Jairo Corredor y César Moreno
La denominada estafa de las pirámides ha vuelto a sacudir un país. En esta ocasión le ha tocado el turno a Colombia, donde cientos de miles de personas se han visto afectadas por empresas fraudulentas. La cuestión ahora es en qué desembocarán las masivas protestas, el estado de emergencia decretado por el Gobierno y el posible coste político para Uribe, quien todavía no ha anunciado si se presentará a las elecciones de 2010.
Llevados por falsas promesas de rápidas y jugosas ganancias, en un tiempo extraordinariamente corto y sin mayores esfuerzos, centenares de miles de colombianos de bajos, medios o altos ingresos fueron inducidos por empresas de papel, o con apariencia legal, a comprometer millones de dólares de sus ahorros y patrimonios en las llamadas pirámides.
Los intereses de entre el 100% y el 300%, en la mayoría de los casos disfrazados o camuflados en varias alternativas de inversión, fueron el gancho para que más de un centenar de empresas involucradas en el negocio de la captación ilegal de dinero afectara a, por lo menos, dos millones de personas. Convencidos de una inversión segura y altamente rentable vendieron casas, fincas y hasta bienes semovientes o acudieron a créditos bancarios para entrar en el juego que, como era previsible y se había advertido tiempo atrás, no era sostenible.
Las pirámides se colapsaron y quienes invirtieron en ellas han perdido, según cifras preliminares de la Fiscalía General colombiana, cerca de mil millones de dólares (unos 771.000 millones de euros), suma que podría ser muchísimo mayor a medida que se vayan destapando, como está ocurriendo, nuevos y sorprendentes casos.
DRFE, una de las grandes pirámides con más de cien mil afiliados y que cínicamente se llamó Dinero Rápido, Fácil y Efectivo, fue intervenida y clausurada por el Gobierno. Ese fue el comienzo del gravísimo problema social y económico al que se enfrenta hoy el país y la Administración del presidente Álvaro Uribe. Las autoridades también intervinieron al Grupo DMG (intricada red de sociedades que se está investigando por el lavado de dinero producto del narcotráfico) cuyo nombre corresponde a las iniciales de su propietario, David Murcia Guzmán, detenido en una cárcel colombiana.
El estrepitoso desplome en cadena de las pirámides ha desembocado en protestas y ha provocado la movilización de la población afectada, que en muchos casos se ha traducido en graves problemas de orden público. Varios gobiernos locales adoptaron medidas extremas, como decretar el toque de queda para sortear una situación que ya ha dejado varios muertos y muchos heridos.
El Ejecutivo, al que se acusa de no haber actuado a tiempo para prevenir y evitar la expansión del fenómeno de las pirámides, acudió a una figura extraordinaria prevista en la Constitución para hacer frente a los delicados hechos: declaró el Estado de emergencia social. Al amparo de este régimen de excepción dictó una serie de decretos con fuerza de Ley incrementando las penas de cárcel para los captadores ilegales de ahorro público y estableciendo un sistema jurídico especial para la recuperación del dinero obtenido ilegalmente y su posterior devolución a los afectados. El complejo proceso apenas está en marcha.
Se estima que el 46% de la población colombiana no tiene acceso al sistema financiero
Este caso de las pirámides ha puesto contra las cuerdas al presidente Álvaro Uribe. Al principio, el mismo fundador de DMG había querido involucrar a los hijos del mandatario y al propio jefe de prensa del Palacio de Nariño. Tras varias declaraciones, el tema quedó aclarado ante la opinión pública y al final ninguna de las personas cercanas a Uribe ha resultado afectada. Pero ante los últimos documentos, bases de datos y archivos encontrados en DMG, más de un político y personaje público ha resultado tener nexos piramidescos. La oposición insistió en que el Presidente colombiano y sus hijos deberían mostrar su declaración de la renta para aclararle a la opinión pública el dinero que ganan anualmente.
El coste político para Uribe de este rifirrafe no se ha medido todavía, la popularidad del mandatario se mantiene y su supuesta aspiración a un tercer mandato en 2010 está en el limbo. Él no ha dicho, ni ha insinuado si quiere presentarse a un nuevo periodo presidencial. Incertidumbre criticada por sus seguidores y adversarios. El único hecho es que la votación prevista en la Cámara para aprobar un referendo que busca la reelección está parada.
Mientras tanto, los estafados se dividen en dos grupos: los resignados, que ya han empezado a tramitar la documentación para que el Gobierno (a través de los decretos de emergencia social) empiece a devolverles el dinero invertido (o al menos parte de él) en el espejismo de la riqueza rápida y sin esfuerzos; y los ingenuos tercos, que aún no creen que las pirámides les robaron no sólo los ahorros de sus vidas, sino sus sueños y su futuro. Estos últimos continúan protestando contra las autoridades creyendo que David Murcia Guzmán (del Grupo DMG) sigue siendo su mesías y que las otras personas que los estafaron y que están huyendo de la justicia con los bolsillos llenos de dinero se lo van a devolver.
En medio de esta turbulencia, a los bancos que operan en Colombia se les atribuye la responsabilidad indirecta de la proliferación del mercado extrabancario por los altísimos costes de sus servicios financieros: “Los bancos cobran hasta por el saludo”, tituló un medio local. El Gobierno ha procurado, por diversas vías, abrir los espacios para que muchos colombianos puedan tener, con tarifas razonables, acceso a la banca. Se estima que el 46% de la población no tiene acceso al sistema financiero.
Lo cierto es que Colombia, a causa de las pirámides, se enfrenta a una dura realidad social y económica con un desenlace impredecible. Las autoridades hacen enormes esfuerzos para evitar que el problema tome otras dimensiones más graves de las que ya tiene. A pesar de estos últimos sucesos, la economía colombiana es fuerte según los indicadores económicos y distintas organizaciones internacionales. El año pasado registró su mayor tasa de crecimiento económico de los últimos 30 años al alcanzar el 7,8% del PIB, aunque dos de sus grandes problemas sociales son el altísimo desempleo, que bordea el 12%, y la pobreza de su población, que ronda el 45%.
La denominada estafa de las pirámides ha vuelto a sacudir un país. En esta ocasión le ha tocado el turno a Colombia, donde cientos de miles de personas se han visto afectadas por empresas fraudulentas. La cuestión ahora es en qué desembocarán las masivas protestas, el estado de emergencia decretado por el Gobierno y el posible coste político para Uribe, quien todavía no ha anunciado si se presentará a las elecciones de 2010.
Llevados por falsas promesas de rápidas y jugosas ganancias, en un tiempo extraordinariamente corto y sin mayores esfuerzos, centenares de miles de colombianos de bajos, medios o altos ingresos fueron inducidos por empresas de papel, o con apariencia legal, a comprometer millones de dólares de sus ahorros y patrimonios en las llamadas pirámides.
Los intereses de entre el 100% y el 300%, en la mayoría de los casos disfrazados o camuflados en varias alternativas de inversión, fueron el gancho para que más de un centenar de empresas involucradas en el negocio de la captación ilegal de dinero afectara a, por lo menos, dos millones de personas. Convencidos de una inversión segura y altamente rentable vendieron casas, fincas y hasta bienes semovientes o acudieron a créditos bancarios para entrar en el juego que, como era previsible y se había advertido tiempo atrás, no era sostenible.
Las pirámides se colapsaron y quienes invirtieron en ellas han perdido, según cifras preliminares de la Fiscalía General colombiana, cerca de mil millones de dólares (unos 771.000 millones de euros), suma que podría ser muchísimo mayor a medida que se vayan destapando, como está ocurriendo, nuevos y sorprendentes casos.
DRFE, una de las grandes pirámides con más de cien mil afiliados y que cínicamente se llamó Dinero Rápido, Fácil y Efectivo, fue intervenida y clausurada por el Gobierno. Ese fue el comienzo del gravísimo problema social y económico al que se enfrenta hoy el país y la Administración del presidente Álvaro Uribe. Las autoridades también intervinieron al Grupo DMG (intricada red de sociedades que se está investigando por el lavado de dinero producto del narcotráfico) cuyo nombre corresponde a las iniciales de su propietario, David Murcia Guzmán, detenido en una cárcel colombiana.
El estrepitoso desplome en cadena de las pirámides ha desembocado en protestas y ha provocado la movilización de la población afectada, que en muchos casos se ha traducido en graves problemas de orden público. Varios gobiernos locales adoptaron medidas extremas, como decretar el toque de queda para sortear una situación que ya ha dejado varios muertos y muchos heridos.
El Ejecutivo, al que se acusa de no haber actuado a tiempo para prevenir y evitar la expansión del fenómeno de las pirámides, acudió a una figura extraordinaria prevista en la Constitución para hacer frente a los delicados hechos: declaró el Estado de emergencia social. Al amparo de este régimen de excepción dictó una serie de decretos con fuerza de Ley incrementando las penas de cárcel para los captadores ilegales de ahorro público y estableciendo un sistema jurídico especial para la recuperación del dinero obtenido ilegalmente y su posterior devolución a los afectados. El complejo proceso apenas está en marcha.
Se estima que el 46% de la población colombiana no tiene acceso al sistema financiero
Este caso de las pirámides ha puesto contra las cuerdas al presidente Álvaro Uribe. Al principio, el mismo fundador de DMG había querido involucrar a los hijos del mandatario y al propio jefe de prensa del Palacio de Nariño. Tras varias declaraciones, el tema quedó aclarado ante la opinión pública y al final ninguna de las personas cercanas a Uribe ha resultado afectada. Pero ante los últimos documentos, bases de datos y archivos encontrados en DMG, más de un político y personaje público ha resultado tener nexos piramidescos. La oposición insistió en que el Presidente colombiano y sus hijos deberían mostrar su declaración de la renta para aclararle a la opinión pública el dinero que ganan anualmente.
El coste político para Uribe de este rifirrafe no se ha medido todavía, la popularidad del mandatario se mantiene y su supuesta aspiración a un tercer mandato en 2010 está en el limbo. Él no ha dicho, ni ha insinuado si quiere presentarse a un nuevo periodo presidencial. Incertidumbre criticada por sus seguidores y adversarios. El único hecho es que la votación prevista en la Cámara para aprobar un referendo que busca la reelección está parada.
Mientras tanto, los estafados se dividen en dos grupos: los resignados, que ya han empezado a tramitar la documentación para que el Gobierno (a través de los decretos de emergencia social) empiece a devolverles el dinero invertido (o al menos parte de él) en el espejismo de la riqueza rápida y sin esfuerzos; y los ingenuos tercos, que aún no creen que las pirámides les robaron no sólo los ahorros de sus vidas, sino sus sueños y su futuro. Estos últimos continúan protestando contra las autoridades creyendo que David Murcia Guzmán (del Grupo DMG) sigue siendo su mesías y que las otras personas que los estafaron y que están huyendo de la justicia con los bolsillos llenos de dinero se lo van a devolver.
En medio de esta turbulencia, a los bancos que operan en Colombia se les atribuye la responsabilidad indirecta de la proliferación del mercado extrabancario por los altísimos costes de sus servicios financieros: “Los bancos cobran hasta por el saludo”, tituló un medio local. El Gobierno ha procurado, por diversas vías, abrir los espacios para que muchos colombianos puedan tener, con tarifas razonables, acceso a la banca. Se estima que el 46% de la población no tiene acceso al sistema financiero.
Lo cierto es que Colombia, a causa de las pirámides, se enfrenta a una dura realidad social y económica con un desenlace impredecible. Las autoridades hacen enormes esfuerzos para evitar que el problema tome otras dimensiones más graves de las que ya tiene. A pesar de estos últimos sucesos, la economía colombiana es fuerte según los indicadores económicos y distintas organizaciones internacionales. El año pasado registró su mayor tasa de crecimiento económico de los últimos 30 años al alcanzar el 7,8% del PIB, aunque dos de sus grandes problemas sociales son el altísimo desempleo, que bordea el 12%, y la pobreza de su población, que ronda el 45%.
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