EL NEGOCIO DE LA "SELVA VERDE"

Jacques Denis

El 1 de Agosto de 2008, el presidente brasileño Luiz Inácio da Silva creó el Fondo amazónico, destinado a financiar la lucha contra la deforestación y promover actividades forestables durables. Por su parte, las empresas privadas dicen estar interesadas en “salvar el planeta”. Pero, ¿es posible contar con ellas para salvar al Amazonas de la destrucción masiva?

Es un claro en medio de la inmensa selva brasileña. A algunos cientos de metros de allí, el río Solimos empieza su larga bajada. Ahora, en el mes de abril, el suelo aún está húmedo; los mosquitos son voraces. Un árbol caído anuncia un aserradero a cielo abierto. “Los árboles se marcan desde el momento en que su diámetro llega a los veinticinco centímetros –indica Antonio, un robusto leñador de cincuenta años que vive en la otra orilla, en Assumpção–. A partir de los cincuenta centímetros, algunos de ellos serán cortados. No más de tres en una zona delimitada de una hectárea, cada veinticinco años”.

No lejos de allí, una sierra circular corta en planchas iguales la madera en crudo (el mulateiro, muy preciado para fabricar camas, y el coração de negro, una madera marrón que está de moda). Para Jean-François Kiebler, economista francés enviado por el Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico (GRET, por sus siglas en francés), “hay que diversificar la demanda para respetar la diversidad de las especies”. Desde hace poco más de dos años, Kiebler es uno de los dos coordinadores del proyecto Floresta Viva, lanzado por esa asociación francesa de solidaridad y de cooperación internacional en el estado brasileño de Amazonas (1). Llevado adelante en colaboración con los poderes públicos locales, el proyecto pretende asociar a “las poblaciones locales con planes de gestión a pequeña escala de explotaciones duraderas”.

Una actividad parecida se encuentra en Assumpção, a una hora y media de barco de Tefé, un centro urbano ubicado, a su vez, a una hora de avión de Manaos. Allí vive una comunidad de unas veinte viviendas, en el límite de la zona protegida de Mamirauá, la primera reserva natural creada en el estado de Amazonas en 1996, inspirada en los trabajos de José Marcio Correa Ayres. Según este biólogo ecologista, es posible imaginar una explotación de la selva no predadora, si se desarrolla “una presencia humana en el marco de una explotación duradera” (2).

Asociar a las poblaciones locales

La tarea parece desmesurada: catastro incompleto, conflictos hipotecarios, permisos de explotación no entregados… Pero qué importa: hay que “trabajar para crecer”, anuncia el eslogan escrito sobre la escuela que sirve de sala de reuniones en Assumpção. Los líderes y los miembros más comprometidos de esta comunidad de ribeirinhos –poblaciones mestizas que pueblan las orillas del río– dan cuenta de sus preocupaciones: preservación del hábitat, optimización de la producción, mejoramiento de la escolaridad… Sus reivindicaciones remiten a la política de preservación implementada por Manaos. Tres veces más grande que Francia, el estado de Amazonas pudo limitar el desmonte al 2% de las tierras; las zonas protegidas, las reservas indígenas y las unidades de conservación de toda clase cubren el 40% de su superficie. En calidad de comparación, se calcula en cerca del 20% la deforestación en los vecinos estados de Para y Rondonia.

Aquí, la selva sigue siendo un recurso vital, aun cuando la explotación de la madera apenas completa los ingresos de la agricultura y la pesca. “Hay que reforzar los controles para que nuestra producción, que es legal, no compita con la de los leñadores ilegales”, insiste Israel, presidente de la asociación de habitantes. Frente a este inmenso desafío, los medios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y del Instituto de Protección Ambiental del Estado de Amazonas (Ipaam) son ridículos, a pesar de un aumento real de los créditos concedidos. Es por eso que sus acciones locales sólo pueden ser simbólicas. De todos modos, “es imposible poner a un guardia forestal detrás de cada árbol –estima Kiebler–. Ante todo, hay que asociar a las poblaciones locales. La necesidad de preservar la selva resulta evidente si se observa la biodiversidad. En cambio, impedir toda explotación es una idea en la cual no creo. No se puede frenar la expansión del mercado. Se trata de organizarlo, alentando la explotación duradera”.

¿Se puede explotar la selva sin destruirla? La pregunta es más actual que nunca en Manaos, el centro neurálgico del Amazonas donde viven dos millones de personas, más de la mitad de la población de ese estado del noroeste del país. Si bien es cierto que la Zona Franca, creada hace cuarenta años por la dictadura militar, favoreció el auge económico y demográfico de la ciudad, también es verdad que no permitió un desarrollo equilibrado del estado en su conjunto y que dejó en suspenso las cuestiones del medio ambiente.

Afiliado el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, el gobernador Eduardo Braga fue electo en 2002, embanderado bajo el lema “la ecología ciudadana y responsable”. En junio de 2003 declaraba al diario Folha de São Paulo: “Si no integramos la economía de esta región a una perspectiva nacional, dejaremos el campo libre a todo tipo de iniciativas, entre las que estarán la compra de tierras por las multinacionales y la explotación de nuestras riquezas naturales”. Sin embargo, no se trataba para él de “impedir la llegada del capital extranjero”, sino todo lo contrario.

Desde su asunción, Braga marcó la pauta para una serie de reformas: creó una Secretaría estatal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, otra de Ciencia y Tecnología, así como una Agencia de Selvas. Al mismo tiempo, asoció a sus acciones a los dirigentes de los movimientos sociales y los expertos en cooperativas, empezando por el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), poderoso sindicato de los trabajadores de la región, en una estrategia que recuerda la del presidente Lula. Se encargó a un influyente ex miembro del sindicato del seringueros (3), Francisco Ademar Cruz, la recolección de los recursos naturales de la selva distintos de la madera (extrativismo) para el gobierno de Amazonas.

La medida central de esta vasta reorganización político-semiológica es, en 2003, la creación de la Zona Franca Verde. Su objetivo es “apoyar la producción forestal, la agropecuaria y la pesca, de manera ecológicamente adecuada, socialmente justa y económicamente viable”. Biólogo recibido en Harvard y especialista en desarrollo sustentable, eminencia “verde” del gobernador, Virgilio Viana nos explica que “se trata de un componente central de la política del Amazonas. Entre 2003 y 2007, la zona verde permitió una reducción del 67% del desmonte, un crecimiento económico anual del 9% y un aumento del 135% en la cantidad de zonas protegidas. Los resultados son significativos en cuanto a la lucha contra la pobreza, el saneamiento, la educación y el desarrollo de las infraestructuras”. Las placas gubernamentales hablan de diez millones de hectáreas protegidas, mil nuevos planes de gestión de la madera, más de sesenta mil empleos creados y más de cien mil productores rurales “subsidiados”. Es verdad que esta política se ve beneficiada con el crecimiento excepcional del estado, debido a la prosperidad de la Zona Franca de Manaos.

Inspirado en el modelo Bolsa Familia (la renta mínima implementada por Lula), Bolsa Floresta es uno de los programas clave de la Zona Franca Verde. Se trata de retribuir a las poblaciones locales encargadas de preservar la selva. Así, cuatro mil hogares recibirán 50 reales mensuales (25 dólares), una suma significativa si se tiene en cuenta el nivel de vida en esta región, y más del doble deberían empezar a recibirla desde fines de 2008.

Para muchos agentes cooperativos, las tareas colectivas y el trabajo comunitario en el seno de las reservas tienen un fundamento sólido. En cambio, algunos acusan al primero y más visible de los cuatro pilares de Bolsa Floresta, dedicado a las familias, de desarrollar el asistencialismo. “Una política clientelista adaptada al nuevo milenio”, relativiza Carolina Ramos, una periodista de San Pablo que trabaja en el Instituto Mamirauà.

Viana rechaza de plano las críticas. “Se trata del primer programa brasileño de retribución de los servicios ambientales que toca directamente a las comunidades amazónicas –subraya–. El objetivo es doble: la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero causadas por la deforestación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la selva. Bolsa Floresta se inscribe en los objetivos del milenio para las zonas tropicales húmedas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Jeffrey Sachs, consejero especial de este programa, lo saludó como un ejemplo que hay que seguir en todas partes.”

La preservación como negocio

Para financiar esta política, el gobierno de Amazonas debió implementar incentivos fiscales y un marco legal. Votada el 5 de junio de 2007, la ley 3135, sobre el cambio climático, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable, “reconoce y extiende los proyectos definidos por el protocolo de Kioto” (4). Con el fin de alentar la participación privada, la ley crea una “certificación llamada ‘amigos del clima y la selva amazónica’”, para “homologar las empresas adherentes con el fin de que puedan dar a conocer su compromiso a favor de la reducción del efecto invernadero y por la lucha contra los cambios climáticos”.

Se trata, pues, de absorber las inversiones con el fin de viabilizar la Zona Franca Verde. Para alcanzar este objetivo, Viana pone en práctica un proyecto que considera personal: vender los créditos de carbono (5) correspondientes a parcelas “potenciales” del Amazonas, aprovechando el creciente interés por la ecología. Durante la conferencia sobre clima celebrada en Montreal en diciembre de 2005, Viana ya había probado esta idea, calculada a partir de los datos del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA). Allí, sugirió establecer una factura de 70 millones de euros a cargo de la “comunidad internacional”, los Estados y las empresas para la correcta preservación de la selva de Amazonas.

Después, Viana dejó rápidamente su puesto de secretario de Estado del gobierno de Amazonas para velar por el destino de la fundación Amazonas Sustentable, encargada de reunir esos futuros fondos de ayuda.

Cofinanciada en veinte millones de reales (8,32 millones de euros) por el Estado de Amazonas y el banco Bradesco, la fundación Amazonas Sustentable prevé aumentar su capital con la ayuda del sector privado. Bradesco ya prometió pagar 4,14 millones de euros al año durante cinco años, en forma de “productos bancarios tales como títulos de capitalización, fondos de pensión, fondos de inversiones…”.

Otros también manifestaron su interés: en Washington, el 7 de abril de 2008, Bill Marriott, presidente de la famosa cadena hotelera, firmó un convenio con Braga para invertir dos millones de dólares en la reserva de Juma. Además, el grupo italiano Yamamay, uno de las cadenas de lencería más grandes del mundo, hizo una donación de 50.000 euros antes de anunciar su intención de instalar tiendas en Brasil, empezando por Manaos. Y esto es sólo el principio, a juzgar por los numerosos viajes que Braga y Viana vienen haciendo en esta dirección. Interrogado sobre el riesgo de privatización de una parte de la selva, Viana replica que la fundación es “una institución sin fines de lucro, dedicada únicamente a servicios y productos ambientales de las zonas protegidas. (…) Por ley, tenemos la obligación de reinvertir todos los ingresos en los planes de gestión”. Y arguye que un estudio privado de auditorías, PriceWaterHouseCoopers, controla todos los documentos contables.

Según la subsecretaria de Medio Ambiente, Sila Mesquita, que coordinaba el Foro Social Panamazónico en los años ’90, antes de convertirse en 2005 en una de las colaboradoras de Viana, “la creación de esta fundación permite atraer inversiones. El interés para Marriott es participar en la conservación de la selva tropical más grande del mundo y, como consecuencia, en la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. ¡Es normal que el Estado de Amazonas reciba un retorno de las inversiones que hizo para protegerla!”. Lo que no dice Mesquita es que Marriott aprovechó esta acción para limpiar su imagen. Más ejemplar todavía: en 2007, el Festival de Cine Ambiental creado por Braga tenía como principales patrocinadores a Coca-Cola y Nissan: una anunciaba los méritos de su fórmula light y la otra, los beneficios de su 4x4 ecológica. “La preservación del Amazonas se convierte en un verdadero negocio”, se queja Ademir Ramos, profesor de Antropología Política en la Universidad Federal de Manaos y participante de un centro de investigación privado sobre “cuestiones amazónicas”. “Se monetiza la selva. Sin embargo, desde un punto de vista ético, no se la puede reducir a un simple problema comercial. Los ecologistas se han convertido en los evangelistas de nuestra época, animada por el catecismo de la protección ecológica adaptada a la globalización”, señala Ramos, y apunta al consejo de administración de la fundación Amazonas Sustentable, donde trabajan legisladores, sindicalistas, científicos y empresarios privados.

La candidatura a la presidencia de la Fundación de Luiz Fernando Furlán, ex ministro de Desarrollo, Comercio e Industria durante el primer mandato de Lula, rey de la ganadería intensiva y cercano a los grandes grupos industriales, confirma las dudas sobre los objetivos reales de la organización. Por otra parte, apenas nombrado declaraba: “Soy un ex empresario, ingeniero de formación. No soy ecologista. Estoy aquí para trabajar en el desarrollo mundial de la Fundación y, al mismo tiempo, dar a conocer a todas las comunidades de Brasil y en el extranjero que un Estado puede dar el ejemplo” (6). Sí, pero ¿qué ejemplo?

“De hecho, esta fundación realiza una doble operación de marketing: las empresas pueden blanquear su imagen y, con el tiempo, extraer de eso rentas enormes –predice Carlos Cesar Durigan–. Cuando dejó el gobierno, Viana envió una carta para saludar a los verdaderos guardianes de la selva: sus habitantes. Pero ellos apenas reciben migajas vía Bolsa Floresta, mientras que él mueve millones.” Este ecólogo, que dirige la fundación Vitoria Amazónica, una asociación especializada en la educación ambiental cuyos locales están ubicados en Manaos, cuestiona el funcionamiento “muy opaco” de esta institución.

En la sede de Greenpeace en Manaos, Paulo Adario se considera, por su parte, pragmático: “Tenemos que luchar con las mismas armas que nuestros enemigos”. Esta figura emblemática del movimiento ecológico brasileño considera que “la cuestión central es el dinero necesario para la protección de las selvas tropicales, en países que se enfrentan con grandes desafíos demográficos y socioeconómicos. En Brasil, basta con mirar el peso de los ministerios de Industria o de Agricultura frente al de Medio Ambiente para comprender quién influye más”. Es sin duda una de las razones que condujeron a la salida, a principios de mayo de 2008, de la ministra de Medio Ambiente Marina Silva, un emblema de la lucha de los sindicatos de trabajadores amazónicos. Como ministra, era responsable del Programa de Desarrollo Sustentable del Amazonas, que nunca superó la etapa de las buenas intenciones…

Apoyada por otras organizaciones no gubernamentales (ONG), Greenpeace obtuvo la creación del programa Deforestación Cero (416 millones de euros por año hasta 2015), con el fin de instalar la infraestructura que permita una protección efectiva del Amazonas: más control a priori, más iniciativas duraderas a posteriori. Para que este maná perdure, calcula Adario, “la contribución de la comunidad internacional en calidad de compensación no es estúpida”. Pero “existe el riesgo de malvender las selvas de los países pobres a los países más ricos. Así pues, hay que establecer cupos. Dicho claramente: juntar fondos sin permitir un movimiento de ‘ecolavado’”. “¡Una lavada de cara ecologista!”, truena el biólogo estadounidense Charles Clement. Miembro desde hace treinta años del Instituto Nacional de Investigación Amazónica (INPA), donde se especializó en frutos (en particular el de la palmera, la pupunha), Clement milita por una disminución serena y realista. Su frase favorita es “La única parte sostenible del desarrollo sostenible es la retórica. Es muy cínico, ya lo sé, como Braga. ¡Mucho se dice sobre la conservación, pero hay que comer su propia carne!”. Como a propósito, este doble discurso aparecía el mismo día en dos diarios amazónicos: A Critica se alegraba, en tapa, de que Braga hubiera recibido, el 14 de abril de 2008, en Sevilla, un premio y 30.000 euros –depositados en la cuenta de la Fundación Amazonas Sustentable– para su actividad ejemplar en materia de medio ambiente; la portada del Diaro do Amazonas, por su parte, anunciaba que el Estado de Amazonas invertía en ganadería.

Dos días más tarde, un suelto sugería que el gobernador habría recibido el apoyo de los lobbies agroalimentarios durante su campaña electoral. “Braga sintetiza a la perfección la vida política brasileña –lanza Carlos Cesar Durigan, de la fundación Vitoria Amazónica–: por un lado, crea unidades de conservación; por el otro, deja entrar el ganado” (7).

Aunque ella también evoca el “ecolavado” con una sonrisa entendida, Ana Paulinha Aguiar Soares plantea preguntas aun más graves. Profesora en la Universidad Federal de Manaos tras dejar el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) en 1996, esta geógrafa cercana al Movimiento de los Sin Tierra (MST) está terminando una tesis sobre la acción del Estado para viabilizar las acciones de las empresas privadas en la selva.

Desde 1999, sus investigaciones la llevaron a interesarse por el aserradero Gethal, una empresa que en octubre de 2005 compró el multimillonario sueco Johan Eliasch, propietario de la fábrica de indumentaria deportiva Head, consejero “verde” del primer ministro británico Gordon Brown (después de ser vice-tesorero del Partido Conservador) y tesorero mayor de la ONG Cool Earth. Según lo que él dice, las 160.000 hectáreas ubicadas en Amazonas fueron adquiridas para la preservación del medio ambiente.

No obstante, la buena conciencia de “uno de los filántropos verdes más notorios”, según The Independent, no debe ocultar su voluntad de modificar el protocolo de Kioto, al permitir que los propietarios de selvas preservadas (como los que actualmente reforestan), como compensación, tengan permisos de emisión de carbono, es decir “derecho a contaminar” en otro lugar que se pueda explotar. ¡A principios de junio, las autoridades brasileñas apercibieron a Eliasch por la tala ilegal de 230.000 árboles!

“El crédito de carbono vuelve a privatizar la selva en provecho de las empresas internacionales –repite Aguiar Soares–. Con la excusa de la protección ambiental, éstas se van apropiando de parcelas. ¿Qué pasará con los habitantes, las asociaciones, las cooperativas?” El 25 de mayo de 2008, Eliasch declaraba en O Globo que es posible regalarse el Amazonas por 50.000 millones de dólares. Esta idea resultó muy chocante para el ministro de Medio Ambiente brasileño, Carlos Minc; sin duda menos que para Braga. Desde 2006, este último proporcionaba “una ayuda preciosa” a Eliasch, que por entonces declaraba: “Todos los políticos se mostraron extremadamente complacientes y comprendieron perfectamente mi proyecto” (8). Todo en un contexto general en que numerosos ecólogos se preocupan por el nuevo aumento de la deforestación, mientras el INCRA anuncia que 5,5 millones de hectáreas del Amazonas ya son propiedad de extranjeros.

La torta “ecológica”

Sin embargo, Brasilia sigue el ejemplo de Manaos. El 13 de diciembre de 2007, mientras se cerraba la conferencia de Bali (9), el propio gobierno federal reunió fondos, sobre la base del voluntariado, para la conservación del Amazonas y la lucha contra las emisiones de gases con efecto invernadero (10). Lo cual no dejó de irritar a Braga: “¿Se redistribuirán los beneficios del fondo crédito de carbono entre los Estados y las ciudades implicados?”.

Cada uno quiere su parte de la torta “ecológica”. El 1 de agosto, en Río de Janeiro, el presidente Lula da Silva finalmente firmó un decreto que creaba el Fondo Amazónico, que podrá recibir hasta 14.700 millones de euros de donaciones de aquí a 2021. Administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), y limitado a 700 millones de euros en 2009, el Fondo debería financiar proyectos de preservación y desarrollo sostenible de la selva amazónica propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente. Eduardo de Mello, responsable del proyecto en el BNDES, asegura que los eventuales donadores no gozarán de contrapartidas tales como exenciones de impuestos o créditos de carbono. Varios países y empresas ya estarían interesados.

“La limitación de la lucha contra el cambio climático a la cuestión del carbono constituye una herejía científica, una construcción ideológica y económica. Tras esta innovación ecológica, la referencia a las ciencias y al saber oculta un juego que ve cómo los científicos y los políticos participan en los progresos de la mercantilización”, analiza Florencia Pinton, socióloga en el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y especialista en mercados emergentes de la biodiversidad (11). En efecto, los intereses privados a menudo desvían las preocupaciones ambientales según su provecho. “Vivimos en un mundo ultraliberal que provee las herramientas que necesita el capitalismo para penetrar hasta lo más recóndito de la selva”.

Notas:

1 El GRET tiene un equipo de unos diez “locales”, un presupuesto de 1,8 millón de euros (financiado en un 80% por la Unión Europea) y la colaboración de diferentes instituciones locales.

2 La idea de la economía de una selva “en pie” ya tiene un camino hecho, como lo demuestra el millón de hectáreas de esta área protegida inscrita en el futuro corredor ecológico amazónico.

3 Obreros encargados de la recolección del látex en las heveas.

4 Bajo la égida de la Organización de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, sujeto a ratificación en 1992, entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. Pretende luchar contra los cambios climáticos mediante una acción internacional de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.

5 Un crédito de carbono equivale a la emisión de una tonelada de dióxido de carbono. Un proyecto ubicado en un país en vías de desarrollo genera estos créditos si evita o captura emisiones de CO2. Por este medio, las empresas de países desarrollados, en particular las que, en Europa, están sometidas a un cupo, pueden “compensar” sus emisiones e incluso aumentarlas.

6 Amazonas em Tempo, Manaos, 23-12-07.

7 Además de la avanzada de los frentes pioneros de los lobbies agrícolas por el sur, el estado de Amazonas enfrenta otros asuntos problemáticos: entre ellos, la conexión entre Porto Velho y Manaos, para la cual unos defienden la ruta, sinónimo de deforestación a pesar de las medidas preventivas que se han contemplado últimamente, y otros la solución del tren, más cara. Ninguno hace referencia a la red fluvial… Por otro lado, el pacto para el crecimiento acelerado que preconiza el gobierno federal se apoya en la construcción de grandes represas hidroeléctricas, con consecuencias nefastas sobre la fauna y la flora, como lo demuestra el ejemplo de Balbina, que inundó 2.500 km2 en los últimos veinte años.

8 http://amazonie.wordpress.com, 31-10-06.

9 Del 3 al 14 de diciembre 2007, la conferencia de Bali sobre el calentamiento climático apuntaba a un nuevo acuerdo mundial de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, y a un acuerdo global desde fines de 2009, como preparación para el post Kioto, en 2012.

10 A causa del los incendios para fertilizar el suelo (responsables del 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero), Brasil es el cuarto emisor de carbono mundial.

11 Autora, con Catherine Aubertin y Valérie Boisvert, de Les Marchés de la biodiversité, IRD Editions, París, 2007.

APUNTES SOBRE LA "NUEVA" IZQUIERDA EN AMERICA LATINA

FASCINACIÓN POR EL ABISMO

Gregorio Cristóbal Carle

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”.
Simón Bolívar

Históricamente la izquierda dudosamente democrática –en cualquiera de sus expresiones- ha dado rendidas muestras de su enfermiza y demagógica animadversión hacia los derechos y libertades que deben inspirar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y el desarrollo de los pueblos. Este planteamiento tan ortodoxo como execrable se ha convertido en una constante que ha marcado el devenir de Latinoamérica, llegando a configurar no solo una seña de identidad, sino también un factor clave para comprender el retraso que han sufrido, y padecen en la actualidad, buena parte de los países del subcontinente.

La doctrina se construye a partir de una serie de falacias -portadoras de la más irreverente de las demagogias-, que se conectan estratégicamente entre sí para justificar y derivar finalmente en la aplicación de recetas ideológicas insuficientes, trasnochadas y claramente fracasadas a lo largo de décadas. Se trata de una característica propia de esos regímenes “salvadores de patrias” que se relaciona irremisiblemente con el frontal desprecio a la universalidad y vigencia de los valores occidentales como verdadera expresión del espíritu del pueblo. Así, el victimismo inocente o la imputación de su retraso social y económico a causas exógenas – la culpa siempre es de otro- constituyen elementos permanentes y superpuestos de ese falso argumentario repetido de forma obscena hasta la saciedad y estratégicamente utilizado por unos dirigentes – curiosamente iluminados por una especie de gracia cósmica- como trágica justificación para aplicar políticas intervencionistas y netamente sectarias.

Una teoría mítica, inútil y radicalmente falsa, que encuentra su fundamento en lucubraciones utópicas de origen marxista reducidas a la simple negación de la libertad. Se niega el liberalismo y los derechos asociados a éste, incluidos los económicos – característica común a los gobiernos radicales de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Cuba- creando un escenario político de arbitrariedad constante y un preocupante deterioro del sistema democrático, que poco a poco va perdiendo si vigencia.

La lista de prejuicios es tan larga como tendenciosa su formulación y constituye una forma de seña de identidad común a todas esas naciones, aunque –eso es cierto- se apliquen en mayor o menor medida atendiendo al grado de aceptación del sistema capitalista –recordemos, no todas las izquierdas son iguales-.

Negación de la sociedad “versus” exaltación del Estado

Al igual que los regímenes fascistas europeos implantados en el periodo de entreguerras, en el siglo XX, los radicales y populistas gobiernos de izquierda latinoamericana entienden que el Estado está obligado a cumplir la misión de ser el principal agente económico del país. En consecuencia es éste el que ejerce el control del mercado y la economía desde la planificación y el intervencionismo en la totalidad de los sectores productivos. “El Estado, que todo lo puede, provoca esa especie de ensoñación en el pueblo. Unos ciudadanos que terminan por concebir la falsa e irresponsable creencia de su incapacidad manifiesta para decidir sobre su presente y su futuro y que convencidos de su incompetencia terminan por ceder todos los poderes "al elegido", porque es el único capaz de recuperar el honor perdido y realizar un justo reparto de la riqueza nacional". Esta tesis, sobre la que se asienta el neopopulismo, cuenta con el apoyo de amplios sectores de la izquierda del mundo occidental, concentrada en los movimientos antiglobalización y cierto número de irresponsables ongs que, con los frutos del capitalismo, dan una cobertura consciente e inadmisible a los enemigos de la libertad

Nacionalismo a ultranza “versus” globalización

La postura nacionalista tiene su origen en la negación de cualquier valor que provenga del primer mundo capitalista, lo que en economía implica la búsqueda de la autosuficiencia autárquica y la aplicación de medidas proteccionistas que defiendan los intereses generales de la nación. Todo se construye demagogicamente hacia dentro, rompiendo con la conexión global -a excepción de los vínculos con otros países que se nutran de la misma ideología-. Ese nacionalismo a ultranza constituye la principal razón por la que los regímenes de la izquierda radical latinoamericana reniegan abiertamente de los Tratados de Libre Comercio y de la consecuente apertura económica al mundo. Sin embargo, y dadas las características globales de la actividad comercial, financiera y económica internacional, si recurren a acuerdos con los países ideológicamente similares –con resultados manifiestamente negativos, en la mayoría de los casos- para poder dar salida a la producción de bienes patrios. Es el caso del ALBA , acuerdo que ha nacido herido de muerte, y del que poco se puede esperar en un futuro – como muestra los intercambios comerciales entre Bolivia y Cuba en el año 2007 ascendieron a la cifra de 5.000 $ USA-.

Adoctrinamiento Anti- Estados Unidos

EEUU – conocido como el imperio- es el enemigo común a batir y el origen de todos los odios y fobias de los oportunistas gobernantes de esa izquierda latinoamericana. La tesis se enmarca en la necesidad de encontrar una causa externa que justifique su situación sin la necesidad de realizar una mirada retrospectiva a su propia historia, y menos aún un sincero análisis de su dudosa forma de gobierno. Los EE.UU representan, para ellos, la peor expresión del deshumanizado capitalismo, una formulación que se sustenta en un ingente gasto propagandístico y en la desinformación a la que está sometida la ciudadanía común. En cualquier caso el gobierno americano sería el culpable directo de la pobreza en el mundo – por supuesto también de la suya- , además del creador e instigador de una suerte de fuerzas ocultas que tratan de apropiarse de la riqueza planetaria. Nada dicen del sagrado respeto a los principios de la libertad y la democracia que rige en el país norteamericano, y tampoco de la cantidad ingente de ciudadanos latinos que se han visto en la obligación de emigrar a “la tierra de las oportunidades”, tesitura impuesta por las dificultades que han atravesado y atraviesan actualmente sus naciones de origen. En el ámbito económico ese antiamericanismo militante queda diluido por la lógica necesidad de fomentar los intercambios comerciales con la – hasta el día de hoy- primera potencia del mundo, cuestión que indefectiblemente tiene que traducirse en un doble y perverso discurso – el caso de la revolución bolivariana de Hugo Chávez Frías, cuyo primer cliente en la venta de petróleo no es otro que el malévolo imperio americano. Sin duda lo que deberían hacer es imitar el modelo estadounidense para estar a su nivel de desarrollo o superarlos, porque lo evidente e innegable es que la nación americana -como primera potencia mundial- ha reencarnado hasta nuestros días la defensa del sublime valor de la libertad frente a las distintas formas totalitarias… Si no fuera cierta esta afirmación cabría preguntarse el lugar que estaría ocupando la Europa de hoy después de sufrir la amenaza nazi y la imposición del imperialismo soviético – de existir dos imperialismos éste es el peor-.

Antioccidentalismo

El antiamericanismo es un concepto subsumido en una formulación de mayor complejidad, que comprende la animadversión manifiesta hacia todo lo que simboliza y representa la cultura occidental. Un sistema de principios y valores universales sobre los que se han construido la totalidad de las naciones latinoamericanas y que incomprensiblemente es rechazado por esos dirigentes de izquierda en un falso empeño por transgredir la realidad histórica propia. Se trata de la eterna lucha entre la sociedad abierta y civilizada y el totalitarismo más oscurantista que hace todo lo posible por enterrar una identidad iberoamericana expresada en instituciones, leyes y libertades, y que abunda en el concepto de la esencial dignidad del ser humano. Indudablemente los daños causados por sus políticas económicas están alcanzando una magnitud que hará muy difícil su erradicación, sobre todo porque esos dirigentes han sido revestidos de una presunta áurea democrática por el simple hecho de haber vencido legitimamente en las urnas, lo está causando estragos considerables en la convivencia pacífica y crecimiento real de sus economías.

Intervencionismo económico “versus” sistema de libre mercado

Es la consecuencia lógica de lo expresado con anterioridad e implica un claro y manifiesto retroceso en la confianza en un sistema en el que las palabras de uso tan corriente como capital, capitalismo o propiedad privada están vetadas. En este caso el Estado decide de forma arbitraria cuales son las necesidades del mercado, que es lo que debe producir y como se van a satisfacer sus necesidades. Entonces –siempre por decreto- se intervienen los precios de forma ficticia, abordando un proceso que implica la determinación de los salarios, la expansión del gasto público, la sustitución de importaciones y la prohibición de las exportaciones de determinados productos, además de la limitación a salida de divisas del país, todo ello bajo el falso eufemismo de “medidas correctoras” o “ajustes necesarios”. La hoja de ruta de esta trasnochada izquierda también implica un anómalo sentimiento colectivista y revolucionario de la nación que en economía se traduce en la plena abolición de la propiedad privada, la nacionalización de los recursos naturales y la colectivización de las tierras, sometidas con anterioridad a continuas y fracasadas reformas agrarias. Se trata de abordar un proceso que busca la eliminación de la iniciativa privada, el esfuerzo y el beneficio, vocablos totalmente vetados por los mesiánicos dirigentes neoestatalistas. Los resultados son perfectamente medibles, basta con analizar los datos macroeconómicos de un país como Venezuela, al que el sátrapa Chávez está llevando a una de las más espantosas e históricas ruinas – a pesar de contar con la importante fuente de ingresos petrolíferos-. En este sentido Oliver Laufer, en su ensayo “Los resultados del chavismo” señala las nefastas consecuencias económicas derivadas de la instauración de cualquier régimen que se precie de imitar al venezolano: a) devaluación de la moneda; b) gigantismo estatal y crecimiento de la burocracia; c) aumento desmesurado del gasto que crece en paralelo al aumento de los impuestos; d) aumento de la deuda externa venezolana; e)aumento del desempleo; f) proteccionismo económico con elevados aranceles a la exportación e importación; g) despilfarro, en especial, propagandístico.

Proselitismo como práctica habitual

Cualquier régimen neopopulista y radical de la izquierda latinoamericana está obligado a garantizar su permanencia en el poder. No se trata de una cuestión difícil si se toma en consideración el escaso o nulo respeto que sus líderes profesan al sistema de libertades. En este sentido las tácticas revolucionarias empleadas en todos los órdenes abarcan un extenso catálogo de arbitrariedades e ilegalidades que responden al maquiavélico lema de “todo vale con tal de alcanzar los objetivos”. Entre las más habituales se encontrarían la coacción y la amenaza, la practica del nepotismo o la concesión de dádivas y subsidios a clases populares y empresarios cuyas simpatías y afinidades políticas intentan concitar por este medio con la finalidad de convertirlas en la principal fuente de apoyo a sus dogmas. El mandatario populista de izquierdas no pretende aplicar las tesis marxistas en estado puro, -aboliendo el sistema de mercado-, lo que hace es manipular a su antojo el presupuesto y las medidas proteccionistas para establecer una suerte de dirigismo mediático alimentado por esas alianzas. Los que no aceptan el nuevo juego de fuerzas quedan automáticamente relegados a un segundo plano e indefectiblemente pasan a engrosar las cada vez más extensas listas de antipatriotas y apestados del régimen. A muchos de ellos solo les resta abandonar el país autoexiliandose en el exterior… los que se quedan sufrirán el odio de clases alimentado por el discurso demagógico reinante.

Construcción de falsos mitos que sustentan la base emocional de la ideología

Históricamente la izquierda más radical y revolucionaria - Latinoamérica no podía ser menos- ha edificado su doctrina política sobre una suerte de falacias y falsedades que han logrado alcanzar, con el tiempo, la categoría de mito. En su intento por explicar el mundo sus escasos y nefastos ideólogos han recurrido sistematicamente a la mentira demagógica como único resorte para martillear y después manipular la conciencia colectiva de la masa – ya se sabe, una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad-.

Es éste el escaso o nulo legado aportado por el marxismo a la humanidad entera. Mitos certeramente desenmascarados y profundamente fracasados como la lucha de clases, la victoria final del proletario y su dominación del mundo, la bondad del hombre frente a la sociedad injusta que lo malea, o la ciega devoción al líder que nunca se equivoca siguen alimentando en la actualidad el caduco discurso de esos dirigentes trasnochados y contestatarios que se han propuesto cambiar el mundo desde la perspectiva colectivista, una respuesta cuasi religiosa de base emocional, rápida y sencilla, que poco o nada tiene que ver con la realidad del siglo XXI.

De entre todos los mitos alimentados por la izquierda revolucionaria latinoamericana quizás el más representativo, por su inalterable impacto social – en especial entre los jóvenes desconocedores de la verdad histórica-, haya sido la figura-icono del Ché Guevara, un personaje especialmente despreciable por su perfil proselitista y su arraigado e irracional sentido de la violencia revolucionaria – practicada hasta la saciedad por el comunista-burgués en todas formas posibles.

Estado Generalizado de Corrupción

Esos regímenes que alzaron su voz contra un sistema generalizado de corrupción, han instaurado un sistema perfectamente armado de prebendas y dádivas que favorecen exclusivamente a los suyos. Utilizando el maniqueo y poco sólido argumento de que el capitalismo es algo intrinsecamente malo, hacen uso de la legitimidad que le otorgan las leyes democráticas aún vigentes para manipularlas discrecionalmente a su antojo, eliminando cualquier vestigio de control sobre el ejercicio del poder.

Así, una vez liberados de ese pesado lastre, hacen y deshacen a su antojo, realizando una ímproba y constante labor de saqueo de las arcas del Estado, todo en nombre de ese pueblo al que van a liberar del yugo de la explotación y la pobreza.

Actualmente se puede observar el recurso habitual a estas prácticas en países como Venezuela o Bolivia, donde la corrupción se ha instaurado como una perversa y trágica constante en la acción de gobierno de unos irreflexivos dirigentes que cumplen estricta y fielmente el papel de dictadores benevolentes propio de la época del absolutismo ilustrado - “todo para el pueblo pero sin el pueblo”-.

Son estas algunas de las notas que caracterizan al socialismo del siglo XXI como forma de gobierno, un sistema político de masas intrínsecamente perverso, presuntamente revolucionario, reduccionista y por ende manipulador.

La democracia necesita de tolerancia, pluralismo y respeto a la ley. Un sistema, que duda cabe, imperfecto, pero en el que las ideas políticas distintas, incluso las más extremas, pueden coexistir y competir por el poder sobre la base del respeto a los derechos y libertades fundamentales. Todo lo demás - se llame como se llame- no es otra cosa que una burda y grave imposición.


EL EJE BOLIVARIANO BUSCA LA GUERRA

Pedro Fernández Barbadillo

El bolivarianismo es un movimiento expansionista y hasta imperialista. Hugo Chávez, que reprocha a Estados Unidos, a la UE, al secretario general de la OEA, a la Iglesia y hasta a España -cuando gobernaba José María Aznar- presuntas intromisiones en su gobierno o su país, no vacila en denigrar a otros jefes de Estado, amenazar a ciudadanos extranjeros y ofrecer ayuda económica y militar a gobernantes amigos. Ante el fracaso del reforzamiento constitucional del régimen chavista mediante la reelección indefinida, el objetivo actual del Eje Caracas-La Habana-Quito-Bolivia es la anexión ideológica de Colombia.

Para Chávez y los hermanos Castro, así como para la izquierda americana y europea, Colombia es una especie de Israel en Sudamérica: un país gobernado por una oligarquía semifascista respaldada por Estados Unidos y que trata de aplastar a movimientos populares como las FARC [1]. Álvaro Uribe es uno de los escasos gobernantes iberoamericanos que pertenece a una tradición civil y liberal-conservadora, en contraste con los demagogos como Chávez, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Llegó al poder al margen de los dos partidos tradicionales con el compromiso de enfrentarse a las bandas violentas y ha ganado un segundo mandato gracias a sus logros. Un gobernante civil, aliado con Estados Unidos, propulsor de la economía liberal y partidario de reducir el poder del Estado es un pésimo ejemplo para Hispanoamérica desde el punto de vista del vecino Chávez.

Después de perder el referéndum para la reforma de su Constitución bolivariana, Chávez se ha volcado en la política exterior para atenuar su derrota y el fracaso de su política interior (desabastecimiento de los productos básicos, delincuencia, inflación...), en concreto ha intervenido en el conflicto colombiano mediante la gestión de liberación de rehenes secuestrado por las FARC y sus declaraciones a favor de retirarles a éstas la condición de terrorista [2]. De esta manera, Chávez conseguía ocupar los medios de comunicación del mundo y desgastar el prestigio de Uribe.

La situación ha crecido en tensión y agravios con campañas de desprestigio de la política de Uribe de resistencia a negociar con las FARC y con ofrecimiento de refugio seguro a los terroristas en Venezuela y Ecuador. La irrupción de unidades militares colombianas en Ecuador para perseguir y matar a un alto dirigente de las FARC, Raúl Reyes[3], ha desencadenado una crisis en la que los presidentes Correa, Chávez y Daniel Ortega están actuando de manera coordinada con despliegues militares, insultos y acusaciones a Uribe y retirada de sus embajadores en Bogotá.

Cuando escribimos este artículo, el trío populista ha escenificado una reconciliación con Uribe ante las cámaras, pero por supuesto no es más que una tregua: Colombia sigue siendo el Israel de Sudamérica. Hasta que ha llegado ese momento, Chávez y sus acólitos han insultado a Uribe y le han desprestigiado ante el resto de los latinoamericanos. Puede que Chávez, Correa y Ortega sólo quieran amedrentar a los colombianos, a la vez que desgastar a Uribe sin recurrir al enfrentamiento militar, pero en un dirigente tan impulsivo y aventurero como es el venezolano no es descartable el paso a la invasión militar de Colombia. En ese caso, ¿qué podría ocurrir?

Si nos fijamos sólo en los números, la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela es superior a los Ejércitos colombianos, pues están recibiendo todo tipo de material y tecnología: helicópteros, aviones, armas ligeras, submarinos, centros de entrenamiento...[4] Además, el régimen bolivariano ha entrenado una milicia de voluntarios cuyo valor como fuerza militar de combate es escasa pero que puede servir para controlar las calles e impedir disturbios durante un posible estado de emergencia o de sitio.

Las Fuerzas Armadas colombianas reciben parte de su armamento de Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo. Sin embargo, no es éste su principal activo. A lo largo de los años de combate contra las FARC, el ELN, el M-19 y los cárteles de la droga, los militares colombianos han adquirido experiencia en combate, de la que carecen los mandos y las tropas venezolanas. En la misma línea, han adaptado su armamento y sus tácticas a la guerra en la selva. Otro campo en el que Colombia supera con mucho a Venezuela es en el de los servicios secretos y la información. La DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) colombiana ha localizado a miembros de las FARC en el extranjero y los ha capturado e introducido en Colombia. Éste fue el caso del terrorista Rodrigo Granda, secuestrado en Caracas, de día, y trasladado en un viaje en coche de cientos de kilómetros a Colombia [5]. La DAS demuestra así estar mejor preparada que la Dirección de Seguridad e Inteligencia (DISIP) venezolana.

Según algunos cálculos hechos por militares colombianos, la capacidad ofensiva de la FAN venezolana les supera en una proporción de cinco a uno, pero, añaden otros “la oficialidad venezolana es una oficialidad de salón”.

Otros frentes que se deben cubrir son la ayuda exterior y los medios de comunicación internacionales. Si la crisis derivase en un enfrentamiento abierto, Chávez contaría con el respaldo de otros miembros de su Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), así como del aparato internacional de las FARC y de parte de la izquierda occidental. ¿Con quiénes contaría Colombia? ¿Con el Gobierno socialista español?, ¿con el presidente de Francia, que ha declarado que está dispuesto a viajar a la selva para persuadir a las FARC de que liberen a Ingrid Betancourt? Por fortuna, la manifestación de ámbito mundial contra las FARC [6], celebrada en febrero pasado con gran éxito, empieza a influir en muchos políticos y periodistas europeos y norteamericanos, y la movilización podría repetirse a favor de Colombia en una posible guerra con Venezuela y Ecuador.

Si Chávez consiguiera colocar a un adicto a su ALBA en Bogotá, reuniría bajo su influencia una continuidad territorial que recordaría el virreinato de Nueva Granada. El siguiente paso del Eje sería, sin ninguna duda, Panamá, desgajada de Colombia a principios del siglo XX, y su canal, ahora en ampliación. Si cae Colombia, no sólo aumentaría el tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa, sino que, también, el canal de Panamá quedaría a un tiro de piedra de los cañones y los fusiles bolivarianos.

Notas:

[1] Hugo Chávez: “El gobierno de Colombia se ha convertido en el Israel de América Latina.” http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/25794.

[2]http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/pide/considere/FARC/fuerza/beligerante/elpepuint/20080114elpepuint_4/Tes

[3] http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3981514.html.

[4] http://www.eluniversal.com.mx/internacional/53281.html y http://www.malvinense.com.ar/sgeopol/10.htm.

[5]http://www.elpais.com/articulo/internacional/Venezuela/Colombia/vez/lejos/elpepiint/20050124elpepiint_10/Tes/.

[6] http://www.eltiempo.com/politica/2008-02-05/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3945957.html y http://www.lanacion.com.ar/984450.

PARAGUAY: LA IZQUIERDA BAJO EL MANDATO DE LUGO

Andrew Nickson

La victoria de Fernando Lugo en las elecciones presidenciales del 20 de abril de 2008 marcó un giro decisivo en la historia política de Paraguay, uno de los países menos industrializados y con mayores desigualdades de Latinoamérica. Lugo consiguió tres “sobresalientes” con su convincente victoria: (1) poner fin a 61 años en el poder del Partido Colorado (PC), que había permanecido en él de forma continuada desde el 13 de enero de 1947, más que cualquier otro partido político del mundo; (2) conseguir que el gobierno pasara de un partido político a otro de forma pacífica, por primera vez en la historia de Paraguay; y (3) convertirse en el primer ex obispo de la Iglesia católica que asumía la presidencia de un país.

Lugo obtuvo una convincente victoria en las elecciones, con un 40,9% de los votos emitidos en unas elecciones donde la participación se situó en un 66%. Blanca Ovelar, la derrotada candidata del PC, obtuvo el 30,6% de los votos. Lino Oviedo, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas, disidente y líder del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (PUNACE), populista y de base rural, el 21,9%. Oviedo había sido liberado de prisión en septiembre de 2007 –donde cumplía una condena de 10 años por un golpe de Estado fallido en 1996– en un intento por parte del presidente saliente, Nicanor Duarte, de dividir el voto de Lugo. En una impactante demostración del cambio de sentimiento político del país, Pedro Fadul, fundador y líder del Partido Patria Querida (PPQ), modernizador, proempresarial y estrechamente vinculado a los sectores conservadores de la Iglesia católica, vio como su voto caía en picado hasta situarse en un mero 2,4%, frente al 21,3% que obtuvo cuando se presentó como candidato a las elecciones presidenciales de 2003.

Durante gran parte de sus 61 años en el poder, el PC demostró ser una eficaz máquina electoral para mantener el poder de las elites y afianzar las injusticias sociales mediante una combinación de corrupción galopante, control de una burocracia estatal excesiva y retórica nacionalista basada en la participación de Paraguay en dos de las tres guerras post-independencia de Latinoamérica. Por el contrario, el principal partido de la oposición de Paraguay, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se mostró incapaz de forjar una alianza contra el PC durante la dictadura de Stroessner (1954-1989) y con posterioridad a ella, momentos en los que Paraguay se convirtió en sinónimo de corrupción, contrabando y flagrantes violaciones de los derechos humanos. A pesar de que en 1992 se aprobó una nueva Constitución democrática, la herencia del pasado siguió siendo una pesada losa para los intentos de conseguir un mejor gobierno. La corrupción aumentó durante los mandatos de una sucesión de presidentes del PC sobornables e ineptos, mientras la poderosa elite surgida durante la dictadura luchaba por mantener su poder en el nuevo entorno democrático, a menudo comprando votos congresistas. Tres períodos de inestabilidad militar (en abril de 1996, marzo de 1999 y mayo de 2000), el asesinato de un vicepresidente (en 1999) y la presentación de cargos de corrupción contra dos antiguos presidentes supusieron obstáculos adicionales para el proceso de democratización.

Tras dos decenios de estancamiento económico, la presidencia de Duarte (2003-2008) coincidió con un período de crecimiento gradual pero sostenido. En 2007 el crecimiento se situó en un 6,8% provisional. Esto se debió en gran medida a la rápida expansión de la producción de soja y carne para exportación en respuesta a la vertiginosa subida de los precios mundiales. Paraguay es actualmente el quinto mayor productor, y el cuarto mayor exportador, de soja del mundo. Sin embargo, esta mayor rapidez del crecimiento económico se basó en una de las estructuras más desiguales de tenencia de la tierra de América, de forma que los beneficios fueron a parar tan sólo a una pequeña elite de productores de soja, ganaderos y políticos corruptos. Según la Oficina Nacional de Estadística, en 2007 el 35,6% de los 6,2 millones de habitantes de Paraguay seguía viviendo en la pobreza y en realidad el porcentaje de personas que vivía en condiciones de extrema pobreza había aumentado de un 15,5% en 2005 a un 19,4% en 2007. Y sin embargo, estas cifras corresponden a un período en que el valor de las exportaciones se triplicó en tan sólo tres años, desde aproximadamente 1.000 millones de dólares en 2005 hasta 3.000 millones de dólares en 2007. Puesto que los paraguayos jóvenes y pobres del medio rural no consiguieron ver los frutos de ese crecimiento, a partir de 2002 se produjo un brusco aumento de la emigración hacia Europa. Se calcula que en 2007 había en España unos 100.000 paraguayos, de los cuales sólo 11.000 eran inmigrantes legales.

En este contexto económico y político, tal era el grado de desilusión con los políticos tradicionales que cuando Fernando Lugo, antiguo obispo, lideró una marcha en Asunción en marzo de 2006 para protestar contra presuntas contravenciones de la Constitución por parte del presidente Duarte, se vio inmediatamente catapultado a la escena política nacional. En julio de 2008, el PLRA accedió a apoyar la candidatura de Lugo a cambio de la vicepresidencia, un reconocimiento tácito de su propia debilidad y una decisión que desató las iras de los otros dos partidos de la oposición. Las esperanzas de una oposición unida se desvanecieron cuando Oviedo (PUNACE) y Fadul (PPQ) reiteraron su intención de presentarse como candidatos a la presidencia. La coalición Lugo-PLRA, conocida como Alianza Patriótica para el Cambio (APC), atrajo tan sólo a una miríada de pequeños partidos de izquierda, fuertes en militancia pero electoralmente débiles en la cultura política de patronazgo de Paraguay.

La carta de Itaipú

Desde el momento en que Lugo se embarcó en su aventura presidencial, prometió renegociar las condiciones de la participación paraguaya en dos megaproyectos hidroeléctricos binacionales, Itaipú con Brasil y Yacyretá con Argentina. El hidroproyecto de Itaipú, propiedad conjunta de Paraguay y Brasil, es el mayor del mundo, con una capacidad instalada de 14.000 MW y unos 90 millones de MWh generados en 2007. Según las condiciones del Tratado de Itaipú, firmado en secreto en 1973 por las dictaduras militares que gobernaban en ambos países en aquel momento, Paraguay debe “ceder” a Brasil la parte no utilizada de su 50% correspondiente de energía. Este tratado, firmado por un período de 50 años, que vencerá en 2023, también prohíbe las ventas a terceros países. En la actualidad, Paraguay utiliza tan sólo 7 millones de MWh al año y debe ceder los 38 millones de MWh restantes a la eléctrica estatal brasileña, Eletrobrás, a precio de costo. A cambio, Paraguay recibe tan sólo 2,7 dólares por MWh como “compensación”, lo que equivale a la mísera cifra de 103 millones de dólares al año, frente al precio al por mayor de aproximadamente 60 dólares por MWh que Eletrobrás cobra dentro de Brasil a las empresas de distribución eléctrica por la energía procedente de Itaipú y los aproximadamente 100 dólares por MWh que las eléctricas argentinas pagaron a Brasil durante la escasez de energía sufrida en 2007. El precio de venta de la energía de Itaipú correspondiente a Paraguay es claramente irrisorio y no se corresponde en modo alguno con el enorme aumento de los precios mundiales. El actual acuerdo resulta enormemente beneficioso económicamente para Brasil.

El gigantesco plan hidroeléctrico de Itaipú resulta de vital importancia para la economía brasileña, ya que en 2007 abasteció el 19% del consumo total brasileño de electricidad. Durante más de tres decenios, el Gobierno brasileño ha estado sobornando hábilmente a la elite política y económica de Paraguay para mantener este lucrativo acuerdo. A pesar de la obligación legal de “alternar la dirección” del proyecto, desde que éste entró en funcionamiento a mediados de la década de 1980, las direcciones técnica y financiera de la empresa hidroeléctrica binacional resultante, Itaipú Binacional, han permanecido exclusivamente en manos brasileñas y no se ha permitido a la Oficina Nacional de Auditoría de Paraguay examinar sus cuentas. Lugo denunció reiteradamente el “colonialismo brasileño” y prometió llevar la cuestión a la Corte Internacional de Justicia si su vecino se negaba a renegociar las condiciones del tratado, de flagrante desigualdad. Ésta era la primera vez que un político paraguayo formulaba semejante amenaza e hizo saltar la voz de alarma en Brasilia. Lugo también criticó a Argentina en relación con la planta hidroeléctrica binacional de Yacyretá, de 3.200 MW, para la que existe un acuerdo igualmente injusto de venta de la cuota de energía correspondiente a Paraguay.

La importancia otorgada por Lugo a la cuestión de Itaipú durante la campaña electoral reflejó el sentimiento de la población general, y todos los demás candidatos, que anteriormente lo habían criticado por plantear la cuestión, se vieron obligados a reposicionarse y apoyar la petición de renegociación. En Paraguay existe actualmente un consenso nacional sobre la cuestión de la renegociación, pero la respuesta del Gobierno brasileño ha sido de intransigencia. Su ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, ha repetido en numerosas ocasiones que no habrá renegociación antes de 2023, cuando venza el tratado. En su mensaje de felicitación a Lugo, el presidente “Lula” da Silva aprovechó incluso la oportunidad para recordarle públicamente que la renegociación del tratado no era planteable.

Las relaciones con Brasil con respecto a Itaipú también tienen que ver con la controvertida cuestión de la reforma agraria. En la década de 1990 surgieron movimientos sociales del campo para protestar contra la creciente escasez de tierras para los agricultores pobres. En un principio, los campesinos pedían que se expropiaran las grandes extensiones de tierra otorgadas ilegalmente a generales del ejército y acólitos políticos durante el régimen de Stroessner, bajo capa de una supuesta “reforma agraria”. Sin embargo, a partir de mediados de 1990 el movimiento se radicalizó, cuando agricultores brasileños, impulsados por la diferencia en los precios de la tierra existente entre ambos países, compraron vastas extensiones de tierra para cultivar soja de forma mecanizada. De 1995 a 2005 murieron más de 100 campesinos manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad o pistoleros a sueldo, y en la actualidad esos manifestantes han adoptado una postura radicalmente antibrasileña, quemando banderas de Brasil y con una creciente condena del “imperialismo” brasileño.

La mayor parte de la soja paraguaya es producida actualmente por inmigrantes brasileños. Estos brasiguayos no pagan impuestos directos, emplean mano de obra con sueldos inferiores al mínimo obligatorio y deforestan tierra virgen fértil a voluntad, y han empezado a ejercer su poderosa influencia económica mostrando escasa consideración por la protección del medio ambiente. En varias ocasiones desde finales de la década de 1990, han conseguido bloquear importantes carreteras con miles de tractores para frenar la aprobación de leyes que los situarían dentro de la red impositiva. Claudia Ruser, presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Soja, ha criticado abiertamente a Lugo, acusándole de fomentar las invasiones de propiedades privadas por familias campesinas sedientas de tierra, cuyas comunidades se están convirtiendo cada vez más en islotes de pobreza rodeados de enormes plantaciones de soja. En un momento en que la triplicación de los precios mundiales de la soja en los últimos 18 meses ha situado la zona bajo cultivo en un nuevo récord en 2007/2008, Lugo dispone de un mandato sólido para empezar a gravar al que actualmente constituye el grupo económico más rico del país. Sin embargo, los poderosos brasiguayos bien podrían cerrarse en banda a semejante posibilidad y pedir ayuda a Brasil.

Apoyo en el Congreso

El desafío político a que se enfrenta el presidente Lugo es considerable, dado que su Gobierno carece de apoyo mayoritario en un Congreso conservador. A pesar del fuerte apoyo prestado a la campaña de Lugo, la representación en el Congreso de los partidos de izquierdas sigue siendo la misma que en 2003-2008, es decir, tres senadores y dos diputados. Uno de los principales motivos es que los múltiples partidos de izquierdas de la APC, incluido el propio Movimiento Popular Tekojoja (MPT) de Lugo, no consiguieron ponerse de acuerdo en una lista única. En vista del pobre resultado de sus aliados de izquierdas, Lugo dependerá del apoyo del PLRA (uno de sus miembros, Federico Franco, ocupa la vicepresidencia) para poder sacar adelante las reformas. Sin embargo, muchos grupos poderosos del PLRA se oponen firmemente a la introducción de un impuesto sobre la renta de las personas físicas y a la reforma agraria, dos aspectos clave del programa de reforma de Lugo.

A la victoria de Lugo también contribuyó enormemente la profunda división del PC. El antiguo vicepresidente, Luis Castiglioni, fue derrotado por un estrecho margen por Ovelar como candidato a la presidencia en unas primarias celebradas en diciembre de 2007 que muchos consideraron fraudulentas. La negativa de Castiglioni a apoyar a Ovelar como candidata oficial del partido provocó una fuga masiva de votos colorados. Muchos de los desertores cambiaron su voto a Lugo u Oviedo. A pesar de perder la Presidencia, el PC mantuvo su posición como mayor partido del Congreso, como resultado de la votación táctica de los partidarios de Castiglioni, que siguieron votando a candidatos colorados para los escaños del Congreso. En la Cámara Alta, compuesta por 45 miembros, el PC cuenta con 15 escaños, tan sólo uno menos que en 2003-2008, seguido del PLRA (14), el PUNACE (9) y el PPQ (4). En el Congreso de los Diputados, el PC cuenta con 30 escaños, siete menos que en 2003-2008, seguido del PLRA (27), el PUNACE (15) y el PPQ (3).

Como nota positiva, Lugo se beneficiará de las amargas recriminaciones en el seno del bando colorado tras su derrota en las elecciones. En general, se acusa al presidente saliente Duarte de haber impuesto a Ovelar como candidata para sucederle contra el deseo de los activistas del partido. Aunque Duarte consiguió encabezar la lista del partido para la Cámara Alta, su controvertida presencia como senador para el mandato 2008-2013 contribuiría enormemente a dividir el PC en el Congreso, algo que beneficiaría enormemente a la APC cuando intentara sacar adelante la legislación necesaria para llevar a cabo las reformas. Castiglioni, el derrotado candidato de las primarias del PC de diciembre de 2007, dijo que su facción, Vanguardia Colorada, no reconocería el liderazgo de Duarte. Funcionaría como bloque independiente en el Congreso, pero es probable que se oponga firmemente al programa de reforma de Lugo ya que el propio Castiglioni se postula a líder del partido para las elecciones previstas en 2010.

Planes de futuro

El compromiso del presidente Lugo de combatir la desigualdad supone un serio desafío para el statu quo. Sin embargo, su programa sigue siendo impreciso. Su discurso de toma de posesión fue sólido en cuanto a la retórica (reconoció su deuda intelectual con la teología de la liberación) pero sorprendentemente débil en cuanto a la formulación de políticas concretas. Lugo repitió las principales prioridades de su Gobierno (reforma agraria, programas específicos de reducción de la pobreza, lucha contra la corrupción endémica en la Administración pública y renegociación del Tratado de Itaipú), pero no anunció ninguna política concreta al respecto.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, tuvo un gran protagonismo durante la ceremonia de investidura y tras ella. En un acto cultural celebrado esa noche, bailó y cantó del brazo de Lugo. Al día siguiente lo acompañó al Departamento de San Pedro, extremadamente pobre, donde Lugo había sido obispo cerca de 11 años. Chávez acaparó toda la atención, pronunciando un largo discurso antiestadounidense y firmando un paquete de 12 proyectos de ayuda para Paraguay. Entre ellos se incluía una reserva estratégica de petróleo para superar la escasez de meses anteriores como consecuencia de la interrupción de los créditos de proveedores a Petropar, la petrolera estatal, que generaba pérdidas. El protagonismo de Chávez y las intensas críticas contra los medios de comunicación de Rafael Correa y Evo Morales hicieron aumentar la especulación acerca de si Lugo se alinearía con la corriente de gobiernos populistas y antiamericanos de la región. Sin embargo, las consideraciones tanto de política nacional como de política exterior sugieren que semejante juicio resulta prematuro a la vez que simplista.

En el frente interno, Lugo ha nombrado un Gabinete a grandes rasgos de centro, especialmente por lo que respecta a los puestos ministeriales clave. A pesar de la fuerte presión ejercida por el PLRA para mantener la “parte que le corresponde” de los puestos ministeriales, la mayor parte de los cargos de alto nivel se han repartido hasta ahora en base a los méritos, y no como favores políticos. El ministro de Finanzas de Lugo, Dionisio Borda, consiguió poner en marcha, con ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), un programa que consiguió evitar un impago de la deuda durante los dos primeros años del Gobierno de Duarte Frutos, en 2003-2005. Borda está decidido a introducir un impuesto sobre la renta de las personas físicas en 2009, pospuesto ya dos veces, y baraja la posibilidad de gravar las exportaciones agrícolas, en vista de las inesperadas ganancias de los exportadores de soja. Para la ceremonia de investidura, Paraguay invitó oficialmente al Premio Nobel Joseph Stiglitz. En su discurso en el banco central, Stiglitz pidió, ante todos los invitados, nuevos impuestos para aumentar el escaso rendimiento impositivo de Paraguay (un mero 11% del PIB), a fin de poder financiar las tan necesarias mejoras de la salud y la educación y los programas específicos de reducción de la pobreza. Sus declaraciones desencadenaron un aluvión de críticas por parte de los terratenientes del campo y los industriales.

El ministro de Agricultura, Cándido Vera Bejarano, no se muestra radical con respecto a la reforma agraria. Sigue oponiéndose tanto a las ocupaciones de tierras por parte de agricultores sin ellas como a la confiscación de las tierras ilegalmente concedidas a poderosos miembros del Partido Colorado y del ejército durante la dictadura de Stroessner y tras ella, bajo capa de una supuesta reforma agraria. El ministro de Industria y Comercio, Martín Heisecke, es un empresario farmacéutico de centro-derecha. En respuesta a la grave escasez de cemento experimentada en los últimos meses como consecuencia de las interrupciones de las plantas del monopolio estatal Industria Nacional de Cemento (INC), Heisecke afirmó que, de ser por él, la empresa se privatizaría mañana mismo. El ministro de Obras Públicas, Efraín Alegre, se muestra partidario de las asociaciones entre los sectores público y privado para la construcción de carreteras.

En el frente exterior, Lugo dispone de un sólido mandato para presionar en favor de una renegociación de los contratos hidroeléctricos. Durante la ceremonia de investidura, el presidente Lula se mostró visiblemente impactado por el aluvión de gritos que la audiencia de 15.000 personas le dirigió, exhortándole a aceptar la renegociación del Tratado de Itaipú, y regresó a Brasil inmediatamente después de la ceremonia. Dada la actual intransigencia del Gobierno brasileño y el hecho de que Paraguay también está intentando renegociar las condiciones de su otro gran condominio hidroeléctrico binacional, Yacyretá, con Argentina, los cada vez mayores vínculos del Gobierno de Lugo con Venezuela y Bolivia deben entenderse, más que como producto de una afinidad ideológica, como parte de un esfuerzo concertado por alejarse de la política pendular (tratar de enfrentar a sus dos poderosos vecinos, Argentina y Brasil, en beneficio propio) que ha caracterizado la política exterior de Paraguay durante más de un siglo, excluyendo a todos los demás países latinoamericanos.

Paraguay está desarrollando actualmente este “tercer frente” como táctica en su intento de renegociar los contratos hidroeléctricos tanto con Brasil como con Argentina. Lugo se ha esforzado al máximo por negar cualquier afinidad con el amplio movimiento populista imperante en el resto de Latinoamérica, al mismo tiempo que aplaudía la mayor soberanía sobre los recursos naturales nacionales promovida por los presidentes Morales y Chávez. Su apoyo a la entrada de Venezuela en el Mercosur debería interpretarse como un intento de contrarrestar el dominio de Brasil y Argentina en el bloque. Estas consideraciones de carácter geopolítico también ayudan a explicar el establecimiento por parte de Lugo de vínculos más estrechos con el Gobierno uruguayo de Vásquez, ya que ambos buscan mejores condiciones para las economías más pequeñas del bloque regional mediante el mecanismo de mejores fondos regionales de desarrollo y exenciones preferenciales del Arancel Externo Común (AEC).

Otros dos aspectos sugieren que la “apertura” de las relaciones con Venezuela es más una decisión táctica que estratégica, con connotaciones ideológicas más profundas. En primer lugar, Lugo se ha esforzado por mantener estrechos vínculos con EEUU y ha sido invitado a almorzar con George Bush durante su visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. En segundo lugar, para sorpresa de muchos observadores, el presidente Ma de Taiwán asistió a la ceremonia de investidura de Lugo, antes de que éste confirmara que Paraguay mantendría su política de no reconocimiento de la República Popular China, a pesar de que actualmente es la segunda mayor fuente de importaciones de Paraguay.

Conclusión

Paraguay se ha embarcado por fin en la etapa de alternancia de su proceso democrático, pospuesta durante prácticamente 20 años, desde que terminara la dictadura de Stroessner en 1989. Están saliendo a la superficie corrientes de reforma estructural subyacentes, entre otras cosas un nuevo orgullo y una nueva confianza en la lengua guaraní y la identidad cultural del país. Hay una nueva sensación de optimismo en un país en que la mayor parte de los habitantes había terminado por despreciar a los políticos. No es de sorprender que Lugo sea el catalizador del cambio: el hecho de que no fuera “político” fue uno de sus mayores atractivos electorales. Su imagen no partidista le resultará muy útil en sus intentos de conseguir el respaldo mayoritario necesario para sacar adelante las tan urgentes reformas.

Los paraguayos tienen enormes esperanzas de que Lugo transforme el país. Un sondeo de opinión le otorgó un nivel de popularidad del 93%. En las zonas rurales, las organizaciones campesinas militantes ejercen cada vez más presión para que confisque y redistribuya las amplias haciendas propiedad de brasileños. En las zonas urbanas, la clase media tiene grandes esperanzas de que Lugo acabe con la corrupción de la Administración pública. Sin embargo, en ausencia de políticas claras, es poco probable que se puedan satisfacer esas altas expectativas a corto plazo, y mucho menos a medio plazo. Por ese motivo, su período de luna de miel con el electorado podría resultar relativamente corto. A medida que vaya instaurándose un sentimiento de desilusión por la falta de avances en las reformas estructurales, el PC utilizará su poder y su experiencia para recuperarse de la impactante derrota que sufrió en abril de 2008 y que, en gran parte, fue culpa suya. El PC sigue siendo el mayor partido político, dentro y fuera del Congreso. Podría volver a unirse rápidamente y empezar a reafirmar su autoridad sobre una debilitada presidencia. Semejante escenario sería un mal presagio para el “buen gobierno” del próximo período. Pero incluso si Lugo consiguiera sacar adelante la legislación necesaria para llevar a cabo su reforma, su Gobierno se enfrentará a enormes problemas para cumplir su programa de reducción de la pobreza, debido al control que el PC sigue ejerciendo sobre el poder judicial y la Administración pública. Aun así, independientemente de lo que suceda en el frente nacional, existe ya un consenso entre los distintos partidos, respaldado por un amplio porcentaje de la opinión pública, sobre la necesidad de renegociar los contratos hidroeléctricos binacionales con Brasil y Argentina, lo que tendrá importantes consecuencias geopolíticas en la región durante los próximos años.