COLOMBIA Y LA MIGRACIÓN ANDINA: CONTEXTO, CAMBIOS Y NECESIDADES

Fescol

La migración andina en la actualidad, se desarrolla en un contexto de crisis e inestabilidad política, de temor a la expansión del conflicto interno colombiano, de un mayor liderazgo venezolano, y de cambios legislativos y presidenciales. Esta crisis se ha venido manifestando en diferentes ámbitos dentro de los cuales se encuentran manifestaciones antidemocráticas relacionadas con: los niveles altos de pobreza en la región, la desigualdad en la distribución del ingreso, la exclusión de gran parte de la población como la indígena, la falta de identidad y de confianza en los partidos políticos, y la reducida presencia y control del Estado en parte de su territorio.

Las instituciones se modernizan lentamente y poco se adaptan a las demandas y nuevas necesidades de la población. En varios de los países andinos se desarrollan movimientos sociales que han asumido la representación de diversos sectores ante la pérdida de legitimidad de los partidos y de las instituciones estatales que no responden a los intereses de la sociedad. En ocasiones se generan discursos contradictorios así como una agenda dual a nivel del Estado y de la sociedad.

El modelo de desarrollo está propiciando bajos niveles socioeconómicos en términos de salud, educación, vivienda y empleo, entre otros, e incluso, malestar con la misma democracia debido a que su calidad no llena las expectativas de una población que demanda democracia más participativa y gobernabilidad democrática. Se presencia un proceso de democratización desigual y con diferentes velocidades, al mismo tiempo que se observa una nueva “ola de populismo”.

Por otra parte, el temor a la expansión del conflicto interno colombiano coloca en alerta a los vecinos debido a su propia inestabilidad. Incluso se ha vuelto cotidiano usar la crisis colombiana para disfrazar o presentar de manera diferente la situación interna de cada uno de los países vecinos. Esta situación muestra la existencia de un contexto propicio para emigrar. Según el Departamento Nacional Planeación (DNP), las fronteras colombianas presentan indicadores económicos inferiores y un desarrollo económico y social marcado por condiciones precarias en salud, educación y empleo. En resumen, el conflicto interno se ha trasladado a las fronteras, continúa el desplazamiento y la crisis humanitaria y aumenta la vulnerabilidad de la población. En la zona de frontera se distinguen cuatro zonas que afectan la relación con los vecinos y el mismo proceso migratorio.

La primera de ellas, de expansión del conflicto al sur oriente del país en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Guainía. La segunda, de profundización del conflicto en el litoral pacífico, Nariño y Chocó. La tercera zona de continuidad al nororiente del país en el departamento de la Guajira y en los límites con Venezuela, y una cuarta, de desbordamiento del conflicto hacia los países vecinos (CODHES, 2005). Se habla de ubicación de campamentos de guerrilleros, rutas y/o corredores de mercancías ilegales; de infiltración en las economías locales; de crimen transnacional y de traslado de cultivos ilícitos. Se observa que la presencia e incorporación de los paramilitares ha favorecido esta tendencia y ha obstaculizado el ingreso de alimentos afectando de manera particular las comunidades indígenas.

Dentro de este contexto de conflicto, crisis e inestabilidad política, Venezuela, comparte con Colombia la frontera más amplia, activa y porosa e, históricamente, presenta una agenda bilateral en la que el tema migratorio y del desplazamiento ha sido prioritario. En la coyuntura actual, la diplomacia petrolera ha contribuido al estrechamiento de vínculos con el Medio Oriente, el Caribe Insular y en Suramérica con países como Ecuador, Brasil y Argentina. Pese a que el tema migratorio no ha sido relevante para la profundización de las relaciones con estas áreas geográficas, el gobierno de Hugo Chávez ha favorecido la presencia de cubanos y colombianos en su país.

También con Ecuador, Colombia comparte una frontera activa de fácil circulación y aunque cuatro veces de menor extensión que la venezolana, se caracteriza por problemas relacionados con la seguridad. Temas como comercio e inversiones han ocupado un lugar prioritario en la agenda bilateral, y de manera mas reciente, la migración y la seguridad fronteriza acaparan la atención de ambos países. En la actualidad se exige a los colombianos un Certificado Judicial y de Policía para ingresar al vecino país; se solicita suspender las fumigaciones; y se traslada ejército a la frontera.

Cambios migratorios: influencia política y económica

El fortalecimiento de la democracia lleva dos décadas en América latina y en la región andina países como Colombia y Venezuela han sido valuarte del orden constitucional. La crisis interna de la región y de manera particular el conflicto colombiano han obligado a que parte de sus habitantes deban desplazarse por razones políticas, como también lo hacen los venezolanos debido a la polarización y los ecuatorianos debido a su inestabilidad política. A partir de los noventa se perciben ciertos cambios en los patrones migratorios.

Aunque durante la década de los noventa la migración andina tendió a ser de tipo económico, empieza a percibirse una motivación política. En 1997 Colombia contaba con el 0,7% de la población mundial y con 1’960.000 de emigrantes (Santiago Ríos, 1997), identificándose desde entonces una movilidad fronteriza. Más de 10 mil personas se veían obligadas a atravesar la frontera por el conflicto, mientras que en la actualidad más de 600 mil colombianos se han desplazado, por motivos políticos, solamente al Ecuador. De acuerdo a un estudio sobre migraciones colombianas en la comunidad andina en la década de los 90 (Carolina Mejía, 2002), la direccionalidad, temporalidad, voluntariedad y selectividad del emigrante también han variado.

Durante los noventa se observaban grandes movimientos fronterizos hacia Estados Unidos y Venezuela, y migración de retorno desde Venezuela hacia Colombia. Para los colombianos los principales destinos coincidían con los regionales y además al Ecuador.
Para 1995 se incrementó la movilidad de colombianos hacia las zonas con cultivos cocaleros. Frente a la temporalidad se identificó una migración definitiva, reversible o pendular intracomunitaria y para Colombia, movimientos temporales donde Venezuela y Ecuador resultaban ser los mejores destinos para las condiciones de los migrantes (Fernando Guerrero, 1995). En cuanto a la voluntariedad, ésta se mostró más dramática cuando se presentaba una motivación política y había presiones de los países receptores. Por el lado de la selectividad durante los noventa, según el mismo autor, el 75% de movimientos laborales se presentaron entre los 15 y los 64 años con un predominio femenino de bajo nivel educativo. Por otro lado, se presenciaba al mismo tiempo, migración de mano de obra no calificada o semicalificada dentro de la población fluctuante y migración empresarial.

En Colombia se observaba la mayor parte de la migración en condiciones de marginalidad y pertenecía al 20% mas pobre del país y mas afectado por la violencia. Frente a la migración empresarial existía una alta relación entre Colombia y Venezuela, en donde Colombia era el país que aportaba la gran parte del personal calificado de la migración intracomunitaria (Carolina Mejía, 2002). Hoy en día, también se observa que profesionales calificados se dirigen al Ecuador y Costa Rica, y que empresarios venezolanos lo hacen a las regiones de Santander y Antioquia de nuestro país.

Para el siglo XXI, la migración económica se dirige principalmente a los países desarrollados, mientras que la política se dirige a las regiones vecinas. Las mayores cifras de desplazamiento transfronterizo se observan desde los departamentos de Nariño y Vaupés. Hacia Panamá, además de campesinos e indígenas, exfiscales y pequeños empresarios lo hacen debido a las amenazas de que son víctimas. Los migrantes que se dirigen a Venezuela según la Organización Internacional para la Migración (OIM), proceden de los departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá, Amazonas, Chocó, Magdalena, César, Guajira y Córdoba, ubicándose en los estados de Zulia y Táchira. Durante los últimos seis años se han fundado tres pueblos con población colombiana: Naranjales, el Cruce y Caño Gaital.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, podemos diferenciar dos tendencias: la que vincula migración y desarrollo, y la que la relaciona con seguridad. La primera hace alusión al mejoramiento en la calidad de vida y en la condición social, sobresaliendo una migración económica que envía remesas y en algunos casos, tiene capacidad de ahorro para realizar una inversión. En la segunda, los movimientos migratorios son vistos como una amenaza desestabilizadora que lleva en el caso colombiano a la expansión del conflicto y de diversas actividades ilícitas.

Lo institucional y lo social

Existen muchos modelos teóricos para caracterizar las migraciones internacionales. De cada modelo derivan categorías de clasificación ideales como las de migración económica vs. Política, o externa vs. interna. Tales categorías permiten visualizar aspectos relevantes de las migraciones. En el caso de las migraciones colombianas y del área andina debe anotarse que hay evidencia de una progresiva complejidad del fenómeno migratorio. Sobre los migrantes opera una multiplicidad de factores económicos, políticos, sociales y culturales que influyen en los temas relacionados con su decisión. No es fácil separar nítidamente las motivaciones de los migrantes colombianos dentro del país o hacia el exterior, e incluso, muchas veces diferenciar las motivaciones económicas de las estrictamente políticas.

Resulta evidente que los conflictos y tensiones al interior del país han provocado muchos fenómenos masivos e individuales de migración forzada dentro del territorio y hacia el exterior. Es la población de menores ingresos la que resulta más vulnerable al desplazamiento y a la presión de los varios actores armados en el conflicto colombiano. Dentro y fuera del país se registran migraciones campo-ciudad y hacia el exterior, la intimidación causada por situaciones de inseguridad interna se suma en mayor o menor medida a expectativas de mejoramiento en el nivel de vida de los migrantes.

En este proceso, debe tenerse en cuenta la capacidad de decisión individual respecto a la migración, que puede ser considerada legítimamente como un mecanismo de salvación, de progreso, de enriquecimiento y de desarrollo familiar. Migrar por razones individuales, no políticas, por aspiraciones de mejoramiento económico, no es ni legal ni moralmente inadecuado y por el contrario constituye un factor clave del desarrollo de la sociedad global. En este sentido hay un aprovechamiento legítimo, de las redes familiares, de compadrazgo o de origen compartido, que al extenderse, van abriendo vías de migración mediante las cuales se globaliza tanto la nación colombiana como las comunidades de recibo de connacionales.

Los emigrantes andinos bien sean dentro o fuera de la región, son principalmente económicos. Durante los años de bonanza petrolera se dirigieron a Venezuela. Hoy ya no lo hacen por las mismas razones a pesar de que el precio del crudo supere los US$ 60 dólares el barril, y más bien por razones cambiarias prefieren dirigirse a Estados Unidos y España, y también lo hacen a Costa Rica. Los colombianos también se desplazan por razones políticas, bien sea porque huyen del conflicto armado, de las fumigaciones y/o por problemas relacionados con la seguridad. La mayoría de ellos se dirigen por poco tiempo a los países vecinos, principalmente a Ecuador, Venezuela y Panamá, y también lo hacen a Canadá y Estados Unidos.

Los patrones migratorios y los flujos de colombianos han cambiado en los últimos años en cuanto a su tipología, composición y motivaciones, ampliándose los países de destino así como sus vínculos con el lugar de origen. A su vez, las corrientes migratorias se han visto alteradas debido a la globalización. Se ha dado una diversificación, incremento y dispersión, mayor calificación y nivel educativo. Se presentan diferencias en las relaciones económicas y/o políticas con su lugar de origen. Estos cambios necesariamente deberán conducir a nuevos lineamientos que con una mirada transversal contemplen lo económico, lo político y lo jurídico.

A pesar de que existan instrumentos jurídicos como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, o la figura de refugio y de asilo, muchas veces los migrantes políticos evitan acogerse a los mismos, debido al temor de sufrir represalias por parte del bando contrario. La ONU cuenta con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el Estatuto de Refugiado de 1951 y actualizado en 1967, y otros acuerdos como la Convención de Naciones Unidas sobre la Protección de los Migrantes Laborales. Por su parte, la OIM auspicia desde 1999 la Conferencia Suramericana de Migraciones que apoya la vinculación del migrante con su lugar de origen, la protección de los derechos humanos y la regularización de los flujos migratorios.

En el plano nacional, Colombia ha suscrito Memorandos de Entendimiento con Ecuador (2000), Panamá (2000), Perú (2001) y Venezuela (2003), los cuales enfatizan en el tratamiento del fenómeno del desplazamiento en zonas de frontera, mostrando una apertura hacia la participación de la comunidad internacional, de manera particular con la ACNUR, la OIM y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). A su vez, señalan el compromiso con el intercambio de información y la búsqueda del retorno voluntario. Sin embargo, estos memorandos son más recomendaciones e intenciones políticas ya que carecen de obligatoriedad jurídica. En algunos casos se han presentado situaciones especiales frente al retorno de los desplazados colombianos como en el caso de Panamá donde el retorno se ha visto afectado por episodios de falta de compromiso al regularizar colombianos que no han querido volver a su país de origen. También con Ecuador, en donde desde el 2004, se anunció un Plan Retorno, que sería adelantado por la Red de Seguridad de Solidaridad y las autoridades ecuatorianas. Además durante los últimos meses el vecino país se ha concentrado en la suspensión de las fumigaciones que también afectan el desplazamiento transfronterizo.

De todas maneras, para que el retorno se realice y sea efectivo, se requieren no solo expresiones políticas e incentivos, sino que hayan variado las condiciones que motivaron la emigración. Por otra parte y a pesar de los esfuerzos que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido haciendo para difundir el conocimiento, la sensibilización y visualización del fenómeno migratorio, los avances a nivel institucional especialmente de los consulados se han quedado cortos. Se requiere una política más activa y que sobre todo, genere confianza en el inmigrante.

En resumen, los migrantes colombianos en el exterior se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad frente a los estados que los reciben, donde son percibidos como una amenaza, y muchas veces, inmersos en situaciones de ilegalidad, son victimizados esta vez como criminales. Cuando los migrantes quedan imposibilitados para acceder a la protección de las autoridades y articular peticiones como derechos, quedan en manos de los grupos internacionales de crimen organizado que los explotan, cobrando sumas exorbitantes para propiciar migraciones a través de rutas de tráfico, y en el peor de los casos, pueden convertirse en mercancía de las redes de esclavitud contemporánea en la trata de personas, como es el caso de colombianos víctimas de esta situación que se han encontrado en Venezuela, Chile y en otros países como España, Holanda, Tailandia y Japón.

De esta manera, el panorama migratorio colombiano y andino requiere mayor investigación y la sustitución de esquemas simplificadores inspirados frecuentemente en los imperativos de restricción de las migraciones colombianas hacia el exterior, por modelos enriquecidos que permitan diseñar políticas públicas de protección y garantía de derechos para migrantes que salen de Colombia, pero también, para aquellos que transitan por nuestro territorio y para aquellos que vienen a quedarse. Así, se hace necesario conceptualizar el espacio colombiano como completamente integrado a un mundo global.

Escenarios y recomendaciones

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este policy paper plantea tres escenarios: la suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales, la coordinación con otros actores, y la ampliación y desecuritización de las agendas migratorias. Todos ellos señalan retos para la política exterior colombiana y para su inserción regional.

1. La suscripción de acuerdos

Este es el escenario que ha predominado. Abarca la suscripción de acuerdos, tratados, convenciones, declaraciones y memorandos de entendimiento con los países receptores, resultando de la mayor importancia aquellos relacionados con derechos humanos, seguridad social, derechos laborales y homologación de títulos. No obstante, se requiere hacer un tratamiento diferenciado según estemos refiriéndonos a migrantes económicos o políticos, y según su destino, es decir, diferenciar los que emigran a los países vecinos de aquellos que se dirigen a Estados Unidos y España, A su vez se debe prestar mayor atención al desplazamiento transfronterizo por la internacionalización de una crisis humanitaria.

Este escenario deberá incluir el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos de los refugiados y trabajadores en general, la atención de las poblaciones indígenas, el mejoramiento y la implementación de mecanismos de movilidad y regulación de los flujos poblacionales, las garantías judiciales para los migrantes, y el desarrollo de mecanismos de acercamiento a los consulados que les permita a los migrantes estar enterados de todos los cambios políticos, judiciales o de las posibilidades que tengan para mejorar su calidad de vida en el país en el que se encuentren.

Para el desarrollo de este escenario se han presentado iniciativas desde diversas instituciones. Por su parte, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ha desempeñado un importante papel a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a control, permanencia y salida. En este sentido, el decreto 4000 de 2004 modifica temas como el control migratorio, la inmigración, los tipos de visas y su ampliación.

A nivel regional, la Comunidad Andina de Naciones tiene por lo menos veinte decisiones y resoluciones relacionadas con la movilidad de personas y con temas migratorios. Aunque se han dado avances muy importantes, al mismo tiempo se han presentado obstáculos relacionados con la situación interna de cada país. En cuanto a los tratados, el 503 con Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y la CAN, sobre circulación de personas en el que Venezuela se mantuvo al margen y dijo que solo permitiría el ingreso con la tarjeta andina, mientras en Ecuador se amplió a todo el territorio sólo con la cédula de ciudadanía. También la Ley 43 de doble nacionalidad en la que se buscaron más beneficios y menos perjuicios, como por ejemplo que para Colombia no importe el número de nacionalidades y que pocos nos exijan renunciar a nuestra nacionalidad.

Frente al tema laboral la Convención Simón Rodríguez entre el Parlamento Andino y el Consejo Consultivo busca la armonización legislativa en temas laborales. Dentro de otros temas como el Banco de Proyecto de Integración Fronteriza ha llevado a cabo proyectos que se han visto obstaculizados por la realidad fronteriza. De todas maneras se puede afirmar que existe un marco jurídico en materia migratoria, el cual la gran mayoría de las veces se desconoce, y en otras, carece de voluntad política de los países receptores como también, de los expulsores.

2. La coordinación con otros actores

Este escenario se refiere a la mayor inclusión de otros actores no-estatales en el tratamiento del tema migratorio. La falta de conocimiento, de intercambio de ideas y de coordinación entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, contribuye a la formulación de políticas que muchas veces no reflejan la situación real del emigrante. Sin embargo, se han hecho esfuerzos, además del programa Colombia nos Une, como el de la creación de la Comisión Nacional Intersectorial de Migración en el 2003, integrada por entidades como los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y de Justicia, Defensa, Protección Social, Comercio, DAS, el ICFES. A pesar de estos esfuerzos, no se ve una coordinación real dentro de la Cancillería, entre Cancillería y Presidencia, así como con otras entidades gubernamentales, y menos aún con la sociedad civil.

Los consulados carecen de legitimidad. Los connacionales desconfian de ellos, pocos se registran, y prefieren más bien acudir a otras asociaciones y a las iglesias, encontrándonos ante la presencia de una “diplomacia alternativa” o una diplomacia no gubernamental. Es por ello que los cónsules deberían desempeñar un papel mucho más activo que reactivo y tratar de atraer sus connacionales, así como la Cancillería realizar estudios acerca de este tipo de diplomacia y su vinculación con el Estado.

A su vez se debe analizar el tema de transnacionalización de grupos armados, del cruce de los factores históricos haciendo énfasis en lo multicultural y en lo multiétnico, y de las personas que retornan al país pero no para quedarse sino para partir nuevamente. En el tema de frontera, es importante tener en cuenta la venezolana debido a su movilidad y diversidad, como también la ecuatoriana. No debe olvidarse los territorios y comunidades indígenas, históricamente olvidados y afectados por el conflicto interno colombiano. Hay que recordar, a su vez, que estas fronteras han seguido siendo vivas, pero con un objeto distinto y con un tinte, muchas veces, de ilegalidad abriéndose hacia el contrabando, las armas y los migrantes entre otros.

3. Ampliación y desecuritización de las agendas migratorias

El aumento del flujo de colombianos al exterior resulta simultáneo a la securitización de las relaciones internacionales. Para muchos países, la migración hace parte de su seguridad nacional, y se presentan momentos en los que se demoniza la presencia de inmigrantes y se vinculan con las drogas ilícitas, el crimen transnacional y el terrorismo. La emigración transfronteriza, especialmente hacia Ecuador y Venezuela, tiende a vincularse con temas de seguridad, simpatizantes de grupos alzados en armas, santuario de la guerrilla, y delincuencia internacional. El aumento del crimen, del contrabando y de diversas actividades ilegales principalmente en las fronteras, da lugar para que los países vecinos identifiquen al inmigrante con inestabilidad y amenaza.

Los refugiados en Ecuador tienden a verse como una amenaza debido a su propia inestabilidad política. Muchos sectores del vecino país consideran que la militarización de la frontera y los mayores requisitos para ingresar a su territorio pueden frenar y seleccionar la llegada de población colombiana. Se presentan casos, en los que se viola el principio de retorno voluntario, de protección a los derechos humanos, de ayuda humanitaria y de apoyo de los gobiernos y organizaciones a la población refugiada.

Debido a esta situación se hace necesario cubrir las necesidades de los migrantes con el fin de mejorar su calidad de vida y modificar la visión que se tiene de ellos. Se les debe mirar con confianza, y para ello, se hace indispensable incluir dentro de las negociaciones y agendas bilaterales, los temas de movilidad poblacional. A su vez, crear centros de información teniendo en cuenta el cambio cultural, la ya mencionada protección a los derechos humanos, así como su ubicación geográfica. Se propone que el Estado colombiano integre dentro de la agenda pública la protección de los migrantes colombianos que se encuentren en cualquiera de las condiciones migratorias, legales o ilegales, y que a través del fortalecimiento de los servicios consulares se realicen acciones para la protección de los derechos de los colombianos expatriados. Para lograr esto, podría desarrollarse una política sólida de derechos humanos y de derecho de los refugiados, y podría exigir a los países de recibo de migrantes colombianos la estricta observancia de estas convenciones internacionales.

Igualmente debería comprometerse a garantizar y respetar los derechos humanos de los extranjeros migrantes en Colombia, y a reconocer de manera amplia y humanitaria la condición de refugiado a los extranjeros que la soliciten.

Glosario Migración

Asilado: Persona que, por motivos políticos, encuentra asilo con protección oficial, en otro país o en embajadas o centros que gozan de inmunidad diplomática.

Cadena migratoria: Término empleado para referirse a aquellos movimientos migratorios en los que los futuros migrantes adquieren conocimiento de las oportunidades laborales existentes en el lugar de destino, reciben los medios para trasladarse y resuelven su alojamiento y empleo inicial por medio de sus relaciones sociales con migrantes anteriores.

Desplazado: Son los individuos o grupos de personas que han sido forzados a huir de sus hogares para escapar del conflicto armado, la violencia generalizada, los abusos de los derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el ser humano. Tanto los desplazados internos como los refugiados con frecuencia abandonan sus hogares por las mismas razones. Este concepto se limita al desplazamiento interno.

Indocumentados: Aquel ciudadano extranjero que carece de los documentos que, según los casos, exijan las leyes en materia de extranjería (así por ejemplo, autorización de residencia, tarjeta de extranjero...) También conocido como “sin papeles”.

Inmigrar: Llegar a otro lugar para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas.

Flujos migratorios: Patrones espaciales observados en los movimientos migratorios que se producen durante un periodo de tiempo. Un flujo migratorio se sitúa con respecto a un espacio geográfico origen y otro de destino, y se caracterizan por una cierta estabilidad en el tiempo.

Fuga de cerebros: La emigración de gran cantidad de población con altos estudios de un país a otros que ofrecen mayores oportunidades sociales y económicas.

Migración: El movimiento de personas a través de una división política para establecer una nueva residencia permanente. Se divide en migración internacional (migración entre países) y migración interna (migración dentro de un país).

Migración internacional: Desplazamientos con cambio de residencia habitual entre distintos países. Suele estar condicionada por las legislaciones nacionales respectivas, principalmente la de los países de acogida.

Migración de retorno: Proceso por cual el migrante que ha residido fuera del país, retorna a su lugar de origen y nuevamente reside en él. Tipo de movimiento migratorio caracterizado por el regreso del antiguo emigrante a su lugar de origen.

Migración laboral: Cambios de residencia por motivos de trabajo y por tanto tiene una relación con la obtención de ingresos por el migrante.

Migración temporal: Aquel desplazamiento que se produce con carácter temporal, ya que en principio no hay predisposición a que sea permanente.

Principio de voluntariedad de la repatriación: Este principio requiere que la voluntad sea expresada libremente y en forma individual. La repatriación debe tener lugar bajo condiciones de seguridad y dignidad, y de preferencia, si así lo desean los refugiados; debe efectuarse al lugar de origen o de anterior residencia con el debido respeto de todos los derechos humanos, en especial la integridad personal, la libertad de movimiento y libre elección del lugar de residencia.

Refugiado: Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país. ”La persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere regresar a él a causa de dichos temores” (Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados).

Remesas: Transferencias corrientes realizadas por emigrantes desde el lugar de destino a sus orígenes, a sus familiares.

Tráfico de migrantes: El tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Las víctimas de trata o tráfico, sean o no solicitantes de asilo, que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos.

Trata de personas: La trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Además se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos.