EL RELEVO MINISTERIAL EN LA POLÍTICA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA: ¿NUEVA AGENDA?, ¿NUEVAS AMENAZAS?

Vicente Torrijos R.

Faltando sólo un año para que termine el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe, la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien se prepara para una eventual candidatura presidencial en Colombia, ha abierto el debate sobre la continuidad o cambio en la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) que le toca decidir a su sucesor Gabriel Silva, justo cuando el país -y la región- viven un momento de alto contenido estratégico, especialmente en lo relacionado con la sostenibilidad de esa política, la consolidación de la ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales tanto tradicionales como mutantes, la estabilidad transfronteriza y el clima intraorganizacional de las Fuerzas Armadas, afectado por una serie de investigaciones sobre conductas impropias.

Quizá como pocas veces antes durante los últimos siete años, el cargo de ministro de Defensa Nacional ha sido uno de los más emblemáticos e importantes. A fin de cuentas, a ese Ministerio le corresponde la gestión y orientación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), una política que ha sido la bandera del programa del presidente Álvaro Uribe Vélez.[1] El período del último ministro, Juan Manuel Santos, coincidió con el comienzo de la cosecha de los esfuerzos acumulados desde el acceso al poder del presidente Uribe en 2002, sobre todo en materia de contención y neutralización de la amenaza que encarnan las organizaciones armadas ilegales.

Una serie de golpes estratégicos fueron asestados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) e, incluso, a las bandas criminales emergentes, tanto las que nunca se acogieron al proceso de negociación y reinserción como aquellas que mutaron para ponerse al servicio del narcotráfico o a las que se reciclaron poniéndose al servicio de cualquiera de las anteriores. Entre tales golpes estratégicos destaca la Operación Fénix, en la que se eliminó a uno de los principales miembros del Secretariado de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, y la memorable Operación Jaque que condujo al rescate de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y 14 secuestrados -entre ellos varios militares y tres contratistas norteamericanos- que llevaban años sometidos a cautiverio por las FARC.

Cabe decir, sin embargo, que a pesar de estos impactantes logros, la PDSD también ha incurrido en costos que deben tenerse en cuenta en la medida en que asuntos como los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales), han revelado un fallo en la aplicación de algunos medios para obtener los fines establecidos. Al balance anterior hay que sumar, además, algunos retos de seguridad pendientes o cuestiones que pasaron a segundo plano por la priorización tajante que identificó al saliente ministro y entre los cuales cabe destacar el aumento de la sensación de inseguridad en algunas grandes ciudades durante los últimos años como consecuencia -entre otras razones- de las fuertes oleadas de desplazados por la violencia.

Con la salida del ministro Santos, cuidadosamente sincronizada con las dinámicas políticas internas -tanto en un probable escenario de nueva reelección de Uribe, como en uno sin ella-, la vacante generada en el cargo planteaba ya desde mayo del 2009 una serie de interrogantes relacionados no sólo con el perfil político-administrativo de su sucesor, Gabriel Silva Luján, sino con la agenda que éste deberá desarrollar y que, en principio, debe tener como horizonte temporal el 7 de agosto de 2010 cuando termina formalmente el segundo período presidencial de Álvaro Uribe.

El perfil del nuevo ministro

Una de las lecciones aprendidas con el paso del ministro Santos por el despacho de Defensa tiene que ver con el perfil que debe tener un cargo cardinal y por lo mismo controvertido, sobre todo en la actual etapa de evolución de la dinámica de seguridad y defensa nacionales, tanto en relación con las amenazas internas como externas.

Resulta importante señalar en ese sentido que, a pesar del corto horizonte temporal con el que cuenta inicialmente, el nuevo ministro, Gabriel Silva Luján, tendrá que dejar claro que goza de la mayor envergadura política posible. Tras haberse desempeñado como asesor presidencial con Cesar Gaviria, participado en la elaboración de políticas contra la violencia y el narcotráfico y representado a su país como embajador en EEUU se apartó de la vida pública para ejercer durante casi una década como presidente del influyente gremio cafetero. Sin embargo, una amplia corriente de opinión considera que en Colombia ya no se requiere un administrador o un gerente para el sector de Defensa, como en otros momentos, sino un verdadero equilibrista político, con suficiente liquidez personal y ascendiente sobre importantes sectores sociales y, sobre todo, con un capital político propio que le permita actuar como "fusible" en situaciones de crisis, sin desgastarse ni comprometer el capital político del Gobierno en su conjunto.

Al mismo tiempo, el nuevo ministro tendrá que exhibir una serie de herramientas personales, conceptuales y diplomáticas para la proyección internacional que hoy por hoy la gestión de ese despacho conlleva. La prioridad de los objetivos de la PDSD en la agenda colombiana ha llevado recurrentemente a tensiones diplomáticas con los países del entorno y a tensiones institucionales entre el ministerio de Defensa y la Cancillería debido a que en Colombia existe una Diplomacia de Defensa expansiva que tiende a abarcar todo y en función de la cual giran casi todos los aparatos del Estado. Una situación que reflejó esta tensión se presentó en marzo del 2009 cuando el saliente ministro Santos afirmó con respecto a la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano desarrollada un año atrás, que "golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por el derecho internacional".[2] De inmediato, el ministro de Exteriores mostró su malestar por considerar abusiva la declaración en la medida en que ignoraba las funciones de cada cartera ministerial y, además, se apelaba a principios universales de manera acomodaticia.

Así que el nuevo equipo ministerial, empezando por el propio jefe de la Cartera, tendrá que mostrar elevadas capacidades negociadoras a escala internacional, no sólo para no crear tensiones interministeriales en Colombia, sino para prevenir tensiones adicionales en un vecindario turbulento, muy marcado por los altibajos (crisis-normalización-crisis) con gobiernos afiliados a la Alianza Bolivariana para las Américas -como Venezuela, Ecuador y Nicaragua- con los que no resultará fácil mantener buenas relaciones al mismo tiempo que se formulan denuncias y fijan posiciones contundentes en relación con los intereses de la defensa nacional. La gira de agosto de 2009 del presidente Uribe acompañado del ministro de Exteriores Jaime Bermúdez por varios países de la región para explicar el uso estadounidense de bases militares en territorio colombiano es un ejercicio de diplomacia pública que tanto los anteriores como el nuevo ministro deberán repetir en el futuro.

La agenda ministerial

El nuevo ministro de Defensa tendrá que concentrar sus energías (con independencia de los vaivenes políticos electorales) en, por lo menos, tres aspectos fundamentales:

(1) La sostenibilidad financiera de la PDSD, lo cual tiene que ver tanto con la búsqueda de fuentes propias y permanentes de financiamiento (por vía tributaria, por ejemplo), como con la gestión de recursos externos a mediano plazo (con el fin de dejarlos de una vez comprometidos hacia el futuro, y con independencia de la administración siguiente). De hecho, en este campo se espera que el Congreso norteamericano avance en la aprobación de recursos para el mantenimiento de las acciones que fortalecen la Política de Defensa puesto que, para 2010, se ha propuesto en el Senado la entrega de 509 millones de dólares, al tiempo que en la Cámara se habla de 520 millones adicionales.

Y aunque ya el Gobierno colombiano ha convertido el impuesto transitorio al patrimonio para garantizar la seguridad y la defensa en permanente a mediados de julio de 2009, y aunque el Congreso de EEUU ha aprobado ya las partidas correspondientes al Plan Colombia para este último tramo, no hay duda de que la sistematización del gasto en defensa, la orientación del gasto militar y el ordenamiento de cuentas durante el período de transición hacia el nuevo Gobierno (2010-2014) serán definitivos a la hora de establecer cuán lejos puede llegar la PDSD. A diferencia del período anterior, cuando la prioridad de la seguridad en la agenda del gasto era indiscutible y no hubo oposición alguna al establecimiento del "impuesto de guerra" de manera permanente ahora los ciudadanos sólo respaldarán ("relegitimarán") las inversiones en la PDSD si perciben un compromiso real en materia de rendición de cuentas y focalización de los recursos.

(2) La validación de la PDSD por su eficacia, justo en un momento de crítica aguda por parte de la oposición. Eso significa que, cualquiera que sea el escenario que a la postre se configure, la PDSD del presidente Uribe ocupará un lugar protagónico en el debate electoral de 2010 y, por lo tanto, estará sometida a un bombardeo permanente de interrogantes y dudas orientado, principalmente, a cuestionar su pertinencia y la profundidad del impacto que, realmente, ha podido generar en las condiciones de seguridad del país. Tal impacto podría evaluarse en el debate electoral por medio del análisis de los logros por alcanzar expuestos en los dos planes de desarrollo del Gobierno Uribe: "Hacia un Estado comunitario" y "Estado comunitario: desarrollo para todos", referentes, principalmente, al fortalecimiento de los aparatos de seguridad estatales, la inclusión de minorías étnicas en los procesos democráticos y la implementación de un sistema judicial y penal que responda a las demandas de la población colombiana.

La campaña electoral convertirá a la PDSD en el instrumento para medir hasta dónde ha sido posible la depuración institucional en medio de enormes tensiones políticas generadas por los nexos de buena parte de la clase política con las organizaciones armadas ilegales (tanto de extrema derecha como de extrema izquierda) o por las elecciones que se avecinan para la renovación del Congreso colombiano. Por otra parte, y así como las precandidaturas oficialistas a la Presidencia basan su fortaleza en la continuidad de la PDSD, todas las fuerzas de oposición en Colombia basan su discurso, más que en la respuesta asumida por el Gobierno frente a la crisis económica global, en las disfunciones que la PDSD ha exhibido, sobre todo, en lo relacionado con la interceptación ilegal de conversaciones, los seguimientos ilegales a miembros de partidos políticos o las Altas Cortes, y las ejecuciones extrajudiciales promovidas por algunos oficiales de la Fuerza Pública para mejorar sus calificaciones personales en la lucha contra la subversión.

Con varios relatores de Naciones Unidas en territorio colombiano, y con evidentes condicionamientos en materia de derechos humanos para lograr la aprobación de los tratados de libre comercio (con los EEUU, la UE y Canadá), el Gobierno y su coalición hacen esfuerzos visibles por destacar la necesidad de convertir a la PDSD en una verdadera política de Estado que trascienda las tendencias partidistas, pero, al mismo tiempo, recibe un alud de presiones por reorientar sus procedimientos y mecanismos de acción.

(3) La liquidación definitiva de algunas fuentes de perturbación del clima de defensa, lo que se refiere, concretamente, a la superación de los escándalos desatados durante el último año por cuenta de asuntos como los llamados "falsos positivos" (las mencionadas ejecuciones extrajudiciales) y otras irregularidades, especialmente nocivas en materia de derechos humanos que se relacionan con demandas más amplias de la población. En efecto, el Gobierno ha tenido que sortear dificultades muy agudas con los pueblos indígenas, principalmente los ubicados al suroeste, que sometieron durante varios meses al propio presidente a un desgaste incesante y al sistema político a duras pruebas mediante el bloqueo de carreteras y poblaciones, o marchas sobre ciudades principales, incluyendo la propia capital de la República. Asimismo, en un clima social marcado por paros y protestas de diversos sectores clave en el funcionamiento del sistema social (desde transportadores a fiscales), la PDSD ha tenido que ir ajustándose a las necesidades propias de un país que se encuentra sometido a un complejo conflicto irregular e intraestatal que, por sus efectos, compromete en todo caso a varios países del hemisferio.

Los retos organizacionales

Además de los retos políticos señalados, el nuevo equipo ministerial encargado de gestionar el último año del programa vigente y de elaborar la transición a lo que será el nuevo esquema de Seguridad y Defensa en Colombia, tendrá que abordar una agenda intraorganizacional muy delicada, orientada a optimizar los recursos del sector de Defensa en diversos ámbitos altamente sensibles. En este sentido, cabe identificar al menos tres áreas en las que, durante esta fase de transición estratégica, resulta prioritaria la intervención del jefe de la cartera de Defensa, no sólo como orientador y responsable político, sino como administrador y gerente del sector (bajo la instrucción y orientación del presidente de la República, y con el apoyo y consejo del conjunto de altos oficiales de la Fuerza Pública).

En primer lugar, la consolidación del proceso de reforma a la educación y la formación de los miembros de la Fuerza Pública, con el fin de adecuarla a las nuevas condiciones políticas nacionales, regionales y globales, y especialmente para afrontar los desafíos inherentes al escenario "post victoria" y a las eventuales transformaciones y mutaciones de una amenaza que es al mismo tiempo interna y externa. En este sentido, se hace fundamental la cooperación con EEUU -que, si bien genera tensiones en el vecindario, resulta imprescindible para contener los nexos cada vez más evidentes entre la Alianza Bolivariana (ALBA) y las FARC-, se consolida efectivamente a través de acuerdos complementarios de cooperación para el uso de las bases militares colombianas de Malambo, Palanquero, Apiay, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga, con las que se cubre estratégicamente todo el arco orinoco-amazónico que se extiende desde las llanuras fronterizas con Venezuela hasta las montañas andinas de la frontera con Ecuador, pasando por las selvas que se comparten con Brasil y Perú.

Después, la profundización del proceso de mejoramiento técnico, tecnológico y logístico de la Fuerza Pública, mediante la continuación y escalamiento del proceso de modernización y adaptación de los recursos disponibles, teniendo presentes los nuevos desafíos que se derivan de las tendencias del entorno vecinal latinoamericano y de las adaptaciones y transformaciones que han experimentado las organizaciones armadas ilegales (FARC y ELN) y las bandas criminales emergentes (BACRIM) que, como las denominadas "Águilas Negras", son herederas de las antiguas autodefensas y, aunque de menor calado que las anteriores, gozan de un elevado potencial de crecimiento. En cualquier caso, el intercambio constante de información de inteligencia con EEUU, y el fortalecimiento de la inteligencia nacional por medio de la difusión de las estrategias utilizadas anteriormente para alcanzar éxitos como los obtenidos con la operación Jaque, permitirán un afianzamiento respecto de la habilidad para defender los intereses nacionales sin ceder a las amenazas provenientes del escenario hostil planteado por los países de la ya citada Alianza Bolivariana, es decir, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, y sus conexiones con las guerrillas de izquierda a las que ya se aludió anteriormente.

Así las cosas, el elevado gasto militar, los avances propios en tecnología para la lucha contrainsurgente, la reorganización de algunos frentes de trabajo en materia de inteligencia estratégica, la adquisición de nuevos equipos y materiales, y el nivel de cooperación con agencias extranjeras y con gobiernos que facilitan la tarea antiterrorista, copan la atención cotidiana de un equipo que en medio de tantas agitaciones debe planear cuidadosamente las líneas maestras de actuación en materia de secuestros de personal de las Fuerzas Armadas, elevado número de víctimas de minas antipersona y la protección de una de las infraestructuras críticas más vulnerables del hemisferio.

En tercer lugar, el reto probablemente más importante será adaptar la estrategia organizacional a una amenaza asimétrica en constante mutación y que encuentra apoyos externos, diseñando e implementando una estrategia integral de anticipación tanto del Estado como de los miembros de la Fuerza Pública. Al operar en red, articulando actores no gubernamentales, pero también de naturaleza gubernamental, las agrupaciones antisistémicas sobreviven gracias al apoyo que reciben desde el exterior y la oxigenación política que les ofrecen diferentes colectivos sociales ideológicamente afines, todo ello en el marco de una refinada coreografía tendiente a convertir a las FARC y al ELN, concretamente, en los factores determinantes de la política colombiana (en la medida en que de ellos dependería la paz en Colombia si se inclinan por una opción dialogante, negociadora y reconciliadora). Ejemplo de esto fue la denuncia realizada por la inteligencia colombiana al encontrar nexos entre el ex ministro de Defensa ecuatoriano, Marcelo Larrea, y el ex colaborador del Gobierno José Ignacio Chauvín con las FARC, o los videos en que la propia comandancia guerrillera informa del apoyo económico a la campaña electoral del presidente Correa del Ecuador, o, por otra parte, la incautación de misiles tierra-aire que, vendidos por Suecia al Gobierno venezolano, les fueron incautados a las FARC en territorio colombiano.

La respuesta organizacional debe tener en cuenta que, además del apoyo recibido desde el exterior, tanto la amenaza asimétrica en Colombia como todas las organizaciones criminales asociadas a ella son altamente creativas, ingeniosas y adaptativas, de tal modo que seguirán siendo una amenaza renovada para la estabilidad democrática en el área. En tal sentido, las amenazas múltiples en Colombia han pasado a ser también multidimensionales (político-militares, internas-externas, gubernamentales-no gubernamentales, tradicionales-mutantes) y, gozando como gozan de los vínculos con el crimen organizado (y el narcotráfico), exigirán a la PDSD ajustes que vayan más allá del concepto de "consolidación" en el que se venía moviendo para pasar al de "anticipación" o "evolución" estratégica.

Conclusiones

En la delicada coyuntura conflictiva que vive Colombia, el nuevo equipo ministerial de Gabriel Silva -que atenderá la fase de transición estratégica hacia el nuevo Gobierno de 2010- tendrá que ajustar la Política de Defensa y Seguridad Democrática de acuerdo con una serie de exigencias entre las que se destacan su sostenibilidad financiera, su validación política en medio del debate electoral que se avecina, el saneamiento en relación con algunos episodios complejos que han amenazado recientemente la legitimidad adquirida y acumulada por los operadores de seguridad y defensa del Estado y la alta capacidad adaptativa o la mutación de las amenazas asimétricas.

Dicho de otro modo, eso significa, por un lado, la terminación del proceso de reforma de la educación militar, con el fin de generar una masa crítica de oficiales no sólo preparados para asumir sus responsabilidades en el campo de batalla, sino para desempeñar un papel social y político más intenso, menos fracturado y más integrado con la sociedad en su conjunto.

En segundo lugar, la adecuación de los recursos disponibles para afrontar no tanto el idealizado escenario "post victoria", sino la mutación de las amenazas y la emergencia de un escenario de defensa no necesariamente ofensivo pero sí claramente hostil en que las características internas o externas de la amenaza se funden.

Y por último, la implementación de una estrategia que cree condiciones óptimas (desde la prevención y la anticipación, pero también en términos reactivos), para la seguridad no sólo del Estado sino de los miembros de la Fuerza Pública frente a una eventual avalancha de demandas y denuncias, especialmente ante instancias internacionales, mediante las cuales las organizaciones armadas ilegales pretenderán compensar, en la tribuna de los medios y los estrados judiciales, su innegable debilitamiento militar.

Notas:

[1] Para la PDSD, véase http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf.

[2] http://www.hacer.org/report/2009/03/opinion-soberania-vs-legitima-defensa.html.

EL CONFLICTO DE LA AMAZONÍA: BIODIVERSIDAD, COMUNIDADES NATIVAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Luis Esteban González Manrique

En 2008, el gobierno de García aprobó la llamada “ley de la selva”, que habría facilitado presionar a las comunidades para que vendieran sus tierras a compañías petroleras. Los decretos, rechazados por todos los partidos del arco parlamentario con excepción del oficialista Partido Aprista, establecían que una comunidad indígena podía subdividir y vender su tierra si un 50% o más de sus miembros lo aprobaban en una votación, lo que reducía el umbral de aprobación fijado previamente (66%).

García argumentó que su propuesta permitiría a las comunidades disponer libremente de sus tierras, entrar en sociedades, subdividirlas y alquilarlas a fin de desarrollarlas. Pero los supuestos beneficiarios no quedaron convencidos. La Aidesep acusó al gobierno de conceder una patente de corso a las multinacionales para la depredación de los que reclama como sus territorios ancestrales y movilizó a sus bases en los departamentos del Amazonas, Loreto y Cuzco. Sus militantes bloquearon carreteras, ocuparon instalaciones de petróleo y gas y marcharon sobre las plantas hidroeléctricas y los depósitos de gas de Camisea.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de tener ya 12 millones de hectáreas tituladas, las pretensiones de los nativos se extienden a la intangibilidad de casi todos los territorios y la propiedad del subsuelo.

Según un estudio de la Universidad de Duke, firmado por Matt Finer y Clinton Jenkins, los bloques de petróleo y gas afectados se concentran en la parte de mayor biodiversidad de la Amazonía peruana, incluyendo algunos parques nacionales y territorios de pueblos en aislamiento voluntario. El estudio afirma que 64 de esos bloques cubren aproximadamente el 72% de la región amazónica del país (490.000 kilómetros cuadrados) y que las nuevas rutas de acceso a los yacimientos son la mayor amenaza para ellos al provocar deforestación, colonización, exceso en la caza y talado ilegal en áreas previamente remotas.

La derogación por el Congreso peruano en diciembre del año pasado de los decretos legislativos que habrían facilitado la compraventa de tierras indígenas, tras 10 días de acciones de protesta por más de 10.000 miembros de 65 organizaciones indígenas, fue el primer revés grave para la política de apertura comercial de la Amazonía del gobierno de García. Este año se aprobaron otros 10 decretos con el mismo objetivo, que desataron protestas aún mayores.

La Aidesep llamó a una acción de protesta nacional contra los decretos el pasado 31 de mayo, en la clausura en Puno de la IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas y Nacionalidades de Abya-Yala, que atrajo a 7.000 delegados de pueblos indígenas de todo el hemisferio.

Abya-Yala es un término kuna que significa “tierra floreciente” y ha sido adoptado por las organizaciones indígenas hemisféricas como una designación alternativa del término América. En Puno se acordó un levantamiento nacional por la derogatoria de las concesiones para el 7 de julio y la formación de un nuevo partido político indígena que representará el “Proyecto Político Perú Plurinacional”.

Poco después de la cumbre indígena, comenzaron las protestas, que interrumpieron el transporte público a Machu Pichu, bloquearon carreteras en diversas zonas del país y ocuparon instalaciones de petróleo y gas, dejándolas sin combustible para generar electricidad.

El entonces primer ministro, Yehude Simon, admitió que el gobierno pensó ingenuamente que los planes de desarrollo de la Amazonía se podían hacer desde la capital sin una comunicación debida. Los nativos sostuvieron que la decena de decretos legislativos atentaban contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.

El departamento de Amazonas, donde se produjeron los choques, tiene 465.000 habitantes y produce el 0,65% del PIB. La pobreza alcanza al 59,7% de la población, una de las tasas más altas del país. El departamento de Amazonas tiene, además, la peor tasa de deforestación, 35.500 hectáreas anuales de promedio, duplicando la de Ucayali y el triple de Madre de Dios.

Sólo en los años 90, en Amazonas de talaron y quemaron 355.000 hectáreas, mientras que en la vecina Región San Martín, 27.600. Las cifras muestran la gran migración de colonos a la región dedicados a la tala ilegal.

El actual nivel de organización de las comunidades nativas, hace que sin su consentimiento los planes de cualquier gobierno sean inviables. En diciembre de 2008, la Comisión Multipartidaria del Congreso sostuvo que todos los decretos eran inconstitucionales porque vulneraban los convenios internacionales firmados por Perú. El decreto legislativo 1.090, hoy ya derogado, constituía en la práctica una nueva ley de flora y fauna silvestre que ampliaba la frontera agrícola para facilitar el cultivo de biocombustibles y suponía una amenaza a la integridad de la propiedad de las comunidades indígenas.

Según Foro Ecológico Peruano (FEP), la principal ONG ecologista del país, el decreto 1.090 supone en la práctica que un 60% de los bosques primarios del país, que suman 45 millones de hectáreas, perderían la denominación de patrimonio forestal que los protege para ser pasados al régimen agrario y ser vendidos.

La aprobación de García ha caído, tras los choques de Bagua, hasta el 21%, según una encuesta de Ipsos-Apoyo. Una abrumadora mayoría de los entrevistados (92%) apoya la causa de las comunidades indígenas de Amazonas, considerando que el gobierno se equivocó al no consultar con ellas antes de aprobar los decretos presidenciales abriendo el área a la inversión extranjera. La mayor parte de los entrevistados (57%) culpa a García por la matanza.

Lo que convenció a García de que existe una campaña internacional para desacreditarlo y desestabilizar su gobierno fue la casi instantánea credibilidad dada en el exterior a las afirmaciones de que había tenido lugar una masacre de manifestantes indígenas en Bagua. La acusación fue repetida por asociaciones indígenas del exterior, ONG, bloggers en Internet y altos funcionarios del gobierno de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

El gobierno se ha mantenido en su recuento de 34 muertos (24 policías y nueve civiles) y más de 155 civiles y 24 policías heridos. Aidesep, por su parte, ha hecho circular la versión de que la policía habría tratado de ocultar el número de indígenas muertos, tirando los cuerpos al río Marañón y a tumbas masivas, y que algunos cuerpos fueron incinerados.

Pero la oficina del Defensor del Pueblo, representantes de la Iglesia y periodistas independientes no han hallado ninguna evidencia de cuerpos en el río ni de fosas comunes. El relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, dijo después de visitar el área que no había hallado pruebas de elementos de genocidio o del intento de exterminar un pueblo como tal. Sin embargo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh) informó haber identificado a 61 personas que se sabe que tomaron parte en las protestas en Bagua y que permanecen en paradero desconocido.

Un problema compartido

Los indígenas amazónicos representan sólo el 1% de la población peruana, pero habitan enclaves estratégicos dispersos en áreas selváticas, que suponen las dos terceras partes del territorio nacional, de 1,3 millones de kilómetros cuadrados. De un millón de indígenas de la cuenca amazónica, 300.000 están en Perú, cerca de 200.000 en Bolivia, 100.000 en Ecuador y 70.000 en Colombia, mientras que el resto están en Brasil, las Guayanas y Venezuela.

Las amenazas que comparten comprenden la deforestación, la contaminación de los ríos producida por los pesticidas utilizados en la agricultura intensiva y la violencia que prolifera en zonas remotas debido a la ausencia de autoridades públicas y el tráfico de drogas.

El narcotráfico tiene un grave impacto en los ecosistemas amazónicos. Según el FEP, para sembrar una hectárea de coca, la mayor parte de la cual se dedica a elaborar cocaína, se deforestan cuatro de bosque y estima que por esa razón la deforestación en los últimos 10 años habría alcanzado las 2,5 millones de hectáreas. Cada año esa cifra aumentaría entre 200.000 y 300.000 hectáreas.

En Brasil, las dos terceras partes de la Amazonía no tienen protección alguna. Durante los años 90, la deforestación podría haber representado entre el 10% y el 20% del CO2 liberado en la atmósfera. Cada año que pasa, se pierde un 2% de superficie. Un mayor número de carreteras en la región podría deforestar un 30%-40% de la cuenca para el año 2020, frente al 15% en que se ha reducido desde 1960. Un 85% de la tala ilegal se produce en torno a las carreteras.

En Brasil, con el 60% de los bosques tropicales mundiales, cada vez es más evidente el enfrentamiento entre los ecologistas y los llamados “desarrollistas”, que defienden el aumento de la actividad económica en la región amazónica. El gubernamental Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) invertirá 240.000 millones de dólares en infraestructuras (carreteras, plantas hidroeléctricas y térmicas, gasoductos, ferrocarriles, obras de saneamiento básico y transporte urbano). Solo las 80 represas planificadas pueden inundar 12 millones de hectáreas, equivalente a la mitad del territorio británico.

La tala de bosques húmedos de la cuenca amazónica es responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero debidos a la deforestación, el 20% del total, según estimaciones de la World Wildlife Fund. Debido a ello, Brasil es ya el cuarto emisor mundial de gases de carbono.

En los últimos cinco años, el gobierno ha creado 62 nuevas reservas naturales. Actualmente, el área protegida por ley suma más de 280.000 kilómetros cuadrados, lo que sitúa a Brasil en el cuarto lugar en el ranking mundial de países con el mayor porcentaje de áreas protegidas en relación al territorio.

Pero no hay infraestructuras capaces de garantizar la efectiva protección de esas áreas. Hay sólo un agente federal por cada 2.800 kilómetros cuadrados, de modo que gran parte de las reservas naturales han sido ocupadas por campesinos sin tierras, taladores ilegales, granjeros y mineros.

La creciente demanda mundial de alimentos por algunas potencias emergentes como China ha aumentado exponencialmente las exportaciones de carne, granos y frutas brasileños. Las de carne se han multiplicado por cinco entre 1997 y 2003. Un 80% de ese aumento ha sido suministrado por granjas amazónicas, donde los rebaños de ganado se duplicaron en los años 90 hasta las 57 millones de cabezas, ocupando 340.000 kilómetros cuadrados de pastos.

Brasil es el segundo productor mundial de soja y su mayor exportador, al ser uno de los pocos cultivos que pueden crecer en los terrenos deforestados, lo que ha acelerado el proceso de su explotación comercial en Rondonia, Pará y Matto Grosso. El boom de la soja está produciendo lo que los expertos llaman “sabanización” de la floresta amazónica y de los humedales de Mato Grosso, el llamando cerrado, donde se concentra la producción de soja brasileña.

Según estimaciones de varias ONG medioambientales, la voraz demanda mundial de soja, dedicada en gran parte a la alimentación de ganado, está causando más deforestación que la tala, el ganado y la minería juntos. La soja, además, consume rápidamente los nutrientes del suelo y necesita cantidades enormes de fertilizantes, pesticidas y herbicidas que contaminan luego los ríos. La tasa de deforestación sigue muy de cerca los índices de materias primas agrícolas de la Chicago Board of Trade.

El último enfrentamiento en Brasil por razones de política medioambiental se produjo en torno a dos decretos presidenciales que los ecologistas afirman amenazan el ecosistema amazónico. Uno de los decretos otorga títulos sobre la tierra a ocupantes de tierras públicas que cubren un área de 67 millones de hectáreas, equivalente al tamaño de Francia, en la región amazónica.

Los ambientalistas se oponen al decreto afirmando que la decisión beneficia a personas que ocupan áreas de la selva ilegalmente. En la zona solo un 14% de la propiedad privada de la tierra está respaldada por títulos legales. El otro decreto crea normas más flexibles para la concesión de licencias medioambientales para la construcción de carreteras federales que crucen la selva tropical.

Los grupos de presión rurales sostienen, por su parte, que los decretos ayudarán a facilitar el control del gobierno para impedir conflictos y la tala indiscriminada. El ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, introdujo medidas para que la decisión final en relación a la concesión de títulos de tierras y licencias para carreteras quedase en manos de su cartera. Pero otros de sus colegas del gabinete descartaron esas modificaciones antes de enviar los decretos al Congreso, y Minc los acusó de “inmoralidad”. Lula ha prometido que de ahora en adelante coordinará personalmente los asuntos ambientales, dando a Minc un nivel de apoyo que Marina da Silva, su antecesora, nunca tuvo.

Lula quiere evitar cambiar a otro ministro de Medio Ambiente pocos meses antes de la conferencia de Copenhague. En la Amazonía brasileña viven 20 millones de personas y ningún gobierno podría condenarlos a la pobreza por salvar a los bosques. En el estado de Pará, por ejemplo, el 70% de la población depende de alguna manera de la explotación maderera.

El derecho a la consulta

Los indígenas de la Amazonía constituyen menos del 0,5% de los 186 millones de brasileños y los porcentajes son similares en Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, pero son un elemento esencial en la conservación de los bosques lluviosos porque la defensa de su hábitat natural es una de las razones de su existencia. Según decía Chico Mendes, el ecologista brasileño asesinado en 1988, “donde comienzan los territorios indígenas termina la deforestación”.

Las leyes nacionales de la mayoría de los países latinoamericanos reconocen a los pueblos indígenas derechos para la preservación de sus territorios tradicionales pero, en el momento de aprobar esos macroproyectos, los gobiernos y los tribunales se pronuncian casi invariablemente a favor de los “intereses superiores de la nación y su derecho al desarrollo”.

Las organizaciones indígenas están en primera línea de la resistencia contra la depredación medioambiental. Como sostiene el historiador británico John Hemming en su libro Tree of Rivers (2008), una historia del Amazonas desde el siglo XVI hasta la actualidad, las comunidades nativas son pequeñas democracias en las que se discute de todo, todo el tiempo; es decir, algo muy lejos de la imagen de poblaciones “manipulables” de la que hablan sus críticos.

Según Hemming “la tierra significa todo para los nativos: les provee de caza, pesca y cementa sus creencias, herencia e identidad tribal y, por ello, son un muro de contención contra la invasión destructora y la colonización agresiva de sectas religiosas, guerrillas, narcotraficantes y depredadores”.

La convención de derechos humanos interamericanos de la Organización de Estados Americanos reconoce que los pueblos indígenas tienen derechos a sus tierras y prohíbe el otorgamiento de concesiones para explotar recursos naturales en sus territorios sin su consentimiento libre, previo e informado.

Pero la creciente organización de esas comunidades está dando frutos. En Brasil hay 130 grupos de presión indígenas ayudados por 30 ONG medioambientalistas que han logrado que las reservas indígenas brasileñas cubran el 12% del territorio y el 23% de la Amazonía. En 1982 fue elegido al Congreso Federal Mario Juruna, un jefe de la etnia xavante, el único congresista indígena amazónico que ha tenido hasta ahora el país.

Conclusiones

En Ecuador, el presidente Rafael Correa es uno de los mayores defensores de una de las fórmulas más imaginativas para reducir las emisiones por la deforestación y la degradación: ha pedido a la comunidad internacional unos 5.200 millones de dólares para que Ecuador deje sus depósitos de petróleo sin explotar en la reserva de la biosfera y parque nacional de Yasuní, que puede contener 920 millones de barriles de crudo en una bolsa de hidrocarburos sobre la que se encuentra una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo.

En ese esquema, Ecuador vendería certificados a gobiernos y empresas que les permitiría emitir gases invernadero en cantidades proporcionales al carbono dejado en el subsuelo y que se comercializarían en el European Energy Exchange de Leipzig (Alemania). El gobierno de Quito estima que el plan podría evitar la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Prevenir la deforestación a través de esquemas similares al planteado por Correa será un punto central de la agenda de la cumbre de Copenhague. Pero las medidas para prevenir la deforestación son difíciles de cuantificar. Tampoco está claro quién recibiría el dinero de los créditos: ¿los gobiernos, las poblaciones locales, las comunidades nativas o un fondo gestionado por organismos internacionales que financiaría la protección de parques nacionales, proyectos de energías alternativas y otras iniciativas medioambientales? Copenhague debería ofrecer una respuesta.

A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA: ¿CHÁVEZ RUMBO A 2021?

Manuel Hidalgo

Antecedentes

En Venezuela, el tema de la reelección presidencial indefinida cobró importancia durante la campaña electoral de 2006. Antes de sancionarse la reciente enmienda, la Constitución sólo permitía una reelección inmediata. De ahí que el previsible triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de dicho año planteara muchas dudas e incertidumbres sobre la suerte del proyecto chavista a medio plazo, ya que el presidente no podía concurrir a las elecciones de 2012. Consciente de ello, no escondió su intención de convocar un referéndum a principios de 2010 para que los venezolanos se pronunciaran sobre su continuidad y la posibilidad de que pudiera reelegirse para un nuevo período. Incluso, a comienzos de 2006, había amenazado con proponer un referéndum en caso de que la oposición, imitando el comportamiento seguido en las elecciones parlamentarias de 2005, boicoteara los comicios presidenciales, lo que finalmente no sucedió. Después de su amplia victoria en las elecciones presidenciales –62,84% frente al 36,90% del candidato opositor– se dedicó a impulsar una reforma constitucional que, aunque proponía ciertos cambios radicales, tenía como eje fundamental la reelección presidencial indefinida.

Por un estrecho margen, los electores la rechazaron en de 2007. La derrota de la propuesta presidencial se debió básicamente a que muchos de los ciudadanos que le habían apoyado un año antes, en esta ocasión se quedaron en casa por razones diversas: no entender algunos de los cambios propuestos, no desear establecer el socialismo, rechazar la reelección o estar descontentos con la gestión chavista. Mientras la alianza chavista acudió dividida a la consulta, debido a diferencias internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y entre éste y otras fuerzas que respaldan al presidente, los grupos opositores supieron aglutinarse y desplegar una campaña eficaz en la que el movimiento estudiantil afín jugó un papel destacado.

Después de la primera derrota del chavismo tras una década en el poder, se abrió un compás de espera, sobre éste y otros asuntos, debido a la celebración de elecciones regionales y locales en noviembre de 2008. Pocos días después de su realización, el presidente volvió a colocar con celeridad la cuestión de la reelección presidencial indefinida en el centro de la agenda política. Al menos dos factores deben tenerse en cuenta. Primero, el PSUVreafirmó su supremacía político-electoral (obtuvo el 53% de los votos, consiguiendo 17 gobernaciones de 22 en juego y 264 alcaldías de 326 en disputa). No obstante, la alianza opositora logró unos buenos resultados: ganó en cinco de los siete estados más poblados e importantes política y económicamente (Miranda, Carabobo, Nueva Esparta, Zulia y Táchira). Además, se hizo con el control de Maracaibo (la segunda ciudad más grande), la Alcaldía Mayor de Caracas, y retuvo tres de las alcaldías (de cinco) que componen la capital a las que sumó una cuarta, Sucre, municipio que contiene el barrio más grande de América Latina.

La oposición penetró en zonas populares que le parecían vedadas hasta fechas recientes. Sus victorias adquirían mayor significado político y simbólico al ser derrotados tres de los candidatos más representativos del chavismo(Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz y Jessie Chacón). Los avances se realizaron en un contexto poco propicio ante el descarado ventajismo y desproporción de recursos a favor del oficialismo. En segundo lugar, se esperaba una situación económica delicada en 2009 debido a la abrupta caída de los precios del petróleo en otoño de 2008, por la crisis económica internacional. De ahí que Chávez se apresurara, al celebrarse en 2010 unas importantes elecciones legislativas. En suma, cuanto más se postergara el asunto, menos probabilidades tenía de lograr que los votantes respaldaran su propuesta. Aún así, la apuesta era arriesgada porque la opinión pública no le era favorable al respecto.

Procedimiento y aprobación de la enmienda constitucional

Se utilizó el procedimiento de enmienda dada la imposibilidad de recurrir a una reforma constitucional. Los electores habían rechazado una en 2007 y, según la Constitución (artículo 345), no podía presentarse una nueva en el mismo período legislativo a la Asamblea Nacional (AN). Una lectura excesivamente literal de la Carta Magna, pareciera que no acorde con su espíritu, llevó a los chavistasa defender que la enmienda no alteraba la estructura fundamental del Estado ni entraba en contradicción con lo dispuesto para la reforma, al ser procedimientos diferentes. Tampoco cerraban la puerta a presentar la enmienda tantas veces como quisieran, al no prohibirlo el texto constitucional. Por otro lado, aunque algunas críticas enfatizaban que la enmienda era contraria al gobierno alternativo –uno de los principios fundamentales constitucionales–, el oficialismo argumentaba que la reelección indefinida no lo impedía: los ciudadanos decidirían en las urnas quienes querían que fuesen sus representantes. Si bien la propuesta en sí no era antidemocrática, hay serias dudas sobre su constitucionalidad. Y como se ha puesto de manifiesto en otros países latinoamericanos, la reelección indefinida dificulta los cambios en el poder.

La iniciativa partió del presidente. Aunque pocos días después de las elecciones regionales algún cargo electo del chavismo se manifestó a favor de una enmienda para permitir la reelección indefinida, Chávez, haciendo gala de una concepción del poder muy contraria a la “democracia protagónica y participativa” que pregona, autorizo a sus seguidores, el 30 de noviembre, a poner en marcha la maquinaria para activar dicha propuesta: “Yo les doy mi autorización al PSUV y al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección como presidente de la república”. El temor a que una iniciativa popular fuese demasiado lenta –requiere el 15% de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral– hizo que Chávez le encargase a la Asamblea Nacional la activación del procedimiento, dado lo factible y rápido que resultaba esta vía: se requiere el respaldo del 30% de los diputados, un porcentaje muy fácil de obtener debido a que el oficialismo controla la Asamblea desde las elecciones de 2005.

La discusión y aprobación de la enmienda se realizó en menos de un mes. La primera discusión se realizó el 18 de diciembre. El PSUV y las fuerzas aliadas, Patria Para Todos (PPT) y Partido Comunista de Venezuela (PCV), apoyaron la reelección indefinida del presidente, no sin algunas críticas. El PPT exigía la reelección continua para todos los cargos de elección popular. El partido de izquierdas Por la Democracia Social (Podemos) votó en contra por entender que los ciudadanos ya se habían manifestado en el referéndum de 2007. Esta fuerza política integraba la alianza chavista desde 2004, pero se pasó a la oposición por diferencias sobre la forma y el fondo de algunas medidas, como la reforma constitucional. También algún diputado votó en contra y varios se abstuvieron. No obstante, la propuesta salió adelante con el apoyo de una abrumadora mayoría. Con el fin de proyectar una imagen de mayor respaldo social, el chavismo presentó más de 4.700.000 firmas que avalaban la enmienda de cinco artículos de la Constitución.

La sorpresa fue que después de las Navidades se produjo un acontecimiento importante que iba a tener una incidencia notable en la suerte de la enmienda: el presidente propuso extender la reelección indefinida a todos los cargos de elección popular. Chávez había sido sensible a los argumentos de aliados como el PPT, a voces de su entorno y, cómo no, a las encuestas. En 2007, uno de los factores que influyó en la deficiente campaña a favor del “Sí” fue que algunos partidos aliados al naciente PSUV y ciertos gobernadores y alcaldes no se habían comprometido con la defensa de la reforma por falta de incentivos: la reelección atañía sólo al presidente. Éste no quiso volver a repetir el error, cuando muchas encuestas le eran desfavorables. Ampliar la reelección facilitaba cohesionar a los suyos, ganar más apoyos entre la población y enfrentarse a algunos sectores que le acusaban de querer perpetuarse en el poder. La nueva propuesta consiguió el respaldo mayoritario de los diputados en segunda discusión (14 de enero de 2009). Para escenificar el respaldo social, los chavistas recogieron 1.600.000 firmas adicionales. En total, más de 6.000.000, aunque no se produjo verificación alguna. Por otro lado, conviene subrayar la redacción confusa de la pregunta, en unos términos que permitían colegir que votando “Sí” se ampliaban los derechos políticos del elector. Ahí, el oficialismo jugó hábilmente sus cartas.

La campaña y las encuestas

Lacampaña electoral oficial apenas duró un mes, si bien extra-oficialmente los chavistas se pusieron en marcha a los pocos días de concluidas las elecciones regionales y locales. Partidarios y detractores se organizaron en dos bloques para defender su propuesta. Para el chavismo, el “Sí” obedecía a la necesidad de mantener y profundizar los logros del proyecto y enfatizaban que la enmienda ampliaba los derechos políticos y que serían los electores los encargados de decidir quiénes y por cuánto tiempo estarían en el poder. Como señalaba uno de los carteles de la propaganda oficialista: “Que sea el pueblo el que ponga y quite gobiernos ¡votemos por el sí! Por su parte, el Bloque del “No”, que agrupaba a un amplio y variado grupo de partidos opositores, defendió no sólo que la enmienda era inconstitucional y antidemocrática, sino que la reelección impedía la alternancia y, por consiguiente, abría la puerta a (malos) gobiernos con claros incentivos para abusar de los resortes del poder y utilizar de modo más discrecional si cabe los recursos del estado.

Deben destacarse otros aspectos. Primero, una campaña muy desequilibrada y un órgano electoral parcializado. Continuando la tendencia de las últimas campañas electorales, el chavismodispuso sin apenas limitaciones de los recursos del Estado. Movilizó masivamente a los empleados públicos, recurriendo a incentivos o a la coacción, inducida o real. También desplegó propaganda política en muchos organismos públicos. El uso de lo público como un auténtico instrumento partidista mostró el alto grado de patrimonialización del Estado alcanzado en la actual etapa. Por su parte, la oposición acudió con las arcas casi vacías tras el esfuerzo de las elecciones de noviembre. Respecto a las actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) puede destacarse su sesgo a favor del gobierno. A diferencia de lo sucedido en 2007, no otorgó esta vez financiación a los defensores de una y otra opción –la Constitución prohíbe la financiación pública de campañas, pero el CNE entendió en 2007 que era posible otorgar fondos para un referéndum, al no ser propiamente una elección–. Y si bien algunas de sus decisiones buscaron generar confianza –en particular lo referente a los aspectos organizativos el día del referéndum y las auditorías de las máquinas de votación–, otras, por el contrario, mostraron su sujeción al ejecutivo, como puso de manifiesto la celeridad con la que preparó el referéndum, incluso antes de que se hubiese aprobado formalmente la enmienda. La anuencia ante el ventajismo del oficialismo, su negativa a abrir el registro electoral para que nuevos votantes pudiesen inscribirse o la extensión del horario de votación hasta las 18 horas son otros ejemplos. La normativa electoral establece que las mesas de votación deben cerrarse a las cuatro de la tarde a menos que haya electores sin votar en la cola –la Constitución establece, además, que dicha normativa debe modificarse al menos seis meses antes de una elección–.

En tercer lugar debe mencionarse la polarización de la mayoría de los medios de comunicación. Si bien algunos canales de televisión privados (Venevisión, Televen), periódicos (Últimas Noticias) y emisoras de radio (Unión Radio) fueron proclives a un mayor equilibrio, el resto, en función de su titularidad, pública o privada, dieron una mayor cobertura a noticias y eventos a favor o en contra de la reelección indefinida. Finalmente, conviene subrayar ciertos aspectos de las estrategias de ambos bloques. El chavismo utilizó eficazmente la maquinaria del PSUV, mediante la movilización de más de 14.000 “batallones”, a la que hay que sumar las acciones de los partidos aliados. La estrategia de la defensa de la enmienda pasó por distintas etapas en las que Chávez cargó contra la oposición: “la oposición nos va a quitar todas las misiones y todo lo que hemos logrado”.

En la última fase de la campaña, el presidente recurrió, como en otras ocasiones, a la emotividad, buscó la proximidad con sus bases de apoyo y dirigió su artillería a la movilización de los chavistas abstencionistas. Los partidos de oposición no tuvieron cintura para reaccionar ante las acusaciones que lanzaban cual dardos envenenados los partidarios del “Sí”. Incluso tardaron demasiado tiempo en delinear su estrategia y movilizar a sus partidarios. Además, cedieron gran parte del protagonismo al movimiento estudiantil próximo, algunas de cuyas acciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Quizá el comportamiento de los dirigentes opositores obedeció, en gran parte, al cansancio acumulado tras las últimas elecciones, la escasez de recursos y las dificultades de reaccionar en poco tiempo ante la propuesta. Incluso pudo pesar su confianza en repetir el éxito obtenido en 2007 recurriendo a la movilización estudiantil cuando la situación política era otra.

Respecto a la opinión pública, varias encuestas mostraban desde diciembre de 2006 que la mayoría de los ciudadanos rechazaban la reelección indefinida –los porcentajes se ubican en torno al 60%-70%–. Sin embargo, tras la lectura positiva que le dieron las fuerzas chavistasa dicha cuestión, a partir de diciembre de 2008, algunas encuestadoras comenzaron a reflejar en sus estudios cambios de tendencias y un incremento sustancial de la intención de voto a favor de la propuesta presidencial. Ahora bien, no es fácil sacar conclusiones claras debido a que las empresas demoscópicas también parecen ser presa de la polarización. Los estudios de opinión mostraron resultados dispares y, en ocasiones muy amplios, a favor de una opción u otra. De las que proyectaban un triunfo del “Sí” semanas antes del referéndum –por ejemplo, Datanálisis, GIS XII e IVAD–, sólo la tercera se aproximó al resultado final en la diferencia de puntos a favor de la propuesta que ganó, no tanto en los porcentajes finales que dio (47,5% frente al 39,5%). En todo caso, en lo que sí coincidían la gran mayoría de los estudios era la popularidad del presidente, por encima del 50%.

Los resultados

El “Sí” obtuvo el 54,86% (6.319.636 votos) frente al 45,13% del “No” (5.198.006). La abstención se situó en el 30,08%, 14 puntos menos que en el referéndum constitucional de 2007 y cuatro puntos por debajo de las elecciones regionales y locales de 2008. De la alta tasa de participación se benefició el chavismo, aunque no logró la meta fijada de 7.000.000 alcanzada en las elecciones presidenciales de 2006 (7.300.080 votos). No obstante, aumentó su votación de modo significativo respecto a los procesos electorales de 2007 y 2008. Por su parte, la oposición alcanzó su mayor votación en unos comicios al conseguir unos 800.000 votos más que en el referéndum de 2007.

No es fácil comparar los resultados recientes con otras elecciones, debido a las distintas coyunturas, tipo de comicios y lo que había en juego. Si comparamos los datos de 2009 con el referéndum constitucional de 2007, se observa que el incremento significativo de la participación se decantó mayormente del lado chavista aunque ambos bloques aumentaran su votación: cerca del 45% incrementó el oficialismo frente al 15% de la oposición. Asimismo, varios estados de la zona centro-norte, fronterizos con Colombia (Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Zulia y Mérida), fueron bastiones opositores al votar “No” en ambos referendos. Por el contrario, otros estados importantes, como Anzoátegui y Carabobo, se decantaron en esta ocasión por el “Sí”, lo que muestra las dificultades de hacer lecturas excesivamente simples del comportamiento electoral de los venezolanos. En suma, en el referéndum de 2009, el chavismoganó en 19 estados (16 en 2007) frente a los cinco obtenidos por la oposición (ocho en 2007).

Varios factores contribuyen a explicar el triunfo del “Sí”. En primer lugar, el liderazgo y carisma de Chávez. Diez años después de llegar al poder sigue teniendo una gran popularidad. Segundo, la buena organización y la elevada movilización de los chavistas, que contrasta con lo sucedido en 2007: maquinaria no tan eficaz y desunión de la alianza oficialista. Tercero, la estrategia y la campaña fueron efectivas. Chávez planteó la cuestión con presteza, cogiendo desprevenida a una oposición exhausta y sin fondos. Asimismo, la enmienda se presentó en sentido positivo –ampliación de derechos políticos– y se buscó en algunos momentos de la campaña generar dudas o temor entre los electores en caso de que ganara el “No”. Frente a ello, la oposición no supo contrarrestar los ataques ni proponer alternativas claras al mensaje oficialista. Deben tenerse en cuenta varios aspectos adicionales. Los elevados ingresos petroleros recibidos en los últimos años le han permitido al ejecutivo impulsar la actividad económica y aplicar ciertas medidas sociales que, más allá de sus problemas y limitaciones, han mejorado la situación de los sectores populares. Parte del ingreso se ha utilizado de modo profuso en la extensión de las prácticas clientelares, algo más visible en zonas del interior. Por último, y no menos importante, el uso y abuso de los recursos del Estado y la movilización de funcionarios le granjearon un número de votos nada despreciable.

Conclusiones

La ratificación por la mayoría de los venezolanos de la enmienda que permite la reelección indefinida de los cargos de elección popular muestra la alta popularidad de la que sigue gozando Hugo Chávez, quien aprovecha cada cita electoral para convertirla en un plebiscito. La victoria refuerza el control del presidente sobre el heterogéneo movimiento chavista e incrementa sus poderes en un sistema ya de por sí hiper-presidencialista, en el que no existe división de poderes, la rendición de cuentas es baja y la calidad de las elecciones se ha deteriorado notablemente. La reelección continua crea los incentivos para que aparezca una casta política en los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, aunque se comprueba que el chavismo requiere de un líder carismático, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de Chávez de apoyarse en una amplia variedad de fuerzas, no sólo del PSUV, en momentos críticos. Si bien los lazos afectivos entre el líder de la “revolución” y sus seguidores son clave para explicar su triunfo, no menos significativos son algunas políticas, las prácticas clientelares y el uso abusivo de los recursos del Estado. Los resultados revelan la progresiva división del país en dos bloques, con una oposición que, aunque ha realizado importantes esfuerzos y avances en los últimos tres años, todavía está muy fragmentada y carece de un liderazgo y un proyecto de cambio con los que poder alcanzar el poder. Las próximas elecciones de concejales y juntas parroquiales y las trascendentales elecciones legislativas de 2010 servirán para comprobar la evolución de la correlación de fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2012.

Chávez ya se ha postulado como candidato para dichas elecciones. Si descartamos un escenario plenamente autoritario, aquél tiene a día hoy muchas posibilidades de volver a ganar y quizá mantenerse en el poder al menos hasta 2021, como en más de una ocasión ha manifestado. No obstante, quedan todavía cuatro años en los que pueden suceder muchas cosas. En particular, a corto plazo la situación es compleja: restricciones fiscales, debido a la fuerte caída del ingreso petrolero, y empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. Dichos factores aunados a otros como la ineficacia, la improvisación, el burocratismo y la discontinuidad administrativa conspiran en contra de su popularidad y las posibilidades de radicalizar más su proyecto. Sin embargo, el ejecutivo ha optado por esto último. ¿Por qué? El presidente ha entendido los resultados como un espaldarazo a su propuesta socialista. Cuenta para ello con cierto margen de maniobra, dado que dispone de elevados fondos. El avance de la crisis económica podría desbaratar sus planes y echar al traste con sus deseos de mantenerse en el poder más allá de 2012. De ahí que, nuevamente, haya actuado con celeridad. Además de adoptar algunas medidas, infraestructuras y aparato productivo agrícola, ha realizado cambios en el gabinete ministerial.

La reorganización del ejecutivo pudiera interpretarse, en parte, como una respuesta al creciente impacto de la crisis económica y los requerimientos de una administración eficaz. Pero hay dudas de que Venezuela vaya a sortear mucho mejor los problemas sin haberse renovado a fondo el equipo económico. Quizá, en una primera fase, se pretenda controlar el gasto. Ahora bien, no parece claro que eso se vaya a producir con la fusión y desaparición de varios ministerios. De hecho, las modificaciones apuntan más hacia la concentración y la centralización del poder. En particular, el hecho de que el vicepresidente asuma también la cartera de Defensa es probable que obedezca al interés de Chávez de tener mayor control sobre la institución castrense. Otros cambios muestran la desconfianza presidencial hacia su entorno político y el ascenso de la línea “dura” en una etapa en la pudiera aumentar el malestar en la sociedad. Es probable que las recientes decisiones se complementen con el desarrollo de una agenda legislativa que permita dar soporte legal al proceso de transformaciones y con un papel más activo del PSUV como agente de transformación social. Sin embargo, a menos que aumenten sustancialmente los precios del crudo en los próximos meses, los problemas y tensiones se agravarán, poniendo a prueba el liderazgo presidencial en tiempos de escasez. De presentarse tal escenario, la oposición podría sacar partido. Sin embargo, como señalamos, tiene una ardua tarea por delante ante sus debilidades para erigirse como alternativa. Además, necesita mostrar su eficacia en gobernaciones y alcaldías en condiciones poco favorables debido a la arremetida de Chávez en contra de la descentralización después de las últimas elecciones regionales y locales.

Notas:

[1] Véase Manuel Hidalgo, “‘Por ahí no, mi Comandante’: freno en el referéndum al ‘Socialismo del Siglo XXI’”, ARI nº 3/2008, Real Instituto Elcano, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/ARI3-2008.