Internacional Crisis Group
I. Introducción
El anuncio hecho a fines de mayo de 2008 sobre el fallecimiento del fundador de las FARC, Pedro Marín (alias “Manuel Marulanda”), ocurrido el 26 de marzo, y el nombramiento de Guillermo Sáenz (alias “Alfonso Cano”) como nuevo comandante en jefe de los insurgentes se produjeron en medio de uno de los períodos más oscuros del grupo rebelde. El efecto acumulativo de los seis años que lleva la ofensiva militar lanzada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe está mostrando resultados tangibles y a menudo devastadores. En el 2007, cuatro comandantes de campo experimentados murieron en ataques aéreos de precisión. El 1° de marzo de 2008, Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, murió en un bombardeo a su campamento dentro de las fronteras de Ecuador; más tarde ese mismo mes, otro miembro del Secretariado (comando central), Iván Ríos, fue asesinado por uno de sus propios hombres. Miles de guerrilleros han muerto en combate o han sido capturados, e incluso más han desertado. Entre el 2007 y el 2009, 30 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses, escaparon, fueron liberados por los insurgentes o fueron rescatados por las fuerzas de seguridad.
En sus primeros años, la meta declarada del gobierno de Uribe era forzar a las FARC a sentarse a la mesa de negociaciones mediante presión militar, y lograr que aceptaran deponer las armas y desmovilizarse. Por el contrario, la estrategia desde comienzos del 2007 parece ser la neutralización militar completa mediante el aislamiento del Secretariado, la profundización de las fisuras internas y, por ende, la escisión de la organización.
Alentado por los triunfos militares y la exitosa liberación de rehenes en el 2007-2008, el gobierno ha redoblado los esfuerzos para promover la deserción de comandantes y sus unidades, prácticamente suspendió cualquier facilitación internacional para intentar un acercamiento con las FARC e intenta no dejarle al Secretariado otra opción que la entrega, la captura o la muerte en combate. La renuencia a diseñar una estrategia de negociación con el mismo ímpetu con que diseñó su estrategia militar se basa en su convicción de que, en esencia, las FARC no son más que una organización terrorista, profundamente implicada en actividades de narcotráfico, que no quiere una solución al conflicto armado y siempre tratará de utilizar cualquier apertura política para lograr ventajas estratégicas. Aunque este análisis es parcialmente acertado, se niega a reconocer que, tras cuatro y medio décadas de lucha armada, las FARC siguen manteniendo una ideología marxista-leninista respaldada por su correspondiente organización y estrategia militar y política, por anacrónico que esto parezca veinte años después de la caída del Muro de Berlín.
Las conclusiones de Crisis Group, con base en investigaciones en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Meta, sugieren que la capacidad militar de las FARC se ha debilitado, en parte como resultado de la pérdida casi total de su apoyo político en la sociedad colombiana y también en el exterior. Sin embargo, no está cerca de la derrota, y su nueva dirigencia busca adaptarse al nuevo escenario estratégico. Este in-forme examina el estado de las FARC y la necesidad de una estrategia política más efectiva y de aplicación consistente para complementar las medidas militares del gobierno de Uribe.
II. Fortalezas de las FARC
A lo largo de los años, las FARC han demostrado una extraordinaria capacidad de recuperación frente a la presión del gobierno y otros retos. Creada en 1966 bajo los auspicios del Partido Comunista Colombiano, el grupo estableció su base en las montañas de los departamentos de Tolima, Huila y el sur de Cundinamarca, así como en las estribaciones de la cordillera de los Andes en los departamentos de Meta y Caquetá, de donde son oriundos la mayor parte de sus primeros comandantes y simpatizantes. Estas regiones, que por esa época tenían muy poca presencia estatal, fueron colonizadas por campesinos sin tierra, muchos de los cuales habían huido en las décadas de 1940 y 1950 de la violencia en otras regiones. Esta base permitió a las FARC consolidarse e irse expandiendo por el país. A comienzos de los años ochenta se desarrolló una segunda generación de líderes, cuando las FARC empezaron a reclutar miembros más extensamente entre estudiantes, intelectuales y trabajadores urbanos.
Desde sus inicios, la organización adoptó una estructura militar con comando y control efectivos. Tiene dos órganos de toma de decisiones: el Secretariado, compuesto por siete miembros principales y dos suplentes, y el Estado Mayor Conjunto (EMC), compuesto por otros 25 comandantes de alto rango. Según los estatutos de las FARC, el EMC tiene como funciones nombrar a los miembros del Secretariado, ajustar los planes estratégicos en conferencias más o menos regulares, tomar decisiones financieras y nombrar los comandantes y los estados mayores de los bloques y los frentes. Desde 1993, los siete miembros del Secretariado han sido asignados a diferentes regiones para descentralizar el comando de los bloques. A comienzos de los años ochenta y noventa, el EMC diseñó planes estratégicos de largo plazo que permitieron a la organización no sólo aumentar su pie de fuerza, adquirir más y mejores armamentos y seguir expandiendo sus operaciones en el país, sino también preparar y lanzar ofensivas cada vez más fuertes contra las fuerzas del gobierno.
La dirigencia de las FARC adquirió mayor autonomía en la toma de decisiones después de romper sus nexos con la política legal de izquierda a fines de la década de 1980 y comienzos de los noventa, sobre todo con el Partido Comunista Colombiano. Mientras que otros grupos rebeldes de izquierda negociaron y firmaron acuerdos de paz en ese período, las FARC justificaron la continuación de la lucha armada aduciendo que las reformas políticas que se estaban implementando desde mediados de los ochenta, en particular la introducción de la elección popular de alcaldes en 1988 y de una nueva Constitución en 1991, eran insuficientes. También acusó al Estado de complicidad en el asesinato de cerca de 3.000 líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP) –un partido que ayudó a crear en 1985 durante las negociaciones de paz en los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco y de una violencia generalizada contra líderes sindicales y sociales de izquierda a fines de los ochenta y durante toda la década de los noventa.
Después de este período vino una escalada de acciones militares en diferentes partes del país, lo que produjo un incremento en las serias transgresiones del derecho internacional humanitario (DIH), tanto por parte de los rebeldes como por los cada vez más numerosos grupos paramilitares. A amplios segmentos de la sociedad les decepcionó la violencia cada vez mayor de las FARC –destrucción de pueblos, masacres, asesinatos selectivos, ataques terroristas contra la infraestructura y contra objetivos civiles, desplazamientos forzados, secuestros, uso de minas antipersona hechizas y reclutamiento de niños, sobre todo cuando estaban en conversaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
Las FARC prosiguieron su trabajo político a través de dos grupos clandestinos: el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC o PC3) y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC), ambos creados en el año 2000 por su principal ideólogo y hoy comandante en jefe, Alfonso Cano. Sus cuadros trabajan en células independientes bajo la supervisión de los comandantes de frentes de las FARC y su misión es promover la lucha de la organización rebelde. Este esfuerzo se inspira en una mezcla de marxismo-leninismo, las ideas revolucionarias del héroe de la independencia suramericana Simón Bolívar, el pensamiento antiimperialista y el discurso de unidad y soberanía latinoamericanas. Sin embargo, salvo por algunas memorias de Marulanda y Jacobo Arenas, las FARC han producido pocos documentos ideológicos o políticos.
Mientras el PCCC tiene la misión de preparar clandestinamente la creación de un aparato político de las FARC que emerja cuando la dirección considere que las condiciones son viables, los militantes del MBNC participan más visiblemente en una amplia gama de cuestiones sociales y políticas, como manifestaciones de los trabajadores y actividades en defensa de los derechos de los campesinos a la tierra, sin revelar abiertamente su afiliación a las FARC. En el 2003 se creó el Movimiento Juvenil Bolivariano (MJB) para cooptar estudiantes en los colegios de secundaria y las universidades.
A. Capacidad de Adaptación
Las FARC han demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias. De ser un grupo que operaba en un área limitada de Colombia, evolucionó hasta convertirse en una fuerza guerrillera móvil capaz de expandirse a muchas regiones del país. En la década de 1980 y a comienzos de los no-venta, adoptó una dinámica regional particular: se establecieron bloques para reunir a todos los frentes y unidades móviles que operaban en regiones específicas; en 1993, a cada uno de los siete miembros del Secretariado se le encargó la supervisión de un bloque regional, y se empezó a rotar a los comandantes entre los bloques y frentes para evitar el exceso de poder y la corrupción.
El establecimiento de una extensa red de apoyo logístico también ha sido crucial para la expansión del grupo guerrillero. En los años setenta se crearon redes de milicianos tanto en áreas urbanas como rurales para ayudarles a las unidades militares haciendo inteligencia y prestando otros tipos de apoyo. Su naturaleza clandestina ha permitido un control y flujo preciso de información, así como la planeación meticulosa de operaciones contra blancos específicos que las fuerzas de seguridad difícilmente pueden detectar. Los milicianos fueron cruciales para el establecimiento de redes en las grandes ciudades y sirven de proveedores de suministros e información para los campamentos guerrilleros, incluso en áreas remotas. Después de la octava conferencia del EMC en 1993, unidades urbanas empezaron a coordinar acciones con frentes rurales para ayudar a preparar las condiciones para una insurrección en las grandes ciudades (supuestamente el paso final antes de la toma del poder). La expansión de las redes urbanas y rurales en los años noventa mejoró la efectividad de las FARC en cuanto a conseguir dinero mediante secuestro, extorsión y lavado de dinero.
Unas finanzas bien consolidadas permitieron a las FARC adquirir armas modernas, mejorar sus sistemas de comunicación y expandir el tamaño de las tropas de acuerdo con sus planes estratégicos. La organización creció y consolidó su dominio sobre muchas áreas rurales mediante la extorsión, el secuestro y el cobro de “impuestos” en regiones con economías basadas en la ganadería, la agricultura extensiva, la explotación de recursos naturales o en actividades económicas ilícitas (en especial producción y tráfico de cocaína). El manejo centralizado del Secretariado utilizó a los frentes más ricos, por lo general los fuertemente implicados en actividades de narcotráfico, para apoyar a los frentes más recientemente establecidos y con menos recursos económicos.
B. Una organización bajo presión
El efecto acumulativo de la ofensiva persistente del gobierno ha propinado golpes severos a las FARC. Varias de sus unidades se han debilitado o se han acabado debido a la muerte, captura o deserción de sus comandantes –incluidos tres miembros del Secretariado y de miles de guerrilleros. El temor a ataques o infiltración por las fuerzas de seguridad y la desmoralización de los guerrilleros rasos están dificultando toda-vía más el control de los líderes sobre la tropa.
Además, desde hace bastantes años se ha debilitado el apoyo popular. Las FARC ha impugnado al Estado violentamente desde hace decenios, desconociendo sistemáticamente el derecho internacional humanitario al cometer graves abusos y atrocidades. Su evidente falta de interés por lograr un acuerdo de paz durante las conversaciones de 1999-2002 con el gobierno de Pastrana explica en gran medida la fe cada vez mayor de la opinión pública en una solución puramente militar. El 3 de febrero de 2008, un día antes de que se realizaran las marchas masivas contra el secuestro y las FARC, las encuestas revelaron que el 96 por ciento de los entrevistados en las principales ciudades rechazaba al grupo guerrillero.
1. Estrategia y tácticas
Aunque los insurgentes aseguran lo contrario, las fuerzas de seguridad del gobierno creen que las pérdidas y la sucesión forzada de algunos de los principales coman-dantes han generado tensiones internas en el Secretariado y han debilitado su cohesión. Fue imposible reunir a los 25 miembros del EMC para definir la sucesión de Marulanda y el reemplazo de los tres comandantes fallecidos debido a la mejor vigilancia electrónica de las comunicaciones por parte de las fuerzas de seguridad, y a su monitoreo de los movimientos de la guerrilla. La imposibilidad de celebrar la novena conferencia del EMC a comienzos del 2007 puso a las FARC en desventaja estratégica. Se afirma que la conferencia se realizó por correo electrónico. Sin embargo, la imposibilidad de evaluar a profundidad la situación militar y política puede distorsionar las percepciones de los jefes. Según dicen algunos, Cano y el Mono Jojoy (un comandante militar destacado) se culparon mutuamente de los errores que permitieron al gobierno liberar a quince secuestrados en la Operación Jaque, en julio de 2008.
Otras fuentes creen que las FARC pudieron adaptarse más o menos eficientemente al entorno desfavorable. Raúl Reyes fue reemplazado rápidamente por Joaquín Gómez en el bloque sur; Iván Ríos fue reemplazado por “Mauricio” en el bloque oriental, y Marulanda fue reemplazado por Cano. Se dice que ya hace algunos años se había decidido que se nombraría a Cano como comandante general en caso de que muriera Marulanda. Así mismo, el Secretariado de siete miembros se amplió para incluir a dos suplentes, Bertulfo Álvarez, del bloque Caribe, y Pastor Alape, del bloque del Magdalena Medio, aparentemente para facilitar reemplazos rápidos en el futuro. Como es probable que la deliberación interna en el Secretariado se haya dificultado, las directivas recientes de Cano sugieren que está impartiendo órdenes menos específicas, de modo que los comandantes de campo se puedan adaptar rápidamente a las circunstancias locales y se eviten fricciones debilitantes.
Con todo, la coordinación entre los comandantes de rango alto y medio se ha vuelto cada vez más difícil. Las fuerzas de seguridad están ejerciendo una presión continua en los principales bastiones de las FARC, en las estribaciones orientales de la cordillera Oriental de los Andes (departamento del Meta), en donde se cree que operan los comandantes del Secretariado Mono Jojoy y Mauricio. Se han lanzado operaciones intensas en el Cañón de las Hermosas, en la región limítrofe de los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, en donde opera Cano. El gobierno espera que, si los mantienen huyen-do, Cano y otros altos comandantes no van a poder con-solidar su mando, y se profundizarán las fisuras internas. Se están realizando operaciones similares contra las unidades rebeldes implicadas en narcotráfico, sobre todo las de los comandantes Fabián Ramírez y Gener García (alias “John 40”) en los departamentos de Caquetá y Meta. El objetivo es interrumpir el flujo de dinero y los esquemas de redistribución financiera interna de las FARC.
Los miembros del Secretariado y del EMC parecen estar cada vez más aislados e incomunicados: se afirma que en el bloque noroccidental el difunto Iván Ríos estaba incomunicado, como lo estaba también “Karina”, la famosa comandante del Frente 47 en el suroriente del departamento de Antioquia. Tras su entrega en mayo de 2008, Karina dijo que llevaba dos años sin comunicarse con el Secretariado. Los problemas de comunicación con el Frente Primero del bloque oriental se hicieron evidentes cuando éste dejó en claro su desconocimiento del paradero de Emmanuel Rojas, el hijo de la entonces rehén Clara Rojas, que nació en cautiverio y a quien las FARC habían prometido liberar a fines del 2007. La falta de coordinación entre las unidades que operaban en la misma área geográfica incidió en los hechos del 18 de junio de 2007, cuando un destacamento masacró a once diputados del departamento del Valle del Cauca que tenía como rehenes tras haber confundido a otra unidad de las FARC con el enemigo.
Algunas fuentes afirman que el Secretariado ha enviado comisiones para evaluar la situación de los frentes en el país, y que la rotación periódica de los comandantes en los frentes y regiones sigue siendo un procedimiento estándar. Sin embargo, es posible que esto también se haya visto afectado debido al temor frente a la vulnerabilidad a los ataques del gobierno y a la traición. Después del asesinato de Iván Ríos, se afirma que el comandante del bloque Caribe, Iván Márquez, también está supervisando la reestructuración del bloque noroccidental. Los miembros del Secretariado y los altos comandantes de campo han adoptado medidas de seguridad más severas, entre ellas el recurso a familiares cercanos como guardaespaldas personales. Se dice que, en el bloque oriental, el Mono Jojoy ha purgado a sus guardaespaldas varias veces y ahora sólo confía en familiares. En el comando conjunto occidental en Nariño, se cree que el comandante del Frente 29, “Aldemar”, ordenó la ejecución de más de 50 de sus hombres bajo sospecha de traición.
2. Pie de fuerza y poder de fuego
Las tropas de las FARC han sido diezmadas, no sólo en combate sino también cada vez más por entrega, deserción y desmovilización individual. Fuentes oficiales indican que entre el 2003 y enero del 2009 las fuerzas de seguridad mataron a 10.806 guerrilleros y capturaron a 26.648. La tasa de desmovilización de guerrilleros, que permaneció estable en aproximada-mente 1.300 anuales entre el 2003 y el 2006, se duplicó y más en 2007-2008. Las cifras más recientes señalan que, entre el 2002 y febrero del 2009, 11.615 guerrilleros desertaron y se desmovilizaron. Entre el 1° de enero y el 11 de noviembre de 2008, los frentes de las FARC con más desertores han sido sobre todo aquellos cuyos comandantes cayeron abatidos en combate o desertaron: los frentes 16 y 39 del bloque oriental, en Vichada y el oriente del Meta (512 desmovilizados, el 16 por ciento del total de desmovilizados en ese período de poco más de diez meses); los frentes 32 y 49 del bloque sur, en Putumayo y Caquetá (322 desmovilizados, el 10 por ciento); el Frente 47 del bloque noroccidental, en Antioquia y Caldas (358 desmovilizados, el 11 por ciento).
Las estimaciones gubernamentales sobre el pie de fuerza de las FARC son inconsistentes: 7.000-8.000 según el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, aproximadamente 10.000 de acuerdo con un organismo de seguridad. Si bien la estrategia militar del gobierno ha logrado algunos resultados importantes, esto plantea dudas acerca de la exactitud de las cifras oficiales y hace pensar que la capacidad de reposición de tropas de las FARC puede ser más efectiva de lo que reconoce el gobierno.
El número cada vez mayor de deserciones de las FARC le facilita al gobierno la obtención de inteligencia. A los guerrilleros se los interroga en el Ministerio de Defensa –se les “exprime la información”, según dijo un funcionario de la embajada de Estados Unidos – antes de ser enviados a la Alta Consejería para la Re-inserción (ACR) de la presidencia. Con base en su in-formación, la interceptación e infiltración de unidades ha aumentado notoriamente. Los guerrilleros desmovilizados también han jugado un papel importante para alentar a antiguos camaradas a desertar. Cada vez más, la deserción de comandantes de rango medio y alto con más de diez años en las FARC ayuda a con-vencer a sus antiguos subordinados de que los imiten. Pero la mayor parte de los guerrilleros desmoviliza-dos (casi todos sin escolaridad y de orígenes rurales) permanecen en ciudades grandes para aminorar el riesgo de ser buscados por las FARC, lo cual hace más difícil la reinserción a la vida civil. No existe información disponible sobre cuántos ex guerrilleros regresan al conflicto o se unen a bandas del crimen organizado o a los nuevos grupos armados ilegales (NGAI).
El arsenal de las FARC incluye rifles de asalto, en particular AK-47, Galil y FAL, ametralladoras, subametralladoras, armas cortas y granadas de mano. Es improbable que los insurgentes tengan misiles tierra-aire –nunca los han usado en combates–, pero según parece las FARC está tratando de adquirir algunos para defenderse contra los ataques aéreos. Las FARC dependen cada vez más de armas no convencionales, como morteros fabricados con cilindros de gas propano, minas antipersona y artefactos explosivos. Los fabrican con madera, botellas de vidrio y plástico y son prácticamente imposibles de detectar y desactivar. El uso indiscriminado de este tipo de armas por parte de las FARC viola el derecho internacional humanitario y afec-ta seriamente no sólo a las fuerzas de seguridad sino también a los civiles en comunidades rurales, que a me-nudo se ven forzados a emigrar a una región en lo posible más segura. Se afirma que algunos de los expertos en explosivos de las FARC han recibido entrenamiento de miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y del grupo español Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en mecanismos de activación a larga distancia de alta tecnología.
3. Política, reclutamiento, adoctrinamiento
El discurso de las FARC busca enfatizar la legitimidad de la lucha armada, al enfocarse en la reforma agraria y otros temas relacionados, y refleja la obstinada creencia del movimiento de que, pese a la continua modernización y transformación de la sociedad colombiana en el último medio siglo, el grupo rebelde representa la vanguardia política. Aunque la población urbana lo considera anacrónico, este discurso todavía puede encontrar algún eco, sobre todo en zonas rurales muy pobres y áreas urbanas marginadas en donde el Estado, incluidas sus fuerzas de seguridad, tiene escasa presencia y muchas veces no provee servicios sociales básicos. En su inmensa mayoría, los guerrilleros de las FARC provienen de sectores rurales pobres y muy pocos tienen escolaridad. Las persistentes violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, en especial el ejército, pueden instar a mucha gente a unirse a la insurgencia.
Una vez reclutados, los guerrilleros por lo general no reciben más escolaridad y sus conocimientos políticos son muy básicos, en el mejor de los casos. Apelando a un “discurso de hambre y miseria”, los comandantes les dicen simplemente a los guerrilleros rasos que las élites y la oligarquía de Colombia tienen la culpa de los problemas económicos y socia-les que soportan sus familias. En la cotidianidad, los guerrilleros se dedican sobre todo a sobrevivir. Muchos desmovilizados casi no conocen la estructura política y militar de las FARC, ni tampoco sus objetivos más allá de su propia área inmediata. Los pocos que tienen una educación secundaria o incluso universitaria se quejan de que los comandantes de alto rango son dogmáticos y casi nunca promueven discusiones abiertas.
La falta de motivación política y la desmoralización de muchos guerrilleros debido a la persistente presión militar se han convertido en serios retos para las FARC. Como la toma del poder por la fuerza parece una meta más distante que nunca, muchos desertores dicen que la organización perdió su propósito. Salvo raras excepciones –sobre todo los viejos o los discapacitados–, a los guerrilleros no se les permite abandonar la organización. Esto tiene como fin evitar las fugas de información y la pérdida de tropas que son difíciles y costosas de reemplazar. A los desertores que no logran su cometido se los castiga con la muerte, y a veces también con la muerte de sus familias. Aun-que la cohesión interna, que antes era fuerte, se ha ido debilitando gradualmente por la “cultura de la desconfianza”, la escisión en facciones y la desobediencia abierta de las unidades a las órdenes de superiores en la cadena de mando no son comunes y, con el nuevo estilo de liderazgo de Alfonso Cano, es improbable que sean un problema importante en el futuro previsible.
El reemplazo de los guerrilleros a menudo se sigue solucionando mediante el reclutamiento forzado de niños en áreas rurales, incluidos menores de quince años. Algunas fuentes en Antioquia, Norte de Santander, Meta y Nariño creen que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una práctica generalizada que no se denuncia lo suficiente debido a que los campesinos temen represalias si lo hacen. Según otra fuente, el reclutamiento de menores –aunque no exclusivamente– en comunidades indígenas y afrocolombianas vulnerables en las selvas del Amazonas y de la costa Pacífica está ayudando a reemplazar tropas con menos riesgo de infiltración por miembros de las fuerzas de seguridad. Pese a que constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y a las campañas nacionales e internacionales que denuncian la práctica, algunas unidades de las FARC dan prioridad a la reposición de su fuerza de combate por encima de consideraciones éticas y políticas.
4. Repliegue y superviviencia
Después de haber expulsado a las FARC de zonas densamente pobladas y de recuperar el control sobre vías importantes y otras infraestructuras estratégicas, las fuerzas de seguridad están concentrando sus esfuerzos en atacar bastiones tradicionales del grupo rebelde. Los insurgentes parecen estar ofreciendo una férrea resistencia en algunas áreas, por ejemplo en la región oriental. Esta región todavía conserva las estructuras más sólidas con varias unidades fuertes, como las que protegen al Mono Jojoy en el occidente del departamento del Meta, y el Frente 48 del bloque sur en el departamento del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. Los comandos conjuntos central y occidental también son muy activos todavía. La principal ventaja táctica de las FARC sigue siendo su conocimiento del terreno y de las poblaciones locales.
En otras zonas, las FARC se han replegado a lugares casi inaccesibles en lo alto de la cordillera o en selvas tropicales en las regiones fronterizas con Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá, en donde tienen presencia desde hace decenios y cuentan con buenas re-des de abastecimiento, armas y narcotráfico. Se cree que Iván Márquez y “Timochenko” –miembros del Secretariado– operan cerca de la frontera venezolana en las serranías del Perijá y el Catatumbo, respectivamente. Como parte de la estrategia defensiva, las columnas móviles realizan hostigamientos para mantener a las fuerzas de seguridad ocupadas y lejos de unidades importantes que todavía controlan territorio a lo largo de la frontera, lo que permite una huida rápida a Venezuela.
El debilitamiento progresivo de varios frentes también ha forzado a las FARC a replegarse y reagruparse en regiones en donde las operaciones militares son me-nos intensas. El Frente 34 del bloque noroccidental se desplazó del occidente del departamento de Antioquia a la cuenca del río Atrato medio en el departamento del Chocó, mientras que el todavía poderoso Frente Primero del bloque oriental se replegó a las densas selvas de los departamentos de Guanía y Vaupés. Los frentes y columnas diezmados también se han fusionado con unidades más fuertes para formar “interfrentes” (también llamados comandos de área conjuntos), como el interfrente del alto Ariari dirigido por Henry Castellanos (alias “Romaña”) en las estribaciones de la cordillera Oriental en el occidente del departamento del Meta, así como aquellos de los departamentos del Meta, Vichada, Sucre y el oriente antioqueño. Las unidades están reduciendo su tamaño para evitar ataques aéreos y están utilizando tácticas como golpear rápidamente y retirarse mediante células muy móviles de tres personas, a menudo vestidas de civil (“tríadas”).
Las FARC están recurriendo a francotiradores y minas antipersona con el fin de evitar exponer innecesariamente a sus tropas. Así como antes utilizaba campos minados para defender santuarios como los que tenían en el oriente antioqueño, nuevos campos minados han demorado las ofensivas del gobierno y la erradicación manual de cultivos de coca en regiones como las montañas del Nudo de Paramillo al norte de Antioquia y el sur del departamento de Córdoba, así como en Nariño, Meta y el nororiente antioqueño. Los hostigamientos y las emboscadas de caravanas de militares y policías, así como los asesinatos selectivos de policías y soldados (“plan pistola”) aumentaron de 568 en los primeros nueve meses del 2007 a 641 en el lapso correspondiente del 2008.
I. Introducción
El anuncio hecho a fines de mayo de 2008 sobre el fallecimiento del fundador de las FARC, Pedro Marín (alias “Manuel Marulanda”), ocurrido el 26 de marzo, y el nombramiento de Guillermo Sáenz (alias “Alfonso Cano”) como nuevo comandante en jefe de los insurgentes se produjeron en medio de uno de los períodos más oscuros del grupo rebelde. El efecto acumulativo de los seis años que lleva la ofensiva militar lanzada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe está mostrando resultados tangibles y a menudo devastadores. En el 2007, cuatro comandantes de campo experimentados murieron en ataques aéreos de precisión. El 1° de marzo de 2008, Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, murió en un bombardeo a su campamento dentro de las fronteras de Ecuador; más tarde ese mismo mes, otro miembro del Secretariado (comando central), Iván Ríos, fue asesinado por uno de sus propios hombres. Miles de guerrilleros han muerto en combate o han sido capturados, e incluso más han desertado. Entre el 2007 y el 2009, 30 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses, escaparon, fueron liberados por los insurgentes o fueron rescatados por las fuerzas de seguridad.
En sus primeros años, la meta declarada del gobierno de Uribe era forzar a las FARC a sentarse a la mesa de negociaciones mediante presión militar, y lograr que aceptaran deponer las armas y desmovilizarse. Por el contrario, la estrategia desde comienzos del 2007 parece ser la neutralización militar completa mediante el aislamiento del Secretariado, la profundización de las fisuras internas y, por ende, la escisión de la organización.
Alentado por los triunfos militares y la exitosa liberación de rehenes en el 2007-2008, el gobierno ha redoblado los esfuerzos para promover la deserción de comandantes y sus unidades, prácticamente suspendió cualquier facilitación internacional para intentar un acercamiento con las FARC e intenta no dejarle al Secretariado otra opción que la entrega, la captura o la muerte en combate. La renuencia a diseñar una estrategia de negociación con el mismo ímpetu con que diseñó su estrategia militar se basa en su convicción de que, en esencia, las FARC no son más que una organización terrorista, profundamente implicada en actividades de narcotráfico, que no quiere una solución al conflicto armado y siempre tratará de utilizar cualquier apertura política para lograr ventajas estratégicas. Aunque este análisis es parcialmente acertado, se niega a reconocer que, tras cuatro y medio décadas de lucha armada, las FARC siguen manteniendo una ideología marxista-leninista respaldada por su correspondiente organización y estrategia militar y política, por anacrónico que esto parezca veinte años después de la caída del Muro de Berlín.
Las conclusiones de Crisis Group, con base en investigaciones en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Meta, sugieren que la capacidad militar de las FARC se ha debilitado, en parte como resultado de la pérdida casi total de su apoyo político en la sociedad colombiana y también en el exterior. Sin embargo, no está cerca de la derrota, y su nueva dirigencia busca adaptarse al nuevo escenario estratégico. Este in-forme examina el estado de las FARC y la necesidad de una estrategia política más efectiva y de aplicación consistente para complementar las medidas militares del gobierno de Uribe.
II. Fortalezas de las FARC
A lo largo de los años, las FARC han demostrado una extraordinaria capacidad de recuperación frente a la presión del gobierno y otros retos. Creada en 1966 bajo los auspicios del Partido Comunista Colombiano, el grupo estableció su base en las montañas de los departamentos de Tolima, Huila y el sur de Cundinamarca, así como en las estribaciones de la cordillera de los Andes en los departamentos de Meta y Caquetá, de donde son oriundos la mayor parte de sus primeros comandantes y simpatizantes. Estas regiones, que por esa época tenían muy poca presencia estatal, fueron colonizadas por campesinos sin tierra, muchos de los cuales habían huido en las décadas de 1940 y 1950 de la violencia en otras regiones. Esta base permitió a las FARC consolidarse e irse expandiendo por el país. A comienzos de los años ochenta se desarrolló una segunda generación de líderes, cuando las FARC empezaron a reclutar miembros más extensamente entre estudiantes, intelectuales y trabajadores urbanos.
Desde sus inicios, la organización adoptó una estructura militar con comando y control efectivos. Tiene dos órganos de toma de decisiones: el Secretariado, compuesto por siete miembros principales y dos suplentes, y el Estado Mayor Conjunto (EMC), compuesto por otros 25 comandantes de alto rango. Según los estatutos de las FARC, el EMC tiene como funciones nombrar a los miembros del Secretariado, ajustar los planes estratégicos en conferencias más o menos regulares, tomar decisiones financieras y nombrar los comandantes y los estados mayores de los bloques y los frentes. Desde 1993, los siete miembros del Secretariado han sido asignados a diferentes regiones para descentralizar el comando de los bloques. A comienzos de los años ochenta y noventa, el EMC diseñó planes estratégicos de largo plazo que permitieron a la organización no sólo aumentar su pie de fuerza, adquirir más y mejores armamentos y seguir expandiendo sus operaciones en el país, sino también preparar y lanzar ofensivas cada vez más fuertes contra las fuerzas del gobierno.
La dirigencia de las FARC adquirió mayor autonomía en la toma de decisiones después de romper sus nexos con la política legal de izquierda a fines de la década de 1980 y comienzos de los noventa, sobre todo con el Partido Comunista Colombiano. Mientras que otros grupos rebeldes de izquierda negociaron y firmaron acuerdos de paz en ese período, las FARC justificaron la continuación de la lucha armada aduciendo que las reformas políticas que se estaban implementando desde mediados de los ochenta, en particular la introducción de la elección popular de alcaldes en 1988 y de una nueva Constitución en 1991, eran insuficientes. También acusó al Estado de complicidad en el asesinato de cerca de 3.000 líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP) –un partido que ayudó a crear en 1985 durante las negociaciones de paz en los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco y de una violencia generalizada contra líderes sindicales y sociales de izquierda a fines de los ochenta y durante toda la década de los noventa.
Después de este período vino una escalada de acciones militares en diferentes partes del país, lo que produjo un incremento en las serias transgresiones del derecho internacional humanitario (DIH), tanto por parte de los rebeldes como por los cada vez más numerosos grupos paramilitares. A amplios segmentos de la sociedad les decepcionó la violencia cada vez mayor de las FARC –destrucción de pueblos, masacres, asesinatos selectivos, ataques terroristas contra la infraestructura y contra objetivos civiles, desplazamientos forzados, secuestros, uso de minas antipersona hechizas y reclutamiento de niños, sobre todo cuando estaban en conversaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
Las FARC prosiguieron su trabajo político a través de dos grupos clandestinos: el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC o PC3) y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MBNC), ambos creados en el año 2000 por su principal ideólogo y hoy comandante en jefe, Alfonso Cano. Sus cuadros trabajan en células independientes bajo la supervisión de los comandantes de frentes de las FARC y su misión es promover la lucha de la organización rebelde. Este esfuerzo se inspira en una mezcla de marxismo-leninismo, las ideas revolucionarias del héroe de la independencia suramericana Simón Bolívar, el pensamiento antiimperialista y el discurso de unidad y soberanía latinoamericanas. Sin embargo, salvo por algunas memorias de Marulanda y Jacobo Arenas, las FARC han producido pocos documentos ideológicos o políticos.
Mientras el PCCC tiene la misión de preparar clandestinamente la creación de un aparato político de las FARC que emerja cuando la dirección considere que las condiciones son viables, los militantes del MBNC participan más visiblemente en una amplia gama de cuestiones sociales y políticas, como manifestaciones de los trabajadores y actividades en defensa de los derechos de los campesinos a la tierra, sin revelar abiertamente su afiliación a las FARC. En el 2003 se creó el Movimiento Juvenil Bolivariano (MJB) para cooptar estudiantes en los colegios de secundaria y las universidades.
A. Capacidad de Adaptación
Las FARC han demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias. De ser un grupo que operaba en un área limitada de Colombia, evolucionó hasta convertirse en una fuerza guerrillera móvil capaz de expandirse a muchas regiones del país. En la década de 1980 y a comienzos de los no-venta, adoptó una dinámica regional particular: se establecieron bloques para reunir a todos los frentes y unidades móviles que operaban en regiones específicas; en 1993, a cada uno de los siete miembros del Secretariado se le encargó la supervisión de un bloque regional, y se empezó a rotar a los comandantes entre los bloques y frentes para evitar el exceso de poder y la corrupción.
El establecimiento de una extensa red de apoyo logístico también ha sido crucial para la expansión del grupo guerrillero. En los años setenta se crearon redes de milicianos tanto en áreas urbanas como rurales para ayudarles a las unidades militares haciendo inteligencia y prestando otros tipos de apoyo. Su naturaleza clandestina ha permitido un control y flujo preciso de información, así como la planeación meticulosa de operaciones contra blancos específicos que las fuerzas de seguridad difícilmente pueden detectar. Los milicianos fueron cruciales para el establecimiento de redes en las grandes ciudades y sirven de proveedores de suministros e información para los campamentos guerrilleros, incluso en áreas remotas. Después de la octava conferencia del EMC en 1993, unidades urbanas empezaron a coordinar acciones con frentes rurales para ayudar a preparar las condiciones para una insurrección en las grandes ciudades (supuestamente el paso final antes de la toma del poder). La expansión de las redes urbanas y rurales en los años noventa mejoró la efectividad de las FARC en cuanto a conseguir dinero mediante secuestro, extorsión y lavado de dinero.
Unas finanzas bien consolidadas permitieron a las FARC adquirir armas modernas, mejorar sus sistemas de comunicación y expandir el tamaño de las tropas de acuerdo con sus planes estratégicos. La organización creció y consolidó su dominio sobre muchas áreas rurales mediante la extorsión, el secuestro y el cobro de “impuestos” en regiones con economías basadas en la ganadería, la agricultura extensiva, la explotación de recursos naturales o en actividades económicas ilícitas (en especial producción y tráfico de cocaína). El manejo centralizado del Secretariado utilizó a los frentes más ricos, por lo general los fuertemente implicados en actividades de narcotráfico, para apoyar a los frentes más recientemente establecidos y con menos recursos económicos.
B. Una organización bajo presión
El efecto acumulativo de la ofensiva persistente del gobierno ha propinado golpes severos a las FARC. Varias de sus unidades se han debilitado o se han acabado debido a la muerte, captura o deserción de sus comandantes –incluidos tres miembros del Secretariado y de miles de guerrilleros. El temor a ataques o infiltración por las fuerzas de seguridad y la desmoralización de los guerrilleros rasos están dificultando toda-vía más el control de los líderes sobre la tropa.
Además, desde hace bastantes años se ha debilitado el apoyo popular. Las FARC ha impugnado al Estado violentamente desde hace decenios, desconociendo sistemáticamente el derecho internacional humanitario al cometer graves abusos y atrocidades. Su evidente falta de interés por lograr un acuerdo de paz durante las conversaciones de 1999-2002 con el gobierno de Pastrana explica en gran medida la fe cada vez mayor de la opinión pública en una solución puramente militar. El 3 de febrero de 2008, un día antes de que se realizaran las marchas masivas contra el secuestro y las FARC, las encuestas revelaron que el 96 por ciento de los entrevistados en las principales ciudades rechazaba al grupo guerrillero.
1. Estrategia y tácticas
Aunque los insurgentes aseguran lo contrario, las fuerzas de seguridad del gobierno creen que las pérdidas y la sucesión forzada de algunos de los principales coman-dantes han generado tensiones internas en el Secretariado y han debilitado su cohesión. Fue imposible reunir a los 25 miembros del EMC para definir la sucesión de Marulanda y el reemplazo de los tres comandantes fallecidos debido a la mejor vigilancia electrónica de las comunicaciones por parte de las fuerzas de seguridad, y a su monitoreo de los movimientos de la guerrilla. La imposibilidad de celebrar la novena conferencia del EMC a comienzos del 2007 puso a las FARC en desventaja estratégica. Se afirma que la conferencia se realizó por correo electrónico. Sin embargo, la imposibilidad de evaluar a profundidad la situación militar y política puede distorsionar las percepciones de los jefes. Según dicen algunos, Cano y el Mono Jojoy (un comandante militar destacado) se culparon mutuamente de los errores que permitieron al gobierno liberar a quince secuestrados en la Operación Jaque, en julio de 2008.
Otras fuentes creen que las FARC pudieron adaptarse más o menos eficientemente al entorno desfavorable. Raúl Reyes fue reemplazado rápidamente por Joaquín Gómez en el bloque sur; Iván Ríos fue reemplazado por “Mauricio” en el bloque oriental, y Marulanda fue reemplazado por Cano. Se dice que ya hace algunos años se había decidido que se nombraría a Cano como comandante general en caso de que muriera Marulanda. Así mismo, el Secretariado de siete miembros se amplió para incluir a dos suplentes, Bertulfo Álvarez, del bloque Caribe, y Pastor Alape, del bloque del Magdalena Medio, aparentemente para facilitar reemplazos rápidos en el futuro. Como es probable que la deliberación interna en el Secretariado se haya dificultado, las directivas recientes de Cano sugieren que está impartiendo órdenes menos específicas, de modo que los comandantes de campo se puedan adaptar rápidamente a las circunstancias locales y se eviten fricciones debilitantes.
Con todo, la coordinación entre los comandantes de rango alto y medio se ha vuelto cada vez más difícil. Las fuerzas de seguridad están ejerciendo una presión continua en los principales bastiones de las FARC, en las estribaciones orientales de la cordillera Oriental de los Andes (departamento del Meta), en donde se cree que operan los comandantes del Secretariado Mono Jojoy y Mauricio. Se han lanzado operaciones intensas en el Cañón de las Hermosas, en la región limítrofe de los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, en donde opera Cano. El gobierno espera que, si los mantienen huyen-do, Cano y otros altos comandantes no van a poder con-solidar su mando, y se profundizarán las fisuras internas. Se están realizando operaciones similares contra las unidades rebeldes implicadas en narcotráfico, sobre todo las de los comandantes Fabián Ramírez y Gener García (alias “John 40”) en los departamentos de Caquetá y Meta. El objetivo es interrumpir el flujo de dinero y los esquemas de redistribución financiera interna de las FARC.
Los miembros del Secretariado y del EMC parecen estar cada vez más aislados e incomunicados: se afirma que en el bloque noroccidental el difunto Iván Ríos estaba incomunicado, como lo estaba también “Karina”, la famosa comandante del Frente 47 en el suroriente del departamento de Antioquia. Tras su entrega en mayo de 2008, Karina dijo que llevaba dos años sin comunicarse con el Secretariado. Los problemas de comunicación con el Frente Primero del bloque oriental se hicieron evidentes cuando éste dejó en claro su desconocimiento del paradero de Emmanuel Rojas, el hijo de la entonces rehén Clara Rojas, que nació en cautiverio y a quien las FARC habían prometido liberar a fines del 2007. La falta de coordinación entre las unidades que operaban en la misma área geográfica incidió en los hechos del 18 de junio de 2007, cuando un destacamento masacró a once diputados del departamento del Valle del Cauca que tenía como rehenes tras haber confundido a otra unidad de las FARC con el enemigo.
Algunas fuentes afirman que el Secretariado ha enviado comisiones para evaluar la situación de los frentes en el país, y que la rotación periódica de los comandantes en los frentes y regiones sigue siendo un procedimiento estándar. Sin embargo, es posible que esto también se haya visto afectado debido al temor frente a la vulnerabilidad a los ataques del gobierno y a la traición. Después del asesinato de Iván Ríos, se afirma que el comandante del bloque Caribe, Iván Márquez, también está supervisando la reestructuración del bloque noroccidental. Los miembros del Secretariado y los altos comandantes de campo han adoptado medidas de seguridad más severas, entre ellas el recurso a familiares cercanos como guardaespaldas personales. Se dice que, en el bloque oriental, el Mono Jojoy ha purgado a sus guardaespaldas varias veces y ahora sólo confía en familiares. En el comando conjunto occidental en Nariño, se cree que el comandante del Frente 29, “Aldemar”, ordenó la ejecución de más de 50 de sus hombres bajo sospecha de traición.
2. Pie de fuerza y poder de fuego
Las tropas de las FARC han sido diezmadas, no sólo en combate sino también cada vez más por entrega, deserción y desmovilización individual. Fuentes oficiales indican que entre el 2003 y enero del 2009 las fuerzas de seguridad mataron a 10.806 guerrilleros y capturaron a 26.648. La tasa de desmovilización de guerrilleros, que permaneció estable en aproximada-mente 1.300 anuales entre el 2003 y el 2006, se duplicó y más en 2007-2008. Las cifras más recientes señalan que, entre el 2002 y febrero del 2009, 11.615 guerrilleros desertaron y se desmovilizaron. Entre el 1° de enero y el 11 de noviembre de 2008, los frentes de las FARC con más desertores han sido sobre todo aquellos cuyos comandantes cayeron abatidos en combate o desertaron: los frentes 16 y 39 del bloque oriental, en Vichada y el oriente del Meta (512 desmovilizados, el 16 por ciento del total de desmovilizados en ese período de poco más de diez meses); los frentes 32 y 49 del bloque sur, en Putumayo y Caquetá (322 desmovilizados, el 10 por ciento); el Frente 47 del bloque noroccidental, en Antioquia y Caldas (358 desmovilizados, el 11 por ciento).
Las estimaciones gubernamentales sobre el pie de fuerza de las FARC son inconsistentes: 7.000-8.000 según el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, aproximadamente 10.000 de acuerdo con un organismo de seguridad. Si bien la estrategia militar del gobierno ha logrado algunos resultados importantes, esto plantea dudas acerca de la exactitud de las cifras oficiales y hace pensar que la capacidad de reposición de tropas de las FARC puede ser más efectiva de lo que reconoce el gobierno.
El número cada vez mayor de deserciones de las FARC le facilita al gobierno la obtención de inteligencia. A los guerrilleros se los interroga en el Ministerio de Defensa –se les “exprime la información”, según dijo un funcionario de la embajada de Estados Unidos – antes de ser enviados a la Alta Consejería para la Re-inserción (ACR) de la presidencia. Con base en su in-formación, la interceptación e infiltración de unidades ha aumentado notoriamente. Los guerrilleros desmovilizados también han jugado un papel importante para alentar a antiguos camaradas a desertar. Cada vez más, la deserción de comandantes de rango medio y alto con más de diez años en las FARC ayuda a con-vencer a sus antiguos subordinados de que los imiten. Pero la mayor parte de los guerrilleros desmoviliza-dos (casi todos sin escolaridad y de orígenes rurales) permanecen en ciudades grandes para aminorar el riesgo de ser buscados por las FARC, lo cual hace más difícil la reinserción a la vida civil. No existe información disponible sobre cuántos ex guerrilleros regresan al conflicto o se unen a bandas del crimen organizado o a los nuevos grupos armados ilegales (NGAI).
El arsenal de las FARC incluye rifles de asalto, en particular AK-47, Galil y FAL, ametralladoras, subametralladoras, armas cortas y granadas de mano. Es improbable que los insurgentes tengan misiles tierra-aire –nunca los han usado en combates–, pero según parece las FARC está tratando de adquirir algunos para defenderse contra los ataques aéreos. Las FARC dependen cada vez más de armas no convencionales, como morteros fabricados con cilindros de gas propano, minas antipersona y artefactos explosivos. Los fabrican con madera, botellas de vidrio y plástico y son prácticamente imposibles de detectar y desactivar. El uso indiscriminado de este tipo de armas por parte de las FARC viola el derecho internacional humanitario y afec-ta seriamente no sólo a las fuerzas de seguridad sino también a los civiles en comunidades rurales, que a me-nudo se ven forzados a emigrar a una región en lo posible más segura. Se afirma que algunos de los expertos en explosivos de las FARC han recibido entrenamiento de miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y del grupo español Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en mecanismos de activación a larga distancia de alta tecnología.
3. Política, reclutamiento, adoctrinamiento
El discurso de las FARC busca enfatizar la legitimidad de la lucha armada, al enfocarse en la reforma agraria y otros temas relacionados, y refleja la obstinada creencia del movimiento de que, pese a la continua modernización y transformación de la sociedad colombiana en el último medio siglo, el grupo rebelde representa la vanguardia política. Aunque la población urbana lo considera anacrónico, este discurso todavía puede encontrar algún eco, sobre todo en zonas rurales muy pobres y áreas urbanas marginadas en donde el Estado, incluidas sus fuerzas de seguridad, tiene escasa presencia y muchas veces no provee servicios sociales básicos. En su inmensa mayoría, los guerrilleros de las FARC provienen de sectores rurales pobres y muy pocos tienen escolaridad. Las persistentes violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, en especial el ejército, pueden instar a mucha gente a unirse a la insurgencia.
Una vez reclutados, los guerrilleros por lo general no reciben más escolaridad y sus conocimientos políticos son muy básicos, en el mejor de los casos. Apelando a un “discurso de hambre y miseria”, los comandantes les dicen simplemente a los guerrilleros rasos que las élites y la oligarquía de Colombia tienen la culpa de los problemas económicos y socia-les que soportan sus familias. En la cotidianidad, los guerrilleros se dedican sobre todo a sobrevivir. Muchos desmovilizados casi no conocen la estructura política y militar de las FARC, ni tampoco sus objetivos más allá de su propia área inmediata. Los pocos que tienen una educación secundaria o incluso universitaria se quejan de que los comandantes de alto rango son dogmáticos y casi nunca promueven discusiones abiertas.
La falta de motivación política y la desmoralización de muchos guerrilleros debido a la persistente presión militar se han convertido en serios retos para las FARC. Como la toma del poder por la fuerza parece una meta más distante que nunca, muchos desertores dicen que la organización perdió su propósito. Salvo raras excepciones –sobre todo los viejos o los discapacitados–, a los guerrilleros no se les permite abandonar la organización. Esto tiene como fin evitar las fugas de información y la pérdida de tropas que son difíciles y costosas de reemplazar. A los desertores que no logran su cometido se los castiga con la muerte, y a veces también con la muerte de sus familias. Aun-que la cohesión interna, que antes era fuerte, se ha ido debilitando gradualmente por la “cultura de la desconfianza”, la escisión en facciones y la desobediencia abierta de las unidades a las órdenes de superiores en la cadena de mando no son comunes y, con el nuevo estilo de liderazgo de Alfonso Cano, es improbable que sean un problema importante en el futuro previsible.
El reemplazo de los guerrilleros a menudo se sigue solucionando mediante el reclutamiento forzado de niños en áreas rurales, incluidos menores de quince años. Algunas fuentes en Antioquia, Norte de Santander, Meta y Nariño creen que el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una práctica generalizada que no se denuncia lo suficiente debido a que los campesinos temen represalias si lo hacen. Según otra fuente, el reclutamiento de menores –aunque no exclusivamente– en comunidades indígenas y afrocolombianas vulnerables en las selvas del Amazonas y de la costa Pacífica está ayudando a reemplazar tropas con menos riesgo de infiltración por miembros de las fuerzas de seguridad. Pese a que constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y a las campañas nacionales e internacionales que denuncian la práctica, algunas unidades de las FARC dan prioridad a la reposición de su fuerza de combate por encima de consideraciones éticas y políticas.
4. Repliegue y superviviencia
Después de haber expulsado a las FARC de zonas densamente pobladas y de recuperar el control sobre vías importantes y otras infraestructuras estratégicas, las fuerzas de seguridad están concentrando sus esfuerzos en atacar bastiones tradicionales del grupo rebelde. Los insurgentes parecen estar ofreciendo una férrea resistencia en algunas áreas, por ejemplo en la región oriental. Esta región todavía conserva las estructuras más sólidas con varias unidades fuertes, como las que protegen al Mono Jojoy en el occidente del departamento del Meta, y el Frente 48 del bloque sur en el departamento del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. Los comandos conjuntos central y occidental también son muy activos todavía. La principal ventaja táctica de las FARC sigue siendo su conocimiento del terreno y de las poblaciones locales.
En otras zonas, las FARC se han replegado a lugares casi inaccesibles en lo alto de la cordillera o en selvas tropicales en las regiones fronterizas con Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá, en donde tienen presencia desde hace decenios y cuentan con buenas re-des de abastecimiento, armas y narcotráfico. Se cree que Iván Márquez y “Timochenko” –miembros del Secretariado– operan cerca de la frontera venezolana en las serranías del Perijá y el Catatumbo, respectivamente. Como parte de la estrategia defensiva, las columnas móviles realizan hostigamientos para mantener a las fuerzas de seguridad ocupadas y lejos de unidades importantes que todavía controlan territorio a lo largo de la frontera, lo que permite una huida rápida a Venezuela.
El debilitamiento progresivo de varios frentes también ha forzado a las FARC a replegarse y reagruparse en regiones en donde las operaciones militares son me-nos intensas. El Frente 34 del bloque noroccidental se desplazó del occidente del departamento de Antioquia a la cuenca del río Atrato medio en el departamento del Chocó, mientras que el todavía poderoso Frente Primero del bloque oriental se replegó a las densas selvas de los departamentos de Guanía y Vaupés. Los frentes y columnas diezmados también se han fusionado con unidades más fuertes para formar “interfrentes” (también llamados comandos de área conjuntos), como el interfrente del alto Ariari dirigido por Henry Castellanos (alias “Romaña”) en las estribaciones de la cordillera Oriental en el occidente del departamento del Meta, así como aquellos de los departamentos del Meta, Vichada, Sucre y el oriente antioqueño. Las unidades están reduciendo su tamaño para evitar ataques aéreos y están utilizando tácticas como golpear rápidamente y retirarse mediante células muy móviles de tres personas, a menudo vestidas de civil (“tríadas”).
Las FARC están recurriendo a francotiradores y minas antipersona con el fin de evitar exponer innecesariamente a sus tropas. Así como antes utilizaba campos minados para defender santuarios como los que tenían en el oriente antioqueño, nuevos campos minados han demorado las ofensivas del gobierno y la erradicación manual de cultivos de coca en regiones como las montañas del Nudo de Paramillo al norte de Antioquia y el sur del departamento de Córdoba, así como en Nariño, Meta y el nororiente antioqueño. Los hostigamientos y las emboscadas de caravanas de militares y policías, así como los asesinatos selectivos de policías y soldados (“plan pistola”) aumentaron de 568 en los primeros nueve meses del 2007 a 641 en el lapso correspondiente del 2008.
El repliegue a las montañas, las selvas y las fronteras no permite a las FARC lanzar ofensivas para recuperar territorio. Al mismo tiempo, el temor a las infiltraciones por agentes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad las ha instado a amenazar y desplazar poblaciones en varias regiones. El Frente 33 del bloque del Magdalena Medio ha desplazado a campesinos en La Gabarra (departamento del Norte de Santander), y los frentes del bloque oriental en el sur del Meta y el norte del Guaviare han entrado a las reservaciones de las comunidades indígenas nukak y guayabero, que se han visto forzadas a dejar sus selvas ancestrales y refugiar-se en San José del Guaviare, la capital departamental. Las comunidades indígenas sikuani (departamentos de Guaviare y Arauca) y awá (departamento de Nariño) fueron víctimas de asesinatos selectivos a comienzos del 2008, y por lo menos 27 miembros de esta última comunidad fueron masacrados a comienzos de febrero del 2009.
El Frente 18 del bloque noroccidental ha desplaza-do habitantes del distrito de La Caucana en Tarazá (Antioquia), un antiguo bastión de los paramilitares de las AUC, y la columna móvil Mariscal Sucre del comando central occidental asesinó a cuatro maestros en julio del 2008 después de haberlos amenaza-do para disuadirlos –así como al personal local de organizaciones internacionales de asistencia humanitaria– de entrar a municipios como Santa Cruz y Samaniego (departamento de Nariño). Un trabajador social y su conductor fueron asesinados luego de que una misión médica organizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fuera emboscada en una carretera rural en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá) el 7 de diciembre de 2008. El 13 de enero de 2009, el ataque indiscriminado del Frente 29 con cilindros de gas llenos de explosivos a Roberto Payán, un pequeño pueblo en la costa del Pacífico, en el departamento de Nariño, dejó cuatro muertos, incluidos tres niños, y doce heridos.
5. Guerra urbana
Con el nombramiento de Cano y las dificultades que afrontan las unidades rurales de las FARC, las fuerzas de seguridad temen que aumente el terrorismo urbano. La urbanización del conflicto tendría como propósito desacreditar la política de seguridad del gobierno, que es muy popular en las ciudades grandes e intermedias. Según diversas fuentes, las FARC quieren llamar la atención y recuperar la iniciativa asesinando a altos funcionarios y realizando actos de sabotaje con explosivos, al tiempo que busca reclutar estudiantes universitarios. Ha habido varios ataques con explosivos, presumiblemente perpetrados por milicianos o comandos de las FARC, en ciudades como Bogotá, Cali, Buenaventura, Neiva e incluso en pueblos pequeños como Ituango (departamento de Antioquia). La policía ha decomisado varias caletas de explosivos en las afueras de Bogotá, y se han detectado y arrestado milicianos o comandos rurales de las FARC cuando intentaban penetrar las ciudades.
Las percepciones de amenaza difieren de una ciudad a otra. En Cúcuta, Medellín y Villavicencio, las autoridades creen que las estructuras urbanas de las FARC se han visto severamente afectadas, mientras que en Cali y Buenaventura los insurgentes siguen siendo muy activos pese a los fuertes golpes que han recibido sus milicias urbanas. Ahora trabajan en células independientes o con bandas criminales para ayudar con la re-colección de inteligencia y con la logística necesaria para los ataques terroristas.
Es imposible determinar cuántos milicianos hay activos, pero parece que las redes de apoyo que colaboran en la adquisición de alimentos, medicamentos, dispositivos electrónicos y de comunicación y uniformes se han ido debilitando cada vez más. Las ofensivas paramilitares de fines de los años noventa y comienzos de la década del 2000 expulsaron los frentes urbanos de ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta. A los que quedaron se les ordenó apoyar a los frentes rurales, que han soportado el grueso de la ofensiva del gobierno de Uribe. Los milicianos se han convertido cada vez más en una fuente de reemplazo de los guerrilleros muertos en combate o perdidos por deserción. Esto ha hecho que la logística sea más vulnerable a la interceptación por parte de las fuerzas de seguridad, que ejercen controles severos mediante retenes en las carreteras y los ríos que comunican con las zonas de combate.
6. Economía de guerra
Aunque en menor medida que hace cinco o seis años, el secuestro y la extorsión siguen siendo fuentes importantes de ingresos para las FARC, sobre todo en las regiones fronterizas. Debido a la presión sostenida del gobierno, las unidades guerrilleras involucradas en es-tas actividades han modificado sus métodos: ya no mantienen a sus víctimas en santuarios durante períodos prolongados, sino que las movilizan constantemente para evitar su detección, y los rescates que piden son menos altos. Se cree que la extorsión ha aumentado, aunque es difícil corroborarlo porque muchas veces no se reporta. Fuentes de la sociedad civil también creen que bandas delictivas o miembros individuales de las FARC a veces actúan por su cuenta, utilizando el nombre del movimiento para beneficio personal.
El narcotráfico, que sigue siendo la principal actividad para la supervivencia financiera de las FARC, representó en el 2003 la mayor parte de los US$1.000 millones que se calcula que ganaron los insurgentes con actividades ilegales. Los estimativos disponibles indican que desde entonces sus ingresos han disminuido sustancialmente, a unos US$500-600 millones anuales, que sigue siendo un monto formidable para una organización insurgente cuyo pie de fuerza también ha disminuido.
Para reponer las pérdidas, las FARC también han re-forzado su presencia en zonas con cultivos de coca, en rutas de tráfico y puntos de transbordo en las costas Caribe y Pacífica y a lo largo de las fronteras con Panamá, Ecuador y Venezuela. Las unidades se involucran en varias etapas: el impuesto (“gramaje”) que cobran a los cultivadores de coca; el procesamiento de cocaína en laboratorios (“cristalizaderos”) novedosos a gran altura que aprovechan la cobertura de las nubes para evitar la detección y los allanamientos de la policía antinarcóticos en áreas como el occidente del departamento del Cauca; y su venta a organizaciones criminales internacionales, como los carteles mexicanos en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. En la medida en que las unidades rebeldes disminuyen de tamaño, pueden sobrevivir con presupuestos más modestos.
Según guerrilleros desmovilizados, la descentralización financiera cada vez más marcada –con un Secretariado que ahora hace menos microadministración– plantea un reto con respecto a la lealtad de algunos comandantes. Con menos control por parte de sus superiores, muchos comandantes se han involucrado más en las economías ilegales regionales y locales con miras a obtener ganancias personales, sobre todo en unidades ubicadas a lo largo de los corredores estratégicos y las fronteras, en donde pueden cobrar por el paso de las drogas. Esto ha aumentado el abuso contra subordinados que cuestionan sus acciones y ha fomentado la deserción de guerrilleros descontentos. Un ex rehén de las FARC le dijo a Crisis Group que, durante sus años de cautiverio, abundaron las historias de insurgentes que habían desertado con grandes sumas de dinero.
7. Relaciones con otros grupos armados ilegales
Varias unidades de las FARC no sólo buscan una coexistencia tácita sino que también están estableciendo alianzas con los insurgentes del ELN y con los nuevos grupos armados ilegales (NGAI), muchos de los cuales son liderados por sus ex enemigos paramilitares. Dependiendo de los territorios y de los comandantes individuales, las unidades de las FARC operan en es-quemas de cohabitación tolerada, división territorial o división del trabajo para la producción y el tráfico de la droga. En otras regiones combaten abiertamente por el control de cultivos, territorios y corredores estratégicos.
Después del deceso de Marulanda, el Comando Central (COCE) del ELN propuso una alianza entre los dos movimientos guerrilleros. Sin embargo, en los departamentos de Arauca, Nariño y Cauca la competencia por los cultivos de coca y las rutas de exportación, junto con rivalidades arraigadas por territorio y querellas personales entre comandantes, han impedido esto. En los departamentos de Cauca y Nariño, en el suroccidente, el ELN forjó una alianza con el NGAI Los Rastrojos para contener los avances de las FARC en sus bastiones en los municipios de El Tambo y Leyva. En el departamento de Nariño, la columna móvil Mariscal Sucre de las FARC ha atacado bastiones del ELN en los municipios de Samaniego y Santa Cruz.
Se han pactado acuerdos con formaciones fuertemente diezmadas del ELN en otras regiones, como en el bajo Cauca –en el nororiente de Antioquia y Chocó– y en el sur del departamento de Bolívar. El Frente 36 de las FARC tiene vínculos con remanentes del ELN en Nechí, El Bagre, Zaragoza y Anorí, en el nororiente antioqueño, mientras que los golpeados frentes 9 y 47 tienen nexos con los pequeños reductos del Carlos Alirio Buitrago del ELN en el oriente antioqueño. Por el contrario, en la región del Catatumbo del departamento de Norte de Santander, un intento de realizar operaciones conjuntas no duró mucho. El ELN y las FARC siguen teniendo diferencias profundas: el ELN ha intentado establecer una base social y sólo desde hace poco se ha involucrado en actividades de narcotráfico, mientras que las FARC por lo general han impuesto su presencia en las comunidades locales y han jugado un papel importante en la promoción del cultivo de coca desde la década de 1980.
En los llanos del Orinoco, en el oriente colombiano, las operaciones de narcotráfico son compartidas por las FARC y el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (ERPAC), un NGAI liderado por Pedro Oliveira (alias “Cuchillo”). El narcotraficante Daniel Barrera (alias “El Loco”) actúa supuestamente como intermediario entre Cuchillo y Gener García (alias “John 40”), comandante del Frente 43 de las FARC y uno de los principales financieros del Secretariado. La pasta de coca que se produce en territorios controlados por las FARC se envía a laboratorios controlados ya sea por las FARC o el ERPAC. La cocaína es enviada a Venezuela por corredores controlados por el ERPAC. Sin embargo, este arreglo es muy inestable y ya ha producido confrontaciones abiertas, pues los dos grupos compiten por el control de cultivos de coca, laboratorios y corredores de exportación en los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada.
El Golfo de Urabá sigue siendo un importante punto de trasbordo para la cocaína con destino a Estados Unidos, y las armas y municiones que ingresan a Colombia. Los frentes 57 y 58, que operan en las regiones del Darién y el Urabá en el norte del Chocó a lo largo de la frontera con Panamá, son las unidades más poderosas del bloque noroccidental. Aunque algunos cargamentos de droga provienen de las selvas del Chocó, los cargamentos más grandes son de la región cocalera en los municipios de Tarazá y Caucasia en el bajo Cauca (norte de Antioquia), en donde los frentes 18 y 36 controlan los corredores estratégicos. Ma-rio Rendón (alias “Don Mario”), un ex jefe paramilitar que abandonó el proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) y formó un NGAI, está expandiendo las operaciones de narcotráfico desde Urabá hasta los laboratorios de procesamiento y los centros urbanos del bajo Cauca, utilizando los corredores controlados por las FARC en el Nudo de Paramillo, en el sur del departa-mento de Córdoba. A su vez, las FARC están tratando de extender su control hacia el sur, hasta la región de La Caucana, un antiguo bastión de las extintas AUC en Tarazá, Antioquia, forzando el desplazamiento de sus habitantes.
En la costa Pacífica y en las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes, el Frente 30 ha amplia-do su presencia desde los municipios de Dagua y Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca hasta los municipios ubicados a lo largo del río Micay en el departamento del Cauca, obteniendo el control sobre muchas rutas de tráfico. Según fuentes de prensa, trabaja estrechamente con grupos narcotraficantes locales como el liderado por Jorge Rentería (alias “Jorge Morfi”), que lo abastecen con armas, explosivos y municiones. Más hacia el sur, sin embargo, en el departamento de Nariño, el Frente 29 –que está profundamente involucrado en narcotráfico– ha lanzado numerosas ofensivas contra el NGAI Nueva Generación, remontando el río Patía hacia Cumbitara y Poli-carpa, dos municipios con grandes cultivos de coca.
En el departamento de Norte de Santander, el Frente 33 se ha replegado a las aisladas montañas del Cata-tumbo, pero sigue controlando cultivos de coca en los municipios de Tibú, La Gabarra, Teorama y Ocaña, pese a la campaña de erradicación manual masiva que se realiza desde junio del 2008. Fuentes que trabajan en la región creen que las finanzas de las FARC se han debilitado y que su flujo de caja ha disminuido, lo cual ha forzado a los cultivadores a vender sus cosechas a intermediarios (traquetos) que trabajan en estrecha colaboración con NGAI como las Águilas Negras, que tienen laboratorios de cocaína y rutas de exportación a lo largo de la frontera con Venezuela. Según algunos desertores, el jefe de este NGAI es Daniel Barrera (“El Loco”), quien también sirve de intermediario entre las FARC y el ERPAC en los llanos del Orinoco.
8. Relaciones de los insurgentes con la población y redes clandestinas
En las zonas urbanas, en donde viven tres de cada cuatro colombianos, el apoyo a las FARC práctica-mente ha desaparecido debido al efecto combinado de la insistencia de la organización en la lucha arma-da por encima de la acción política, y al éxito del gobierno en cuanto a señalarla como la principal amenaza de seguridad que afronta la sociedad. Mientras que la marcha contra la violencia paramilitar y estatal, el 6 de marzo de 2008, sacó a las calles a de-cenas de miles de personas –sobre todo en Bogotá–, las marchas principalmente contra las FARC del 4 de febrero y el 20 de julio de 2008 atrajeron a millones de participantes en Colombia y el exterior, reflejando el alto grado de repudio que colombianos de todas las vertientes sienten contra el secuestro y otras serias transgresiones del derecho internacional humanitario por parte de las FARC.
En contraste, las FARC parecen seguir ejerciendo control sobre e indoctrinando a poblaciones en zonas remotas de los departamentos de Chocó, Meta, Norte de Santander, Antioquia, Guajira y Santander, así como en el eje cafetero (departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda). Por ejemplo, se sabe que el comandante “Benkos” del Frente 57 se reúne con las comunidades de la región del bajo Atrato en el departamento del Chocó, en don-de hay proyectos agroindustriales para la producción de biocombustibles (con aceite de palma africana) y proyectos de minería. Pese a su repliegue en las selvas del Chocó, el Frente 34 sigue llamando periódicamente a líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de los municipios del occidente antioqueño; eso mismo sucede en el occidente del departamento del Meta. En Ocaña, departamento de Norte de Santander, el comandante “Rubén Zamora” del Frente 33 mantiene el contacto con la sociedad civil, y se afirma que el comandante Timochenko del Secretariado ha convocado a algunas personas a que vayan a su campamento base en la región del Catatumbo.
Es evidente que, en la actualidad, la capacidad de las FARC para promover –o coaccionar– la protesta social y movilizar a la gente contra el gobierno es limitada. Algunos ejemplos recientes son las marchas de cocaleros y raspachines contra la erradicación manual de los cultivos de coca en el departamento de Nariño, al sur, en mayo del 2006 y comienzos del 2008, y las marchas de cocaleros contra la erradicación manual en la región del bajo Cauca en el norte de Antioquia también a comienzos del 2008, promovidas por los frentes 18 y 36. Sin embargo, estas marchas no han alentado protestas en sectores rurales más amplios, pues se tiene la percepción de que las FARC utilizan a los residentes como escudos humanos contra las campañas de erradicación, al tiempo que vuelven a los líderes comunitarios vulnerables a las retaliaciones por parte de los NGAI o a la represión de las fuerzas de seguridad.
En septiembre y octubre del 2008, los corteros de caña de los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca demandaron mejores condiciones de trabajo y vivienda y estabilidad laboral a los ingenios que se benefician de altas inversiones subsidiadas por el gobierno para la producción de biocombustible. En esos mismos meses, los pueblos indígenas del departamento del Cauca le pidieron al gobierno cumplir los acuerdos de entregar tierras a sus comunidades. Tras la masacre de veinte indígenas paeces en El Nilo (departamento del Cauca) en 1991, el gobierno aceptó compensar a las comunidades con 15.663 hectáreas, mediante la asignación de tierras públicas y la compra de tierras privadas. En 1999, el gobierno de Pastrana se comprometió a comprar 8.000 hectáreas adicionales para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas. La adquisición de 4.800 hectáreas está pendiente, debido al fuerte in-cremento de los precios de la tierra en la región.
Los pueblos indígenas dicen que necesitan las tierras para garantizar la seguridad alimentaria de su población creciente. Las fuerzas de seguridad afirmaron que ambas protestas habían sido infiltradas por individuos simpatizantes de las FARC. Esto fue precedido por el arresto de Liliany Obando, directora de un sindicato campesino (FENSUAGRO), como presunta miembro de las FARC y por afirmaciones de que el Sexto Frente de las FARC, liderado por el “Sargento Pascuas”, había infiltrado un pequeño sector radical del movimiento indígena –“Los Nietos de Quintín Lame”– que participó en las grandes protestas a lo largo de la carretera Panamericana en marzo del 2007 y octubre del 2008. Sin embargo, casi todas las comunidades indígenas en el sur han tenido confrontaciones directas con las FARC porque se niegan a dejarse extorsionar y a permitir que los insurgentes usen su territorio como santuario o como coto de reclutamiento.
Las FARC también han intentado penetrar sectores mi-litares. Sus repetidos esfuerzos por infiltrar las fuerzas de seguridad han tenido algún éxito en general y, según fuentes de prensa, a mediados del 2008 un miembro político del Frente 53 del bloque oriental de las FARC, cercano al Mono Jojoy, se puso en contacto con altos oficiales retirados, incluidos generales, para proponerles servir como intermediarios de “contactos directos de buena fe” con el gobierno, sin pasar por “políticos mentirosos”. Pueden incluso haberse dado contactos directos entre comandantes de las FARC y oficiales del ejército en otras regiones.
Ganarse las ciudades siempre ha sido el objetivo supremo de las FARC. Sin embargo, históricamente sus estructuras urbanas han sido más fáciles de detectar y desmantelar. Como resultado, el PCCC y el MBNC se convirtieron en los medios preferidos para promover y expandir su ideología a nivel nacional. Si bien las redes clandestinas de ambos movimientos impiden la infiltración y protegen la identidad de sus miembros, su naturaleza secreta no permite que crezcan rápidamente y se conviertan en movimientos de masas. Se supone que los comandantes de campo de las FARC deben supervisar estas células clandestinas, pero cada vez se tienen que preocupar más por su propia supervivencia.
Fuentes de inteligencia, policiales y militares, creen que la nueva estrategia de Alfonso Cano busca utilizar las elecciones generales del 2010 para reposicionar políticamente a las FARC. La infiltración de sectores de izquierda y oposición al gobierno en los campus universitarios y las protestas sociales harían más volátil el ambiente sociopolítico, golpeando las ambiciones de Uribe de ser reelegido o garantizar un sucesor que piense como él. La distribución de panfletos con propaganda revolucionaria y los desfiles en las universidades de Antioquia y Nacional en Medellín y la Universidad Distrital en Bogotá de individuos encapuchados que se identificaron como Movimiento Juvenil Bolivariano (MJB) han hecho sonar las alarmas sobre las in-tenciones de las FARC en los campus universitarios. El Frente 36 se atribuyó la responsabilidad del desfile en la Universidad de Antioquia, revelando así vínculos entre células de las milicias urbanas, el MJB, el PCCC y el MBNC con frentes implicados en narcotráfico.
9. Las redes internacionales y el intercambio de rehenes por prisioneros
En un esfuerzo por atraer a una base popular más amplia en América Latina, las FARC se han acerca-do más a la ideología bolivariana. Aunque su re-interpretación del pensamiento de Simón Bolívar a través de un lente marxista-leninista es propia, su promoción como parte de la agenda “antiimperialista” y de unidad latinoamericana de las FARC tiene como fin abrirle puertas en los países vecinos.
El miembro del Secretariado Iván Márquez dirige el “frente internacional” de las FARC. Junto con Cano, fue uno de los creadores de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) en el 2003. Según las autoridades colombianas, los computadores confiscados tras las muertes de Raúl Reyes e Iván Ríos contenían comunicaciones internas del Secretariado que indicaban una relación más cercana de lo esperado entre las FARC y la CCB. Aunque los grupos de la CCB no tienen mucho apoyo popular en América Latina, están conectados mediante operadores políticos que comparten información y se reúnen con regularidad.
Desde el establecimiento del “frente internacional” bajo Reyes a comienzos de la década de 1990, las FARC han ido construyendo pacientemente una red de con-tactos en América Latina y Europa que defiendan su lucha. En Europa, estos contactos tienden a ser colombianos con residencia legal, sobre todo en España, Italia, Grecia, Suiza y Suecia. También hay algunas organizaciones locales, como la danesa Fighters and Lovers Association (Asociación Guerreros y Amantes), que prácticamente no cuentan con simpatías en el grueso de la sociedad europea. Sin embargo, estas redes han denunciado activamente al gobierno colombiano y han hecho cabildeo para aumentar la presión contra éste en foros internacionales.
Durante las conversaciones de paz de 1999-2002 con el gobierno de Pastrana, el “frente internacional” trató de ampliar los contactos y las operaciones de los in-surgentes. Sin embargo, la meta estratégica de las FARC de obtener reconocimiento internacional como fuerza beligerante sufrió un duro golpe con la terminación de dichas conversaciones y su inclusión en el 2002 en las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la Unión Europea y Canadá. (Estados Unidos incluyó a las FARC en su lista en 1997).
Desde mediados del 2007, las FARC, fuertemente presionadas tanto militar como políticamente por el gobierno de Uribe, han convertido en objetivo clave el canje de rehenes por prisioneros, tanto en Colombia como en el exterior. La presión internacional, sobre todo por parte del presidente francés Nicolas Sarkozy, instó a Uribe a autorizar al presiden-te venezolano Hugo Chávez para facilitar el intercambio en agosto del 2007. La participación de Chávez, incluso después de que Uribe lo desautorizó como facilitador en noviembre, su defensa de la condición beligerante de las FARC en enero del 2008 y la liberación unilateral de seis rehenes por parte del grupo guerrillero en enero y febrero del 2008 dieron a la insurgencia una plataforma política, así fuera por corto tiempo.
Las fricciones con el gobierno colombiano después del ataque contra el campamento de Reyes en marzo del 2008, así como el sesgo abierto de Chávez a favor de las FARC y la condena y presión internacionales que promovió, distanciaron a Ecuador y Venezuela del proyecto del canje. El 8 de junio de 2008, Chávez pidió inesperadamente a las FARC que abandonaran la guerra de guerrillas y liberaran incondicionalmente a todos los rehenes. Luego hubo una declaración similar del presidente Rafael Correa, ofreciendo a Ecuador como lugar para realizar las negociaciones de paz. Después de la Operación Jaque, otra vez los dos presidentes vecinos, junto con el cubano Fidel Castro, pidieron a las FARC liberar a todos los secuestrados.
Luego del ataque contra el campamento de Reyes, los militares ecuatorianos iniciaron un proceso de modernización con la compra de nuevos equipos de vigilancia e interdicción para emplazar en su frontera norte con Colombia. Ecuador también implementó una nueva estrategia de defensa tendiente a negar santuario a las FARC o a otros grupos armados ilegales colombianos. Venezuela no ha tenido una respuesta semejante en sus fronteras con Colombia. El mencionado asesinato de once diputados del Valle del Cauca en junio de 2007, así como el vergonzoso incidente de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, a comienzos del 2008, el rescate de rehenes mediante la Operación Jaque y la fuga del ex congresista Óscar Lizcano el 26 de octubre de 2008, debilitaron aún más los esfuerzos políticos de las FARC.
Contra este telón de fondo, las FARC se han visto forzadas a adoptar una estrategia más moderada con respecto al intercambio de rehenes por prisioneros. En un comunicado fechado el 5 de julio de 2008, reconocieron el éxito de la Operación Jaque del gobierno pero siguieron propugnando el canje, sorprendentemente sin mencionar la desmilitarización de los municipios de Florida y La Pradera (departamento del Valle del Cauca), que antes había sido una precondición. En una res-puesta de fines de octubre del 2008 a una carta abierta enviada el 11 de septiembre por la senadora Piedad Córdoba y un grupo de más de cien académicos, políticos y representantes de la sociedad civil colombianos autodenominados Colombianos y Colombianas por la Paz, el Secretariado aceptó iniciar un intercambio epistolar con la sociedad civil con el fin de buscar alternativas para llegar a un acuerdo.
En su segunda carta, el grupo de ciudadanos pidió a las FARC que pusieran fin a los secuestros. La respuesta del 17 de diciembre de las FARC, divulgada cuatro días después, defendió su exigencia del estado de beligerancia y justificó el secuestro de miembros de las fuerzas de seguridad, políticos y civiles como una manera de financiar la lucha. La respuesta de las FARC también aludió a la posibilidad de abandonar en algún momento la práctica del secuestro y anunció la liberación unilateral de otros seis rehenes, entre ellos el ex diputado del Valle del Cauca Sigifredo López y el ex gobernador del Meta Alan Jara.
Si bien esta segunda liberación unilateral de rehenes puede haber sido interpretada por una gran parte de la organización como que las FARC cedieron ante la presión del gobierno y su determinación de liberar a los secuestrados por la fuerza, el Secretariado parece haberla entendido como la única manera de recuperar algo de credibilidad política. En comunicaciones subsiguientes, incluidos los mensajes de Año Nuevo del Secretariado y de Cano a las tropas –del 22 y el 26 de diciembre respectivamente–, el alto mando no se refirió al tema, y más bien puso énfasis en la lucha política como complemento de la estrategia militar.
En su tercera carta a Colombianos y Colombianas por la Paz, fechada el 30 de diciembre y publicada el 7 de enero de 2009, las FARC enfatizaron sus objetivos políticos haciendo un llamado a los “países amigos”, además de al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a organizaciones de la sociedad civil, para que sirvieran de garantes en la liberación unilateral de rehenes. En los días siguientes, el gobierno aceptó la propuesta del CICR de utilizar helicópteros de la fuerza aérea brasileña en la liberación. Según una fuente cercana a los sucesos, Brasil cumplía con los criterios de ser un país vecino con aeronaves y tripulaciones capaces de volar en la difícil topografía de Colombia.
La decisión de liberar unilateralmente a los rehenes pone de manifiesto que en la dirigencia de las FARC existe un grado de cohesión política y capacidad para actuar. Fue Cano quien anunció la liberación, pero los rehenes estaban en manos del bloque oriental y el comando conjunto de occidente, lo que indica una decisión consensual. Las FARC parecen haber decidido realizar un canje de rehenes por prisioneros que incluye únicamente a oficiales de las fuerzas de seguridad, a quienes consideran prisioneros de guerra. En un comunicado fechado el 18 de diciembre, el miembro del Secretariado Pablo Catatumbo, el comandante y amigo más cercano a Cano, fue nombrado jefe de la comisión de tres hombres encargada de negociar el acuerdo con el gobierno.
III. La estrategia gubernamental
A. Los gobiernos anteriores
Desde comienzos de la década de 1980, los distintos gobiernos han intentado diseñar e implementar una es-trategia militar y política exitosa para solucionar el conflicto con las FARC, pero en últimas todos han fra-casado. En especial, los gobiernos de los presidentes César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998) trataron de presionar a los insurgentes lanzando operaciones contra el Secretariado y otros dirigentes en los principales bastiones del grupo. Sin embargo, estas ofensivas obedecieron sobre todo a la falta de resultados en la mesa de negociaciones o constituyeron un esfuerzo por ganar aprobación popular, en vez de ser parte de una estrategia de largo plazo para ampliar la presencia estatal y el Estado de derecho en el país y lograr una paz duradera. Los miembros del Secretariado evadieron los ataques, los guerrilleros se trasladaron a otras regiones y las FARC volvieron con refuerzos para propinar golpes contra las fuerzas de seguridad.
En los años noventa y comienzos de la década del 2000, los grupos paramilitares ilegales contuvieron a las FARC y en muchas regiones las hicieron retroceder. Sobre todo en el norte, las AUC ocuparon territorios, asesinaron a supuestos simpatizantes de la guerrilla y milicianos, y utilizaron tácticas de terror para intimidar a la población. Al mismo tiempo, desarrollaron una imagen de fuerza contrainsurgente que sólo estaba respondiendo a la brutalidad de las FARC y el ELN, obteniendo el apoyo de las élites políticas y económicas regionales para su labor. Sin embargo, después de la desmovilización de las AUC (2003-2006), se fue haciendo cada vez más evidente que la prioridad de los paramilitares no había sido la simple derrota de la guerrilla. Hubo enfrentamientos a gran escala con los insurgentes, pero en muchos casos fue-ron el resultado del intento de los paramilitares por controlar áreas estratégicas para desarrollar operaciones de narcotráfico y otras actividades ilegales. Algunos bloques paramilitares buscaron la colaboración con frentes de las FARC con base en una división territorial tácita y acuerdos en materia de negocios.
Los esfuerzos del gobierno por lograr una victoria mi-litar contra las FARC se han visto obstaculizados por las grandes dificultades que plantea la contención del cultivo de coca y el narcotráfico. Desde comienzos de los años ochenta, la principal fuente de ingresos de los insurgentes ha sido la droga. Antes del 2000, los gobiernos percibían el crecimiento de las FARC y el narcotráfico como dos cosas separadas. Las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en desmantelar las organizaciones narcotraficantes, mientras las FARC extendían su presencia y su control en zonas de cultivos de coca y trabajaban mano a mano con los micro carteles emergentes, adquiriendo así los medios para comprar las armas que requerían en el mercado negro internacional.
Desde comienzos de la década de 1980 hasta la posesión de Uribe como presidente en el 2002, todos los gobiernos colombianos buscaron, de una u otra forma, negociar con las FARC. A menudo se vieron constreñidos en este propósito por la falta de apoyo de la opinión pública y, de hecho, por la oposición abierta de influyentes actores políticos, económicos y militares a cualquier tipo de acercamiento. En 1998, frente a una situación mi-litar seriamente adversa que amenazaba con salirse de las manos, el candidato presidencial del Partido Con-servador, Andrés Pastrana, enfatizó las negociaciones como un componente clave de su campaña tras quedar en segundo lugar después del candidato liberal Horacio Serpa en la primera vuelta electoral. En esa época las FARC eran tan fuertes que podían lanzar grandes ataques contra las fuerzas del gobierno y bases militares. Pastrana aplicó una estrategia de dos niveles a esta difícil situación: buscó modernizar y fortalecer a las fuerzas de seguridad mediante la cooperación de Estados Unidos en el Plan Colombia, pero también poner fin al conflicto entablando lo que finalmente resultaron ser conversaciones de paz infructuosas.
Como presidente electo, Pastrana se reunió con los miembros del Secretariado de las FARC Manuel Marulanda y el Mono Jojoy y, ya siendo presidente, estableció una zona desmilitarizada (zona de distensión o despeje) que abarcaba cinco municipios en el sur como concesión a los insurgentes. Pese a haber acordado una agenda común, las conversaciones nunca llegaron a la etapa de verdaderas negociaciones de paz. Las FARC parecían estar más interesadas en mantener vivas las conversaciones mientras se fortalecían. Recurrieron al argumento de la falta de acción efectiva por parte del gobierno para impedir la propagación de la violencia paramilitar con el fin de impedir avances importantes en las conversaciones. Pastrana amplió la duración de la zona de distensión once veces, pero finalmente suspendió las conversaciones en febrero del 2002.
B. ¿Qué es diferente con Uribe?
Con base en el Plan Colombia y el comienzo de la modernización militar en 1999, Uribe buscó establecer una política de seguridad a largo plazo, su Política de Seguridad Democrática (PSD). Como primera medida, concentró los esfuerzos en recuperar el control sobre las zonas cercanas a los grandes centros urbanos, autopistas e infraestructura. En el 2002-2003, las fuerzas de seguridad lanzaron una serie de ofensivas que expulsaron a las FARC de lugares estratégicos en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia. El esfuerzo del 2004-2006 se concentró en el sur. La operación “Plan Patriota” desplegó una fuerza de 17.500 efectivos en acciones a gran escala contra bastiones de los frentes y columnas móviles de las FARC en zonas de selva tropical densa en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Sin embargo, luego de haber forzado a las FARC a emprender un “repliegue estratégico”, la ofensiva pareció haber alcanzado sus límites en el 2005-2006. Antes de las elecciones presidenciales de mayo del 2006, las FARC respondieron con emboscadas mortales y otros ataques contra las fuerzas de seguridad, los gobiernos locales y la sociedad civil.
Uribe reconoció la necesidad de que las fuerzas de seguridad se adaptaran a las nuevas circunstancias y redujeran su vulnerabilidad a la táctica de ataques rápidos con repliegue inmediato. Su rápido crecimiento de 307.000 efectivos en el 2002 a casi 404.000 en el 2007 no había sido compensado con un aumento similar en el entrenamiento y número de oficiales de mando y con el ajuste de los procedimientos operacionales, y el resultado fue el debilitamiento de las estructuras de mando y control. Además, el elemento sorpresa se había perdido: los combates iniciados por el ejército se redujeron de más de 1.250 en el 2003 a menos de 1.050 en el 2005. El gobierno se dio cuenta de que no iba a bastar con forzar a las FARC a replegarse. Se requerían una mayor coordinación entre el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía, un mejor entrenamiento de las fuerzas de élite, el fortalecimiento de la capacidad táctica, logística y técnica y mejor recolección, análisis e intercambio de inteligencia, así como la deserción de más guerrilleros de las FARC, con el fin de debilitar la cohesión interna de la insurgencia y propinar golpes a sus estructuras de mando y financieras, que hasta entonces no habían sido tocadas.
El gobierno finalmente reconoció que, si las fuerzas de seguridad no eran capaces de consolidar su presencia y apoyar el restablecimiento del Estado de derecho en el territorio recuperado, los avances militares sólo iban a ser temporales. En el 2007 lanzó su Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) con el objetivo de expandir la presencia de las fuerzas de seguridad en áreas remotas, para dar un sustento a las instituciones civiles estatales, sobre todo las del sector de la justicia, y a los programas integrados de inversión social, como la inversión en infraestructura rural y alternativas económicas al cultivo de la coca.
Desde el año 2000, cuando se lanzó el Plan Colombia, el gobierno ha combinado sus estrategias de contrainsurgencia y antinarcóticos. Según informes oficiales, las operaciones militares sostenidas han golpeado seriamente las actividades de narcotráfico de las FARC. Sin embargo, los resultados globales del Plan Colombia en lo que respecta a disminuir el narcotráfico son pobres. Pese a la fumigación aérea de más de un millón de hectáreas en el país desde el año 2002 y a los niveles cada vez más altos de la erradicación manual, las áreas de cultivo de coca disminuye-ron de 165.000 a 76.000 hectáreas entre el 2003 y el 2006 pero volvieron a aumentar a 99.000 hectáreas en el 2007. Los flujos de cocaína permanecieron constantes en la medida en que la producción potencial se estabilizó en cerca de 600 toneladas en el 2006-2007. Las incautaciones bajaron de 140 toneladas en el 2006 a 128 toneladas en el 2007, pero registraron un fuerte aumento a 206 toneladas en el 2008.
Los éxitos militares de Uribe y su posición general de firmeza con las FARC le han permitido mantener un alto nivel de apoyo. Sectores económicos poderosos han financiado gran parte de la estrategia militar mediante el pago, en dos ocasiones, de un impuesto al patrimonio, que se calcula asciende a más de nueve billones de pesos colombianos (unos US$4.000 millones), primero en el 2003 y luego en un período de cuatro años (2007-2010).
La línea oficial es que las FARC sólo negociarán con seriedad si están militarmente debilitadas hasta el punto en que no tengan posibilidades de recuperación. Aunque Uribe ha dicho en algunas ocasiones que estaría dispuesto a conversar sobre una asamblea constituyente una vez que las FARC acepten deponer las armas y desmovilizarse, es claro que prefiere una rendición sin condiciones y un proceso judicial amparado por la Ley de Justicia y Paz (LJP) similar al proceso con las AUC, en vez de negociar una agenda política sustantiva con las FARC. Uribe ha lanzado una campaña nacional e internacional para desacreditar las aspiraciones políticas de las FARC y negar cualquier justificación de su lucha armada, argumentando que Colombia es una democracia en donde cualquier grupo puede aspirar al poder median-te una actividad política pacífica. Se refiere constantemente a las FARC como a “un grupo terrorista” porque utiliza métodos proscritos por el derecho internacional humanitario.
Los funcionarios también describen a las FARC como un simple “grupo narcoterrorista” desprovisto de aspiraciones políticas. Al mismo tiempo, afirman que la mayor parte de sus demandas durante las negociaciones con el gobierno de Pastrana, incluida la desmovilización de los paramilitares, ya se han cumplido. En una gira por capitales europeas a comienzos del 2008, Uribe obtuvo garantías de que la UE no retiraría a las FARC de su lista de organizaciones terroristas.
Aunque el gobierno de Uribe ha buscado fórmulas para lograr la liberación de los secuestrados, también ha tratado de minimizar cualquier ventaja política o estratégica que pudieran obtener las FARC con la promoción de un canje de rehenes por prisioneros, negándose a establecer una zona desmilitarizada para realizar las conversaciones y exigiendo la garantía de que los guerrilleros de las FARC liberados de las cárceles no vuelvan a empuñar las armas. El 27 de marzo de 2008, el gobierno expidió un decreto en que autorizaba la liberación de insurgentes en las cárceles, incluidos los responsables de delitos graves como el secuestro, si las FARC liberaban secuestrados. El gobierno francés aceptó conceder asilo político temporal a insurgentes liberados. Según fuentes cercanas al proceso, las FARC manifestaron interés en esta fórmula, que no incluía una zona des-militarizada.
Al mismo tiempo, para presionar una liberación unilateral, el gobierno ordenó a las fuerzas de seguridad formar un “cerco humanitario” alrededor de las áreas selváticas y montañosas en donde las FARC mantenían a los secuestrados. Sin embargo, mientras los delega-dos de Francia y Suiza buscaban establecer contacto con las FARC para discutir los detalles en junio, el gobierno realizó la Operación Jaque. Esa operación se cuestionó porque fue camuflada como un esfuerzo humanitario en el que el uso del emblema del CICR violó el derecho internacional. También parece que el gobierno de Uribe utilizó a los facilitadores suizo y francés –a quienes en esa época se autorizó para establecer con-tacto con la comandancia de las FARC para sentar las bases para un nuevo intercambio de rehenes por prisioneros– con el fin de confundir a los insurgentes. Con el dramático rescate de quince rehenes, entre los que se contaban Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, el gobierno volvió a tener la ventaja, al propinar un fuerte golpe a las FARC y aliviar la presión internacional a favor de un canje.
A comienzos de febrero del 2009, el gobierno aceptó la participación del CICR y el apoyo logístico de Brasil como única facilitación internacional para una liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC. Esto se produjo casi tres años después de haber pedido el establecimiento de una comisión de facilitación que incluyera a Francia, Suiza y España, pero re-presentó un cambio con respecto al anuncio de media-dos de julio del 2008 que había indicado la voluntad de establecer un contacto directo con los rebeldes para negociar un intercambio de rehenes por prisioneros sin ayuda exterior.
Sin embargo, en un intento por desacreditar la facilitación internacional inmediatamente después de la Operación Jaque, el gobierno utilizó información recuperada de los computadores de Raúl Reyes para acusar públicamente a los facilitadores suizo y francés de ser pro-FARC, de haber hecho mandados para los insurgentes desde el 2000 y de no haber logrado nada con su facilitación. El ciudadano suizo Jean Pierre Gontard está siendo procesado judicialmente por haber presuntamente transportado de manera ilegal un rescate de US$500.000 por secuestro para las FARC en el 2001. También se han abierto investigaciones judiciales contra varios ex facilitadores colombianos, entre ellos la senadora Piedad Córdoba, Álvaro Leyva y Carlos Lozano.
IV. Las perspectivas
La resistencia de las FARC está siendo puesta a prueba por siete años de ofensivas militares sostenidas que claramente las han debilitado. Sin embargo, las evidencias hacen pensar que los insurgentes no están próximos a ser derrotados en el corto o inclusive el mediano plazo, y que la mejor opción para el gobierno de Uribe sería complementar la presión militar persistente con una estrategia integral tendiente a establecer negociaciones de paz, acentuar los esfuerzos por proteger los derechos humanos, expandir el Estado de derecho en el país y mejorar la protección de las poblaciones vulnerables.
A. Los puntos débiles de la estrategia de Uribe
Adoptar ese curso de acción requeriría cambios de política. La actual estrategia de impedir las conversaciones políticas afronta numerosos problemas. Uribe no ha actuado con rapidez para nombrar un re-emplazo de su comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien renunció el 12 de marzo para presentarse a elecciones en el 2010. Por otra parte, el intento de seguir debilitando las estructuras de mando y control de las FARC mediante la deserción de guerrilleros afronta incertidumbres legales.
El gobierno ha demostrado interés en utilizar la Ley de Justicia y Paz (LJP) para fomentar la entrega y la des-movilización de guerrilleros individuales y de grupos escindidos de insurgentes. El 27 de febrero de 2009 ex-pidió el Decreto No. 614, que lo faculta para pedir a las autoridades judiciales que suspendan las órdenes de captura contra miembros de los grupos armados ilegales que ayuden a lograr “acuerdos humanitarios”, a saber, la liberación de secuestrados. Poco después, se valió de este decreto para liberar de la cárcel a dos comandantes que habían desertado, “Karina” y “Olivo Saldaña”, justificando la medida con base en que ambos habían aceptado dejar la lucha armada y convertirse en “gestores de paz” para promover otras deserciones. Sin embargo, al gobierno se le ha criticado por no tener en cuenta los derechos de sus víctimas.
El Decreto No. 614 vino con el anuncio de un proyecto de ley de reforma que permitiría que los combatientes desmovilizados recibieran sentencias alternativas bajo la LJP si confiesan todos los crímenes cometidos antes del día de su desmovilización. Esto se produjo tres días después de un fallo de la Corte Suprema que prácticamente prohibía el uso de la LJP para alentar desmovilizaciones de las FARC. La Corte concluyó que las sentencias alternativas bajo la LJP sólo son posibles en los casos de confesión de crímenes cometidos antes del 25 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia la ley. Específicamente, falló que 120 guerrilleros desmovilizados o encarcelados que han pedido ser juzgados bajo la LJP, entre ellos Karina, Olivo Saldaña y otro miembro de alto rango de las FARC, “Martín Sombra”, deben ser juzgados y sentenciados bajo la ley penal ordinaria por crímenes cometidos después del 25 de julio de 2005.
Sin embargo, el problema de la LJP no es la única dificultad. El número de deserciones y desmovilizaciones depende en gran medida de la capacidad del gobierno de cumplir las iniciativas que prometió a los ex combatientes. Desde febrero del 2009, el pro-grama manejado por la Alta Consejería para la Reinserción (ACR) ha acogido a 50.000 ex paramilitares e insurgentes, pero es posible que su sostenibilidad financiera a largo plazo corra riesgo debido al número cada vez mayor de ex guerrilleros de las FARC y el ELN, que ya suman el 35 por ciento del total. La ACR también tendrá que reforzar la capacitación que ofrece para mejorar las posibilidades de reinsertar a los ex guerrilleros a la sociedad y darles oportunidades para que tengan vidas normales.
Las violaciones de los derechos humanos por parte de agentes estatales siguen suscitando gran preocupación, y los esfuerzos por consolidar la presencia de las fuerzas de seguridad y el Estado de derecho en zonas de conflicto todavía están en una etapa temprana. La institución que debe coordinar las actividades de varias instituciones estatales en las regiones (Centro de Coordinación de Acción Integral, CCAI) se ha demorado en empezar su trabajo. Aunque es una parte central de la estrategia de consolidación de la seguridad del gobierno, todavía le falta una base legal e institucional clara. Sólo está realizando actividades en 62 de 1.098 municipios en once regiones de alta prioridad. Las cifras oficiales indican mejoramientos en materia de infraestructura básica, educación y salud, así como en seguridad en sus áreas prioritarias.
El Centro de Fusión Integral en la región de La Macarena (departamento del Meta) se estableció con aportes del Ministerio de Defensa y cooperación de Estados Unidos. Forma parte del esfuerzo del gobierno para promover la inversión en proyectos básicos de infraestructura y desarrollo con el fin de fomentar la erradicación voluntaria de cultivos de coca y el cambio a cultivos alternativos. Hasta el momento se han invertido más de US$43 millones, y se tiene la intención de replicar la experiencia en otras regiones del país.
Sin embargo, fuentes locales en el Meta le comenta-ron a Crisis Group que algunas comunidades siguen temiendo un resurgimiento de las FARC si el gobierno cumple la promesa de contar con una presencia permanente del CCAI. Además, la gobernabilidad civil local y la descentralización a nivel municipal podrían estar en riesgo debido a la participación excesiva de las fuerzas de seguridad en muchos programas, así como a los poderes ejecutivos y financieros ampliados de los jefes regionales (“padrinos”). Sus voluminosos presupuestos y su falta de visión de construcción de Estado a largo plazo ponen a los gobiernos regionales y locales a su merced en materia de obras públicas e inversión, sin que se creen las condiciones para fortalecer de manera permanente la autoridad y la capacidad de gestión. Una fuente que trabaja en estrecho contacto con comunidades locales e indígenas en Putumayo, Arauca y en la costa Caribe le dijo a Crisis Group que los jefes regionales del CCAI llegan con proyectos de desarrollo –a menudo de biocombustibles y agroindustrias– diseñados en Bogotá que no tienen en cuenta las necesidades e iniciativas comunitarias locales, muchas veces lideradas por mujeres.
B. El tema de los rehenes
Después de la Operación Jaque, la fuga de Óscar Lizcano y las marchas cívicas masivas contra el secuestro, el gobierno abrigó la esperanza de que el Secretariado de las FARC se sintiera presionado a liberar a todos los secuestrados –políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y “económicos”– sin condiciones. Sin embargo, la iniciativa de Colombianos y Colombianas por la Paz de intercambiar cartas abiertas con las FARC, así como la subsiguiente libe-ración unilateral de seis rehenes por parte de la guerrilla, reabrió el debate sobre el canje. Esto se produjo en medio de una creciente preocupación de la opinión pública sobre el futuro del país, escándalos en torno a asesinatos extrajudiciales y otros abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y multitudinarias protestas sociales en el suroccidente del país. El gobierno de Uribe ha minimizado la importancia de las protestas sociales al afirmar que fueron infiltradas por las FARC con la intención de desestabilizar al gobierno.
Cano y los demás miembros del Secretariado están tratando de demostrar que no están divididos en torno a temas fundamentales y que las decisiones importantes se siguen tomando por consenso. Los atentados recientes con bombas en Bogotá y Cali, las embosca-das a las fuerzas de seguridad y los ataques contra comunidades acusadas de falta de compromiso con las FARC podrían tener como fin reforzar la moral del movimiento, dándoles a los guerrilleros la impresión de que la organización todavía puede tomar la iniciativa después de los golpes recibidos en el 2008.
Al mismo tiempo, los intercambios de misivas con Colombianos y Colombianas por la Paz dejan ver que las FARC también intentan rebarajar sus opciones políticas. El Secretariado ha tomado conciencia de que su obstinación en lo que respecta a retener civiles secuestrados, así como oficiales del ejército y la policía, durante varios años –en muchos casos más de un decenio– ha dañado grandemente su credibilidad tanto en Colombia como en el exterior. Tras haber perdido o entregado a sus rehenes políticos, la dirigencia está insistiendo en su demanda de un canje de “prisioneros de guerra” en el que se intercambiarían 22 oficiales y suboficiales de la policía y el ejército por 500 miembros de las FARC actualmente en la cárcel. Aunque abandonó la exigencia de una zona desmilitarizada para negociar el acuerdo, todavía están lejos de aceptar poner fin al secuestro por razones políticas y económicas y parecen no dejarse impresionar por los más de 1.000 guerrilleros de las FARC hoy en día en prisión que han firmado cartas rechazando su inclusión en una lista de intercambio, si eso significa ser reciclados dentro del conflicto.
El próximo objetivo de la senadora Piedad Córdoba, la promotora más categórica de Colombianos y Colombianas por la Paz, es un “intercambio humanitario de prisioneros”, cuyos pormenores, incluidos los números y las identidades de los insurgentes que serían liberados y los mecanismos para hacerlo, serían negociados por las dos partes. Según una fuente, el siguiente objetivo, aún más ambicioso, sería persuadir a las FARC de abandonar la práctica del secuestro y liberar a los aproximadamente 700 secuestrados “económicos” que retiene en cautiverio. La iniciativa para fomentar el intercambio ha recibido el fuerte apoyo de los políticos recientemente liberados, sobre todo Alan Jara y Sigifredo López.
Colombianos y Colombianas por la Paz podría evolucionar de un grupo suelto de individuos que envían cartas abiertas a los rebeldes a un grupo defensor independiente y fuerte de lo que la sociedad exige tanto al gobierno como a las FARC para que emerja una hoja de ruta factible hacia la paz. Sin embargo, incluye a muchas personalidades prominentes, que se cuentan entre los críticos más duros de Uribe, como Carlos Lozano, Iván Cepeda, Jorge Enrique Botero y Daniel Samper. Una nueva liberación exitosa de rehenes, y aún más el compromiso de las FARC de poner fin a la práctica del secuestro, probablemente alentarían las ambiciones políticas de muchas de ellas en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales del 2010. En especial, Córdoba podría ser lanzada a las consultas primarias para la nominación presidencial del Partido Liberal. Si la agrupación se convierte en una plataforma política, podría ser inca-paz de tender puentes entre el gobierno y las FARC.
Los sucesos que rodearon la liberación de tres policías y un soldado el 1° de febrero como parte de la liberación unilateral de seis rehenes por parte de las FARC a comienzos del 2009, iniciaron un debate acalorado sobre el uso que los miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz, los insurgentes y el gobierno dieron a esta liberación. Los índices de popularidad siempre altos de Uribe se sustentan en su firme postura contra las FARC, de modo que su gobierno teme que cualquier concesión que les dé a los insurgentes un margen de maniobra podría perjudicarlo a la luz de las elecciones del 2010. Respondió a las liberaciones unilaterales con medidas tendientes a reducir una posible ganancia política de las FARC. El 12 de febrero Uribe cerró las puertas al intercambio o a conversaciones futuras a menos que las FARC aceptaran liberar unilateralmente a todas las víctimas, ordenó reforzar las operaciones para rescatar a los secuestrados y criticó el “discurso de paz” del “bloque intelectual de las FARC” –una alusión velada a Colombianos y Colombianas por la Paz– como intentos de “confundir al país”. En parte, es probable que haya sido alentado por los actos violentos cometidos por las FARC antes y después de las liberaciones, y quizá también por la demanda de Cano en su última carta a Piedad Córdoba en el sentido de que el intercambio de “prisioneros de guerra” incluyera a los comandantes Ricardo Palmera (alias “Simón Trinidad”) y Anayibe Rojas (alias “Sonia”), ambos pagando condena en cárceles de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
C. Apoyo internacional
Las contribuciones del CICR y de Brasil a las liberaciones de comienzos del 2009 han revivido la posibilidad de que otros países le ayuden a Colombia a explorar nuevos esfuerzos de paz, incluso si en Bogotá ese interés se ha menguado considerablemente. Brasil y Chile, que tienen la diplomacia más profesional en Suramérica, serían quizá los mejores candidatos. Después de las liberaciones de febrero, el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, ofreció apoyo logístico para cualquier nueva misión humanitaria aprobada por el gobierno colombiano. Fuentes que participan en esfuerzos por lograr un canje de rehenes por prisioneros le dijeron a Crisis Group que Brasil y posiblemente Chile estarían dispuestos a facilitar la liberación de rehenes si Bogotá aceptaba. A Francia y a Noruega les interesaría apoyar a Brasil y Chile como facilitadores.
Aunque el gobierno tiene resquemores con respecto a las simpatías por las FARC en algunos sectores socia-les y políticos en Brasil y Chile, últimamente Uribe se ha ganado el apoyo de los presidentes de ambos países. Brasil firmó la renovación de un acuerdo de cooperación bilateral con Colombia y Perú el 20 de julio de 2008, que incluye procedimientos para vigilancia fronteriza conjunta. El acercamiento continuó después de que Colombia se unió a la iniciativa Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR), liderada por Brasil y actualmente presidida por Chile, que tendrá un órgano regional de coordinación de seguridad, el Consejo de Defensa Suramericano. Colombia obtuvo la garantía de que UNASUR no apoyará de ninguna manera a grupos armados ilegales.
El 17 de febrero de 2009, Uribe hizo por primera vez un viaje estatal a Brasil para conversar con el presidente Da Silva sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en todos los niveles. Como señal de su confianza creciente, crearon una comisión bilateral de ministros de relaciones exteriores que deberá reunirse en Colombia en el primer semestre de 2009, y de ahí en adelante anualmente. La comisión de vecindad Brasil-Colombia sobre temas fronterizos tiene programado reunirse en el segundo semestre del año. El desarrollo, con miras a construir confianza, de comunicaciones directas rápidas y seguras entre los presidentes de Colombia y Brasil, y posiblemente Chile, así como entre sus ministros de Relaciones Exteriores, podría contribuir a sentar las bases para una facilitación regional tendiente a poner fin al prolongado conflicto con las FARC.
V. Conclusión
Pese a la histórica resistencia de las FARC y a que ha demostrado su capacidad de superar reveses militares y políticos, la estrategia del presidente Uribe, consistente en lograr una victoria militar y poner fin al conflicto sin negociaciones políticas, empezó a tener resultados visibles en el 2007. El gobierno confía en que nuevos ataques contra la estructura de mando y control de los insurgentes, operaciones sostenidas en sus bastiones y la creciente tasa de deserciones quebrarán poco a poco el espinazo de las FARC. Con el tiempo, las unidades se desmoronarán o se escindirán en facciones a las que quizá les interese negociar su desarme, desmovilización y reinserción (DDR). Los miembros restantes del Secretariado de las FARC y las facciones de línea dura quedarían entonces más aislados, tanto militar como políticamente, y por consiguiente sería más fácil derrotarlos.
La gran popularidad de Uribe se basa en buena medida en su postura firme contra las FARC. Sus prioridades políticas a la luz de las elecciones presidenciales del 2010 y su convicción de que los insurgentes volverían a aprovechar cualquier pausa política para fortalecerse en vez de negociar en serio le dan pocos motivos para asignar a una estrategia política el mismo peso que asigna a su política de seguridad.
Pero las FARC se han ido adaptando a las circunstancias más difíciles con cierto éxito, y varios de sus frentes tienen capacidad para resistir ofensivas en regiones claves, sobre todo en lo alto de las cordilleras y en las selvas tropicales en la costa Pacífica y en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá. En estos lugares la estrategia de consolidación de la seguridad del gobierno es incipiente en el mejor de los casos, y el dinero del narcotráfico sigue alimentando el conflicto. Incluso si algunas unidades terminaran por escindirse, en parte como resultado del nuevo sistema más descentralizado que les da mayor autonomía, la comandancia liderada por Alfonso Cano no parece tener ninguna intención de rendirse como resultado de la persistente presión militar. Además, si la estrategia del gobierno de fraccionar a las FARC en piezas más fáciles de desmovilizar llegara a tener éxito, entraña el serio riesgo de impulsar a los grupos escindidos resultantes, no a ingresar a un programa de DDR, sino a cooperar más estrechamente con bandas del crimen organizado y con los NGAI.
Es importante sostener la presión militar, pero el gobierno también debe acentuar sus esfuerzos por buscar una negociación con una comandancia rebelde que aún funciona. Así mismo, debe mantener abiertas todas las opciones para la liberación de los secuestrados restantes, incluido un intercambio de rehenes por prisioneros. El establecimiento de canales de comunicación y la construcción de confianza con el Secretariado de las FARC podrían beneficiarse del apoyo neutral y ya comprobado de actores internacionales, como el CICR, Brasil y posiblemente Chile.
En un esfuerzo por atraer a una base popular más amplia en América Latina, las FARC se han acerca-do más a la ideología bolivariana. Aunque su re-interpretación del pensamiento de Simón Bolívar a través de un lente marxista-leninista es propia, su promoción como parte de la agenda “antiimperialista” y de unidad latinoamericana de las FARC tiene como fin abrirle puertas en los países vecinos.
El miembro del Secretariado Iván Márquez dirige el “frente internacional” de las FARC. Junto con Cano, fue uno de los creadores de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) en el 2003. Según las autoridades colombianas, los computadores confiscados tras las muertes de Raúl Reyes e Iván Ríos contenían comunicaciones internas del Secretariado que indicaban una relación más cercana de lo esperado entre las FARC y la CCB. Aunque los grupos de la CCB no tienen mucho apoyo popular en América Latina, están conectados mediante operadores políticos que comparten información y se reúnen con regularidad.
Desde el establecimiento del “frente internacional” bajo Reyes a comienzos de la década de 1990, las FARC han ido construyendo pacientemente una red de con-tactos en América Latina y Europa que defiendan su lucha. En Europa, estos contactos tienden a ser colombianos con residencia legal, sobre todo en España, Italia, Grecia, Suiza y Suecia. También hay algunas organizaciones locales, como la danesa Fighters and Lovers Association (Asociación Guerreros y Amantes), que prácticamente no cuentan con simpatías en el grueso de la sociedad europea. Sin embargo, estas redes han denunciado activamente al gobierno colombiano y han hecho cabildeo para aumentar la presión contra éste en foros internacionales.
Durante las conversaciones de paz de 1999-2002 con el gobierno de Pastrana, el “frente internacional” trató de ampliar los contactos y las operaciones de los in-surgentes. Sin embargo, la meta estratégica de las FARC de obtener reconocimiento internacional como fuerza beligerante sufrió un duro golpe con la terminación de dichas conversaciones y su inclusión en el 2002 en las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la Unión Europea y Canadá. (Estados Unidos incluyó a las FARC en su lista en 1997).
Desde mediados del 2007, las FARC, fuertemente presionadas tanto militar como políticamente por el gobierno de Uribe, han convertido en objetivo clave el canje de rehenes por prisioneros, tanto en Colombia como en el exterior. La presión internacional, sobre todo por parte del presidente francés Nicolas Sarkozy, instó a Uribe a autorizar al presiden-te venezolano Hugo Chávez para facilitar el intercambio en agosto del 2007. La participación de Chávez, incluso después de que Uribe lo desautorizó como facilitador en noviembre, su defensa de la condición beligerante de las FARC en enero del 2008 y la liberación unilateral de seis rehenes por parte del grupo guerrillero en enero y febrero del 2008 dieron a la insurgencia una plataforma política, así fuera por corto tiempo.
Las fricciones con el gobierno colombiano después del ataque contra el campamento de Reyes en marzo del 2008, así como el sesgo abierto de Chávez a favor de las FARC y la condena y presión internacionales que promovió, distanciaron a Ecuador y Venezuela del proyecto del canje. El 8 de junio de 2008, Chávez pidió inesperadamente a las FARC que abandonaran la guerra de guerrillas y liberaran incondicionalmente a todos los rehenes. Luego hubo una declaración similar del presidente Rafael Correa, ofreciendo a Ecuador como lugar para realizar las negociaciones de paz. Después de la Operación Jaque, otra vez los dos presidentes vecinos, junto con el cubano Fidel Castro, pidieron a las FARC liberar a todos los secuestrados.
Luego del ataque contra el campamento de Reyes, los militares ecuatorianos iniciaron un proceso de modernización con la compra de nuevos equipos de vigilancia e interdicción para emplazar en su frontera norte con Colombia. Ecuador también implementó una nueva estrategia de defensa tendiente a negar santuario a las FARC o a otros grupos armados ilegales colombianos. Venezuela no ha tenido una respuesta semejante en sus fronteras con Colombia. El mencionado asesinato de once diputados del Valle del Cauca en junio de 2007, así como el vergonzoso incidente de Emmanuel, el hijo de Clara Rojas, a comienzos del 2008, el rescate de rehenes mediante la Operación Jaque y la fuga del ex congresista Óscar Lizcano el 26 de octubre de 2008, debilitaron aún más los esfuerzos políticos de las FARC.
Contra este telón de fondo, las FARC se han visto forzadas a adoptar una estrategia más moderada con respecto al intercambio de rehenes por prisioneros. En un comunicado fechado el 5 de julio de 2008, reconocieron el éxito de la Operación Jaque del gobierno pero siguieron propugnando el canje, sorprendentemente sin mencionar la desmilitarización de los municipios de Florida y La Pradera (departamento del Valle del Cauca), que antes había sido una precondición. En una res-puesta de fines de octubre del 2008 a una carta abierta enviada el 11 de septiembre por la senadora Piedad Córdoba y un grupo de más de cien académicos, políticos y representantes de la sociedad civil colombianos autodenominados Colombianos y Colombianas por la Paz, el Secretariado aceptó iniciar un intercambio epistolar con la sociedad civil con el fin de buscar alternativas para llegar a un acuerdo.
En su segunda carta, el grupo de ciudadanos pidió a las FARC que pusieran fin a los secuestros. La respuesta del 17 de diciembre de las FARC, divulgada cuatro días después, defendió su exigencia del estado de beligerancia y justificó el secuestro de miembros de las fuerzas de seguridad, políticos y civiles como una manera de financiar la lucha. La respuesta de las FARC también aludió a la posibilidad de abandonar en algún momento la práctica del secuestro y anunció la liberación unilateral de otros seis rehenes, entre ellos el ex diputado del Valle del Cauca Sigifredo López y el ex gobernador del Meta Alan Jara.
Si bien esta segunda liberación unilateral de rehenes puede haber sido interpretada por una gran parte de la organización como que las FARC cedieron ante la presión del gobierno y su determinación de liberar a los secuestrados por la fuerza, el Secretariado parece haberla entendido como la única manera de recuperar algo de credibilidad política. En comunicaciones subsiguientes, incluidos los mensajes de Año Nuevo del Secretariado y de Cano a las tropas –del 22 y el 26 de diciembre respectivamente–, el alto mando no se refirió al tema, y más bien puso énfasis en la lucha política como complemento de la estrategia militar.
En su tercera carta a Colombianos y Colombianas por la Paz, fechada el 30 de diciembre y publicada el 7 de enero de 2009, las FARC enfatizaron sus objetivos políticos haciendo un llamado a los “países amigos”, además de al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a organizaciones de la sociedad civil, para que sirvieran de garantes en la liberación unilateral de rehenes. En los días siguientes, el gobierno aceptó la propuesta del CICR de utilizar helicópteros de la fuerza aérea brasileña en la liberación. Según una fuente cercana a los sucesos, Brasil cumplía con los criterios de ser un país vecino con aeronaves y tripulaciones capaces de volar en la difícil topografía de Colombia.
La decisión de liberar unilateralmente a los rehenes pone de manifiesto que en la dirigencia de las FARC existe un grado de cohesión política y capacidad para actuar. Fue Cano quien anunció la liberación, pero los rehenes estaban en manos del bloque oriental y el comando conjunto de occidente, lo que indica una decisión consensual. Las FARC parecen haber decidido realizar un canje de rehenes por prisioneros que incluye únicamente a oficiales de las fuerzas de seguridad, a quienes consideran prisioneros de guerra. En un comunicado fechado el 18 de diciembre, el miembro del Secretariado Pablo Catatumbo, el comandante y amigo más cercano a Cano, fue nombrado jefe de la comisión de tres hombres encargada de negociar el acuerdo con el gobierno.
III. La estrategia gubernamental
A. Los gobiernos anteriores
Desde comienzos de la década de 1980, los distintos gobiernos han intentado diseñar e implementar una es-trategia militar y política exitosa para solucionar el conflicto con las FARC, pero en últimas todos han fra-casado. En especial, los gobiernos de los presidentes César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998) trataron de presionar a los insurgentes lanzando operaciones contra el Secretariado y otros dirigentes en los principales bastiones del grupo. Sin embargo, estas ofensivas obedecieron sobre todo a la falta de resultados en la mesa de negociaciones o constituyeron un esfuerzo por ganar aprobación popular, en vez de ser parte de una estrategia de largo plazo para ampliar la presencia estatal y el Estado de derecho en el país y lograr una paz duradera. Los miembros del Secretariado evadieron los ataques, los guerrilleros se trasladaron a otras regiones y las FARC volvieron con refuerzos para propinar golpes contra las fuerzas de seguridad.
En los años noventa y comienzos de la década del 2000, los grupos paramilitares ilegales contuvieron a las FARC y en muchas regiones las hicieron retroceder. Sobre todo en el norte, las AUC ocuparon territorios, asesinaron a supuestos simpatizantes de la guerrilla y milicianos, y utilizaron tácticas de terror para intimidar a la población. Al mismo tiempo, desarrollaron una imagen de fuerza contrainsurgente que sólo estaba respondiendo a la brutalidad de las FARC y el ELN, obteniendo el apoyo de las élites políticas y económicas regionales para su labor. Sin embargo, después de la desmovilización de las AUC (2003-2006), se fue haciendo cada vez más evidente que la prioridad de los paramilitares no había sido la simple derrota de la guerrilla. Hubo enfrentamientos a gran escala con los insurgentes, pero en muchos casos fue-ron el resultado del intento de los paramilitares por controlar áreas estratégicas para desarrollar operaciones de narcotráfico y otras actividades ilegales. Algunos bloques paramilitares buscaron la colaboración con frentes de las FARC con base en una división territorial tácita y acuerdos en materia de negocios.
Los esfuerzos del gobierno por lograr una victoria mi-litar contra las FARC se han visto obstaculizados por las grandes dificultades que plantea la contención del cultivo de coca y el narcotráfico. Desde comienzos de los años ochenta, la principal fuente de ingresos de los insurgentes ha sido la droga. Antes del 2000, los gobiernos percibían el crecimiento de las FARC y el narcotráfico como dos cosas separadas. Las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en desmantelar las organizaciones narcotraficantes, mientras las FARC extendían su presencia y su control en zonas de cultivos de coca y trabajaban mano a mano con los micro carteles emergentes, adquiriendo así los medios para comprar las armas que requerían en el mercado negro internacional.
Desde comienzos de la década de 1980 hasta la posesión de Uribe como presidente en el 2002, todos los gobiernos colombianos buscaron, de una u otra forma, negociar con las FARC. A menudo se vieron constreñidos en este propósito por la falta de apoyo de la opinión pública y, de hecho, por la oposición abierta de influyentes actores políticos, económicos y militares a cualquier tipo de acercamiento. En 1998, frente a una situación mi-litar seriamente adversa que amenazaba con salirse de las manos, el candidato presidencial del Partido Con-servador, Andrés Pastrana, enfatizó las negociaciones como un componente clave de su campaña tras quedar en segundo lugar después del candidato liberal Horacio Serpa en la primera vuelta electoral. En esa época las FARC eran tan fuertes que podían lanzar grandes ataques contra las fuerzas del gobierno y bases militares. Pastrana aplicó una estrategia de dos niveles a esta difícil situación: buscó modernizar y fortalecer a las fuerzas de seguridad mediante la cooperación de Estados Unidos en el Plan Colombia, pero también poner fin al conflicto entablando lo que finalmente resultaron ser conversaciones de paz infructuosas.
Como presidente electo, Pastrana se reunió con los miembros del Secretariado de las FARC Manuel Marulanda y el Mono Jojoy y, ya siendo presidente, estableció una zona desmilitarizada (zona de distensión o despeje) que abarcaba cinco municipios en el sur como concesión a los insurgentes. Pese a haber acordado una agenda común, las conversaciones nunca llegaron a la etapa de verdaderas negociaciones de paz. Las FARC parecían estar más interesadas en mantener vivas las conversaciones mientras se fortalecían. Recurrieron al argumento de la falta de acción efectiva por parte del gobierno para impedir la propagación de la violencia paramilitar con el fin de impedir avances importantes en las conversaciones. Pastrana amplió la duración de la zona de distensión once veces, pero finalmente suspendió las conversaciones en febrero del 2002.
B. ¿Qué es diferente con Uribe?
Con base en el Plan Colombia y el comienzo de la modernización militar en 1999, Uribe buscó establecer una política de seguridad a largo plazo, su Política de Seguridad Democrática (PSD). Como primera medida, concentró los esfuerzos en recuperar el control sobre las zonas cercanas a los grandes centros urbanos, autopistas e infraestructura. En el 2002-2003, las fuerzas de seguridad lanzaron una serie de ofensivas que expulsaron a las FARC de lugares estratégicos en los departamentos de Cundinamarca y Antioquia. El esfuerzo del 2004-2006 se concentró en el sur. La operación “Plan Patriota” desplegó una fuerza de 17.500 efectivos en acciones a gran escala contra bastiones de los frentes y columnas móviles de las FARC en zonas de selva tropical densa en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Sin embargo, luego de haber forzado a las FARC a emprender un “repliegue estratégico”, la ofensiva pareció haber alcanzado sus límites en el 2005-2006. Antes de las elecciones presidenciales de mayo del 2006, las FARC respondieron con emboscadas mortales y otros ataques contra las fuerzas de seguridad, los gobiernos locales y la sociedad civil.
Uribe reconoció la necesidad de que las fuerzas de seguridad se adaptaran a las nuevas circunstancias y redujeran su vulnerabilidad a la táctica de ataques rápidos con repliegue inmediato. Su rápido crecimiento de 307.000 efectivos en el 2002 a casi 404.000 en el 2007 no había sido compensado con un aumento similar en el entrenamiento y número de oficiales de mando y con el ajuste de los procedimientos operacionales, y el resultado fue el debilitamiento de las estructuras de mando y control. Además, el elemento sorpresa se había perdido: los combates iniciados por el ejército se redujeron de más de 1.250 en el 2003 a menos de 1.050 en el 2005. El gobierno se dio cuenta de que no iba a bastar con forzar a las FARC a replegarse. Se requerían una mayor coordinación entre el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía, un mejor entrenamiento de las fuerzas de élite, el fortalecimiento de la capacidad táctica, logística y técnica y mejor recolección, análisis e intercambio de inteligencia, así como la deserción de más guerrilleros de las FARC, con el fin de debilitar la cohesión interna de la insurgencia y propinar golpes a sus estructuras de mando y financieras, que hasta entonces no habían sido tocadas.
El gobierno finalmente reconoció que, si las fuerzas de seguridad no eran capaces de consolidar su presencia y apoyar el restablecimiento del Estado de derecho en el territorio recuperado, los avances militares sólo iban a ser temporales. En el 2007 lanzó su Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) con el objetivo de expandir la presencia de las fuerzas de seguridad en áreas remotas, para dar un sustento a las instituciones civiles estatales, sobre todo las del sector de la justicia, y a los programas integrados de inversión social, como la inversión en infraestructura rural y alternativas económicas al cultivo de la coca.
Desde el año 2000, cuando se lanzó el Plan Colombia, el gobierno ha combinado sus estrategias de contrainsurgencia y antinarcóticos. Según informes oficiales, las operaciones militares sostenidas han golpeado seriamente las actividades de narcotráfico de las FARC. Sin embargo, los resultados globales del Plan Colombia en lo que respecta a disminuir el narcotráfico son pobres. Pese a la fumigación aérea de más de un millón de hectáreas en el país desde el año 2002 y a los niveles cada vez más altos de la erradicación manual, las áreas de cultivo de coca disminuye-ron de 165.000 a 76.000 hectáreas entre el 2003 y el 2006 pero volvieron a aumentar a 99.000 hectáreas en el 2007. Los flujos de cocaína permanecieron constantes en la medida en que la producción potencial se estabilizó en cerca de 600 toneladas en el 2006-2007. Las incautaciones bajaron de 140 toneladas en el 2006 a 128 toneladas en el 2007, pero registraron un fuerte aumento a 206 toneladas en el 2008.
Los éxitos militares de Uribe y su posición general de firmeza con las FARC le han permitido mantener un alto nivel de apoyo. Sectores económicos poderosos han financiado gran parte de la estrategia militar mediante el pago, en dos ocasiones, de un impuesto al patrimonio, que se calcula asciende a más de nueve billones de pesos colombianos (unos US$4.000 millones), primero en el 2003 y luego en un período de cuatro años (2007-2010).
La línea oficial es que las FARC sólo negociarán con seriedad si están militarmente debilitadas hasta el punto en que no tengan posibilidades de recuperación. Aunque Uribe ha dicho en algunas ocasiones que estaría dispuesto a conversar sobre una asamblea constituyente una vez que las FARC acepten deponer las armas y desmovilizarse, es claro que prefiere una rendición sin condiciones y un proceso judicial amparado por la Ley de Justicia y Paz (LJP) similar al proceso con las AUC, en vez de negociar una agenda política sustantiva con las FARC. Uribe ha lanzado una campaña nacional e internacional para desacreditar las aspiraciones políticas de las FARC y negar cualquier justificación de su lucha armada, argumentando que Colombia es una democracia en donde cualquier grupo puede aspirar al poder median-te una actividad política pacífica. Se refiere constantemente a las FARC como a “un grupo terrorista” porque utiliza métodos proscritos por el derecho internacional humanitario.
Los funcionarios también describen a las FARC como un simple “grupo narcoterrorista” desprovisto de aspiraciones políticas. Al mismo tiempo, afirman que la mayor parte de sus demandas durante las negociaciones con el gobierno de Pastrana, incluida la desmovilización de los paramilitares, ya se han cumplido. En una gira por capitales europeas a comienzos del 2008, Uribe obtuvo garantías de que la UE no retiraría a las FARC de su lista de organizaciones terroristas.
Aunque el gobierno de Uribe ha buscado fórmulas para lograr la liberación de los secuestrados, también ha tratado de minimizar cualquier ventaja política o estratégica que pudieran obtener las FARC con la promoción de un canje de rehenes por prisioneros, negándose a establecer una zona desmilitarizada para realizar las conversaciones y exigiendo la garantía de que los guerrilleros de las FARC liberados de las cárceles no vuelvan a empuñar las armas. El 27 de marzo de 2008, el gobierno expidió un decreto en que autorizaba la liberación de insurgentes en las cárceles, incluidos los responsables de delitos graves como el secuestro, si las FARC liberaban secuestrados. El gobierno francés aceptó conceder asilo político temporal a insurgentes liberados. Según fuentes cercanas al proceso, las FARC manifestaron interés en esta fórmula, que no incluía una zona des-militarizada.
Al mismo tiempo, para presionar una liberación unilateral, el gobierno ordenó a las fuerzas de seguridad formar un “cerco humanitario” alrededor de las áreas selváticas y montañosas en donde las FARC mantenían a los secuestrados. Sin embargo, mientras los delega-dos de Francia y Suiza buscaban establecer contacto con las FARC para discutir los detalles en junio, el gobierno realizó la Operación Jaque. Esa operación se cuestionó porque fue camuflada como un esfuerzo humanitario en el que el uso del emblema del CICR violó el derecho internacional. También parece que el gobierno de Uribe utilizó a los facilitadores suizo y francés –a quienes en esa época se autorizó para establecer con-tacto con la comandancia de las FARC para sentar las bases para un nuevo intercambio de rehenes por prisioneros– con el fin de confundir a los insurgentes. Con el dramático rescate de quince rehenes, entre los que se contaban Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, el gobierno volvió a tener la ventaja, al propinar un fuerte golpe a las FARC y aliviar la presión internacional a favor de un canje.
A comienzos de febrero del 2009, el gobierno aceptó la participación del CICR y el apoyo logístico de Brasil como única facilitación internacional para una liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC. Esto se produjo casi tres años después de haber pedido el establecimiento de una comisión de facilitación que incluyera a Francia, Suiza y España, pero re-presentó un cambio con respecto al anuncio de media-dos de julio del 2008 que había indicado la voluntad de establecer un contacto directo con los rebeldes para negociar un intercambio de rehenes por prisioneros sin ayuda exterior.
Sin embargo, en un intento por desacreditar la facilitación internacional inmediatamente después de la Operación Jaque, el gobierno utilizó información recuperada de los computadores de Raúl Reyes para acusar públicamente a los facilitadores suizo y francés de ser pro-FARC, de haber hecho mandados para los insurgentes desde el 2000 y de no haber logrado nada con su facilitación. El ciudadano suizo Jean Pierre Gontard está siendo procesado judicialmente por haber presuntamente transportado de manera ilegal un rescate de US$500.000 por secuestro para las FARC en el 2001. También se han abierto investigaciones judiciales contra varios ex facilitadores colombianos, entre ellos la senadora Piedad Córdoba, Álvaro Leyva y Carlos Lozano.
IV. Las perspectivas
La resistencia de las FARC está siendo puesta a prueba por siete años de ofensivas militares sostenidas que claramente las han debilitado. Sin embargo, las evidencias hacen pensar que los insurgentes no están próximos a ser derrotados en el corto o inclusive el mediano plazo, y que la mejor opción para el gobierno de Uribe sería complementar la presión militar persistente con una estrategia integral tendiente a establecer negociaciones de paz, acentuar los esfuerzos por proteger los derechos humanos, expandir el Estado de derecho en el país y mejorar la protección de las poblaciones vulnerables.
A. Los puntos débiles de la estrategia de Uribe
Adoptar ese curso de acción requeriría cambios de política. La actual estrategia de impedir las conversaciones políticas afronta numerosos problemas. Uribe no ha actuado con rapidez para nombrar un re-emplazo de su comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien renunció el 12 de marzo para presentarse a elecciones en el 2010. Por otra parte, el intento de seguir debilitando las estructuras de mando y control de las FARC mediante la deserción de guerrilleros afronta incertidumbres legales.
El gobierno ha demostrado interés en utilizar la Ley de Justicia y Paz (LJP) para fomentar la entrega y la des-movilización de guerrilleros individuales y de grupos escindidos de insurgentes. El 27 de febrero de 2009 ex-pidió el Decreto No. 614, que lo faculta para pedir a las autoridades judiciales que suspendan las órdenes de captura contra miembros de los grupos armados ilegales que ayuden a lograr “acuerdos humanitarios”, a saber, la liberación de secuestrados. Poco después, se valió de este decreto para liberar de la cárcel a dos comandantes que habían desertado, “Karina” y “Olivo Saldaña”, justificando la medida con base en que ambos habían aceptado dejar la lucha armada y convertirse en “gestores de paz” para promover otras deserciones. Sin embargo, al gobierno se le ha criticado por no tener en cuenta los derechos de sus víctimas.
El Decreto No. 614 vino con el anuncio de un proyecto de ley de reforma que permitiría que los combatientes desmovilizados recibieran sentencias alternativas bajo la LJP si confiesan todos los crímenes cometidos antes del día de su desmovilización. Esto se produjo tres días después de un fallo de la Corte Suprema que prácticamente prohibía el uso de la LJP para alentar desmovilizaciones de las FARC. La Corte concluyó que las sentencias alternativas bajo la LJP sólo son posibles en los casos de confesión de crímenes cometidos antes del 25 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia la ley. Específicamente, falló que 120 guerrilleros desmovilizados o encarcelados que han pedido ser juzgados bajo la LJP, entre ellos Karina, Olivo Saldaña y otro miembro de alto rango de las FARC, “Martín Sombra”, deben ser juzgados y sentenciados bajo la ley penal ordinaria por crímenes cometidos después del 25 de julio de 2005.
Sin embargo, el problema de la LJP no es la única dificultad. El número de deserciones y desmovilizaciones depende en gran medida de la capacidad del gobierno de cumplir las iniciativas que prometió a los ex combatientes. Desde febrero del 2009, el pro-grama manejado por la Alta Consejería para la Reinserción (ACR) ha acogido a 50.000 ex paramilitares e insurgentes, pero es posible que su sostenibilidad financiera a largo plazo corra riesgo debido al número cada vez mayor de ex guerrilleros de las FARC y el ELN, que ya suman el 35 por ciento del total. La ACR también tendrá que reforzar la capacitación que ofrece para mejorar las posibilidades de reinsertar a los ex guerrilleros a la sociedad y darles oportunidades para que tengan vidas normales.
Las violaciones de los derechos humanos por parte de agentes estatales siguen suscitando gran preocupación, y los esfuerzos por consolidar la presencia de las fuerzas de seguridad y el Estado de derecho en zonas de conflicto todavía están en una etapa temprana. La institución que debe coordinar las actividades de varias instituciones estatales en las regiones (Centro de Coordinación de Acción Integral, CCAI) se ha demorado en empezar su trabajo. Aunque es una parte central de la estrategia de consolidación de la seguridad del gobierno, todavía le falta una base legal e institucional clara. Sólo está realizando actividades en 62 de 1.098 municipios en once regiones de alta prioridad. Las cifras oficiales indican mejoramientos en materia de infraestructura básica, educación y salud, así como en seguridad en sus áreas prioritarias.
El Centro de Fusión Integral en la región de La Macarena (departamento del Meta) se estableció con aportes del Ministerio de Defensa y cooperación de Estados Unidos. Forma parte del esfuerzo del gobierno para promover la inversión en proyectos básicos de infraestructura y desarrollo con el fin de fomentar la erradicación voluntaria de cultivos de coca y el cambio a cultivos alternativos. Hasta el momento se han invertido más de US$43 millones, y se tiene la intención de replicar la experiencia en otras regiones del país.
Sin embargo, fuentes locales en el Meta le comenta-ron a Crisis Group que algunas comunidades siguen temiendo un resurgimiento de las FARC si el gobierno cumple la promesa de contar con una presencia permanente del CCAI. Además, la gobernabilidad civil local y la descentralización a nivel municipal podrían estar en riesgo debido a la participación excesiva de las fuerzas de seguridad en muchos programas, así como a los poderes ejecutivos y financieros ampliados de los jefes regionales (“padrinos”). Sus voluminosos presupuestos y su falta de visión de construcción de Estado a largo plazo ponen a los gobiernos regionales y locales a su merced en materia de obras públicas e inversión, sin que se creen las condiciones para fortalecer de manera permanente la autoridad y la capacidad de gestión. Una fuente que trabaja en estrecho contacto con comunidades locales e indígenas en Putumayo, Arauca y en la costa Caribe le dijo a Crisis Group que los jefes regionales del CCAI llegan con proyectos de desarrollo –a menudo de biocombustibles y agroindustrias– diseñados en Bogotá que no tienen en cuenta las necesidades e iniciativas comunitarias locales, muchas veces lideradas por mujeres.
B. El tema de los rehenes
Después de la Operación Jaque, la fuga de Óscar Lizcano y las marchas cívicas masivas contra el secuestro, el gobierno abrigó la esperanza de que el Secretariado de las FARC se sintiera presionado a liberar a todos los secuestrados –políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y “económicos”– sin condiciones. Sin embargo, la iniciativa de Colombianos y Colombianas por la Paz de intercambiar cartas abiertas con las FARC, así como la subsiguiente libe-ración unilateral de seis rehenes por parte de la guerrilla, reabrió el debate sobre el canje. Esto se produjo en medio de una creciente preocupación de la opinión pública sobre el futuro del país, escándalos en torno a asesinatos extrajudiciales y otros abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y multitudinarias protestas sociales en el suroccidente del país. El gobierno de Uribe ha minimizado la importancia de las protestas sociales al afirmar que fueron infiltradas por las FARC con la intención de desestabilizar al gobierno.
Cano y los demás miembros del Secretariado están tratando de demostrar que no están divididos en torno a temas fundamentales y que las decisiones importantes se siguen tomando por consenso. Los atentados recientes con bombas en Bogotá y Cali, las embosca-das a las fuerzas de seguridad y los ataques contra comunidades acusadas de falta de compromiso con las FARC podrían tener como fin reforzar la moral del movimiento, dándoles a los guerrilleros la impresión de que la organización todavía puede tomar la iniciativa después de los golpes recibidos en el 2008.
Al mismo tiempo, los intercambios de misivas con Colombianos y Colombianas por la Paz dejan ver que las FARC también intentan rebarajar sus opciones políticas. El Secretariado ha tomado conciencia de que su obstinación en lo que respecta a retener civiles secuestrados, así como oficiales del ejército y la policía, durante varios años –en muchos casos más de un decenio– ha dañado grandemente su credibilidad tanto en Colombia como en el exterior. Tras haber perdido o entregado a sus rehenes políticos, la dirigencia está insistiendo en su demanda de un canje de “prisioneros de guerra” en el que se intercambiarían 22 oficiales y suboficiales de la policía y el ejército por 500 miembros de las FARC actualmente en la cárcel. Aunque abandonó la exigencia de una zona desmilitarizada para negociar el acuerdo, todavía están lejos de aceptar poner fin al secuestro por razones políticas y económicas y parecen no dejarse impresionar por los más de 1.000 guerrilleros de las FARC hoy en día en prisión que han firmado cartas rechazando su inclusión en una lista de intercambio, si eso significa ser reciclados dentro del conflicto.
El próximo objetivo de la senadora Piedad Córdoba, la promotora más categórica de Colombianos y Colombianas por la Paz, es un “intercambio humanitario de prisioneros”, cuyos pormenores, incluidos los números y las identidades de los insurgentes que serían liberados y los mecanismos para hacerlo, serían negociados por las dos partes. Según una fuente, el siguiente objetivo, aún más ambicioso, sería persuadir a las FARC de abandonar la práctica del secuestro y liberar a los aproximadamente 700 secuestrados “económicos” que retiene en cautiverio. La iniciativa para fomentar el intercambio ha recibido el fuerte apoyo de los políticos recientemente liberados, sobre todo Alan Jara y Sigifredo López.
Colombianos y Colombianas por la Paz podría evolucionar de un grupo suelto de individuos que envían cartas abiertas a los rebeldes a un grupo defensor independiente y fuerte de lo que la sociedad exige tanto al gobierno como a las FARC para que emerja una hoja de ruta factible hacia la paz. Sin embargo, incluye a muchas personalidades prominentes, que se cuentan entre los críticos más duros de Uribe, como Carlos Lozano, Iván Cepeda, Jorge Enrique Botero y Daniel Samper. Una nueva liberación exitosa de rehenes, y aún más el compromiso de las FARC de poner fin a la práctica del secuestro, probablemente alentarían las ambiciones políticas de muchas de ellas en la antesala de las elecciones legislativas y presidenciales del 2010. En especial, Córdoba podría ser lanzada a las consultas primarias para la nominación presidencial del Partido Liberal. Si la agrupación se convierte en una plataforma política, podría ser inca-paz de tender puentes entre el gobierno y las FARC.
Los sucesos que rodearon la liberación de tres policías y un soldado el 1° de febrero como parte de la liberación unilateral de seis rehenes por parte de las FARC a comienzos del 2009, iniciaron un debate acalorado sobre el uso que los miembros de Colombianos y Colombianas por la Paz, los insurgentes y el gobierno dieron a esta liberación. Los índices de popularidad siempre altos de Uribe se sustentan en su firme postura contra las FARC, de modo que su gobierno teme que cualquier concesión que les dé a los insurgentes un margen de maniobra podría perjudicarlo a la luz de las elecciones del 2010. Respondió a las liberaciones unilaterales con medidas tendientes a reducir una posible ganancia política de las FARC. El 12 de febrero Uribe cerró las puertas al intercambio o a conversaciones futuras a menos que las FARC aceptaran liberar unilateralmente a todas las víctimas, ordenó reforzar las operaciones para rescatar a los secuestrados y criticó el “discurso de paz” del “bloque intelectual de las FARC” –una alusión velada a Colombianos y Colombianas por la Paz– como intentos de “confundir al país”. En parte, es probable que haya sido alentado por los actos violentos cometidos por las FARC antes y después de las liberaciones, y quizá también por la demanda de Cano en su última carta a Piedad Córdoba en el sentido de que el intercambio de “prisioneros de guerra” incluyera a los comandantes Ricardo Palmera (alias “Simón Trinidad”) y Anayibe Rojas (alias “Sonia”), ambos pagando condena en cárceles de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
C. Apoyo internacional
Las contribuciones del CICR y de Brasil a las liberaciones de comienzos del 2009 han revivido la posibilidad de que otros países le ayuden a Colombia a explorar nuevos esfuerzos de paz, incluso si en Bogotá ese interés se ha menguado considerablemente. Brasil y Chile, que tienen la diplomacia más profesional en Suramérica, serían quizá los mejores candidatos. Después de las liberaciones de febrero, el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, ofreció apoyo logístico para cualquier nueva misión humanitaria aprobada por el gobierno colombiano. Fuentes que participan en esfuerzos por lograr un canje de rehenes por prisioneros le dijeron a Crisis Group que Brasil y posiblemente Chile estarían dispuestos a facilitar la liberación de rehenes si Bogotá aceptaba. A Francia y a Noruega les interesaría apoyar a Brasil y Chile como facilitadores.
Aunque el gobierno tiene resquemores con respecto a las simpatías por las FARC en algunos sectores socia-les y políticos en Brasil y Chile, últimamente Uribe se ha ganado el apoyo de los presidentes de ambos países. Brasil firmó la renovación de un acuerdo de cooperación bilateral con Colombia y Perú el 20 de julio de 2008, que incluye procedimientos para vigilancia fronteriza conjunta. El acercamiento continuó después de que Colombia se unió a la iniciativa Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR), liderada por Brasil y actualmente presidida por Chile, que tendrá un órgano regional de coordinación de seguridad, el Consejo de Defensa Suramericano. Colombia obtuvo la garantía de que UNASUR no apoyará de ninguna manera a grupos armados ilegales.
El 17 de febrero de 2009, Uribe hizo por primera vez un viaje estatal a Brasil para conversar con el presidente Da Silva sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en todos los niveles. Como señal de su confianza creciente, crearon una comisión bilateral de ministros de relaciones exteriores que deberá reunirse en Colombia en el primer semestre de 2009, y de ahí en adelante anualmente. La comisión de vecindad Brasil-Colombia sobre temas fronterizos tiene programado reunirse en el segundo semestre del año. El desarrollo, con miras a construir confianza, de comunicaciones directas rápidas y seguras entre los presidentes de Colombia y Brasil, y posiblemente Chile, así como entre sus ministros de Relaciones Exteriores, podría contribuir a sentar las bases para una facilitación regional tendiente a poner fin al prolongado conflicto con las FARC.
V. Conclusión
Pese a la histórica resistencia de las FARC y a que ha demostrado su capacidad de superar reveses militares y políticos, la estrategia del presidente Uribe, consistente en lograr una victoria militar y poner fin al conflicto sin negociaciones políticas, empezó a tener resultados visibles en el 2007. El gobierno confía en que nuevos ataques contra la estructura de mando y control de los insurgentes, operaciones sostenidas en sus bastiones y la creciente tasa de deserciones quebrarán poco a poco el espinazo de las FARC. Con el tiempo, las unidades se desmoronarán o se escindirán en facciones a las que quizá les interese negociar su desarme, desmovilización y reinserción (DDR). Los miembros restantes del Secretariado de las FARC y las facciones de línea dura quedarían entonces más aislados, tanto militar como políticamente, y por consiguiente sería más fácil derrotarlos.
La gran popularidad de Uribe se basa en buena medida en su postura firme contra las FARC. Sus prioridades políticas a la luz de las elecciones presidenciales del 2010 y su convicción de que los insurgentes volverían a aprovechar cualquier pausa política para fortalecerse en vez de negociar en serio le dan pocos motivos para asignar a una estrategia política el mismo peso que asigna a su política de seguridad.
Pero las FARC se han ido adaptando a las circunstancias más difíciles con cierto éxito, y varios de sus frentes tienen capacidad para resistir ofensivas en regiones claves, sobre todo en lo alto de las cordilleras y en las selvas tropicales en la costa Pacífica y en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá. En estos lugares la estrategia de consolidación de la seguridad del gobierno es incipiente en el mejor de los casos, y el dinero del narcotráfico sigue alimentando el conflicto. Incluso si algunas unidades terminaran por escindirse, en parte como resultado del nuevo sistema más descentralizado que les da mayor autonomía, la comandancia liderada por Alfonso Cano no parece tener ninguna intención de rendirse como resultado de la persistente presión militar. Además, si la estrategia del gobierno de fraccionar a las FARC en piezas más fáciles de desmovilizar llegara a tener éxito, entraña el serio riesgo de impulsar a los grupos escindidos resultantes, no a ingresar a un programa de DDR, sino a cooperar más estrechamente con bandas del crimen organizado y con los NGAI.
Es importante sostener la presión militar, pero el gobierno también debe acentuar sus esfuerzos por buscar una negociación con una comandancia rebelde que aún funciona. Así mismo, debe mantener abiertas todas las opciones para la liberación de los secuestrados restantes, incluido un intercambio de rehenes por prisioneros. El establecimiento de canales de comunicación y la construcción de confianza con el Secretariado de las FARC podrían beneficiarse del apoyo neutral y ya comprobado de actores internacionales, como el CICR, Brasil y posiblemente Chile.
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