¿TENDRÁ ESTADOS UNIDOS UNA POLÍTICA LATINOAMERICANA (Y CARIBEÑA) QUE INCLUYA A CUBA?

Rafael Hernández

Imaginemos por un momento que el nuevo Presidente de Estados Unidos quisiera proyectar un nuevo trato hacia América Latina, y que para eso enviara a una comisión de notables a recorrer nuestros países —como la presidida por Nelson Rockefeller a fines de los años sesenta o por Sol Linowitz en 1974 y 1976—, y que esta delegación visitara cada capital de la región. ¿Cuáles serían sus hallazgos? De entrada, encontraría gobiernos más escépticos que en la época de John F. Kennedy o de Jimmy Carter, con nulas expectativas sobre algo como la Alianza para el Progreso, o apenas una política de relaciones comerciales que privilegiara a la región como un todo. La mayoría de estos gobiernos estaría menos ocupada soñando con las bondades del free trade y el ALCA, que con las realidades inmediatas de los altos precios del petróleo y de los alimentos. Si esta delegación hablara con los empresarios nacionales, podría advertir que la privatización de extensos tramos del sector público no los habría beneficiado tanto como a las grandes corporaciones estadounidenses y europeas, y que habrían perdido bastante terreno ante ese otro capital, incluso en sectores como la banca. Si entrevistara a los jefes de las fuerzas armadas y a los responsables de la seguridad pública, los hallaría menos entusiastas que antaño frente a la cooperación con Estados Unidos, y podría recoger un sentimiento generalizado de mayor vulnerabilidad regional, no a causa del comunismo, las guerrillas, la amenaza de “otras Cubas” o el terrorismo, sino de las tensiones fronterizas provocadas por viejos problemas binacionales no resueltos y, sobre todo, por la emigración indocumentada, el aumento de la criminalidad y la inseguridad pública, y los estados de guerra civil acarreados por el narcotráfico y las campañas militares para tratar de extirparlo.

Si esta comisión se reuniera con las organizaciones de la sociedad civil, hallaría a los latinoamericanos y caribeños más preocupados por los índices de pobreza sostenidos, más incrédulos ante los partidos políticos establecidos, más consternados por la escasez de recursos básicos como el agua, por el aumento de la marginalidad y por un drenaje migratorio que arrastra no sólo a una masa de obreros y campesinos desempleados, sino también a un número creciente de profesionales y de miembros de la fuerza laboral calificada. Si les preguntara a esos gobiernos y empresarios por la “potencia extrahemisférica” que tienen priorizada en su agenda internacional, mencionarían, sin vacilar, a China.

Ante este cuadro, dudo que el presidente electo Barack Obama —para no hablar del presidente McCain— quisiera realmente encargar tal misión latinoamericana a ningún comité de expertos. Primero, porque hace mucho, al menos desde Nixon (1968-1973), que Estados Unidos dejó de tener algo que se pudiera llamar una política latinoamericana. Segundo, porque Estados Unidos está menos capacitado, tanto en medios como en consenso político interno, para lidiar con los problemas latinoamericanos que en la época de la Guerra Fría.

La última vez que los del Sur tuvimos esas esperanzas fue con el intento por rearticular esa política, durante el corto verano de Carter (1977-1981). En aquella ocasión, una comisión preguntó a los gobiernos de la región por los problemas pendientes para una nueva política latinoamericana de Estados Unidos, y éstos mencionaron dos casos de prueba: el Canal de Panamá y Cuba. Una coyuntura interna relativamente favorable, así como la determinación del Presidente panameño, el general Omar Torrijos, le permitió al gobierno de Carter lograr la aprobación de un nuevo tratado sobre el Canal. En aquel entonces, también tuvieron lugar algunos progresos con Cuba —se inició un diálogo—, pero nada que arrojara resultados permanentes sobre el conflicto bilateral.

¿Qué pasaría si Estados Unidos les preguntara por Cuba hoy, de nuevo, a los gobiernos latinoamericanos y caribeños? Prácticamente todos (salvo El Salvador y Costa Rica) le dirían que mantienen relaciones diplomáticas y comerciales normales; otros, en especial las islas del Caribe, varios centroamericanos y diversos sudamericanos, mencionarían los programas de cooperación bilateral en materia de salud, educación y deportes con la isla y, quizá, los que se sintieran más en confianza se atreverían a decirles: “Lo de Cuba se resolverá del todo cuando ustedes decidan levantarle el embargo”.

Entender al enemigo

En la infinitamente remota probabilidad de que a un Presidente electo de Estados Unidos le interesara escuchar el punto de vista de un cubano que no vive en Miami ni está afiliado a un grupo anticastrista, sería útil que entendiera, en primer lugar, el efecto que ha tenido y sigue teniendo la política de ese país sobre la sociedad cubana real. Esta política, que data de hace casi medio siglo, afecta a todos los cubanos (no sólo al gobierno y al Partido Comunista), en la medida que el embargo/bloqueo pesa sobre cada uno de ellos, les restringe el contacto con sus familiares residentes en el Norte y hace que se mantenga un alto costo en materia de defensa y seguridad. Todo esto genera rechazo e incredulidad ante la supuesta buena voluntad de Estados Unidos, incluso entre aquellos que quisieran un sistema más democrático. Esta política, además, aviva la mentalidad de fortaleza sitiada, que perjudica cualquier apertura democrática hacia un sistema menos centralista o hacia una economía menos estatal; asimismo, contribuye a recargar políticamente y a hacer más arduo todo esfuerzo dirigido a fomentar y a sistematizar espacios para el debate, el disentimiento, la pluralidad de opiniones y la crítica en la esfera pública.

Por el contrario, esas presiones externas les suministran municiones a los que se oponen a las reformas del modelo político y económico, con argumentos tales como que éstas se corresponden con la agenda del enemigo de la nación cubana, y que llevarlas adelante es hacerle concesiones. Finalmente, esta política hace mucho más difícil que, dentro de la isla y de las instituciones del sistema, se puedan debatir temas como derechos humanos, pluralismo, sociedad civil, democracia o transición, ya que estos conceptos han quedado contaminados por la hostilidad con la que Estados Unidos los utiliza. En resumen, tal política refuerza el legado histórico de desconfianza que muchos cubanos experimentan como habitantes de un pequeño país, vecino inmediato de una superpotencia.

En segundo lugar, el hipotético Presidente estadounidense debería, al menos, revisar la consistencia de un grupo de premisas que sostienen su política hacia Cuba. La primera es el consenso sobre ésta entre los ciudadanos estadounidenses. Según las encuestas, ellos quisieran poder viajar libremente a la isla y entrar en contacto con Cuba y los cubanos. Una política que priva a sus ciudadanos de ese contacto limita los derechos consagrados por la Primera Enmienda de la Constitución. El colmo es que tampoco los cubanoestadounidenses pueden viajar libremente a su país ni mandarles remesas a sus tías, primos y otros familiares, razón por la cual hasta los anticastristas de Miami se oponen a las regulaciones que puso en marcha el gobierno de Bush. Según un sondeo de la Florida International University, de abril de 2007, la mayoría de los cubanoestadounidenses favorece los viajes a Cuba “sin restricciones”, así como que se establezcan relaciones diplomáticas con la isla, y se vendan alimentos y medicinas.

Aunque la “amenaza cubana” haya sido descartada oficialmente por los propios organismos de seguridad nacional estadounidense desde hace más de 10 años, e incluso figuras como el ex presidente Carter hayan dado fe de esa certeza, en Washington se sigue justificando más como un asunto de política local que como un problema de su política exterior hacia América Latina y el Caribe. Desde Reagan hasta Bush junior, esa política ha privilegiado a la Cuban American National Foundation, representante del sector ultraconservador cubanoestadounidense y no de la mayoría de los emigrados. Esta organización elitista, compuesta por millonarios y políticos profesionales, le ha brindado un discurso justificativo y legitimador a la política de Estados Unidos, mientras que la mayoría de los emigrados cubanos carece de organizaciones de base que sean reconocidas como interlocutores válidos por el establishment.

En efecto, aunque Cuba no es una amenaza, se ha mantenido en la lista negra de países terroristas desde antes del 11-S —donde no estaba, por ejemplo, Afganistán—. Hoy, es cada vez más un caso aislado y engañoso, pues ninguno de los aliados de Estados Unidos en la cruzada contra el terrorismo (ni siquiera el Reino Unido) la considera como un peligro. De hecho, Estados Unidos ha logrado un entendimiento con la Libia de Gaddafi y hasta con la República Popular Democrática de Corea, gobernada por Kim Jong Il, antes que con la Cuba presidida por Raúl Castro. Encima de todo esto, mantiene estupendas relaciones diplomáticas y comerciales con China y Vietnam, así como con países del Medio Oriente, todos ellos acusados de violar los derechos humanos y civiles. La única explicación que los cubanos pueden encontrar para esta inconsistencia flagrante es que Cuba no se parece a un tigre asiático, ni posee armas nucleares ni grandes recursos estratégicos, como el petróleo, ni tiene una población o un territorio enormes, sino se trata sólo de una pequeña isla del Caribe, fatalmente fronteriza con Estados Unidos.

Cuando se argumenta que el gobierno cubano debería dar “una señal”, “un gesto de buena voluntad” o algo por el estilo, se omite que en los últimos 15 años han ocurrido notables cambios en la isla, sin que Estados Unidos se haya dado por enterado. Desde 1993, ha habido modificaciones en el sistema económico cubano, se han transferido cada vez más tierras de manos estatales a privadas y a cooperativas, se ha autorizado el trabajo por cuenta propia y se ha abierto un segmento cada vez más amplio de libre mercado para productos agrícolas y manufacturados; asimismo, se ha legalizado la tenencia de divisas extranjeras y se ha normalizado su cambio, se han ensanchado las políticas editoriales y los espacios para el debate público, se ha avanzado en el camino de la normalización migratoria: todo ello sin que el gobierno de Estados Unidos haya respondido con un “gesto” o una “señal”.

Antes de estas medidas, en el plano militar, Cuba retiró la presencia de tropas y asesores en otros países y redujo a la mitad el tamaño de sus fuerzas armadas, después de haber participado en la negociación exitosa del conflicto del suroeste de África, que consolidó la independencia de Angola, logró la de Namibia e influyó en el fin del régimen del apartheid en Sudáfrica. De hecho, la experiencia estadounidense como participante en este proceso de solución de conflictos y construcción de la paz en África fue que los cubanos eran negociadores serios y confiables.

Si el Presidente electo lo intentara, podría imaginar el efecto que tendría en su país una base naval tres veces mayor que el estado de Rhode Island, en cuyos límites se mantuviera el campo minado más grande del mundo y detrás de cuya cerca, plantada desde 1898, hubiera una prisión internacional sujeta a un régimen extralegal. La permanencia de esa base, que recuerda el poder militar estadounidense dentro del propio territorio de la isla, ni está sujeta a un plazo ni se ajusta a un propósito mutuamente acordado ni responde a consenso político alguno que refrende la voluntad democrática de ninguna de las dos partes.

Razones para el cambio

El presidente electo de Estados Unidos debería apreciar cómo ha evolucionado el consenso estadounidense sobre Cuba desde el fin de la Guerra Fría, aunque no lo parezca. Varios políticos pertenecientes a corrientes ideológicas diferentes, tanto liberales como conservadores, han convergido en torno a la ineficacia de la política tradicional hacia la isla y a la conveniencia de evitar un cambio rápido que pueda poner en peligro la estabilidad o desembocar en una crisis. Quizá este Presidente no se percate de tal consenso creciente, dado que Cuba ya no es un tema prioritario en la agenda global estadounidense, ni tampoco en la interna, con la excepción del ámbito local del sur de Florida. Sin embargo, además de esos sectores, otros grupos han protagonizado un acercamiento dramático entre las dos sociedades, entre ellos, congresistas, gobernadores, líderes eclesiásticos, presidentes de universidades, hombres de negocios, fundaciones, ONG, managers de béisbol, periodistas, comerciantes de arte, artistas e, incluso, militares retirados y algunos ex militantes anticastristas. Todos ellos han puesto las primeras piedras, en las más adversas circunstancias, para lograr el entendimiento entre las dos partes.

Ahora bien, en términos de Realpolitik pura y dura, ¿cuáles serían los costos y los beneficios de un cambio en la política estadounidense hacia Cuba? Lo primero es que no se trata del típico juego de suma cero: Estados Unidos puede ganar sin que Cuba necesariamente pierda, y viceversa. Atendiendo a sus propios intereses nacionales, los objetivos de una nueva política estadounidense deberían ser (a) neutralizar la afectación que le ha producido, y aún le produce, la Revolución cubana, (b) contener las posibles tendencias cubanas que puedan afectar esos intereses en el futuro, (c) aumentar en general su capacidad de influencia en la política cubana y (d) obtener mayores beneficios en áreas específicas bilaterales.

Ninguno de estos objetivos implica, necesariamente, una relación amistosa con el régimen cubano —pero sí un diálogo—.

Los principales costos para Estados Unidos serían dos. El primero es el de aquellos grupos conservadores, en particular los cubanoestadounidenses de Florida, que hacen política local en torno al tema; el segundo es el reconocimiento —no sólo de hecho, sino también de derecho— del régimen cubano, después de casi 50 años de desconocerlo.

Entre los beneficios estaría cumplir el interés de una constituency de grupos, sobre todo empresariales —agroindustriales, turísticos, petroleros, biomédicos/farmacéuticos, mineros y otros de carácter comercial—. El diálogo con Cuba liberaría también a los hombres de negocios cubanoestadounidenses, rehenes hoy de la política anticastrista tradicional, y les permitiría organizarse en favor del libre comercio con su país de origen. En virtud del levantamiento progresivo del embargo/bloqueo, el tema de las compensaciones pendientes para las corporaciones estadounidenses nacionalizadas en 1960, cuyos intereses afectados dieron justificación política a esa medida en 1962, se haría posible. Aunque estos intereses fueron indemnizados por la propia ley estadounidense hace tiempo, la única forma de replantearle el asunto al gobierno cubano sería dentro del marco de una negociación tendiente a la normalización de relaciones.

En el plano de la política hemisférica, la revocación de la Ley Helms-Burton y el diálogo con Cuba eliminarían un punto de discordia con América Latina, el Caribe y Canadá, así como, en el plano internacional, aliviaría a los organismos de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a otros foros de un tema irritante y ajeno a sus intereses, lo que contribuiría al mejor funcionamiento del comercio internacional. En el plano bilateral, a Estados Unidos le convendría negociar sobre problemas como la interceptación del narcotráfico, la seguridad naval y aérea, la coordinación entre guardacostas, la protección al medio ambiente y otros aspectos de interés mutuo en las zonas aledañas al estrecho de Florida. Este cambio en las relaciones facilitaría la continuidad del acuerdo migratorio con Cuba firmado en 1995, ampliaría la cooperación en la seguridad regional y evitaría el peligro de la inmigración desordenada. En este marco, podría replantearse la cuestión de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, fuente de excepcionalismo y discriminación en el tratamiento legal de inmigrantes latinoamericanos y caribeños, en la medida que mantiene abierta una puerta trasera que, en los últimos 5 años, ha multiplicado el acceso de cubanos indocumentados por la vía de terceros países de la Cuenca del Caribe, especialmente a través de la frontera mexicana.

Aceptar la apertura de conversaciones con vistas a un futuro acuerdo negociado sobre el estatus anómalo de la base naval de Guantánamo permitiría —además de eliminar un centro de reclusión antiterrorista desprestigiado por su uso durante el gobierno de Bush— explorar formas de coexistencia constructiva entre las fuerzas armadas de los dos países. De hecho, estaría en el interés de las fuerzas armadas de Estados Unidos mejorar sus relaciones con las cubanas, consideradas como las más experimentadas y profesionales del Caribe, con las cuales, de hecho, cooperan regularmente en operaciones de búsqueda y rescate de balseros y, de manera casuística, en la interceptación del narcotráfico. Sobre la sensible cuestión de la lucha contra el tráfico de sustancias prohibidas, también podría lograrse un acuerdo equivalente al migratorio, que cumpliera el interés de las agencias y servicios de seguridad de ambos países, como existe con otros de la Cuenca del Caribe.

Finalmente, el flujo informativo entre Cuba y Estados Unidos podría tomar cauces normales, incluido el intercambio legítimo de programas de radio y televisión de ambas partes, así como permitir acuerdos que hicieran eficientes las comunicaciones telefónicas, el correo, Internet y otros canales actualmente deficitarios o inexistentes, que afectan a todos los ciudadanos estadounidenses, pero, sobre todo, a los cubanoestadounidenses.

Quiénes y cómo

Durante mucho tiempo, la discusión sobre los escenarios de cambio en las relaciones de Estados Unidos con Cuba se ha centrado en el poder supuestamente omnímodo del lobby cubanoestadounidense —algo parecido a la imagen de la cola que mueve al perro—. Sin embargo, el cuadro de fuerzas se ha visto modificado por el surgimiento y el crecimiento de un antagonista corporativo, que ha permitido apreciar el poder real de la derecha cubanoestadounidense. Éste no está constituido por una comitiva de liberales demócratas ni de cubanoestadounidenses prodiálogo ni de disidentes cubanos antiembargo, sino que es un lobby de granjeros republicanos de Luisiana, Iowa, Texas, Carolina del Norte, Nebraska, Minnesota y otros estados agrícolas, que ya han logrado licencias comerciales para convertirse en los principales proveedores de alimentos de la “Cuba de Castro”.

Con esos aliados, la estrategia del Presidente electo podría limitarse a una fórmula más bien simple: la del laissez-faire. Bastaría con que ese Presidente —digamos, Barack Obama— no vetara el acuerdo del Congreso que despenalizara los viajes a Cuba. Las últimas declaraciones de campaña de Obama afirmaban su disposición a levantar las restricciones de visitas y remesas a los cubanoestadounidenses. Este anuncio, frente a un auditorio de electores de la Cuban American National Foundation, se leyó como un mensaje de posible diálogo con el gobierno cubano. El free trade y la libertad estadounidense acabarían siendo, a fin de cuentas, las mejores razones para que senadores, representantes o jueces decidieran lo que ningún presidente querría adjudicarse por sí solo: levantarle total o parcialmente el cerco a la Cuba comunista y dejar que el turismo sustituyera los más variados recursos de fuerza militar, paramilitar, económica, diplomática y propagandística usados durante 50 años. Sería un final irónico, quizá, pero ¿acaso menos verosímil?

LA DROGA EN AMÉRICA LATINA I: PERDIENDO LA BATALLA *

International Crisis Group

Introducción

Una década después de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de la droga, las drogas ilícitas, el narcotráfico y los delitos y crímenes relacionados siguen amenazando la paz y la estabilidad en el mundo. En 2008, la comunidad internacional debe evaluar el progreso alcanzado. Con miras a contribuir a esta evaluación desde la perspectiva de la prevención de conflictos, Crisis Group ha emprendido una investigación sobre el estado actual de la producción y el tráfico de cocaína, así como sobre las estrategias antinarcóticos de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Las conclusiones se presentan en dos informes complementarios y no son alentadoras. El primer informe analiza la evolución reciente de los cultivos de coca en la región andina y los actores delictivos que manejan el tráfico de cocaína. El segundo presenta una visión general de las políticas antinarcóticos en ambos lados del Atlántico y examina el impacto que ejercen las organizaciones transnacionales de narcotráfico en expansión y las políticas antinarcóticos en los gobiernos e instituciones democráticos, los conflictos civiles, el desarrollo y la cooperación internacional en la lucha contra el problema en América Latina.

Después de diez años de intensos esfuerzos por poner freno a la producción de cocaína en los tres países andinos de suministro (Bolivia, Colombia y Perú) y por reducir los montos que se trafican y consumen en los Estados Unidos y Europa, y recientemente cada vez más en países que solían ser de tránsito como Brasil, Argentina, México y Chile, los resultados son magros en el mejor de los casos. En 2006, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/ONUDD) estimó un total de 156.900 hectáreas de cultivos de coca en los países de origen de la droga, en comparación con 158.000 hectáreas en 2004 y 160.000 en 2000. Mediante el uso de imágenes satelitales de más alta resolución, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca reveló cifras más altas: 166.200 (2004), 198.500 (2005) y, después de un cambio en su metodología, un rango estimado muy amplio de entre 177.800 y 254.800 hectáreas en 2006.

Según estimaciones de UNODC, la producción potencial de cocaína ha oscilado entre 1.017 toneladas en los tres países fuente de la región andina en 2004 y 984 toneladas en 2006, de la cual a Colombia le corresponde la mayor parte. Altos funcionarios de la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) admiten francamente que es probable que salga más cocaína –bastante más de 1.000 toneladas– anualmente de la región andina que la que calculan UNODC o el gobierno de los Estados Unidos.

La declaración del director de ONDCP, John Walters, en febrero de 2008, de que los envíos de cocaína desde Suramérica en 2007 ascendieron a 1.421 toneladas, presuntamente el extremo superior de las estimaciones del gobierno de Estados Unidos, refuerza la opinión de la DEA en el sentido de que la producción actualmente supera todos los niveles anteriores de los países productores andinos –Colombia, Perú y Bolivia– en conjunto. Los informes preliminares de producción indican que cada uno de estos países registró aumentos en comparación con el año anterior, aunque todavía no se han divulgado las cifras exactas.
La lucha contra el tráfico de drogas también ha sido muy difícil, sin que se vislumbre una victoria. Las redes transnacionales se están expandiendo por América Latina, Estados Unidos y Europa, y se están adaptando rápidamente a los esfuerzos de interdicción. Las narco organizaciones mexicanas poseen cabezas de puente en Perú y Bolivia. Los grupos colombianos han cedido gran parte de las operaciones mayoristas y minoristas a mexicanos en Estados Unidos, pero en Colombia, que es principal productor de cocaína del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las organizaciones sucesoras de los paramilitares siguen controlando una buena parte del cultivo de coca y el procesamiento de cocaína. Tras haber aprendido de sus errores, los grupos narcotraficantes en Colombia, México y Estados Unidos son ahora mucho más difíciles de detectar, pues han dejado de ser organizaciones integradas verticalmente y se han convertido en estructuras de células operativas. Muchos servicios de la cadena de producción y tráfico se subcontratan con especialistas que no conocen el resto de la organización.

Las rutas y los medios de transporte son altamente dinámicos y han cambiado considerablemente en los últimos años. Se está fortaleciendo el papel de Venezuela como país de tránsito para la cocaína colombiana con destino a Europa a través del occidente de África, pero también con destino al mercado estadounidense a través del Caribe y México. Otros corredores, como las costas centroamericanas y África occidental, casi no tienen control; la frontera terrestre más transitada del mundo –la de Estados Unidos y México– no se puede patrullar efectivamente. Los decomisos mundiales aumentaron hasta 2006, pero el flujo de droga con destino a los dos principales mercados del mundo, que son Estados Unidos y Europa, persiste.

Las estrategias contra la droga buscan controlar y reducir la producción, el tráfico y el consumo de cocaína mediante intervenciones tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda, pero se han visto obstaculizadas por apreciaciones distintas sobre las políticas y por una débil cooperación entre las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y Europa, así como por el fracaso de los intentos de reducir sustancialmente el número de consumidores regulares (Estados Unidos) y evitar el aumento en el consumo (sobre todo en España, el Reino Unido, Italia, Brasil, Chile, Argentina y México). Las autoridades en ambos lados del Atlántico siguen recriminándose mutuamente y están lejos de lograr un consenso sobre la manera de abordar mejor el problema global. Los países latinoamericanos no intervienen mayormente en el debate sobre cómo se podría reformar la política antinarcóticos y también desestiman el grave impacto que conlleva el creciente consumo interno de droga.

Mientras los tomadores de decisiones y los votantes en Estados Unidos y Europa se sienten cada vez más hastiados de la lucha contra la droga, las políticas ineficientes y la propagación del crimen transnacional relacionado con el narcotráfico están teniendo un impacto negativo en las instituciones democráticas latinoamericanas, así como en sus sistemas políticos y sus sociedades; los grupos delictivos están socavando las instituciones estatales y alimentando conflictos armados y/o sociales en Colombia, Perú y Bolivia. En 2008, la comunidad internacional tiene que evaluar los errores que ha cometido en el último decenio y hacer ajustes de política fundamentales, pues de lo contrario existe una fuerte posibilidad de que pierda su batalla contra el crimen transnacional.

Cultivos de Coca y Producción de Cocaína: Colombia, Perú, Bolivia

Según UNODC, los cultivos de coca en Colombia, Bolivia y Perú han permanecido estables entre 2004 y 2006. En 2004, se cultivaron 158.000 hectáreas (Colombia: 80.000; Bolivia: 27.700; Perú: 50.300), en 2005, 159.600 hectáreas, con reducciones en Bolivia y Perú (8,3 y 4,2 por ciento respectivamente), y un aumento del 7,5 por ciento en los cultivos colombianos. En 2006, se contabilizaron 156.900 hectáreas con una disminución del 9,3 por ciento en Colombia e incrementos de 8,2 y 6,6 por ciento en Bolivia y Perú. No obstante, como se mencionó, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca calculó un área cultivada mucho más extensa, por lo menos en 2006.

Esta variación se debe a las metodologías utilizadas. UNODC emplea imágenes satelitales comerciales, con vistas frecuentes y registros continuos pero con una resolución comparativamente baja, de todo el territorio colombiano, quince regiones cocaleras en Perú y las regiones de Yungas y Chapare en Bolivia, en combinación con fotografías aéreas e imágenes de video de alta resolución, y verificación de campo. Estados Unidos utiliza satélites con más alta resolución, sus propias muestras y extrapolaciones, pero su metodología ha sido criticada por no incluir una evaluación de exactitud estadísticamente más rigurosa, así como correcciones de terreno y atmósfera.

Los tres países andinos han puesto en marcha grandes programas de erradicación: la destrucción manual (Bolivia, Colombia y Perú) y la fumigación aérea (Colombia) eliminaron 163.318 hectáreas de cultivos en 2004; 188.370 en 2005; y 231.129 en 2006.

No obstante, el potencial de producción de cocaína ha permanecido estable, según informes de UNODC. En 2004 se estimó en 1.017 toneladas (Colombia 640, Bolivia 107, Perú 270) y en 2006 en 984 toneladas (Colombia 610, Bolivia 94, Perú 280).

Colombia

Cultivos de coca

Según cifras de las Naciones Unidas, los cultivos de coca se redujeron de 86.000 hectáreas en 2005 a 78.000 en 2006 (menos del 1 por ciento del territorio nacional); desde 2003, los cultivos han oscilado anualmente entre 80.000 y 86.000 hectáreas, y durante 2005-2006 se detectaron en 23 de 32 departamentos. El 13 por ciento de los cultivos reemplazaron selvas primarias y el 48 por ciento sustituyeron otros tipos de vegetación. Esto es un fuerte indicio de que los cultivos se están desplazando continuamente por el país hacia regiones más aisladas, poniendo en peligro pluviselvas tropicales y reservas naturales.

En 2006, las áreas más extensas se encontraban en cinco departamentos en el sur y el oriente. Nariño tenía el 20 por ciento del total nacional, con un incremento del 12 por ciento en comparación con 2005 y 15.606 hectáreas; el 9 por ciento del total en el país (7.128 hectáreas) se ubicaba en el municipio de Tumaco, sobre el Pacífico; Meta y Guaviare sumaban el 26 por ciento del total nacional, con una reducción de 6.000 hectáreas en el primero y un incremento del 9 por ciento en el segundo; Putumayo y Caquetá tenían el 22 por ciento del total nacional, con el primero registrando el mayor incremento departamental en 2005-2006 (37 por ciento) . Casi todos los departamentos en donde se cultivaba extensivamente la coca desde hacía mucho tiempo presentaron reducción en los cultivos (Antioquia, Vichada, Bolívar, Cauca, Arauca, Córdoba y Norte de Santander). Sin embargo, otros que habían sido cultivadores menores registraron fuertes aumentos, sobre todo tres en la región central de los Andes: Valle del Cauca, 904 por ciento; Caldas, 144 por ciento; y Cundinamarca, 114 por ciento.

Producción de cocaína

Pese a los elogios de UNODC y Estados Unidos por el compromiso de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de droga en el último decenio –niveles sin precedentes de erradicación aérea y manual, cifras impresionantes de decomiso de cocaína, interceptación de precursores químicos importados, destrucción de laboratorios de procesamiento y acción contra narcotraficantes y grupos armados –, dicho país sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo; sus 610 toneladas en 2006 representan el 62 por ciento del total mundial .

Luego de haber alcanzado un pico de 163.300 hectáreas en 2000, la disminución en las áreas cultivadas refleja los programas de erradicación récord emprendidos con apoyo de Estados Unidos. La fumigación aérea erradicó 133.552, 138.772 y 172.000 hectáreas en 2004-2006, en tanto que los programas de erradicación manual eliminaron cultivos en 10.991, 31.285 y más de 42.000 hectáreas. Sin embargo, los campesinos empezaron a reducir el tamaño promedio de los cultivos de coca de 2,05 hectáreas en 2001 a 0,85 hectáreas en 2006, con el fin de evitar la detección y la fumigación, y también empezaron a intercalar los arbustos de coca con cultivos de pancoger y a lavar o podar las plantas después de fumigadas.

Según estimaciones de las Naciones Unidas, la producción de hoja de coca ascendió a 489.200 toneladas en 2006. Meta y Guaviare, con sólo el 26 por ciento del total de cultivos, representaron el 42 por ciento de dicha cifra debido a su alta productividad, seguidos de Putumayo y Caquetá (96.400 toneladas), las regiones de Catatumbo y el sur de Bolívar (76.800 toneladas), la costa del Pacífico (48.900) y la región oriental del Orinoco (48.500). La mayoría de los campesinos cocaleros venden pasta de coca (35 por ciento) y base de cocaína (31 por ciento); un tercio vende hoja de coca sin procesar. “Los narcotraficantes dieron a los campesinos el conocimiento técnico en la década de 1990 con el fin de facilitar e incrementar la comercialización de cocaína”. Las ganancias campesinas estimadas derivadas de productos de coca se redujeron (US$843 millones en 2005, US$683 millones en 2006) debido a la disminución en el área cultivada y a la reducción de precios.

En 2006, diez municipios en cinco departamentos del sur y el oriente con la mayor extensión de cultivos de coca registraban la mitad de la producción nacional potencial de cocaína. Cumaribo, en el departamento de Vichada, tenía el segundo mayor número de hectáreas (7 por ciento del total nacional) y el mayor potencial de producción (9,5 por ciento del total nacional); Tumaco, en el departamento de Nariño (región Pacífica), tenía 21 toneladas de potencial de producción (3,5 por ciento del total nacional); tres en Meta tenían el 17 por ciento del total del país; dos en Guaviare sumaban más del 12 por ciento y tres en Putumayo tenían más del 8 por ciento .

Perú

Cultivos de coca

Perú sigue siendo el segundo país cultivador de coca, con el 33 por ciento de la producción mundial de hoja. Después de una ligera reducción en los cultivos a 48.200 hectáreas en 2005, estos aumentaron a 51.400 hectáreas en 2006. Este incremento se observó en las catorce cuencas cocaleras. Entre 2005 y 2006, las tres principales regiones de cultivo representaban aproximadamente el 90 por ciento de la producción total de hoja: el Alto Huallaga, en la región central, en la intersección de los departamentos de Huanuco y San Martín (16.039 hectáreas en 2005, 17.080 en 2006), Apurímac-Ene, que cubre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín (15.530 hectáreas en 2005, 15.813 en 2006) y La Convención-Lares, en el departamento de Cusco (12.503 hectáreas en 2005, 12.747 en 2006) . Los mayores incrementos se produjeron en cinco regiones mucho más pequeñas, sobre todo en la aislada selva amazónica cerca del triángulo fronterizo entre Colombia, Brasil y Perú.

Mientras las campañas de erradicación manual forzada y voluntaria se concentraban en el norte de la principal región productora, el Alto Huallaga, los cultivos aumentaron en el área del sur, lo cual contribuyó a que se registrara un incremento global del 7 por ciento. En Apurímac-Ene, el objetivo fueron las pozas de maceración y los laboratorios de cocaína en vez de los cultivos; La Convención-Lares casi no registró variación en la extensión de los cultivos y no se reportó erradicación en 2006. UNODC planteó que su estabilidad podría deberse a las podas periódicas, que dificultan la detección de los arbustos de coca por satélite, pero esta región también se considera área tradicional de cultivo de coca y su producción de hoja se destina más que todo a usos tradicionales , por lo cual no es blanco de acciones coercitivas.

Producción de cocaína

La producción de hoja de coca secada al sol aumentó un 8 por ciento entre 2005 y 2006 (aproximadamente entre 106.000 y 114.100 toneladas) , en tanto que el consumo legal estimado de hojas secas permaneció estable, en 9.000 toneladas. La Empresa Nacional de Coca (ENACO) es la única entidad autorizada por el Estado para comprar hoja de coca legal a un precio fijo. La producción potencial de cocaína se estimó en 260 toneladas en 2005 y 280 toneladas en 2006. Un indicador de que había más hoja de coca disponible en el mercado ilícito debido al incremento en los cultivos y el mejoramiento de técnicas fue la reducción del precio pagado a los campesinos, de US$307 millones a US$285 millones. En el Alto Huallaga y en Apurímac-Ene, los precios cayeron en más del 18 por ciento.

Los campesinos han estado incrementando la cantidad de hojas de los arbustos, así como el contenido de alcaloide. La calidad de la semilla se ha mejorado; se están utilizando camellones –la antigua técnica de plataformas de tierra elevadas utilizadas en las regiones alto-andinas– para ayudar a incrementar la productividad y la resistencia de los arbustos de coca. Desde hace poco, en Aguaytía se están cultivando en invernaderos plantas recién germinadas, que se envían después a Monzón; se están empleando fertilizantes de foliares para aumentar el follaje y el tamaño de la hoja. La extracción del alcaloide es cada vez más eficiente (44 a 72 por ciento) y la tasa de resiembra anual de arbustos después de la erradicación se calcula en un 60 por ciento.

Los cultivadores de coca también se están trasladando a los parques nacionales de la región amazónica. Hay nuevos cultivos a lo largo del río Putumayo, al otro lado de la frontera colombiana, y en Caballococha, cerca del triángulo fronterizo. Aunque UNODC reportó 958 hectáreas en la macrorregión amazónica de Marañón y Putumayo en 2006, cálculos no oficiales señalan 838 hectáreas en Putumayo y 344 en Caballococha. Una fuente mencionó desbroces recientes de áreas mucho más extensas en las profundas selvas primarias amazónicas por parte de colonos y campesinos sin tierra. Sin embargo, en áreas remotas lejos de los centros poblados la coca parece ser el único cultivo rentable, porque las plantaciones son mucho más grandes que los cultivos lícitos.

Es probable que aumente la capacidad de Perú de suministrar cocaína a escala internacional. El potencial de producción de cocaína podría ser superior a las 280 toneladas calculadas en 2006, debido a la subestimación del área cultivada por parte de UNODC; también es posible que la productividad de las plantaciones sea superior a la que indican las cifras oficiales. Si bien la densidad estimada de plantas por hectárea en el Alto Huallaga es de entre 20.000 y 30.000, podría alcanzar hasta 200.000 en regiones del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) y Monzón.

Bolivia

Cultivos de coca

Después de haber reducido drásticamente los cultivos de coca a 14.000 hectáreas en 2000 (erradicación manual forzada bajo el Plan Dignidad), Bolivia ha experimentado un incremento constante. En 2004, los cultivos cubrían 27.700 hectáreas; en 2005 bajaron a 25.400 hectáreas, pero volvieron a aumentar a 27.500 hectáreas en 2006. Fuentes no oficiales calculan que la cifra real podría ascender a 30.000 hectáreas. El incremento se ha dado en las principales regiones de cultivo, Yungas (en el norte del departamento de La Paz) y Chapare (en el área tropical del departamento de Cochabamba). En la región tropical de Apolo (departamento de La Paz), cerca de la frontera con Perú, el cultivo de coca ha permanecido estable, en cerca de 300 hectáreas desde 2004.

La “zona tradicional de producción” de hoja de coca incluye varias provincias en los Yungas, en donde se considera legal un máximo de 12.000 hectáreas cuyo producido se vende para consumo tradicional y otros usos establecidos por la Ley 1008 (1988). La “zona de producción excedentaria en transición” incluye el Chapare y otras regiones (entre ellas parcelas más recientes en los Yungas), en donde el cultivo se considera ilegal y se tiene que erradicar. En octubre de 2004 el gobierno autorizó temporalmente 3.200 hectáreas hasta que un estudio independiente aporte claridad con respecto a la cantidad de hectáreas que se requieren para satisfacer la demanda tradicional. El estudio todavía no se ha completado y el presidente Evo Morales no le ha dado prioridad.

En la región de Chapare, el área cultivada ha fluctuado entre 10.100 hectáreas en 2004, 7.000 hectáreas en 2005 y 8.300 hectáreas en 2006. Según UNODC, “los programas de erradicación […] fueron seguidos por resiembra, sobre todo en el Parque Nacional Isiboro Secure”, en donde no hubo erradicación en 2006. Aunque el área total de cultivo de coca supera considerablemente las 3.200 hectáreas autorizadas de manera temporal, la supervisión aérea indica que el cultivo promedio en Chapare es de aproximadamente un “cato” (1.600 metros cuadrados). Así mismo, de conformidad con la política gubernamental que permite un “cato” por familia, la coca ya no se tiene que sembrar al lado de otros cultivos o debajo de un dosel de selva tropical para evitar su detección.

Producción de cocaína

El valor en finca de la hoja de coca se mantuvo estable en US$180 millones (aproximadamente el 2 por ciento del PIB). En 2006, el potencial estimado de hoja de coca secada al sol fue de 24.895 toneladas. Según UNODC, 13.209 toneladas correspondieron a la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (DIGCOIN), de las cuales 12.960 se negociaron en Villa Fátima (ciudad de La Paz), y las 249 restantes en Sacaba (cerca de la ciudad de Cochabamba). El precio ponderado promedio anual por la hoja en los dos mercados legales fue de US$3,9/kg . Con autorización de la DIGCOIN, también se vendieron cerca de 196 toneladas de hoja directamente a consumidores tradicionales (121 toneladas de los Yungas, 75 del trópico de Cochabamba).

UNODC informó que “incluyendo esta nueva manera de comerciar […] se negociaron 13.081 toneladas de los Yungas y 324 toneladas del Chapare. Según el estudio de producción, esto equivale a un área de 9.931 hectáreas de coca cultivadas en los Yungas de La Paz y 117 hectáreas en el Chapare”. Con base en estimaciones de cultivo y producción totales de coca, la producción potencial de cocaína con el excedente de hoja fue de 94 toneladas en 2006, más que en 2005 (80 toneladas) pero menos que en 2004 (98 toneladas).

Narcotráfico: Actores Y Rutas

La Región Andina

Colombia

Pese al aumento de los decomisos desde 2002, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, con un 62 por ciento estimado del total producido en 2006. Los narcotraficantes colombianos han evolucionado considerablemente desde la década de 1980. La extinción de los grandes carteles de la droga de Medellín y Cali en los años noventa, principalmente durante los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), se debió en parte al alto perfil de sus líderes y a sus estructuras verticales centralizadas, que los convirtieron en blancos cada vez más fáciles de combatir. Las organizaciones narcotraficantes de la actualidad son mucho más pequeñas, pero hay cerca de 140, no unas cuantas.

El cartel del Norte del Valle (CNDV) fue la única estructura lo bastante sólida como para retomar el negocio de los grupos de Medellín y Cali. Asumió el control de la mayor parte del tráfico de droga y expandió sus operaciones a finales del gobierno de Samper y comienzos del de Andrés Pastrana (1998-2002) . Compuesto originalmente por clanes familiares, era menos jerárquico y abarcador que sus predecesores, pues dependía más de filiales para el transporte y la venta. Cada vez más debilitado por la presión de las fuerzas de seguridad y por sus fricciones internas, sólo siguen en el negocio unos pocos capos y sus socios, la mayor parte de los cuales han ascendido desde las filas de los viejos carteles y han establecido sus propias redes.

Las facciones más fuertes del CNDV, lideradas por Wilber Varela (“Jabón”), asesinado en Mérida (Venezuela) el 1° de febrero de 2008, y, hasta su arresto en septiembre de 2007, Diego Montoya (“Don Diego”), siguen activas en toda la cadena de producción, transporte y distribución de cocaína, y también en lavado de dinero. Ejercen coerción, intimidación y dominio territorial por medio de los “Rastrojos” y los “Machos”, sus respectivos grupos de sicarios, en su lucha por el control de rutas y acceso al producto primario. Mientras los Machos siguen teniendo su base en el departamento del Valle, controlando laboratorios en zonas rurales y el acceso a ciudades y pueblos de la región y a lo largo de la costa Pacífica, los Rastrojos han buscado llenar el vacío que dejó la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), expandiendo su influencia en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo. Montoya centralizó el control operacional; Varela tendía a depender más de operadores independientes y grandes socios externos. A ambos les pagaban con frecuencia por “prestar sus nombres” a operaciones de narcotráfico en las que, aparte de eso, no participaban mayormente.

El desmantelamiento de los grandes carteles propició el surgimiento de individuos y grupos especializados en transporte y lavado de dinero. Algunos de los socios de los carteles de Medellín y Cali en los años ochenta y noventa, como “Beto Rentería” y Salomón Camacho, han mantenido un perfil más bajo uniendo fuerzas con operadores más grandes, como Juan Carlos Abadía (“Chupeta”), arrestado en 2007, y Hermágoras González (“El Gordo”), capturado en Venezuela el 9 de marzo de 2008, para concentrarse en el lavado de grandes sumas de dinero a través de inversiones legítimas. Otras personas han adquirido reputación como facilitadores de transporte internacional. Fabio Ochoa Vasco (“Carlos Mario”) ha sido vinculado con transporte de cocaína y lavado de dinero por el Caribe hacia México; se sospecha que Eduardo Restrepo Victoria (“El Socio”), enlace con el cartel de Tijuana en México, fue un importante socio de Varela; se cree que Daniel Barrera (“El Loco”) obtiene droga de las FARC, a las cuales provee de precursores químicos, y se ha asociado con grandes traficantes para sacar droga desde el aeropuerto internacional de Bogotá .

Las autoridades temen el surgimiento de una nueva generación de emprendedores narcotraficantes de bajo perfil que subcontratan gran parte de la cadena y son difíciles de detectar. Las redes de narcotraficantes que fungen de empresarios en ciudades grandes y medianas exportan regularmente pequeñas cantidades de cocaína por varios medios, como servicios postales, correos humanos (mulas), vuelos comerciales y barcos de carga.

En el extremo inferior de la cadena de producción sigue habiendo intermediarios entre los cultivadores de coca y las redes de narcotráfico en algunas regiones, sobre todo en aquellas con una mayor presencia militar y en donde las FARC no ejercen un control territorial, y en aquellas con una larga tradición de cultivos de coca. Aunque las FARC son compradoras cada vez más importantes de hoja de coca, pasta de coca y base de cocaína, los intermediarios en regiones como la serranía de La Macarena (departamentos de Meta y Caquetá) y a lo largo del río Putumayo (en las fronteras con Ecuador y Perú) siguen comprando el producto primario a los campesinos y transportándolo a granel a los laboratorios de cristalización ubicados en el departamento del Vichada y a lo largo de la costa Pacífica.

El surgimiento de nuevos grupos armados ilegales en el país después de la desmovilización de los paramilitares de las AUC tiene que ver con el control de los recursos primarios de la droga –cultivos, instalaciones de procesamiento para producir pasta de coca, base de cocaína y cocaína pura, y rutas de narcotráfico regionales- que estos grupos buscan salvaguardar de otras organizaciones ilegales, incluidas las FARC. También tienen vínculos con estructuras de narcotráficos nacionales y locales. Por ejemplo, en la región del Bajo Cauca, en el norte del departamento de Antioquia, miembros del antiguo Bloque Central Bolívar de las AUC se han vuelto a armar y controlan centros de acopio de base de coca en zonas semi rurales; la Organización Nueva Generación (ONG), que mantiene la estructura del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, ha tratado de penetrar las comunidades cocaleras controladas por las FARC en las montañas de Nariño. También se han detectado nuevos grupos que operan laboratorios de cristalización a lo largo de corredores estratégicos y en la frontera con Venezuela.

Si bien la participación de las FARC en el negocio de la droga es generalizada, la naturaleza de dicha participación varía según la región. Según las fuerzas de seguridad colombianas, tienen presencia en 428 de los 1.098 municipios del país, incluidos 128 con cultivos ilícitos. El control que ejercen sobre poblaciones y territorios en zonas rurales les ha permitido definir las condiciones para sembrar, cosechar y procesar coca. Las FARC también son las únicas compradoras de los productos primarios de coca en las áreas que controla. Algunos de sus frentes han ascendido en la cadena para controlar el contrabando de precursores químicos y la producción de cocaína pura, y han establecido vínculos con organizaciones narcotraficantes internacionales. Las fuerzas de seguridad creen que algunos de los principales carteles mexicanos compran hasta un 55 por ciento de la cocaína que introducen a los Estados Unidos directamente a las FARC o a través de intermediarios. Para facilitar el envío a los traficantes internacionales, las FARC han ido invirtiendo cada vez más en asegurar las rutas y los medios de transporte y se sabe que han establecido nexos con redes centroamericanas que sirven de trampolines para realizar operaciones más grandes en México, Estados Unidos y Europa.

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), más pequeño que las FARC, ha negado repetidamente su participación en negocios de droga, pero cada vez es más claro que sus frentes que operan en regiones productoras de coca y corredores estratégicos cerca de la frontera venezolana y el sur de la costa Pacífica dependen de ingresos relacionados con el narcotráfico . Frentes militarmente debilitados en regiones como el sur de Bolívar, en donde los insurgentes tienen buenas relaciones con las comunidades, parecen depender más de los “impuestos” que cobran a los cultivos de coca; existe evidencia creciente de que los frentes más fuertes en Nariño, Cesar, Norte de Santander y Arauca están implicados en el procesamiento y el transporte de pasta de coca, base de cocaína y cocaína pura.

Se sabe que los campesinos que cultivan y cosechan coca se han ido sofisticando, pues los niveles de producción se han mantenido a pesar de que el tamaño promedio de las parcelas se ha reducido en más de la mitad. Los campesinos –algunas autoridades colombianas creen que puede haber unas 100.000 familias involucradas; UNODC calculó que había 67.000 en 2006 – también han aumentado la producción de base de cocaína, que se vende a un mayor precio. En la cuenca del Orinoco (Vichada, Arauca, Casanare) y Meta-Guaviare, el 85 y el 65 por ciento de campesinos, respectivamente, producen base de cocaína. Pese a tener más conocimientos especializados, los campesinos siguen recibiendo apenas el 2 por ciento de las utilidades que reporta el narcotráfico.

Cerca del 78 por ciento del narcotráfico compromete rutas marítimas, ya sea directamente desde Colombia o desde Venezuela y Ecuador. Las rutas incluyen Centroamérica-México (55 por ciento); el Caribe (10 por ciento); y el corredor euro-africano (35 por ciento) . Washington desagrega estas cifras para mostrar que la cocaína que se introduce en Estados Unidos llega en gran parte vía el Pacífico oriental, a través de Centroamérica y México (66 por ciento) y el Caribe, a través de Centroamérica y México (24 por ciento) . En 2005, las autoridades estimaron que cerca del 65 por ciento del tráfico marítimo se hacía en lanchas rápidas (embarcaciones más pequeñas con cascos largos y varios potentes motores fuera de borda) , pero el mejoramiento en la interdicción está cambiando esto . Algunos puertos sobre el Atlántico, como Necoclí y Turbo y otros sobre el Pacífico, como Guapi, Buenaventura y Tumaco, también se utilizan para enviar droga en barcos de carga. Aunque todavía se utilizan bastante las rutas establecidas, los expertos creen que los traficantes pasan cargamentos más pequeños por las fronteras venezolana, ecuatoriana y brasileña, y que también están recurriendo a puertos más pequeños en departamentos como el Chocó para evadir la vigilancia creciente.

El tráfico por vía aérea parece estar declinando. UNODC dice que sólo el 10 por ciento de los cargamentos de droga se transporta por aire. La aparente reducción de vuelos sospechosos en áreas tradicionales (los llanos surorientales) se explica en parte por el uso del área fronteriza para evitar la detección y para construir pistas de aterrizaje ilegales. Por otra parte, sigue habiendo muchos vuelos sospechosos en el norte de Colombia, aunque exista una tendencia creciente a desviarlos hacia el espacio aéreo venezolano.

Las vías fluviales a lo largo de las fronteras, sobre todo con Venezuela pero también con Ecuador y Brasil, se han convertido en rutas importantes para el contrabando de droga, precursores químicos y armas. Los ríos que conducen a Venezuela, como La Gabarra (Norte de Santander), Arauca, Vichada, Meta, Inírida y Guaviare (en los llanos del Orinoco) son utilizados como salida, sobre todo por las FARC. Se sabe que las redes de narcotráfico también utilizan los puertos a lo largo de estos ríos como puntos de compra. Algunas poblaciones brasileñas sobre el río Amazonas, como Tabatinga, Santo Antonio de Iça, Tefé y Manaos, albergan grupos de traficantes que reciben cargamentos de droga ocultos en barcos con doble casco procedentes de los laboratorios de cristalización ubicados a lo largo de la cuenca del río Putumayo en Colombia. Los ríos Mira, San Juan y San Miguel se utilizan para el contrabando de precursores químicos para los laboratorios de procesamiento en los departamentos de Nariño y Putumayo.

Los cruces fronterizos se han convertido en puntos importantes de las rutas del narcotráfico. Los cruces hacia Venezuela a través de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, y Maicao y Paraguachón, en el departamento de la Guajira, son puntos de salida de cargamentos procedentes de Catatumbo, Bucaramanga y Bogotá, o a través de los departamentos de Bolívar y Cesar. La ruta a través de Tame, en Arauca, hasta Guasdualito, en Venezuela, también es muy utilizada por insurgentes, en especial por las FARC. Los individuos utilizan una gran cantidad de cruces improvisados desde Ecuador hasta Nariño para introducir de contrabando pequeñas cantidades de precursores químicos que llegan a Tumaco y son distribuidos a lo largo de la costa y del río Patía.

Venezuela

Aunque los cultivos de droga en Venezuela todavía se consideran marginales, los cargamentos de cocaína en tránsito han aumentado notoriamente. Algunas fuentes calculan que entre 220 y 300 toneladas –entre un tercio y casi la mitad de la producción anual estimada de Colombia– pasan anualmente por este país. Se cree que los vuelos de droga con destino al norte se triplicaron entre 2003 y 2006.

Venezuela se ha convertido en un importante país de tránsito por varias razones: su frontera de más de 2.000 km con Colombia dificulta la vigilancia y la interdicción; las comunidades en algunas zonas de la región fronteriza tienen una larga tradición de contrabando ; la polarización y la volatilidad políticas son caldo de cultivo para la criminalidad y la violencia, como sucede también con la corrupción generalizada de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional; y las menguadas relaciones con Estados Unidos y Colombia han perjudicado la cooperación en el tema antinarcóticos.

Las autoridades venezolanas aseguran que ha habido progresos en la lucha contra las drogas ilícitas, pero el flujo de cocaína en el país ha aumentado y las cifras oficiales denotan una reducción preocupante en las incautaciones desde 2005. La Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) reportó el decomiso de 32,2 toneladas de cocaína y 443 kilos de heroína en 2003 y de 31,2 toneladas de cocaína y 658 kilos de heroína el año siguiente. En 2005, las incautaciones de cocaína alcanzaron un pico de 58,4 toneladas, mientras que los decomisos de heroína disminuyeron a 394 kilos. La recientemente creada Oficina Nacional Antidrogas (ONA) anunció la incautación de apenas 39,8 toneladas de cocaína y 271 kilos de heroína en 2006, y de 31,8 toneladas de cocaína y 130,8 kilos de heroína en 2007.

Aunque casi no existen cifras oficiales sobre las incautaciones de precursores químicos, tanto los precursores como la gasolina venezolana se introducen de contrabando a Colombia en grandes cantidades. La gasolina se utiliza como precursor indispensable en el procesamiento de la cocaína y no está siendo controlada por las autoridades antinarcóticos de Venezuela.

Los narcotraficantes colombianos están utilizando cada vez más el territorio venezolano para introducir su cocaína en Estados Unidos y Europa, en especial los estados de Zulia, Táchira y Apure, en el occidente y suroccidente. Algunas fuentes creen que la reubicación del tráfico por Venezuela se debe tanto a peleas entre narcotraficantes como al mejoramiento en la aplicación coercitiva de la ley en Colombia, sobre todo en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar. Es posible que las redes del crimen organizado estén utilizando, por lo menos como cubierta protectora, la gran cantidad de población colombiana que vive en Venezuela, de la cual cerca de medio millón tiene residencia legal pero que, según algunos, asciende a tres o cuatro millones si se cuentan los inmigrantes ilegales .

Si bien las FARC y el ELN tienen presencia a lo largo de la frontera y algunos miembros de las FARC pueden manejar actividades relacionadas con el narcotráfico desde Caracas, las autoridades antinarcóticos venezolanas se han concentrado en combatir a los grandes narcotraficantes colombianos vinculados con el antiguo grupo paramilitar de las AUC, como Vicente Castaño (“El Profe”), Miguel Ángel Mejía (“El Mellizo”) y Salomón Camacho Mora, así como al CNDV. Una fuente extranjera dijo que incluso después de la desmovilización de las AUC, los individuos y grupos que tienen nexos con los paramilitares siguen siendo más perseguidos que los rebeldes.

Aunque no se sabe de capos del narcotráfico locales, la ausencia de controles adecuados para investigar los grandes montos de capital que ingresan a la economía es un caldo de cultivo perfecto para engendrar poderosas organizaciones narcotraficantes. Esto se refleja en la violencia que aqueja a los barrios tuguriales de Caracas, como Petare y Catia, impulsada por guerras territoriales por el control de actividades delictivas y criminales, entre ellas la distribución de droga para el consumo local.
La presunta participación de oficiales de la policía y el ejército preocupa grandemente. Un indicador plausible del fracaso de las autoridades en su lucha contra el tráfico de drogas, y posiblemente de su participación en este tipo de actividades, es la disminución de las incautaciones de droga en territorio venezolano al tiempo que dichos decomisos aumentan en otros países, incluyendo narcóticos procedentes de Venezuela. Otro indicador podría ser el hecho de que los narcotraficantes colombianos están utilizando documentos de identidad venezolanos obtenidos ilegalmente para operar en el país. Miembros de las FARC, el ELN y traficantes colombianos parecen estar negociando en Táchira el tránsito de drogas con la Guardia Nacional y la policía de los municipios fronterizos. Se ha arrestado a agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Guardia Nacional cuando intentaban cargar pequeños aviones con cocaína.

Es posible que los narcotraficantes hayan corrompido a oficiales y funcionarios militares del más alto rango. Según se afirma, los oficiales buscan cargos a lo largo de la frontera colombiana para obtener ganancias. Dado que algunos tienen estilos de vida opulentos e incluso extravagantes, no es descartable que haya bastante corrupción. Se cree que un grupo de generales de la Guardia Nacional dirige una operación conocida como el Cartel del Sol, que según se afirma controla las operaciones de tránsito a lo largo del eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro. Mauro Marcano, periodista y concejal de Maturín, estado de Monagas, en el nororiente de Venezuela, fue asesinado el 1° de septiembre de 2004 tras haber denunciado repetidamente al Cartel del Sol. El 5 de marzo de 2007, el narcotraficante Ceferino García, sospechoso de ser uno de los líderes del Cartel del Sol, fue arrestado bajo el cargo de ser el autor intelectual del asesinato. Sin embargo, ningún alto oficial de la policía o del ejército en el estado de Monagas ha sido llevado a juicio por cargos relacionados con narcotráfico. Marcano había hablado de connivencia entre García y el general Alexis Maneiro Gómez de la Guardia Nacional (un comandante de inteligencia y jefe del Comando Regional 7, con base en Puerto La Cruz), el coronel Juan Fabricio Tirry, jefe del Destacamento No. 77 en Monagas, y José Manuel del Moral, ex jefe de policía en el estado de Monagas.

El fiscal general Isaías Rodríguez ha argumentado, no sin cierta justificación, que el gobierno de Chávez está comprometido con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, el flujo creciente de cocaína por el país, los volúmenes relativamente pequeños de cocaína incautada y los indicios cada vez más claros de corrupción generalizada en la Guardia Nacional y otras instituciones estatales llevan a la conclusión de que no está haciendo lo suficiente para afrontar el problema.

Las redes de narcotráfico operan principalmente desde la frontera colombiana en el occidente hasta el Atlántico en el norte y el delta del río Orinoco en el oriente. Se dice que las FARC utilizan las vías fluviales para llevar cocaína desde los laboratorios clandestinos en los departamentos de Guainía y Vichada (Colombia) hasta fincas en el estado de Bolívar (Venezuela), en donde se carga en aviones livianos. Los traficantes también transportan cocaína en aviones livianos desde pistas aéreas en la selva colombiana hasta los estados de Apure, Bolívar y Amazonas en Venezuela. Los vuelos son tan cortos que los jets de combate colombianos en la base de Apiay (Meta) no tienen tiempo suficiente para interceptarlos cuando el radar los detecta. Los aviones luego vuelan hacia el norte, hasta las Antillas, Haití o la República Dominicana, antes de envir su cargamento a Estados Unidos.

Los cargamentos de cocaína también salen de Bucaramanga y Cúcuta, en Colombia, y cruzan la frontera porosa a través de cientos de trochas y docenas de ríos hasta Puerto La Cruz (costa caribe) y Puerto Ordaz (río Orinoco). De allí, la cocaína se embarca hacia las Antillas y Europa. El tráfico también prospera en el extremo nororiental de la península de Paria, en el estado de Sucre, desde donde lanchas rápidas transportan la cocaína hasta Trinidad y otras islas del Caribe.

La cocaína que pasa por Venezuela se introduce de contrabando a Europa mediante una amplia gama de medios de transporte, como buques contenedores, cargueros de petróleo y embarques aéreos que salen del aeropuerto internacional de Caracas, en donde, además de los correos humanos (“mulas”), funcionarios y autoridades aeropuertuarias civiles parecen estar directamente involucrados en los cargamentos grandes . La última tendencia es la exportación de cocaína a África occidental, región que se está convirtiendo en estación de tránsito hacia Europa, mediante barcos pequeños que transfieren su carga a otros más grandes en alta mar y aviones pequeños pero con gran capacidad de vuelo que despegan de pistas ilegales. Cada vez es mayor el número de nacionales de África y de Europa occidental y central que arrestan en Venezuela por narcotráfico.

Perú

La coca que se cultiva en Convención-Lares se destina más que todo a usos tradicionales, y el área cultivada ha permanecido relativamente estable en los últimos cinco años, pero el grueso de la coca que se cultiva en el Alto Huallaga, el valle de los ríos Apurímac y Ene y otras once cuencas cocaleras se utiliza para producir cocaína.

Debido a limitaciones de infraestructura y administración, la Empresa Nacional de Coca (ENACO) sólo está comprando 3.000 toneladas anuales (un tercio de la demanda tradicional), de las cuales el 90 por ciento en Convención-Lares. Los otros dos tercios de la demanda los suple el mercado paralelo, en donde “tronqueras” (campesinas que siempre han comerciado hojas de coca para usos tradicionales) compran hojas secas a US$5,23 el kilo. Sin embargo, los traficantes están comprando hojas a un precio promedio de US$2,50 el kilo y aun así es más rentable vender el enorme excedente (105.100 toneladas en 2006) para la producción de cocaína que vendérselo a la ENACO por US$1,75 el kilo .

La capacidad de decomiso del Estado es prácticamente nula. Con un potencial de producción de coca de 280 toneladas en 2006 (en comparación con 160 toneladas en 2002) y un uso interno estimado en dieciséis toneladas, sólo se incautan anualmente entre quince y dieciocho toneladas de cocaína. Aunque se decomisaron 203,6 toneladas de precursores químicos, esto sólo representa el 0,63 por ciento de las 32.174 toneladas que se calcula que se requieren para producir 280 toneladas de cocaína. Todos los años ingresan a la economía peruana aproximadamente US$1.053 millones relacionados con actividades de narcotráfico, lo cual ejerce un fuerte impacto en las economías de Huánuco, Ayacucho y Cusco.

Como menos del 10 por ciento de la producción nacional de hoja de coca se destina a usos tradicionales, la inmensa mayoría de las cerca de 65.000 familias cultivadoras venden hojas cuyo uso se destina a la producción de cocaína. Los campesinos no sólo están cosechando y vendiendo las hojas secas, sino que cada vez más producen pasta de coca en pozas de maceración que luego venden a intermediarios (traqueteros) que la envían a laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína. Según una fuente, los narcotraficantes han enseñado la técnica de producción de la cocaína a algunos campesinos, que utilizan pequeñas plantas de electricidad, hornos microondas y precursores químicos legales como cemento, sal y ácido muriático.

En los últimos años, las organizaciones narcotraficantes de Perú, que tradicionalmente han operado en grupos familiares muy organizados (clanes o “firmas”), han dejado de ser productores de pasta de coca y base de cocaína para convertirse en productores y exportadores de cocaína de alta calidad. Aunque no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo de sus pares mexicanos o colombianos, existe un alto riesgo de expansión. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) ha incautado en laboratorios clandestinos moldes para prensar la cocaína en “ladrillos” para la exportación, con logos distintivos de “firmas” para su identificación.

Sin embargo, las principales operaciones de exportación de cocaína son manejadas por representantes de las organizaciones mexicanas y colombianas, lo cual ayudaría a explicar el aumento en la producción potencial de cocaína, así como las modalidades innovadoras de exportación. Estas organizaciones están en el Perú porque no existe capacidad local para competir por los mercados y garantizar la calidad y entrega del producto. Aunque se cree que los principales carteles de droga de México dirigen operaciones en el Perú, el vicefiscal general para investigaciones especiales sobre crimen organizado de México, José Luis Santiago Vasconcelos, dijo hace poco que el cartel de Sinaloa, que parece tener contactos en el país desde hace algún tiempo, era el único que contaba con la “capacidad logística y financiera” para dirigir operaciones de exportación importantes desde el Perú.

Desde 2002 existe evidencia creciente que indica que colombianos del CNDV trabajan con el cartel de Sinaloa. Ambos grupos compran cocaína peruana que llevan hasta la costa Pacífica mexicana. También hay indicios de que al cartel de Sinaloa, con ayuda colombiana, le interesa la etapa de procesamiento de cocaína. Un laboratorio clandestino destruido en 2007 era operado por químicos colombianos y se cree que pertenecía al cartel. Narcotraficantes colombianos también operan en Tocache (Huallaga) y en Monzón. Tres mexicanos y un colombiano que fueron arrestados en Lima a comienzos de noviembre de 2007 tenían en su posesión no sólo cocaína sino también precursores químicos utilizados para la producción de anfetaminas.

Dirigidos por “Artemio” en el valle del Alto Huallaga y Aguaytía (entre Huánuco y Ucayali) y por “Alipio” en el VRAE, los dos remanentes de la agrupación guerrillera rural Sendero Luminoso han estructurado una fuerza con considerable capacidad militar que provee seguridad a los narcotraficantes. Según parece, a fines de 2004 los hombres de “Alipio” empezaron a cultivar coca y procesar pasta de coca en pozas de maceración cerca de los ríos Mantaro y Ene. En los últimos dos años y medio, las dos columnas han incrementado las operaciones violentas contra la policía antinarcóticos y contra funcionarios del gobierno, en lo que parece ser una nueva estrategia de “limpiar” los corredores de tránsito de policías “desafiantes” y otras presencias estatales y de actuar más como una “firma”. La erradicación manual forzada está siendo atacada en Yanajanca (Alto Huallaga), en donde se detectaron campos minados y bombas caseras en las plantaciones de coca.

Pese a los rumores de que las FARC están operando en Perú, Crisis Group fue informado de que su presunta actividad a lo largo de la frontera y los operativos en el Alto Huallaga, Ucayali y Aguaytía eran probablemente intentos de establecer corredores logísticos que comuniquen a sus tropas en Colombia, mas no involucramiento en nuevas operaciones políticas o de narcotráfico.

La cocaína producida en las principales cuencas del centro del Perú se exporta a Estados Unidos y Europa por la costa Pacífica. Como los controles han dificultado cada vez más el uso de vehículos y camiones para llevar grandes volúmenes de droga a la costa, los narcotraficantes están recurriendo a correos humanos (“mochileros”), por lo general jóvenes que transportan entre cinco y quince kilos de cocaína a pie a lo largo de los antiguos caminos incas que cruzan los pasos altos de la cordillera de los Andes. Los narcotraficantes contratan grupos, incluidos los remanentes de Sendero Luminoso, para proteger los envíos. Luego, mexicanos y colombianos se valen de empresas peruanas legales, sobre todo las de la industria pesquera, a las que utilizan como fachada para guardar y despachar la cocaína hacia la costa Pacífica de Guatemala y México. Como las distancias son más largas, en vez de lanchas rápidas se utilizan barcos pequeños para llevar los cargamentos de cocaína a mar abierto, en donde se cargan en barcos pesqueros y camaroneros más grandes.

Los clanes peruanos son las principales organizaciones encargadas de la exportación, el transporte y la distribución de cocaína y “paco” en los prósperos mercados de droga del Cono Sur. En asocio con traficantes brasileños, “firmas” peruanas en el VRAE despachan cocaína en aviones pequeños cuyo destino es Brasil. Los clanes peruanos cuentan con la ayuda de familiares en el área de cruce (a Chile) de Tacna-Arica y Santiago y también utilizan a Bolivia como país de tránsito para ingresar a Chile, Argentina y Brasil.

Las autoridades peruanas creen que el 25 por ciento de la cocaína que pasa por Bolivia es peruana; los bolivanos dicen que la cifra es más alta. Los peruanos en El Alto y La Paz la envían a Santa Cruz, desde donde la despachan al oriente, hacia Brasil, o al sur a Yacuiba, en la frontera con Argentina. Desde Yacuiba se envía a Santiago (Chile) por la provincia de Jujuy (Argentina) y a Buenos Aires (en donde viven 70.000 peruanos) por la provincia de Salta. Después de librar guerras territoriales sangrientas contra bolivianos y paraguayos, los peruanos controlan ahora los centros de distribución en las barriadas bonaerenses desde fines de los años noventa.

El cultivo de coca en las aisladas regiones norteñas del río Putumayo y Caballococha parece responder a la dinámica imperante en el sur de Colombia. Se afirma que quienes han sembrado la coca son peruanos que solían trabajar en Colombia como recogedores (raspachines). Los colombianos compran la hoja de coca para producir cocaína en su país y luego utilizan los ríos Putumayo y Caquetá para transportarla hasta Manaos (Brasil), en donde, según una fuente, un miembro de las FARC la recoge y las mafias brasileñas le pagan hasta US$7.000 por kilo.

Bolivia

En los primeros diez meses de 2007, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia (FELCN) incautó 14,8 toneladas de pasta de coca y cocaína, en comparación con 11,3 toneladas en 2005 y 14 toneladas en 2006.

En Bolivia no hay grandes organizaciones de narcotraficantes, pues allí la norma son clanes familiares pequeños y compactos, difíciles de infiltrar, que operan sobre todo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, algunas organizaciones extranjeras pequeñas, sobre todo colombianas, peruanas y mexicanas, trabajan en el país. Grupos bolivianos trafican cocaína del Perú para transportarla hasta Brasil, que también es el destino de cerca del 70 por ciento de la cocaína boliviana. La cocaína procesada en Cochabamba se lleva por la selva hasta pistas aéreas clandestinas en Beni, desde donde aviones livianos la transportan hasta el estado de Rondônia en Brasil, ya sea directamente o por Paraguay. El principal lugar de salida de la cocaína boliviana es el departamento de Santa Cruz, en donde presuntamente viven dos miembros del Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil.

Ha aumentado la cantidad de extranjeros arrestados por tratar de llevar cocaína a Europa, sobre todo a España, desde el aeropuerto de Santa Cruz. Entre el 1° de enero y el 10 de octubre de 2007, la FELCN arrrestó a 94 bolivianos que intentaban pasar cocaína por los aeropuertos internacionales del país, así como a un número considerable de europeos.

Se calcula que el 10 por ciento de la hoja de coca que llega al mercado legal en La Paz se desvía hacia la producción de droga en otras partes. A Crisis Group le informaron que se había detectado complicidad entre algunos de los dueños de almacenes en el mercado y narcotraficantes. Según funcionarios de la policía en La Paz y Buenos Aires, a Argentina se ha introducido ilegalmente hoja de coca legal para procesarla y convertirla en pasta de coca.

El director de la FELCN le dijo a Crisis Group que la producción tanto de pasta de coca como de cocaína pura ya no se limita a áreas como el Chapare. Aunque los laboratorios en esta región y en Cochabamba, la ciudad de Santa Cruz, El Alto y las zonas circundantes son pequeños y producen sobre todo base de cocaína, también hay algo de producción de cocaína en el departamento oriental de Santa Cruz. La droga se envía a Brasil y Argentina. Entre enero y octubre de 2007 se encontraron seis laboratorios, uno presuntamente de propiedad de colombianos y con tecnología avanzada. Sin embargo, según funcionarios en La Paz, parte de la producción de cocaína se ha trasladado al altiplano occidental, sobre todo a El Alto, en donde se han descubierto laboratorios clandestinos. Por lo general, la pasta de coca es la principal droga ilícita con destino a Chile.

Tanto funcionarios del gobierno como de UNODC manifiestan su preocupación por la reciente costumbre de cultivar coca en parques nacionales en las laderas tropicales de la cordillera de los Andes, sobre todo en los parques de Isiboro Secure (Cochabamba y Beni), Carrasco (Cochabamba) y Madidi (norte de La Paz). En 2006, cocaleros ilegales en Carrasco se enfrentaron a tiros con la policía, con un saldo de dos muertos. UNODC no está monitoreando otros parques y a los habitantes del departamento de Santa Cruz les preocupa la existencia de cultivos de coca en los parques Amboró y Chore, en las laderas de los Andes. El ecosistema de la reserva de Chore, al oriente del Chapare, es particularmente frágil. Se inunda por la lluvia durante la mitad del año y es una de las principales reservas hidrológicas de Bolivia. El bosque primario está siendo talado allí por más de 600 familias, muchas de las cuales también cultivan coca.

Ecuador

Aunque no es productor, Ecuador es lugar de tránsito y almacenamiento de drogas colombianas y peruanas. También se trafican precursores químicos desde allí hacia sus vecinos, y el país también se ha ido convirtiendo cada vez más en plataforma de lavado de dinero, debido a su economía dolarizada. La droga que más pasa por Ecuador es la cocaína. Algunas fuentes calculan que el 10-25 por ciento de la cocaína producida en Colombia pasa por ahí. En 2006 se incautaron 27 toneladas de cocaína y 7,2 toneladas de pasta de coca, en comparación con 39,6 toneladas y 1,5 toneladas respectivamente en 2005. Entre el 1° de enero y el 19 de noviembre de 2007, las incautaciones de cocaína volvieron a bajar a 13,6 toneladas; el pequeño incremento en los decomisos de pasta de coca, 7,5 toneladas, podría deberse a un aumento en la cantidad de laboratorios. Sin embargo, una fuente dijo que las incautaciones reales en 2006 podrían ascender a 72 toneladas, si se cuenta la cocaína capturada por Estados Unidos en aguas territoriales ecuatorianas.

Los cargamentos grandes provienen sobre todo de la facción del CNDV dirigida por Diego Montoya, arrestado hace poco. Trabaja mediante alianzas flexibles con grupos más pequeños que incluyen a ecuatorianos, colombianos y peruanos a cargo del transporte, el almacenamiento y la exportación. Las drogas atraviesan por tierra la frontera colombiana (Putumayo) hasta Puerto Francisco de Orellana (provincia de Orellana) y Nueva Loja (provincia de Sucumbíos), a menudo transportada por mujeres y niños. Las FARC parecen estar cobrando un “impuesto” por el paso fronterizo de la cocaína o la pasta de coca, pero también se cree que participan en actividades de narcotráfico en Ecuador, sobre todo el Frente 48 en la región fronteriza de Tulcán (Carchi, Ecuador) e Ipiales (Nariño, Colombia), y la columna móvil Teófilo Forero a lo largo de la ruta Mocoa-La Hormiga-San Miguel en Putumayo. Se afirma que trabajan con grupos delictivos de Sucumbíos que manejan operaciones de contrabando de gasolina.

Los principales compradores son los carteles mexicanos de Sinaloa, Juárez y Tijuana. Los cargamentos de cocaína pasan por Ecuador por vías marítimas y terrestres. Hay dos rutas marítimas principales. La primera, que parte de Tumaco en el departamento productor de coca de Nariño (Colombia), ingresa a Ecuador por la provincia de Esmeraldas. El cargamento se lleva por vía marítima hasta las Islas Galápagos, en tránsito hacia México, Estados Unidos y Europa. La segunda, que parte de Buenaventura, departamento del Valle (principal puerto colombiano en el Pacífico), llega a los puertos ecuatorianos de Manta y Guayaquil, y de allí se despacha a las Galápagos, en tránsito a Estados Unidos. La droga se transporta en lanchas rápidas desde Colombia y se transfiere a cargueros en Ecuador. La cocaína peruana de Marañón y el Alto Huallaga se envía a la provincia de El Oro en Ecuador, y luego a Manta y Galápagos en tránsito a México, Estados Unidos y Europa. Las compañías exportadoras, en especial las empresas camaroneras, ocultan droga en contenedores. Operan en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro y llevan la mercancía a Estados Unidos por México, y también a Europa. Aunque este sector cuenta con inversión extranjera creciente la propiedad está registrada a nombre de ecuatorianos, lo cual dificulta la identificación de los verdaderos dueños.

En las rutas terrestres se utilizan correos humanos, en especial mujeres y niños indígenas de las selvas tropicales, para que crucen la frontera entre el departamento de Putumayo y la provincia de Sucumbíos. De allí, la droga se lleva a la provincia de Pichincha en los Andes, en tránsito hacia las provincias de Manabí y Guayas en el Pacífico. Otra ruta, que parte del departamento de Nariño, cruza la frontera en Ipiales-Tulcán, pasa por las provincias de Pichincha y Guayas, y de la costa sale a las Islas Galápagos, México, Estados Unidos y Europa. También se utiliza el correo postal para sacar la cocaína de Ecuador. Los arrestos por posesión o tráfico de droga aumentaron de 3.280 en 2005 a 3.327 en 2006, y a noviembre de 2007 iban en 2.809.

Los corredores fronterizos también se utilizan para introducir ilícitamente “gasolina blanca” ecuatoriana a Colombia, que luego es utilizada como precursor químico para procesar cocaína. Este contrabando se realiza sobre todo en las provincias de Carchi y Esmeraldas, en donde las autoridades colombianas han detectado por lo menos 128 cruces de frontera ilegales hacia el departamento de Nariño. La gasolina blanca la llevan individuos desde las refinerías de Sucumbíos hasta Colombia, o se transporta por los ríos San Miguel y Putumayo.

Brasil y el Cono Sur

Brasil

Brasil se ha convertido no sólo en el principal mercado suramericano de consumo de cocaína y marihuana, sino también en un importante centro de transbordo de cocaína con destino a Europa y Norteamérica. El contrabando se facilita debido a sus largas fronteras con los tres principales países andinos productores de coca y cocaína, y también a las vías fluviales navegables y la infraestructura de carreteras en la región amazónica. Aunque los decomisos de marihuana aumentaron de 151 toneladas en 2005 a 161 toneladas en 2006, las incautaciones de cocaína siguen en un nivel relativamente bajo, que oscila entre siete y dieciséis toneladas anuales desde 2004. Las incautaciones de cocaína procedente de Bolivia han aumentado, pero la principal zona de ingreso de la droga es la fronera noroccidental con Colombia y Perú, en donde tuvo lugar un tercio de los decomisos en 2006.

La cocaína ingresa a Brasil desde Colombia por vía fluvial en regiones con fuerte presencia de las FARC. La droga se transporta por los ríos Putumayo y Caquetá desde los laboratorios colombianos hasta poblaciones brasileñas en donde se la almacena. Los asentamientos a lo largo del río Amazonas albergan a grupos de narcotraficantes que reciben cargamentos ocultos en barcos con doble casco. La cocaína también entra desde el VRAE peruano, en aviones que transportan entre 300 y 500 kilos. Luego se despacha hacia Europa y África desde puertos de Salvador, Recife y Pernambuco. El puerto de Santos (estado de São Paulo) en el suroriente también reviste importancia para redes que envían droga a Europa o África. Las carreteras de tierra entre Brasil, Perú y Bolivia, a lo largo de la frontera occidental, son otro punto de ingreso, sobre todo para la pasta de coca. Se cree que en Brasil hay pocos laboratorios de cocaína y que los que hay son rudimentarios, por lo cual es probable que la pasta de coca tenga como destino el consumo interno de “merla” (denominado “paco” en los países vecinos del Cono Sur), que es una especie de crack o basuco.

Grupos liderados por colombianos se encargan del tráfico a Europa y Norteamérica, mediante el uso de empresas de fachada que emplean a trabajadores brasileños para manejar las operaciones y lavar dinero. Tienen sus sedes en ciudades grandes como São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife y Pernambuco, desde donde se despacha la droga al Caribe en tránsito hacia Estados Unidos y a África en tránsito hacia Europa. El narcotraficante colombiano “Chupeta”, arrestado en São Paulo el 7 de agosto de 2007, había huido de Colombia en 2004 y se había establecido en Brasil fungiendo de empresario argentino, en donde estaba comprando empresas para lavar dinero de la droga. La captura de otro colombiano, Gustavo Durán Bautista, en agosto de 2007 constituyó otro golpe para las operaciones de tráfico de drogas. Su organización, presuntamente vinculada con el CNDV, había estado transportando cocaína hasta la región de São Francisco, en donde tenía una empresa de exportación e importación de frutas. La cocaína se enviaba a Europa oculta en cajones de embalaje con doble fondo.

Brasil es el principal lugar de despacho de cocaína hacia África, en especial a Guinea-Bissau y Cabo Verde, de habla portuguesa, pero también a Sudáfrica. Se cree que el 60 por ciento de la cocaína que entra a aguas guineanas proviene de Brasil, y el 40 por ciento restante se envía directamente desde Colombia y, cada vez más, desde Venezuela. La mayor parte de esa cocaína se despacha luego hacia Europa, en especial a Portugal, España e Italia. Los nigerianos, que a menudo trabajan desde São Paulo, utilizan correos humanos (“mulas”), en especial europeos, para llevar hasta 5 kilos de cocaína. Sin embargo, como las autoridades brasileñas los vigilan cada vez más, los nigerianos parecen estar subcontratando operaciones con otros grupos delictivos.

Según las estimaciones, en Brasil se consumen 50-53 toneladas anuales de cocaína y “merla”. Delincuentes y criminales brasileños se encargan de la distribución y la venta al detal. Los más peligrosos en São Paulo y Río de Janeiro están vinculados con organizaciones nacidas en el sistema penitenciario. La principal organización criminal de Brasil es el Primeiro Comando da Capital (Primer Comando de la Capital, PCC). Creado en 1993 para protestar contra los abusos de la policía y el maltrato a los prisioneros, pronto se convirtió en una fuerte organización criminal que se dedica a la distribución de droga, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

Se cree que el PCC controla el bajo mundo de São Paulo desde las cárceles, “en donde prácticamente no existe control de las autoridades”. Tiene un liderazgo centralizado, presuntamente bajo Marcos Willians Herbas Camacho (“Marcola”), quien en la actualidad está en prisión como casi todos los demás líderes. En 2006 el PCC orquestó letales asaltos callejeros para forzar la suspensión de la decisión del gobierno estatal de trasladar a 765 miembros a una cárcel de alta seguridad. En los últimos meses parece estar sufriendo una crisis financiera que les permite a sus estructuras por fuera de las prisiones operar de manera autónoma.

El predominio del PCC se beneficia de la pérdida de poder del Comando Vermelho (Comando Rojo, CV), el grupo criminal más antiguo de Río de Janeiro, liderado por Fernandinho Beira-Mar, uno de los más conspicuos narcotraficantes de Brasil que fue arrestado en Colombia en 2001 y extraditado a su país. Muchos grupos criminales de Río libran guerras por el control de los puntos de distribución de droga en las barriadas pobres y las montañas. Aunque el CV es el más grande y poderoso, lo siguen de cerca el Terceiro Comando (Tercer Comando) y el Terceiro Comando Puro (Tercer Comando Puro), que han ido creciendo. El grupo Amigos dos Amigos (Amigos de los Amigos, ADA) ha sido duramente golpeado por el CV desde 2002.

La corrupción de las fuerzas de seguridad plantea un serio problema. Brasil tiene varias fuerzas de policía: federal (bajo el Ministerio de Justicia), civil y militar a nivel estatal, y la guardia de policía municipal (en más de 950 de los 5.560 municipios y subordinada a los alcaldes) . Sufren de personal insuficiente, entrenamiento inadecuado y fallas de coordinación. Pese a los esfuerzos emprendidos para limpiar las fuerzas de elementos corruptos, hay complicidad entre oficiales y narcotraficantes, sobre todo en las grandes ciudades. Algunos grupos criminales sobornan regularmente a la policía local. Hace poco se implicó a diez agentes antinarcóticos de la policía federal en el secuestro y la extorsión de dos socios de “Chupeta”, por quienes pedían un rescate de US$1 millón. Se dice que a agentes fronterizos, de la fiscalía y de tránsito les pagaron US$2,8 millones para ayudarles a “Chupeta” y a su compañera, Jessica Paola Rojas, a conseguir pasaportes venezolanos y argentinos falsos y poder entrar y salir libremente de Brasil.

Argentina

Desde comienzos de este siglo, el papel tradicional de Argentina como país de tránsito para la cocaína boliviana, peruana y colombiana con destino Europa ha cambiado. El volumen ha aumentado y cada vez se consume y produce más droga en el país. La severa crisis económica y financiera que sufrió el país en 2001 les dio a los narcotraficantes oportunidades para expandir sus operaciones, sobre todo en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, que lindan con Bolivia, pero también en Buenos Aires. En 2004, Argentina incautó 3,1 toneladas de cocaína; en 2005, 5,5 toneladas. En un discurso pronunciado en marzo de 2007, el presidente Néstor Kirchner dijo que los decomisos de cocaína habían aumentado un 37 por ciento en 2006, lo que sugiere que se incautaron 7,5 toneladas. Sin embargo, ninguna de las entidades responsables pudo, o quiso, confirmar las cifras más recientes a Crisis Group.

Aunque existe la sensación de que las autoridades no conocen a los narcotraficantes, parece que están más que todo organizados en pequeños grupos de argentinos, peruanos, bolivianos, paraguayos y colombianos. Los clanes familiares trabajan sobre todo con parientes. Los elementos externos trabajan para estos grupos en calidad de socios, pero el núcleo sigue siendo la familia. Los clanes importan cocaína, principalmente de Perú y Bolivia, pero también de Colombia, para venderla en el mercado interno o exportarla a Europa.

La mayor parte de la distribución de cocaína y de “paco” está controlada por organizaciones peruanas que llegaron al país a finales de los años noventa y se establecieron luego de librar una violenta guerra territorial. Existen indicios de que algunos de los grupos criminales que operan sobre todo en las barriadas pobres (villas miseria) de Buenos Aires podrían estar conformados por ex miembros del movimiento guerrillero peruano Sendero Luminoso. Su método usual de tráfico son los correos humanos (mulas), que a menudo ingieren hasta 1 kilo de cocaína y a quienes reclutan sus socios peruanos en las barriadas pobres de Lima, y también extranjeros que viajan a Buenos Aires.

Se afirma que la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, estableció una fuerte base en Argentina, en donde vive una importante comunidad inmigrante de esa región de Italia. Es una de las organizaciones criminales más poderosas de Europa y es el destino del 95 por ciento de la cocaína que sale de Argentina. La colaboración entre las autoridades españolas, italianas, colombianas y argentinas condujo a varias capturas y a la incautación de activos en 2006, pero informes recientes dejan ver que los vínculos entre narcotraficantes siguen siendo fuertes.

Los principales puntos de ingreso de cocaína a la Argentina son terrestres, por las regiones noroccidentales de Salta y Jujuy, que son las únicas provincias con frontera con Bolivia. Hay indicios de lado y lado de la frontera de que se está enviando hoja de coca legal, tradicionalmente usada en Salta y Jujuy, para producción de droga. Además, se están descubriendo cada vez más laboratorios de pasta de coca, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Aunque el aeropuerto internacional de Buenos Aires es un lugar de transbordo importante con destino a Europa, los cargamentos más grandes se despachan hacia allá por vía marítima. Hay dos rutas más pequeñas a Suráfrica y Australia. También se incautan pequeñas cantidades (20 kilos anuales en promedio) de heroína colombiana, parcialmente destinada a Estados Unidos, que llegan en vuelos comerciales.

La provincia de Misiones, del lado argentino de la zona trifronteriza (Ciudad del Este en Paraguay, Puerto Iguazú en Argentina y Foz do Iguaçu en Brasil), es el principal lugar de ingreso de la marihuana paraguaya. Casi toda se consume internamente, pero una pequeña parte se despacha a Chile. También se ha detectado marihuana boliviana en Argentina.

Después de la crisis económica de 2001, la cocaína callejera fue reemplazada en gran medida por el “paco”, más barato, de menor calidad y producida en el país. Su consumo se ha quintuplicado en tres años entre los jóvenes de las clases bajas y medias urbanas.

Chile

Chile es un lugar de transbordo para grandes cargamentos de cocaína provenientes en su mayor parte de Colombia a través de Ecuador y Perú, así como de cantidades más pequeñas que cruzan la frontera directamente desde Perú y Bolivia, de camino a Estados Unidos. En los últimos años ha aumentado el tráfico hacia Europa, sobre todo por mar a España, Portugal y los Países Bajos, pero también por el aeropuerto de Santiago. Preocupa el hecho de que los puertos en Arica, cerca de las fronteras con Perú y Bolivia, no tienen capacidad para vigilar efectivamente los cargamentos. Entre enero y agosto de 2007, las autoridades incautaron 2,3 toneladas de cocaína y 2,9 toneladas de pasta de coca, lo que representa un incremento notorio en comparación con las 1,6 y 2,8 toneladas respectivamente en 2006. Casi todas las incautaciones se han hecho en las provincias norteñas de Tarapacá y Antofagasta, cerca de las dos fronteras. Los decomisos de marihuana ascendieron a 4,1 toneladas en los primeros ocho meses de 2007, en comparación con 3,1 toneladas en 2006.

Casi todos los grupos de narcotraficantes son clanes familiares compactos que trabajan en pequeños pueblos en donde por lo general se les respeta e incluso se les protege, pero la policía le dijo a Crisis Group que criminales de Paraguay, en donde hay indicios de la existencia de cada vez más traficantes regionales importantes, se han convertido en una amenaza. A la policía también le preocupa la posibilidad de que el incremento de las redes de narcotráfico pueda deberse al mayor consumo interno de droga y que lleve a un aumento en la criminalidad y la violencia urbana.

Paraguay

Paraguay, el principal productor de marihuana en Suramérica ha sido tradicionalmente el centro de contrabando de la región, y un importante país de tránsito para la cocaína boliviana, peruana y colombiana con destino a Brasil, Argentina, Chile y Europa. A través de Bolivia se trafican precursores químicos procedentes sobre todo de Brasil y Argentina, y grupos como el PCC brasileño y los rebeldes colombianos de las FARC los utilizan para comprar armas. La Dirección de Operaciones Antinarcóticos de Paraguay sabe de la existencia de grupos armados con vínculos con las FARC en San Pedro, una importante zona de cultivo de marihuana.

Al igual que en Argentina, Bolivia y Chile, clanes familiares tienden a manejar los negocios ilícitos. Paraguay también ha sido refugio de grandes traficantes brasileños, en especial de miembros del PCC y el CV, que operan en regiones como Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Ciudad del Este (parte del área trifronteriza) y Saltos del Guaira. Se han capturado algunos narcotraficantes importantes, como Iván Mezquita, Ubiratã Brescovit y Jhonatan Soligo, hijo de Erineu Domingo Soligo. También se han detectado traficantes peruanos que operan en Argentina. Los parques nacionales se han visto afectados. Se encontraron varias plantaciones de marihuana en Nacunday y en la reserva natural de Kuri’y. Los cultivos son principalmente financiados por brasileños de los estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo y Río de Janeiro. Tres de los más buscados son Jarvis Chimenes Pavão, Luis Garrocha (“Cabeça Branca”) y Erineu Domingo Soligo (“Pingo”), presunto dueño de una extensa propiedad en el área fronteriza de Capitán Bado, al otro lado del estado brasileño de Mato Grosso. En agosto de 2006, el Servicio Nacional Antidrogas (SENAD) estableció una base, financiada por Estados Unidos, en el vecino Pedro Juan Caballero.

La droga proveniente de Capitán Bado y Pedro Juan Caballero en Amambay (el nororiente) se transporta por pequeñas carreteras destapadas hasta Brasil, y luego por las autopistas que conducen a São Paulo, Río de Janeiro y Curitiba, así como a otros mercados en los estados de Minas Gerais y Goias . También hay evidencia creciente del uso de avionetas con capacidad para contrabandear hasta 600 kilos de marihuana –algunos de los vuelos también transportan cocaína– hasta la provincia de Buenos Aires.

México, Centroamérica y el Caribe

México y Centroamérica

No existe información confiable sobre la cantidad de cocaína que ingresa a México procedente de fuentes originarias suramericanas o países de tránsito centroamericanos. Sin embargo, se cree que en 2006 cerca del 90 por ciento del volumen total de cocaína que ingresó a Estados Unidos llegó por México. La policía antinarcóticos colombiana dice que en 2006 aproximadamente el 55 por ciento del total de cocaína producida en los tres países fuente pasó por México, de camino a Estados Unidos. Con base en la estimación de UNODC sobre la producción potencial total –984 toneladas–, esto sugiere que por esta ruta se transportaron unas 450-500 toneladas a Estados Unidos.

Los poderosos y altamente organizados grupos de la actualidad son herederos de una larga historia de contrabando. Operando a lo largo de su agitada frontera norte de 2.000 millas con Estados Unidos, muchos mexicanos y sus socios del otro lado de la frontera han contrabandeado todo tipo de productos ilegales desde comienzos del siglo XX. Esta actividad evolucionó y creció como respuestea a la demanda de drogas específicas en Estados Unidos: licor durante la prohibición estadounidense en los años veinte, opiáceos en los años cuarenta , marihuana y heroína en la bonanza hippie de los años sesenta y setenta, cocaína colombiana desde comienzos de los ochenta y, últimamente, drogas sintéticas de fabricación mexicana como las metanfetaminas .

Generaciones de contrabandistas mexicanos han adquirido mucha experiencia. A comienzos de los años ochenta las rutas que se utilizaban para transportar la marihuana se transformaron en corredores de cocaína; los puntos de transbordo, o “plazas”, a lo largo de la frontera en Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana, entre otros, han cambiado de manos entre una sucesión de capos. Narcotraficantes exitosos influyen, mediante intimidación y sobornos, en la policía federal, estatal y municipal de México, así como en sus legisladores, gobernantes, alcaldes y jueces. Durante los gobiernos unipartidistas del Partido de la Revolución Institucional (PRI), entre 1929 y 2000, las autoridades procuraron mantener los efectos negativos, en particular la violencia, en un nivel mínimo mediante la “administración del narcotráfico”. Esto significó que, con gran frecuencia, los funcionarios de los gobiernos central y regional se hacían los de la vista gorda, ya fuera para obtener ganancias o para preservar la tranquilidad.

Desde comienzos de la década de 1980, el creciente tráfico de cocaína de la región andina a través de México se ha asociado con violencia. En ese decenio y durante la primera mitad de los noventa hubo conflictos armados esporádicos entre organizaciones de narcotraficantes mexicanos rivales, como el cartel de Tijuana de Miguel Ángel Félix Gallardo, el cartel del Golfo de Juan García Ábrego y el cartel de Juárez de Amado Carillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”) . Sin embargo, en comparación con la de los últimos diez años, la violencia todavía era relativamente menor.

Aunque el tráfico de cocaína aumentó después de que Estados Unidos cerró la ruta de la Florida a mediados de los años ochenta, las organizaciones criminales mexicanas estaban suministrando sobre todo servicios de apoyo a los carteles colombianos de Medellín y de Cali. Les pagaban bien, pero no recibían una parte de la cocaína. Esto cambió a comienzos de los noventa, cuando los mexicanos empezaron a exigir un 30 por ciento de la droga como pago parcial. Unos años después, los grupos cada vez más poderosos de Tijuana, Juárez, el Golfo y Sinaloa sobrepasaron a los colombianos, a quienes empezaron a comprarles la droga, y construyeron una extensa red de distribución en Estados Unidos . La creciente autonomía de las organizaciones mexicanas vino acompañada por su proliferación y la adopción de nuevas estructuras. Los grupos con estructura vertical que operaban en regiones específicas, sobre todo en los estados norteños y liderados por capos visibles, se fueron transformando poco a poco en redes empresariales criminales que forjaron alianzas y establecieron células de difícil detección en todo el país.

Esta reorganización del narcotráfico y el surgimiento de muchos más actores criminales rivales recrudecieron la violencia, que a su vez fue impulsada todavía más cuando finalizó el gobierno del PRI y asumió, en el año 2000, la presidencia Vicente Fox, del Partido Acción Social (PAN). Fox les declaró la guerra a los narcotraficantes y logró algunos éxitos temporales al desmantelar estructuras y arrestar o matar a algunos líderes. Según la Procuraduría General de la República (PGR), durante el gobierno de Fox se capturaron quince capos, entre ellos Osiel Cárdenas (“Matamigos”) del cartel del Golfo, Benjamín (“El Tigrillo”) y Francisco Javier Arellano Félix y Gilberto Higuera (“El Gilillo”) del cartel de Tijuana, Miguel Ángel Guzmán del cartel de Sinaloa y Adán Amezcua. Sin embargo, la neutralización de líderes que eran prontamente reemplazados fomentó guerras territoriales, y en último término el gobierno no pudo poner fin a la violencia y someter a las organizaciones de narcotraficantes.

Las autoridades mexicanas dicen que en la actualidad hay tres grupos grandes de narcotraficantes que rivalizan entre sí: la organización de Arellano Félix (cartel de Tijuana); el grupo de Osiel Cárdenas (cartel del Golfo); y una alianza entre el grupo de Carrillo Fuentes (cartel de Juárez) y la organización de Palma Guzmán (cartel de Sinaloa) . También hay grupos organizados de sicarios al servicio de los carteles, como Los Zetas (cartel del Golfo) y Los Negros, Los Pelones y La Gente Nueva (cartel de Sinaloa ), así como grupos más pequeños como Los Tres de la Sierra y los carteles de Colima y Valencia, que hacen diversas alianzas con las organizaciones de mayor tamaño. Se cree que en hasta 21 de los 31 estados federales de México operan organizaciones de narcotraficantes en las que colaboran directamente varios miles de individuos.

Se cree que el cartel más fuerte y exitoso es el de Sinaloa, liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán, al que le siguen en importancia los grupos del Golfo y de Tijuana. Parte de su fuerza radica en su habilidad para forjar alianzas y expandir sus vínculos internacionales. Aunque opera en diecisiete estados, tiene un alcance todavía mayor en razón de su alianza con el grupo de Juárez, que actúa en 21 estados; también tiene una red de narcotráfico más amplia en el exterior que la del cartel del Golfo, pues se cree que tiene células operativas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador; existe evidencia creciente de que algunos de sus miembros están estableciendo presencia en Colombia y Perú. La información disponible sugiere que el cartel, que mantiene una relación de vieja data con traficantes colombianos, coopera con el CNDV. Es posible que los grupos de Arellano Félix y el Golfo se hayan visto afectados por la menor interacción con traficantes colombianos asociados con las FARC y el grupo paramilitar AUC, debido al impacto que han tenido las medidas adoptadas por el gobierno de Uribe contra los grupos armados ilegales en Colombia y a la desmovilización de las AUC .

Casi toda la cocaína que llega a México lo hace por vía marítima (sobre todo por la ruta del Pacífico) o por tierra desde Guatemala. El tráfico por vía aérea hacia el sur está declinando; los traficantes también utilizan a migrantes ilegales centroamericanos como correos humanos. Desde México, la mayor parte de la cocaína se despacha en cargamentos grandes, a veces de varias toneladas, hasta la frontera, sobre todo a Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez, en donde se reempaca y se envía a Estados Unidos en cantidades más pequeñas, oculta en vehículos privados y comerciales . Según UNODC, en 2006 tres cuartas partes de las incautaciones se hicieron a lo largo de la frontera terrestre, sobre todo en la que limita con Texas. El comercio diario entre México y Estados Unidos asciende a cerca de US$900 millones, y se realiza sobre todo en miles de camiones, trenes y otros vehículos comerciales que brindan a los traficantes un sinfín de oportunidades para ocultar sus cargamentos ilícitos.

Haití y la República Dominicana

La inestabilidad política, la virtual ausencia de un aparato estatal funcional, la existencia de bandas armadas, la pobreza generalizada y la corrupción han contribuido a reforzar la importancia de Haití como lugar de transbordo de cocaína. Según la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), 83 toneladas de cocaína pasaron por La Española (Haití y la República Dominicana) en 2006, y se interceptaron 159 vuelos con droga desde Suramérica con destino a la isla, pero se desconoce la cantidad de droga que hace tránsito en cada país.

Aunque los traficantes colombianos han estado utilizando la isla de La Española como centro de operaciones desde fines de los años ochenta, fuentes de la policía de Haití señalan que criminales haitianos han estado asumiendo el control del negocio desde fines de los noventa. Algunas fuentes policiales y los medios de comunicación hablan de carteles haitianos, pero los expertos consultados por Crisis Group son más cautelosos. Se cree que hay redes sólidas activas en toda la isla, con participación de haitianos, jamaiquinos, dominicanos, colombianos, estadounidenses y europeos. El tráfico de la costa sur hacia el norte y el lavado del dinero están bien organizados y cuentan con la participación de funcionarios, incluidos magistrados y abogados, policías, ex miembros de las fuerzas armadas y ciudadanos del común. Sin embargo, sería exagerado afirmar que todos forman parte de un cartel haitiano.

Las últimas operaciones antinarcóticos se han dirigido contra traficantes en el sur, en la isla Gonave, en la costa norte y en el departamento occidental. En este último, se capturaron en Leogane, con 420 kilos de cocaína, variados grupos de traficantes que incluyen a ex miembros del ejército (Raynald Saint Pierre), oficiales de la policía –dos de la unidad antinarcóticos (BLTS) y uno de la unidad de mantenimiento del orden público (CIMO) – así como colombianos y peruanos.

En el sur, Dominique Dumas, un traficante local, controla la isla de Grosse Caye; desde 2005 se habían expedido varias órdenes de captura contra él, y fue arrestado en julio de 2007 en Les Anglais durante una inspección de tránsito. El jefe local del tribunal de primera instancia profirió una orden de habeas corpus para que lo liberaran. También se ha reportado la presencia de traficantes jamaiquinos en la isla y en la “île à Vache”. En Gonaives, la DEA arrestó a Lavaud François (alias Chachou), un conocido empresario local. Savil Dessaint, un haitiano que vive en Estados Unidos y es presidente del club de fútbol Roulado de la isla La Gonave, fue arrestado por la DEA y la policía de Haití en Tabarre, cerca de Puerto Príncipe, el 5 de agosto de 2007.

En el último año, se ha informado repetidamente que las avionetas que aterrizan en Haití vienen de Colombia y Venezuela y son piloteadas por colombianos, pero esto no se ha confirmado. En Washington, tanto en presentaciones públicas como en reuniones privadas se han distribuido registros de radar de la DEA de los vuelos. De todos modos, funcionarios de República Dominicana admiten la presencia constante de representantes de organizaciones de narcotraficantes latinoamericanas.

Las avionetas y las lanchas rápidas arrojan paquetes en el mar o en la costa sur de Haití y en numerosas islas pequeñas. Se han detectado nueve pistas aéreas clandestinas como puntos de tráfico regular, seis de ellas entre Aquin y Côte de Fer en la costa sur. Después de la estación de cosecha de la marihuana (julio-febrero), los traficantes jamaiquinos son más visibles en el sur. Los embarques de cocaína desde Colombia y Venezuela son más frecuentes entre septiembre y marzo.

Todavía no se tiene claridad sobre las rutas de tránsito sur-norte y los métodos utilizados, pero es probable que ambos incluyan tanto tráfico terrestre (a veces en vehículos oficiales o automóviles de la policía sin matrículas registradas) como aéreo (en avionetas piloteadas por personas de habla hispana). Las drogas se transportan desde la costa norte de Haití sobre todo en barco, pero también pasan por el aeropuerto de Puerto Príncipe en vuelos comerciales. También se mencionan otros puntos de despacho de droga a la Florida, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, como puertos en Nippes, y en los departamentos al sur y al occidente (Jérémie, Léogâne).

Aunque una de las razones del fácil acceso a Haití es la frontera de 360 kilómetros, débilmente controlada, con la República Dominicana (Anse à Pitres, un punto notorio por su falta de control, está siendo fortalecido); algunos funcionarios dominicanos calculan que hasta un 80 por ciento del flujo de droga podría estar llegando directamente a su territorio. Menos del 2 por ciento de los individuos arrestados por cargos de narcotráfico son haitianos. Se cree que las redes de tráfico de armas, drogas y personas entre Haití y República Dominicana se traslapan en gran medida, pero en lo que respecta a las drogas, lo que más se transborda es marihuana, por lo general oculta en buses o en otros medios de transporte público.

La República Dominicana se utiliza ampliamente como país de tránsito en el tráfico de droga y como lavadero de dinero. Tiene numerosos vuelos comerciales y turísticos hacia y desde Europa, así como cargamentos marítimos e infraestructura logística, y queda a tan sólo 54 millas de Puerto Rico cruzando el Canal de la Mona. Sin embargo, el tráfico se paga sobre todo con droga, lo cual crea un mercado dominicano local de cocaína y crack y fomenta los delitos y crímenes relacionados con narcóticos. Se cree que gran parte del sector de la construcción, si no todo, es financiado con dinero procedente de la droga, como una manera de lavar o reciclar las ganancias. En los últimos años ha habido varios juicios de traficantes conocidos relacionados con las fuerzas armadas y el sector empresarial.

Estados Unidos

En términos absolutos, Estados Unidos sigue siendo el mercado de consumo de cocaína más grande del mundo, con una demanda anual estable calculada en 250-300 toneladas puras. La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) estima que, en 2006, entre 530 y 710 toneladas salieron de los países productores andinos con destino a Estados Unidos. La DEA dice que, como regla general, cerca de un tercio se incauta o se pierde antes de llegar, lo que sugiere que en 2006 ingresaron entre 350 y 470 toneladas. Algunos funcionarios de la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO) creen, sin embargo, que podrían estar entrando entre 360 y 540 toneladas. El establecimiento de organizaciones de narcotraficantes mexicanas en Estados Unidos, que han adquirido la capacidad de operar en casi cualquier lugar del país, también indica que el flujo ha permanecido por lo menos estable, si es que no ha crecido en los últimos años.

En el último decenio, el tráfico y la distribución de cocaína, tanto en polvo como en crack, ha sufrido cambios importantes. Como se mencionó, entre principios y mediados de los años noventa las organizaciones con centro de operaciones en Colombia, que habían controlado la mayor parte del mercado de Estados Unidos desde finales de los setenta , fueron cediendo progresivamente su campo a los mexicanos . Una enmienda constitucional de 1997 autorizó la extradición de ciudadanos colombianos, con lo cual se eliminó el obstáculo que impedía un tratado de extradición con Estados Unidos. El gobierno de Pastrana extraditó a algunos narcotraficantes tras el lanzamiento del Plan Colombia –la estrategia contra la droga y la insurgencia de Estados Unidos y Colombia, de miles de millones de dólares– en 2000, y como resultado de la cooperación bilateral cada vez mayor, que incluyó la extradición de cientos de individuos por parte del presidente Álvaro Uribe, los narcotraficantes se volvieron más renuentes a asumir riesgos. Se retiraron de las operaciones “low-end” de distribución masiva en Estados Unidos, como la venta minorista local, y disminuyeron su participación como intermediarios y distribuidores mayoristas de cocaína en las grandes ciudades, cediendo el negocio a organizaciones mexicanas. También empezaron a subcontratar a grupos dominicanos, cubanos y haitianos más pequeños.

En la actualidad, organizaciones mexicanas dominan la intermediación, la venta al por mayor y al por menor de cocaína en Estados Unidos, pues operan como distribuidores a nivel nacional. A semejanza de los colombianos antes de ellos, dirigen una sofisticada y eficiente red nacional de células y han expandido su campo de acción desde sus bastiones iniciales en el suroccidente y California hasta todos los rincones de Estados Unidos, incluyendo las 28 Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA) que designó el gobierno.

El Centro Nacional de Inteligencia sobre Droga informa que las organizaciones mexicanas incrementaron sus actividades en 2007 expandiendo sus redes de transporte y distribución incluso hasta las pequeñas comunidades rurales y zonas suburbanas, a la vez que establecieron centros de venta minorista de cocaína en regiones tan diversas como Washington/Baltimore, Chicago y el medio oeste . Las organizaciones colombianas y dominicanas siguen controlando o influyendo en los mercados de cocaína en parte de las regiones del noreste y la Florida. Aunque en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) no figuran ciudadanos estadounidenses, funcionarios de la DEA creen que muchos mexicanos, dominicanos y otros latinoamericanos involucrados en narcotráfico tienen pasaportes de Estados Unidos.

Si bien en la actualidad los mexicanos controlan en gran medida los niveles más altos de la venta mayorista y la distribución de cocaína en Estados Unidos, muchos otros grupos delictivos y traficantes participan activamente en la venta callejera, el procesamiento de la cocaína en polvo para transformarla en crack y otras actividades relacionadas, como el lavado de dinero. Las organizaciones mexicanas, colombianas y dominicanas más poderosas subcontratan a muchos de estos grupos, entre ellos bandas callejeras hispanas como la Mara Salvatrucha (MS 13), 1-5 Amigos, Southside Locos y Latin Kings; bandas afroamericanas como Bloods, Crips, Gangster Disciples y Vice Lords; y en especial bandas estadounidenses de blancos (“caucásicos” como dicen las autoridades antinarcóticos en Estados Unidos) como grupos de motociclistas proscritos como Hells Angels, Galloping Goose y Sons of Silence. También hay grupos más pequeños de la mafia italiana que siguen operando en ciertas áreas. Los organismos de seguridad estiman que sólo en Chicago hay 75-100 bandas, que agrupan a cerca de 70.000 individuos. Casi todas operan en barrios o condados específicos, pero algunas operan y tienen miembros a nivel nacional.

Cuando la cocaína ingresa a los Estados Unidos, sobre todo a lo largo de la frontera sur, células mexicanas la recogen y la trasladan a 38 centros principales de distribución, seleccionados por su ubicación estratégica y por su proximidad a autopistas interestatales muy desarrolladas. También es importante que haya comunidades grandes de mexicanos o latinoamericanos en las zonas, pues los traficantes buscan mimetizarse en ellas. “[Se transportan] cargamentos de drogas ilícitas de entre varias libras y varias toneladas utilizando medios sofisticados y no sofisticados para ocultarlos en vehículos privados y comerciales y mediante servicios de entrega de paquetes. [Incluyen] equipar… vehículos con compartimientos ocultos [y] camuflar los cargamentos entre mercancía de carga legítima [y] en paquetes tratados con agentes que enmascaran el olor como grasa y mostaza” . Para el transporte de cantidades más pequeñas se utilizan también el servicio postal y “mulas”.

Europa

Europa es el segundo mercado de cocaína más grande del mundo y está creciendo. La policía de la UE (EUROPOL) calcula que todos los años ingresan unas 250 toneladas. Los expertos creen que el rápido incremento en las incautaciones –72,3 toneladas en 2004, 107 toneladas en 2005– se debe en parte a que los traficantes buscan suplir una demanda cada vez mayor y lucrarse con unos precios mayoristas que casi doblan los precios de Estados Unidos . Los colombianos siguen siendo los principales proveedores, pero existe evidencia de que están empezando a surgir organizaciones mexicanas y peruanas que trabajan sobre todo con “mulas”, que transportan pequeñas cantidades. El tráfico mayorista desde el otro lado del Atlántico implica redes más grandes con vínculos tanto con proveedores como con redes de distribución en varios países. Los colombianos dominan el tráfico trasatlántico y la dist0ribución desde la península ibérica, que es el principal lugar de ingreso a Europa, seguido por los Países Bajos y Bélgica.

Los grupos delictivos de África occidental también están adquiriendo cada vez mayor importancia en el tráfico de la cocaína andina que ingresa a la UE. No se sabe a ciencia cierta si se los contrata principalmente como intermediarios para manejar aspectos logísticos o si les compran la droga a los colombianos y hacen el enlace con traficantes europeos. Es probable que ambas situaciones se presenten, pero lo cierto es que la responsabilidad africana esté aumentando.

Cuando los colombianos retienen el control de la cocaína, colaboran con organizaciones en España y Portugal y utilizan a Francia como punto intermedio para la distribución de la droga en toda Europa. Grupos franceses, británicos y holandeses tienen presencia permanente en España y Portugal. Rotterdam es uno de los principales puertos marítimos utilizados para importar cocaína, y de allí se distribuye internamente a los Países Bajos y también se envía a mercados europeos más grandes, incluido el Reino Unido. El carácter internacional de los Países Bajos, su excelente infraestructura y su actitud tolerante con respecto a la droga contribuyen a convertir a Rotterdam en lugar de predilección. Sin embargo, las modalidades organizacionales tienden a ser flexibles. Algunos colombianos combinan las funciones de importación, intermediación y venta minorista. Otras organizaciones dividen sus funciones, pues trabajan con empresarios en los países productores, con receptores en el lugar de ingreso y con “corredores” que distribuyen y venden al detal. En las primeras dos etapas son importantes los vínculos étnicos, pero cuando la droga llega a Rotterdam, los colombianos parecen depender de contactos y negocios locales para su distribución.

Las autoridades estiman que el 75-95 por ciento de la droga que pasa por Bélgica tiene relación con traficantes de los Países Bajos. Aunque las investigaciones señalan la presencia de grupos colombianos en ambos países, la venta minorista corre más que todo a cargo de grupos belgas y holandeses, y en menor medida de pequeñas bandas marroquíes. Los grupos colombianos conservan el control sobre el ingreso de una gran cantidad de cocaína a Italia, y mantienen fuertes vínculos con la mafia y con argelinos que trabajan desde territorio italiano. Según el Ministerio del Interior de Italia, la ‘Ndrangheta utiliza la región de Reggio Calabria para importar y exportar drogas desde el Medio Oriente y Suramérica. Adquiere cargamentos al por mayor a los colombianos, pero también a brasileños y venezolanos, tras lo cual los transportan mediante intermediarios a Alemania, Francia, España, los Países Bajos, Bélgica y Suiza.

La distribución y la oferta en el Reino Unido es organizada por diversos grupos. Si bien las rutas y los modos de transporte de la cocaína son variados y a veces dependen de las procedencias étnicas y nacionales de los principales intermediarios y distribuidores, los grupos colombianos son los principales vendedores mayoristas. Los grupos caribeños obtienen pequeñas cantidades de cocaína a través de “mulas” de esa región, quienes se tragan bolas de cocaína envueltas en goma, en tanto que los grupos británicos adquieren cargamentos de sus respresentantes en España. Como sucede en otros grandes países consumidores, la actividad de distribución y venta al por menor en los niveles medio y bajo está muy fragmentada, y la realizan muchas organizaciones agrupadas de acuerdo con vínculos étnicos, lugar y clientes objetivo. Los grupos británicos, sobre todo en las ciudades septentrionales, siguen siendo los principales vendedores minoristas, pero también participan sobre todo afrocaribeños (por ejemplo jamaiquinos en Londres y Bristol) y colombianos independientes en la venta al por menor en importantes ciudades del sur. Cuando los colombianos controlan la distribución, tienden a operar en estructuras de mando claro y por rutas establecidas, en especial España, y mantienen representantes a lo largo de la cadena de oferta.

Las operaciones de tráfico de droga a Europa son muy diversificadas; los traficantes cambian hábilmente sus patrones dependiendo de las operaciones realizadas por los organismos de seguridad en la aplicación coercitiva de la ley. Las rutas marítimas tradicionales relativamente directas desde el hemisferio occidental hasta la península ibérica y otras regiones de Europa están siendo complementadas por un abanico cada vez más amplio de alternativas, entre ellas la vía aérea, en la que se evidencian fuertes vínculos entre los países europeos y sus antiguas colonias, como entre las Antillas holandesas y los Países Bajos, y entre Jamaica y el Reino Unido. Pero los traficantes están utilizando con frecuencia creciente a África occidental como lugar de tránsito. La cocaína a menudo se envía a Cabo Verde y luego al territorio continental africano, o se despacha desde Brasil (Santos) sobre todo a Senegal, Ghana y Guinea-Bissau. Más de la mitad de las incautaciones de cocaína reportadas en África tienen lugar en África occidental y central, el 33 por ciento en el norte de África y el 14 por ciento en África del sur. UNODC estima que el 12 por ciento de la cocaína incautada en Europa en 2006 llegó por África, en comparación con el 9 por ciento en 2005, en tanto que una cuarta parte del total de la cocaína que ingresa a Europa llega por África occidental. Informaciones recientes de Gran Bretaña confirman el incremento de cocaína procedente de esa región.

Desde África, los traficantes utilizan una gran cantidad de rutas para llegar a Europa, y a menudo dividen los embarques en cargamentos más pequeños. Las redes de nigerianos y ghaneses, que son los principales traficantes de África occidental, tienden a enviar la droga por vía aérea utilizando “mulas” de origen africano occidental con permisos de residencia en la UE. El norte de África no ha sido tradicionalmente zona de tránsito y almacenamiento de cocaína; sin embargo, en los últimos años la ruta terrestre desde África occidental hasta las redes de tráfico de cannabis y heroína ya establecidas en la región se ha vuelto popular. Malí y Nigeria, que no tienen salida al mar, también se están popularizando como países de tránsito. Los traficantes a veces viajan desde la costa occidental a la capital de Malí, Bamako, y a pueblos del interior con el fin de evitar a los organismos de seguridad, y luego se dirigen al norte, hacia Europa. La droga también se envía por correo postal o a la costa norte de Portugal y a Galicia en España en barcos cargueros, barcos de pesca y, posiblemente en ciertos tramos, lanchas rápidas. En la región del Magreb, Marruecos es el principal punto de partida de lanchas rápidas con destino a España, pero también es posible que salgan de Mauritania.

Los organismos de seguridad también expresan su preocupación frente al incremento lento pero estable de los cargamentos de cocaína que pasan por los Balcanes y por Europa oriental. Funcionarios de la UE señalan que delincuentes turcos y rumanos están aprovechando la ruta de la heroína por el este de África para introducir cocaína en Europa por esa vía; hay informes sobre tráfico a Montenegro por el Mar Adriático y a Rumania a través del Mar Negro, y en noviembre de 2007 la policía croata, bosnia y griega arrestó a ocho personas por contrabandear más de 160 kilos a Croacia y Grecia, que tenían como destino a Bosnia.

Los traficantes también están diversificando sus métodos de transporte. Los paquetes de droga se llevan en cargueros y buques con contenedores, o se arrojan a aguas internacionales desde aviones que vuelan bajo, y luego son recogidos en altamar por barcos pesqueros de bandera africana con tripulaciones mixtas de africanos y españoles o suramericanos. Las redes colombianas y venezolanas han empezado a establecer negocios comerciales de apariencia legítima en África occidental para facilitar el transporte a Europa, así como el lavado de dinero. Las autoridades de la UE creen que todavía se están introduciendo en Europa unas 30 toneladas anuales de cocaína, transportadas por “mulas”.

Conclusión

Los años de esfuerzos por reducir los cultivos de coca en los Andes mediante fumigaciones aéreas y erradicación manual y, en menor grado, mediante programas de desarrollo alternativo han tenido poco éxito. UNODC estimó que, entre 2004 y 2006, el cultivo combinado de coca en Bolivia, Colombia y Perú permaneció más o menos estable a un nivel alto. ONDCP ahora admite no sólo que en 2006 podría haber cifras de producción más altas que en el año pico de 2000, sino también que el flujo de cocaína salida de Suramérica en 2007 superó cifras récord anteriores. El potencial de producción de cocaína andina y la disponibilidad de la droga en los mercados de Estados Unidos y Europa se ha estabilizado en un nivel alto.

Las organizaciones transnacionales de narcotráfico y los vendedores minoristas de cocaína en las Américas y Europa no se han podido controlar. Por el contrario, han demostrado una capacidad de adaptación a los intentos de interdicción y aplicación coercitiva de la ley mediante la adopción de nuevas modalidades y métodos, explorando nuevas rutas o reabriendo las antiguas y expandiendo su alcance. Pese al aumento de las incautaciones mundiales hasta 2006, no hay indicios convincentes de que la disponibilidad se haya interrumpido durante épocas significativas en los mercados estadounidenses, europeos o los cada vez mayores del Cono Sur. Los traficantes con experiencia evitan el despliegue ostentoso de dinero y poder y optan por el sigilo y la corrupción al mover cientos de toneladas de cocaína anualmente, al tiempo que dependen de bandas callejeras y delictivas como distribuidores de la droga al por menor.
Las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, país que se ha convertido en un importante lugar de transbordo de la cocaína colombiana, la incapacidad de las autoridades estadounidenses para controlar su frontera de 2.000 millas con México y la disposición limitada de la UE para coordinar entre sus estados miembros esfuerzos de interdicción más rigurosos son obstáculos importantes que impiden la reducción de la oferta.

Es probable que la reciente crisis que estalló entre Colombia, Venezuela y Ecuador tras el ataque colombiano a un campamento de las FARC ubicado en Ecuador, aunque aparentemente fue solucionado por la vía diplomática, complique aún más la cooperación fronteriza. Pero aunque sin duda se requiere más cooperación en y desde ambos lados del Atlántico para reducir la oferta de cocaína, nunca será suficiente. Por consiguiente, es por lo menos igualmente importante concentrar los esfuerzos en impedir el cultivo de la coca en primer lugar mediante programas de desarrollo rural y alternativo más ambiciosos en los países productores. Construir un consenso en torno a esto y juntar los recursos estadounidenses y europeos son pasos indispensables. También lo es el diseño de programas más amplios y más efectivos para reducir la demanda en los países consumidores, como se examina en el informe complementario de Crisis Group.

* Próxima semana: segunda entrega “La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños”.