Juan Pablo Toro
En los últimos cinco años, los homicidios, secuestros y atentados en Colombia han experimentado un descenso notable en la medida en que las autoridades van alcanzando un mejor control territorial del país, situación que se explica en parte por el aumento sustancial del tamaño de las fuerzas de seguridad y la multimillonaria ayuda militar recibida de Estados Unidos. Los resultados patentes de estos logros son la recuperación cada vez mayor del espacio público para los ciudadanos, el regreso de los inversionistas extranjeros atraídos por las mejores condiciones de seguridad para hacer negocios y el despegue de la economía. Más aún, hoy, ciudades como Bogotá y Medellín se estudian en América Latina como ejemplos de que sí es posible doblegar a la delincuencia cuando las autoridades y la comunidad se deciden a sumar esfuerzos.
Sin embargo, transitar el camino para alcanzar estas mejoras no fue fácil, sobre todo en un país que sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y que arrastra un cruento conflicto armado de más de cuatro décadas. Las batallas libradas han sido arduas y los sacrificios enormes para miles de personas que quieren vivir en paz y tranquilidad. Por eso, cabe preguntarse cómo fue posible que este país andino superara lo que hasta hace tiempo parecía un destino más bien funesto y, en cambio, empezara a dar muestras de una enorme capacidad de recuperación que hoy empieza a observarse con lupa en países de la región sumergidos en olas de violencia criminal.
Éste es el caso de México, que con un producto interno bruto ocho veces mayor que el de Colombia y con 2.5 veces más población es en la actualidad escenario de una intensa disputa entre bandas del crimen organizado por el control de las rutas del tráfico de drogas y el emergente mercado del "narcomenudeo", que se manifiesta con asesinatos, secuestros y decapitaciones. Las cifras rojas han escalado a niveles tan preocupantes que un periódico de circulación nacional se ha dedicado a llevar un conteo de las víctimas de esta violencia, que habrían sumado más de 2000 en 2006. Para intentar revertir este grave panorama, el presidente Felipe Calderón ya ordenó una ofensiva frontal con el despliegue de miles de militares y policías en zonas donde la delincuencia está más desbocada. Pero los resultados definitivos de esta estrategia, aparte de la captura de uno que otro capo importante y el decomiso de abultados cargamentos de cocaína, aún están por verse cuando se cumple un año de las operaciones masivas.
Quizás ya viene siendo hora de extraer lecciones útiles de Colombia para México, que nacen tanto de medidas concretas como de la lectura que hacen los dirigentes de las prioridades del país en medio de situaciones donde los recursos no son abundantes y donde implantar ciertas políticas no será siempre algo popular. Estas lecciones serían: la seguridad es prioritaria; el control territorial debe buscar cerrar los santuarios de impunidad que permiten la proliferación de las mafias, y cultivar una buena relación de cooperación con Estados Unidos ayuda.
La comparación resulta más que pertinente ahora, justo cuando el presidente George W. Bush ha solicitado 500 millones de dólares al Congreso de Estados Unidos para ayudar a México en su lucha contra el crimen organizado, en la llamada "Iniciativa Mérida". Dicha propuesta ha traído a la memoria el Plan Colombia, aunque éste sea una estrategia de combate al narcotráfico y las guerrillas mucho más compleja, por los factores que se atacan militarmente y el monto de la asistencia que desde 2000 ya suma unos 5,000 millones de dólares.
Claro que, antes de entrar en detalles, sería conveniente precisar que no se está afirmando de ningún modo que México se encuentre a las puertas de una "colombianización" -- término de por sí ambiguo -- , por la sencilla razón de que las instituciones y las normas de comportamiento en cada país reflejan su propia idiosincrasia. También existe la variable no menor del conflicto armado en Colombia. En lo que sí empatan las situaciones de ambos países es en la presencia en uno u otro momento de organizaciones ilegales que han pretendido alcanzar un tipo de dominio territorial relativo al disputarle al Estado parte del monopolio de la violencia en zonas donde funciona un tenue imperio de la ley.
Primero la seguridad
Si algo define al gobierno del mandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-a la fecha) es el hecho de que en su presidencia el tema de la recuperación de la seguridad se convirtió en la prioridad o, mejor dicho, en el prerrequisito para el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades civiles, así como la garantía para la atracción de inversiones extranjeras. Esta doctrina se conoce hoy como la Política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo general radica en "reforzar y garantizar el estado de derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática".
En su aplicación, la Política de Seguridad Democrática ha contemplado medidas como el aumento del pie de fuerza pública hasta la creación de unidades especializadas en el combate urbano o en el control de corredores de montaña, por mencionar algunas. Como botón de muestra se puede mencionar el caso de la policía nacional que, según estadísticas del Ministerio de Defensa, pasó de contar con unos 97,300 efectivos en julio de 2002 a 132,800 en marzo de 2007, en un aumento de más de 36 por ciento.
Otra decisión mucho más novedosa y menos obvia en la lucha por recuperar la seguridad fue la creación del impuesto de emergencia por una sola vez para los sectores más pudientes, a quienes de este modo se les pidió su contribución en el esfuerzo nacional de reclutar más policías y soldados. Es cierto que crear impuestos nunca significará una medida popular, pero los sectores más ricos tienen su parte en el tema y no se pueden conformar con comprar seguridad privada.
También se actualizó la ley que permite al Estado expropiar los bienes obtenidos por medios ilícitos a sus propietarios y a su entorno. En vez de los engorrosos procesos judiciales de antaño, ahora basta que se compruebe la existencia de un patrimonio cuya fuente o consolidación no pueda explicarse para que se inicie un proceso de expropiación sumario, donde el interesado sólo tiene un par de meses para presentarse ante las autoridades. Como eso no suele suceder, entonces se entiende que se abandonaron los bienes a favor del Estado. Esta nueva ley de extinción de dominio ha permitido decomisar millones de dólares en efectivo, propiedades y vehículos; luego conviene preguntarse si su administración ha resultado del todo eficaz. No obstante, el supuesto en que se funda esta medida es que empobrecer al narcotráfico es un objetivo básico de la lucha, algo más que recomendable en México, donde un magistrado del Tribunal Agrario ha denunciado que 30% del suelo cultivable parece estar en manos de narcotraficantes.
Otras medidas en la misma línea fueron crear una red de informantes y realizar capturas masivas en zonas de alta presencia de grupos armados de la ley. En ambos casos, la falta de transparencia e información de inteligencia hicieron que esos mecanismos terminaran desprestigiados.
Asimismo, el presidente colombiano no cesa de pedir diariamente esfuerzos a la población y a la fuerza pública en la lucha por recuperar la seguridad. Y justo por esto sus detractores lo acusan de encontrarse demasiado enfocado en el tema, dejando de lado otros problemas como el desempleo. Pero los niveles de popularidad sostenidos en el tiempo mayores de 65% -- inéditos en la historia reciente de Colombia -- y una reelección ganada parecen decir que la política sí puede detonar un cambio.
A diferencia de Uribe, que llegó al poder con un amplio respaldo para tomar cartas en el asunto de la seguridad, Calderón alcanzó la jefatura de Estado tras ganar una elección muy reñida, aunque eso no significó un obstáculo para que sus primeras medidas de gobierno fueran enviar miles de uniformados a las zonas más afectadas por la violencia y extraditar a un grupo importante de acusados a Estados Unidos. También en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que sirve de bitácora de los gobiernos mexicanos, la seguridad nacional se relacionó directamente con la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico.
El número de policías también se ha identificado como un tema crucial en México (véase Contra el crimen. ¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan?, García Luna, 2006), pero el asunto se vuelve un poco más complejo. Aún quedan por definirse asuntos como el tipo de estructura de policía que se requiere y el diseño de mecanismos de control interno. Hasta ahora el gobierno de Calderón ha dado muestras de querer potenciar los cuerpos federales. Todas estas decisiones sin duda han dado una señal de autoridad del gobierno mexicano, pero todavía se echan de menos medidas complementarias como las que han dado resultado en Colombia.
Control territorial
En el caso de Colombia, la estrategia de recuperación territorial comenzó en zonas de violencia extrema y donde había infiltración en las estructuras del poder político local, ya fuera por cooptación o coerción. Para ello se enviaron contingentes de policía a ocupar poblados donde no tenía presencia la fuerza pública y se destinaron más agentes a los lugares que presentaban mayores riesgos. Además, se reforzaron las instalaciones policiales para resistir ataques de las guerrillas y se amplió la flota de helicópteros para ganar movilidad.
También se prosiguió con el desmantelamiento de las grandes organizaciones criminales, algo en que el Estado colombiano ha resultado bastante exitoso -- desde el cártel de Medellín al cártel del Norte del Valle en la actualidad -- . Es cierto que no se han logrado eliminar todos los actores delictivos de peso, pero el hecho de atomizar la cadena de producción y distribución de droga sirvió para que las organizaciones de origen netamente criminal, y en consecuencia más pequeñas, sólo puedan tener acceso a un menor nivel de poder político y económico, muy distinto de lo que sucedía en décadas pasadas. Conviene recordar que en Colombia, entre mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa, los cárteles de la droga -- con Pablo Escobar a la cabeza -- lanzaron una guerra contra el Estado nacional en rechazo a la política de extradiciones hacia Estados Unidos, que incluyó atentados con explosivos en centros comerciales y asesinatos de ministros, jueces, periodistas y policías.
En el caso de México, a partir de que Estados Unidos cerró el corredor del Caribe en la década de los años ochenta, los cárteles locales lograron desarrollar un enorme poder económico criminal en la medida en que asumieron las principales rutas del trasiego de cocaína procedente de Colombia. Pero en vez de lanzarse a luchar contra el Estado nacional, su objetivo fueron los gobiernos locales, donde al parecer es más factible y efectivo hacerse de cierto dominio territorial a través de la penetración y el desafío a los cuerpos de policías municipales dispersos por todo el país.
Una estrategia de recuperación territorial, fundamental hoy para México, tendría que apuntar a romper las dinámicas criminales que operan en esos espacios locales donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. En principio, podría pensarse en el envío temporal de fuerzas no procedentes de las mismas zonas para evitar su contaminación con esas dinámicas. Así puede entenderse la decisión de crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal con 1800 efectivos destinados a respaldar a gobiernos estatales y municipales en la restauración del orden. Pero el dilema reside en lo que viene después y cómo consolidar los avances de seguridad. Entonces, el tema de la presencia definitiva se vuelve decisivo.
La relación con Estados Unidos
Mucho se hablado del Plan Colombia en México, pero la mayor parte de las veces para advertir sobre los riesgos de militarizar las relaciones con Estados Unidos y de lo que algunos consideran como un fracaso a la hora de detener el flujo de drogas, como si de eso se tratara todo. Esta iniciativa, que surgió durante el gobierno de Andrés Pastrana en Colombia (1998-2002), en efecto era mucho más ambiciosa y tenía como propósito acabar con las posibles causas de la violencia y generar las condiciones para la consolidación de la paz.
Pero el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico convenció al gobierno de Bill Clinton entonces en el poder y al Congreso de Estados Unidos de realizar el desembolso inicial de 1,300 millones de dólares en 2000-2001, de los que casi 1,000 fueron para financiar los esfuerzos antidrogas en el sur de Colombia, potenciar a la policía nacional y mejorar los programas de interceptación de cargamentos de cocaína. En términos materiales, esto significó la entrega a las fuerzas armadas y de policía de decenas de helicópteros, la instalación de nuevos radares y la llegada de instructores militares estadounidenses, quienes comenzaron a adiestrar en tácticas avanzadas de combate y asalto a tres batallones antinarcóticos del ejército con unos 2,250 hombres. Desde entonces, la cooperación de Estados Unidos prosigue, aunque en menor escala.
Existen varias maneras de evaluar los resultados del Plan Colombia. Una, la del vaso medio lleno, que apuntaría a incautaciones de cocaína, destrucción de laboratorios y extradiciones. En este punto los resultados pueden ser impresionantes si se toma, por ejemplo, el decomiso récord total de 170 toneladas del alcaloide en todo 2005. La otra forma de evaluar el plan, la del vaso medio vacío, sería por su impacto en la producción y siembra de cultivos. Un informe de la Casa Blanca de junio de 2007, por ejemplo, indicó que el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de coca fue de unas 157,200 en 2006, cerca de 13,000 más que en 2005. La Organización de las Naciones Unidas, por el contrario, sostiene que las hectáreas existentes en diciembre de 2006 tras las campañas de erradicación ascendían a 78,000, 8% menos que en 2005.
Ahora bien, si se quisiera una visión global podría afirmarse que de forma coincidente con el Plan Colombia este país se ha vuelto más seguro. Hoy, gracias a la ayuda de Estados Unidos, hay tropas mejor adiestradas, más equipos para movilizarlas y una mayor vigilancia electrónica. Claro que los problemas subsisten en Colombia y no son pocos, pero la asistencia recibida ha sido útil para realizar cambios. Actualmente, se dice que la opción de ayuda para México no contaría con un componente militar ni agentes en el terreno, sino que se traduciría sólo en la entrega de equipos, como aviones, helicópteros, computadoras e instrumentos de detección de armas, explosivos y droga. Esta alternativa, que si bien no tiene el alcance del Plan Colombia, por lo visto podría ayudar a empezar a cambiar el curso de la marea si observamos lo que pasó en el país andino.
A la larga, hay que entender que no existen soluciones ni estándares perfectos cuando cada país se lanza a la tarea de recuperar la seguridad. ¿O alguien las tiene? Lo que existen son algunos ejemplos que vale la pena mirar, sobre todo cuando provienen de quien menos podría esperarse.
En los últimos cinco años, los homicidios, secuestros y atentados en Colombia han experimentado un descenso notable en la medida en que las autoridades van alcanzando un mejor control territorial del país, situación que se explica en parte por el aumento sustancial del tamaño de las fuerzas de seguridad y la multimillonaria ayuda militar recibida de Estados Unidos. Los resultados patentes de estos logros son la recuperación cada vez mayor del espacio público para los ciudadanos, el regreso de los inversionistas extranjeros atraídos por las mejores condiciones de seguridad para hacer negocios y el despegue de la economía. Más aún, hoy, ciudades como Bogotá y Medellín se estudian en América Latina como ejemplos de que sí es posible doblegar a la delincuencia cuando las autoridades y la comunidad se deciden a sumar esfuerzos.
Sin embargo, transitar el camino para alcanzar estas mejoras no fue fácil, sobre todo en un país que sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y que arrastra un cruento conflicto armado de más de cuatro décadas. Las batallas libradas han sido arduas y los sacrificios enormes para miles de personas que quieren vivir en paz y tranquilidad. Por eso, cabe preguntarse cómo fue posible que este país andino superara lo que hasta hace tiempo parecía un destino más bien funesto y, en cambio, empezara a dar muestras de una enorme capacidad de recuperación que hoy empieza a observarse con lupa en países de la región sumergidos en olas de violencia criminal.
Éste es el caso de México, que con un producto interno bruto ocho veces mayor que el de Colombia y con 2.5 veces más población es en la actualidad escenario de una intensa disputa entre bandas del crimen organizado por el control de las rutas del tráfico de drogas y el emergente mercado del "narcomenudeo", que se manifiesta con asesinatos, secuestros y decapitaciones. Las cifras rojas han escalado a niveles tan preocupantes que un periódico de circulación nacional se ha dedicado a llevar un conteo de las víctimas de esta violencia, que habrían sumado más de 2000 en 2006. Para intentar revertir este grave panorama, el presidente Felipe Calderón ya ordenó una ofensiva frontal con el despliegue de miles de militares y policías en zonas donde la delincuencia está más desbocada. Pero los resultados definitivos de esta estrategia, aparte de la captura de uno que otro capo importante y el decomiso de abultados cargamentos de cocaína, aún están por verse cuando se cumple un año de las operaciones masivas.
Quizás ya viene siendo hora de extraer lecciones útiles de Colombia para México, que nacen tanto de medidas concretas como de la lectura que hacen los dirigentes de las prioridades del país en medio de situaciones donde los recursos no son abundantes y donde implantar ciertas políticas no será siempre algo popular. Estas lecciones serían: la seguridad es prioritaria; el control territorial debe buscar cerrar los santuarios de impunidad que permiten la proliferación de las mafias, y cultivar una buena relación de cooperación con Estados Unidos ayuda.
La comparación resulta más que pertinente ahora, justo cuando el presidente George W. Bush ha solicitado 500 millones de dólares al Congreso de Estados Unidos para ayudar a México en su lucha contra el crimen organizado, en la llamada "Iniciativa Mérida". Dicha propuesta ha traído a la memoria el Plan Colombia, aunque éste sea una estrategia de combate al narcotráfico y las guerrillas mucho más compleja, por los factores que se atacan militarmente y el monto de la asistencia que desde 2000 ya suma unos 5,000 millones de dólares.
Claro que, antes de entrar en detalles, sería conveniente precisar que no se está afirmando de ningún modo que México se encuentre a las puertas de una "colombianización" -- término de por sí ambiguo -- , por la sencilla razón de que las instituciones y las normas de comportamiento en cada país reflejan su propia idiosincrasia. También existe la variable no menor del conflicto armado en Colombia. En lo que sí empatan las situaciones de ambos países es en la presencia en uno u otro momento de organizaciones ilegales que han pretendido alcanzar un tipo de dominio territorial relativo al disputarle al Estado parte del monopolio de la violencia en zonas donde funciona un tenue imperio de la ley.
Primero la seguridad
Si algo define al gobierno del mandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-a la fecha) es el hecho de que en su presidencia el tema de la recuperación de la seguridad se convirtió en la prioridad o, mejor dicho, en el prerrequisito para el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades civiles, así como la garantía para la atracción de inversiones extranjeras. Esta doctrina se conoce hoy como la Política de Seguridad Democrática, cuyo objetivo general radica en "reforzar y garantizar el estado de derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática".
En su aplicación, la Política de Seguridad Democrática ha contemplado medidas como el aumento del pie de fuerza pública hasta la creación de unidades especializadas en el combate urbano o en el control de corredores de montaña, por mencionar algunas. Como botón de muestra se puede mencionar el caso de la policía nacional que, según estadísticas del Ministerio de Defensa, pasó de contar con unos 97,300 efectivos en julio de 2002 a 132,800 en marzo de 2007, en un aumento de más de 36 por ciento.
Otra decisión mucho más novedosa y menos obvia en la lucha por recuperar la seguridad fue la creación del impuesto de emergencia por una sola vez para los sectores más pudientes, a quienes de este modo se les pidió su contribución en el esfuerzo nacional de reclutar más policías y soldados. Es cierto que crear impuestos nunca significará una medida popular, pero los sectores más ricos tienen su parte en el tema y no se pueden conformar con comprar seguridad privada.
También se actualizó la ley que permite al Estado expropiar los bienes obtenidos por medios ilícitos a sus propietarios y a su entorno. En vez de los engorrosos procesos judiciales de antaño, ahora basta que se compruebe la existencia de un patrimonio cuya fuente o consolidación no pueda explicarse para que se inicie un proceso de expropiación sumario, donde el interesado sólo tiene un par de meses para presentarse ante las autoridades. Como eso no suele suceder, entonces se entiende que se abandonaron los bienes a favor del Estado. Esta nueva ley de extinción de dominio ha permitido decomisar millones de dólares en efectivo, propiedades y vehículos; luego conviene preguntarse si su administración ha resultado del todo eficaz. No obstante, el supuesto en que se funda esta medida es que empobrecer al narcotráfico es un objetivo básico de la lucha, algo más que recomendable en México, donde un magistrado del Tribunal Agrario ha denunciado que 30% del suelo cultivable parece estar en manos de narcotraficantes.
Otras medidas en la misma línea fueron crear una red de informantes y realizar capturas masivas en zonas de alta presencia de grupos armados de la ley. En ambos casos, la falta de transparencia e información de inteligencia hicieron que esos mecanismos terminaran desprestigiados.
Asimismo, el presidente colombiano no cesa de pedir diariamente esfuerzos a la población y a la fuerza pública en la lucha por recuperar la seguridad. Y justo por esto sus detractores lo acusan de encontrarse demasiado enfocado en el tema, dejando de lado otros problemas como el desempleo. Pero los niveles de popularidad sostenidos en el tiempo mayores de 65% -- inéditos en la historia reciente de Colombia -- y una reelección ganada parecen decir que la política sí puede detonar un cambio.
A diferencia de Uribe, que llegó al poder con un amplio respaldo para tomar cartas en el asunto de la seguridad, Calderón alcanzó la jefatura de Estado tras ganar una elección muy reñida, aunque eso no significó un obstáculo para que sus primeras medidas de gobierno fueran enviar miles de uniformados a las zonas más afectadas por la violencia y extraditar a un grupo importante de acusados a Estados Unidos. También en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que sirve de bitácora de los gobiernos mexicanos, la seguridad nacional se relacionó directamente con la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico.
El número de policías también se ha identificado como un tema crucial en México (véase Contra el crimen. ¿Por qué 1661 corporaciones de policía no bastan?, García Luna, 2006), pero el asunto se vuelve un poco más complejo. Aún quedan por definirse asuntos como el tipo de estructura de policía que se requiere y el diseño de mecanismos de control interno. Hasta ahora el gobierno de Calderón ha dado muestras de querer potenciar los cuerpos federales. Todas estas decisiones sin duda han dado una señal de autoridad del gobierno mexicano, pero todavía se echan de menos medidas complementarias como las que han dado resultado en Colombia.
Control territorial
En el caso de Colombia, la estrategia de recuperación territorial comenzó en zonas de violencia extrema y donde había infiltración en las estructuras del poder político local, ya fuera por cooptación o coerción. Para ello se enviaron contingentes de policía a ocupar poblados donde no tenía presencia la fuerza pública y se destinaron más agentes a los lugares que presentaban mayores riesgos. Además, se reforzaron las instalaciones policiales para resistir ataques de las guerrillas y se amplió la flota de helicópteros para ganar movilidad.
También se prosiguió con el desmantelamiento de las grandes organizaciones criminales, algo en que el Estado colombiano ha resultado bastante exitoso -- desde el cártel de Medellín al cártel del Norte del Valle en la actualidad -- . Es cierto que no se han logrado eliminar todos los actores delictivos de peso, pero el hecho de atomizar la cadena de producción y distribución de droga sirvió para que las organizaciones de origen netamente criminal, y en consecuencia más pequeñas, sólo puedan tener acceso a un menor nivel de poder político y económico, muy distinto de lo que sucedía en décadas pasadas. Conviene recordar que en Colombia, entre mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa, los cárteles de la droga -- con Pablo Escobar a la cabeza -- lanzaron una guerra contra el Estado nacional en rechazo a la política de extradiciones hacia Estados Unidos, que incluyó atentados con explosivos en centros comerciales y asesinatos de ministros, jueces, periodistas y policías.
En el caso de México, a partir de que Estados Unidos cerró el corredor del Caribe en la década de los años ochenta, los cárteles locales lograron desarrollar un enorme poder económico criminal en la medida en que asumieron las principales rutas del trasiego de cocaína procedente de Colombia. Pero en vez de lanzarse a luchar contra el Estado nacional, su objetivo fueron los gobiernos locales, donde al parecer es más factible y efectivo hacerse de cierto dominio territorial a través de la penetración y el desafío a los cuerpos de policías municipales dispersos por todo el país.
Una estrategia de recuperación territorial, fundamental hoy para México, tendría que apuntar a romper las dinámicas criminales que operan en esos espacios locales donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. En principio, podría pensarse en el envío temporal de fuerzas no procedentes de las mismas zonas para evitar su contaminación con esas dinámicas. Así puede entenderse la decisión de crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal con 1800 efectivos destinados a respaldar a gobiernos estatales y municipales en la restauración del orden. Pero el dilema reside en lo que viene después y cómo consolidar los avances de seguridad. Entonces, el tema de la presencia definitiva se vuelve decisivo.
La relación con Estados Unidos
Mucho se hablado del Plan Colombia en México, pero la mayor parte de las veces para advertir sobre los riesgos de militarizar las relaciones con Estados Unidos y de lo que algunos consideran como un fracaso a la hora de detener el flujo de drogas, como si de eso se tratara todo. Esta iniciativa, que surgió durante el gobierno de Andrés Pastrana en Colombia (1998-2002), en efecto era mucho más ambiciosa y tenía como propósito acabar con las posibles causas de la violencia y generar las condiciones para la consolidación de la paz.
Pero el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico convenció al gobierno de Bill Clinton entonces en el poder y al Congreso de Estados Unidos de realizar el desembolso inicial de 1,300 millones de dólares en 2000-2001, de los que casi 1,000 fueron para financiar los esfuerzos antidrogas en el sur de Colombia, potenciar a la policía nacional y mejorar los programas de interceptación de cargamentos de cocaína. En términos materiales, esto significó la entrega a las fuerzas armadas y de policía de decenas de helicópteros, la instalación de nuevos radares y la llegada de instructores militares estadounidenses, quienes comenzaron a adiestrar en tácticas avanzadas de combate y asalto a tres batallones antinarcóticos del ejército con unos 2,250 hombres. Desde entonces, la cooperación de Estados Unidos prosigue, aunque en menor escala.
Existen varias maneras de evaluar los resultados del Plan Colombia. Una, la del vaso medio lleno, que apuntaría a incautaciones de cocaína, destrucción de laboratorios y extradiciones. En este punto los resultados pueden ser impresionantes si se toma, por ejemplo, el decomiso récord total de 170 toneladas del alcaloide en todo 2005. La otra forma de evaluar el plan, la del vaso medio vacío, sería por su impacto en la producción y siembra de cultivos. Un informe de la Casa Blanca de junio de 2007, por ejemplo, indicó que el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de coca fue de unas 157,200 en 2006, cerca de 13,000 más que en 2005. La Organización de las Naciones Unidas, por el contrario, sostiene que las hectáreas existentes en diciembre de 2006 tras las campañas de erradicación ascendían a 78,000, 8% menos que en 2005.
Ahora bien, si se quisiera una visión global podría afirmarse que de forma coincidente con el Plan Colombia este país se ha vuelto más seguro. Hoy, gracias a la ayuda de Estados Unidos, hay tropas mejor adiestradas, más equipos para movilizarlas y una mayor vigilancia electrónica. Claro que los problemas subsisten en Colombia y no son pocos, pero la asistencia recibida ha sido útil para realizar cambios. Actualmente, se dice que la opción de ayuda para México no contaría con un componente militar ni agentes en el terreno, sino que se traduciría sólo en la entrega de equipos, como aviones, helicópteros, computadoras e instrumentos de detección de armas, explosivos y droga. Esta alternativa, que si bien no tiene el alcance del Plan Colombia, por lo visto podría ayudar a empezar a cambiar el curso de la marea si observamos lo que pasó en el país andino.
A la larga, hay que entender que no existen soluciones ni estándares perfectos cuando cada país se lanza a la tarea de recuperar la seguridad. ¿O alguien las tiene? Lo que existen son algunos ejemplos que vale la pena mirar, sobre todo cuando provienen de quien menos podría esperarse.
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