Andrés Solimano
En años recientes, el tema de las migraciones internacionales y las remesas de los migrantes ha venido a ocupar un lugar de preeminencia en la agenda de política pública en América Latina y el Caribe. A pesar de las variadas restricciones a la inmigración en países receptores, la región latinoamericana es un "exportador neto" de trabajadores, profesionales y empresarios a países desarrollados; además, hay flujos migratorios cada vez mayores entre diferentes países de la región, con distintos niveles de ingreso, de oportunidades y de grado de desarrollo económico. Actualmente, hay cerca de 26 millones de latinoamericanos viviendo fuera de sus países de origen. De éstos, 22.5 millones se encuentran en países fuera de la región (migración sur-norte) y alrededor de 3.5 millones viven en otros países latinoamericanos (migración sur-sur).
Históricamente, América Latina no siempre ha sido un exportador neto de personas al resto del mundo. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo xx, varios países de América Latina (principalmente Argentina, así como Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela y México) fueron un imán para los migrantes de otras partes del mundo y, sobre todo, para personas provenientes del sur de Europa, principalmente españoles e italianos, amén de aquellos provenientes del este y del norte de Europa. Entonces, el movimiento de personas se complementaba con los flujos de capital hacia la región, e Inglaterra era la fuente más importante de recursos financieros externos. Así, capital y trabajo se movían del norte al sur.
Esta realidad contrasta con las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI en varios países de América Latina (incluida, por cierto, Argentina), período en el que la conjunción de crisis económicas recurrentes, la inestabilidad política y la reversión de las brechas de desarrollo que alguna vez fueron favorables para algunos países de Latinoamérica hacían que las personas y el capital intentaran dejar la región. Sin embargo, desde 2003, la región ha acelerado su ritmo de crecimiento económico -- impulsado, en parte, por los altos precios de los productos básicos y de los bienes agrícolas primarios -- , lo que puede moderar, si se mantiene esta tendencia, los incentivos para emigrar. Lo anterior depende, en gran medida, de que la región pueda embarcarse en una senda de desarrollo sostenido que cree buenas oportunidades para todos sus ciudadanos, invirtiendo los excedentes de la bonanza económica actual en la formación y en la modernización de su capital humano y de su capital físico, así como en la renovación de las instituciones y la reducción de la pobreza y de la desigualdad para enfrentar los nuevos desafíos del desarrollo, la competitividad y la globalización.
La aceleración de la migración internacional desde América Latina observada en los últimos 25 años -- un fenómeno también global en el mismo período -- coincide con un ritmo de crecimiento económico de la región apenas moderado y claramente volátil. Como consecuencia de esto, muchos países vieron aumentar sus brechas de desarrollo. En algunos países, sin embargo, éstas se redujeron, como en el caso de Chile, que experimentó una aceleración más sostenida del crecimiento económico en este período. Las brechas de desarrollo, las oportunidades económicas y las diferencias de salarios reales entre distintos países crean poderosos incentivos para la migración internacional, tanto del sur al norte (en este caso, por la diferencia entre el ingreso promedio por habitante de la región y el de países como Estados Unidos, España, Canadá y otros que son destinos preferentes para los emigrantes latinoamericanos) como dentro del mismo sur, aunque en estos flujos también influye la cercanía geográfica (las fronteras comunes), cultural y lingüística entre el país de origen y el de destino.
La situación social de América Latina también crea incentivos para que las personas emigren en busca de mejores ingresos y oportunidades laborales en el extranjero. En efecto, la proporción de personas bajo la línea de pobreza es cercana al 37% de la población total (más de 200 millones de personas). Además, la región latinoamericana sigue siendo un continente de alta desigualdad en la distribución del ingreso. Un indicador, como el coeficiente de Gini (va del cero al uno, y mientras más cercano esté al uno implica más desigualdad), excede el valor de 0.5 en varios países de la región (el promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] es cercano a 0.35). En el mercado laboral, la situación de desempleo crónico, subempleo e informalidad, que históricamente ha caracterizado a América Latina, no se revirtió en lo fundamental en los últimos 25 años.
Así, en general, la migración latinoamericana refleja una combinación de "presiones de salida" por condiciones internas de un esquivo desarrollo económico y social en muchas economías de la región, y de condiciones internacionales más favorables al movimiento de capital, de bienes y de personas en un mundo más interconectado y con menores costos de información y de transporte. También, las significativas desigualdades globales (en salarios reales y en niveles de desarrollo) entre los países que se observan en la actualidad inducen a la migración internacional hacia los países más ricos y prósperos.
A pesar del costo humano de dejar los países de origen por falta de oportunidades económicas y de enfrentarse a condiciones inicialmente difíciles de tipo migratorio y de inserción en los países de destino, las migraciones generan varios beneficios: brindan oportunidades de mejoramiento económico para los inmigrantes y sus familias, lo que ha llevado a un aumento significativo de los flujos de remesas para la región, que en la actualidad superan los 60 000 millones de dólares anualmente. La migración puede dar un impulso al capital humano de la región, pues éste se ha vuelto internacionalmente más móvil y expuesto a otras realidades más competitivas y desarrolladas. De esto se beneficiarán los países de origen con la inmigración de retorno y el contacto de los migrantes (profesionales, empresarios en el extranjero, trabajadores) con sus países de origen. Por otra parte, también hay tendencias preocupantes, como las emigraciones de profesionales, en especial del sector salud, que en el caso de algunas economías del Caribe alcanza proporciones muy altas. También preocupan las tendencias antiinmigración en países desarrollados, las que son poco compatibles con un orden económico global genuinamente abierto y libre.
Antecedentes históricos
Durante la "primera ola de la globalización" -- que los historiadores económicos sitúan entre c 1870 y 1913 -- el ingreso per cápita promedio de los países del sur y norte de Europa, la "periferia" de esa región (Italia, España, Portugal, Noruega y Suecia), era levemente superior al promedio de las principales economías de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Sin embargo, Argentina, Chile y Uruguay registraban los ingresos por habitante más altos y éstos superaban, en 1913, a los de Italia, España y Portugal, principales países fuente de inmigrantes a estos países del sur (Cuadro 1). En contraste, los países más ricos del "nuevo mundo", como Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Estados Unidos, tenían, en 1913, un ingreso por habitante que era más del doble del ingreso de los habitantes de la periferia europea, lo que naturalmente atrajo a muchos inmigrantes de esa región hacia los países ricos. Así, la primera ola de la globalización de fines del siglo XIX se caracterizó no sólo por flujos de comercio y de capital cada vez mayores, sino también por movimientos masivos de personas entre el "viejo mundo" (Europa) y el "nuevo mundo" (Norteamérica, Sudamérica y Australia). Es interesante notar que, a mediados del siglo XX, las brechas de ingreso per cápita aún seguían siendo favorables a países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, cuyo ingreso per cápita excedía al de Italia y España; además, Venezuela, en 1950, tenía un ingreso por habitante superior al de Suecia (Cuadro 1). Esta situación cambió en la segunda mitad del siglo XX y, en especial, a partir de la década de 1970, cuando el ingreso per cápita de España y de Italia, principales países de origen de los inmigrantes europeos que llegaban a Sudamérica, superaba ya al de Argentina, el país más rico de América Latina. Como consecuencia de lo anterior, los incentivos económicos para emigrar en escalas significativas desde Europa hacia la región latinoamericana prácticamente desaparecieron. Por el contrario, España e Italia se convirtieron en prósperas economías integradas al resto de Europa, para luego transformarse, en las décadas de 1990 y principios de la de 2000, en países de destino de emigrantes de América Latina, en especial, de argentinos, ecuatorianos, colombianos y de otros países afectados por crisis económicas y políticas recurrentes.
Características recientes de la migración latinoamericana y del caribe
A comienzos de la primera década de este siglo, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe tenía más emigrantes (aproximadamente 3.8% de la población) que inmigrantes (1% de la población). Los países latinoamericanos con un alto stock de emigración son El Salvador (cerca del 15% de su población), seguido por Nicaragua, México y República Dominicana, con niveles de emigración cercanos al 10% de su población. En contraste, los países de inmigración neta positiva (mayor proporción de inmigrantes que emigrantes) son Costa Rica, Venezuela y Argentina. Se observan flujos de migración intrarregional cada vez mayores desde Perú y Ecuador hacia Chile, de Bolivia y Paraguay a Argentina, de Haití a República Dominicana, de Nicaragua a Costa Rica, y de varios países centroamericanos a México.
En el Caribe, la tasa promedio de emigración de los cinco países con mayor proporción de emigrantes alcanza el 39.5% de la población, cifra muy superior a la de los cinco países que tienen más población emigrada en América Latina. Los principales países de destino extrarregional de los emigrantes de América Latina y del Caribe son Estados Unidos, España, Canadá y el Reino Unido (Gráfico 1).
México es el principal país fuente de emigrantes latinoamericanos a Estados Unidos y representa la mayor proporción de los extranjeros residentes en este país, una tendencia que, además, ha aumentado con el tiempo. España, desde la segunda mitad de la década de los noventa, ha sido un receptor de cada vez más inmigrantes de América Latina, en particular personas provenientes de países que sufrieron turbulencias económicas y financieras a fines de esa década e inicios de los 2000 (Ecuador, Argentina, Colombia).
La evidencia empírica muestra que los emigrantes de América Latina comparten tres características sociodemográficas principales: i) una elevada participación de la emigración femenina; ii) la concentración de los flujos migratorios en las edades laboralmente más productivas de los inmigrantes y emigrantes; y iii) el mayor nivel de escolaridad que ostentan los emigrantes respecto de sus compatriotas que no emigran.
De acuerdo con estudios recientes, la migración femenina es un fenómeno que ha venido en aumento en los últimos años e incluso, en varios países, ha llegado a superar numéricamente la migración masculina. En referencia a la edad de los emigrantes en los países de destino, se tiene que, en general, el rango con mayor frecuencia relativa va desde los 20 hasta los 50 años, es decir, los emigrantes en edad de trabajar son los que van a aumentar la fuerza de trabajo de los países receptores.
El nivel educacional de los migrantes es una variable importante, ya que denota el capital humano de las personas provenientes de América Latina y el Caribe. El Cuadro 2 muestra las tasas de emigración de personas con educación terciaria (como porcentaje de la fuerza de trabajo correspondiente) desde "las Américas" (Norte, Centro, Caribe y Sur) hacia los países de la OCDE. La evidencia muestra (segunda columna del cuadro) que las tasas de emigración de personas con educación terciaria más alta se encuentran en el Caribe (43%), seguida por la emigración desde Centroamérica (17%) y Sudamérica (5%). La emigración calificada adquiere niveles muy altos en varias economías del Caribe, con tasas de emigración de personas con educación terciaria en el rango de entre 60% y 90%, seguidas por Venezuela (ver Cuadro 3). La participación de los trabajadores calificados (con educación terciaria), con respecto a los residentes y al stock de migrantes, es más alta para Sudamérica y Norteamérica, sugiriendo que (relativamente) los emigrantes de estos países son de un nivel educativo más alto, con respecto a los nativos de su país de origen y a los inmigrantes en el país de destino.
Si se analiza a los países en lo individual, se observan diferencias notorias entre los años promedio de educación de los emigrantes respecto de sus compatriotas que no emigran, así como entre los inmigrantes y los nacionales en los países de destino. Para Argentina, se observa que alrededor del 80% de sus emigrantes radicados en Estados Unidos tiene estudios secundarios, mientras que el mismo porcentaje de emigrantes argentinos tiene estudios superiores completos en España. En Chile, por su parte, el 71% de los que emigran tiene, cuando mucho, estudios secundarios y el 24% posee educación técnica, universitaria o de posgrado. La emigración mexicana es, en general, de menor nivel de educación relativo, pero la del Caribe tiene, generalmente, estudios universitarios. En Ecuador, mientras que el 80% de los radicados en Estados Unidos tiene, a lo sumo, educación secundaria, el 65% de los ecuatorianos residentes en Chile tiene título universitario. En contraste, los emigrantes ecuatorianos a España, Italia y Venezuela tienen menores niveles educacionales. En República Dominicana, también se reporta una salida de personas con un nivel de educación más alto que los nacionales que no emigran.
Sin embargo, a pesar de que se aprecia cierta predominancia de emigrantes calificados con educación terciaria en los países desarrollados, América Latina no es una fuente importante de profesionales en los mercados internacionales de trabajo en sectores de tecnologías de la información, lo que evidencia el rezago de recursos humanos de la región en esta importante área estratégica. En efecto, el Cuadro 4 muestra que América del Sur recibe sólo un pequeño porcentaje (cerca de 6.5%) del total de las visas H-1B otorgadas por Estados Unidos (en 2002) a profesionales y a personal especializado proveniente de otros países. En contraste, Asia recibe el 65% de estas visas H-1B. Esta diferencia se hace aún más acentuada en las visas para profesionales y expertos en el sector de tecnologías de la información y en ciencias de la computación en el que América Latina sólo obtiene el 2% de estas visas (frente a 83% para profesionales provenientes de Asia).
Beneficios y dilemas de la migración
La evidencia indica que los emigrantes, generalmente, ganan económicamente al trasladarse a países cuyos salarios, productividad e ingreso per cápita son superiores a los que se encuentran en los países de origen. De hecho, ésta es una motivación fundamental de la migración internacional. Sin embargo, estos efectos positivos se moderan si se considera que muchas veces los inmigrantes (en especial aquéllos con un menor nivel de calificación) pueden ganar menos que los trabajadores nativos con calificación equivalente, aunque estos niveles de remuneración probablemente serán más altos que los que obtendrían en sus países de origen. En cierta medida, el inmigrante que considera su ingreso relativo tiene dos referentes: el del nativo del país receptor y el del nacional o compatriota del país de origen. También la precariedad del estatus legal de muchos inmigrantes afecta su grado de estabilidad en el empleo y sus derechos laborales y políticos en los países de destino.
Las economías de origen y destino experimentan varios efectos asociados a la migración internacional. Los países receptores o de destino se benefician de la inmigración a través del efecto de moderación de los costos laborales y de los precios de bienes y servicios que se asocia al aumento de la oferta laboral provista por los inmigrantes. Las empresas y los consumidores generalmente ganan con la inmigración en los países receptores. También, en el caso de inmigrantes altamente calificados, científicos y empresarios, se recibe gente con capital humano, conocimientos e impulso innovador y productivo. Sin embargo, la inmigración también encuentra resistencias en los países receptores porque esta población se percibe como una que busca quitar puestos de trabajo a los nacionales, aunque es claro que muchos trabajos (de menor calificación requerida) ya no desean realizarlos los nativos. Otra objeción es que los inmigrantes y sus familias usan servicios públicos (educación, salud, transporte), con la consiguiente carga fiscal para el país receptor; no obstante, muchos inmigrantes pagan impuestos y generan, directa o indirectamente, recursos para el fisco de los países de destino.
El economista George Borjas realizó un estudio sobre el efecto de la migración internacional (proveniente de distintos países del mundo y no sólo de Latinoamérica) sobre los mercados laborales de Estados Unidos. En este estudio se encuentra una disminución de 3.2% del salario real por hora asociado a un aumento del empleo total de fuerza de trabajo masculina de 11%, debido a la inmigración total hacia Estados Unidos que tuvo lugar entre 1980 y 2000. Este efecto de la migración sobre el salario real en el país de destino depende crucialmente del nivel educativo del inmigrante: la reducción salarial asociada a la migración es más alta para los trabajadores nativos sin educación secundaria completa; en cambio, para trabajadores con alguna educación terciaria, el salario real prácticamente no se afecta.
En los países de origen, los efectos de la emigración y la inmigración son de variada naturaleza: un país puede verse afectado en su capacidad productiva, en la estabilidad de su clase media y en su recaudación fiscal si una proporción significativa de profesionales calificados, de científicos o de personal del sector de la salud emigra, como ocurre en el Caribe, principalmente. La emigración de empresarios es preocupante, ya que éstos son agentes de creación de riqueza y de empleos. Sin embargo, en la medida que las condiciones internas sean favorables, estas personas retornarán a sus países o mantendrán contactos económicos con ellos, lo que incluso puede traer beneficios al país de origen por medio de la transferencia de conocimientos, de tecnologías y de capital fresco. Un beneficio adicional de la migración para los países de origen es la recepción de remesas enviadas por los emigrantes. Aparte del crecimiento vertiginoso que han experimentado -- del que ya se ha hecho mención -- estos flujos constituyen una fuente adicional de ingresos para las familias receptoras y ayudan a financiar gastos de consumo, educación, salud y vivienda. Un inmigrante latinoamericano en Estados Unidos envía a su país de origen entre 200 y 300 dólares mensuales (cifra por encima del salario mínimo mensual en algunas economías latinoamericanas). En términos de montos absolutos, los principales países receptores de remesas son México, Brasil y Colombia, pero, en términos relativos (como proporción del PIB o de la población), entre los receptores de remesas más importantes se encuentran Haití, Jamaica, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y otros. Desde el punto de vista macroeconómico, las remesas fortalecen las balanzas de pagos de los países receptores, y son un complemento al ahorro nacional y una fuente de financiamiento de la inversión, generalmente para proyectos de escala pequeña. Sin embargo, los países que reciben una alta proporción de sus ingresos externos por concepto de remesas pueden ver apreciado su tipo de cambio real. Además, está el riesgo de caer en una "cultura de la dependencia" de las remesas, en la que "exportando gente" se busca financiar el desarrollo interno.
Reflexiones finales
En general, las personas migran al extranjero en busca de mejores oportunidades económicas para ellos, mejor educación y salud para sus hijos, y una mayor capacidad de ahorro para el futuro. Esto refleja que las economías de origen no son capaces de ofrecer los empleos de calidad y bien pagados que se necesitan, y las personas buscan estas oportunidades en otros países. En el último cuarto de siglo, a pesar de las reformas económicas adoptadas, el ritmo de crecimiento económico de América Latina y el Caribe, salvo algunas excepciones y más allá de las bonanzas cíclicas, no permitió cerrar las brechas de desarrollo existentes con países más avanzados. El aumento de la migración intrarregional también indica diferencias significativas en los niveles de vida y las oportunidades entre países de la región. Además de la tradicional atracción de Estados Unidos por su mayor nivel de vida y de oportunidades, en la última década irrumpió con fuerza España como destino importante de la migración latinoamericana, debido a su prosperidad económica y a su cercanía histórica y cultural con América Latina. Lamentablemente, las presiones antiinmigración en estos países dificultan el proceso de reasignación internacional de personas.
Una agenda de política pública con respecto a la migración debe considerar una responsabilidad compartida entre países de origen y destino. Los primeros deben ofrecer a sus ciudadanos condiciones económicas, sociales y políticas atractivas para reducir las presiones económicas que motivan la emigración. Por su parte, los países receptores de inmigrantes, ya sea en el norte o en el sur, deben reconocer el aporte económico y social que hacen los inmigrantes y mantener políticas migratorias abiertas, garantizar los derechos legales de los inmigrantes, ampliar la protección social y fomentar su integración a la sociedad que los recibe. Éste es un imperativo para lograr una globalización genuina y más equitativa en la que no sólo los bienes y el capital sean libres de moverse a través de las fronteras nacionales, sino también las personas.
En años recientes, el tema de las migraciones internacionales y las remesas de los migrantes ha venido a ocupar un lugar de preeminencia en la agenda de política pública en América Latina y el Caribe. A pesar de las variadas restricciones a la inmigración en países receptores, la región latinoamericana es un "exportador neto" de trabajadores, profesionales y empresarios a países desarrollados; además, hay flujos migratorios cada vez mayores entre diferentes países de la región, con distintos niveles de ingreso, de oportunidades y de grado de desarrollo económico. Actualmente, hay cerca de 26 millones de latinoamericanos viviendo fuera de sus países de origen. De éstos, 22.5 millones se encuentran en países fuera de la región (migración sur-norte) y alrededor de 3.5 millones viven en otros países latinoamericanos (migración sur-sur).
Históricamente, América Latina no siempre ha sido un exportador neto de personas al resto del mundo. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo xx, varios países de América Latina (principalmente Argentina, así como Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela y México) fueron un imán para los migrantes de otras partes del mundo y, sobre todo, para personas provenientes del sur de Europa, principalmente españoles e italianos, amén de aquellos provenientes del este y del norte de Europa. Entonces, el movimiento de personas se complementaba con los flujos de capital hacia la región, e Inglaterra era la fuente más importante de recursos financieros externos. Así, capital y trabajo se movían del norte al sur.
Esta realidad contrasta con las últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI en varios países de América Latina (incluida, por cierto, Argentina), período en el que la conjunción de crisis económicas recurrentes, la inestabilidad política y la reversión de las brechas de desarrollo que alguna vez fueron favorables para algunos países de Latinoamérica hacían que las personas y el capital intentaran dejar la región. Sin embargo, desde 2003, la región ha acelerado su ritmo de crecimiento económico -- impulsado, en parte, por los altos precios de los productos básicos y de los bienes agrícolas primarios -- , lo que puede moderar, si se mantiene esta tendencia, los incentivos para emigrar. Lo anterior depende, en gran medida, de que la región pueda embarcarse en una senda de desarrollo sostenido que cree buenas oportunidades para todos sus ciudadanos, invirtiendo los excedentes de la bonanza económica actual en la formación y en la modernización de su capital humano y de su capital físico, así como en la renovación de las instituciones y la reducción de la pobreza y de la desigualdad para enfrentar los nuevos desafíos del desarrollo, la competitividad y la globalización.
La aceleración de la migración internacional desde América Latina observada en los últimos 25 años -- un fenómeno también global en el mismo período -- coincide con un ritmo de crecimiento económico de la región apenas moderado y claramente volátil. Como consecuencia de esto, muchos países vieron aumentar sus brechas de desarrollo. En algunos países, sin embargo, éstas se redujeron, como en el caso de Chile, que experimentó una aceleración más sostenida del crecimiento económico en este período. Las brechas de desarrollo, las oportunidades económicas y las diferencias de salarios reales entre distintos países crean poderosos incentivos para la migración internacional, tanto del sur al norte (en este caso, por la diferencia entre el ingreso promedio por habitante de la región y el de países como Estados Unidos, España, Canadá y otros que son destinos preferentes para los emigrantes latinoamericanos) como dentro del mismo sur, aunque en estos flujos también influye la cercanía geográfica (las fronteras comunes), cultural y lingüística entre el país de origen y el de destino.
La situación social de América Latina también crea incentivos para que las personas emigren en busca de mejores ingresos y oportunidades laborales en el extranjero. En efecto, la proporción de personas bajo la línea de pobreza es cercana al 37% de la población total (más de 200 millones de personas). Además, la región latinoamericana sigue siendo un continente de alta desigualdad en la distribución del ingreso. Un indicador, como el coeficiente de Gini (va del cero al uno, y mientras más cercano esté al uno implica más desigualdad), excede el valor de 0.5 en varios países de la región (el promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] es cercano a 0.35). En el mercado laboral, la situación de desempleo crónico, subempleo e informalidad, que históricamente ha caracterizado a América Latina, no se revirtió en lo fundamental en los últimos 25 años.
Así, en general, la migración latinoamericana refleja una combinación de "presiones de salida" por condiciones internas de un esquivo desarrollo económico y social en muchas economías de la región, y de condiciones internacionales más favorables al movimiento de capital, de bienes y de personas en un mundo más interconectado y con menores costos de información y de transporte. También, las significativas desigualdades globales (en salarios reales y en niveles de desarrollo) entre los países que se observan en la actualidad inducen a la migración internacional hacia los países más ricos y prósperos.
A pesar del costo humano de dejar los países de origen por falta de oportunidades económicas y de enfrentarse a condiciones inicialmente difíciles de tipo migratorio y de inserción en los países de destino, las migraciones generan varios beneficios: brindan oportunidades de mejoramiento económico para los inmigrantes y sus familias, lo que ha llevado a un aumento significativo de los flujos de remesas para la región, que en la actualidad superan los 60 000 millones de dólares anualmente. La migración puede dar un impulso al capital humano de la región, pues éste se ha vuelto internacionalmente más móvil y expuesto a otras realidades más competitivas y desarrolladas. De esto se beneficiarán los países de origen con la inmigración de retorno y el contacto de los migrantes (profesionales, empresarios en el extranjero, trabajadores) con sus países de origen. Por otra parte, también hay tendencias preocupantes, como las emigraciones de profesionales, en especial del sector salud, que en el caso de algunas economías del Caribe alcanza proporciones muy altas. También preocupan las tendencias antiinmigración en países desarrollados, las que son poco compatibles con un orden económico global genuinamente abierto y libre.
Antecedentes históricos
Durante la "primera ola de la globalización" -- que los historiadores económicos sitúan entre c 1870 y 1913 -- el ingreso per cápita promedio de los países del sur y norte de Europa, la "periferia" de esa región (Italia, España, Portugal, Noruega y Suecia), era levemente superior al promedio de las principales economías de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela). Sin embargo, Argentina, Chile y Uruguay registraban los ingresos por habitante más altos y éstos superaban, en 1913, a los de Italia, España y Portugal, principales países fuente de inmigrantes a estos países del sur (Cuadro 1). En contraste, los países más ricos del "nuevo mundo", como Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Estados Unidos, tenían, en 1913, un ingreso por habitante que era más del doble del ingreso de los habitantes de la periferia europea, lo que naturalmente atrajo a muchos inmigrantes de esa región hacia los países ricos. Así, la primera ola de la globalización de fines del siglo XIX se caracterizó no sólo por flujos de comercio y de capital cada vez mayores, sino también por movimientos masivos de personas entre el "viejo mundo" (Europa) y el "nuevo mundo" (Norteamérica, Sudamérica y Australia). Es interesante notar que, a mediados del siglo XX, las brechas de ingreso per cápita aún seguían siendo favorables a países como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, cuyo ingreso per cápita excedía al de Italia y España; además, Venezuela, en 1950, tenía un ingreso por habitante superior al de Suecia (Cuadro 1). Esta situación cambió en la segunda mitad del siglo XX y, en especial, a partir de la década de 1970, cuando el ingreso per cápita de España y de Italia, principales países de origen de los inmigrantes europeos que llegaban a Sudamérica, superaba ya al de Argentina, el país más rico de América Latina. Como consecuencia de lo anterior, los incentivos económicos para emigrar en escalas significativas desde Europa hacia la región latinoamericana prácticamente desaparecieron. Por el contrario, España e Italia se convirtieron en prósperas economías integradas al resto de Europa, para luego transformarse, en las décadas de 1990 y principios de la de 2000, en países de destino de emigrantes de América Latina, en especial, de argentinos, ecuatorianos, colombianos y de otros países afectados por crisis económicas y políticas recurrentes.
Características recientes de la migración latinoamericana y del caribe
A comienzos de la primera década de este siglo, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe tenía más emigrantes (aproximadamente 3.8% de la población) que inmigrantes (1% de la población). Los países latinoamericanos con un alto stock de emigración son El Salvador (cerca del 15% de su población), seguido por Nicaragua, México y República Dominicana, con niveles de emigración cercanos al 10% de su población. En contraste, los países de inmigración neta positiva (mayor proporción de inmigrantes que emigrantes) son Costa Rica, Venezuela y Argentina. Se observan flujos de migración intrarregional cada vez mayores desde Perú y Ecuador hacia Chile, de Bolivia y Paraguay a Argentina, de Haití a República Dominicana, de Nicaragua a Costa Rica, y de varios países centroamericanos a México.
En el Caribe, la tasa promedio de emigración de los cinco países con mayor proporción de emigrantes alcanza el 39.5% de la población, cifra muy superior a la de los cinco países que tienen más población emigrada en América Latina. Los principales países de destino extrarregional de los emigrantes de América Latina y del Caribe son Estados Unidos, España, Canadá y el Reino Unido (Gráfico 1).
México es el principal país fuente de emigrantes latinoamericanos a Estados Unidos y representa la mayor proporción de los extranjeros residentes en este país, una tendencia que, además, ha aumentado con el tiempo. España, desde la segunda mitad de la década de los noventa, ha sido un receptor de cada vez más inmigrantes de América Latina, en particular personas provenientes de países que sufrieron turbulencias económicas y financieras a fines de esa década e inicios de los 2000 (Ecuador, Argentina, Colombia).
La evidencia empírica muestra que los emigrantes de América Latina comparten tres características sociodemográficas principales: i) una elevada participación de la emigración femenina; ii) la concentración de los flujos migratorios en las edades laboralmente más productivas de los inmigrantes y emigrantes; y iii) el mayor nivel de escolaridad que ostentan los emigrantes respecto de sus compatriotas que no emigran.
De acuerdo con estudios recientes, la migración femenina es un fenómeno que ha venido en aumento en los últimos años e incluso, en varios países, ha llegado a superar numéricamente la migración masculina. En referencia a la edad de los emigrantes en los países de destino, se tiene que, en general, el rango con mayor frecuencia relativa va desde los 20 hasta los 50 años, es decir, los emigrantes en edad de trabajar son los que van a aumentar la fuerza de trabajo de los países receptores.
El nivel educacional de los migrantes es una variable importante, ya que denota el capital humano de las personas provenientes de América Latina y el Caribe. El Cuadro 2 muestra las tasas de emigración de personas con educación terciaria (como porcentaje de la fuerza de trabajo correspondiente) desde "las Américas" (Norte, Centro, Caribe y Sur) hacia los países de la OCDE. La evidencia muestra (segunda columna del cuadro) que las tasas de emigración de personas con educación terciaria más alta se encuentran en el Caribe (43%), seguida por la emigración desde Centroamérica (17%) y Sudamérica (5%). La emigración calificada adquiere niveles muy altos en varias economías del Caribe, con tasas de emigración de personas con educación terciaria en el rango de entre 60% y 90%, seguidas por Venezuela (ver Cuadro 3). La participación de los trabajadores calificados (con educación terciaria), con respecto a los residentes y al stock de migrantes, es más alta para Sudamérica y Norteamérica, sugiriendo que (relativamente) los emigrantes de estos países son de un nivel educativo más alto, con respecto a los nativos de su país de origen y a los inmigrantes en el país de destino.
Si se analiza a los países en lo individual, se observan diferencias notorias entre los años promedio de educación de los emigrantes respecto de sus compatriotas que no emigran, así como entre los inmigrantes y los nacionales en los países de destino. Para Argentina, se observa que alrededor del 80% de sus emigrantes radicados en Estados Unidos tiene estudios secundarios, mientras que el mismo porcentaje de emigrantes argentinos tiene estudios superiores completos en España. En Chile, por su parte, el 71% de los que emigran tiene, cuando mucho, estudios secundarios y el 24% posee educación técnica, universitaria o de posgrado. La emigración mexicana es, en general, de menor nivel de educación relativo, pero la del Caribe tiene, generalmente, estudios universitarios. En Ecuador, mientras que el 80% de los radicados en Estados Unidos tiene, a lo sumo, educación secundaria, el 65% de los ecuatorianos residentes en Chile tiene título universitario. En contraste, los emigrantes ecuatorianos a España, Italia y Venezuela tienen menores niveles educacionales. En República Dominicana, también se reporta una salida de personas con un nivel de educación más alto que los nacionales que no emigran.
Sin embargo, a pesar de que se aprecia cierta predominancia de emigrantes calificados con educación terciaria en los países desarrollados, América Latina no es una fuente importante de profesionales en los mercados internacionales de trabajo en sectores de tecnologías de la información, lo que evidencia el rezago de recursos humanos de la región en esta importante área estratégica. En efecto, el Cuadro 4 muestra que América del Sur recibe sólo un pequeño porcentaje (cerca de 6.5%) del total de las visas H-1B otorgadas por Estados Unidos (en 2002) a profesionales y a personal especializado proveniente de otros países. En contraste, Asia recibe el 65% de estas visas H-1B. Esta diferencia se hace aún más acentuada en las visas para profesionales y expertos en el sector de tecnologías de la información y en ciencias de la computación en el que América Latina sólo obtiene el 2% de estas visas (frente a 83% para profesionales provenientes de Asia).
Beneficios y dilemas de la migración
La evidencia indica que los emigrantes, generalmente, ganan económicamente al trasladarse a países cuyos salarios, productividad e ingreso per cápita son superiores a los que se encuentran en los países de origen. De hecho, ésta es una motivación fundamental de la migración internacional. Sin embargo, estos efectos positivos se moderan si se considera que muchas veces los inmigrantes (en especial aquéllos con un menor nivel de calificación) pueden ganar menos que los trabajadores nativos con calificación equivalente, aunque estos niveles de remuneración probablemente serán más altos que los que obtendrían en sus países de origen. En cierta medida, el inmigrante que considera su ingreso relativo tiene dos referentes: el del nativo del país receptor y el del nacional o compatriota del país de origen. También la precariedad del estatus legal de muchos inmigrantes afecta su grado de estabilidad en el empleo y sus derechos laborales y políticos en los países de destino.
Las economías de origen y destino experimentan varios efectos asociados a la migración internacional. Los países receptores o de destino se benefician de la inmigración a través del efecto de moderación de los costos laborales y de los precios de bienes y servicios que se asocia al aumento de la oferta laboral provista por los inmigrantes. Las empresas y los consumidores generalmente ganan con la inmigración en los países receptores. También, en el caso de inmigrantes altamente calificados, científicos y empresarios, se recibe gente con capital humano, conocimientos e impulso innovador y productivo. Sin embargo, la inmigración también encuentra resistencias en los países receptores porque esta población se percibe como una que busca quitar puestos de trabajo a los nacionales, aunque es claro que muchos trabajos (de menor calificación requerida) ya no desean realizarlos los nativos. Otra objeción es que los inmigrantes y sus familias usan servicios públicos (educación, salud, transporte), con la consiguiente carga fiscal para el país receptor; no obstante, muchos inmigrantes pagan impuestos y generan, directa o indirectamente, recursos para el fisco de los países de destino.
El economista George Borjas realizó un estudio sobre el efecto de la migración internacional (proveniente de distintos países del mundo y no sólo de Latinoamérica) sobre los mercados laborales de Estados Unidos. En este estudio se encuentra una disminución de 3.2% del salario real por hora asociado a un aumento del empleo total de fuerza de trabajo masculina de 11%, debido a la inmigración total hacia Estados Unidos que tuvo lugar entre 1980 y 2000. Este efecto de la migración sobre el salario real en el país de destino depende crucialmente del nivel educativo del inmigrante: la reducción salarial asociada a la migración es más alta para los trabajadores nativos sin educación secundaria completa; en cambio, para trabajadores con alguna educación terciaria, el salario real prácticamente no se afecta.
En los países de origen, los efectos de la emigración y la inmigración son de variada naturaleza: un país puede verse afectado en su capacidad productiva, en la estabilidad de su clase media y en su recaudación fiscal si una proporción significativa de profesionales calificados, de científicos o de personal del sector de la salud emigra, como ocurre en el Caribe, principalmente. La emigración de empresarios es preocupante, ya que éstos son agentes de creación de riqueza y de empleos. Sin embargo, en la medida que las condiciones internas sean favorables, estas personas retornarán a sus países o mantendrán contactos económicos con ellos, lo que incluso puede traer beneficios al país de origen por medio de la transferencia de conocimientos, de tecnologías y de capital fresco. Un beneficio adicional de la migración para los países de origen es la recepción de remesas enviadas por los emigrantes. Aparte del crecimiento vertiginoso que han experimentado -- del que ya se ha hecho mención -- estos flujos constituyen una fuente adicional de ingresos para las familias receptoras y ayudan a financiar gastos de consumo, educación, salud y vivienda. Un inmigrante latinoamericano en Estados Unidos envía a su país de origen entre 200 y 300 dólares mensuales (cifra por encima del salario mínimo mensual en algunas economías latinoamericanas). En términos de montos absolutos, los principales países receptores de remesas son México, Brasil y Colombia, pero, en términos relativos (como proporción del PIB o de la población), entre los receptores de remesas más importantes se encuentran Haití, Jamaica, Nicaragua, El Salvador, Ecuador y otros. Desde el punto de vista macroeconómico, las remesas fortalecen las balanzas de pagos de los países receptores, y son un complemento al ahorro nacional y una fuente de financiamiento de la inversión, generalmente para proyectos de escala pequeña. Sin embargo, los países que reciben una alta proporción de sus ingresos externos por concepto de remesas pueden ver apreciado su tipo de cambio real. Además, está el riesgo de caer en una "cultura de la dependencia" de las remesas, en la que "exportando gente" se busca financiar el desarrollo interno.
Reflexiones finales
En general, las personas migran al extranjero en busca de mejores oportunidades económicas para ellos, mejor educación y salud para sus hijos, y una mayor capacidad de ahorro para el futuro. Esto refleja que las economías de origen no son capaces de ofrecer los empleos de calidad y bien pagados que se necesitan, y las personas buscan estas oportunidades en otros países. En el último cuarto de siglo, a pesar de las reformas económicas adoptadas, el ritmo de crecimiento económico de América Latina y el Caribe, salvo algunas excepciones y más allá de las bonanzas cíclicas, no permitió cerrar las brechas de desarrollo existentes con países más avanzados. El aumento de la migración intrarregional también indica diferencias significativas en los niveles de vida y las oportunidades entre países de la región. Además de la tradicional atracción de Estados Unidos por su mayor nivel de vida y de oportunidades, en la última década irrumpió con fuerza España como destino importante de la migración latinoamericana, debido a su prosperidad económica y a su cercanía histórica y cultural con América Latina. Lamentablemente, las presiones antiinmigración en estos países dificultan el proceso de reasignación internacional de personas.
Una agenda de política pública con respecto a la migración debe considerar una responsabilidad compartida entre países de origen y destino. Los primeros deben ofrecer a sus ciudadanos condiciones económicas, sociales y políticas atractivas para reducir las presiones económicas que motivan la emigración. Por su parte, los países receptores de inmigrantes, ya sea en el norte o en el sur, deben reconocer el aporte económico y social que hacen los inmigrantes y mantener políticas migratorias abiertas, garantizar los derechos legales de los inmigrantes, ampliar la protección social y fomentar su integración a la sociedad que los recibe. Éste es un imperativo para lograr una globalización genuina y más equitativa en la que no sólo los bienes y el capital sean libres de moverse a través de las fronteras nacionales, sino también las personas.
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