescindibles para su ejecución. En cualquier caso, y pese a las diferencias también en este aspecto, cabe señalar una evolución en la que progresivamente han ido aumentando las competencias y la presencia de las FFAA en las políticas sociales y económicas del país.

En Ecuador, el actual gobierno no ha otorgado la misma importancia a la defensa, ni ha planteado, en los términos descritos, la relación FFAA–pueblo. La prioridad que recientemente ha reconocido a las FFAA responde más a la crisis surgida con Colombia en relación con las FARC,[30] que a un planteamiento ideológico o a una propuesta programática. Cabe pensar que la reforma integral del sistema de inteligencia militar, que acaba de disponer el presidente Correa, quizá no se hubiera abordado de no haber tenido lugar el conflicto. La decisión está motivada por la certidumbre del presidente de que la CIA estaba infiltrada en el servicio de inteligencia de Ecuador y proporcionaba información a Colombia. Hay otras cuestiones asumidas por su gobierno, desde el inicio de su mandato, que proporcionan una idea más precisa de su concepción de la defensa, comenzando por la adopción oficial de la Seguridad Humana como referencia doctrinal. El carácter multidimensional de este concepto, sin embargo, ha significado la militarización de la agenda social en buena parte de la región, legitimando la dedicación de las FFAA a la seguridad interior y muy particularmente a la labores de desarrollo nacional.[31] El Plan Ecuador,[32] plan de seguridad ideado por el gobierno ecuatoriano para la frontera con Colombia, se desarrolla en torno a este concepto de seguridad. La particular importancia otorgada a la Seguridad Humana se revela en la intención gubernamental de incorporarla a la nueva Constitución, como ha propuesto a la Asamblea Constituyente. La actividad económica reconocida a las FFAA en el mismo proyecto pareciera confirmar que la Seguridad Humana legitimaría el tradicional papel de las FFAA como un poderoso agente económico en la sociedad ecuatoriana.[33]

Respecto a Nicaragua, tampoco consta la articulación de una particular relación entre la sociedad y las FFAA. La defensa y el papel de los militares no parecen ser un ámbito prioritario, aunque las decisiones adoptadas tampoco potencian la dirección civil de la defensa. En este caso, la reforma de la ley n? 290, poco después del acceso de Daniel Ortega a la presidencia, ha reducido drásticamente las competencias del Ministerio de Defensa, frustrando así la posibilidad de asegurar la dirección civil de la defensa.

Además de las diferencias que de manera general distinguen a los gobiernos considerados respecto a la centralidad de la defensa, también hay diferencias particulares respecto a las misiones asignadas a las FFAA. La unidad civil–militar articula y justifica las misiones de carácter social y económico que muy particularmente desarrollan Venezuela y Bolivia. Ecuador ya cuenta con una larga tradición en este ámbito, a la que el gobierno pretende dar continuidad, bajo las nuevas concepciones de la Seguridad Humana. En el caso de Nicaragua, su gobierno no ha introducido modificación alguna. Las FFAA nicarag?enses desempeñan esta labor desde la década de los 80 y de forma más sistemática desde los 90, junto a otros cometidos. En cualquier caso y pese a las diferencias, ante el objetivo común de llevar a cabo una revolución democrática, estos gobiernos han recurrido a una misión ya tradicional para las FFAA en América Latina. Mediante dicha misión se corre el riesgo de proporcionar espacios de gestión y poder a los militares que en una democracia corresponden a la esfera civil, fortaleciendo de esta manera la autonomía de las FFAA.

Desarrollo nacional y FFAA

Entre las diferencias y los puntos en común señalados, se ha insistido en la importancia que la unidad cívico–militar, proclamada por el gobierno venezolano y boliviano, tiene en la articulación y concepción de la defensa. Dentro de los términos de reciprocidad de la relación, la aportación militar es participar en el desarrollo nacional. Esto implica la dedicación de las FFAA a la educación, la pobreza, la asistencia social, el medio ambiente o actividades económicas dedicadas a la gestión de recursos naturales y/o su exportación. Así, mediante esta reciprocidad, pueblo y FFAA contribuyen a la defensa y al desarrollo de la revolución pretendida, ya que unos y otros son actores de ella. La cuestión es que esta implicación conduce inexorablemente a la politización de las FFAA, en tanto actores activos de dicha revolución. Es una cuestión que abiertamente ha asumido y así proclama el presidente Chávez y que, sin embargo, no reconoce el presidente boliviano. Si bien Ecuador y Nicaragua no han asumido esta unidad, no significa que no existan riesgos de militarización o que no se haya potenciado la presencia de las FFAA en actividades y espacios de la administración estatal que correspondan al ámbito civil, así como posibles intentos de politización de las FFAA.

El mismo concepto de seguridad que han oficializado estos gobiernos fomenta la presencia militar en la esfera civil. El carácter omnicomprensivo de esta seguridad favorece la militarización de ámbitos de iniciativa y de gestión civil. En Venezuela se considera que la defensa militar se “sustenta en conceptos modernos de la Economía de la defensa con criterios amplios e integrales”.[34] De acuerdo a esta multidimensionalidad, todo puede ser considerado dentro de la agenda de seguridad y el desarrollo de la nación se puede considerar piedra angular de la seguridad nacional. Así se entiende también en Bolivia con la reciente adopción de un concepto de seguridad “indivisible”, que hace imposible distinguir la seguridad interna de la externa, “la seguridad se conceptualiza como un todo” y por ello la seguridad esta “implícita en la soberanía, la independencia, la integridad, la unión, la solidaridad, la dignidad, la identidad, la alimentación, la salud, la vivienda, la libertad, la justicia, la igualdad, el trabajo, la recreación, la cultura, la identidad, la continuidad población y otros”.[35] Bajo esta concepción de seguridad, las FFAA, en su aportación de reciprocidad con el pueblo, tienen legitimado una amplio campo de acción que se manifiesta en los espacios que ocupa en la administración del Estado, muy particularmente en las políticas sociales y de desarrollo. En Ecuador la adscripción del gobierno de Rafael Correa a la seguridad humana podría ser el argumento principal para vincular a las FFAA al desarrollo nacional.

El caso venezolano, de nuevo, es el ejemplo más ilustrativo del planteamiento expuesto. La implicación militar en el desarrollo del país se plasmó en la Constitución de 1999, cuyo artículo 328 asigna a las FFAA una participación “activa” en esta tarea. Seguidamente, se aprobó el proyecto Bolívar 2000, concebido como un plan cívico–militar orientado a atender las necesidades sociales más urgentes del país.[36] Para llevar a cabo este proyecto y poder cumplir con la misión constitucional encomendada se creó, también en 1999, la Fundación “Proyecto País”, un organismo adscrito al Ministerio de Defensa.[37] De acuerdo a las áreas contempladas en el Proyecto Bolívar, se otorgó a las FFAA un papel rector en el diseño y la ejecución de políticas públicas, tanto en el área económica como social. Para atender a las necesidades sociales previstas se han fundado las llamadas misiones dedicadas a la salud, la educación, infraestructura, empleo, seguridad y alimentación, llegando en este último caso a la instalación de mercados populares, que recordarían a los del EJT cubano.[38] El nivel de institucionalización de esta labor, su dirección y ejecución militar, da una idea aproximada del grado de securitización de la agenda de desarrollo. La propuesta de reforma del artículo constitucional del presidente Chávez indica no sólo una afirmación de esta opción, sino la voluntad de dar un ámbito de mayor actuación a las FFAA. En dicha propuesta había un cambio sustancial en lo referente a las misiones, ya que de mencionarse una “participación activa en el desarrollo nacional”, se proponía que dicha participación también fuera en “los planes de desarrollo económico, social y tecnológico de la nación”.[39] Con este enunciado, la presencia e intervención militar cabía en todos los ámbitos de la sociedad civil.

En Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales ha habido una reorientación respecto a las misiones asignadas a las FFAA. El gobierno, al inicio de su gestión, denunció el abandono de las fronteras y la necesidad de recuperar como misión la seguridad exterior. La cooperación y la inserción en procesos de integración regional se consideraron como la mejor forma de desarrollar la seguridad exterior. Igualmente denunció el escaso interés prestado a las misiones de paz internacionales por los anteriores gobiernos. Pese a estas declaraciones, no parece que éstas hayan sido las principales prioridades gubernamentales. Por encima de todas las posibles misiones se encuentra la de desempeñar tareas que impulsen el desarrollo nacional. Ésta no es realmente una tarea nueva, ya que se contempla en la Ley Orgánica Nacional vigente y cuenta con la tradición previa de las dictaduras militares, en las que las FFAA desempeñaron tareas de acción cívica.

Desde el primer año de gobierno se insistió en el apoyo a proyectos de desarrollo y a programas de conservación del medio ambiente en áreas rurales.[40] Las primeras medidas se orientaron hacia campañas de atención médica, construcción de infraestructuras, participación en campañas de alfabetización o en la protección del medio ambiente.[41] Además de estas tareas, el ejército también asumió en 2006 la distribución del bono “Juancito Pinto”[42] y en 2008 el pago de la “Renta Dignidad”.[43] Junto a esta labor, las FFAA se han incorporado al control aduanero. La presidencia de este órgano estatal está a cargo de un general retirado y la aduana regional de La Paz también esta dirigida por un militar. En 2008 se encuentran actividades programadas que multiplican las funciones de las FFAA, al punto de encontrarse presentes en numerosas actividades económicas y sociales. A la labor que ya realizan efectivos militares en la Empresa Estatal de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), se suma el proyecto de colaborar en la distribución de alimentos. Igualmente, ha sido contemplado el control de vías y carreteras, y el transporte de hidrocarburos, mediante la aportación por las FFAA de barcazas de transporte de líquidos o, como el mismo presidente propuso en el mes de marzo, a la Fuerza Naval, la exportación de minerales. Las tareas de exportación se concretarían también en la exportación de hierro de El Mutún (Santa Cruz).[44] Asimismo, ha sido aprobado un proyecto de la Armada para la construcción de la primera terminal portuaria, con carácter público y estatal en Puerto Guijarro (Santa Cruz), que será utilizado para la exportación de la soja y minerales no ferrosos, por vía fluvial. La recuperación de una antigua propuesta del Ejército habría igualmente animado al ejecutivo a involucrar a las FFAA en la producción de alimentos, ya que dispondrían de la tierra, los conocimientos y los medios para llevarlo a cabo.[45] También se ha contemplado la conversión de cuarteles en centros tecnológicos, que el presidente ha calificado como la “universidad de los pobres, para los pobres mediante las FFAA”.[46] No cabe duda de que la aspiración del presidente Morales de convertir las FFAA en una “gran empresa” no solamente de defensa del país, sino también en “una empresa de desarrollo” expresa gráficamente las misiones que el mandatario entiende que han de desempeñar los militares.[47]

Los presupuestos teóricos bajo los que se han asignado estas misiones a las FFAA son los mismos que en Venezuela. En ambos casos se insiste en la relación de reciprocidad entre el pueblo–FFAA, bajo la cual se pretende llevar a cabo el proceso de transformación revolucionaria. La aportación militar en esta relación es la contribución al desarrollo nacional y a la política social. A pesar de este planteamiento común, la presencia militar en el diseño y dirección de la política social es menor en Bolivia que en Venezuela. El Ejército boliviano carece de los medios y del entramado institucional que posee el venezolano para llevar a cabo esta labor. Pese a todo, su presencia en la sociedad civil es suficiente para que exista el riesgo de securitizar la agenda social, máxime cuando, como ya se ha apuntado, la lista de actividades relacionadas con la actividad económica y la labor social no ha parado de aumentar.

Como ya se ha visto respecto a los gobiernos de Ecuador y Nicaragua, parece posible prever la presencia militar en ámbitos civiles debido al tipo de misiones asignadas a las FFAA. El gobierno de Rafael Correa apoya la participación de las FFAA en el desarrollo nacional, como se refleja en las propuestas de reforma entregada por el Ministerio de Defensa a la Asamblea Constituyente. Esta misión ya estaba contemplada en la anterior Constitución, pero la diferencia es que el Ministerio propone que las actividades militares desempeñadas en relación con esta misión han de estar en coordinación con las entidades estatales encargadas de la planificación y la ejecución de las políticas de desarrollo.[48] Con esta medida podría evitarse un diseño autónomo de políticas de desarrollo por parte de las FFAA, al margen de las autoridades gubernamentales, pero no se garantizaría necesariamente la securitización de las políticas sociales y de desarrollo, ya que el mismo gobierno podría fomentar esta tendencia designando misiones en este ámbito a las FFAA, como así ha ocurrido en el caso venezolano y boliviano.

La discusión sobre las FFAA llegó a principio de junio de 2008 a la Asamblea Constituyente y la posición defendida por el ministro de Defensa, Javier Ponce, y los asambleístas de PAIS, el partido oficialista, confirman las posiciones mantenidas en aquella propuesta inicial. Con la misma intensidad que defienden que las FFAA dejen de ser garantes del ordenamiento jurídico, apoyan la ampliación de las tareas de las FFAA en actividades de índole social y económica para contribuir a la seguridad humana.[49] Este tipo de misión militar cuenta con una larga tradición en Ecuador: de hecho, las FFAA llegaron a convertirse en un poderoso actor económico en la economía nacional como consecuencia de las actividades desarrolladas para contribuir al desarrollo nacional.[50] Aunque la reciente Ley Orgánica de la Defensa, aprobada en enero de 2007, no suprime las actividades económicas, al menos las limita al ámbito estrictamente de la defensa; sin embargo, la propuesta del gobierno podría moderar esta tendencia. Lejos de plantear mayores restricciones o concretar las limitaciones establecidas, se propone ampliar la actividad económica militar en su propuesta de reforma constitucional. Mientras el art. 190 de la todavía vigente Constitución dispone que “las FFAA podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional”, el Ministerio de Defensa propuso que además de esas actividades, las FFAA “subsidiariamente” podrían también participar “en el desarrollo social y económico de la población, acorde a las políticas del Estado”.[51]

Los decretos de emergencia del presidente evidencian que el mandatario no pretende disminuir la presencia de las FFAA en la actividad económica o la contribución de estas al desarrollo social. Más bien ha fomentado dicha actividad desde 2007. Tras declarar en emergencia la empresa estatal Petroecuador, dispuso que fuera la fuerza naval quien se encargara de su administración para lograr su recuperación. Pese a que la Constitución y la legislación ordinaria vigente prohíben que los miembros de la institución armada en servicio activo puedan participar en labores ajenas a su función de seguridad nacional, se le ha dado continuidad a esta gestión, renovando recientemente la dirección con un nuevo miembro de la Armada (mayo de 2008). Sin embargo, ésta no ha sido la única medida adoptada, ya que mediante un nuevo decreto de urgencia, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se convirtió en la unidad ejecutora de obras viales, como carreteras y puentes. Pese a las críticas dirigidas a estas decisiones, el presidente Correa ha persistido en fomentar la presencia militar en la actividad y el desarrollo nacional. En junio de 2007, Petroecuador, sin concurso público, adjudicó un proyecto para el almacenamiento de gas licuado a la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), una empresa de las FFAA. La argumentación empleada para justificar estas actuaciones es de carácter fundamentalmente nacionalista y estatista. Mientras las FFAA tengan profesionales preparados y medios suficientes para abordar estas funciones, se evita que esta labor y los beneficios que reporten acaben bien en una multinacional, bien en una poderosa empresa de la oligarquía nacional.[52] En la medida que las FFAA se encarguen de estas tareas, “los fondos quedan en el propio sector público”, según palabras del mandatario.[53] Con un planteamiento muy similar, Evo Morales también ha justificado la actividad económica de las FFAA.[54]

En Nicaragua cabe hablar más de continuidad que de cambio. El presidente Ortega, hasta el momento, no ha anunciado ninguna novedad respecto a las misiones que han venido realizando las FFAA nicaragüenses. El jefe del Ejército, general Omar Halleslevens, en el 28 aniversario de su constitución, enumeró las misiones llevadas a cabo por el ejército durante 2007. Entre ellas se encontraban las vinculadas con el desarrollo nacional y la política social del gobierno. Cabe destacar la participación en el Programa “Hambre Cero”,[55] mediante la distribución de recursos destinados a diferentes municipios del país o el transporte de material didáctico para el desarrollo de la campaña de alfabetización “Yo sí puedo”. El esfuerzo de las FFAA también estuvo volcado en tareas de distribución de agua y la limpieza de embalses, la habilitación de caminos rurales y el cuidado del medio ambiente, las labores de rescate y las tareas humanitarias ante desastres naturales. Las campañas preventivas sanitarias y el cuidado del medio ambiente también fueron otros cometidos realizados por las FFAA.[56] En el presente año, el gobierno lleva a cabo una campaña para garantizar la producción agraria y la aportación militar se considera de particular importancia. Mediante el “Plan de Seguridad en el Campo” se pretende asegurar la actividad agraria y, para ello, dicho plan contempla la lucha contra el narcotráfico, el abigeato, el secuestro, la piratería marítima, la pesca ilegal, el tráfico ilícito de armas, personas, maderas, especies protegidas y otros, relacionados al crimen organizado y las actividades conexas. Igualmente, se propone apoyar la seguridad de los principales programas de desarrollo socio–económico del país, priorizando, por supuesto, las actividades agropecuarias.[57]

En términos generales, la dedicación al desarrollo nacional puede proporcionar a las FFAA márgenes de maniobra política autónoma y una legitimidad inversamente proporcional al liderazgo civil. La labor que llevan a cabo en amplias áreas de sus respectivos países, sin ninguna fiscalización ni presencia civil, les proporciona la posibilidad de capitalizar los beneficios políticos de esta actuación. Los militares, al fin y al cabo, son vistos por la ciudadanía como la única autoridad que les ayuda. Asimismo, esta labor también les puede asegurar la capacidad de establecer, en las zonas donde actúan, redes clientelares que les aseguren un espacio de maniobra política autónoma, especialmente en áreas de aguda pobreza e indefensión.[58] Todo ello contribuiría a una progresiva militarización y a la consolidación de la autonomía militar.

Misiones de seguridad interior en los gobiernos revolucionarios

La dedicación militar al desarrollo nacional pretende ser una opción mediante la cual las FFAA no desempeñen otras tareas en seguridad interior, fundamentalmente represivas. En coherencia con la alianza anunciada entre el pueblo y las FFAA, Evo Morales anunció que las FFAA ya no serían enemigos y que, por tanto, ya no reprimirían las movilizaciones sociales o ejecutarían la política de erradicación forzosa del cultivo de coca. Entre los motivos que han justificado esta decisión se encuentran las víctimas mortales y la violación de derechos humanos que llevó consigo la realización de estas misiones durante la década de los 90. Hasta el momento, así se ha cumplido y las FFAA han dejado de llevar a cabo tareas de carácter policial, si bien continúan desempeñando otras tareas de seguridad interior.

Este punto de vista es compartido por el gobierno venezolano, que bajo el mismo planteamiento hizo explícito que las FFAA dejarían de ser cuerpos represores del pueblo, pues eran aliados naturales. Podría entonces deducirse que si bien bajo los gobiernos populistas cabe el riesgo de securitización de la agenda social, al menos no se llevaría a cabo una militarización de la seguridad nacional. En otras palabras, pese a que las FFAA continuarían destinándose en estos gobiernos al ámbito interno, en principio no desempeñarían funciones relacionadas con la seguridad interior, propias de la policía. Sin embargo, tampoco esta última afirmación es válida para todos los casos considerados. El gobierno venezolano, además de orientar a las FFAA al desarrollo nacional, en su propuesta de reforma constitucional también defendió el mantenimiento del orden interno como misión militar,[59] así como la lucha contra el narcotráfico. No obstante, ésta no sería una novedad, ya que en el texto de la Constitución de 1999 figura esta misión, y se reiteró en la propuesta de reforma constitucional del art. 328. Igualmente, se contemplaría la seguridad ciudadana como tarea militar. Por su parte, el gobierno boliviano, pese a no emplear a las FFAA para la represión de la movilización social, se ha ido incorporando progresivamente a tareas de control propiamente policiales,[60] que se suman a la larga lista de tareas militares.

Nicaragua podría plantearse como otro ejemplo en el cual las FFAA se dedican, junto al desarrollo social, a otras tareas directamente relacionadas con la seguridad interior, como la seguridad ciudadana y el narcotráfico. Además de las ya citadas, en 2007 el ejército nicarag?ense, en colaboración con la policía, practicó numerosas “detenciones” por delitos comunes o narcotráfico. Estos resultados se deben al esfuerzo en combatir “la delincuencia en el campo”, “la pesca ilegal”, la “piratería” y “el narcotráfico”, en definitiva, a “brindar seguridad al desarrollo de la actividad productiva, comercial y económica” del país.[61] Además de estas tareas, cabe destacar la labor de orden interno realizado por las FFAA, junto a la policía, en diferentes momentos de conflictividad social, aunque parece responder más a una excepción que a la norma de este gobierno.[62]

Pese a las importantes diferencias entre estos países, ambos ejemplos pueden ilustrar hasta qué punto los nuevos gobiernos populistas no solo caen en los mismos problemas de securitización de la agenda social que el resto de la región, sino que además pueden llegar a sumar problemas de militarización de la seguridad interior. Este dato no pretende exponer estos ejemplos como excepcionales ya que hay otros países cuyas FFAA también se dedican a ambas tareas; el objetivo es poner de manifiesto que estos gobiernos, pese a presentarse como revolucionarios y transformadores, están reproduciendo los mismos problemas que el resto de la región en cuanto a las misiones en particular y a las relaciones civiles–militares en general. E incluso en Venezuela, de acuerdo a las misiones asignadas y sobre todo al poder otorgado a las FFAA, más que un caso común habría de ser calificado de excepcional ante el nivel de militarización alcanzada con respecto al resto de la región.

Conclusiones

Tras este análisis comparado es posible concluir que las propuestas en materia de defensa de los populismos nacionalistas no constituyen una alternativa respecto a las deficiencias del liderazgo civil existente en la región. Uno de los problemas que, en mayor o menor medida, afecta a los países del área para concluir la reforma de la defensa es la permanencia de espacios de autonomía militar, pues son incompatibles con el control civil de la defensa. En este sentido, las misiones asignadas a las FFAA pueden ser un medio de favorecer o bien de restringir dichos espacios.

La dedicación de las FFAA a funciones propias de la seguridad interior generalmente acaba proporcionando tareas a lo militares que son propias de las autoridades civiles. Con ello se tiende a la militarización de la seguridad interior, favoreciendo la consolidación de espacios de autonomía e influencia militar. Esta es una tendencia que afecta a buena parte de los países de la región. Los Estados latinoamericanos, con importantes debilidades estructurales, recurren a las FFAA ante su impotencia e incapacidad para combatir problemas que afectan directamente a la seguridad interior, como el narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad ciudadana. Salvo el caso argentino y el chileno, en el que las FFAA se dedican a garantizar la seguridad frente a una amenaza externa, en el resto de la región la institución armada combate algunos de los problemas mencionados e incluso llega a hacer frente a todos ellos. El ejemplo centroamericano sería significativo en este sentido.

Por lo que respecta a los gobiernos populistas, lejos de restringir las actividades militares a la seguridad exterior o plantear otra alternativa distinta y novedosa, en realidad han optado por dedicar buena parte de la actividad militar al desarrollo nacional y a la ejecución y, según los casos, al diseño de la política social. Este aspecto permite cuestionar el supuesto carácter revolucionario bajo el que se autoidentifican estos gobiernos, ya que esta es una misión que contempla la mayoría de las constituciones de la región desde la Guerra Fría. En estos casos, las FFAA están también implicadas en el ámbito interior y participan en esferas correspondientes al ámbito de las autoridades civiles. Con ello cabe el riesgo de militarización de la agenda social y de determinadas actividades económicas, como consecuencia de favorecer espacios de autonomía militar. El ejemplo venezolano es particularmente paradigmático, pues la presencia militar en la administración del Estado esta sobredimensionada de manera extraordinaria. A las tareas de carácter económico o social relacionadas con el desarrollo nacional es preciso agrega misiones relacionadas con la seguridad y el orden interno, como en Venezuela y Nicaragua, particularmente.

Aunque las diferencias entre estos gobiernos impiden hablar de un modelo de defensa populista, hay una tendencia similar. Considerando las misiones de las FFAA y los riesgos de militarización existentes en la realización de las mismas, puede afirmarse que la autonomía militar no se contempla como un problema a erradicar o como problema en sí mismo. De hecho, en el caso de Venezuela y de Bolivia, aunque en menor medida, es posible constatar un proceso de militarización de la sociedad y de politización de las FFAA. Desde 2006 han ido aumentando las similitudes en la concepción de la defensa entre el presidente Chavez y Evo Morales a partir de una concepción común de la Defensa basada en la idea de una alianza cívico–militar. En el caso ecuatoriano y nicarag?ense, la defensa no tiene la misma relevancia pese a que cabe prever un aumento de la influencia de las FFAA en el ámbito civil. La pretensión de implicar directamente a las FFAA como actores imprescindibles de estas llamadas “revoluciones democráticas”, a través de las misiones asignadas, conduce a una politización que en Venezuela se manifiesta de forma explícita. Una de las expresiones mas evidentes de esta politización es el actual saludo militar: “Socialismo, Patria o Muerte”. El adoctrinamiento de las ahora llamadas FFAA Bolivarianas se entiende como imprescindible ya que el presidente Hugo Chávez pretende que éstas sean un actor trascendental en la creación de una nueva sociedad configurada a partir del “Socialismo del siglo XXI”. En la medida en que las FFAA se consideran un actor fundamental de un proyecto político determinado su politización es inevitable, como así expresan el propio presidente y su ministro de Defensa. De la misma manera, Evo Morales pretende hacer de las FFAA un aliado político frente a sus opositores. Así ha ocurrido con el proyecto autonomista del Oriente del país, en el cual ha intentado desde un principio implicar a las FFAA en este conflicto político. La diferencia con el presidente venezolano es el empeño de Morales en negar persistentemente esta politización. Sea reconocido o no, según los casos, este proceso de politización favorece formas de intervención y presencia militar en el ámbito social y político que lejos de dar soluciones significa un paso atrás en el proceso de democratización.

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[1] Claudia Fuentes y Claudio Fuentes (coords.), Gobernabilidad del sector seguridad en América Latina, FLACSO, 2006, pp. 33 y ss. Este trabajo es un informe realizado por FLACSO a petición del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de la ONU y la Dirección Regional para América Latina y El Caribe del PNUD. Buena parte de las conclusiones del informe se obtuvieron mediante una encuesta realizada a 13 expertos de Bolivia, Brasil, Colombia, México, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Perú.

[2] Ibíd., pp. 33 y ss. Entre los expertos de los países citados, ante la pregunta de que “si creen que las FFAA en su país tienen autonomía para establecer su doctrina”, sólo Argentina y El Salvador contestaron negativamente.

[3] Sobre la presencia de las FFAA en la política y la sociedad ecuatoriana y boliviana, véase Berta García Gallegos, “Ecuador: democratización y FFAA; el contexto histórico, social y político en una relación ambivalente”, pp. 185–221, y Sonia Alda Mejías, “El reto de alcanzar la supremacía civil en Bolivia”, pp. 27–50, en Isidro Sepúlveda y Sonia Alda Mejías (eds.), La Administración de la Defensa, T. II, IUGM, Madrid, 2008.

[4] Roberto Cajina, “Transición política, democracia y reconversión del sector Defensa”, pp. 293–304, en Sepúlveda y Alda, La Administración de la Defensa, op. cit.

[5] Miguel Manrique, “Cambio y reestructuración del Ministerio de la Defensa y la FA venezolana a comienzos del siglo XXI”, en Sepúlveda y Alda, La Administración de la Defensa, op. cit., pp. 405–438.

[6] Así ocurrió en el Ecuador con la caída por presión popular de Abdalá Bucaram en 1997, de Jamil Mahuad en 2000 y de Lucio Gutiérrez en 2005. En Perú la protesta generalizada forzó la renuncia de Alberto Fujimori, tras cometer fraude electoral. En Argentina las movilizaciones forzaron la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001 y, en Bolivia, las renuncias de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y de Carlos Mesa en 2005 tuvieron lugar tras movilizaciones populares que paralizaron el país.

[7] Sobre la crisis de gobernabilidad y las alternativas del populismo, véase Sonia Alda Mejías, “?La revolución democrática? de los nuevos movimientos sociales y de los populismos de izquierda ante la crisis de gobernabilidad en América Latina”, Iberoamérica: nuevas coordenadas, nuevas oportunidad, grandes desafíos, Cuadernos de Estrategia, 136, IEEE–IUGM, 2007, pp. 53–88.

[8] “Declaración OEA sobre Seguridad en las Américas”, emitida por los países de la OEA el 28 de octubre de 2003, http://usinfo.state.gov/esp/Archive_Index/Declaracin_OEA_sobre_Seguridad_en_las_Americas.html. De acuerdo a este concepto de seguridad, la “Declaración de Quito” (correspondiente a la VI Conferencia de ministros de Defensa de las Américas, noviembre de 2004, http://www.icj.org/IMG/pdf/MoDdec.pdf) no establece líneas divisorias entre las competencias de las FFAA y de Seguridad.

[9] Seguridad Internacional Contemporánea: Consecuencias para la Seguridad Humana en América Latina y el Caribe, Seminario Internacional, FLACSO, Chile, 20–22/VIII/2003, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001406/140625s.pdf.

[10] La mayoría de los textos constitucionales latinoamericanos contemplan la participación de las FFAA en la Seguridad Interior de forma plena o como apoyo a las fuerzas policiales; véase http://www.iugm.es/ADEFAL/index.htm, apartado TABLAS, donde es posible consultar las misiones de las FFAA en la región. En Centroamérica y Brasil las FFAA se encuentran directamente implicadas en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y la seguridad ciudadana; en México, desde hace años los militares combaten el narcotráfico, como también lo hacen en América del Sur, en Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia. Sin embargo, en Perú, en la actualidad, la lucha contra el narcotráfico ha dejado de ser una misión militar, aunque colaboran con la policía regularmente en garantizar el orden interno. Esta misión también la han tenido hasta hace poco las FFAA bolivianas.

[11] Lilian Bobea, “¿Juntos pero no revueltos?: De la militarización policial a la policialización militar. Tendencias e implicaciones”, en Políticas de Defensa: Desafíos externos y restricciones internas, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2002, p. 30.

[12] Consúltese el “Programa de Investigación sobre la Administración de la Defensa en América Latina” (ADEFAL) del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, http://www.iugm.es/ADEFAL/index.htm, apartado TABLAS, de cada uno de los países analizados permite comprobar la permanencia de esta misión en la mayoría de los países latinoamericanos.

[13] En Venezuela, la Constitución de 1999 representa este momento refundacional. En Bolivia, la nueva Constitución ha sido motivo de tensión política. Ha sido redactada una nueva Constitución que está pendiente de ser aprobada por referéndum popular. El texto fue aprobado, en medio de violentos disturbios, en diciembre de 2007 en el interior de un cuartel y sólo por diputados del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). La celebración de este referéndum tendrá lugar después del referéndum revocatorio, convocado para el 10 de agosto, del cargo de presidente, vicepresidente y prefectos. En Ecuador, el 30 de septiembre de 2007 se celebraron elecciones de diputados para constituirse una Asamblea Constituyente que se encuentra discutiendo un nuevo texto constitucional, con un plazo para aprobar todos los artículos hasta el 25 de julio de 2008. En octubre del mismo año está prevista la celebración de un referéndum para su aprobación. La excepción es Nicaragua, pues el presidente Ortega no ha planteado la necesidad de? una nueva Constitución, ya que de hacerlo deslegitimaría su propia labor anterior, puesto que la Constitución vigente, de 1987, fue aprobada por el régimen sandinista.

[14] Así fueron denominados por H. Dieterich, ideólogo del régimen chavista, los países que, en principio, estarían alineados por su identificación con la izquierda. En origen este bloque estuvo integrado por Venezuela, Brasil y Argentina, ante la identificación progresista de estos gobiernos. La incorporación de Bolivia, Ecuador y Nicaragua ha impulsado esta alineación internacional y ha venido a compensar la falta de “vocación revolucionaria” de los primeros. Sobre este bloque regional de poder, véase Heinz Dieterich, “Bloque regional de poder (BRP): Única salvación nacional y popular posible en América Latina”, II y III, Rebelión, marzo–abril 2004, y del mismo autor, “Hugo Chávez: salto cualitativo en el Bloque Regional de Poder”, Rebelión, 4/X/2005.

[15] “Palabras del Presidente de la República , Evo Morales Ayma, en la posesión del Alto Mando militar y policial”, La Paz, 24/I/2006,

http://www.comunica.gov.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200601/24.01.06PoseAltoManMil.html.

[16] Sonia Alda Mejías, “Los nuevos movimientos sociales: ¿nuevas amenazas o aliados de las FFAA?”, El mundo Iberoamericano ante los actuales retos estratégicos, Monografías del CESEDEN, Ministerio de Defensa, n?, 2007, pp. 91–124.

[17] En este intento de reconstruir? un pasado que recree la unidad de las FFAA y la población indígena no habría mucho rigor histórico. En primar lugar, porque en el período de la Independencia no es posible hablar de las FFAA, pues la institución no existía. La creación de ejércitos profesionales tuvo lugar a finales del siglo XIX. Por lo que respecta a la participación de la población indígena en este proceso, sobre la que no hay ninguna duda, hay que tener presente que no todas las comunidades indígenas apoyaron la causa independentista, sino que hubo algunas que mantuvieron su fidelidad a la Monarquía.

[18] “Palabras del Presidente de la República Evo Morales, Ayma, en la inauguración del año académico militar en la escuela de sargentos de Cochabamba”, 11/II/2008, http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200802/11.02.08InauAcadeMilitarCocha.html.

[19] Este mensaje es reiteradamente repetido por el presidente; sirva como ejemplo una de sus últimas afirmaciones en este sentido: “Palabras del? Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el CXVII aniversario de la creación del colegio militar”, 18/IV/2008, http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200804/18.04.08AniverColMilitar.html.

[20] Sobre esta concepción estratégica véase “Pensamiento militar venezolano 2005”, http://www.militarvenezuela2005.blogspot.com.

[21] “Los reservistas son todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad que no estén en servicio militar activo, que hayan cumplido con el servicio militar o que voluntariamente se incorporen a las unidades de reserva que al efecto sean conformados”. La Guardia Territorial son todos los venezolanos y venezolanas que de manera voluntaria se organicen para cumplir las respectivas funciones de resistencia local. Los Guardias Territoriales son verdaderos operadores psicológicos. Que es el medio para orientar y desarrollar acciones hacia los diferentes blancos y audiencia: población, propias tropas, el enemigo”. http://www.reservanacional.mil.ve.

[22] Bajo estos términos se formuló la propuesta del presidente Chávez en la reforma del art. 329 de la Constitución, http://archivos.minci.gob.ve/doc/reforma280807web.pdf.

[23] Afirmación del diputado oficialista Irán Aguilera en relación a la reforma constitucional, http://elnuevodia.com.ve/content/view/22488/41/.

[24] Conmemora la vuelta de Hugo Chávez al poder, 72 horas mas tarde de su salida temporal por la intentona golpista de abril de 2002.

[25] En la conmemoración citada Chávez definió la reserva nacional como “batallones populares para la resistencia? sigue creciendo la Reserva Nacional que no son sino el pueblo en armas, junto con la Fuerza Armada de primera línea”, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/imprimir.asp?id=146301.

[26] Sobre la influencia y la relación de Venezuela con Bolivia en materia de Defensa, véase Sonia Alda Mejías, “La participación de las FFAA en la Revolución democrática del MAS. El proyecto de Evo Morales”, en I. Sepúlveda, Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa en Iberoamérica, IUGM, Madrid, 2007, pp. 468–471.

[27] Los ponchos rojos podrían ser un ejemplo de milicia. Sin embargo, no fueron creados por el gobierno, pues su origen es anterior, y no esta previsto utilizarlos como un medio para prepara a la población civil ante una posible guerra. No obstante, el presidente Evo Morales convocó a esta milicia indígena a defender la unidad del país junto a las FFAA ante las aspiraciones autonómicas de provincias ricas del Oriente boliviano. Públicamente, Morales llegó comparar su misión con la del Ejército regular boliviano. Las críticas ante estas declaraciones empujaron al presidente a desarmarles y cambiar sus armas por alimentos. Sus dirigentes dicen que cuentan con 100.000 hombres armados pero su armamento es muy antiguo y poco operativo.

[28] “Discurso del Comandante General del Ejército en el 197 aniversario de la creación del Ejército Nacional”, 17/XI/2007, http://www.aviacionboliviana.net/uae/not_001107a.htm. “En el campo de operaciones, y en la nueva visión de las hipótesis de conflictos por nuestros recursos naturales, especialmente los energéticos, mineralógicos, ecológicos, acuíferos y de nuestras tierras cultivables, estas ya no se limitarán solamente a los países limítrofes. Para ello hemos diseñado un sistema de defensa atípico, llamado lucha de patriotas, concebido para una lucha prolongada de pequeños núcleos y asistidos por las comunidades a lo largo y ancho del país, los mismos que combatirían al invasor en forma permanente, hasta derrotarlo, teniendo como aliado el propio medio ambiente”.

[29] “FFAA”, Programa del Movimiento al Socialismo (MAS).

[30] Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia a raíz del ataque militar el 1 de marzo de 2008 contra un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano, en el que murió “Raúl Reyes”, miembro de la cúpula de las FARC.

[31] Véase Seguridad Internacional Contemporánea: Consecuencias para la Seguridad Humana en América Latina y el Caribe, Seminario Internacional, FLACSO, Chile, 20–22/VIII/2003, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001406/140625s.pdf.

[32] http://midena.gov.ec/images/pdf/planecuador2007/planecuador2007.pdf.

[33] “Propuesta preliminar del Ministerio de Defensa Nacional sobre los temas referentes a la ?Fuerza Publica? a ser considerados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) en la Asamblea Nacional Constituyente”.

[34] “Concepto estratégico militar de la Fuerza Armada Nacional”, http://www.seguridadregional–fes.org/upload/0965–001_g.pdf.

[35] “Discurso del Comandante General del Ejército en el 197 aniversario de la creación del Ejército Nacional”, 17/XI/2007, http://www.aviacionboliviana.net/uae/not_001107a.htm.

[36] http://www.mpd.gob.ve/prog–gob/proyb2000.htm. El Proyecto Bolivar consta de varias fases: (1) Proyecto País (Propaís), que proporcionará asistencia urgente a la población más necesitada y en máxima exclusión social; (2) Proyecto Patria (Propatria), que incorporará a empleados públicos y desempleados a las actividades de atención a la sociedad y organizará a las comunidades para el trabajo productivo; y (3) Proyecto Nación (Pronación), bajo la dirección de Cordiplan, fase durante la cual se desarrollarán proyectos estructurales, como las industrias petroquímica, del gas y agrícola, así como un proyecto de educación masiva.

[37]http://www.mindefensa.gov.ve/FUNDAPROPAIS/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=41.

[38] El ejemplo cubano es una referencia fundamental en la organización de la defensa en Venezuela. El Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), es considerado el brazo productivo de las FAR, atiende todas las necesidades de la población: médicas, alimenticias y productivas e incluso recreativas.

[39] http://www.mindefensa.gov.ve/Reforma%20Constitucional%20referente%20a%

20la%20FAN.pdf.

[40] “Defensa de la Patria”, Propuesta a la Asamblea Constituyente (Cuarta Parte).

[41] El Diario, 14/III/2006. La idea era crear “batallones ecológicos”, véase La Razón, 10/IX/2006.

[42] Programa gubernamental basado en prestar ayudas familiares para fomentar la escolarización regular de la población infantil.

[43] La renta consiste en el pago de 320 dólares anuales a personas mayores de 60 años sin jubilación, mientras los jubilados de la misma edad reciben 240 dólares mensuales.

[44] Una recopilación de las diferentes misiones realizadas y programadas para las FFAA bolivianas se encuentra en http://www.laprensa.com.bo/noticias/16–03–08/16_03_08_segu1.php. Respecto a la exportación de hiero en particular, véase “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el aniversario de la escuela naval militar”, 24/IV/2008.

[45] Los Tiempos.com, http://www.lostiempos.com/noticias/23–05–08/23_05_08_ultimas_nac11.php.

[46] “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el acto de posesión del Alto Mando militar”, 2/I/2008, http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200801/02.01.08PoseAltoMandoMil.html, y “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el 197 aniversario del Ejército boliviano”, 14/XI/2007, http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200711/14.11.07AniversarioEjercito.html.

[47] “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el 197 aniversario del Ejército boliviano”, 14/XI/2007, http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200711/14.11.07AniversarioEjercito.html.

[48] “Propuesta elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, sobre los temas referentes a la ?Fuerza Pública? a ser considerador por el Consejo Nacional de Eduación Superior (CONESUP) para la Asamblea Nacional Constituyente”, julio de 2007.

[49] El Universo, 3/VI/2008.

[50] Bertha García Gallegos, “De la ?acción cívica? al ?apoyo al desarrollo?; la seguridad interna como doctrina de resolución de conflictos”, Proyecto de Investigación Las dimensiones societales y estratégicas de la reconversión militar en el Ecuador, COMUEP y la PUCE, 1996.

[51] “Propuesta elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, sobre los temas referentes a la “Fuerza Pública” a ser considerador por el Consejo Nacional de Ecuación Superior (CONESUP) para la Asamblea Nacional Constituyente”, julio de 2007.

[52]“Entrevista a Rafael Correa”, 13/I/2008, http://archivo.eluniverso.com/2008/01/13/0001/8/E6F9445F4D18452BBBCB4D5139031F55.aspx.

[53] Ibid., esta posición ha sido definida por Correa como de “nacionalismo patriótico”. Homero Arellano, ex almirante de la Marina y defensor de las políticas del gobierno entendió que ésta forma de actuar respondía a una forma de administrar los recursos nacionales de forma “nacionalista, honesta y soberana”, véase http://www.periodicopcion.net/article155030.htm.

[54] “Palabras del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, en el aniversario 45 de la Escuela Naval Militar”, 24/IV/2008.

[55] Programa social del actual gobierno nicarag?ense destinado a erradicar la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición, así como la falta de agua.

[56] “Acto de conmemoración del XVIII aniversario del Ejercito de Nicaragua. Discurso del Jefe del Ejército de Nicaragua Omar Halleslevens”, 1/IX/2007.

[57] “Producir para liberar Nicaragua del hambre y la pobreza VI!”, Palabras del general Oscar Balladares, Jefe de Operaciones Generales del Ejército ante el presidente y los productores del país, 7/VI/2008, http://www.presidencia.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=83:producir–para–liberar–nicaragua–del–hambre–y–la–pobreza–vi–&catid=46:junio2008&Itemid=54.

[58] Respecto a todas las consecuencias políticas e institucionales derivadas de la misión de apoyo al desarrollo social, véase J.R. Quintana, “Gobernabilidad democrática y FFAA en Bolivia”, Proyecto de Investigación Estratégica de Bolivia”, La Paz, Bolivia, pp. 18–19, http://larc.sdsu.edu/humanrights/rr/Bolivia/PolyDem.pdf.

[59]http://www.mindefensa.gov.ve/Reforma%20Constitucional%20referente%20a%20la%20FAN.pdf.

[60] En 2007, bajo el llamado Plan Búho, los militares participaron en la lucha contra el contrabando, tráfico de armas, drogas, órganos humanos y vehículos La Razón, 21/XI/2007, http://www.la–razon.com/versiones/20071121_006097/nota_256_509384.htm. En abril de 2008 se dispuso la creación de cinco comandos militares conjuntos para evitar el contrabando de alimentos y combustibles con el objeto de garantizar el abastecimiento interno y la especulación en los comercializadores. En noviembre se ordenó la militarización de 11 puentes fronterizos con Perú y Chile para evitar el ingreso y salida de mercadería ilegal y de combustible, bajo el “Plan Negro Uno”, que finalizó en abril de 2008, http://www.lostiempos.com/noticias/23–05–08/23_05_08_ultimas_nac11.php.

[61] “Acto de conmemoración del XVIII aniversario del Ejercito de Nicaragua. Discurso del Jefe del Ejército de Nicaragua Omar Halleslevens”, 1/IX/2007.

[62] En mayo de 2008 se desplegó al Ejército en tramos de carretera ocupados por transportistas en huelga y en este mismo mes tuvo lugar un enfrentamiento entre policía y FFAA y campesinos, véase http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/15311 y http://www.laprensa.com.ni/archivo/2008/mayo/27/noticias/nacionales/262135_print.shtml, respectivamente.

CBM EN AMÉRICA LATINA Y EL EFECTO DE LA ADQUISICIÓN DE ARMAS POR PARTE DE VENEZUELA

Mark Bromley y Catalina Perdomo

I. Introducción

La adquisición de tecnología militar no tiene porqué suponer una amenaza para la estabilidad y la seguridad de una región. Sin embargo, la difusión de tecnología militar entraña una serie de riesgos y, además, determinados sistemas de armamento adquiridos en determinados contextos pueden tener un efecto adverso en la estabilidad de una región. A ello hay que añadir que en algunas regiones del mundo, especialmente África y América Latina, los flujos ilegales de armas ligeras y de pequeño calibre (small arms and light weapons, o SALW en sus siglas en inglés) de un país pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional de otro. Ello, a su vez, puede tener consecuencias negativas en las relaciones entre Estados. Para neutralizar algunos de estos peligros, los Estados han creado una serie de mecanismos para fomentar la confianza y la transparencia mediante el intercambio de información sobre los procesos de adquisición de armas o mediante medidas para fortalecer el control de las exportaciones. En muchos casos, especialmente en Europa, estas iniciativas se han formalizado a través de “medidas para fomentar la confianza mutua” (confidence-building measures, o CBM en sus siglas en inglés).

En los últimos años, América Latina ha desarrollado un paquete bastante sofisticado de CBM.[1] Estas medidas incluyen acuerdos centrados en la limitación de malentendidos surgidos a raíz de la adquisición de armas y en el fortalecimiento del control sobre las transferencias de SALW. Durante la primera mitad de 2005, saltaron las alarmas sobre los posibles efectos sobre la seguridad de la región de la adquisición de armas por parte del gobierno venezolano. Dichas adquisiciones fueron motivo de preocupación tanto por sus potenciales consecuencias sobre el “equilibrio militar” de la región como por la posibilidad de que los excedentes de armas cayeran en manos de grupos rebeldes en Colombia. Todo ello ofrece una interesante oportunidad para examinar los puntos fuertes y débiles del desarrollo de las CBM en América Latina. Aunque las CBM no pueden aportar una solución a situaciones reales de tensión ni resolver antiguas disputas políticas, sí pueden servir para generar confianza y mejorar el entendimiento. Sin embargo, la eficacia de las CBM latinoamericanas se ha visto mermada por las condiciones políticas de América Latina y el enfoque que ha adoptado la región respecto a su aplicación. Estos problemas son especialmente tangibles en la Región Andina, donde los acuerdos existentes no se cumplen de manera eficaz y no se han buscado oportunidades para crear nuevos mecanismos.

La sección II hace un repaso de las CBM latinoamericanas. Comienza definiendo las CBM en líneas generales para describir posteriormente los retos de seguridad a los que se enfrenta actualmente América Latina y cómo estos problemas se ven agravados por malentendidos causados por la adquisición de armas y flujos ilegales de SALW. En tercer lugar, describe el desarrollo de las CBM en la región, poniendo un énfasis especial en las medidas que se centran en la adquisición de armas y el traspaso de SALW. En cuarto lugar, la sección analiza la forma en que las condiciones políticas de la región han determinado la eficacia de las CBM y cómo los Estados han creado y ejecutado los acuerdos. Por último, la sección se plantea el motivo de la gran diferencia existente en el grado de participación entre la Región Andina y el Cono Sur.[2] La sección III ofrece un análisis más pormenorizado de la “escalada” militar de Venezuela y las preocupaciones que ha suscitado en la región. La sección IV aporta los principales resultados y conclusiones del estudio.

Además de aclarar algunos acontecimientos recientes, este análisis también realiza una valoración más amplia del efecto que pueden tener las CBM en reducir el impacto de las adquisiciones de armas y las transferencias ilegales de armamento en las relaciones entre Estados, planteando para ello una serie de preguntas: ¿qué papel desempeñan las CBM en un clima político tan enconado y dividido como el que actualmente impera en la Región Andina?, ¿son capaces las CBM de salvar diferencias políticas insolubles como las que actualmente enfrentan a Venezuela con Colombia y EEUU?

II. Las CBM en América Latina

Una vez presentado el concepto de CBM, esta sección examina los tipos de problemas de seguridad a los que se enfrenta actualmente América Latina y cómo se ven agravados por la adquisición de armas y la transferencia ilegal de SALW. Posteriormente, analiza el desarrollo de las CBM en la región antes de analizar más detalladamente algunas medidas específicamente dirigidas a las adquisiciones de armas y las transferencias de SALW.

El control del armamento se divide en dos ramas principales que se diferencian en cuanto a su alcance y en los mecanismos que emplean: el control operativo o “suave” y el control estructural o control “duro”. El primero aspira a constituir una garantía respecto al carácter y objetivo de las actividades militares y el carácter de la defensa; abarca elementos como la asociación, las garantías mutuas y la transparencia militar y de seguridad.[3] Entre las medidas específicas pueden incluirse: intercambio de información sobre actividades, capacidades y doctrinas militares; restricciones a determinadas actividades y capacidades militares; reuniones entre altos representantes de defensa; y programas de intercambio para personal y unidades militares.[4] Las medidas de control “duro” de armamento, sin embargo, son una serie de acuerdos tangibles cuyo objetivo es reducir, prohibir y contener la adquisición, despliegue y proliferación de determinados tipos de armamento.

Las CBM se enmarcan dentro del control de armamento “suave”. Aunque no existe una definición detallada y consensuada de las CBM, la mayoría de las definiciones comparten que la aspiración de las CBM es reducir, dificultando el uso de la fuerza, el riesgo de cometer errores de cálculo o de comunicación que puedan desencadenar una guerra.[5] Pueden incrementar la previsibilidad, fortalecer la estabilidad y mejorar la seguridad, así como abrir “vías de comunicación” entre adversarios, relanzar relaciones de seguridad que han alcanzado un impasse, mejorar los climas políticos y ayudar a forjar relaciones efectivas.[6] En Europa, las CBM se han centrado en las necesidades y requisitos de cooperación y entendimiento entre los ejércitos. Sin embargo, en otras regiones como América Latina, se ha ampliado el concepto de CBM a esfuerzos dirigidos a abordar, junto con medidas militares, cuestiones no militares como son las amenazas medioambientales y delictivas. Este artículo se centra en aquellas CBM creadas para reducir la desconfianza y la tensión causadas por la adquisición y transferencia de armas.

Contextualización: amenazas “antiguas” y “nuevas” en América Latina

América Latina es una región que se enfrenta a una combinación de lo que habitualmente solemos referirnos de forma equívoca como amenazas a la seguridad “antiguas” y “modernas”. Por “antiguas” entendemos los conflictos y tensiones surgidos por disputas fronterizas y otras áreas de tensión entre Estados, mientras que por “modernas” amenazas a la seguridad nos referimos a cuestiones como las actividades internacionales de organizaciones delictivas y terroristas que amenazan de alguna manera la autoridad de un Estado. En ambos casos, la adquisición o la transferencia ilícita de armas es capaz de agravar las tensiones y provocar nuevos conflictos.

Desde el final de la Guerra Fría, han surgido en América Latina una serie de iniciativas para la cooperación económica y en materia de seguridad, así como para fomentar la integración regional. El gasto en defensa sigue siendo comparativamente reducido y ya se han resuelto la mayoría de las disputas fronterizas que en el pasado ocasionaron conflictos.[7] A pesar de estos avances, América Latina sigue siendo una región en la que la adquisición de armas por un país puede tener consecuencias potencialmente desestabilizadoras en la seguridad de la región. La adquisición de armas por parte de otro Estado sigue siendo vigilada muy de cerca por los cambios potenciales en el equilibrio militar de la región que pudieran entrañar, mientras que los diferentes Estados habitualmente compran armamento a fin de evitar o responder a lo que perciben como desigualdades en sus capacidades militares. A modo de ejemplo, en 2005 aumentaron las tensiones entre Perú y Chile como consecuencia de la adquisición a EEUU de aviones de combate F-16 por parte de Chile.[8]

Durante la Guerra Fría, gran parte de los escritos sobre los efectos de las adquisiciones de armas en la seguridad regional se centraban en los grandes sistemas de armamento que podían alterar la capacidad militar de un Estado en relación con otro. Según Arnett, “Tradicionalmente, se ha considerado que las armas contribuían a la estabilidad ‘estratégica’ o ‘de crisis’ si no provocaban guerras preventivas en momentos de crisis agudas”.[9] Sin embargo, tras la Guerra Fría se ha prestado una creciente atención a los efectos desestabilizadores de las SALW. Esta cuestión es especialmente relevante en algunas partes de África, pero también lo es en América Latina, donde grupos ilegales armados con SALW han demostrado tener la capacidad de suponer un desafío militar para el Estado. Por tanto, las transferencias ilegales o clandestinas de SALW desde un determinado Estado tienen la capacidad de amenazar la seguridad de otro. Andrew Hurrell cita estos flujos ilegales de armas como uno de los inconvenientes del libre comercio y la liberalización, en contraste con el impacto supuestamente positivo que tienen al mejorar la seguridad y la prosperidad de una región, especialmente en el Cono Sur. Por tanto, según Hurrell, “La liberalización de los intercambios comerciales facilita todo tipo de flujos ilícitos, especialmente cuando la liberalización forma parte de una transferencia de poder más general del Estado al mercado. Estas actividades ilícitas pueden extenderse posteriormente hasta afectar las relaciones entre Estados.”[10]

El desarrollo de las CBM en América Latina

La primera medida que adoptó América Latina en el ámbito del control de armamento se enmarcaba dentro del control “duro”, más que en el “suave”. En 1967, el Tratado de Tlatelolco establecía la proscripción de armas nucleares en la región.[11] Sin embargo, los intentos posteriores de completar el Tratado de Tlatelolco y crear mecanismos de restricción para armas convencionales no lograron el mismo éxito y se malograron los intentos siguientes. Por ejemplo, la Declaración de Ayacucho de 1974 hacía referencia a la intención de contemplar la limitación del armamento. Sin embargo, el intento de 1978 de completar la declaración y concretar acuerdos de limitación de armamentos en toda la región no llegó a buen puerto. De manera similar, una conferencia que se celebró también en Méjico en 1978 aspiraba a aplicar el espíritu del Tratado de Tlatelolco a las armas convencionales, auque tampoco logró articular una solución al respecto.[12]

Tras el final de la Guerra Fría, la atención de los gobiernos de la región se desplazó hacia los mecanismos “suaves” de control de armamento. En 1994, se celebró en Buenos Aires la primera Conferencia Interamericana de Expertos sobre CBM de la región, a la que siguió una Conferencia Regional sobre CBM en Santiago en 1995.[13] El conjunto de recomendaciones que emanaron de la reunión de Buenos Aires siguen siendo el principal punto de referencia del hemisferio en materia de CBM. Entre tanto, la Declaración de Santiago contenía un programa de acción para el hemisferio en el que se exigía que todos los países compartieran información sobre maniobras militares, participaran en el Registro de Armas Convencionales de la ONU (UNROCA) y en los mecanismos de notificación de Gastos Militares de la ONU, así como el fomento de intercambio de información sobre políticas y doctrinas de defensa y la asistencia de observadores internacionales a sus maniobras militares.[14] En 1998, la Conferencia de San Salvador recomendaba un conjunto adicional de nuevas CBM. Los participantes pedían mejorar y ampliar la información remitida por los Estados a UNROCA y la creación de una metodología común para medir el gasto militar en la región. Por último, la Reunión de Expertos de Miami sobre CBM celebrada en 2003 ofrecía una hoja de ruta para nuevas CBM en el hemisferio. Su principal logro fue el reconocimiento de que, para resultar eficaces, las CBM latinoamericanas tenían que ampliar su enfoque más allá de las cuestiones en las que tradicionalmente se habían centrado las medidas europeas. Para ello, tenían que resolver tensiones fronterizas, reducir la presión sobre el gasto armamentístico, impulsar normas democráticas y fomentar un clima de confianza, transparencia y cooperación en el hemisferio. La conferencia también recomendaba institucionalizar permanentemente el proceso de creación de CBM a través de un foro de discusión.[15]

Como resultado de estas iniciativas, América Latina ha desarrollado una serie de acuerdos formales e informales en torno a las CBM. Los dos acuerdos más relevantes para limitar las tensiones causadas por la adquisición y transferencia ilegal de SALW son la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados de 1997 (Convención sobre Armas de Fuego de la OEA) y la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales de 1999 (Convención sobre Transparencia de la OEA). El primer acuerdo se centra en mejorar la estabilidad y la responsabilidad militar, mientras que el segundo está dirigido a mejorar la seguridad interestatal y la prevención de delitos. Ambos acuerdos son legalmente vinculantes para las partes.

La Convención sobre Armas de fuego de la OEA fue abierta a la firma en noviembre de 1997 y se empezó a aplicar en julio de 1998. La convención exige que los Estados Parte redacten leyes sobre la importación, exportación y monitorización de armas de fuego, munición, explosivos y materiales relacionados, junto con mecanismos para su aplicación.[16] En concreto, la convención facilita el intercambio de información sobre los movimientos que realizan los traficantes de armas, exige la creación de controles básicos de las exportaciones y promueve la prestación de ayuda legal y técnica en la medida en que la necesiten los Estados Parte.[17] A diferencia de la Convención sobre la Transparencia de la OEA, en la Convención sobre Armas de Fuego participan 26 partes, lo que representa aproximadamente al 75% de los Estados miembros de la OEA. Solo faltan por ratificar la convención pequeños países, además de EEUU y Canadá.[18]

La Convención sobre Transparencia de la OEA se adoptó en junio de 1999. Se inspira en el UNROCA, un mecanismo creado en 1991 que invita a los gobiernos a compartir información sobre cualquier importación y exportación de las siete categorías de principales armas convencionales. Sin embargo, la Convención de la OEA es un instrumento más desarrollado en el sentido de que los requisitos de notificación abarcan también tanto las adquisiciones como las importaciones locales. Además, los Estados deben notificar cualquier adquisición en el plazo de 90 días de su incorporación a las fuerzas armadas.[19] La Convención sobre Transparencia de la OEA entró en vigor el 21 de noviembre de 2002, 30 días después de que el sexto país de la OEA la ratificara. Veinte de los 34 Estados miembros de la OEA la han firmado, aunque según los datos más recientes solo 10 de ellos la han ratificado.[20]

Las condiciones políticas en América Latina

A pesar de los avances en el desarrollo de las CBM en América Latina, sigue habiendo problemas que limitan la eficacia de su aplicación. Esto puede observarse si se aplican a América Latina algunas de las lecciones aprendidas en el proceso de desarrollo de CBM en Europa. Por supuesto, hay que ser cautos al comparar los contextos europeo y latinoamericano, aunque resulta útil realizar una comparación con la experiencia europea, puesto que este estudio se centra en medidas creadas para limitar las consecuencias negativas de la adquisición y la transferencia ilícita de armas. En este ámbito concreto, Europa ha servido de inspiración para que otras regiones desarrollasen posteriormente iniciativas en materia de CBM.[21] Las lecciones aprendidas de la experiencia europea pueden agruparse en dos categorías: (1) las condiciones políticas objetivas necesarias para la creación de CBM eficaces; y (2) el enfoque que deben adoptar los Estados en el momento de aplicarlas.

El potencial para crear CBM eficaces depende de la existencia de condiciones especiales de índole económica, militar y política. A este respecto, la experiencia europea indica que la creación de CBM eficaces depende en gran medida de dos factores principales: (1) la estabilidad y previsibilidad en una determinada región; y (2) la existencia de una cultura política compartida entre los Estados en cuestión.

Para garantizar la responsabilidad de los gobiernos y la previsibilidad de su adhesión a los acuerdos es necesario que los gobiernos y las relaciones entre Estados sean estables y previsibles. Cuando estas condiciones no están presentes, hay una tendencia a cuestionar la forma en que los Estados aplican los acuerdos y una mayor probabilidad de fraude. Ejemplo de ello es el escaso nivel de compromiso, para algunos incluso de fraude, en la Unión Soviética durante el período 1975-1985 en cuanto al Acta final de Helsinki de 1975 sobre CBM en Europa.[22] Es importante contar con regímenes democráticos sólidos puesto que tienden a institucionalizar los acuerdos alcanzados a escala intergubernamental. Por contra, los regímenes en los que la democracia no existe o es muy débil pueden tomar decisiones con mayor facilidad, pero en detrimento de una aplicación de los acuerdos coherente y consecuente. Además, un bajo nivel de capacidad estatal permite que grupos criminales se involucren en actividades ilegales que incluyan la violencia social, actos delictivos relacionados con las drogas o la insurgencia armada. Como se ha planteado anteriormente, estos retos transnacionales también puede contribuir a perpetuar las tensiones entre Estados e impedir el desarrollo de las CBM.

A pesar de los avances significativos de los últimos años, la estabilidad y la previsibilidad no son factores que estén presentes en toda América Latina. Determinadas zonas de algunos países carecen de presencia estatal, predominan las democracias frágiles y en muchas zonas la amenaza de un retorno a regímenes militares. En la región se prodiga un modelo común de gobiernos democráticos débiles y, en algunos casos, fallidos. En los últimos años, podemos citar el ejemplo de Perú, Bolivia, Ecuador y, en cierta medida, Venezuela, lo que engloba prácticamente toda la Región Andina.[23] En la mayoría de los países latinoamericanos, las CBM se acuerdan en reuniones presidenciales que implican compromisos personales entendidos como “políticas gubernamentales” en lugar de “políticas estatales”. Quienes participan en las reuniones sobre CBM suelen constituir un grupo limitado de funcionarios que no cuentan con los fondos suficientes para financiar las propuestas. Por su parte, el ejecutivo suele adolecer de falta de capacidad para aplicar las nuevas directivas.[24] También existe el riesgo de despertar un sentimiento nacionalista, que suele intentar por todos los medios movilizar la opinión pública para exigir un mayor papel político o insistir en la militarización y el rearme, como sucedió en Perú con el Presidente Alberto Fujimori.[25]

En zonas caracterizadas por culturas políticas antagónicas, existe el riesgo de que las divergencias limiten el impacto potencial de las CBM. Puede argumentarse que EEUU ha adoptado políticas sobre el control de armamento y desarme que difieren sustancialmente de las que aspiran a lograr los países de América Latina. Concretamente, la política estadounidense del actual gobierno Bush ha dado un pronunciado giro en el que al evaluar las amenazas se concede una mayor importancia a las intenciones de un Estado que a su capacidad real. Por ello, la política estadounidense no se rige por el hecho de que un país posea determinados sistemas de armamento en sí, sino por el tipo de gobierno que los posee. De hecho, se le da una menor importancia a los acuerdos multilaterales que se aplican por igual a todos los países que a las políticas centradas en países concretos o situaciones que EEUU considera amenazantes.

Esta política representa un cambio respecto a las aspiraciones del gobierno de Clinton. Cuando en 1997 Clinton anunció la revisión de la política sobre la exportación de armas a América Latina, el gobierno de EEUU afirmaba su “compromiso de fomentar la prevención y resolución de conflictos y las medidas de fomento de la confianza y la seguridad (CSBM), así como medidas de control de armamento que contribuyan a la estabilidad en la región”.[26] En abril de 2005, cuando se le preguntó sobre la reciente adquisición de armas por parte de Venezuela, Brasil, Chile y Colombia, el secretario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, respondió: “una cosa es un país democrático y pacífico que, por cualesquiera razones, desea poseer determinado tipo de capacidades,... pero otra cosa bien distinta es que un país adquiera 100.000 AK-47, ante lo cual debemos preguntarnos qué uso les van a dar”.[27] Por tanto, valorar si la adquisición por parte de Venezuela de Kalashnikov puede o no tener un impacto negativo en la región tiene poco que ver con las armas en sí, y mucho que ver con el tipo de gobierno en Caracas y con la política de EEUU respecto a dicho gobierno. La posición de EEUU también se refleja en su incapacidad de desempeñar un papel activo a la hora de apoyar las diferentes iniciativas sobre CBM en la región. Por ejemplo, la actual administración estadounidense no ha ratificado la Convención sobre Armas de Fuego de la OEA.

El principal problema que plantea la política estadounidense es que otros Estados solo puedan compartir dicha política en la medida en que compartan (o se les convenza de que lo hagan), la opinión de EEUU sobre qué Estados han de suscitar su preocupación. Además, esta política refleja una perspectiva determinada sobre la legitimidad de interferir en los asuntos internos de otros Estados. Presupone que, a la hora de adquirir armamento, se puede confiar en unos Estados y en otros no. Esta posición implica el derecho a inmiscuirse en cuestiones que otros Estados de la región consideran un derecho soberano del gobierno de cada país. En general, los Estados latinoamericanos siguen suscribiendo la definición tradicional de la soberanía nacional y ven con desaprobación la injerencia en los asuntos internos de otro Estado.

El enfoque latinoamericano hacia las CBM

El conjunto de experiencias europeas aporta tres lecciones importantes a América Latina y otras regiones respecto al enfoque más eficaz que los Estados pueden adoptar a la hora de crear y aplicar CBM. La primera es que las CBM no deben emplearse como mecanismo para resolver problemas de democracias débiles y Estados en conflicto. La segunda es que es importante evitar incluir cuestiones tanto militares como no militares en las CBM sin haber antes atendido al proceso con la formulación de objetivos concretos. Por último, hay que maximizar la flexibilidad evitando formalizar acuerdos legales demasiado estrictos y haciendo énfasis en acuerdos políticamente vinculantes. A los países latinoamericanos todavía les queda gran parte de la lección por aprender a este respecto.

En primer lugar, América Latina se enfrenta actualmente a las dificultades que plantea tratar las CBM como un medio para resolver los problemas de democracias débiles y Estados en conflicto. Mientras que las CBM europeas fueron concebidas para dar respuesta a las graves amenazas existenciales de la Guerra Fría, en América Latina el motor que ha impulsado su creación ha sido la necesidad de democratizar las fuerzas armadas tras décadas de gobiernos autoritarios.[28] Las instituciones del sector de la seguridad de América Latina y sus respectivos acuerdos internacionales siguen marcados por la impronta de haber sido redactados bajo regímenes autoritarios.[29] En el contexto latinoamericano, es legítimo considerar el desarrollo de un buen gobierno como una CBM necesaria.[30] Sin embargo, las CBM no han sido creadas necesariamente para poder hacerlo con eficacia. Además, dados los amplios objetivos de las CBM en esta región, se ha concedido poca importancia a la mejora de las relaciones entre los países.

En segundo lugar, América Latina ha intentado incorporar cuestiones tanto de índole militar como no militar en las primeras etapas, lo que ha conllevado el fracaso de crear CBM de forma selectiva. Las CBM tienen que estar orientadas a lograr objetivos concretos para no perder el enfoque y la capacidad necesaria para mejorar las relaciones militares. Las CBM sudamericanas se han estructurado en torno al reconocimiento de los peligros que plantean las “nuevas amenazas a la seguridad” que han surgido como consecuencia del debilitamiento del Estado, la falta de ambición política, la debilidad del Estado de derecho y un elevado nivel de delincuencia y violencia internas. Las dificultades de garantizar una presencia estatal institucionalizada y creíble en todos los ámbitos de cada país han hecho surgir una demanda de cooperación internacional en la región para atajar estos peligros transnacionales. Sin embargo, estas CBM constituyen una preparación para eventuales amenazas extraregionales, en lugar de medidas para mejorar las condiciones de seguridad interestatales. Esto impone limitaciones al empleo de las CBM en América Latina, a pesar de la existencia de tensiones concretas entre países.[31] Al mismo tiempo, este enfoque amplio se traduce en que todo el proceso de creación de medidas para reforzar la seguridad se verá lastrado por una falta de progreso en la esfera militar.[32]

Por último, la debilidad de las instituciones y los gobiernos latinoamericanos ha hecho que estos países pongan énfasis en la creación de acuerdos firmes y legalmente vinculantes. Por ejemplo, tanto la Convención sobre Transparencia como la de Armas de Fuego de la OEA son legalmente vinculantes para las partes. Por ello, estos acuerdos carecen de la flexibilidad que permite que los países se adapten a nuevas situaciones de peligro. Las CBM resultan más eficaces cuando forman parte de acuerdos políticamente vinculantes que reduzcan la posibilidad de que los países queden atrapados en acuerdos obsoletos que no reflejan las preocupaciones actuales en materia de seguridad. Con todo, América Latina también debería aprender que la voluntad política, cuando existe, puede dar lugar a un mayor sentimiento de compromiso y pertenencia en los acuerdos.[33]

Avances desiguales en el ámbito de las CBM

El Cono Sur ha creado un conjunto de acuerdos bilaterales distintos y separados de aquellos aplicados a toda la región. La creación de un nuevo ambiente para la cooperación en materia de seguridad puede apreciarse en una serie de acuerdos bilaterales firmados entre Chile y Argentina, Argentina y Brasil y Chile y Brasil, así como en mecanismos en los que se incluye a otros países de la región.[34] El más tangible de todos ellos es el Instrumento de Información Estandarizada sobre Gastos Militares presentado a petición de los gobiernos de Argentina y Chile.[35] La Comunidad de Naciones Andinas (CNA) ha examinado la posibilidad de adoptar un mecanismo similar, aunque no se ha concretado ninguna medida al respecto.[36]

También, existe una marcada diferencia entre el grado de éxito alcanzado por las CBM en el Cono Sur y en la Región Andina. Por ejemplo, tan solo un 25% de los informes anuales que los países latinoamericanos remiten a UNROCA son exactos, y estos corresponden generalmente a los países del Cono Sur: Argentina, Brasil y Chile.[37] El restante 75% de los informes son contradictorios puesto que indican que no se han producido transferencias, cuando los datos de los proveedores indican lo contrario.[38] Los beneficios derivados de la Convención sobre Armas de Fuego de la OEA tampoco son uniformes a lo largo de la región. Por ejemplo, en un reciente estudio llevado a cabo por la Convención se descubrió que los cuerpos de seguridad de Colombia se mostraban insatisfechos con el grado de cooperación que recibían por parte de países vecinos.[39]

El éxito desigual de las CBM se explica en parte por la distribución irregular de las amenazas a la seguridad en el hemisferio. El Cono Sur y la Región Andina comparten las mismas presiones de seguridad impuestas por las denominadas “nuevas amenazas”, pero el grado de intensidad difiere sustancialmente, dado que afecta con mayor intensidad a los países andinos, lo que alimenta las tradicionales disputas entre Estados. Además, el mayor grado de capacidad estatal en el Cono Sur se traduce en que la región se ve menos afectada por los efectos desestabilizadores de grupos criminales y dispone de mayor capacidad para aplicar los acuerdos que ha alcanzado.

El diferente grado de integración económica entre ambas regiones explica en gran parte esta disparidad en los niveles de éxito de las CBM. La creación de iniciativas de cooperación en materia de seguridad en el Cono Sur cuenta con el apoyo del acuerdo para la integración económica MERCOSUR.[40] La liberalización económica y el aumento del grado de interdependencia afectan al entorno de la seguridad de distinta forma. Concretamente, fomentan nuevos conceptos de interés e identidad entre los grupos sociales y los actores políticos. “El regionalismo económico institucionalizado es importante para la seguridad no solo porque los enfrentamientos resultan demasiado costosos de acuerdo con cierta medida abstracta, sino también porque fomenta los procesos de socialización y creación de redes gracias a los cuales puede ir variando la definición de intereses e identidades, modificando los valores de los miembros y las formas en que se interpretan los costes/beneficios y los actos racionales”.[41]

En resumen, las democracias débiles y la escasa capacidad institucional de América Latina han creado un ambiente inestable e impredecible para el desarrollo de CBM en la región. La búsqueda por parte de EEUU de políticas de control de armamento y seguridad colectiva no ayuda a mejorar la situación, dada su marcada divergencia con el resto de la región. Además de estas condiciones desfavorables, la eficacia de las CBM latinoamericanas también se ve dificultada por el enfoque que ha adoptado la región respecto a su desarrollo. América Latina ha intentado usar las CBM como un mecanismo para resolver los problemas de democracias débiles y Estados en conflicto, en lugar de abordar el proceso de las CBM centrándose en objetivos concretos.

III. Las adquisiciones de armas por Venezuela en 2005

La limitada capacidad de las CBM latinoamericanas, en especial las de la Región Andina, pueden percibirse en las recientes disputas en torno a la adquisición de armas por parte de Venezuela. Esta sección analiza dichas adquisiciones: describe los equipos que se han adquirido, los motivos de la compra y las preocupaciones que han generado en la región. Concretamente, analiza el papel de las CBM a la hora de resolver las tensiones en torno a estas adquisiciones.

Durante la primera mitad de 2005, Venezuela firmó cuatro importantes contratos o acuerdos para la importación de armas y se ha comentado que además había considerado otros varios contratos más. Los acuerdos incluían un contrato valorado en 170 millones de dólares por la compra de 12-24 aviones ligeros de ataque Super Tucano brasileños en febrero de 2005,[42] así como dos contratos por un valor combinado de 200 millones de dólares por la compra de 15 helicópteros firmado en febrero y junio de 2005.[43] Además, Venezuela firmó un acuerdo en marzo de 2005 con España para la compra de 12 aeronaves C-295, 10 de transporte y dos de vigilancia.[44] Venezuela también está adquiriendo cuatro buques patrulleros, cuatro corbetas y varios cargueros a España.[45] Se cree que el valor total de estos acuerdos asciende a aproximadamente 1.700 millones de dólares.[46] Por último, Venezuela ha firmado un acuerdo para la adquisición de 100.000 fusiles de asalto AK-103/AK-194 de 7,62 mm a Rusia. Este acuerdo también puede incluir la licencia para la fabricación de fusiles adicionales en Venezuela.[47] Desde 2001, circulan rumores sobre la posible compra por parte de Venezuela de MiG-29.[48] Las especulaciones sobre este acuerdo llegaron a su punto álgido durante la visita de Chávez a Rusia en noviembre de 2004, aunque dirigentes venezolanos posteriormente restaron importancia a la posibilidad de que se produjera tal venta.[49] Más recientemente, han circulado informes según los cuales Venezuela ha desviado su atención de los MiG y se muestra ahora interesada en adquirir aeronaves de combate Su-27 o Su-35, también a Rusia.[50] Además, hay informes que indican que Venezuela está instalando una red de radares a lo largo de sus fronteras con Colombia utilizando tecnología alemana, china o ucraniana.[51] Parece que Venezuela se está planteando adquirir aeronaves EMB-145 a Brasil y vehículos acorazados a Austria, Bélgica, Suiza o el Reino Unido.[52] Por último, se ha anunciado que Venezuela ha contratado a una empresa belga para actualizar su flota de aviones de combate F-16[53] y ha firmado un contrato por valor de 7,5 millones de dólares con una empresa israelí, Rafael, para equipar sus aeronaves con misiles aire-aire Python IV.[54]

Estas últimas decisiones de compra por parte de Venezuela pueden relacionarse con varios factores: (a) los debates producidos en la primera mitad de 2005 sobre un cambio en la doctrina militar venezolana; (b) el mal estado en que se encuentran las fuerzas armadas de Venezuela y el deterioro de la seguridad a lo largo de la frontera con Colombia; y (c) el intento de Venezuela de diversificar sus fuentes de suministro de equipamiento militar más allá de EEUU.

Puede que el factor más relevante sea el probable cambio en la doctrina militar venezolana. Este cambio se ve sustentado por la percepción de que la revolución venezolana es vulnerable a un ataque por parte de EU y que, por tanto, Venezuela debe estar preparada para defenderse, como lo hizo Cuba en Bahía de Cochinos en 1961.[55] Según el secretario del Consejo de Defensa Nacional de Venezuela, el General Melvin López, la nueva doctrina se centrará en una “guerra asimétrica” basada en el uso de tácticas de guerrilla y la participación de la población en general.[56] Aunque la doctrina de la seguridad nacional venezolana se ha concentrado históricamente en repeler una invasión militar de Colombia con tácticas convencionales, esta nueva doctrina requiere una respuesta asimétrica y de baja intensidad frente a fuerzas de invasión de EEUU.[57] El plan conlleva fortalecer el aparato militar del país y la adquisición a otros países forma parte de este esfuerzo.[58] Además, Venezuela está incrementando el tamaño de sus unidades militares en todo el país, mejorando así el estado de preparación tanto de las unidades regulares como de las de la reserva, y actualizando todo su equipamiento y material militar.[59] Entre estos planes también figura la creación de unidades de milicia conocidas como Unidades de Defensa Popular (UDP).[60]

Tras varios años de recortes presupuestarios, las fuerzas armadas de Venezuela cuentan con un equipamiento muy deficiente. El gasto militar en Venezuela descendió de un 1,7% del PIB en 2001 a un 1,3% en 2003. Según un informe independiente, sus fuerzas armadas son una “estructura hueca” tan debilitada por los recortes presupuestarios que las patrullas de las regiones fronterizas suelen carecer de uniformes, botas, cascos, chalecos antibalas y municiones. El ejército es más reducido de lo que se reconoce y parte de su equipamiento no puede usarse con eficacia.[61] El plan es sustituir la flota actual de aeronaves Alenia G-222 con los C-295 adquiridos a España. En 1985 se adquirieron ocho G-222, aunque debido en gran parte al alto coste de su mantenimiento tan solo uno de ellos permanece operativo.[62] Por otra parte, durante los últimos dos años, varios incidentes han desestabilizado las relaciones ente Venezuela y su vecina Colombia, como consecuencia de la extensión del conflicto interno colombiano (dichos acontecimientos se comentan a continuación más pormenorizadamente). Por tanto, los helicópteros rusos, por ejemplo, tienen el objetivo de incrementar la capacidad militar de Venezuela para intervenir en zonas limítrofes con Colombia.[63]

Simultáneamente, las recientes adquisiciones reflejan un intento de diversificar los proveedores del ejército venezolano más allá de su tradicional proveedor principal, EEUU. Las relaciones entre Washington y Caracas han seguido deteriorándose en los últimos años, ante lo cual Chávez ha considerado importante cambiar de proveedor de material militar.[64] La flotilla de aviones de combate venezolana se compone fundamentalmente de F-16 de fabricación estadounidense. Para seguir teniendo acceso a las piezas de recambio de los mismos se depende de la buena voluntad de la Casa Blanca.[65] En febrero de 2005, Chávez acusaba a EEUU de retrasar la entrega de piezas de recambio para los F-16 de su país.[66]

Los críticos de Chávez han tratado de imputarle unos motivos menos benévolos para la reciente adquisición de armamento. Algunos afirman que las adquisiciones son un intento más del gobierno venezolano de distraer al pueblo de los problemas internos y despertar un sentimiento patriótico. Según Román Ortiz, catedrático de la Universidad de Los Andes, Chávez intenta “adquirir poderío militar para sostener su proyecto ideológico… una falsa percepción de superioridad podría ayudar a Chávez en su búsqueda de una política exterior más agresiva”.[67] La oposición y algunas organizaciones de derechos humanos perciben las UDP como un instrumento de control político interno más que como una respuesta a una amenaza militar real procedente del exterior.[68]

La preocupación colombiana: “antiguas” y “nuevas” amenazas

Independientemente de las razones tras las adquisiciones venezolanas, las reacciones a las que han dado lugar, especialmente en Colombia, reflejan amenazas a la seguridad tanto “antiguas” como “nuevas”. En primer lugar, hay quien advierte de que la adquisición por parte de Venezuela de nuevos sistemas de armamento, concretamente de fragatas a España y, probablemente, de MiG-29 a Rusia, tendrá un efecto desestabilizador sobre el equilibrio militar de la región y dar lugar a una carrera armamentística. Más aún, hay quien ha expresado su preocupación de que la transferencia y la fabricación bajo licencia de grandes cantidades de fusiles rusos resultarán en una cascada de excedentes de armas que pasará a manos de grupos armados ilegales de Colombia.

En octubre de 2004, al parecer la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Colombia pidió que Naciones Unidas investigara las supuestas adquisiciones de armamento venezolanas a Rusia, mencionando las potenciales consecuencias que tendrían sobre el equilibrio del poder en la región.[69] A finales de noviembre de 2004, ante la existencia de nuevos informes que afirmaban que Venezuela había comenzado a adquirir MiG-29, los legisladores colombianos convocaron a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Colombia para que respondieran a cuestiones relativas a los riesgos que planteaba la acumulación de armamento por parte de Venezuela.[70]

Las preocupaciones de Colombia sobre el equilibrio de poder en la región se han centrado principalmente en la supuesta adquisición de aviones de combate a Rusia, mientras que la compra de helicópteros rusos no ha planteado demasiadas preocupaciones. De acuerdo con el analista de defensa Alfredo Rangel, Colombia ha exigido a Chávez una mejor protección de sus fronteras, y los helicópteros permitirían una mayor vigilancia. Sin embargo, los MiG-29 serían percibidos como un acto hostil hacia Colombia.[71] También ha supuesto un motivo de preocupación la adquisición a España de corbetas. El ex presidente colombiano Andrés Pastrana ha advertido de que Venezuela podría enviar patrulleras a las aguas territoriales que reclama en el Golfo de Venezuela, disputa que estuvo a punto de estallar en guerra en 1987.[72]

A pesar de los intentos del gobierno colombiano de minimizar la importancia estratégica de las adquisiciones de armamento por parte de Venezuela, hay muestras reales de inquietud respecto a los posibles efectos que tendrían en el equilibrio militar entre ambos países. En abril de 2005 el por entonces ministro de Defensa colombiano, Jorge Alberto Uribe, admitía que Colombia “no se sentía cómoda” viendo cómo se fortalecía la “maquinaria militar de Venezuela”.[73] También en abril, se dijo que Uribe había expresado una profunda inquietud en un comunicado confidencial remitido al Senado de Colombia. El ministro de Defensa recalcaba, “no puede negarse que la intensificación militar de Venezuela acentúa el desequilibrio militar de la Región Andina”.[74]

También se ha prestado una atención especial a la compra de fusiles a Rusia. Quienes afirman que estas armas tienen un efecto desestabilizador no lo hacen por su posible impacto sobre el equilibrio militar de la región, que probablemente sea mínimo, sino por la posibilidad de que los excedentes acaben en manos de grupos rebeldes ilegales en Colombia. Desde que Chávez accedió al poder, se han producido repetidas acusaciones de que su gobierno ayuda activamente a las operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), proporcionándoles armas y logística o refugio en Venezuela.[75] En 2001 un informe de la agencia de inteligencia colombiana (Departamento Administrativo de Seguridad, o DAS) sobre el tráfico de armas de las FARC afirmaba que “los subversivos colombianos contaban con el apoyo de organizaciones del gobierno de Venezuela”.[76]

Sea como fuere, un estudio reciente llevado a cabo por RAND afirma que, aunque es posible que personas favorables a las FARC y el ELN dentro del ejército de Venezuela les hayan suministrado armas y municiones, “en este momento no hay pruebas definitivas que vinculen al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez con una política deliberada de entrega de armas a las guerrillas colombianas”. Sin embargo, más adelante el informe afirma que “es posible que miembros simpatizantes del ejército venezolano hayan suministrado armamento y munición a las FARC y el ELN”.[77]

La idea de individuos o pequeños grupos que operan sin la autorización del gobierno se ve apoyada por la descripción que hace Kirk Hawkins del carácter del gobierno de Chávez. Al describir el uso de la violencia por los seguidores de Chávez, Hawkins afirma que en no pocos incidentes los violentos actuaban sin instrucciones del gobierno. “Como movimiento, el Chavismo no está tan bien organizado y Chávez se cuida mucho de actuar sin cumplir la letra de la ley”.[78] No obstante, Hawkins también apunta que “Chávez transmite consignas incendiarias que sus seguidores interpretan como indirectas, por lo que sus acciones ilegales o no éticas suelen resultar impunes”.[79] Merece la pena resaltar que también se afirma que el equipamiento de otras fuerzas armadas aparte de las de Venezuela, por ejemplo de Ecuador y Perú, ha contribuido a engrosar el arsenal de las FARC y el ELN.[80] También hay ejemplos de corrupción en el seno del ejército colombiano y casos de venta de armas a los rebeldes.[81]

Sin embargo, la compra de 100.000 fusiles por parte de Venezuela ha levantado graves sospechas en Colombia. El gobierno colombiano se ha abstenido durante mucho tiempo de criticar en público estas adquisiciones, aunque ha expresado su inquietud en reuniones informativas off-the-record. Según un comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Colombia, no existía motivo de “preocupación” en torno a las adquisiciones propuestas, aunque funcionarios de la inteligencia colombiana han expresado en privado su preocupación de que los rifles sustituidos acaben en manos de la guerrilla colombiana.[82]

Las CBM y el caso venezolano

Un análisis más detallado sobre cómo han surgido los desacuerdos acerca de las adquisiciones de armas por Venezuela refleja muchos de los factores identificados en análisis previos de las CBM en América Latina. Venezuela y Colombia han intercambiado información, aunque estos intercambios se han producido principalmente entre ministros o jefes de Estado y ha habido poca voluntad de crear acuerdos formalizados o sistemas de intercambio de información institucionalizados. Sin embargo, este fracaso es en sí mismo fruto de los factores políticos que hemos identificado previamente como frenos a la creación de CBM eficaces. Concretamente, existe una carencia de estabilidad y previsibilidad tanto respecto a las relaciones entre Venezuela y Colombia como al grado de capacidad y voluntad de los gobiernos para crear CBM que resulten eficaces. Además, existe una falta de cultura política común entre los principales actores, especialmente entre EEUU y los países de la región, que ha socavado aún más el potencial de creación y aplicación de CBM eficaces.

Se ha reconocido la importancia que tiene la transparencia como medio para limitar la desconfianza que han suscitado las adquisiciones de armas por Venezuela. De hecho, la gran cantidad de información de dominio público sobre las adquisiciones venezolanas de armamento es por sí sola un reflejo del grado de apertura que el gobierno está demostrando respecto a ellas. Se aprecian incluso algunas señales de que Venezuela ha tomado medidas para compartir información con el gobierno de EEUU. En mayo de 2005 el embajador de EEUU en Caracas, William Brownfield, recibía información del gobierno venezolano sobre un envío de fusiles rusos que, en sus propias palabras, contribuyó en cierta medida a disipar las preocupaciones de EEUU: “Ahora ya sabemos la cantidad y el modelo de fusiles de asalto, así como otra serie de detalles que antes desconocíamos”.[83] Además, en abril de 2005, Venezuela se convirtió en el décimo país en firmar la Convención sobre Transparencia de la OEA, aunque el acuerdo está todavía pendiente de ratificación.[84]

Sin embargo, en los intercambios que se han producido únicamente han participado ministros o los propios presidentes y solo se han producido débiles intentos de crear acuerdos políticos sólidos. Esto refleja el patrón común a toda la serie de esfuerzos que se han llevado a cabo para suavizar otras disputas entre Venezuela y Colombia. En cualquier caso, se han resuelto las disputas, a menudo con la mediación de otros Estados del hemisferio, o en reuniones entre los presidentes de ambos países. Aunque esto demuestra la capacidad de los Estados sudamericanos de resolver los focos de tensión inmediatos entre Colombia y Venezuela, hay pocas señales de que se estén tomando medias significativas para crear futuros mecanismos que contribuyan a reducir las potenciales fuentes de tensiones y desconfianzas reiteradas.

En junio de 2004, se produjo un aumento considerable de la tensión entre Venezuela y Colombia tras la captura de más de 100 supuestos paramilitares colombianos. Chávez afirmó que el grupo formaba parte de un ejército mercenario de invasión contratado por opositores venezolanos que tenían conexiones con Colombia y EEUU.[85] Tres meses después de que se resolviera la disputa en una reunión presidencial, las relaciones volvieron a complicarse cuando cinco soldados del ejército venezolano y una ingeniera de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) eran asesinados cerca de la frontera con Colombia. El gobierno de Colombia acusó a los rebeldes de las FARC del asesinato, mientras que Venezuela sostiene que los responsables eran paramilitares de derechas.[86] Los dos presidentes se reunieron y debatieron la cuestión, aunque se centraron principalmente en cuestiones de índole económica. En diciembre de 2004 las relaciones entre Venezuela y Colombia volvieron a tensarse tras el secuestro por parte de venezolanos contratados por el gobierno de Colombia de un dirigente de las FARC que residía en Caracas.[87] La respuesta de Chávez fue congelar las relaciones económicas y diplomáticas con Colombia, además de exigir disculpas formales por parte de Uribe.[88] Gracias a la mediación de Cuba, Brasil y Perú, se alcanzó un compromiso formalizado posteriormente por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países en la cumbre CAN celebrada en Lima el 27 de enero de 2005.[89] De nuevo, tampoco se debatieron CBM concretas para prevenir futuros malentendidos y diferencias.

El papel problemático de EEUU

A diferencia de Colombia, EEUU ha demostrado menos voluntad en distinguir entre las diferentes adquisiciones de armas por parte de Venezuela y ha buscado presentar todo el conjunto como una amenaza potencial para la estabilidad regional. Además, EEUU ha buscado mucho más abiertamente fomentar la preocupación por el traspaso de armas a las FARC y el ELN. Por último, EEUU ha invertido un enorme capital político en intentar bloquear las ventas rusas y españolas.

Esta política necesita entenderse en el contexto más amplio de la política actual de EEUU respecto al gobierno de Chávez y de las actitudes estadounidenses hacia el control del armamento y la colaboración en la reducción de las amenazas. EEUU ha adoptado una política cuyo fin es aislar al gobierno de Chávez, pero sin fortalecer el control sobre el armamento en la región ni los acuerdos de colaboración en materia de seguridad. No obstante, en ambos casos la política estadounidense ha sido ampliamente rechazada por otros países de la región que no comparten ni las valoraciones que hace Washington de la amenaza que supone el gobierno de Chávez, ni los principios subyacentes que determinan su actitud hacia el control sobre el armamento y la seguridad colectiva. Esta diferencia entre EEUU y el resto de la región pone de manifiesto la falta de una cultura política compartida, factor que hemos identificado previamente como necesario para la creación de CBM eficaces.[90]

Las relaciones entre EEUU y Venezuela han empeorado progresivamente desde que Chávez accediera al poder en 1999. En febrero de 2005 se informó de que EEUU estaba reevaluando sus políticas para recomendar aislar a Venezuela de sus vecinos. Según el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roger Noriega, EEUU ha “intentado establecer puntos en común con el gobierno de Venezuela... aunque, desgraciadamente, el Presidente Chávez ha saboteado nuestros esfuerzos”.[91] Esta estrategia doble consiste en intentar crear un consenso regional para aislar a Chávez y simultáneamente ofrecer apoyo a la oposición interna a su gobierno.[92] En apariencia, la postura de EEUU se debe a la creencia de que Chávez está fomentando la inestabilidad en la región y de que su régimen es cada vez más antidemocrático y represivo. En cualquier caso, un tercer motivo lo constituye el temor de que Chávez redirija el petróleo que actualmente suministra a EEUU hacia destinos alternativos.[93]

Aunque el gobierno colombiano ha querido distinguir entre los tipos de sistemas de armamento que el gobierno de Venezuela ha adquirido y ha centrado sus preocupaciones en la adquisición de fusiles rusos y el potencial acuerdo sobre los MiG, EEUU ha mostrado un mayor interés en calificar la adquisición de armas como negativa sin hacer distinciones. Según el representante del Departamento de Estado de EEUU, Lou Fintour, “Los planes de Venezuela para adquirir gran cantidad y variedad de armamento plantean gravísimos problemas”.[94] Además, EEUU ha enfatizado su temor de que las armas acaben en manos de grupos rebeldes en Colombia. Cuando se anunció la adquisición de fusiles de asalto rusos, Noriega expresó públicamente la preocupación de EEUU de que algunas de las armas pudieran “caer en manos de grupos criminales o ilegales que operan en América Latina”.[95]

EEUU también ha tratado de influir en las decisiones de Rusia y España de suministrar armamento a Venezuela. En diciembre de 2004 la Administración Bush envió una carta de protesta a la Embajada Rusa de Washington, en la que se criticaba la venta rusa de fusiles a Venezuela. Altos funcionarios de la Administración Bush se unieron a las advertencias expresando sus preocupaciones directamente a los ministros de Defensa y Exteriores rusos.[96] Entre tanto, tras la firma del acuerdo con España para la venta de fragatas y aviones de transporte a Venezuela, el secretario de Defensa de EEUU Rumsfeld declaraba, “Personalmente creo que España está cometiendo un error... pero supongo que el tiempo lo dirá”.[97] Los intentos de Washington de aislar a Chávez han encontrado poca respuesta en la región. El presidente de Brasil ha defendido con firmeza a Chávez y ha denunciado la intervención de EEUU en los asuntos internos de Venezuela.[98] En marzo de 2005 Brasil, Colombia, España y Venezuela firmaron una declaración conjunta en la que se reafirmaba el principio de no injerencia en cuestiones de soberanía nacional.[99]

Como se ha dicho antes, la política estadounidense en este ámbito viene determinada por una actitud concreta hacia la seguridad regional y el control sobre el armamento. Sin embargo, esta política se basa en una valoración de la amenaza que supone el gobierno de Chávez mucho más alarmista que la de los otros países de la región. Además, esta política refleja la diferencia de opiniones entre EEUU y el resto del área acerca de lo que sería un nivel aceptable de injerencia en los asuntos soberanos de otro país. Los torpes intentos de EEUU de aislar a Chávez han fracasado hasta el punto de reducir las posibilidades de que se ejerza una eficaz presión regional sobre Venezuela para bien frenar su adquisición de armas, bien jugar un papel más activo en el desarrollo de CBM regionales.

IV. Conclusiones

Las CBM pueden ayudar al fortalecimiento de las relaciones interestatales de manera que se refuercen mutuamente. Concretamente, pueden contribuir a reducir el impacto negativo de las adquisiciones de armas al introducir mecanismos de intercambio de información y transparencia. Además, las CBM pueden contribuir a aliviar las tensiones provocadas por los flujos ilegales de SALW al fortalecer el control sobre las exportaciones. Sea como fuere, las CBM no son suficientes para generar ni articular soluciones cuando predominan profundas tensiones entre Estados y cuando la capacidad o la voluntad de los gobiernos son escasas.

En América Latina se han creado una amplia gama de CBM, además de mecanismos centrados en estos retos específicos. Sin embargo, la eficacia general de estas medidas se ve mermada por las condiciones políticas de la región y el enfoque que ha adoptado América Latina respecto a su aplicación. Entre los factores políticos, los más significativos son la falta de estabilidad y las diferencias en cultura política, especialmente entre EEUU y el resto de la región. Por lo que respecta al enfoque con el que se aborda la aplicación de las CBM, algunos de los problemas son la falta de selectividad con respecto a los objetivos de los acuerdos. Estas cuestiones son más recurrentes en la Región Andina que en el Cono Sur, reflejados en su escaso compromiso con CBM que abarquen toda la región Latinoamericana y su incapacidad de crear nuevas medidas específicas para la región, similares al acuerdo sobre gastos militares del Cono Sur.

La evidencia que sustenta este análisis puede encontrarse en la polémica originada por la adquisición de armas por parte de Venezuela a principios de 2005. Las tensiones entre Colombia y Venezuela se centraron en los posibles efectos que tendría un traspaso de armas sobre el equilibrio militar de la región y en el temor de que los excedentes de armas acabasen en manos de grupos rebeles colombianos. Aunque se han realizado esfuerzos para resolver estas tensiones, como ocurriera en intentos previos para limar asperezas entre Caracas y Bogotá, se han centrado en reuniones entre jefes de Estado o ministros y ha habido pocos intentos de fortalecer o desarrollar sistemas de cooperación e intercambio de información para impedir futuros desacuerdos. Por ello, aunque las tensiones inmediatas entre Colombia y Venezuela parecen resueltas, existe la posibilidad de que en un futuro se recrudezcan. Sea como fuere, la imagen regional no es del todo negativa. Las conversaciones mantenidas entre Venezuela y Colombia, aunque no culminaran en CBM renovadas o fortalecidas, demostraron un compromiso respecto al intercambio de información y el reconocimiento del papel que pueden desempeñar las CBM a la hora de reducir las tensiones que generan las adquisiciones de armas. Entre tanto, la experiencia del Cono Sur demuestra la capacidad que tiene la región para crear CBM con un efecto real en la reducción de las tensiones, aunque su estructura y aplicación no coincidan con el modelo europeo. De hecho, como las características políticas y las inquietudes en materia de seguridad del Cono Sur y la Región Andina son similares, ésta última podría realizar mayores esfuerzos para aprender de la experiencia del Cono Sur. Reconocer las limitaciones de las CBM y fomentar su creación y aplicación puede tener un efecto real en la mejora de la confianza en la Región Andina, no solo respecto a las adquisiciones de armas sino también en otros muchos aspectos.



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[1] Hay quien afirma que América Latina ha creado “medidas de fomento de la confianza y la seguridad” (confidence- and security-building measures, o CSBM en sus siglas en inglés), en lugar de CBM. Sin embargo, este documento se ciñe a las CBM, puesto que constituyen el primer paso de un proceso gradual para promover las CSBM, más complejas. Dado que a América Latina todavía le queda un largo camino por recorrer para crear estas medidas (las que hay son muy recientes y débiles), todavía es demasiado pronto para denominarlas CSBM.

[2] América Latina se refiere a todos los países que se encuentran al Sur de Río Bravo, mientras que Sudamérica se refiere a aquellos que componen la Región Andina y el Cono Sur. la Región Andina está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, mientras que el Cono Sur se refiere a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

[3] Z. Lachowski, “Confidence-and-SecurityBuilding Measures in Europe”, SIPRI Research Report, nº 18, OxfordUniversity Press, 2004, p. 1. Véase también C. Bertram, “The Future of Arms Control, Part II, Arms Control and Technological Change: Elements of a New Approach”, Adelphi Paper, nº 146, International Institute of Strategic Studies, 1978.

[4] Junta Interamericana de Defensa, “Summary of Military Confidence and Security Building Measures 1999”, septiembre 2000, www.jid.org/files/pdf/csbms/summary.pdf, p. 8.

[5] Se puede encontrar una definición más detallada en J.J. Holst, “Confidence-building Measures: A Conceptual Framework”, Survival, vol. 25, nº 1, enero-febrero 1983.

[6]M. Desjardins, “Rethinking Confidence-Building Measures”, Adelphi Paper, nº 307, International Institute of Strategic Studies, 1996, p. 5.

[7] B. Arévalo de León, “Good Governance in Security Sector as Confidence Building Measures in The Americas: Towards Pax Democratica”, DCAF, Ginebra, 2002, p. 14.

[8] “Peru: Government Unhappy over Chilean Arms Purchases”, Latinews Daily, 18/IV/2005, en http://www.web.lexis-nexis.com

[9] E. Arnett, “Technology and Military Doctrine: Criteria for Evaluation”, in W.T. Wander, E. Arnett y P. Bracken (eds.), The Diffusion of Advanced Weaponry: Technologies, Regional Implications, and Responses, American Association of the Advancement of Science, WashingtonDC, 1994, p. 6.

[10] A. Hurrell, “Security in Latin America”, International Affairs, 74, 3, 1998, p. 540.

[11] Texto completo disponible en OEA, http://www.OEA.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.OEA.org/csh/english

[12] Véase Departamento de Estado de EEUU, “Regional Arms Control Initiatives in Latin America and the Caribbean”, 30/VI/2003, http://www.state.gov/t/pm/rls/fs/22054.htm

[13] En la página web de la OEA se puede encontrar una lista de las CBM en América Latina, http://www.OEA.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.OEA.org/csh/english

[14] Departamento de Estado de EEUU, “Regional Conferences on Confidence and Security Building Measures”, 2/VII/2003, http://www.state.gov/t/pm/rls/fs/22249.htm. Véase también S.T. Wezeman, “The Future of the United Nations Register of Conventional Arms”, SIPRI, Policy Paper nº 4, http://editors.sipri.se/pubs/UNROCA.html, y Naciones Unidas, “Reduction of Military Budgets”, Resolución de la Asamblea General 35/142 B, 12/XII/1980, http://www.un.org/documents/ga/res/35/ares35.htm

[15] Departamento de Estado de EEUU (véase nota 14), p. 3.

[16] M. Schroeder, “Small Arms, Terrorism and the OEA Firearms Convention”, FAS Occasional Paper, nº 1, marzo 2004, http://www.fas.org/asmp/campaigns/smallarms/OEA_Firearms_Convention.html, p. 15.

[17] Schroeder (véase nota 16), p. 4.

[18]OEA, “A-63: Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials”, OAS Department of Legal Affairs and Services, http://www.OEA.org/juridico/english/sigs/a-63.html

[19] Wezeman (véase nota 14), p. 22.

[20] Wezeman (véase nota 14), p. 22, y OEA, “A-64: Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions”, OAS Department of Legal Affairs and Services, http://www.OEA.org/juridico/english/sigs/a-64.html

[21] Lachowski, (véase nota 3), p. 188.

[22] Lachowski (véase nota 3), pp. 11-12.

[23] En Ecuador, Lucio Gutiérrez, responsable de orquestar el golpe de 2000 contra el Presidente Jamil Mahuad, fue elegido presidente en 2003. En abril de 2005, el Congreso de Ecuador depuso a Gutiérrez de su cargo. En Bolivia, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió en octubre de 2003 tras dos meses de disturbios y huelgas. Sánchez de Lozada fue sustituido por Carlos Mesa, quien también presentó su dimisión en junio de 2005. El Presidente peruano Alejandro Toledo es el presidente más impopular de la región y tiene dificultades para concluir su periodo presidencial. En su país, una muchedumbre popular linchó a un alcalde, mientras que en Bolivia otro alcalde era linchado y quemado. Por último, en Venezuela, el Presidente Hugo Chávez fue derrocado en abril de 2002. Sin embargo, las críticas internas al golpe, especialmente dentro de América Latina, unido al apoyo de sus seguidores, devolvieron a Chávez al poder cuando solo habían transcurrido dos días. Véase M. Shifter, “Breakdown in the Andes”, Foreign Affairs, vol. 83, nº 5, septiembre-octubre 2004, pp. 126-138, y The Economist, “How Alejandro Toledo Became Latin America’s Least Popular President”, 8/VII/2004, http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=2906018

[24]R. Diamint, “Security Challenges in Latin America”, Bulletin of Latin American Research, vol. XXIII, nº 1, 2004.

[25] S. Bowen y J. Holligan, “The Imperfect Spy: The Many Lives of Vladimiro Montesinos”, Lima, PEISA, 2003.

[26] “Report on the Security Needs of Latin America and the Impact of Lifting the Existing US Ban on High Technology Sales to the Region”, Secretary of State in consultation with the Secretary of Defense, 25/VI/1998, http://ciponline.org/facts/hitechrp.htm

[27] A. Oppenheimer, “Rumsfeld Needs an Even-Handed Approach to Arms”, Miami Herald, 10/IV/2005, en http://www.web.lexis-nexis.com

[28]Arévalo de León (véase nota 7), p. 14.

[29]Arévalo de León (véase nota 7), p. 2.

[30]Arévalo de León (véase nota 7), p. 15.

[31] Arévalo de León (véase nota 7), p. 3.

[32] Lachowski (véase nota 3), pp. 190-191.

[33] Lachowski (véase nota 3), p. 190.

[34] Arévalo de León (véase nota 7), p. 13.

[35] T. Sheetz, “Una evaluación del documento cepalino: metodología estandarizada común para la medición de los gastos de defensa”, Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, año 18, nº 1-2, pp. 107-121.

[36] OEA, “Reunión de Expertos sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad”, Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Comisión de Seguridad Hemisférica, OEA/Ser. G, CP7CHS-528/02, rev. 3, 28/I/2003, p. 3.

[37] Perú es el único país de las regiones andinas que entrega información precisa a UNROCA, Véase M. Radsek, “Examinando la transparencia de América del Sur en Materia de Adquisiciones de Armas: la política de Información de los Estados Suramericanos Frente al Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas”, Institut für Iberoamerika-Kunde, Alemania, pp. 217-218. Venezuela solo ha aportado datos al registro de la ONU en dos ocasiones (en 1998 y en 2003), mientras que Colombia solo lo ha hecho una vez (en 1993).

[38] Radsek (véase nota 37), pp. 217-218.

[39] Schroeder (véase nota 16), p. 27.

[40]D. Flemes, “InstitutionBuilding in Mercosul’s Defense- and Security-Sector Reform (II). The Common Containment of Transnational Security Threats”, Institut für Iberoamerika-Kunde, Arbeitspapiere des IIK, nº 22, octubre 2004.

[41] Hurrell (véase nota 10), p. 538.

[42]J. Forero, “Arms Buying by Venezuela Worries US”, New York Times, 15/II/2005. p. 14.

[43] “Russia to Supply Military Helicopters to Venezuela”, ITAR-TASS, 11 Jun. 2005, en http://www.web.lexisnexis.com. Se espera que Venezuela realice pedidos por un total de 33 helicópteros durante 2005.

[44]M. Aguera, “Spain Draws Fire for Sale of Material to Venezuela”, Defence News, 25/IV/2005, p. 13.

[45] “Zapatero asegura que la venta de armas a Chávez no puede ofender porque beneficia a los pueblos”, El Mundo, 30/III/2005, http://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/30/espana/1112166166.html

[46] “Venezuela: Summit backs Chávez”, Latinews Daily, 30/III/2005, http://www.web.lexis-nexis.com

[47] “Venezuelans Buying and Planning to License-produceAK-103s and AK-104s”, Flash News, 6/XII/2004, http://www.fav-club.com/flash/fn35.htm

[48]“Venezuela Renews Interest in MiG-29s”, Air Forces Monthly, julio 2004, p. 14.

[49] “Purchase of Russian Weapons Not for Arms Race: Venezuela”, Xinhua News Agency, 9/XI/2004, http://news.xinhuanet.com/english/2004-11/09/content_2193752.htm

[50] “More Details on Venezuelan Interest in Sukhoi Fighters”, Flash News, 10/V/2005, http://www.favclub.com/flash/fn38.htm

[51]Venezuela to Install Radar Network on Frontier”, Forecast International Government & Industry Group, 13/XII/2004, http://emarketalerts.forecast1.com

[52] “Venezuela Interested in Embraer Surveillance Aircraft”, O Estado de S. Paulo, 22/III/2005, en http://emarketalerts.forecast1.com, and Webb-Vidal, A., “Venezuela Seeks Arms Edge over Colombia”, Financial Times, 26/VI/2004, p. 5.

[53] “Venezuela Air Force Selects SABCA for F-16 Airframe Overhaul”, Forecast International Government & Industry Group, 6/II/2004, http://emarketalerts.forecast1.com

[54] “Python IV AAMs for Venezuelan Air Force”, Flash News, 30/V/2003, http://www.fav-club.com/

[55] “Las armas de Chávez”, Semana, 9/II/2005, http://semana.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=84641

[56] “Chávez Arming to Fight Attack by US”, Miami Herald, 12/II/2005, p. 1.

[57] “Venezuela: A New Security Doctrine”, Stratfor, Premium Global Intelligence Brief, 7/II/2005, http://www.stratfor.com/

[58] “Chávez’s Plans for ‘Integral Defence’”, Latin American Security & Strategic Review, SSR-05-02, febrero 2005, pp. 6-7.

[59] “Chávez’s Plans for ‘Integral Defence’” (véase nota 58).

[60] “Chávez’s Plans for ‘Integral Defence’” (véase nota 58) y “Venezuela: A New Security Doctrine” (véase nota 57). Chávez has subsequently announced that a military reserve force of 1.5 million Venezuelans will be trained in order “to defend, with the people, the sovereignty and greatness of this land”. See Sarah Wagner “Venezuela to Create Military Reserve Force of 1.5 Million”, Venezuela Analysis, 4/IV2005, http://www.venezuelanalysis.com/print.php?newsno=1572

[61]C. Coello, “Analysis: Chávez Buys Russian Military Equipment”, United Press International, 21/X/2004, http://www.web.lexis-nexis.com

[62] “Further Details on Venezuelan Air Force C-295 Procurement” (véase nota 50).

[63] “Las armas de Chávez” (véase nota 55).

[64] Un elemento clave del plan de modernización del gobierno de Venezuela es “la creación de una red más amplia de proveedores de equipos cuya meta es, según algunos analistas, evitar la dependencia de EEUU”. Véase J. Higuera, “Colombia, US worried by Venezuelan Build-up”, Jane’s Defence Weekly, 23/III/2005, p. 8.

[65] “Las armas de Chávez” (véase nota 55).

[66] P. Markey, “Venezuela’s Chávez Clashes with US over F-16 Parts”, USA Today, 14/II/2005, p. 6.

[67] “Las armas de Chávez” (véase nota 55).

[68] “Chávez’s Plans for ‘Integral Defence’” (véase nota 58).

[69] Coello (véase nota 61).

[70] A. Webb-Vidal, “Chávez Goes Shopping for Guns and MiGs as Colombia Looks on Nervously”, Financial Times (USA Edition), 30/XI/2004, p. 2.

[71] Webb-Vidal (véase nota 70).

[72]A. Cala y J. de Cordoba, “Arms Deals Strain Madrid-US Ties: Spain’s Sales to Colombia, Venezuela put Rapport with Washington at Risk”, Wall Street Journal, 5/IV/2005, p. 16.

[73] “Colombia Upset at Venezuela”, Federal News Radio, 11/IV/2005, http://www.federalnewsradio.com/index.php?nid=25&sid=249463

[74] “Chávez Military Buildup Creating ‘Imbalance’”, Miami Herald, 27/IV/2005, p. 10.

[75] J. McDermott, “Colombia Struggles to Counter Arms Smuggling”, Jane’s Intelligence Review, diciembre 2004, p. 36.

[76] Citado en O. Libon, “Documents Detail Peruvian Participation in FARC Arms Case”, La República, 23/X/2001, FBIS-LAT-2001-1023.

[77] K. Cragin, and B. Hoffman, “Arms Trafficking and Colombia”, RAND, 2003, http://www.rand.org/, p. xix

[78] K. Hawkins, “Populism in Venezuela: the rise of Chavismo”, Third World Quarterly, vol. 24, nº 6, 2003, pp.1137-1160 y p. 1157.

[79] Hawkins (véase nota 78).

[80] McDermott (véase nota 75).

[81] McDermott, (véase nota 75).

[82] “Venezuela Eyes Russian Arms”, Jane’s Defence Weekly, 8/XII/2004, p. 6.

[83] “Doubts over Venezuela’s Arms Deal Cleared: US Official”, Xinhua News Agency, 20/V/2005, http://english.people.com.cn/200505/20/eng20050520_186006.html

[84] “A-64: Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions” (véase nota 20).

[85]A. Webb-Vidal, “Venezuela Seeks Arms Edge over Colombia”, Financial Times, 26/VI/2004, p. 5.

[86] “Venezuela’s Paper Army”, Stratfor, 6/X/2004, http://www.stratfor.com/

[87] “Caracas Snatch Heightens Unease over Uribe’s ‘Outreach’”, Latin American Security & Strategic Review, SSR-05-01, enero 2005, pp. 11-12.

[88] “US Blamed for Venezuela-Colombia Row”, ISN Security Watch, 24/I/2005, http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details_print.cfm?id=10631

[89] G. Espinosa-González, “Venezuela-Colombia Crisis: Where was Washington?”, Council on Hemispheric Affairs, 16/II/2005, http://www.coha.org/NEW_PRESS_RELEASES/New_Press_Releases_2005/05.16%20Venezuela-Colombia%20the%20one.htm

[90]El principal aliado de EEUU en Sudamérica durante los últimos cinco años ha sido Colombia. Sin embargo, Colombia, junto con el resto de la región, sigue estando preocupada por mantener el principio de no intervención. Hay quien afirmaría que Argentina también es un cercano aliado de EEUU, por su estado de aliado principal no de la OTAN desde febrero de 1998. Sin embargo, ambos países se han distanciado algo más tras la elección del presidente de centro-izquierda, Nestor Kirshner, en 2003.

[91] “Chávez Arming to Fight Attack by US” (véase nota 56).

[92] “Treating Chávez as a Regional Threat”, Latin American Security & Strategic Review, SSR-05-03, 9/III/2005, pp. 9-10.

[93] “Treating Chávez as a Regional Threat” (véase nota 92).

[94] David Morgan, “Planned Russian Arms Sale to Venezuela Troubles U.S.”, Reuters, 10/II/2005, http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=574&u=/nm/20050210/wl_nm/venezuela_usa_arms_dc_1&printer =1

[95] “Chávez Arming to Fight Attack by US” (véase nota 56).

[96] R. Scarborough, “Russian Arms Sale to Chávez Irks US”, Washington Times, 10/II/2005, p. A01.

[97] “Secretary Rumsfeld Interview with Andres Oppenheimer”, Miami Herald, transcripción del Departamento de Defensa de EEUU, 5/IV/2005, http://www.defense.gov/transcripts/2005/tr20050405-secdef2461.html

[98] J. Gindin, “US Continues to Push for Containment of Venezuela’s Chávez”, Venezuela Analysis, 1/IV/2005, http://www.venezuelanalysis.com/print.php?newsno=1568

[99] “Venezuela: Summit Backs Chávez” (véase nota 46).