COLOMBIA Y LA MIGRACIÓN ANDINA: CONTEXTO, CAMBIOS Y NECESIDADES

Fescol

La migración andina en la actualidad, se desarrolla en un contexto de crisis e inestabilidad política, de temor a la expansión del conflicto interno colombiano, de un mayor liderazgo venezolano, y de cambios legislativos y presidenciales. Esta crisis se ha venido manifestando en diferentes ámbitos dentro de los cuales se encuentran manifestaciones antidemocráticas relacionadas con: los niveles altos de pobreza en la región, la desigualdad en la distribución del ingreso, la exclusión de gran parte de la población como la indígena, la falta de identidad y de confianza en los partidos políticos, y la reducida presencia y control del Estado en parte de su territorio.

Las instituciones se modernizan lentamente y poco se adaptan a las demandas y nuevas necesidades de la población. En varios de los países andinos se desarrollan movimientos sociales que han asumido la representación de diversos sectores ante la pérdida de legitimidad de los partidos y de las instituciones estatales que no responden a los intereses de la sociedad. En ocasiones se generan discursos contradictorios así como una agenda dual a nivel del Estado y de la sociedad.

El modelo de desarrollo está propiciando bajos niveles socioeconómicos en términos de salud, educación, vivienda y empleo, entre otros, e incluso, malestar con la misma democracia debido a que su calidad no llena las expectativas de una población que demanda democracia más participativa y gobernabilidad democrática. Se presencia un proceso de democratización desigual y con diferentes velocidades, al mismo tiempo que se observa una nueva “ola de populismo”.

Por otra parte, el temor a la expansión del conflicto interno colombiano coloca en alerta a los vecinos debido a su propia inestabilidad. Incluso se ha vuelto cotidiano usar la crisis colombiana para disfrazar o presentar de manera diferente la situación interna de cada uno de los países vecinos. Esta situación muestra la existencia de un contexto propicio para emigrar. Según el Departamento Nacional Planeación (DNP), las fronteras colombianas presentan indicadores económicos inferiores y un desarrollo económico y social marcado por condiciones precarias en salud, educación y empleo. En resumen, el conflicto interno se ha trasladado a las fronteras, continúa el desplazamiento y la crisis humanitaria y aumenta la vulnerabilidad de la población. En la zona de frontera se distinguen cuatro zonas que afectan la relación con los vecinos y el mismo proceso migratorio.

La primera de ellas, de expansión del conflicto al sur oriente del país en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Guainía. La segunda, de profundización del conflicto en el litoral pacífico, Nariño y Chocó. La tercera zona de continuidad al nororiente del país en el departamento de la Guajira y en los límites con Venezuela, y una cuarta, de desbordamiento del conflicto hacia los países vecinos (CODHES, 2005). Se habla de ubicación de campamentos de guerrilleros, rutas y/o corredores de mercancías ilegales; de infiltración en las economías locales; de crimen transnacional y de traslado de cultivos ilícitos. Se observa que la presencia e incorporación de los paramilitares ha favorecido esta tendencia y ha obstaculizado el ingreso de alimentos afectando de manera particular las comunidades indígenas.

Dentro de este contexto de conflicto, crisis e inestabilidad política, Venezuela, comparte con Colombia la frontera más amplia, activa y porosa e, históricamente, presenta una agenda bilateral en la que el tema migratorio y del desplazamiento ha sido prioritario. En la coyuntura actual, la diplomacia petrolera ha contribuido al estrechamiento de vínculos con el Medio Oriente, el Caribe Insular y en Suramérica con países como Ecuador, Brasil y Argentina. Pese a que el tema migratorio no ha sido relevante para la profundización de las relaciones con estas áreas geográficas, el gobierno de Hugo Chávez ha favorecido la presencia de cubanos y colombianos en su país.

También con Ecuador, Colombia comparte una frontera activa de fácil circulación y aunque cuatro veces de menor extensión que la venezolana, se caracteriza por problemas relacionados con la seguridad. Temas como comercio e inversiones han ocupado un lugar prioritario en la agenda bilateral, y de manera mas reciente, la migración y la seguridad fronteriza acaparan la atención de ambos países. En la actualidad se exige a los colombianos un Certificado Judicial y de Policía para ingresar al vecino país; se solicita suspender las fumigaciones; y se traslada ejército a la frontera.

Cambios migratorios: influencia política y económica

El fortalecimiento de la democracia lleva dos décadas en América latina y en la región andina países como Colombia y Venezuela han sido valuarte del orden constitucional. La crisis interna de la región y de manera particular el conflicto colombiano han obligado a que parte de sus habitantes deban desplazarse por razones políticas, como también lo hacen los venezolanos debido a la polarización y los ecuatorianos debido a su inestabilidad política. A partir de los noventa se perciben ciertos cambios en los patrones migratorios.

Aunque durante la década de los noventa la migración andina tendió a ser de tipo económico, empieza a percibirse una motivación política. En 1997 Colombia contaba con el 0,7% de la población mundial y con 1’960.000 de emigrantes (Santiago Ríos, 1997), identificándose desde entonces una movilidad fronteriza. Más de 10 mil personas se veían obligadas a atravesar la frontera por el conflicto, mientras que en la actualidad más de 600 mil colombianos se han desplazado, por motivos políticos, solamente al Ecuador. De acuerdo a un estudio sobre migraciones colombianas en la comunidad andina en la década de los 90 (Carolina Mejía, 2002), la direccionalidad, temporalidad, voluntariedad y selectividad del emigrante también han variado.

Durante los noventa se observaban grandes movimientos fronterizos hacia Estados Unidos y Venezuela, y migración de retorno desde Venezuela hacia Colombia. Para los colombianos los principales destinos coincidían con los regionales y además al Ecuador.
Para 1995 se incrementó la movilidad de colombianos hacia las zonas con cultivos cocaleros. Frente a la temporalidad se identificó una migración definitiva, reversible o pendular intracomunitaria y para Colombia, movimientos temporales donde Venezuela y Ecuador resultaban ser los mejores destinos para las condiciones de los migrantes (Fernando Guerrero, 1995). En cuanto a la voluntariedad, ésta se mostró más dramática cuando se presentaba una motivación política y había presiones de los países receptores. Por el lado de la selectividad durante los noventa, según el mismo autor, el 75% de movimientos laborales se presentaron entre los 15 y los 64 años con un predominio femenino de bajo nivel educativo. Por otro lado, se presenciaba al mismo tiempo, migración de mano de obra no calificada o semicalificada dentro de la población fluctuante y migración empresarial.

En Colombia se observaba la mayor parte de la migración en condiciones de marginalidad y pertenecía al 20% mas pobre del país y mas afectado por la violencia. Frente a la migración empresarial existía una alta relación entre Colombia y Venezuela, en donde Colombia era el país que aportaba la gran parte del personal calificado de la migración intracomunitaria (Carolina Mejía, 2002). Hoy en día, también se observa que profesionales calificados se dirigen al Ecuador y Costa Rica, y que empresarios venezolanos lo hacen a las regiones de Santander y Antioquia de nuestro país.

Para el siglo XXI, la migración económica se dirige principalmente a los países desarrollados, mientras que la política se dirige a las regiones vecinas. Las mayores cifras de desplazamiento transfronterizo se observan desde los departamentos de Nariño y Vaupés. Hacia Panamá, además de campesinos e indígenas, exfiscales y pequeños empresarios lo hacen debido a las amenazas de que son víctimas. Los migrantes que se dirigen a Venezuela según la Organización Internacional para la Migración (OIM), proceden de los departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá, Amazonas, Chocó, Magdalena, César, Guajira y Córdoba, ubicándose en los estados de Zulia y Táchira. Durante los últimos seis años se han fundado tres pueblos con población colombiana: Naranjales, el Cruce y Caño Gaital.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, podemos diferenciar dos tendencias: la que vincula migración y desarrollo, y la que la relaciona con seguridad. La primera hace alusión al mejoramiento en la calidad de vida y en la condición social, sobresaliendo una migración económica que envía remesas y en algunos casos, tiene capacidad de ahorro para realizar una inversión. En la segunda, los movimientos migratorios son vistos como una amenaza desestabilizadora que lleva en el caso colombiano a la expansión del conflicto y de diversas actividades ilícitas.

Lo institucional y lo social

Existen muchos modelos teóricos para caracterizar las migraciones internacionales. De cada modelo derivan categorías de clasificación ideales como las de migración económica vs. Política, o externa vs. interna. Tales categorías permiten visualizar aspectos relevantes de las migraciones. En el caso de las migraciones colombianas y del área andina debe anotarse que hay evidencia de una progresiva complejidad del fenómeno migratorio. Sobre los migrantes opera una multiplicidad de factores económicos, políticos, sociales y culturales que influyen en los temas relacionados con su decisión. No es fácil separar nítidamente las motivaciones de los migrantes colombianos dentro del país o hacia el exterior, e incluso, muchas veces diferenciar las motivaciones económicas de las estrictamente políticas.

Resulta evidente que los conflictos y tensiones al interior del país han provocado muchos fenómenos masivos e individuales de migración forzada dentro del territorio y hacia el exterior. Es la población de menores ingresos la que resulta más vulnerable al desplazamiento y a la presión de los varios actores armados en el conflicto colombiano. Dentro y fuera del país se registran migraciones campo-ciudad y hacia el exterior, la intimidación causada por situaciones de inseguridad interna se suma en mayor o menor medida a expectativas de mejoramiento en el nivel de vida de los migrantes.

En este proceso, debe tenerse en cuenta la capacidad de decisión individual respecto a la migración, que puede ser considerada legítimamente como un mecanismo de salvación, de progreso, de enriquecimiento y de desarrollo familiar. Migrar por razones individuales, no políticas, por aspiraciones de mejoramiento económico, no es ni legal ni moralmente inadecuado y por el contrario constituye un factor clave del desarrollo de la sociedad global. En este sentido hay un aprovechamiento legítimo, de las redes familiares, de compadrazgo o de origen compartido, que al extenderse, van abriendo vías de migración mediante las cuales se globaliza tanto la nación colombiana como las comunidades de recibo de connacionales.

Los emigrantes andinos bien sean dentro o fuera de la región, son principalmente económicos. Durante los años de bonanza petrolera se dirigieron a Venezuela. Hoy ya no lo hacen por las mismas razones a pesar de que el precio del crudo supere los US$ 60 dólares el barril, y más bien por razones cambiarias prefieren dirigirse a Estados Unidos y España, y también lo hacen a Costa Rica. Los colombianos también se desplazan por razones políticas, bien sea porque huyen del conflicto armado, de las fumigaciones y/o por problemas relacionados con la seguridad. La mayoría de ellos se dirigen por poco tiempo a los países vecinos, principalmente a Ecuador, Venezuela y Panamá, y también lo hacen a Canadá y Estados Unidos.

Los patrones migratorios y los flujos de colombianos han cambiado en los últimos años en cuanto a su tipología, composición y motivaciones, ampliándose los países de destino así como sus vínculos con el lugar de origen. A su vez, las corrientes migratorias se han visto alteradas debido a la globalización. Se ha dado una diversificación, incremento y dispersión, mayor calificación y nivel educativo. Se presentan diferencias en las relaciones económicas y/o políticas con su lugar de origen. Estos cambios necesariamente deberán conducir a nuevos lineamientos que con una mirada transversal contemplen lo económico, lo político y lo jurídico.

A pesar de que existan instrumentos jurídicos como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o la figura de refugio y de asilo, muchas veces los migrantes políticos evitan acogerse a los mismos, debido al temor de sufrir represalias por parte del bando contrario. La ONU cuenta con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el Estatuto de Refugiado de 1951 y actualizado en 1967, y otros acuerdos como la Convención de Naciones Unidas sobre la Protección de los Migrantes Laborales. Por su parte, la OIM auspicia desde 1999 la Conferencia Suramericana de Migraciones que apoya la vinculación del migrante con su lugar de origen, la protección de los derechos humanos y la regularización de los flujos migratorios.

En el plano nacional, Colombia ha suscrito Memorandos de Entendimiento con Ecuador (2000), Panamá (2000), Perú (2001) y Venezuela (2003), los cuales enfatizan en el tratamiento del fenómeno del desplazamiento en zonas de frontera, mostrando una apertura hacia la participación de la comunidad internacional, de manera particular con la ACNUR, la OIM y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). A su vez, señalan el compromiso con el intercambio de información y la búsqueda del retorno voluntario. Sin embargo, estos memorandos son más recomendaciones e intenciones políticas ya que carecen de obligatoriedad jurídica. En algunos casos se han presentado situaciones especiales frente al retorno de los desplazados colombianos como en el caso de Panamá donde el retorno se ha visto afectado por episodios de falta de compromiso al regularizar colombianos que no han querido volver a su país de origen. También con Ecuador, en donde desde el 2004, se anunció un Plan Retorno, que sería adelantado por la Red de Seguridad de Solidaridad y las autoridades ecuatorianas. Además durante los últimos meses el vecino país se ha concentrado en la suspensión de las fumigaciones que también afectan el desplazamiento transfronterizo.

De todas maneras, para que el retorno se realice y sea efectivo, se requieren no solo expresiones políticas e incentivos, sino que hayan variado las condiciones que motivaron la emigración. Por otra parte y a pesar de los esfuerzos que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido haciendo para difundir el conocimiento, la sensibilización y visualización del fenómeno migratorio, los avances a nivel institucional especialmente de los consulados se han quedado cortos. Se requiere una política más activa y que sobre todo, genere confianza en el inmigrante.

En resumen, los migrantes colombianos en el exterior se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad frente a los estados que los reciben, donde son percibidos como una amenaza, y muchas veces, inmersos en situaciones de ilegalidad, son victimizados esta vez como criminales. Cuando los migrantes quedan imposibilitados para acceder a la protección de las autoridades y articular peticiones como derechos, quedan en manos de los grupos internacionales de crimen organizado que los explotan, cobrando sumas exorbitantes para propiciar migraciones a través de rutas de tráfico, y en el peor de los casos, pueden convertirse en mercancía de las redes de esclavitud contemporánea en la trata de personas, como es el caso de colombianos víctimas de esta situación que se han encontrado en Venezuela, Chile y en otros países como España, Holanda, Tailandia y Japón.

De esta manera, el panorama migratorio colombiano y andino requiere mayor investigación y la sustitución de esquemas simplificadores inspirados frecuentemente en los imperativos de restricción de las migraciones colombianas hacia el exterior, por modelos enriquecidos que permitan diseñar políticas públicas de protección y garantía de derechos para migrantes que salen de Colombia, pero también, para aquellos que transitan por nuestro territorio y para aquellos que vienen a quedarse. Así, se hace necesario conceptualizar el espacio colombiano como completamente integrado a un mundo global.

Escenarios y recomendaciones

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este policy paper plantea tres escenarios: la suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales, la coordinación con otros actores, y la ampliación y desecuritización de las agendas migratorias. Todos ellos señalan retos para la política exterior colombiana y para su inserción regional.

1. La suscripción de acuerdos

Este es el escenario que ha predominado. Abarca la suscripción de acuerdos, tratados, convenciones, declaraciones y memorandos de entendimiento con los países receptores, resultando de la mayor importancia aquellos relacionados con derechos humanos, seguridad social, derechos laborales y homologación de títulos. No obstante, se requiere hacer un tratamiento diferenciado según estemos refiriéndonos a migrantes económicos o políticos, y según su destino, es decir, diferenciar los que emigran a los países vecinos de aquellos que se dirigen a Estados Unidos y España, A su vez se debe prestar mayor atención al desplazamiento transfronterizo por la internacionalización de una crisis humanitaria.

Este escenario deberá incluir el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos de los refugiados y trabajadores en general, la atención de las poblaciones indígenas, el mejoramiento y la implementación de mecanismos de movilidad y regulación de los flujos poblacionales, las garantías judiciales para los migrantes, y el desarrollo de mecanismos de acercamiento a los consulados que les permita a los migrantes estar enterados de todos los cambios políticos, judiciales o de las posibilidades que tengan para mejorar su calidad de vida en el país en el que se encuentren.

Para el desarrollo de este escenario se han presentado iniciativas desde diversas instituciones. Por su parte, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha desempeñado un importante papel a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a control, permanencia y salida. En este sentido, el decreto 4000 de 2004 modifica temas como el control migratorio, la inmigración, los tipos de visas y su ampliación.

A nivel regional, la Comunidad Andina de Naciones tiene por lo menos veinte decisiones y resoluciones relacionadas con la movilidad de personas y con temas migratorios. Aunque se han dado avances muy importantes, al mismo tiempo se han presentado obstáculos relacionados con la situación interna de cada país. En cuanto a los tratados, el 503 con Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y la CAN, sobre circulación de personas en el que Venezuela se mantuvo al margen y dijo que solo permitiría el ingreso con la tarjeta andina, mientras en Ecuador se amplió a todo el territorio sólo con la cédula de ciudadanía. También la Ley 43 de doble nacionalidad en la que se buscaron más beneficios y menos perjuicios, como por ejemplo que para Colombia no importe el número de nacionalidades y que pocos nos exijan renunciar a nuestra nacionalidad.

Frente al tema laboral la Convención Simón Rodríguez entre el Parlamento Andino y el Consejo Consultivo busca la armonización legislativa en temas laborales. Dentro de otros temas como el Banco de Proyecto de Integración Fronteriza ha llevado a cabo proyectos que se han visto obstaculizados por la realidad fronteriza. De todas maneras se puede afirmar que existe un marco jurídico en materia migratoria, el cual la gran mayoría de las veces se desconoce, y en otras, carece de voluntad política de los países receptores como también, de los expulsores.

2. La coordinación con otros actores

Este escenario se refiere a la mayor inclusión de otros actores no-estatales en el tratamiento del tema migratorio. La falta de conocimiento, de intercambio de ideas y de coordinación entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, contribuye a la formulación de políticas que muchas veces no reflejan la situación real del emigrante. Sin embargo, se han hecho esfuerzos, además del programa Colombia nos Une, como el de la creación de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración en el 2003, integrada por entidades como los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y de Justicia, Defensa, Protección Social, Comercio, DAS, el ICFES. A pesar de estos esfuerzos, no se ve una coordinación real dentro de la Cancillería, entre Cancillería y Presidencia, así como con otras entidades gubernamentales, y menos aún con la sociedad civil.

Los consulados carecen de legitimidad. Los connacionales desconfian de ellos, pocos se registran, y prefieren más bien acudir a otras asociaciones y a las iglesias, encontrándonos ante la presencia de una “diplomacia alternativa” o una diplomacia no gubernamental. Es por ello que los cónsules deberían desempeñar un papel mucho más activo que reactivo y tratar de atraer sus connacionales, así como la Cancillería realizar estudios acerca de este tipo de diplomacia y su vinculación con el Estado.

A su vez se debe analizar el tema de transnacionalización de grupos armados, del cruce de los factores históricos haciendo énfasis en lo multicultural y en lo multiétnico, y de las personas que retornan al país pero no para quedarse sino para partir nuevamente. En el tema de frontera, es importante tener en cuenta la venezolana debido a su movilidad y diversidad, como también la ecuatoriana. No debe olvidarse los territorios y comunidades indígenas, históricamente olvidados y afectados por el conflicto interno colombiano. Hay que recordar, a su vez, que estas fronteras han seguido siendo vivas, pero con un objeto distinto y con un tinte, muchas veces, de ilegalidad abriéndose hacia el contrabando, las armas y los migrantes entre otros.

3. Ampliación y desecuritización de las agendas migratorias

El aumento del flujo de colombianos al exterior resulta simultáneo a la securitización de las relaciones internacionales. Para muchos países, la migración hace parte de su seguridad nacional, y se presentan momentos en los que se demoniza la presencia de inmigrantes y se vinculan con las drogas ilícitas, el crimen transnacional y el terrorismo. La emigración transfronteriza, especialmente hacia Ecuador y Venezuela, tiende a vincularse con temas de seguridad, simpatizantes de grupos alzados en armas, santuario de la guerrilla, y delincuencia internacional. El aumento del crimen, del contrabando y de diversas actividades ilegales principalmente en las fronteras, da lugar para que los países vecinos identifiquen al inmigrante con inestabilidad y amenaza.

Los refugiados en Ecuador tienden a verse como una amenaza debido a su propia inestabilidad política. Muchos sectores del vecino país consideran que la militarización de la frontera y los mayores requisitos para ingresar a su territorio pueden frenar y seleccionar la llegada de población colombiana. Se presentan casos, en los que se viola el principio de retorno voluntario, de protección a los derechos humanos, de ayuda humanitaria y de apoyo de los gobiernos y organizaciones a la población refugiada.

Debido a esta situación se hace necesario cubrir las necesidades de los migrantes con el fin de mejorar su calidad de vida y modificar la visión que se tiene de ellos. Se les debe mirar con confianza, y para ello, se hace indispensable incluir dentro de las negociaciones y agendas bilaterales, los temas de movilidad poblacional. A su vez, crear centros de información teniendo en cuenta el cambio cultural, la ya mencionada protección a los derechos humanos, así como su ubicación geográfica. Se propone que el Estado colombiano integre dentro de la agenda pública la protección de los migrantes colombianos que se encuentren en cualquiera de las condiciones migratorias, legales o ilegales, y que a través del fortalecimiento de los servicios consulares se realicen acciones para la protección de los derechos de los colombianos expatriados. Para lograr esto, podría desarrollarse una política sólida de derechos humanos y de derecho de los refugiados, y podría exigir a los países de recibo de migrantes colombianos la estricta observancia de estas convenciones internacionales.

Igualmente debería comprometerse a garantizar y respetar los derechos humanos de los extranjeros migrantes en Colombia, y a reconocer de manera amplia y humanitaria la condición de refugiado a los extranjeros que la soliciten.

Glosario Migración

Asilado: Persona que, por motivos políticos, encuentra asilo con protección oficial, en otro país o en embajadas o centros que gozan de inmunidad diplomática.

Cadena migratoria: Término empleado para referirse a aquellos movimientos migratorios en los que los futuros migrantes adquieren conocimiento de las oportunidades laborales existentes en el lugar de destino, reciben los medios para trasladarse y resuelven su alojamiento y empleo inicial por medio de sus relaciones sociales con migrantes anteriores.

Desplazado: Son los individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano. Tanto los desplazados internos como los refugiados con frecuencia abandonan sus hogares por las mismas razones. Este concepto se limita al desplazamiento interno.

Indocumentados: Aquel ciudadano extranjero que carece de los documentos que, según los casos, exijan las leyes en materia de extranjería (así por ejemplo, autorización de residencia, tarjeta de extranjero...) También conocido como “sin papeles”.

Inmigrar: Llegar a otro lugar para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas.

Flujos migratorios: Patrones espaciales observados en los movimientos migratorios que se producen durante un periodo de tiempo. Un flujo migratorio se sitúa con respecto a un espacio geográfico origen y otro de destino, y se caracterizan por una cierta estabilidad en el tiempo.

Fuga de cerebros: La emigración de gran cantidad de población con altos estudios de un país a otros que ofrecen mayores oportunidades sociales y económicas.

Migración: El movimiento de personas a través de una división política para establecer una nueva residencia permanente. Se divide en migración internacional (migración entre países) y migración interna (migración dentro de un país).

Migración internacional: Desplazamientos con cambio de residencia habitual entre distintos países. Suele estar condicionada por las legislaciones nacionales respectivas, principalmente la de los países de acogida.

Migración de retorno: Proceso por cual el migrante que ha residido fuera del país, retorna a su lugar de origen y nuevamente reside en él. Tipo de movimiento migratorio caracterizado por el regreso del antiguo emigrante a su lugar de origen.

Migración laboral: Cambios de residencia por motivos de trabajo y por tanto tiene una relación con la obtención de ingresos por el migrante.

Migración temporal: Aquel desplazamiento que se produce con carácter temporal, ya que en principio no hay predisposición a que sea permanente.

Principio de voluntariedad de la repatriación: Este principio requiere que la voluntad sea expresada libremente y en forma individual. La repatriación debe tener lugar bajo condiciones de seguridad y dignidad, y de preferencia, si así lo desean los refugiados; debe efectuarse al lugar de origen o de anterior residencia con el debido respeto de todos los derechos humanos, en especial la integridad personal, la libertad de movimiento y libre elección del lugar de residencia.

Refugiado: Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país. ”La persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere regresar a él a causa de dichos temores” (Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados).

Remesas: Transferencias corrientes realizadas por emigrantes desde el lugar de destino a sus orígenes, a sus familiares.

Tráfico de migrantes: El tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Las víctimas de trata o tráfico, sean o no solicitantes de asilo, que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos.

Trata de personas: La trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Además se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos.

BRASIL, LA SAMBA NO CESA

Fernando Gualdoni

Con unas reservas de más de 200.000 millones de dólares (unos 157.000 millones de euros), una economía sólida y un ambiente político estable, Brasil parece tener medios suficientes para contrarrestar el desplome de los precios de las materias primas. Los cultivos, las carnes y la minería, que representan el 30% de sus exportaciones, han sido un pilar de la espectacular expansión económica de los últimos cuatro años. “Entramos los últimos en la crisis y saldremos los primeros”, dijo Lula el pasado 2 de marzo, el mismo día en que la agencia de calificación financiera Fitch afirmó que Brasil era uno de los países mejor situados para hacer frente a la debacle mundial.

No cabe duda de que la contracción del PIB de Brasil se sentirá. Ningún Estado pasa de crecer en torno a un 5% de media anual a poco más del 1,5% sin sentir el golpe. Habrá un desplome del consumo, y la economía sufrirá, sobre todo, por la escasez del crédito y de las inversiones. Pero tiene un as en la manga: el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la segunda mayor entidad de fomento del mundo tras el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), tiene suficientes fondos para financiar el programa de inversiones públicas en infraestructuras, similar al plan de estímulo puesto en marcha por el presidente Obama en Estados Unidos. Brasilia tenía ya uno mucho antes de que Washington pensara en el suyo propio e incluso antes de que la crisis arreciara.

El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) prevé una inversión de 500.000 millones de dólares durante cinco años para construir y renovar carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos, presas hidroeléctricas, entre otras obras, en todo el país. El programa, bien implementado, supone un aumento de los desembolsos en infraestructuras desde el 1% hasta entre el 6% y el 9% del PIB, una cifra que acercaría a los brasileños al nivel de inversión pública que tienen los indios o los chinos, los otros jugadores de este equipo de grandes economías emergentes. El paso es crucial para Brasil, cuyo desarrollo siempre ha estado lastrado por sus deficientes infraestructuras. La ejecución de este plan está prácticamente en manos de Dilma Rousseff, la jefa de Gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y candidata a competir por el puesto de su jefe desde el Partido de los Trabajadores (PT). A finales del año pasado, Rousseff afirmó que el PAC iba a ayudar a Brasil a superar los efectos de la crisis porque se trata de un “gran instrumento” para el mantenimiento de las políticas llamadas anticíclicas, es decir, aquéllas de las que se echa mano en periodos de contracción económica y que se financian con las reservas acumuladas durante los tiempos de bonanza.

Muchos expertos creen que el PAC será clave en los próximos años para paliar los efectos de la crisis en el sector de la agricultura a raíz de la bajada de los precios de las materias primas. La industria agrícola, tanto para la producción de alimentos como de biocombustibles, ha creado miles de puestos de trabajo en los últimos cinco años. Este fenómeno, que ha contribuido a reducir la pobreza extrema y la inequidad en las zonas rurales, tenderá a reducirse drásticamente este año y el próximo, según varios informes de bancos privados sobre el futuro a corto plazo del país. No obstante, el mercado del etanol es lo suficientemente robusto como para seguir dando empleo, tanto en el sector agrícola como en el industrial.

A pesar de los recientes descubrimientos de gigantescos yacimientos de crudo bajo las aguas del Atlántico, Brasil no da señales de que su apuesta por el etanol vaya a menguar. En el país ya hay 400 plantas de producción de este carburante con caña de azúcar, el 87% en el centro y en el sur. Dentro del PAC, además, se prevé la ampliación del número de estas fábricas, y Petrobras ya ha decidido que vale la pena construir oleoductos para distribuir etanol. El 85% de la producción de biocarburante se consume en casa, y el porcentaje restante se exporta a Asia. La ley, además, refuerza el uso de los biocarburantes: cada litro de gasolina que se vende tiene que contener un 25% de etanol (E25, en vigor desde julio de 2007). Aparte de esto, el 70% de los vehículos que circulan por Brasil puede usar tanto gasolina como etanol, y cuenta con una amplia red de distribución territorial (más de 35.000 puntos de venta). El país suramericano fabrica en sus plantas más de 70 modelos diferentes de vehículos que pueden usar gasolina o etanol, indistintamente.

La bandera del etanol fue una de las cuñas con las que Brasil se abrió paso en la escena internacional en los últimos años. Aprovechó bien la escalada del precio del petróleo –que llegó a rondar los 150 dólares en el primer trimestre de 2008– para situarse en el centro del debate energético mundial con un producto que funciona y que es posible producir masivamente. El auge de las discusiones sobre las ventajas y los inconvenientes del uso de los biocombustibles le sirvieron, a su vez, a Brasilia para redoblar sus esfuerzos en la madre de todas sus batallas diplomáticas: el libre comercio. El gigante lleva cinco años dando guerra para derrumbar los sistemas de ayuda que los países ricos dan a sus agricultores y ganaderos. Esta lucha, que se libra en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha dado pie al famoso G-20, originalmente un grupo de países encabezados por Brasil, China, India y Suráfrica que plantó cara a EE UU y a la UE en el tira y afloja con el objetivo de dar cuerpo a un nuevo proceso de liberalización del comercio mundial para ampliar el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT, en inglés), creado en 1947 y renovado en 1994. Hoy, el debate sobre el futuro de la economía mundial entre los ocho países más ricos (G-8) es inconcebible sin la presencia del G-20.

A mediados del año pasado, cuando la crisis ya se olía pero aún no se habían hundido públicamente Lehman Brothers, AIG y las otras entidades financieras y empresas que han forzado a los gobiernos de todo el mundo desarrollado a salir al rescate de sus economías con ingentes cantidades de dinero público, Brasil aún tenía la esperanza de que ese nuevo proceso de apertura del comercio mundial, tan favorable para sus exportaciones de materias primas, estuviera al alcance de la mano. Brasilia y Washington se habían puesto de acuerdo para desbloquear las negociaciones comerciales y sólo quedaban un par de detalles que debían zanjar la Casa Blanca y el Gobierno de Nueva Delhi. Pero la crisis echó por tierra el proceso, y el planeta, en vez de abrirse a los intercambios globales de mercancías y servicios, se está cerrando sobre sí mismo. Hay una nueva oleada de proteccionismo económico que se extiende por el mundo desarrollado, y Brasil está empeñado, desde su atalaya del G-20, en que no se levanten nuevas barreras comerciales.

El problema es que el nuevo tipo de proteccionismo no tiene los usos y modos del viejo. No hay subida de aranceles ni se establecen cuotas a las importaciones, sino que se vinculan las ayudas públicas a la manutención de los empleos locales o a que reinviertan los fondos sólo dentro del país que los concede. El llamado “nacionalismo económico” es la mayor amenaza contra la ampliación de la libertad comercial que quieren Brasil y otros grandes exportadores de alimentos, como Australia, Canadá o Argentina, o gigantes de la manufactura como China o India. Aunque EE UU y Europa se hayan manifestado en contra del nuevo proteccionismo, todo el mundo sabe que en la práctica hay mil formas de disfrazar las ayudas desleales en el comercio internacional. Aun cuando puedan ser detectadas y denunciadas ante la OMC, suelen durar el suficiente tiempo como para provocar distorsiones en los mercados que pueden llegar a hundir o dejar al borde de la quiebra a uno o varios sectores en los países perjudicados, que por regla general suelen ser los menos desarrollados. Brasil es lo bastante fuerte como para que el proteccionismo lo hunda, pero no tanto como para que su economía, ya golpeada por la falta de crédito internacional, no resienta el levantamiento de nuevas barreras al comercio.

La situación, proclamó recientemente la superministra Rousseff ante un nutrido grupo de inversores extranjeros, es buena porque el país ha logrado romper “el círculo vicioso de la década de los 90”, cuando el Gobierno brasileño estaba forzado a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre que había una crisis internacional para, entre otras cosas, recomponer los niveles de reservas financieras. En aquella época, una crisis externa se convertía en una crisis del tipo de cambio, generaba un agujero fiscal y llevaba el déficit por cuenta corriente a niveles insostenibles. Brasil se arruinaba y el Gobierno, en vez de ser parte de la solución, era parte del problema. Cuando se recurría al FMI, éste exigía una reducción del gasto, sobre todo en inversiones en infraestructuras. De inmediato, se abandonaban las obras y se producía una crisis energética. “Esto se acabó”, sentenció la jefa de Gabinete.

Brasilia ha invertido los últimos diez años en consolidar la estabilidad macroeconómica; tanto es así, que ha sacrificado el ritmo de crecimiento. Mientras otras economías emergentes, como China o India, crecieron al 7% o al 8% anual, el gigante suramericano lo hizo a una media del 4%. Hay una clara cronología del trabajo que han hecho los brasileños para reforzar la solidez de su economía. Tras la crisis asiática de 1998- 1999, cuyo contagio acabó derrumbando las monedas rusa y brasileña, el entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso, echó mano de dos alfiles supremos para darle la vuelta a la economía. En el Ministerio de Hacienda puso a Pedro Sampaio Malan, y en el Banco Central, a Arminio Fraga Neto. El dúo dio el impulso que necesitaba el Plan Real instaurado en julio de 1994 por el ex presidente Itamar Franco y del que Malan era autor junto a otros seis cerebros de la economía brasileña, entre ellos el reconocido Edmar Bacha, para muchos el padre del programa económico.

Para el siguiente cimbronazo, el de 2002 –año de la peor crisis financiera de la vecina Argentina–, Brasilia pudo hacer frente al temor de los mercados que esperaban que el país acabara aplastado por la deuda pública. A partir de entonces, el objetivo del Gobierno fue el de reducir la deuda en dólares, hacer el mayor acopio posible de reservas en divisas extranjeras y mantener a raya la inflación. El ex ministro de Hacienda Antonio Palocci, el primero de la era Lula, afiliado al Partido de los Trabajadores, no sólo no cambió un ápice la marcha de la economía, sino que profundizó las reformas puestas en marcha por la oposición socialdemócrata. Palocci fue tan o más riguroso que los creadores del Plan Real a la hora de continuarlo, y fue duramente criticado por el ala más de izquierda del PT y de los movimientos afines al partido de Lula, como el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

Rousseff ha elogiado “la lucha por la estabilidad” del ministro Palocci, y su opinión ha irritado aún más a la izquierda más tradicional del PT. El más sonado de los choques de la preferida de Lula fue el que la enfrentó a Marina Silva, la ex ministra de Medio Ambiente, una férrea defensora de la preservación de la Amazonía. El enfrentamiento de Silva con la superministra Rousseff es el mejor ejemplo de la fractura entre los políticos que permanecen fieles a la ideología del partido y los que abrazan una economía de mercado, aunque vigilada por el Estado. El plan de crecimiento económico acelerado choca de frente con la protección del medio ambiente. Silva se estrelló una y otra vez dentro del Gabinete encabezado por Rousseff. Bajo sus narices el Gobierno aprobó las siembras de productos transgénicos, la construcción de grandes centrales hidroeléctricas –en especial las del río Madeira, en la frontera con Bolivia–, las nuevas carreteras y puentes en la región amazónica y la reactivación del programa nuclear. Silva perdió la paciencia y se marchó.

Los enfrentamientos entre Silva y Rousseff son clave para entender por qué prácticamente no hay analista internacional que no crea que el Gobierno de Lula puede gestionar, con dificultad pero con firmeza, la crisis financiera. Porque a la hora de elegir, Lula le soltó la mano a Silva y se aferró a la de Rousseff, la que celebra el ajuste del gasto público y la que ha impulsado una política energética potente que ha llevado a Brasil a descubrir el yacimiento de Santos, una reserva submarina de petróleo que se calcula puede llegar a tener 30.000 millones de barriles en reservas, y que dará al país una suficiencia energética que hasta hace unos años ni siquiera había imaginado. Lula ya era popular cuando se hizo este hallazgo, pero éste sin duda contribuyó a elevar la buena imagen del presidente. Con el 80% de popularidad, Lula es, probablemente, el dirigente de un país que más respaldo tiene entre sus ciudadanos.

Pocas cosas pueden explicar las dos caras del PT y las constantes divisiones internas dentro de la agrupación como la historia de estas dos mujeres. Silva es hija de una familia de seringueiros –recolectores de caucho– del poblado amazónico de Breu Velho, a 70 kilómetros de Río Branco, capital del Estado de Acre. Fue alfabetizada por unas monjas a los 16 años y continuó estudiando hasta cursar una carrera universitaria. Entró en la política de la mano de Chico Mendes, una de las primeras voces que se alzó para denunciar la destrucción de la Amazonía brasileña y que fue asesinado el 22 de diciembre de 1988, en una emboscada montada por latifundistas y madereros a los que acusaba de devastar la selva. Como colaboradora de Mendes, Silva participó en 1984 en la fundación de la filial de la Central Única de Trabajadores (CUT) en Acre. Un año después, se afilió al PT y fue elegida concejal de Río Branco, el primer cargo público para el que postuló en su vida política, que continuó en forma ascendente hasta que conquistó un escaño en el Senado desde 1994 y hasta 2002, cuando Lula la puso al frente de Medio Ambiente.

Dilma Rousseff planeó espectaculares golpes de la guerrilla en los años 60 y sufrió cárcel y tortura antes de hacerse economista. Todo lo que aprendió, unido a su fama de dura y trabajadora, quedó patente durante su etapa al frente del Ministerio de Energía y Minas. Con ella, Brasil afianzó su expansión en el sector energético tradicional –Rousseff preside el Consejo de Administración de Petrobras– y se convirtió en el rey de los biocombustibles con la masiva producción de etanol. De esta cartera fue ascendida a superministra en reemplazo de José Dirceu, otro ex preso político y guerrillero, que dejó el Gobierno en medio de denuncias de pago de sobornos a diputados aliados del PT.

Nacida en 1947 en el Estado de Minas Gerais, Rousseff empezó su militancia en el trotskismo, pero se sumó en 1969 a la maoísta Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares), del mítico guerrillero Carlos Lamarca, un capitán del Ejército que rechazó el golpe militar de 1964. Planificó junto a su compañero Carlos Franklin Paixao de Araújo (con quien tendría su única hija) el robo de una caja fuerte que el gobernador paulista Adhemar de Barros, identificado como un símbolo de la corrupción, escondía en la casa de una amante en Río de Janeiro, el 18 de julio de 1969. El botín ascendió a 2,5 millones de dólares, un récord para una acción guerrillera por entonces. Dos meses después, Rousseff encabezó una disidencia favorable a una reducción de las acciones armadas y dejó en minoría a Lamarca. Las dos facciones se repartieron las armas y el dinero.

En enero de 1970 Rousseff fue detenida en São Paulo y torturada durante varios días. Pasó tres años en la cárcel. Al salir, se graduó en Ciencias Económicas por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, y dos años después se doctoró en Teoría Económica y Monetaria de la Universidad Estatal de Campinas. Para entonces ya era una miembro activa del Partido Democrático Laborista (PDL), del caudillo Lionel Brizola, fallecido en 2004. Durante el Gobierno de Alceu Collares en Rio Grande do Sul, entre 1991 y 1995, fue nombrada secretaria de Energía. En 1998, Olivio Dutra, miembro del PT, ganó las elecciones estatales con el apoyo de PDL, y Rousseff regresó a su puesto. En 1999, la coalición se rompió y el PDL pidió a sus miembros que dejaran sus cargos; frente a esto, Rousseff dejó el partido y se integró al PT, continuando en el Gobierno.

La ruptura entre Brizola y Lula en 2003 fue bastante agria. El veterano líder de la izquierda brasileña criticó al presidente Lula por “no estar cumpliendo con el pueblo”. Brizola se oponía férreamente a la reforma del sistema público de pensiones, y aun antes de que el divorcio de la izquierda se hubiera consumado empezaron los coqueteos de Lula con los viejos enemigos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centro, y el Partido Progresista, de derecha, para sacar adelante su proyecto político. La fractura entre el PDL y el PT, los escándalos de corrupción que salpicaron por entonces al PT –que acabaron con la carrera de Dirceu y encumbraron a Rousseff– y las negociaciones bajo manga con la derecha reacomodaron a la izquierda brasileña. Hubo deserciones en todos los bandos. Así como Rousseff y otros dejaron el ala radical hacia el centro, políticos tan valiosos como el ex ministro de Educación de Lula, Cristovam Buarque, transitaron el camino inverso. Buarque acabó siendo candidato a la presidencia en 2006 por el PDL, y el partido recuperó un poco de peso en la política nacional. Tras este repunte electoral, Lula volvió a invitar a la agrupación de Brizola a colaborar con el Gobierno, y ésta aceptó.

“Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontála, nunca (‘Disentir, sí. Incumplir, jamás. Enfrentarla, nunca’)”, dijo en un histórico discurso el diputado Ulysses Guimarães hace más de veinte años, refiriéndose a la Constitución brasileña que cerró la transición política que dejó atrás la larga dictadura (1964-1985). Aquel discurso marcó el inicio de la estabilización política y jurídica brasileña tanto como el Plan Real marcó la económica. Pocos ejemplos ilustran tan bien la naturaleza política brasileña como Guimarães –celebrado como uno de los políticos más influyentes en la historia del país– y su partido, el centrista Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Es la agrupación con más fieles seguidores de Brasil y, sin embargo, jamás logró un presidente de la República por voto directo.

Al mismo tiempo, de los seis mandatarios de la democracia, cinco llegaron a afiliarse al PMDB, al margen de que pertenecieran a sus propias fuerzas. El único que no lo ha hecho es Lula y, sin embargo, está tan cerca hoy de las tesis centristas del PMDB como lo estuvieron sus predecesores en el cargo. Moraleja: tanto si Dilma Rousseff compite por la presidencia en 2010 como si el PT es derrotado por los hoy socialdemócratas con mayor popularidad, Aecio Neves (gobernador de Minas Gerais) o Jose Serra (gobernador de São Paulo), Brasil ya tiene una política económica, y seguirá ciñéndose a ella. Es la mejor garantía para superar la crisis.

EL CAPITALISMO DE MERCADO SUPERA AL SOCIALISMO BOLIVARIANO

Swaminathan S. Anklesaria Aiyar

La reunión del G-20 intentará arreglar al sistema capitalista que supuestamente está fallando. Los medios de comunicación son parte del coro. El Financial Times, por ejemplo, tiene una nueva sección, “El futuro del capitalismo”, con contribuciones tales como “Dejen que lo justo prive sobre la ganancia corporativa”.

Lo que este debate ignora es que los críticos más vocales del capitalismo estadounidense se están hundiendo al menos igual de rápido que EE.UU. El Presidente Chávez de Venezuela desde hace mucho ha prometido una revolución socialista y bolivariana para América Latina, pero su modelo económico está hoy en ruinas. Tampoco está mejor la situación en Bolivia, Rusia o Irán.

El Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela e Irán necesitan un precio del petróleo de entre $90 y $95 por barril para balancear sus presupuestos. Cuando el precio subió a $147 por barril, estos países, nadando en petrodólares, hicieron planes grandiosos. Chávez ofreció la mitad de su petróleo a precio regalado a sus amigos latinoamericanos. Ahora que el precio del crudo ha colapsado, sus planes de gasto se ven imposibilitados y ha tenido que recurrir a sus reservas extranjeras. Chávez ahora necesita para sobrevivir que el sistema estadounidense que tanto critica rebote.

El Presidente Ahmedinajad en Irán se la pasó gastando cuando los ingresos petroleros eran altos. Luego cambió las reservas extranjeras iraníes de dólares a euros para darle a los “yankees” una lección. Pero sus planes de gasto se han congelado luego de que el ingreso petrolero cayó en dos tercios. La inflación llega a un 26%. Ahmedinajad podría perder las próximas elecciones iraníes.

La economía rusa, la cual crecía rápido con los precios altos del petróleo, ahora está colapsando. Putin y sus anteriores colegas de la KGB poseen grandes porciones de las empresas de recursos naturales, algunas de las cuales son nominalmente controladas por el Estado. Ellos permiten que otros oligarcas rusos florezcan bajo la condición de que sigan la línea del partido. La bolsa de valores rusa ha caído casi un 80%—más que cualquier otra bolsa. Incluso después de que Rusia gastara un tercio de sus reservas defendiendo al rublo, este cayó de 25 a 35 por dólar.

No es un mero accidente que tantos de los críticos del capitalismo sean petro-estados. Una economía de mercado triunfa al brindar incentivos para que haya una mayor productividad e ingresos más altos. Un sistema controlado por el Estado es pésimo para proveer los incentivos apropiados y además es malo para la productividad. Pero un petro-estado vive de la riqueza mineral, no de la productividad o de la eficiencia.

Los socialistas se quejan del énfasis capitalista en la ganancia y el crecimiento, y en cambio enfatizan la distribución de la riqueza. Esto estaría bien si la riqueza saliera de la nada y todo lo que los Estados tuvieran que hacer es distribuirla. Pero si la riqueza primero tiene que ser producida, los mercados lo hacen mucho mejor.

Sin embargo, en los petro-estados el ingreso petrolero es el equivalente del maná caído del cielo para que el que gobierna pueda, por lo menos por algún tiempo, enfocarse en distribuir riqueza en lugar de crearla. Bajo Chávez, la producción petrolera de Venezuela ha caído de 3,2 millones de barriles por día en 1998 a 2,4 millones de barriles por día en 2008. La ineficiencia evidente de este sistema se ocultó temporalmente por la bonanza proveniente de los precios altos del petróleo. Lo mismo le pasó a Ahmedinajad en Irán.

Muchos críticos del modelo estadounidense de hecho son patéticamente dependientes de este. Cuando las economías capitalistas están en declive, también lo están los modelos supuestamente rivales. Lejos de ser modelos rivales, ellos podrían, tan solo con una modesta exageración, ser llamados parásitos del capitalismo occidental.

Ahora, ser un parásito no es cómodo, entonces los gobernantes de los petro-estados están comprensiblemente molestos por su dependencia. Pero, ¿por qué Singapur o Mauricio, que son igual de dependientes de la prosperidad económica occidental, no se sienten esclavizados por esa relación? La respuesta es que la interdependencia mundial ha sido utilizada por estos países para fortalecer sus habilidades y sus capacidades humanas y se han vuelto globalmente competitivos. Son los estados más ricos en su región porque son los más productivos. Esto no se puede decir de los petro-estados, los cuales le deben sus ingresos altos a una riqueza mineral finita. En abril de 2008, Irán empezó a colocar el precio de su petróleo en euros y yenes en vez de hacerlo en dólares e intercambió gran parte de sus reservas de dólares a euros o yenes. Pero solo logró debilitarse a sí mismo, no a EE.UU. El dólar se ha fortalecido considerablemente en el último año—el euro ha caído desde la cima de $1,60 a solamente $1,28. Los países que cambiaron sus reservas a euros y yenes han perdido significativamente.

La verdadera fortaleza de un sistema se revela en los momentos de adversidad. Hoy, a pesar de los problemas económicos de EE.UU., el mundo ve al dólar como el refugio seguro. El sistema estadounidense tiene fallas, pero los otros no son mejores y algunas veces son peores.

La reunión del G-20 necesita enfocarse en reformas importantes al sistema existente. Pero estas deberían apuntar a generar un mejor capitalismo, no una alternativa bolivariana o iraní.