HUGO CHÁVEZ Y LOS LÍMITES DE LA PETROPOLÍTICA

Paul Isbell

El último episodio de Chávez

Cuando Hugo Chávez comenzó a poner en marcha recientes cambios en la legislación energética venezolana, exigiendo a las compañías petroleras extranjeras que renegociasen las condiciones de sus contratos en los campos de petróleo ultrapesado de la Faja del Orinoco (de forma que la empresa estatal PDVSA se convirtiese en socio mayoritario), casi todas las compañías –incluyendo a Chevron, Statoil, ENI, BP y Sinopec, entre otras– aceptaron permanecer en Venezuela bajo la nueva normativa. Al parecer, decidieron que les convenía seguir involucrados en Venezuela, sobre todo dadas las condiciones de acceso restringido a las reservas de crudo en todo el mundo. En cambio, dos empresas con sede en EEUU (Exxon Mobil y ConocoPhillips) optaron por mantener su posición en defensa del principio de la inviolabilidad del “contrato”. Tras poner la cuestión en manos del International Centre for the Settlement of Investment Disputes del Banco Mundial para su arbitrio (como permitía el contrato), ExxonMobil ha llevado ahora a PDVSA también ante los tribunales de EEUU, el Reino Unido y los Países Bajos, alegando “incautación de bienes” y reclamando indemnizaciones. Por su parte, ConocoPhillips ha elegido seguir negociando discretamente con PDVSA para alcanzar una indemnización aceptable.

Cuando un tribunal británico emitió una resolución provisional favorable a Exxon a mediados de febrero, se abrió el camino para una congelación temporal de cerca de 12.000 millones de dólares en activos internacionales de PDVSA. Asimismo un dictamen de un tribunal en EEUU provocó la primera congelación real de unos 300 millones de dólares en fondos de PDVSA depositados en bancos de Nueva York. Esta medida reavivó una amenaza latente de Hugo Chávez de suspender las exportaciones de crudo a EEUU. En efecto, casi inmediatamente después de la congelación de fondos en Nueva York, Chávez ordenó a PDVSA que se detuviesen todas las entregas de petróleo a Exxon Mobil. Además amenazó con interrumpir todas las exportaciones a EEUU (casi 1,5 millones de barriles diarios, el grueso de las exportaciones totales de Venezuela –unos 2,2 millones de barriles diarios– y más de la mitad de toda la producción venezolana –cerca de 2,5 millones de barriles diarios–) si EEUU continuaba, a través de su supuesto representante, Exxon Mobil, llevando a cabo una “guerra económica” contra Venezuela. (Las cifras de producción y de exportación, procedentes de la Energy Information Agency norteamericana, son cuestionadas tanto por PDVSA, que asegura que son más altas, como por ex altos cargos de PDVSA –junto con otras fuentes internacionales independientes– que afirman que en realidad son más bajas.

Cuando comenzó este episodio de confrontación, durante la semana del 11 de febrero de 2008, el precio de los crudos de referencia (WTI y Brent) había caído a cerca de 88 dólares el barril (desde un precio record de 100 dólares pocos meses antes), principalmente debido a las noticias de crecientes existencias del crudo y productos derivados, así como nuevas previsiones sobre una caída de la demanda y las perspectivas de una desaceleración de la economía mundial. A finales de la misma semana de febrero, los precios del petróleo volvían a subir hasta los 95 dólares el barril. El 18 de febrero Chávez ofreció una aclaración parcial sobre la postura de Venezuela, alegando que no se interrumpiría el suministro de petróleo a EEUU a menos que “el imperialismo ataque a Venezuela” o lleve adelante algún tipo de agresión. Los precios, sin embargo, siguieron subiendo, alcanzando de nuevo los 100 dólares el barril el 19 de febrero, empujados al alza por nuevas preocupaciones (Nigeria, los niveles de producción de la OPEP y la depreciación del dólar estadounidense) junto con las amenazas de Chávez de restringir el mercado.

Un contexto económico y geopolítico más amplio

En los últimos años, Chávez ha dado marcha atrás en la mayoría de las reformas liberalizadoras de la llamada política de apertura que el sector energético venezolano adoptó durante la década de los 90. Cuando Chávez llegó al poder, el proceso de apertura (quizá paradójicamente) había ayudado a transformar PDVSA en una de las compañías petroleras estatales líderes y de mayor éxito de las compañías nacionales de petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) de Latinoamérica, si no de todo el mundo; sin embargo, en estos años de gobierno chavista, PDVSA se ha convertido en una de las NOC más agresivamente intervencionistas y, pese a obtener ingresos récord, sigue teniendo dificultades por mantener los niveles de inversión y producción. Mientras tanto, Petrobras, la NOC brasileña, le ha arrebatado su puesto de primera compañía de petróleo y gas de Latinoamérica.

Al principio, el cambio introducido por Chávez fue poco importante y lento, pero empezó a tomar velocidad y su dirección se hizo evidente con las secuelas de la “Gran huelga del petróleo” a finales de 2002 y principios de 2003, un impasse que llevó a una purga gubernamental del personal directivo y técnico de PDVSA, despojando a la empresa de la mitad de sus empleados y de la mayoría de sus técnicos. En los dos últimos años, la política del gobierno ha seguido en la misma dirección, en lo que se podría definir como una completa “renacionalización” del sector, parecida en su naturaleza a la que ha tenido lugar en Rusia.

En primer lugar el volumen medio de regalías e impuestos que las empresas petroleras privadas (IOC, por sus siglas en inglés) deben pagar al Estado venezolano se ha incrementado desde un 20% de los ingresos al 80% (una subida parecida se ha producido recientemente en Bolivia y Ecuador). En segundo lugar, se han endurecido y encarecido las condiciones de acceso a las reservas y la participación en la producción para las empresas privadas; en este momento, todos los proyectos requieren una participación mayoritaria a favor de PDVSA, reduciendo a las IOC a una participación como socias minoritarias en empresas mixtas. Esto ha forzado a las IOC –incluso a aquellas que ya tenían contratos en vigor– bien a renegociar los términos de su participación con PDVSA, bien a abandonar sus proyectos, como han hecho ExxonMobil y ConocoPhillips. Tercero, estas nuevas condiciones no solo se han impuesto a los proyectos petroleros convencionales; también se han extendido a los proyectos de petróleo ultrapesado de la Faja del Orinoco y a casi toda la actividad del sector petrolero.

Los precios de referencia del crudo se han multiplicado por 10 desde la llegada al poder de Chávez, lo cual ha fortalecido la economía venezolana y ha saneado las arcas del Estado. El boom del petróleo ha ayudado a Venezuela a incrementar su relación de intercambio (un 110% de 2003 a 2007) y a crecer a un ritmo anual medio superior al 10% desde 2003 (aunque la inflación también ha aumentado de forma constante hasta niveles que rondan el 20%). Para 2008, el FMI prevé una desaceleración, con un crecimiento del 6% y una inflación del 19%. Por otra parte, los ingresos del petróleo venezolano han aumentado considerablemente en los últimos cinco años, desde menos de 20.000 millones de dólares anuales en 2003 a casi 50.000 millones el año pasado. Esto implica que mientras PDVSA y el gobierno venezolano se han beneficiado de la mayor parte del aumento de los precios desde 30 dólares el barril a más de 80 dólares el barril (calculado en términos anuales medios), al menos parte de estos incrementos han ido a parar a las IOC. Esta tendencia explica en parte la razón por la que la mayoría de las empresas privadas han optado por renegociar sus condiciones y permanecer en el sector energético venezolano. En términos generales, las medidas adoptadas por Venezuela se ha mantenido paralelas a las tendencias mundiales durante esta década entre los países productores de petróleo y gas, la mayoría de los cuales han endurecido sus condiciones fiscales y de acceso sus sectores de los hidrocarburos. Incluso el Reino Unido y Canadá han puesto condiciones fiscales y de acceso más estrictas en los últimos años.

Sin embargo, el caso de Venezuela no es el de un país exportador de petróleo más que ha endurecido las condiciones para las IOC que desean participar en su sector energético, ni es el de un miembro cualquiera de la OPEP. Bajo el mandato de Chávez, Venezuela no solo ha renovado su papel como partidario vehemente de que suban los precios en el cartel de productores de hidrocarburos; también se ha convertido en líder de un pequeño subgrupo de países exportadores de energía que se han unido en un eje informal “antiimperialista” opuesto a EEUU. Chávez ha visitado recientemente Moscú y Teherán en una apuesta diplomática destinada a reunir a “Estados paria”, o en proceso de llegar a serlo, con grandes recursos energéticos en un frente político contra el “imperialismo norteamericano”. Chávez ha aludido también a acuerdos informales en nombre de PDVSA para mantener la colaboración de Gazprom, el monopolio del gas mayoritariamente en manos del Estado ruso, y NIOC, la compañía estatal National Iranian Oil Company, en proyectos de crudo pesado en la Faja del Orinoco así como en otros proyectos de gas y de hidrocarburos internacionales. Venezuela ha coqueteado también con otros Estados productores, así como con NOC de países consumidores, como China e India, e incluso con estados por los que pasan los oleoductos como Bielorrusia, aunque este esfuerzo aún no ha dado resultados concretos.

La reciente amenaza de Chávez de cortar los suministros de crudo a EEUU no es nueva. Esta amenaza se ha articulado de distintas maneras a lo largo de los años. El plan más conocido en este sentido ha sido la intención expresada desde hace tiempo por Chávez de desviar el flujo de las exportaciones que Venezuela envía a EEUU hacia el este de Asia, especialmente China. Sin embargo, este plan se enfrenta, por un lado, a una serie de barreras políticas, económicas y técnicas, y, por otro lado, no ofrece a Venezuela ningún tipo de ventaja geopolítica o económica.

Estas limitaciones estructurales al uso geopolítico serán analizadas en la siguiente sección. No obstante, el contexto general en el que Venezuela se ve obligada a operar actualmente hace muy difícil que esta estrategia tenga posibilidades de éxito duradero. Ante la situación política cada vez más difícil a la que se enfrenta el gobierno de Chávez a nivel interno, en los contextos caribeños, andinos y de la región latinoamericana en general, así como en sus relaciones internacionales, especialmente con EEUU y España, es fácil comprender por qué el gobierno venezolano podría pensar en intentar reunir una alianza “antiimperialista” más amplia entre “parias internacionales”, como Irán, o nuevos “casi parias”, como Rusia, y por qué podría pensar en utilizar el petróleo como arma política. Pero la realidad es que los contextos políticos y económicos de Venezuela tanto a nivel nacional como internacional están conspirando para convertir a estas soluciones en algo insostenible.

En primer lugar, Chávez y su gobierno se enfrentan a una situación interna cada vez más difícil. Chávez tuvo suerte mientras pudo navegar sobre las olas de lo que parecían imparables subidas de precios y la bonanza económica internacional. Sin embargo, tras algún éxito económico limitado, solo salpicado por las crisis argentina y brasileña, la “gran huelga” de PDVSA, y un creciente intervencionismo económico, la economía venezolana lucha ahora con una inflación en aumento, escasez de bienes de consumo y una deuda creciente de PDVSA, la única empresa que debiera tener buenos resultados pero que sufre el lastre de los excesivos gastos sociales, una demanda impuesta por el gobierno. The Economist asegura que la deuda de PDVSA se elevó desde 4.000 millones de dólares a 16.000 millones durante el pasado año. El auditor de la empresa, una filial de KPMG, informó que el beneficio neto consolidado cayó un 68% a 896 millones de dólares en el primer semestre de 2007 (comparado con el mismo período de 2006), tras haberse reducido un 16% a lo largo de 2006. Mientras tanto, la empresa ha seguido incrementando sus gastos sociales, que subieron desde 6.700 millones en el primer semestre de 2006, a más de 7.240 en el primer semestre de 2007. La empresa se dedica ahora incluso a proveer al mercado de alimentos subvencionados, a través de su filial PDVSA Alimentos. Ello ha supuesto un gran flujo de fondos estatales destinados a los pobres, pero ha tenido escasos resultados en términos de desarrollo sostenible a largo plazo y de reducción de la pobreza, así como ausencia de nuevas inversiones en el sector energético venezolana. Algunos observadores independientes temen que esta falta de inversiones ponga en peligro los actuales niveles de producción, por no mencionar los deseos frustrados de que se produjera un incremento significativo en la producción venezolana a medio plazo. El objetivo a largo plazo de alcanzar los 5 millones de barriles diarios, establecido como meta por PDVSA en la era de la apertura, y reafirmado tras la “Gran Huelga”, no parece que vaya a alcanzarse para el año 2012.

Mientras el viento fue favorable a Chávez, él y su gobierno superaron aparentemente todos obstáculos, sobreviviendo a un golpe de Estado, manteniendo un masivo apoyo popular entre sus conciudadanos, registrando subidas de las rentas medias entre los pobres y los casi pobres, y ganando en 11 votaciones públicas seguidas (entre elecciones y referéndum). Pero los vientos de cola que impulsaban a Chávez hacia delante se han detenido últimamente. La desaceleración de la economía mundial está debilitando la demanda de petróleo y con ello los argumentos que apoyan las subidas de los precios. El pasado mes de diciembre, Chávez perdió, por primera vez, una votación pública en Venezuela –un referéndum que hubiese sancionado una amplia reforma constitucional, que incluía la posibilidad de que el presidente fue elegido para el cargo un número indefinido de veces–. (Véase Manuel Hidalgo, “Así no, Comandante”: “Socialismo del Siglo XXI detenido por un referéndum”, ARI nº 3/2008, Real Instituto Elcano). Mientras tanto, las relaciones internacionales de Venezuela se han deteriorado, no sólo con enemigos latentes como la vecina Colombia, o adversarios explícitos como EEUU, sino hasta cierto punto con quienes durante largo tiempo han sido amigos políticos y socios económicos comprensivos, como es el caso de España con su actual gobierno socialista.

En segundo lugar, al mismo tiempo que Chávez ha cortejado a Irán y Rusia, junto con otros países en vías de marginalización menos significativos, el panorama regional se ha complicado, llegando a una situación prácticamente explosiva. Tras servir de mediador entre el gobierno colombiano y las FARC, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el intercambio de prisioneros y la liberación de rehenes, Chávez ha considerado recientemente la posibilidad de reconocer formalmente a las FARC como una entidad políticamente legítima, en lugar de cómo una organización terrorista. El mero hecho de que Chávez haya siquiera sopesado esta posibilidad no solo ha alarmado y ofendido al gobierno colombiano de Álvaro Uribe y empujado a EEUU ha estudiar la posible aplicación de su legislación sancionadora contra Venezuela (y potencialmente contra empresas que negocien con Venezuela), sino que también se han reavivado dos conflictos fronterizos hasta ahora durmientes entre Colombia y dos de los aliados regionales de Venezuela: Nicaragua y Ecuador. La región se encuentra ahora más cerca de un conflicto armado interestatal que en ningún otro momento de la historia contemporánea. Es más, los distintos protagonistas se han estado rearmando, de forma directa o indirecta, financiados por el reciente auge del petróleo andino.

Los límites a la petropolítica de Chávez

Aún en el caso de que Venezuela no se estuviera enfrentando a un contexto en deterioro interior y exterior, hay importantes límites estructurales que frenan la eficacia y el impacto duradero de cualquier utilización del petróleo como arma política –supuestamente contra EEUU–. En primer lugar, EEUU tiene la suficiente flexibilidad como para reemplazar el crudo venezolano. Entre reservas comerciales y estratégicas, EEUU tiene más de 140 días de cobertura total de las importaciones. A los niveles de importación actuales de EEUU, esto es más que suficiente para cubrir más de tres años de una posible suspensión de importaciones de petróleo venezolano. Además, es poco probable que EEUU se vea obligado a gastar sus reservas hasta un grado significativo, ya que Arabia Saudí tiene una amplia capacidad adicional (2,2 millones de barriles diarios frente a los 1,4 millones de barriles que EEUU importa de Venezuela) para cubrir esta diferencia. El barril de crudo marginal procedente del uso cada vez mayor de la capacidad extra saudí es también relativamente pesado, el tipo de crudo que se adapta bien a la capacidad específica de las refinerías norteamericanas orientada al procesamiento de crudo pesado (la mayor parte de la cual es propiedad al menos en parte de la filial de PDVSA, CITGO) que quedaría ociosa en caso de interrupción del suministro venezolano. No está claro qué es lo que trataría de hacer PDVSA con su capacidad refinera ociosa en EEUU en el caso de una suspensión del suministro. Podría aumentar quizá su tendencia reciente a vender sus filiales en EEUU, pero en el peor de los casos, es decir en una guerra económica en toda regla, las refinerías de CITGO podrían fácilmente ser incautadas por el gobierno norteamericano y destinadas a refinar crudo pesado procedente de Arabia Saudí. A la luz de las implicaciones legales de los recientes fallos de los tribunales en el Reino Unido, los Países Bajos y EEUU, una orden judicial bastaría para abrir la puerta a la incautación de bienes de CITGO.

En caso de que una utilización temporal de las reservas estadounidenses, junto con un aumento de la producción de Arabia Saudí, demostrara ser insuficiente para reemplazar el crudo venezolano en EEUU con la rapidez suficiente para anular todo impacto en el mercado, el resultado sería un incremento en los precios globales, dada la naturaleza unificada del mercado del petróleo mundial y la naturaleza fungible del propio petróleo como materia prima. Por lo tanto, incluso en el supuesto poco probable de que Venezuela cortase sus suministros por un período de tiempo considerable, el peor de los escenarios posibles sería una subida de los precios del petróleo en todo el mundo que afectaría a las economías de todo el planeta, infundiendo directamente presiones “estagflacionarias” en economías importadoras netas, y provocando presiones presupuestarias indirectas adicionales en los gobiernos que subvencionan su propio consumo de petróleo interno. La cuestión es que semejante interrupción afectaría a la mayoría de las economías del mundo en distintos grados negativos. El impacto no estaría únicamente dirigido contra EEUU, ya que las subidas de los precios no se limitarían al mercado norteamericano; afectaría a muchos países de todo el mundo, y por lo tanto perjudicaría a la ya deteriorada imagen de Venezuela. Sólo ganarían los exportadores netos, al menos a corto plazo, pero realmente sólo los que mantuviesen los flujos de producción y exportación, por no mencionar a otros exportadores que podrían incluso incrementar sus niveles de producción en una apuesta por beneficiarse de precios todavía más altos (lo que generaría, a su vez, presiones compensatorias sobre los precios). El impacto sobre Venezuela –que en este escenario habría reducido a la mitad su producción y en un porcentaje aún mayor sus exportaciones– no sería nada leve.

No obstante, este análisis presupone la drástica posibilidad de que Venezuela no sólo cortase todas las exportaciones (o algunas) a EEUU, sino que retirase también estas cantidades del mercado mundial. Hay varias razones por las que Venezuela probablemente preferiría tomar una opción distinta si pudiese –por ejemplo, detener las exportaciones de crudo a EEUU pero redirigirlas hacia destinos alternativos–. Obviamente, el gobierno de Chávez preferiría, si fuera posible, no tener que renunciar a los ingresos por exportaciones de crudo, que sería el precio que pagaría por semejante acción, pero al mismo tiempo desearía “castigar” a EEUU, o realizar lo que este gobierno considera como una “represalia” apropiada en una “guerra económica” provocada por EEUU. Después de todo, las exportaciones de crudo de Venezuela suman más del 75% del total de los ingresos por exportaciones y más de la mitad de todos los ingresos gubernamentales. Puesto que las condiciones económicas y sociales internas parecen estar en deterioro (el gobierno de Chávez podría alegar que la creciente inflación y la escasez de productos básicos se deben a los monopolios hostiles del sector privado que están extorsionando a los ciudadanos en un intento de desestabilizar al gobierno. Pero la mayoría de los economistas –incluidos los de tendencia claramente socialdemócrata– responderían con suspicacia ante un excesivo intervencionismo estatal y control de los precios, así como lo que podría fácilmente suponer una dosis de enfermedad holandesa). Sería una apuesta arriesgada reducir los ingresos del gobierno y de las exportaciones de forma tan drástica, aunque fuese por un corto período de tiempo. Lo más probable es que Chávez trate de hacer de forma discreta lo que hicieron los países árabes durante el embargo de petróleo de 1973 impuesto a EEUU y Holanda: desviar el exceso de crudo a algún otro lugar del mercado global. (Véase Paul Isbell, “Reexaminando la seguridad energética”, ARI nº 123/2007, Real Instituto Elcano).

Aunque esta estrategia tendría que hacer frente a varias dificultades técnicas y comerciales a corto plazo, y requeriría ciertas rápidas maniobras por parte de PVDSA, así como una colaboración importante de varios actores privados y públicos de la escena internacional (que podría venir de Irán, pero seguramente no de Arabia Saudí), reconducir con éxito las exportaciones de petróleo de Venezuela de forma rápida y eficaz eliminaría en última instancia gran parte, si no todo, el impacto resultante en los precios internacionales. El resultado final sería nulo, una decepción. Recuérdese que los precios del petróleo se incrementaron de forma espectacular en 1973-1974 no porque los países árabes sometieran a un embargo a EEUU y Holanda sino más bien porque la organización OPEP en su conjunto acordó y puso en marcha importantes reducciones de la producción y restricciones a la exportación que afectaron al mercado global e hicieron subir los precios. Esto lleva a la pregunta fundamental de cualquier embargo venezolano sobre EEUU: ¿Para qué sirve? Es probable que, en cualquier perspectiva imaginable (corte del suministro al mercado global o mero desvío de las exportaciones venezolanas), los precios se incrementasen, al menos temporalmente, pues el mercado reaccionaría con temor ante lo que los operadores percibirían como un nuevo componente peligroso que añadir a la actual “prima geopolítica”. El hecho de que los precios hayan subido más del 10% desde que se extendieran las noticias del conflicto Exxon-Chávez, rompiendo una tendencia a la baja sostenida por la percepción de una demanda que se debilitaba, sugiere que este sería el resultado probable. Quizá esto sea lo que Chávez, y otros exportadores de energía, desean en estos momentos. Quizá sea todo a lo que puedan aspirar siendo realistas.

Sin embargo, hay otro aspecto técnico importante que considerar en este contexto. Si olvidamos, por ahora, los crudos ultrapesados venezolanos (cuya densidad API es de 8º a 10º), el crudo convencional del país es también relativamente pesado (15º a 30º) y se vende en su mayor parte a refinerías con capacidad especial (normalmente hidrocracking u otras conversiones) para procesar de forma económica crudos con un API más bajo. Dado que la capacidad de refinería de crudo pesado es limitada a escala mundial (más allá de las refinerías de CITGO en EEUU, el Caribe y Europa), algunas refinerías de crudo pesado podrían absorber más petróleo venezolano, pero gran parte del crudo redirigido de este país tendría que rebajarse fuertemente, incluso más de lo que ya lo está, con el fin de inducir a las refinerías convencionales sin capacidad de hidrocracking a aceptar más crudo pesado. Esto podría ser necesario si las refinerías tuvieran que enfrentarse a la perspectiva de transformar menos petróleo y diesel, y más fuel, por barril de petróleo pesado venezolano de lo que sería posible con un barril más ligero, digamos de Nigeria o del Mar del Norte, o se vieran forzados a asumir los costes extra de convertir fuel a destilados más ligeros (siempre y cuando exista la capacidad de conversión).

La estrategia a largo plazo de Chávez para desviar las exportaciones de crudo a China se enfrenta a obstáculos similares, pero además de que Asia no cuenta con una capacidad de refino especializada para crudo pesado, el plan presupone una enorme inversión en oleoductos través de la rival Colombia –una propuesta poco factible en estos momentos– para permitir que el crudo (o, si Venezuela invierte directamente en más capacidad de refino de crudo pesado en casa, los flujos de productos derivados) llegue hasta un conducto en la costa del Pacífico. Y, finalmente, ¿que se habría conseguido con esta ruta de exportación más cara para el petróleo venezolano, más allá de un desvío compensatorio de las exportaciones del Golfo Pérsico de China y el Lejano Oriente hacia EEUU?

Al final, Chávez se enfrentaría a dos posibilidades, ambas con resultados parecidos: (1) retirar todas sus exportaciones a EEUU del mercado mundial; o (2) vender una buena parte de este crudo con descuentos mucho más importantes con el fin de colocarlo en algún otro lugar dentro del mercado mundial. Ambas opciones implican aceptar ingresos más bajos por el petróleo. La segunda opción afecta al precio global solo de forma marginal, pero supone un descenso de los ingresos dada la necesidad de realizar mayores descuentos. (Una tercera opción pasaría por vender el crudo venezolano a intermediarios que a su vez lo trasferirían a EEUU). La opción número 1 podría elevar más los precios (suponiendo que la capacidad y las existencias sobrantes no fueran utilizadas para contrarrestar este efecto), pero también implicaría perjudicar a la economía mundial que se encuentra en una coyuntura crítica en estos momentos –y crearse más enemigos que amigos en el panorama internacional– además de potencialmente minar la futura demanda de crudo. Aunque precios más altos compensarían parcialmente las ventas perdidas de lo que llegaría a sumar la mitad de la producción actual de petróleo de Venezuela, el efecto final sería una fuerte pérdida de ingresos para el gobierno de Chávez.

Históricamente, ha habido pocos casos –si es que ha habido alguno– de países que, de forma individual, hayan cortado los flujos del crudo o del gas con motivos políticos sin un acuerdo amplio de la OPEP para reducir la producción total del cártel con el fin de elevar los precios (como ocurrió con el primer embargo árabe de petróleo). Ni siquiera Rusia ha cortado el gas a ningún mercado de forma que pudiese afectar sustancialmente a los ingresos –y desde luego no en el contexto de una batalla política tan quijotesca como la que aparenta ser el duelo de Chávez con “Mr Danger” en estos momentos–. La propia Venezuela tiene un largo historial de trampas respecto a las cuotas y los niveles de producción acordados en el marco de la OPEP –tanto antes de la apertura de los 90 como después–. El único país exportador de energía importante que ha reducido de forma unilateral sus niveles de producción (y como consecuencia, sus ingresos a corto plazo) ha sido Arabia Saudí, el único productor de crudo con credibilidad que, a mediados de los 80, recortó drásticamente la producción en un intento, no de castigar a los países consumidores por motivos políticos o económicos, sino más bien de imponer la disciplina en los países miembros de la OPEP que estaban haciendo trampas e incrementando la producción en un momento de descenso de la demanda mundial de petróleo y de los precios, en un intento de maximizar los ingresos a corto plazo. Pero Arabia Saudí era el productor de crudo más rico en aquel momento, disfrutaba de una relativa estabilidad interna y sus costes de producción eran los más bajos del mundo.

¿Realmente piensa Hugo Chávez que Venezuela está en condiciones de asumir semejante riesgo? No se puede descartar que Chávez se atreva a hacerlo. Sin embargo, parece más probable que la última amenaza de cortar las exportaciones de crudo a EEUU –amenaza a la que Chávez quitó importancia, de hecho, casi inmediatamente– sea solo un arma retórica destinada a ofrecer un apoyo a corto plazo a los precios del petróleo en un entorno económico mundial de desaceleración y para atraerse apoyos a nivel interno, tras la derrota en el referéndum de diciembre. Respecto a los ataques “antiimperialistas” de Chávez dirigidos contra el presidente Bush hay que reconocer que se trata de un blanco fácil, para bien o para mal, entre muchas de las masas pobres del mundo, pero en especial en Latinoamérica. Sin embargo, los dos probables objetivos políticos pueden, como mucho, resultar rentables a corto plazo, y es posible que la retórica que Chávez necesita utilizar para alcanzarlos deje pronto de serle útil.

Conclusiones

Los riesgos reales para el mundo que entrañan las maniobras políticas de Hugo Chávez, y sus enfrentamientos con EEUU, no son el resultado de los daños que podrían provocar posibles cortes del suministro de crudo, sino más bien de la situación de deterioro político, económico y social que vive Venezuela, y de la inestabilidad en ciernes que Venezuela está inyectando en las relaciones intraregionales. En los próximos cinco a 10 años, debido a los excesos del nacionalismo energético venezolano –reforzado por los excesos retóricos de Chavez– los niveles de producción y de ingresos del país estarán en peligro. A menos que DVSA pueda invertir pronto sus tendencias de beneficio e inversión, y aprovechar más inversión y ayuda técnica internacional en un esfuerzo por aumentar la producción de los muchos campos de petróleo convencionales ya maduros e incrementar de forma significativa la producción en los campos de crudo ultrapesado de la Faja del Orinoco, los ya de por si endebles pilares sobre los que se apoya la economía venezolana se debilitarían aún más. Las implicaciones para el mundo serían obvias: pocas perspectivas de que la producción de crudo venezolana ayudase a aliviar el difícil equilibrio entre la oferta cada vez más restringida y la demanda en el mercado global, con lo que ello supondría para los precios.

EEUU tiene poco que perder –económica o políticamente– del modo en que van las cosas en Venezuela –excepto en el caso de una posible guerra civil o un conflicto armado regional–. Habida cuenta de que sus intereses económicos allí han sufrido casi todo el daño posible, y que sus importaciones clave de crudo no se encuentran bajo una amenaza real con implicaciones tangibles, EEUU puede permitirse el no hacer nada, en espera de que Chávez vuelva a posturas políticas más pragmáticas y de menos confrontación o bien sencillamente se ahorque él solo con la soga que le han dejado.

Para España, en cambio, Chávez representa un mayor desafío diplomático y económico. Aunque España importa muy poco crudo de Venezuela (por lo general, nada), sí que tiene intereses diplomáticos y económicos allí. Dependiendo de quien lo calcule y de cómo se calcule, los intereses económicos españoles se pueden cifrar entre 800 millones de dólares y 2.000 millones de dólares invertidos en Venezuela (lo que representa entre menos del 1% y hasta el 2% del total de las inversiones españolas en Latinoamérica), casi todo ello en la banca y en los sectores energéticos. Estas cifras están muy alejadas de los niveles de inversión que las empresas españolas han realizado en Brasil, Argentina, Chile y México, pero no deja de tener importancia para España. Venezuela es todavía más importante para España si se tiene en cuenta su considerable potencial de futuro, en términos de influencia tanto política como económica (dados los posicionamientos económicos y diplomáticos de España en aquel país en los últimos 15 años), en el caso de que Venezuela se transformase en una sociedad democrática estable y próspera. Es una lástima tanto para Venezuela como para España, que Chávez –quien se considera a sí mismo un gran líder y un hábil político– haya hecho tanto últimamente por perjudicar los mutuos beneficios potenciales que pueden resultar de las relaciones bilaterales. Ha dejado sin efecto una posible alianza entre ambos países, por lo menos en la coyuntura actual.

Al final, sin embargo, el país que más tiene que ganar o que perder por la actual trayectoria de Venezuela no es ninguno de los dos países con mayor influencia externa en Latinoamérica, sino el gigante de la región, Brasil. Ahora que Brasil se ha convertido en el líder internacional de las economías de mercado emergentes, demostrando al mundo que merece su designación como la “B mayúscula” en los países BRIC (Brasil Rusia, la India y China) y que ha logrado trasformar su compañía de petróleo nacional, Petrobras, y su sector energético en líderes internacionales, Venezuela plantea un desafío muy importante a su papel potencial como líder natural y auténtico de Sudamérica. Dado que el gobierno de Lula ha sido paciente y tolerante, comprensivo sin ser imprudente, con el gobierno de Hugo Chávez, su incipiente papel de líder será cuestionado en caso de que Venezuela y sus vecinos llegasen al conflicto. Sin embargo, si Brasil logra introducirse en la dinámica de la región andina de forma que ayude a evitar este desenlace, habrá dado un gran paso para convertirse en un líder que no sólo cuente con el respeto de Latinoamérica y de España, sino también del resto del mundo.