Román D. Ortiz
En noviembre de 2008 se cumplirá una década de la toma de la localidad de Mitú, capital del departamento de Vaupes, por un millar de guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Concebida como una demostración de fuerza, la operación marcó su mayor poder. Entonces, la guerrilla liderada por Manuel Marulanda, “Tirofijo”, tenía más de 11.000 combatientes agrupados en 70 frentes apoyados en una sólida infraestructura logística como resultaba evidente a la vista de los relucientes uniformes y el sofisticado arsenal de sus militantes. Diez años después, nada parece más lejano del actual estado de las FARC que esa imagen victoriosa. Según las fuentes, los efectivos de la organización se han reducido a unos 7.000 hombres, obligados a replegarse a las áreas más remotas del país. Simultáneamente, la situación logística de la organización se ha deteriorado, como demuestran los desertores que describen la escasez de alimentos y armas. En este contexto, aunque la organización mantiene nominalmente unas 70 estructuras, sólo una decena confronta a la Fuerza Pública, mientras la gran mayoría elude el combate y algunas sólo existen sobre el papel. Este agudo declive estratégico ha colocado el futuro de las FARC entre interrogantes, generando expectativas de que la guerrilla se vea obligada a buscar una negociación con el Gobierno o sencillamente se desmorone internamente. Pero, ¿cuán cerca está la derrota estratégica de guerrilla y la pacificación definitiva del país?
El declive estratégico de la guerrilla
En noviembre de 2008 se cumplirá una década de la toma de la localidad de Mitú, capital del departamento de Vaupes, por un millar de guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Concebida como una demostración de fuerza, la operación marcó su mayor poder. Entonces, la guerrilla liderada por Manuel Marulanda, “Tirofijo”, tenía más de 11.000 combatientes agrupados en 70 frentes apoyados en una sólida infraestructura logística como resultaba evidente a la vista de los relucientes uniformes y el sofisticado arsenal de sus militantes. Diez años después, nada parece más lejano del actual estado de las FARC que esa imagen victoriosa. Según las fuentes, los efectivos de la organización se han reducido a unos 7.000 hombres, obligados a replegarse a las áreas más remotas del país. Simultáneamente, la situación logística de la organización se ha deteriorado, como demuestran los desertores que describen la escasez de alimentos y armas. En este contexto, aunque la organización mantiene nominalmente unas 70 estructuras, sólo una decena confronta a la Fuerza Pública, mientras la gran mayoría elude el combate y algunas sólo existen sobre el papel. Este agudo declive estratégico ha colocado el futuro de las FARC entre interrogantes, generando expectativas de que la guerrilla se vea obligada a buscar una negociación con el Gobierno o sencillamente se desmorone internamente. Pero, ¿cuán cerca está la derrota estratégica de guerrilla y la pacificación definitiva del país?
El declive estratégico de la guerrilla
El factor clave que ha hundido a las FARC en una crisis estratégica sin precedentes ha sido la dislocación de su estructura de mando. Bajo la presión de la campaña de seguridad de la administración Uribe, la guerrilla se vio obligada a operar de forma dispersa para hacer que sus unidades fuesen más difíciles de localizar. Esta dilución de su estructura militar incrementó las dificultades de la dirección para mantener el control efectivo de sus fuerzas. La capacidad de la Fuerza Pública colombiana para interceptar las comunicaciones electrónicas de la guerrilla hizo imposible que el liderazgo del grupo pudiese mantener un flujo de órdenes estable sobre las unidades a su mando. La organización tuvo que recurrir al envío por radio de correos electrónicos cifrados como único medio de conservar la seguridad de sus comunicaciones. Pero incluso con este tipo de procedimientos, la seguridad de los enlaces vía radio de la guerrilla se hizo cada vez más débil. Como alternativa, la utilización de correos humanos para trasladar órdenes no sólo resultó una opción muy lenta, sino que tampoco resolvió el problema de la fiabilidad. La capacidad de las fuerzas militares y policiales para recolectar información de fuentes humanas –reclutando guerrilleros decididos a desertar o infiltrando agentes en sus filas– hizo que abundantes mensajes de los comandantes de las FARC terminaran en manos de los analistas de inteligencia.
La muerte de tres miembros del Secretariado de las FARC en unos pocos meses asestó un golpe decisivo a su estructura de mando. La baja de Raúl Reyes durante un ataque contra su campamento en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo pasado, seguido por la caída de Iván Ríos a manos de su jefe de seguridad una semana después y la desaparición del fundador Manuel Marulanda, aparentemente por enfermedad a finales del mismo mes, dejó fuera de combate a tres de los siete miembros de la cúpula. El grupo encontró rápido reemplazo a estas bajas con el ascenso de Alfonso Cano a la cabeza de la guerrilla, mientras el Secretariado incorporaba como nuevos miembros a Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Mauricio Jaramillo “El Médico”. Un cambio tan amplio en un liderazgo que había permanecido estable durante largo tiempo dislocó los procedimientos de toma de decisiones de la organización. El resultado ha sido una parálisis aún mayor de las actividades de las FARC y dificultades crecientes para elaborar una nueva estrategia político-militar que permita a la organización responder a la campaña de seguridad del Gobierno.
La mejor muestra del deterioro de la estructura de mando y control de las FARC fue el éxito de la Operación Jaque a principios de julio, que permitió a la Fuerza Pública liberar a 15 rehenes, entre ellos la ex-candidata presidencial Ingrid Betancur, tres contratistas de seguridad estadounidenses y varios soldados y policías. Concebida dentro del concepto de “operaciones de información”, la acción estuvo dirigida a manipular la percepción del Frente 1° de las FARC responsable de custodiar a los secuestrados hasta convencerlo de que la dirección de la organización había ordenado su traslado y empujarle a entregar a los cautivos a una supuesta misión humanitaria, en realidad integrada por militares colombianos. El engaño privó a la guerrilla de un grupo de rehenes clave para su estrategia internacional, dado que las FARC habían aprovechado la relevancia mundial de los cautivos para agigantar su talla en el exterior y presentarse a gobiernos en América Latina y Europa como un interlocutor que debía ser tomado en cuenta. Pero además, la Operación Jaque demostró como la cadena de mando y las comunicaciones de la guerrilla habían sido vulneradas hasta permitir que la inteligencia colombiana manipulase el entorno informativo de una fracción de la guerrilla para empujarla a entregar voluntariamente al grupo de secuestrados políticamente más valiosos en manos de la organización.Una percepción de creciente destintegración que se agudizó después de que el congresista Oscar Lizcano secuestrado por las FARC durante ocho años pudiese escapar de sus captores a finales de octubre gracias a la ayuda de un mando de la guerrilla que escogió acompañarle en su fuga y entregarse a la Fuerza Pública.
El otro gran golpe contra la estrategia internacional de las FARC fue el hallazgo de dos ordenadores de Raúl Reyes. La información allí contenida revelo los contactos de la organización con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador. Los documentos evidenciaron como Quito ofreció a la guerrilla apoyo político y garantías de seguridad en su territorio mientras Caracas iba aún más lejos suministrando armas y fondos a un grupo incluido en las listas de bandas terroristas de EEUU y la UE. Al mismo tiempo, los ordenadores de Reyes pusieron al descubierto las redes de colaboradores de las FARC en América Latina, EEUU y Europa. El resultado fue una quiebra generalizada de sus puntos de apoyo internacionales. Por un lado, los Gobiernos de Ecuador y Venezuela se vieron obligados a poner distancia, al menos temporalmente, con la guerrilla colombiana. Por el otro, los colaboradores de las FARC, de Costa Rica a España y de Chile a EEUU, fueron descubiertos y, en algunos casos, arrestados.
A medida que se acerca el fin de 2008, las FARC parecen tener síntomas cada vez más claros de encontrarse acorraladas. Dificultades logísticas, bajos niveles de operatividad y aislamiento político parecen los términos de una ecuación que coloca a la guerrilla en una posición de aguda crisis estratégica. Sin embargo, por paradójico que parezca, este giro del balance estratégico del conflicto colombiano no parece haber incrementado la voluntad del grupo armado para buscar una salida negociada, ni permite anunciar un rápido final de la violencia. Más bien, el debilitamiento de las FARC ha venido acompañado de una paulatina transformación de la organización, que ha perdido una parte sustancial de su peso militar; pero parece haber escogido una fórmula estratégica que le permitiría sobrevivir en el largo plazo y conservar suficiente capacidad operativa como para desestabilizar la vida política colombiana a través del uso sistemático del terrorismo. Dicho de otra forma, las FARC han sufrido un descalabro político-militar decisivo, pero prometen mantenerse como un desafío relevante para el Estado colombiano en el futuro próximo.
Para entender la resistencia de las FARC a abrir un proceso de negociación con el Gobierno, resulta imprescindible considerar su actual posición estratégica y el juego de poder desatado en su interior tras el reemplazo de Manuel Marulanda por el más sofisticado y urbano Alfonso Cano. Para empezar, los desastres militares, el crecimiento de las deserciones y el desprestigio internacional han colocado a la organización en una posición de debilidad que desincentiva al liderazgo a avanzar hacia una negociación, en tanto un movimiento de este tipo sea visto como una señal de debilidad. Más allá de la coyuntura estratégica de la organización, es necesario analizar la posición de Cano, aplastado por el legado de Marulanda. La orientación estratégica de la guerrilla está definida en el “Plan Estratégico para la Toma del Poder”, diseñado durante la VII Conferencia de las FARC en 1982 y completado en el Pleno Ampliado de la cúpula de la organización un año más tarde. Semejante documento, que trazaba la ruta para la conquista del poder según los principios de la guerra popular prolongada, ha perdido toda conexión con la realidad. Sin embargo, diseñar un nuevo documento de direccionamiento estratégico resulta políticamente casi imposible para un líder recién llegado como Cano en la medida en que podría ser interpretado por sus oponentes internos como una traición al legado fundacional.
Más allá de estos factores circunstanciales, al menos otras dos cuestiones se mantienen como obstáculos clave para que las FARC opten por abrir una negociación. Para empezar, es necesario considerar su rechazo frontal a cualquier diálogo con el gobierno responsable de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), en la medida que la guerrilla percibe que tal negociación equivaldría a admitir que la presión militar fue efectiva para empujarles a la mesa de conversaciones. La administración Uribe planteó la actual campaña de seguridad como un esfuerzo para obligar a las FARC a aceptar unos términos de negociación razonables, pero su cúpula se ha resistido a iniciar conversaciones ante el temor de que el mero hecho de sentarse a hablar legitime la estrategia de seguridad que la ha puesto al borde del colapso. A la hora de valorar la ausencia de cualquier perspectiva de negociación con las FARC tampoco se debe pasar por alto la extrema rigidez ideológica de la organización. Semejante inflexibilidad podría haberse acrecentado con la llegada de Cano a la cabeza del movimiento. De hecho, la doctrina bolivariana asumida por las FARC como nuevo credo ideológico le debe mucho al trabajo político del nuevo líder de la organización cuando en los 80 se convirtió en uno de los discípulos predilectos del teórico máximo del grupo, Jacobo Arenas. Resulta difícil imaginar a Cano arrojando por la borda los principios ideológicos que el mismo ayudó a crear para abrir unas conversaciones con el Gobierno.
Con la salida negociada aparentemente cerrada, ¿cuál es la alternativa de las FARC? Probablemente la modernización de la violencia política, que conduciría a la organización a abandonar los sueños de tomar el poder mediante la guerra de guerrillas y la empujaría a asumir las formas organizativas y los recursos tácticos de una organización terrorista inspirada en grupos clásicos, como ETA ó IRA, hasta movimientos globalizados, como el islamismo radical. En principio, algunos cambios en el comportamiento estratégico de la organización apuntan en esta dirección. Este proceso de innovación estratégica promete acelerarse bajo el nuevo liderazgo de Cano. El nuevo líder guerrillero representa una ruptura con la esencia de las antiguas FARC, inspiradas en el accionar guerrillero durante el período de “La Violencia” (1948-1958) e integradas casi en su totalidad por militantes de origen rural. De hecho, la nueva cabeza de las FARC es de origen urbano, obtuvo un grado en sociología y ha sido uno de los principales impulsares de la internacionalización del grupo.
La transformación estratégica de la guerrilla
La muerte de tres miembros del Secretariado de las FARC en unos pocos meses asestó un golpe decisivo a su estructura de mando. La baja de Raúl Reyes durante un ataque contra su campamento en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo pasado, seguido por la caída de Iván Ríos a manos de su jefe de seguridad una semana después y la desaparición del fundador Manuel Marulanda, aparentemente por enfermedad a finales del mismo mes, dejó fuera de combate a tres de los siete miembros de la cúpula. El grupo encontró rápido reemplazo a estas bajas con el ascenso de Alfonso Cano a la cabeza de la guerrilla, mientras el Secretariado incorporaba como nuevos miembros a Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Mauricio Jaramillo “El Médico”. Un cambio tan amplio en un liderazgo que había permanecido estable durante largo tiempo dislocó los procedimientos de toma de decisiones de la organización. El resultado ha sido una parálisis aún mayor de las actividades de las FARC y dificultades crecientes para elaborar una nueva estrategia político-militar que permita a la organización responder a la campaña de seguridad del Gobierno.
La mejor muestra del deterioro de la estructura de mando y control de las FARC fue el éxito de la Operación Jaque a principios de julio, que permitió a la Fuerza Pública liberar a 15 rehenes, entre ellos la ex-candidata presidencial Ingrid Betancur, tres contratistas de seguridad estadounidenses y varios soldados y policías. Concebida dentro del concepto de “operaciones de información”, la acción estuvo dirigida a manipular la percepción del Frente 1° de las FARC responsable de custodiar a los secuestrados hasta convencerlo de que la dirección de la organización había ordenado su traslado y empujarle a entregar a los cautivos a una supuesta misión humanitaria, en realidad integrada por militares colombianos. El engaño privó a la guerrilla de un grupo de rehenes clave para su estrategia internacional, dado que las FARC habían aprovechado la relevancia mundial de los cautivos para agigantar su talla en el exterior y presentarse a gobiernos en América Latina y Europa como un interlocutor que debía ser tomado en cuenta. Pero además, la Operación Jaque demostró como la cadena de mando y las comunicaciones de la guerrilla habían sido vulneradas hasta permitir que la inteligencia colombiana manipulase el entorno informativo de una fracción de la guerrilla para empujarla a entregar voluntariamente al grupo de secuestrados políticamente más valiosos en manos de la organización.Una percepción de creciente destintegración que se agudizó después de que el congresista Oscar Lizcano secuestrado por las FARC durante ocho años pudiese escapar de sus captores a finales de octubre gracias a la ayuda de un mando de la guerrilla que escogió acompañarle en su fuga y entregarse a la Fuerza Pública.
El otro gran golpe contra la estrategia internacional de las FARC fue el hallazgo de dos ordenadores de Raúl Reyes. La información allí contenida revelo los contactos de la organización con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador. Los documentos evidenciaron como Quito ofreció a la guerrilla apoyo político y garantías de seguridad en su territorio mientras Caracas iba aún más lejos suministrando armas y fondos a un grupo incluido en las listas de bandas terroristas de EEUU y la UE. Al mismo tiempo, los ordenadores de Reyes pusieron al descubierto las redes de colaboradores de las FARC en América Latina, EEUU y Europa. El resultado fue una quiebra generalizada de sus puntos de apoyo internacionales. Por un lado, los Gobiernos de Ecuador y Venezuela se vieron obligados a poner distancia, al menos temporalmente, con la guerrilla colombiana. Por el otro, los colaboradores de las FARC, de Costa Rica a España y de Chile a EEUU, fueron descubiertos y, en algunos casos, arrestados.
A medida que se acerca el fin de 2008, las FARC parecen tener síntomas cada vez más claros de encontrarse acorraladas. Dificultades logísticas, bajos niveles de operatividad y aislamiento político parecen los términos de una ecuación que coloca a la guerrilla en una posición de aguda crisis estratégica. Sin embargo, por paradójico que parezca, este giro del balance estratégico del conflicto colombiano no parece haber incrementado la voluntad del grupo armado para buscar una salida negociada, ni permite anunciar un rápido final de la violencia. Más bien, el debilitamiento de las FARC ha venido acompañado de una paulatina transformación de la organización, que ha perdido una parte sustancial de su peso militar; pero parece haber escogido una fórmula estratégica que le permitiría sobrevivir en el largo plazo y conservar suficiente capacidad operativa como para desestabilizar la vida política colombiana a través del uso sistemático del terrorismo. Dicho de otra forma, las FARC han sufrido un descalabro político-militar decisivo, pero prometen mantenerse como un desafío relevante para el Estado colombiano en el futuro próximo.
Para entender la resistencia de las FARC a abrir un proceso de negociación con el Gobierno, resulta imprescindible considerar su actual posición estratégica y el juego de poder desatado en su interior tras el reemplazo de Manuel Marulanda por el más sofisticado y urbano Alfonso Cano. Para empezar, los desastres militares, el crecimiento de las deserciones y el desprestigio internacional han colocado a la organización en una posición de debilidad que desincentiva al liderazgo a avanzar hacia una negociación, en tanto un movimiento de este tipo sea visto como una señal de debilidad. Más allá de la coyuntura estratégica de la organización, es necesario analizar la posición de Cano, aplastado por el legado de Marulanda. La orientación estratégica de la guerrilla está definida en el “Plan Estratégico para la Toma del Poder”, diseñado durante la VII Conferencia de las FARC en 1982 y completado en el Pleno Ampliado de la cúpula de la organización un año más tarde. Semejante documento, que trazaba la ruta para la conquista del poder según los principios de la guerra popular prolongada, ha perdido toda conexión con la realidad. Sin embargo, diseñar un nuevo documento de direccionamiento estratégico resulta políticamente casi imposible para un líder recién llegado como Cano en la medida en que podría ser interpretado por sus oponentes internos como una traición al legado fundacional.
Más allá de estos factores circunstanciales, al menos otras dos cuestiones se mantienen como obstáculos clave para que las FARC opten por abrir una negociación. Para empezar, es necesario considerar su rechazo frontal a cualquier diálogo con el gobierno responsable de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), en la medida que la guerrilla percibe que tal negociación equivaldría a admitir que la presión militar fue efectiva para empujarles a la mesa de conversaciones. La administración Uribe planteó la actual campaña de seguridad como un esfuerzo para obligar a las FARC a aceptar unos términos de negociación razonables, pero su cúpula se ha resistido a iniciar conversaciones ante el temor de que el mero hecho de sentarse a hablar legitime la estrategia de seguridad que la ha puesto al borde del colapso. A la hora de valorar la ausencia de cualquier perspectiva de negociación con las FARC tampoco se debe pasar por alto la extrema rigidez ideológica de la organización. Semejante inflexibilidad podría haberse acrecentado con la llegada de Cano a la cabeza del movimiento. De hecho, la doctrina bolivariana asumida por las FARC como nuevo credo ideológico le debe mucho al trabajo político del nuevo líder de la organización cuando en los 80 se convirtió en uno de los discípulos predilectos del teórico máximo del grupo, Jacobo Arenas. Resulta difícil imaginar a Cano arrojando por la borda los principios ideológicos que el mismo ayudó a crear para abrir unas conversaciones con el Gobierno.
Con la salida negociada aparentemente cerrada, ¿cuál es la alternativa de las FARC? Probablemente la modernización de la violencia política, que conduciría a la organización a abandonar los sueños de tomar el poder mediante la guerra de guerrillas y la empujaría a asumir las formas organizativas y los recursos tácticos de una organización terrorista inspirada en grupos clásicos, como ETA ó IRA, hasta movimientos globalizados, como el islamismo radical. En principio, algunos cambios en el comportamiento estratégico de la organización apuntan en esta dirección. Este proceso de innovación estratégica promete acelerarse bajo el nuevo liderazgo de Cano. El nuevo líder guerrillero representa una ruptura con la esencia de las antiguas FARC, inspiradas en el accionar guerrillero durante el período de “La Violencia” (1948-1958) e integradas casi en su totalidad por militantes de origen rural. De hecho, la nueva cabeza de las FARC es de origen urbano, obtuvo un grado en sociología y ha sido uno de los principales impulsares de la internacionalización del grupo.
La transformación estratégica de la guerrilla
Las FARC parecen estar transformando de manera sustancial el papel estratégico de sus estructuras rurales. Aunque mantienen una constante actividad militar, un número creciente de sus unidades en el campo parecen cada vez menos orientadas a lanzar ataques contra la Fuerza Pública y más centradas en la recolección de recursos a través de actividades ilícitas, como el robo de ganado, la extorsión, el secuestro y, sobre todo, el narcotráfico. Los frentes rurales parecen haber abandonado parcialmente su papel militar para asumir funciones logísticas. Dentro de este esquema, las unidades en el campo parecerían destinadas a convertirse en el soporte financiero de las FARC, en tanto sus actividades criminales generarían el grueso de los recursos que sostendrían el conjunto de sus actividades político-militares.
Este cambio en las funciones de los Frentes rurales ha sido acompañado por la puesta en práctica de un nuevo concepto de control territorial. Tradicionalmente, las FARC apostaban por desafiar la presencia del Estado en una determinada zona utilizando medios militares para expulsar a la policía y al ejército, destruir las instituciones locales y afirmar su control militar del área. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, la guerrilla parece haber renunciado a destruir físicamente la presencia estatal y prefiere apostar por desarrollar una influencia más selectiva centrada en controlar aquellos sectores de población o aquellas actividades estratégicas de su interés. En ciertas áreas del suroriente, la organización ha estimulado la creación de redes de pequeños negocios que facilitan su control sobre la población o ha empleado testaferros para apoderarse de propiedades rurales de donde ha expulsado a sus legítimos dueños. Estas formas de penetración se desarrollan sin confrontar frontalmente al Estado, sino recurriendo a una mezcla de corrupción y coerción para debilitar las instituciones y controlar a la población.
El proceso de consolidación de la seguridad en ciertas zonas se ha enfrentado a la persistencia de una forma de poder paralelo desarrollado por la guerrilla en una forma semejante a como las formaciones paramilitares mantuvieron su control sobre extensas zonas norteñas. Esta tendencia se ha hecho visible en aquellas áreas donde las FARC mantuvieron históricamente una fuerte presencia. En estas regiones, la Fuerza Pública ha creado un clima de seguridad que ha permitido avanzar en la reconstrucción de las instituciones locales. Al mismo tiempo, las estructuras clandestinas de la guerrilla continúan activas, apoyadas en el terrorismo, para mantener amedrentada a la población. La capacidad de estas redes para condicionar la vida local o realizar actividades criminales, como el secuestro o el narcotráfico, es muy reducida en comparación con los tiempos en que las FARC mantenían un control militar. Al mismo tiempo, este tipo de presencia guerrillera es menos vulnerable a la estrategia tradicional de la Fuerza Pública orientada a destruir las unidades de combate de la guerrilla. El desmantelamiento definitivo de la amenaza de las FARC en esas zonas sólo será posible a través de un prolongado esfuerzo de inteligencia destinado a identificar y desmantelar sus estructuras clandestinas.
Entretanto, la organización parece haber girado una parte relevante de su esfuerzo armado hacia las ciudades. Durante los pasados meses, las FARC han incrementado sus acciones en Bogotá, Cali, Neiva y otras ciudades. En Bogotá, la gran mayoría de la veintena de ataques de los últimos dos meses se han orientado hacia la destrucción de blancos civiles con escasa protección. Un número de artefactos explosivos se han colocado en las calles o han servido para destruir autobuses de servicio público para generar un sentimiento de inseguridad. Otros ataques se han dirigido contra locales comerciales o sedes de compañías en lo que parece parte de una campaña para forzar el pago de extorsiones. En cualquier caso, semejante cadena de acciones ha puesto de relieve dos hechos clave. Por un lado, la construcción por las FARC de una infraestructura permanente en la capital para ejecutar acciones continuas. Del otro, la mejora de sus capacidades operativas hasta el punto de que han podido coordinar ataques simultáneos.
Se han incrementado las señales de un creciente esfuerzo de la guerrilla para ganar influencia en las universidades. A principios del pasado septiembre, un vídeo mostró a un grupo de encapuchados lanzando consignas de extrema izquierda a los estudiantes de la Universidad Distrital, una institución educativa en el centro de Bogotá. Más allá del consiguiente escándalo político, el incidente demostró que al menos parcialmente la guerrilla había tenido éxito construyendo algún nivel simpatía hacia sus planteamientos en ciertos sectores estudiantiles. El crecimiento de la influencia política de las FARC entre los estudiantes y otros sectores sociales fue uno de los factores que empujó a la organización a crear el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia (MBNC), en 2000, como una estructura destinada a estimular movilizaciones sociales acordes con sus intereses. Una tarea entonces encomendada a Alfonso Cano. El incidente de la Universidad Distrital demostró el trabajo del MBNC y su rama juvenil, las Juventudes Bolivarianas, para conquistar adeptos en los centros de enseñanza superior. A mediados de 2008 se calculaba que había presencia del grupo armado en una veintena de universidades en cerca de una docena y media de ciudades.
El crecimiento de la presencia de la guerrilla en las universidades amenaza con convertirse en un desafío político y estratégico clave. La penetración entre sectores estudiantiles podría resolver las dos barreras principales que han frenado a la guerrilla en sus intentos de proyectarse hacia las ciudades. Para empezar, incluso teniendo en cuenta que la influencia de las FARC se limitada a sectores muy reducidos del estudiantado, la captación de esta exigua minoría puede ser suficiente para conseguir el pequeño número de militantes con perfiles urbanos y una fuerte ideologización necesarios para alimentar sus comandos urbanos. La posibilidad de que la guerrilla consolide su presencia en algunos centros de educación superior amenaza con crear “santuarios” de las FARC en el centro de algunas ciudades. Como en la mayoría de los países democráticos, la capacidad del Estado para intervenir en las universidades está restringida por ciertos factores políticos. Las universidades colombianas tienen una profunda tradición de autonomía que estimula un rechazo generalizado de docentes y estudiantes a la presencia de agentes de seguridad en los recintos educativos. Al mismo tiempo, al menos un sector de la comunidad universitaria vería como un atentado contra la libertad de pensamiento cualquier medida legal contra los sectores radicales que promueven el mensaje político de la guerrilla. Como consecuencia, una acción del Gobierno en este sentido terminaría provocando una radicalización del clima político que paradójicamente favorecería a la guerrilla. En consecuencia, las posibilidades del Estado para frenar la infiltración de la guerrilla en los centros universitarios son limitadas y están cuajadas de delicados dilemas políticos.
Finalmente, pese a que la información de los ordenadores incautados durante el ataque contra el campamento de Reyes permitió poner al descubierto la amplitud de las redes internacionales de las FARC, parece probable que la organización pueda reconstruir parte de estas estructuras en un plazo relativamente corto. De hecho, esta parece ser la tarea asumida por Ivan Márquez como miembro del secretariado de la organización que ha asumido la dirección de las actividades internacionales. Su esfuerzo se puede ver facilitado por el hecho de que el descubrimiento de las conexiones exteriores de la organización terrorista no ha traído grandes consecuencias para los individuos y gobiernos implicados. Caracas y Quito han salido indemnes pese a las pruebas que demostraban sus estrechos lazos con las FARC. En el caso de Venezuela, el descubrimiento de la provisión de fondos y armas a la guerrilla colombiana no ha tenido mayores consecuencias para la posición internacional del país. Desde luego, Rodríguez Chacín, como uno de los máximos artífices de la política de acercamiento a las FARC, renunció al Ministerio del Interior. Asimismo, tanto él como otros funcionarios civiles y militares venezolanos vieron sus bienes en EEUU congelados. Pero si se toma en consideración la gravedad de las evidencias contra Caracas, se puede afirmar que el Gobierno de Chávez salió prácticamente ileso del caso, como demuestra el que haya podido continuar vendiendo petróleo y comprando armas sin mayores dificultades.
Probablemente, la falta de consecuencias para Venezuela de que se descubriesen sus contactos con las FARC explica que las señales de simpatía hacia la organización hayan continuando repitiéndose en la región sin mayores problemas. Nicaragua no tuvo mayores inconvenientes en otorgar asilo político a dos guerrilleras de las FARC el pasado junio. Una decisión seguida tres meses después por la inauguración de una plaza pública en honor de Manuel Marulanda en el centro de Caracas. Semejante clima induce a pensar que Márquez podría no tener mayores dificultades en restablecer parte de los contactos exteriores del grupo. Entretanto, la llegada de una nueva administración norteamericana muy probablemente significará un giro sustancial de la política de Washington hacia Bogotá, lo que probablemente se traducirá en un debilitamiento de la posición internacional de Colombia. De este modo, la guerrilla podría esperar en el futuro próximo un giro del escenario internacional favorable a sus intereses.
Conclusiones
Una organización debilitada; pero no quebrada
Este cambio en las funciones de los Frentes rurales ha sido acompañado por la puesta en práctica de un nuevo concepto de control territorial. Tradicionalmente, las FARC apostaban por desafiar la presencia del Estado en una determinada zona utilizando medios militares para expulsar a la policía y al ejército, destruir las instituciones locales y afirmar su control militar del área. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, la guerrilla parece haber renunciado a destruir físicamente la presencia estatal y prefiere apostar por desarrollar una influencia más selectiva centrada en controlar aquellos sectores de población o aquellas actividades estratégicas de su interés. En ciertas áreas del suroriente, la organización ha estimulado la creación de redes de pequeños negocios que facilitan su control sobre la población o ha empleado testaferros para apoderarse de propiedades rurales de donde ha expulsado a sus legítimos dueños. Estas formas de penetración se desarrollan sin confrontar frontalmente al Estado, sino recurriendo a una mezcla de corrupción y coerción para debilitar las instituciones y controlar a la población.
El proceso de consolidación de la seguridad en ciertas zonas se ha enfrentado a la persistencia de una forma de poder paralelo desarrollado por la guerrilla en una forma semejante a como las formaciones paramilitares mantuvieron su control sobre extensas zonas norteñas. Esta tendencia se ha hecho visible en aquellas áreas donde las FARC mantuvieron históricamente una fuerte presencia. En estas regiones, la Fuerza Pública ha creado un clima de seguridad que ha permitido avanzar en la reconstrucción de las instituciones locales. Al mismo tiempo, las estructuras clandestinas de la guerrilla continúan activas, apoyadas en el terrorismo, para mantener amedrentada a la población. La capacidad de estas redes para condicionar la vida local o realizar actividades criminales, como el secuestro o el narcotráfico, es muy reducida en comparación con los tiempos en que las FARC mantenían un control militar. Al mismo tiempo, este tipo de presencia guerrillera es menos vulnerable a la estrategia tradicional de la Fuerza Pública orientada a destruir las unidades de combate de la guerrilla. El desmantelamiento definitivo de la amenaza de las FARC en esas zonas sólo será posible a través de un prolongado esfuerzo de inteligencia destinado a identificar y desmantelar sus estructuras clandestinas.
Entretanto, la organización parece haber girado una parte relevante de su esfuerzo armado hacia las ciudades. Durante los pasados meses, las FARC han incrementado sus acciones en Bogotá, Cali, Neiva y otras ciudades. En Bogotá, la gran mayoría de la veintena de ataques de los últimos dos meses se han orientado hacia la destrucción de blancos civiles con escasa protección. Un número de artefactos explosivos se han colocado en las calles o han servido para destruir autobuses de servicio público para generar un sentimiento de inseguridad. Otros ataques se han dirigido contra locales comerciales o sedes de compañías en lo que parece parte de una campaña para forzar el pago de extorsiones. En cualquier caso, semejante cadena de acciones ha puesto de relieve dos hechos clave. Por un lado, la construcción por las FARC de una infraestructura permanente en la capital para ejecutar acciones continuas. Del otro, la mejora de sus capacidades operativas hasta el punto de que han podido coordinar ataques simultáneos.
Se han incrementado las señales de un creciente esfuerzo de la guerrilla para ganar influencia en las universidades. A principios del pasado septiembre, un vídeo mostró a un grupo de encapuchados lanzando consignas de extrema izquierda a los estudiantes de la Universidad Distrital, una institución educativa en el centro de Bogotá. Más allá del consiguiente escándalo político, el incidente demostró que al menos parcialmente la guerrilla había tenido éxito construyendo algún nivel simpatía hacia sus planteamientos en ciertos sectores estudiantiles. El crecimiento de la influencia política de las FARC entre los estudiantes y otros sectores sociales fue uno de los factores que empujó a la organización a crear el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia (MBNC), en 2000, como una estructura destinada a estimular movilizaciones sociales acordes con sus intereses. Una tarea entonces encomendada a Alfonso Cano. El incidente de la Universidad Distrital demostró el trabajo del MBNC y su rama juvenil, las Juventudes Bolivarianas, para conquistar adeptos en los centros de enseñanza superior. A mediados de 2008 se calculaba que había presencia del grupo armado en una veintena de universidades en cerca de una docena y media de ciudades.
El crecimiento de la presencia de la guerrilla en las universidades amenaza con convertirse en un desafío político y estratégico clave. La penetración entre sectores estudiantiles podría resolver las dos barreras principales que han frenado a la guerrilla en sus intentos de proyectarse hacia las ciudades. Para empezar, incluso teniendo en cuenta que la influencia de las FARC se limitada a sectores muy reducidos del estudiantado, la captación de esta exigua minoría puede ser suficiente para conseguir el pequeño número de militantes con perfiles urbanos y una fuerte ideologización necesarios para alimentar sus comandos urbanos. La posibilidad de que la guerrilla consolide su presencia en algunos centros de educación superior amenaza con crear “santuarios” de las FARC en el centro de algunas ciudades. Como en la mayoría de los países democráticos, la capacidad del Estado para intervenir en las universidades está restringida por ciertos factores políticos. Las universidades colombianas tienen una profunda tradición de autonomía que estimula un rechazo generalizado de docentes y estudiantes a la presencia de agentes de seguridad en los recintos educativos. Al mismo tiempo, al menos un sector de la comunidad universitaria vería como un atentado contra la libertad de pensamiento cualquier medida legal contra los sectores radicales que promueven el mensaje político de la guerrilla. Como consecuencia, una acción del Gobierno en este sentido terminaría provocando una radicalización del clima político que paradójicamente favorecería a la guerrilla. En consecuencia, las posibilidades del Estado para frenar la infiltración de la guerrilla en los centros universitarios son limitadas y están cuajadas de delicados dilemas políticos.
Finalmente, pese a que la información de los ordenadores incautados durante el ataque contra el campamento de Reyes permitió poner al descubierto la amplitud de las redes internacionales de las FARC, parece probable que la organización pueda reconstruir parte de estas estructuras en un plazo relativamente corto. De hecho, esta parece ser la tarea asumida por Ivan Márquez como miembro del secretariado de la organización que ha asumido la dirección de las actividades internacionales. Su esfuerzo se puede ver facilitado por el hecho de que el descubrimiento de las conexiones exteriores de la organización terrorista no ha traído grandes consecuencias para los individuos y gobiernos implicados. Caracas y Quito han salido indemnes pese a las pruebas que demostraban sus estrechos lazos con las FARC. En el caso de Venezuela, el descubrimiento de la provisión de fondos y armas a la guerrilla colombiana no ha tenido mayores consecuencias para la posición internacional del país. Desde luego, Rodríguez Chacín, como uno de los máximos artífices de la política de acercamiento a las FARC, renunció al Ministerio del Interior. Asimismo, tanto él como otros funcionarios civiles y militares venezolanos vieron sus bienes en EEUU congelados. Pero si se toma en consideración la gravedad de las evidencias contra Caracas, se puede afirmar que el Gobierno de Chávez salió prácticamente ileso del caso, como demuestra el que haya podido continuar vendiendo petróleo y comprando armas sin mayores dificultades.
Probablemente, la falta de consecuencias para Venezuela de que se descubriesen sus contactos con las FARC explica que las señales de simpatía hacia la organización hayan continuando repitiéndose en la región sin mayores problemas. Nicaragua no tuvo mayores inconvenientes en otorgar asilo político a dos guerrilleras de las FARC el pasado junio. Una decisión seguida tres meses después por la inauguración de una plaza pública en honor de Manuel Marulanda en el centro de Caracas. Semejante clima induce a pensar que Márquez podría no tener mayores dificultades en restablecer parte de los contactos exteriores del grupo. Entretanto, la llegada de una nueva administración norteamericana muy probablemente significará un giro sustancial de la política de Washington hacia Bogotá, lo que probablemente se traducirá en un debilitamiento de la posición internacional de Colombia. De este modo, la guerrilla podría esperar en el futuro próximo un giro del escenario internacional favorable a sus intereses.
Conclusiones
Una organización debilitada; pero no quebrada
Visto desde esta perspectiva, las FARC bajo Alfonso Cano podrían responder a la cadena de golpes sufridos a lo largo del año con una estrategia que combine una intensificación del activismo político y una escalada de acciones terroristas en las grandes ciudades para desestabilizar el escenario político colombiano. Dentro de este esquema, la guerrilla puede transformarse en una organización más pequeña, con menos recursos y una capacidad militar limitada. Un grupo muy distinto de aquel que asestó los grandes golpes militares de fines de los años 90. Sin embargo, las FARC intentarían compensar estas debilidades con un esfuerzo por manipular a su favor las protestas de ciertos sectores sociales y realizar acciones armadas selectivas para conmocionar a la opinión pública. Al mismo tiempo, la guerrilla redoblará sus esfuerzos para recuperar contactos internacionales con vistas a consolidar el apoyo de gobiernos radicales de la región y ampliar su proyección internacional fuera del continente. La nueva cúpula de la guerrilla trataría de ganar peso político al mismo tiempo que deteriora el clima político interno y hunde la credibilidad del Estado. Sin duda, el grupo armado tiene pocas posibilidades de llevar a cabo estos planes y alterar el curso de una guerra que claramente está perdiendo. Pero el mero hecho de que impulse semejante estrategia significa que las FARC están determinadas a continuar desestabilizando las instituciones democráticas colombianas en el futuro próximo.
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