martes, 21 de octubre de 2008

COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA: ENSEÑANZAS ESTRATÉGICAS DE LA CRISIS FRONTERIZA


Ridauto Lúcio Fernandes

La incursión de las fuerzas armadas de Colombia en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008 fue el resultado de una brillante operación de inteligencia, que algunos sospechan contó con participación norteamericana, y que logró descubrir la ubicación de un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador. Brillante no solamente por descubrir a los guerrilleros, sino especialmente por descubrir la presencia entre ellos de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, lo que convirtió en rentable, a los ojos de Bogotá, un ataque por fuerzas aéreas y terrestres en el territorio de otro Estado soberano.

Las reacciones no tardaron en producirse. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció por televisión que movilizaría tropas hacia la frontera y expulsó al embajador de Colombia en su país, Carlos Holguín, como respuesta a la violación de su soberanía. Ecuador también solicitó reuniones urgentes de los consejos permanentes de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Comunidad Andina (CAN) y del Mercosur para tratar del tema. Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez calificó la acción militar de “asesinato” y ordenó en directo, mientras se emitía su programa semanal de radio y televisión “Aló, Presidente”, el movimiento de tropas hacia la frontera, cerró su embajada en Bogotá y agravó lo que hasta entonces había sido un choque verbal con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe.

Según los indicios disponibles en fuentes abiertas, la incursión colombiana se adentró sólo unos pocos kilómetros en territorio ecuatoriano, por medio de una operación aerotransportada que incluyó un bombardeo previo de la posición con bombas convencionales Mk–82 de 250 kg –convertidas en armamento guiado (JDAM) por medio de kits israelíes y lanzadas por silenciosos aviones EMB 314 Super Tucano de fabricación brasileña–. Fuentes ecuatorianas informaron que se encontraron inicialmente 18 cadáveres, algunos con tiros en la espalda y casi todos con ropa de dormir, lo que dejó en entredicho la declaración del presidente Uribe a efectos de que se trataba de una persecución en caliente y una acción de legítima defensa en respuesta a una agresión por unidades de las FARC procedentes de territorio ecuatoriano.

Las disputas entre colombianos y venezolanos no son una novedad ni se deben exclusivamente al régimen socialista de Chávez y tampoco a la actuación multinacional de las FARC. Los dos vecinos mantienen diferendos fronterizos desde que en el Congreso de Venezuela (Valencia, 1830) y la Constitución de Nueva Granada (Bogotá, 1831) se dejaron sin definir con precisión los límites nacionales tras la disolución de la Gran Colombia, momento histórico que dio originen a los dos países. El estatus definitivo de la región del valle del Río Zulia y, especialmente, la definición de los límites en la Península Guajira –que podría dar a Colombia la mitad del Golfo de Venezuela, donde brota el oro negro– han estado pendientes de resolución en la agenda de los dos países y han actuado como obstáculos permanentes a la cooperación. A esto se suma el contencioso del contrabando de combustible. El petróleo es explotado comercialmente en Venezuela desde principios del siglo pasado. Para el consumo interno, la gasolina se vende en Venezuela a unos 4 céntimos de euro el litro y luego pasa a Colombia de contrabando para venderse a unos 60 ó 70 céntimos. Las autoridades venezolanas reclaman acciones efectivas que ayuden a controlar el contrabando e impidan la pérdida de ingresos para la petrolera estatal PDVSA por la venta legal de una cantidad que llega a los 3.500 millones de litros anuales, según fuentes del propio gobierno venezolano. El gobierno de Colombia, por su parte, lo que hace es tratar de evitar un perjuicio para sus arcas públicas, aprobando decretos (n? 2337 a 2340) que permiten la venta de gasolina libremente en la zona fronteriza sin importar su procedencia, y que a cambio se pague un tributo con el cual se generan ingresos para sus departamentos y municipios. Más reciente es el problema del contrabando de productos de primera necesidad (leche, huevos y verduras) desde Venezuela a Colombia debido al congelamiento de precios impuesto por el gobierno venezolano en su territorio. Los productos se transportan a Colombia donde son vendidos por precios mucho más elevados, lo que llega a desabastecer los mercados venezolanos, causando tensiones sociales y disminuyendo la popularidad del presidente Chávez. El problema es de tal entidad que el 19 de enero de 2008 Chávez anunció que había autorizado el despliegue de tropas en la frontera para combatir el contrabando.

El desplazamiento transfronterizo de las FARC tampoco es un fenómeno nuevo, pues hace ya mucho que los guerrilleros utilizan el territorio de todos sus vecinos como santuario y no son raros los enfrentamientos de fuerzas militares de los países vecinos contra la conocida guerrilla fuera de Colombia. Por ejemplo, en febrero de 1991 se registró el ataque de un grupo guerrillero de las FARC a un pelotón de frontera del Ejército de Tierra de Brasil que terminó con la muerte de tres militares y dos civiles brasileños, más siete guerrilleros en las acciones posteriores de represalia. En el caso de Venezuela, y antes del gobierno Chávez, fueron constantes los ataques a oleoductos venezolanos y a comunidades de la frontera por grupos de las FARC. El 22 de febrero de 2008 fueron apresados seis integrantes de las FARC en Panamá, tras un tiroteo contra fuerzas de seguridad de aquel país. En respuesta, el mando del Frente 57 de la guerrilla amenazó con efectuar acciones de guerra y apresar policías panameños si no se liberaban los guerrilleros capturados.

La guerrilla de las FARC utiliza la selva amazónica para ocultar sus acciones y sus zonas de refugio aprovechando la existencia del espeso manto vegetal, con árboles de hasta 40 metros de altura, que hace que la región sea impenetrable salvo para los que están habituados a operar en ella. En la selva amazónica sólo se puede avanzar mediante movimientos diurnos ya que de noche no se puede transitar por la selva excepto por itinerarios cortos y previamente identificados. Aún así, la velocidad de progresión no pasa de los 100 metros por hora en las regiones de selva terciaria, que es la región de bosques que bordean ríos y carreteras o ciudades, donde la vegetación, como medida de defensa de la propia naturaleza contra el hombre, es más cerrada y espinosa. Incluso en las mejores condiciones de la selva primaria (lejos de las zonas urbanas), no se suele caminar más de 10 kilómetros por día. Operar en la selva implica estar sudando constantemente, en condiciones de humedad máxima y altas temperaturas, atravesando ríos que pueden tener cientos de metros de anchura y kilómetros de terreno pantanoso a lo largo de sus orillas. Los aparatos de ubicación por satélite (GPS) funcionan pocas veces, debido al espesor de la vegetación, el alcance de las radios disminuye y la logística es un desafío constante, no solamente para el abastecimiento de las tropas, sino también para el mantenimiento de todo el material, necesario a causa de las condiciones climáticas. En fin, la selva no es el dominio del más fuerte, sino del más habilidoso e inteligente, donde el guerrillero posee una ventaja natural sobre tropas no adaptadas.

La selva en la que opera la guerrilla es la vegetación predominante en gran parte de los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, especialmente al sur, entre los departamentos colombianos de Vichada y de Guania y el departamento venezolano de Amazonas (unos 800 kilómetros de bosque cerrado). Aunque la mayor parte de la frontera está definida por ríos, hay 75 kilómetros en los que la divisoria es simplemente una línea recta trazada en el mapa. Los ríos, mucho más que separar, son en esta parte del mundo las vías de enlace del interior de los bosques y la civilización, siendo utilizados como auténticas carreteras por los indígenas y los habitantes de los pocos pueblos existentes. Ahí, la fuerza que mejor se puede contraponer al experimentado Ejército Colombiano y sus “lanceros” sería la propia guerrilla de las FARC. Por supuesto, nadie intentaría penetrar en un país como Colombia por los bosques, ante todo porque no hay objetivos militares o políticos de importancia en dicha región. Pero la simple presencia de una fuerza guerrillera ya instalada, sí que conlleva la presencia de importantes fuerzas regulares colombianas que no pueden desplazarse para hacer frente a una amenaza en otra parte del país, aún cuando no hubiera coordinación de ningún tipo entre la guerrilla y eventuales fuerzas militares extranjeras.

En la región de los bosques sería de poca o ninguna utilidad una fuerza mecanizada o acorazada. Por eso, los “tanques” que ordenó enviar el presidente venezolano en su comunicado se destinarían, en el caso de su empleo en algo más que la simple disuasión, a acciones en la parte central y norte de la frontera. En esa región, la red de carreteras se extiende desde la ciudad venezolana de Maracaibo, pasando por los centros colombianos de Maicao y Riohacha hasta alcanzar Barranquilla (y sus 1.100.000 habitantes); a partir de ahí, se extiende desde San Juan de Colón, pasando por Cúcuta, con destino a Medellín o Bogotá, las dos mayores ciudades del país. Son vías de acceso francamente favorables al empleo de carros de combate en su franja inicial, hasta que se llega a los altos y los valles escarpados de la Cordillera Oriental. En esas regiones podrían ser empleados algunos de los 10 batallones del presidente Chávez. Sería poco probable que los 10 fueran batallones acorazados, ya que Venezuela carece de ellos. Sus poco más de 100 antiguos carros de combate franceses sobre orugas AMX y los poco más de 70 Scorpion –británicos, también sobre orugas– son suficientes para sus batallones acorazados de Maracay y Valencia (AMX–30, la versión pesada) y del Fuerte Mara, en Zulia (AMX–13, la versión ligera), más los dos batallones acorazados ligeros de San Juan de los Morros (Scorpion 90). Además, dispone de tres batallones de infantería mecanizada en San Cristóbal, Carora y en el Fuerte Mara. Las demás tropas terrestres venezolanas son tropas ligeras: batallones de infantería motorizada, de montaña, cazadores, paracaidistas, de selva y caballería motorizada. Entre tropas pesadas y ligeras suman 46 batallones que conforman 12 brigadas. A tal tropa terrestre se podrían oponer, en un eventual enfrentamiento, los más de 60 batallones ligeros y otros 30 de empleo específico contra la guerrilla del Ejército Colombiano. El ejército de tierra de Colombia es tres veces mayor que el de Venezuela, aunque en estos casos el tamaño no lo es todo.

Colombia es un país que ha tenido problemas históricos para mantener bajo control del Estado el territorio, la coerción, la justicia y la tributación. La violencia con motivaciones políticas y la ineficacia del Estado en combatirla ha llegado hasta el punto de permitir que hubiera áreas liberadas en el interior del país en las que no imperaba la ley del Estado. Los medios estatales se emplean hoy en día casi íntegramente en combatir las fuerzas irregulares, y las fuerzas armadas colombianas son las que más implicadas están de todo el continente en la seguridad interior, por lo que abrir un nuevo frente de batalla contra fuerzas regulares, sean de Venezuela, Ecuador o cualquier otro país, sería totalmente contrario a los deseos del gobierno colombiano.

Los colombianos no tienen carros de combate sobre orugas, y lo más similar que poseen son lo que resta de un lote de 120 vehículos mecanizados sobre ruedas brasileños Cascavel, recibidos en los años 80. Los medios mecanizados sobre ruedas no tienen la misma movilidad campo a través que los que disponen de orugas, especialmente en las condiciones de humedad del país. Además, su blindaje ligero y sus cañones de 90mm, con un alcance de 2.000 metros, no serían eficaces contra los AMX–30 venezolanos, que disponen de cañones de 105mm, con un alcance útil de 2.500 metros. Por eso, el presidente Chávez hizo especial hincapié en la palabra “tanque” en su discurso. Igual resultado obtendría la palabra “fragata”, ya que en el mar Venezuela cuenta con seis fragatas clase Lupo, italianas, mientras que Colombia solamente tiene cuatro. Y el líder venezolano pudiera haber mencionado las palabras “aviones de caza”, pues los 26 viejos Mirage 5 y Kfir C–7 colombianos no serían adversarios para la experimentada Fuerza Aérea Venezolana, reconocida por tener buenos pilotos en óptimos aviones, como los más de 20 F–16 (del tiempo en que las relaciones con EEUU eran buenas) y los 16 nuevos Sukhoy SU–30 MKV rusos, más una decena de Mirage 5. Con esos medios, y de haberse producido un enfrentamiento, sólo se podría haber producido una penetración venezolana en la parte norte de la frontera. Sus fuerzas terrestres, actuando aisladas, difícilmente obtendrían en territorio colombiano una cantidad de terreno que les permitiese, por ejemplo, llegar hasta la capital, pero podrían haber controlado el bajo Magdalena y el litoral atlántico, obteniendo condiciones muy ventajosas para negociar la paz.

Junto a las fuerzas regulares, hay otros tres actores importantes a tener en cuenta. El primero es la propia guerrilla. Como se supone, en el caso de estallar un conflicto en la región, las FARC lucharían contra el gobierno legítimo de Colombia, en un intento de aprovechar la situación para llegar al poder. Con su escaso poder de combate actual –unos 15.000 a 17.000 efectivos, con morteros, cañones, ametralladoras y cohetes– sería incapaz de hacer frente a las fuerzas de seguridad estatales en combate abierto. Sin embargo, se estima que sus actuaciones irregulares están inmovilizando cerca de 160.000 soldados colombianos que estarían hoy dedicados exclusivamente a la seguridad de instalaciones y autoridades civiles y militares. En caso de haberse producido un enfrentamiento, sus acciones a la retaguardia de las posiciones colombianas podrían significar la reducción de hasta un 50% del poder de combate del Ejército colombiano, y una reducción mucho mayor en el terreno logístico. El segundo actor a tener en cuenta es Ecuador. Predispuesto contra Colombia por los incidentes recientes y por las posiciones divergentes de sus gobernantes en otros temas, Ecuador sería visto por Colombia por lo menos como un peligro, más que un riesgo por el desplazamiento de tropas hacia la frontera pero menos que una amenaza. Aunque sus tropas nunca llegaran a pisar suelo colombiano, la percepción de peligro hubiera obligado a Colombia a inmovilizar otra parte importante de sus fuerzas para asegurar la frontera. De haber entrado en combate, Ecuador hubiera contado con parte de sus 38 batallones y con sus dos docenas de aviones de combate Mirage F1 y Kfir, mientras que hubieran sido de poca utilidad los carros de combate AMX–13 y los carros sobre ruedas “Cascavel” de su Brigada Acorazada Galápagos dadas las condiciones adversas del terreno.

Escenarios posibles para un conflicto por suceder

Haciendo un análisis de la situación, se podrían imaginar varios escenarios hipotéticos para un eventual conflicto en la región andina. Intentaremos comentar tres de ellos. En el primero, Venezuela reforzaría la defensa de su frontera con Colombia, aumentando progresivamente su concentración de tropas. Proseguiría en la carrera armamentista con sus petrodólares, buscando en el mercado internacional lo más moderno en armamento e incitando a su población a participar de forma cada vez más activa en un ejército en el que cada ciudadano es un soldado. Simultáneamente, apoyaría de manera cada vez más firme a las FARC, suministrando material no militar, apoyo sanitario, apoyo diplomático y, de forma encubierta, apoyo financiero y militar. Estaría lista para reconocer la autodeterminación del pueblo y la independencia de cualquier parte del territorio colombiano así declarado por la guerrilla. Manteniéndose a la defensiva, buscaría tener a su favor la opinión pública internacional en el caso de un ataque a su territorio por Colombia o sus aliados. En ese caso, para su pueblo, el presidente Chávez pasaría inmediatamente a la categoría de “héroe nacional”, pues todas sus previsiones se confirmarían, y la posibilidad de que eso ocurra serviría de disuasión para una eventual intervención norteamericana. El resultado, en este escenario, sería una escalada del actual conflicto interno colombiano con las FARC.

En un segundo escenario, que podría –o no– ser una evolución del primero, el gobierno de Venezuela podría utilizar cualquier nuevo incidente como justificación para una invasión relámpago del territorio colombiano. Buscaría una defensa en posición al sur, con tropas ligeras de selva, de cazadores y de montaña, y realizaría una ofensiva limitada al norte con fuerzas pesadas por dos ejes, cuyo objetivo operacional sería la destrucción de la mayor cantidad posible de medios militares colombianos dentro de un plazo corto y la entrega clandestina a la guerrilla de todo lo posible en material militar. Las acciones se coordinarían con la guerrilla y podrían contar con la participación más o menos activa de fuerzas ecuatorianas. El objetivo estratégico sería alcanzado a posteriori con una posible victoria de la guerrilla sobre las fuerzas legales en el país. Las tropas venezolanas se replegarían antes de la posible reacción de las fuerzas americanas, volviendo a casa con el estatus de “héroes invencibles”.

Pero se puede imaginar, todavía, un tercer escenario: el más peligroso, aunque con pocas posibilidades de ocurrir. Se trata de una invasión de Colombia con las mismas características que la anterior, pero en un movimiento más amplio hacia al suroeste, cuyo objetivo sería el derrumbe del gobierno actual en el país, con apoyo de la guerrilla, que así lograría su objetivo de conquista del poder.

Por otro lado, algunos de los escenarios mostrados pueden combinarse con una carrera armamentista en la región andina. Por parte de Venezuela, la búsqueda de más medios militares tiene como justificación la creación de una fuerza de resistencia en la que participarían todos sus ciudadanos, la única alternativa viable, desde el punto de vista venezolano, para el combate asimétrico contra la superpotencia. Esta sería la única justificación para la adquisición de 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK–103 en un ejército de 63.000 efectivos. Por lo menos 30.000 fusiles se entregaron ya en junio de 2006, y las autoridades norteamericanas sospechan que una parte pueda terminar en manos de las FARC. También se emplearon más de 400 millones de dólares en la compra a Rusia de un total de 33 nuevos helicópteros militares de transporte y de ataque, parte de ellos ya entregados. En 2005 se firmó con la empresa española Navantia un contrato de 1.140 millones de euros para la construcción de ocho buques para la Armada venezolana.

En abril de 2008 se firmará un contrato de 1.400 millones de dólares para la entrega, hasta 2013, por parte de Rusia de tres modernos submarinos de la clase Kilo, una compra que preocupa a todos los vecinos y a EEUU, donde se plantea reactivar su Cuarta Flota, que sería dependiente del Southern Command. Planes más ambiciosos prevén la adquisición de 600 vehículos mecanizados, más aviones militares y las primeras baterías de artillería antiaérea de media altura del continente. La industria nacional no ha sido olvidada y Venezuela ha desarrollado su propio vehículo militar todo terreno –el Tiuna–, de los que ya hay 400 en las fuerzas armadas. En enero de 2008 fue creada la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos SA, que deberá encargarse de la producción nacional de vehículos mecanizados y acorazados. Parte de los fusiles comprados a Rusia se fabricarán en Venezuela, en la primera planta que producirá los famosos Kalashnikov en el continente americano.

Los vecinos de Venezuela han empezado a reaccionar. Ecuador empleará 120 millones de dólares en la modernización –en Chile– de sus dos submarinos, asegurándoles así otros 20 años más de vida útil. Colombia, a su vez, cuenta con la ayuda de EEUU y tiene acceso a medios militares de última generación cuya venta ha sido denegada por el gobierno norteamericano a otros países, como es el caso con los visores nocturnos, prohibidos, por ejemplo, a Brasil. Cuenta también con asesoría militar norteamericana para el adiestramiento de sus tropas y sigue con la adquisición de 24 aviones Kfir C–10 israelíes por 200 millones de dólares, la modernización de sus Kfir C–7, la compra de kits Griffin para la conversión de bombas convencionales en armamento guiado por láser y misiles aire–aire Python IV y Derby. Fuentes locales confirman que se trata de la repuesta a la compra por parte de Venezuela de aviones rusos SU–30 MKV, aunque oficialmente el gobierno colombiano ha negado que esta sea su intención.

Conclusión

No ha sido la primera vez –y tampoco será la última– que las fuerzas de seguridad colombianas cruzan sus fronteras para ejecutar una acción contra las FARC. Cuando ha ocurrido anteriormente, el problema se ha resuelto con medidas diplomáticas y de cooperación. Pero cuando otros actores empiezan a participar, con sus propios intereses, la crisis iniciará una escalada directamente proporcional a los intereses en juego. Pasar de actor secundario a protagonista sólo depende de la voluntad de cada uno de los participantes, y en eso reside el peligro real de cualquier crisis en la región, ya que desgraciadamente no siempre la voluntad de los gobernantes coincide con lo que es mejor para una nación y su pueblo.

La crisis en la región andina es buena muestra del estado de debilidad en el que se encuentra la integración en Iberoamérica. La presencia de Venezuela y su agresiva política exterior puede ser vista como un factor de inestabilidad, a la vista de la escalada de la crisis de marzo de 2008. Afortunadamente, su resolución en un foro regional, como la OEA, ha fortalecido la imagen de Iberoamérica como una región en la que las crisis internas pueden resolverse con mínima participación de agentes externos.

Un posible mecanismo de contención para futuras crisis sería la participación de observadores internacionales en el conflicto interno de Colombia con las FARC, lo que ya ha sido declarado viable por el presidente de Colombia. Bajo el mandato de la propia OEA, de las Naciones Unidas o mediante la creación de un cuerpo regional específico para esta función, como ocurrió en el conflicto entre Perú y Ecuador de 1995, los observadores extranjeros podrían minimizar la participación de actores externos en una cuestión interna colombiana de Colombia y también verificar la corrección de los procedimientos humanitarios durante acciones militares colombianas, logrando así una mayor visibilidad internacional. Con más información, la opinión pública internacional podría más fácilmente posicionarse sobre el tema, lo que restaría libertad de acción a los que desean beneficiarse de una escalada del conflicto.

A España le corresponde intentar retomar su relación con Venezuela, importante actor en Iberoamérica, para que pueda jugar un papel más activo no solo en el caso de una crisis regional sino también para aprovechar las ventajas que supone el estatus de posible mediador. Brasil está actualmente cumpliendo este papel y seguirá haciendo lo necesario para mantener la paz en el continente, condición indispensable para su desarrollo. En este aspecto merece la pena recordar la importancia que tiene el gigante sudamericano para cualquiera que quiera participar más activamente en las relaciones con aquella parte del mundo. Brasil y el presidente Lula pueden ser, para España, una importante vía de reaproximación con Venezuela.

Cuando se cruza la frontera entre Venezuela y Colombia en Cúcuta, unos pocos metros más allá del puesto fronterizo se puede leer en una placa: “Bienvenidos a Colombia. Colombia y Venezuela unidos por siempre”. El mundo espera que verdaderamente siga siendo así.

¿HACIA UNA OTAN SUDAMERICANA? BRASIL Y UN CONSEJO DE DEFENSA SUDAMERICANO



Susanne Gratius

Sesenta años después de la entrada en vigor del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1948 en Río de Janeiro, Brasil ha propuesto crear un Consejo de Defensa Sudamericano El Presidente Lula lanzó esta propuesta el 4 de marzo de 2008, en plena crisis diplomática entre Colombia y Ecuador. Aunque el conflicto bilateral fue una mala noticia para una región pacificada desde hace décadas, el ataque de militares colombianos contra las FARC en territorio ecuatoriano tuvo un efecto positivo: reactivó la capacidad regional de resolver sus propios conflictos. Por un lado, resucitó al Grupo de Río que facilitó una reconciliación entre las partes. Por el otro, el conflicto reforzó la necesidad de crear un órgano común de defensa y seguridad sudamericano.

Sudamérica se perfila como un espacio geopolítico integrado en torno a Brasil y más distante de EE.UU. Aunque su liderazgo es contestado por las aspiraciones de poder de Hugo Chávez, tanto el proceso de integración sudamericano como la propuesta de crear un órgano común de seguridad han surgido desde Brasil. Pese a las tendencias centrífugas en la región, la salida negociada a la crisis entre Colombia y Ecuador, que concluyó sin recurrir a la violencia, señaló que más de cuarenta años de integración y convivencia pacífica no pasaron en vano.

En este sentido, es importante que la Cumbre del Grupo de Río –órgano creado inicialmente por ocho países sudamericanos–, celebrada el 6 y 7 de marzo de 2008 en Santo Domingo, facilitó un diálogo entre las partes para superar sus diferencias diplomáticamente. Durante la XXª Cumbre de la organización, el Presidente colombiano, Álvaro Uribe, se disculpó ante su homólogo Rafael Correa por haber violado la soberanía territorial del país vecino sin previo aviso. Su promesa de que estos hechos no se repetirán en el futuro fue recogida en la Declaración final del evento (1). La Cumbre del Grupo de Río fortaleció a una organización que había entrado en pleno declive, a la vez que renovó la identidad latinoamericana y su capacidad de encontrar soluciones propias a conflictos sin el beneplácito de Estados Unidos.

En comparación, la recurrencia a la OEA como tradicional foro de prevención y resolución de conflictos tuvo un impacto menor. Su Resolución(2), publicada un día antes de la Cumbre del Grupo de Río, se limitó a recordar el artículo 21 de su Carta, según el cual “la soberanía nacional de un Estado es inviolable”. Asimismo, decidió enviar (en una aeronave de Brasil) (3), una misión a ambos países.

La mediación del Grupo de Río junto a la renovada identidad regional acompañado por un distanciamiento de Washington que, al haber tomado posición como aliado incondicional de Colombia, fue parte del conflicto pero no de su solución. Esta misma tendencia de identificar soluciones regionales se percibe también en la OEA que, después de la elección del actual Secretario General y ex Canciller chileno José Miguel Insulza (que fue elegido con la oposición de Washington) se ha “sudamericanizado”.

Bajo la dirección de Insulza se ha fortalecido, a través de un nuevo Departamento de Prevención de Confl ictos y Misiones Especiales, el papel de mediación de la OEA en conflictos domésticos o interestatales. Pero, al mismo tiempo, la regionalización de una organización tradicionalmente dominada por los intereses de EE.UU. implica también una pérdida de infl uencia. Así, el sistema interamericano articulado en torno a la OEA se ha visto debilitado tanto por los crecientes recelos de varios países de la región ante la actuación de EE.UU. en el hemisferio, como por la retirada de Washington de gran parte de América Latina.

Esta tendencia al debilitamiento es todavía más acentuada en el sistema interamericano de defensa. El Tratado Interamericano (TIAR), firmado más de sesenta años atrás, es un acuerdo de ayuda mutua contra amenazas extrarregionales que carece de utilidad práctica y nunca ha sido actualizado. Lo mismo ocurre con el Pacto de Bogotá, firmado en 1948 para identificar soluciones pacíficas a conflictos en el hemisferio americano. Por esta razón, México, el país latinoamericano más cercano a EE.UU., anunció en 2002 su salida del TIAR.

Un año después, en octubre de 2003, se realizó en México la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica (4). Los dos principales logros de la reunión han sido consensuar un concepto multidimensional de seguridad incluyendo las nuevas amenazas (narcotráfico, crimen organizado, desastres naturales y ecológicos, etc.) y superar las divisiones provocadas por la intervención en Irak. Sin embargo, no se llegó a modificar el TIAR ni tampoco a definir una nueva arquitectura del sistema interamericano de defensa que sigue siendo una tarea pendiente (5).

Hoy, la Comisión de Seguridad Hemisférica que opera en el seno de la OEA es el único foro continental en materia de seguridad y defensa. Ante el escaso nivel de cooperación hemisférica, la coordinación subregional en este ámbito, tanto entre los Ministros de Defensa centroamericanos como, más recientemente, entre los países sudamericanos ha experimentado un auge sin precedentes. Es en este nuevo marco y el consecuente vacío de poder, que Brasil lanzó la propuesta de crear un órgano común sudamericano.

Un Consejo de Defensa Sudamericano

En esta misma línea de subregionalizar la cooperación militar apunta la idea del Consejo de Defensa Sudamericano. Teniendo en cuenta la actual situación de la región y las lagunas existentes, un órgano de esta naturaleza podría cumplir con varios objetivos y funciones:

1. Llenar un espacio en materia de defensa latinoamericana, puesto que no se ha creado ninguna organización regional ni tampoco es “un área de cooperación efectiva” (6), pese a que formalmente la región se ha constituido como zona de paz;

2. Servir de plataforma y legitimación colectiva para la aspiración de Brasil de convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas;

3. Crear un sistema de defensa sudamericano y, en el futuro, una especie de OTAN subregional con una estructura y capacidad militar propia;

4. Prevenir conflictos en la región por la ampliación de medias de creación de confi anza y fortalecer el papel de mediación regional en crisis sudamericanas;

5. Promover la cooperación en equipos y armas y, en particular, ampliar el mercado regional para la industria bélica de Brasil que es un importante exportadores de material militar;

6. Mejorar la seguridad de fronteras entre los doce países y sobre todo en la región del Amazonas como espacio difícil de controlar;

7. Luchar conjuntamente contra amenazas regionales como el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de armas y los desastres naturales y fomentar el intercambio de información militar;

8. Realizar ejercicios militares conjuntos y coordinar actividades en el seno de misiones regionales (OEA) o internacionales (ONU) de paz. Un importante precursor en este sentido es la coordinación sudamericana en la misión de Estabilización en Haití bajo el comando militar de Brasil;

9. Reducir paulatinamente la influencia militar de EE.UU. y sus bases en Sudamérica sin desafiar abiertamente su hegemonía.

Esta lista coincide con los intereses de Brasil que, igual que los demás países de la subregión, no forman parte de ninguna organización de defensa internacional. Sin embargo, la propuesta del Consejo de Defensa formulada por Brasil es otro ejemplo de su liderazgo ambivalente que oscila entre su proyecto global (o interés nacional) y su proyecto sudamericano (interés colectivo).

Ello se refleja en el discurso que pronunció el Presidente Lula da Silva el 4 de marzo de 2008, cuando en la misma frase propuso crear el Consejo de Defensa Sudamericano y utilizarlo para justificar la representación de Brasil en el Consejo de Seguridad. Es por esta ambigüedad entre un liderazgo colectivo sudamericano y un liderazgo individual global que sus países vecinos ven con recelos cualquier propuesta regional que formule Brasil.

De hecho, ante el tamaño de Brasil y su superioridad militar, un Consejo de Defensa Sudamericano podría correr el riesgo de ser dominado por este país. Pero desde el fin de la dictadura militar, Brasil se ha convertido en una potencia benigna y cooperativa que, pese a su superioridad en materia de seguridad, está consciente de que no es ni pretende ser una potencia militar. Aunque figura entre los quince países del mundo con mayor capacidad militar y el tamaño de su fuerza armada es parecido al de Alemania, Brasil gasta menos de la mitad que la potencia germana en defensa.

Ante la falta de recursos y las amenazas de seguridad comunes, Brasil apuesta por un sistema colectivo de defensa. De hecho, una fuerza militar sudamericana en su conjunto sería, en número de tropas, equivalente a Rusia y algo menor que EE.UU., mientras que su presupuesto sumado sería parecido al de potencias como Alemania o Japón. En esta óptica, un Consejo de Defensa Sudamericano podría ser un primer paso hacia una OTAN sudamericana o, mucho más adelante, una fuerza armada sudamericana.


Aunque todavía hay que recorrer un largo camino hacia un sistema sudamericano de defensa, la propuesta de Brasil está estrechamente vinculada a los avances de integración sudamericanos desde que los doce países celebraron, en 2000 en Brasilia, su primera reunión Cumbre. Muestra de ello son la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la iniciativa de infraestructura IIRSA y, dentro de este marco, los dos polos norte y sur del proyecto: la Comunidad Andina y el MERCOSUR. Un órgano de defensa formaría parte de este esquema de integración.

¿Liderazgo compartido o competitivo?

Los principales obstáculos al que se enfrenta el futuro Consejo son, por un lado, su instrumentalización para los fines nacionales de Brasil y, por el otro, las diferentes visiones de Brasil y Venezuela en materia de seguridad y defensa. Ante las divergencias entre ambos, es dudoso que un Consejo común de Defensa, de haber existido, hubiera podido presentar una propuesta consensuada para resolver el confl icto entre Colombia y Ecuador.

Más allá de la condena de violar la soberanía territorial, las posiciones de Brasil y Venezuela no coinciden: mientras que Hugo Chávez apoya la posición de Ecuador y desafía la política de Colombia por sus vínculos con la FARC, Brasilia ha preferido desde siempre la neutralidad ante el conflicto interno colombiano y sus relaciones con Ecuador, con el que no comparte fronteras, son distantes.

Con antelación a la propuesta brasileña hubo varios intentos separados desde Brasilia y Caracas de avanzar en materia de seguridad y defensa sudamericana. En 2003, el Presidente Hugo Chávez propuso crear la Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), una especie de “OTAN sudamericano”. En aquel entonces, la iniciativa no prosperó. Ahora, cinco años después, Chávez y Lula quieren promover conjuntamente el Consejo de Defensa Sudamericano. Sin embargo, pese a la supuesta armonía entre ambos líderes, sus proyectos son diferentes. Mientras que la retórica anti-imperialista y marcar distancias con EE.UU. es la principal motivación de Venezuela para crear un órgano sudamericano de defensa, la inclusión de Brasil en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue siendo el principal objetivo del Gobierno de Lula.

Estas diferencias entre Brasil como líder natural sudamericano y Venezuela como autoproclamado líder ideológico ensombrecen las perspectivas de crear un Consejo de Defensa Sudamericano, no como una institución más en el complejo entramado de instituciones de integración, sino como un órgano eficaz y práctico para prevenir y resolver conflictos en la región y promover la cooperación interestatal en esta materia. Esta vez, la creación de un órgano común de defensa depende de la habilidad de Brasil de ganar adeptos para su propuesta y evitar la impresión de que sólo lo quiere utilizar para su propia proyección global.

Los próximos meses indicarán si es posible avanzar. El Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, tiene previsto realizar una gira por todos los países sudamericanos. Previo a ello, Brasil se aseguró, durante la visita de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a Brasil y un posterior viaje del Ministro a Washington, la aprobación de EE.UU. La propuesta fue también negociada con su más cercano socio Argentina, con Chile y respaldada por Chávez que se reunió el 20 de marzo de 2008 con Lula.



Los desafíos de seguridad a los que se afronta Sudamérica son de orden interno y de difícil solución nacional. Tal y como ha puesto de manifiesto el reciente conflicto entre Colombia y Ecuador, la guerrilla igual que el narcotráfico o el crimen organizado son problemas compartidos que requieren una estrecha cooperación interestatal y, preferentemente, un marco multilateral de actuación. El Consejo de Defensa Sudamericano podría ser un primer paso para consolidar la región como zona de paz y concederle un mayor protagonismo internacional. Sin duda, su creación fortalecería el incipiente sistema sudamericano y debilitaría aún más el sistema hemisférico. Más allá de los intereses nacionales de Brasil es en esta óptica que habría que considerar la creación del Consejo de Seguridad Sudamericano.

Esta propuesta refleja ante todo el creciente papel de compromiso sudamericano que asume Brasil, el principal socio de la UE en la región. Frente a la Cumbre que celebrarán la UE, América Latina y el Caribe el próximo mes de mayo de 2008 en Lima, esta iniciativa de avanzar en un sistema sudamericano de defensa en torno a Brasil es otra señal más para una creciente división de intereses entre el espacio sudamericano y el resto de la región.

Notas

1. Anexo Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de Grupo de Río sobre los Acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia, 7 de marzo de 2008.

2. Organización de Estados Americanos (OEA), Resolución CP/Res. 930 (1632/08), Washington DC, 5 de marzo de 2008.

3. Integrada por José Miguel Insulza y Embajadores de Argentina, Brasil, Panamá y Perú.

4. Una visión más detallada de los desfíos hemisféricos ofrece Joseph Tulchin, Raúl Benítez Manaut, Rut Diamint (Eds.), El rompecabezas: conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI, Bononiae Libris y Prometeo, Buenos Aires 2006.

5. Véase Juan Emilio Cheyre, “Seguridad Hemisférica: un desafío de integración pendiente” Foreign Affairs en español nº 4, octubre-diciembre de 2005.

6. Francisco Rojas Aravena, “El riesgo de la superposición entre las políticas de defensa y seguridad”, Nueva Sociedad nº 213, enero-febrero de 2008, pp. 36-49.

LA CUMBRE DE UNASUR EN SANTIAGO DE CHILE Y EL CONFLICTO EN BOLIVIA


Carlos Malamud

Tras la Cumbre de Santiago, las valoraciones de los líderes latinoamericanos fueron coincidentes y excesivamente autocomplacientes, con algunos pronunciamientos altisonantes. Durante la Asamblea General de la ONU, los países latinoamericanos mostraron su clara apuesta por el multilateralismo e hicieron “gala de un liderazgo propio frente a las grandes potencias”. Michele Bachelet dijo que “Unasur ha demostrado una vez más ser un instrumento poderoso de integración”.

Entre las declaraciones presidenciales destacan las de Argentina y Brasil, que señalaron que América del Sur ha dado ejemplo de cómo construir el multilateralismo, pese a las diferencias internas. Tanto Lula como Fernández de Kirchner hablaron de la Cumbre de Unasur. Fernández señaló que hubo unanimidad “para ayudar a Bolivia en la defensa de la democracia y el diálogo para solucionar la crisis interna”, que “el ejercicio de multilateralidad es una convicción de las regiones emergentes”, y que se aclaró “el respaldo irrestricto a todos los países cuyas democracias son frágiles y sus instituciones necesitan del apoyo internacional”. Lula manifestó que se está construyendo una nueva geografía política universal y que Unasur “es un nuevo instrumento de coordinación política entre los países de la región, en términos de infraestructura, energía, política social, finanzas y defensa”. En Santiago, los presidentes de Unasur comprobaron “la capacidad de respuesta frente a situaciones complejas como la que vive Bolivia”.

Después de la Cumbre, la UE apoyó la declaración de la Unasur en defensa de la democracia en Bolivia. Según Bachelet, esto muestra su crecimiento relevante como actor político regional. El Grupo de Río, con la presidencia pro témpore de México, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Parlamento del Mercosur respaldaron al gobierno y la democracia bolivianos. También apoyaron a Morales organizaciones indígenas ecuatorianas y agrupaciones sociales, sindicales, políticas, humanitarias y piqueteras argentinas. Fidel Castro expresó su satisfacción por el apoyo brindado a Morales en la Unasur. En una carta a Hugo Chávez dijo que el acuerdo de Unasur “vale oro. Sin esto, no se habría producido tal éxito o cuando más un suave remedio post mórtem”.

El entusiasmo por el éxito de Unasur ha ido más allá. En un artículo de opinión, en el diario mexicano La Jornada, Ángel Guerra Cabrera tildó de “memorable” la Cumbre, que fue “un nuevo y rotundo grito de independencia y unidad de América Latina”. “Por primera vez un grupo significativo de sus presidentes condena y adopta decisiones prácticas contra una conjura golpista orquestada por el imperio del norte. Este hecho y cada idea en la Declaración de la Moneda, aunque no se mencione por su nombre, señalan con el dedo acusador a EEUU: la simbólica alusión a Salvador Allende y el categórico compromiso con el respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, la integridad e inviolabilidad territorial, la democracia y los derechos humanos”. Unasur “refleja la emergencia? de un nuevo tipo de gobiernos celosos de la soberanía nacional y con sensibilidad social, obviamente impulsados por las decisivas luchas populares”. También se recalca el “apoyo irrestricto” y unánime a Morales y la condena al vandalismo de “los grupos desestabilizadores”. Concluye diciendo que la Cumbre fue un gran triunfo político de Morales y “un reconocimiento a su talla de estadista, así como al talento político con que él y los movimientos sociales bolivianos han conducido la difícil brega por una democracia de las mayorías; y una derrota política dentro y fuera de Bolivia de los prefectos separatistas y su titiritero”.

Si bien estos análisis son corrientes, la pregunta central es hasta dónde sus juicios responden a la realidad o si, por el contrario, estamos ante un nuevo ejercicio de voluntarismo y autocomplacencia. En las declaraciones posteriores a las Cumbres latinoamericanas o encuentros bilaterales, el triunfalismo es prácticamente unánime. Así, todas y cada una de estas reuniones parecen abrir las puertas a una nueva y decisiva etapa en la historia latinoamericana.

Un precedente directo de la convocatoria de la Cumbre fue la expulsión de los embajadores de EEUU de La Paz y Caracas. Rafael Correa respaldó la decisión de expulsarlos: “Morales y Chávez deben tener evidencias para haber expulsado a los embajadores de EEUU” y añadió que en su caso “no tenemos esa evidencia”. “Si yo tuviera evidencia que EEUU, o el país que fuese, está financiando a grupos para desestabilizar al Gobierno u oponerse a la Constitución, tenga la seguridad que inmediatamente expulsaría al embajador del respectivo país”.

Los orígenes de Unasur

El 23 de mayo de 2008 se firmó en Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Los representantes de 12 países de la región firmaron el documento que oficializaba el nacimiento del último experimento de la integración regional. Meses antes, y sin demasiadas explicaciones, en la Cumbre energética de Isla Margarita, en abril de 2007, a iniciativa del comandante Chávez se decidió reemplazar la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA) por la Unasur (véase Carlos Malamud, “La cumbre energética de América del Sur y la integración regional: un camino de buenas (y no tan buenas) intenciones”, Documento de Trabajo 18/2007, Real Instituto Elcano). Una de las medidas más trascendentes aprobadas en Brasilia fue conceder a Chile la presidencia pro témpore de la Unión, ante las dificultades para encontrar o designar nuevas autoridades.

La Declaración de Santiago comenzaba invocando el tratado constitutivo de Unasur, que específicamente menciona lo que estima son los pilares de las relaciones entre los países miembros: el irrestricto respeto a la soberanía, la no injerencia en asuntos internos y la integridad e inviolabilidad territorial, estrechamente vinculados al fuerte nacionalismo existente en la región. Posteriormente se mencionan la democracia y sus instituciones y el respeto a los derechos humanos.

Desde el principio se discutió sobre la composición del bloque regional, su liderazgo y el mayor beneficiario de su existencia. Las principales teorías enfrentaban a Brasil y Venezuela, o a los presidentes Lula y Chávez. En realidad, se jugaba el deseo venezolano de liderar la región, gracias a su gran disponibilidad de efectivo, frente al mayor pragmatismo brasileño. Cuestiones como la relación con EEUU, el papel de la OEA o la presencia de Rusia o Irán estaban sobre la mesa, aunque sin figurar en la agenda oficial, mientras los temas de seguridad y defensa sí eran incorporados, prefigurando el choque entre Venezuela y Brasil. No debe olvidarse que entre los objetivos específicos de Unasur está “el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa” y “la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.

La Cumbre de Santiago y sus antecedentes

La Cumbre de Santiago, celebrada el 15 de septiembre, fue convocada de urgencia por Michelle Bachelet en su condición de presidenta pro témpore de Unasur. La decisión se aceleró por la presión de Bolivia y Venezuela denunciando la existencia de ciertas tramas golpistas, unas impulsadas por los prefectos opositores y otras por EEUU. La expulsión de los embajadores de La Paz y Caracas, y las denuncias sobre la violencia opositora, especialmente tras la matanza de Pando, reforzaron la tensión sobre Unasur. La espiral de violencia en Bolivia, donde tanto el gobierno como la oposición autonómica habían decidido movilizar a sus bases en defensa de sus posiciones, influyó sobre el éxito de la convocatoria.

En este contexto, surgieron algunas discrepancias sobre quién tomó la iniciativa de convocar la reunión, ya que antes del 12 de septiembre hubo algunas declaraciones de Chávez en esta línea. Tras la convocatoria, algunos de los participantes comenzaron a tomar posiciones, claramente unánimes en defensa del orden establecido y de las autoridades legítimas, es decir, del gobierno de Morales, relegando a la oposición a un segundo plano. La escalada del conflicto boliviano hubiera acarreado problemas para el resto de los países sudamericanos y a los participantes de la reunión, comenzando por los convocantes chilenos, les interesaba dar un claro mensaje de apoyo al statu quo.

Para calentar el ambiente, antes de llegar a Santiago, Rafael Correa manifestó que Unasur rechazaría los intentos separatistas impulsados por la oposición boliviana, para dar un mensaje claro de que “no aceptaremos nuevos Pinochet ni separatismo”. “Todo esto es una estrategia de los grupos que no pueden captar el poder nacional para desestabilizar el gobierno de Evo Morales o separarse de Bolivia, porque nunca se sintieron parte de Bolivia”.

Durante el fin de semana previo a la cita se confirmaron las presencias y las ausencias de los asistentes. Si bien inicialmente se temió por una Cumbre plena de incomparecencias, esto finalmente no pasó y la Cumbre fue todo un éxito en términos de convocatoria. El único ausente importante fue Alan García, cada vez más enfrentado con Chávez, aunque adujo problemas de agenda para no acudir. Por el contrario, Lula, cuya ausencia se temía, terminó confirmando su presencia y se convirtió en el principal impulsor del acuerdo final. García fue sustituido por el ministro de Exteriores, José Antonio García Belaúnde, mientras los mandatarios de Surinam y Guyana, también ausentes, estuvieron representados por otros funcionarios de alto rango.

Lula no estaba muy convencido de asistir a una reunión que podría interpretarse como una injerencia en los asuntos bolivianos. Por eso estimaba fundamental la existencia de una petición expresa del gobierno boliviano a los presidentes sudamericanos para mediar u opinar sobre el conflicto. Para rematar su punto de vista concluyó que la Cumbre sólo tendría sentido en el caso de concluir con una propuesta concreta de Unasur sobre el conflicto boliviano, que debería ser acatada por el gobierno y la oposición. De otro modo se reforzaría el ascendiente de Hugo Chávez sobre Evo Morales.

La Cumbre se celebró en el Palacio de la Moneda, con un trasfondo muy simbólico (sólo cuatro días antes se había conmemorado el aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende). En la Declaración final se recordaban “los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo lugar conmocionaron a toda la humanidad”. La reunión se celebró a puertas cerradas, y a diferencia de la Cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo el pasado marzo, que encarriló la crisis entre Ecuador y Colombia, esta vez las cámaras de televisión no difundieron las sesiones.

Las posturas iniciales eran muy claras. De un lado, Evo Morales, con Chávez, Correa y Fernández de Kirchner, insistían en la existencia de un complot contra el gobierno boliviano y un golpe de Estado en marcha. Este grupo impulsó medidas intervencionistas. Chávez amenazó con enviar tropas a Bolivia si se atentaba contra “su amigo Morales” o se desestabilizaba su gobierno. Por el otro, Lula, secundado por Bachelet y Uribe, proclives a una negociación entre las partes. Lula creía que la mediación de Unasur era más efectiva que la intervención.

La reunión comenzó con casi una hora de atraso. Tras un largo debate a puerta cerrada, los presidentes presentaron de forma unánime la “Declaración de La Moneda”, un documento de nueve puntos que aboga por reforzar el diálogo político y la cooperación en Bolivia, y mejorar la seguridad ciudadana. La declaración se basó en la propuesta chilena, adelantada por el ministro de Exteriores, Alejandro Foxley, que propuso “reconocer la autoridad legítima del gobierno boliviano” y terminar con la violencia. Pese a ello, durante la reunión se cruzaron fuertes opiniones. Hugo Chávez, en un acalorado discurso, criticó duramente a EEUU, en línea con lo dicho pocos días antes en el mitin electoral en que anunció la expulsión del embajador Patrick Duddy. También solicitó, aunque sin éxito, que la declaración final condenara la injerencia de EEUU en la crisis boliviana.

Todos los presidentes abandonaron Santiago el lunes por la noche, salvo Uribe, que traía una agenda propia vinculada a las acusaciones colombianas por los contactos regionales de las FARC. De una manera singular la Cumbre se prolongó a Nueva York, una semana después, durante la Asamblea General de la ONU, en una reunión de presidentes de Unasur, para buscar consenso en la elección del secretario general y analizar las gestiones del grupo regional en la solución de la crisis boliviana, especialmente en la negociación entre las partes. En esta reunión no participó Chávez, de gira por China. Bachelet, presidenta pro témpore de Unasur, trató con sus pares la organización de la comisión de diálogo, acordada en Santiago, liderada por Juan Gabriel Valdés. El ex canciller chileno participó en la reunión con un informe preliminar del diálogo entre Morales y la oposición para acabar con el conflicto. Valdés lamentó la falta de acuerdos, aunque destacó la buena voluntad de las partes y que nadie cuestionara la unidad y la integridad territorial boliviana.

Simultáneamente, Bachelet aplazó la Cumbre presidencial prevista para el 21 de octubre en Viña del Mar, porque sería la tercera en un mes, y realizar un nuevo encuentro a fines de año aprovechando otras citas internacionales. Los líderes latinoamericanos se volverán a ver en la Cumbre Iberoamericana de fines de octubre en San Salvador y en diciembre en una cumbre de Mercosur en Salvador de Bahía, que coincidirá prácticamente con la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, una interesante iniciativa brasileña que promete ser un nuevo foro de concertación regional.

La declaración de Santiago

Con claras señales de respaldo a los gobiernos democráticos, respeto de los derechos humanos y repudio de los actos intervencionistas, finalizó la reunión de Unasur. La Declaración de La Moneda, o de Santiago, firmada por todos los presentes, constató la gravedad de los hechos ocurridos en Bolivia y “el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. Posteriormente señaló el respaldo unánime al gobierno de Morales, elegido democráticamente, y rechazó cualquier intento de golpe civil o ruptura del orden institucional en Bolivia.

La Declaración de los presidentes fue un llamado al diálogo y una clara apuesta por el mantenimiento del régimen constitucional y la legitimidad de Morales. También se llamó a superar el conflicto mediante el consenso, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones. Esto supone reconocer, al menos, la existencia de dos partes enfrentadas, aunque se puso como condición para iniciar el diálogo la pronta devolución de las instalaciones tomadas y el cese inmediato de las acciones violentas.

La Declaración no incluyó ninguna alusión a la injerencia extranjera, lo que suponía dejar de lado a EEUU y Venezuela, cuyos gobiernos fueron acusados de intromisión por los bandos enfrentados. También se excluyó cualquier mención a la OEA, otro modo de mantener fuera a EEUU, aunque esto plantea una seria discusión a largo plazo sobre el papel de esta instancia multilateral en las relaciones interamericanas. Hay un elemento a no perder de vista que genera recelo en gobiernos como el venezolano en relación con la OEA: la existencia de la Carta Democrática, firmada en 2001.

Los presidentes expresaron un “pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional” de Morales, tras recordar su amplia mayoría en el referéndum revocatorio. Luego, rechazaron cualquier intentona golpista o ataque contra el orden institucional o contra la integridad territorial boliviana. Condenaron el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por grupos desestabilizadores y convocaron a todos los actores políticos y sociales a acabar rápidamente con “las acciones de violencia, intimidación y de desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido”, así como a preservar la unidad nacional y la integridad territorial. La mejor forma de lograr los objetivos propuestos, superar la situación actual y encontrar una solución es el diálogo y la negociación, en el marco del Estado de Derecho y el orden legal. Los presidentes condenaron la masacre de Pando y apoyaron el llamado del gobierno boliviano para que una comisión imparcial de Unasur investigue los hechos, para esclarecerlos y evitar la impunidad de los responsables. Con estos objetivos se acordó crear una comisión coordinada por Chile para acompañar la mesa de diálogo conducida por el gobierno boliviano; también se decidió crear una comisión de apoyo y asistencia al gobierno de Morales, con técnicos especializados, en función de las necesidades gubernamentales. Rápidamente se desplazó a Bolivia una comisión de expertos en derechos humanos de algunos países de Unasur, especialmente al departamento de Pando, para conocer detalles de la masacre. La comisión está coordinada por Juan Gabriel Valdés, que también está presente en la negociación entre el gobierno de Morales y los prefectos.

Las valoraciones de los presidentes

Tras la Cumbre, la mayoría de los presidentes presentes hicieron diversas valoraciones personales, menos coincidentes que la Declaración. A través de ellas es posible ver los diferentes puntos de vista y su forma de expresarlos, como algunas de las obsesiones de ciertos mandatarios: la intromisión política del gobierno de EEUU, el golpismo de origen norteamericano o departamental, la integridad territorial de sus países o la defensa de la soberanía nacional.

Para la organizadora del evento, la presidenta Bachelet, la Declaración consagra los principios de soberanía, la democracia y sus instituciones, el respeto a los derechos humanos, a la vez que crea un escenario más idóneo para reactivar el diálogo entre las partes. De este modo, el encuentro fortaleció a Unasur, creada en mayo pasado, que tuvo en la crisis boliviana su primer desafío: “después de esta reunión y de estos acuerdos, Unasur ha quedado más consolidada”, señaló Bachelet.

Hugo Chávez volvió a acusar a EEUU de intervenir en la política latinoamericana y ser el principal conspirador en Bolivia para provocar la caída de Morales y denunció una “conspiración internacional” contra Morales liderada por EEUU: “Estamos tomando medidas para evitar fases más complicadas de intervención en Bolivia. No queremos intervención y le pedimos al gobierno de EEUU que retire sus manos de Bolivia y América Latina, porque ellos son los culpables. El gobierno de EEUU es el gran conspirador”. Pero ahora América del Sur “canta a coro” contra “las políticas del imperio”. Por eso, según su punto de vista, Unasur iba a parar la crisis, evitando un golpe de Estado contra Morales, como ocurrió en Chile en 1973. Chávez dijo que: “Hemos abortado un golpe de Estado en Bolivia y si no, por lo menos hemos comenzado a abortarlo”. También aludió a las condiciones propuestas por algunos sectores de la oposición boliviana, que solicitaron la liberación del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y así comenzar las negociaciones con el gobierno boliviano.

Para Correa, el éxito de la Cumbre es una comprobación más de que “la integración puede ser eficaz” y que en la nueva de América Latina, fue posible analizar una crisis regional sin la presencia y la participación de EEUU. “Antes íbamos al norte (Washington) a resolver nuestros problemas, pero ahora vamos al sur y en esta ocasión fuimos Santiago de Chile”. También aplaudió que se defendiera la democracia, se respaldara “sin medias tintas” a Morales y se condenara cualquier intento separatista.

Morales, que vio como su aliado y mentor Hugo Chávez no había logrado todos sus objetivos y el complot internacional norteamericano no era mencionado en la Declaración, valoró el respaldo unánime de Unasur, y resaltó que por primera vez los países sudamericanos decidieron resolver entre ellos sus propios problemas y dijo que esperaba que los “grupos opositores puedan entender este manifiesto”.

Las condenas al separatismo

Uno de los motivos que aumentó la sensibilidad de algunos gobiernos de la región es el temor frente al potencial separatista de la media luna boliviana. En sus casi 200 años de vida independiente, los países latinoamericanos no habían conocido fenómenos de esta naturaleza. Pese a la frecuencia con la que se habla de “balcanización” en América Latina, generalmente en relación al surgimiento de Uruguay como país independiente, el único país de América del Sur que emergió con posterioridad a la batalla de Ayacucho, cuando concluyó el proceso de emancipación, fue Panamá, en 1903.

Pese a la existencia de numerosos movimientos autonomistas, algunos de más envergadura que otros, hasta el momento ningún país se enfrenta a graves retos de secesión. Sin embargo, desde fechas recientes los principales líderes populistas de la región, Chávez, Morales y Correa, insisten en el potencial disruptivo de algunos movimientos, como el de los departamentos del oriente boliviano, Guayaquil en Ecuador, Zulia en Venezuela e incluso en Paraguay. Las denuncias contra ellos arrecieron a partir de la convocatoria de los referéndums autonómicos en Bolivia.

Esta postura, sin embargo, es bastante contradictoria con algunas respuestas de ciertos mandatarios latinoamericanos. En septiembre pasado, durante los festejos del 39 aniversario del ejército nicaragüense, Daniel Ortega anunció el reconocimiento de la independencia de Osetia del Sur y Abjasia. Pese a ser una declaración retórica, de escasa trascendencia en el conflicto, sí puede comprometer el futuro de las negociaciones entre los países centroamericanos y la UE. Por otro lado, se trata de un precedente negativo frente a las denuncias de Morales, Correa o el mismo Chávez sobre los planes secesionistas en sus respectivos países. Ni Chávez ha ido tan lejos. De momento sólo ha apoyado la actuación de Rusia, señalando que: “Estamos con Rusia, apoyamos la posición digna de Rusia, nosotros haríamos lo mismo si alguien se atreviera a agredirnos. Ha reconocido Rusia la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, y la apoyamos pues tiene razón y está defendiendo sus intereses”.

Las denuncias sobre los riesgos potenciales del separatismo se vinculan con las difíciles coyunturas internas que esos líderes enfrentan y forman parte de su estrategia de movilización popular y fidelización de sus bases. En fechas previas al referéndum constitucional, Correa advirtió que lo que pasa en Bolivia podría ocurrir en Ecuador, específicamente en Guayaquil, “debido a la prepotencia de las oligarquía, que busca mantener sus privilegios, a pesar de la gran pobreza de la población”. Correa denunció, además, que los grupos opositores de las cinco regiones bolivianas que promueven procesos autonómicos están aliados con sectores opositores de Guayaquil y Zulia.

La discusión Chile Venezuela

Pese a las aparentes muestras de unidad, la Cumbre terminó con dos disputas diplomáticas de cierto peso entre Venezuela y Chile. La primera relacionada con la Cumbre, especialmente con la interpretación de sus conclusiones y algunos juicios sobre el protagonismo de ciertos dirigentes regionales, y la segunda centrada en la expulsión de Venezuela de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Tras la Cumbre, el ministro chileno de Exteriores, Alejandro Foxley, comentó algunos detalles de la reunión y mostró su preocupación por algunas declaraciones de Chávez, especialmente sus críticas a EEUU. Foxley manifestó haber temido el fracaso de la cumbre por la exigencia de Chávez de condenar a EEUU y señaló que “el tono de Chávez no me pareció el más propicio”, como prueba el hecho que el acuerdo alcanzado hubiera ido en otra dirección. Para el ministro, los problemas internos de América Latina los deben resolver sus propios presidentes, sin culpar a actores foráneos. Foxley también consideró “raro” que Chávez anunciara la convocatoria de la cumbre 48 horas antes de que lo hiciera oficialmente Michelle Bachelet: “Hay gente a la que le gusta el protagonismo”. La cuestión giraba en torno a quién había convocado la Cumbre. Las noticias de prensa que circularon el fin de semana previo a la cita incidían en el liderazgo de Chávez, aunque fue Bachelet quien llamó a la reunión de Santiago.

La respuesta venezolana por las declaraciones de Foxley fue muy dura y fue un ataque en toda regla contra Foxley. El ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro exigió disculpas públicas a Chile por las críticas a Hugo Chávez en una carta que criticaba la “mala intención” y la “amargura” de Foxley. El malestar chileno aumentó por el hecho de que la carta fue filtrada a la prensa en Caracas en el mismo momento de ser recibida. La respuesta chilena fue firme aunque sin voluntad de encrespar la discusión.

Casi simultáneamente se produjo el otro hecho, tras la reclamación a Venezuela en protesta por la expulsión de Vivanco. Alberto Van Klaveren, subsecretario chileno de Exteriores señaló ayer que su gobierno consideraba “desproporcionada” la medida de expulsión de Vivanco, anunciando que pediría explicaciones por el hecho al gobierno de Chávez. La cancillería venezolana calificó como “desatinados comentarios” las declaraciones de Van Klaveren y en un comunicado señaló que “no tolerará intromisión ni injerencia alguna en sus asuntos internos de parte de extranjeros”, defendiendo la medida de expulsar a Vivanco por ser un “infractor a la regulación migratoria y violador de las leyes nacionales que se inmiscuyó en asuntos internos de manera abusiva”. El mismo documento señala que para Venezuela “resulta particularmente escandaloso” que se “mancille la memoria” de miles de caídos en la batalla por la libertad, al calificar a Vivanco de “luchador por los derechos humanos”. La diplomacia chilena intentó zanjar ambos contenciosos con mano izquierda, para no elevar el tono de la polémica, aunque el portavoz presidencial señaló que “el Gobierno de Chile respalda al subsecretario y lo que ha planteado él es la opinión del Gobierno”.

Conclusiones

La Cumbre extraordinaria de Santiago supuso el primer desafío concreto para Unasur, que fue superado de forma exitosa. Los mandatarios allí presentes abordaron de un modo realista la crisis boliviana, intentando resolver o encauzar el contencioso de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en Bolivia se juegan importantes cuestiones, no sólo para el futuro y la integridad de Bolivia, sino también para la propia estabilidad de América del Sur. Desde esta perspectiva fue clara la apuesta por el mantenimiento del statu quo y la defensa de las autoridades legítimamente elegidas.

Al mismo tiempo, la Cumbre evidenció dos hechos importantes. La consolidación del liderazgo regional brasileño y las limitaciones de Unasur como esquema de integración regional. En lo que a Brasil respecta, la participación de Lula en la Cumbre fue decisiva para moderar el tono de la Declaración final y para evitar posturas sumamente agresivas respecto a EEUU. Por el otro, quedó claro que Unasur es un excelente foro para la concertación regional, para la discusión de los problemas de la región e incluso para plantear algunas iniciativas interesantes, aunque, de momento, no lo es en tanto estructura organizativa que impulse de forma clara y decidida la integración regional.

Si Brasil quiere hacer de Unasur la palanca para integrar más y mejor a América del Sur debe cambiar de métodos. Ya no basta con reuniones presidenciales donde se manifieste la voluntad política de los líderes de avanzar en la integración. Más allá de las diferencias bilaterales, que son muchas, esta parte del discurso está clara. Es necesario que los estudios serios y las propuestas se abran paso. Y para eso es necesario cambiar la retórica bolivariana por los estudios de factibilidad, por proyectos que especifiquen claramente los objetivos y, sobre todo, los costes y beneficios. De otro modo, con Unasur se habrá dado un paso más en el camino de la integración, pero sólo un paso modesto que podría ser seguido de nuevos pasos hacia atrás.