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¿DETONANTES DE GUERRA?: LA COOPERACIÓN MILITAR COLOMBO-NORTEAMERICANA EN PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

2010-02-21T14:55:00.002-05:00

Vicente Torrijos R.

Durante la Administración del presidente norteamericano George W. Bush se fue consolidando una relación especial y preferente entre Colombia y EEUU. La intensificación de los lazos bilaterales en áreas diversas –incluyendo la definición de un tratado de libre comercio que, sin embargo, aún no ha sido aprobado por el Congreso norteamericano– venía precedida del importante apoyo estadounidense a los esfuerzos de Colombia en materia de lucha contra las drogas y las organizaciones armadas ilegales articulado en el “Plan Colombia”, concertado por los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton. Esta profundización de la asociación y la solidaridad entre Washington y Bogotá marcó un profundo contraste de cara a las principales tendencias de las relaciones entre EEUU y América Latina y frente a los virajes políticos experimentados por la subregión durante la última década.

Por un lado, se produjo mientras se percibía –desde muchos sectores– un cambio en la política exterior norteamericana en relación con América Latina. Si la década de 1990 estuvo marcada por el acentuado interés de EEUU por consolidar en el hemisferio una especie de “benevolente hegemonía” basada en el libre comercio (la iniciativa del presidente Clinton del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA) y la extensión y la promoción de la democracia cuya expresión más refinada pudo ser, acaso, la Carta Democrática Interamericana, la década siguiente pareció caracterizarse, en especial a partir del 11 de septiembre de 2001, por un aparente “desdén” norteamericano hacia América Latina, desplazada quizá por otras prioridades en la agenda de Washington.

Este distanciamiento se amplió a medida que en muchos Estados latinoamericanos se produjo un “giro a la izquierda”, con muy diversos matices y coloraturas, a veces desafiantes y provocadores, como los representados por el “socialismo bolivariano del siglo XXI”, y otras dialogantes y conciliadores como los de Chile y Brasil, por ejemplo. En ese escenario de alejamiento, sin embargo, la relación entre EEUU y Colombia pareció desarrollarse a contrapelo de esas tendencias porque Colombia, por razones de profundo anclaje histórico y debido a la persistencia de la izquierda radical armada en el país, no se sumó a ese viraje político, sino que mantuvo una preponderancia de centro-derecha en la arena política, bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe, el cual ha alcanzado en ocho años de gobierno cotas históricas de aceptación y favorabilidad. Incluso, podría decirse que durante las Administraciones Bush y Uribe, la relación bilateral entre EEUU y Colombia fue la más estrecha de todo el hemisferio con la sola excepción de la relación con México, por obvias razones de proximidad geográfica, problemáticas comunes y asociación económica.[1]

La relación especial continúa tras la llegada de los demócratas al poder en EEUU. Ni el cambio de estilo del presidente Barack Obama ni las nuevas prioridades de su Administración, tanto a nivel interno (la crisis económica y la necesidad de reforzar la cohesión social) como externo (Irak, Afganistán, Pakistán y Corea del Norte), han llevado a un debilitamiento o una degradación de la relación con Colombia que se pronosticó. A fin de cuentas, Colombia comparte con EEUU dos de las principales amenazas que hoy por hoy afectan notablemente la seguridad de ese país: por un lado, el narcotráfico y, por otro, el terrorismo. Estos dos elementos han sido vertebrales en la relación binacional y, en buena medida, los éxitos obtenidos durante los últimos años por Colombia en su lucha interna contra estos dos flagelos deben mucho a la amplísima cooperación, tanto de carácter financiero como técnico y operativo, de EEUU.

Y aunque el narcotráfico y el terrorismo aún persisten en Colombia, su capacidad de perturbación, encarnada en la simbiótica alianza entre uno y otro que son las organizaciones narcoterroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se ha visto sumamente afectada como consecuencia de la ejecución, primero, del Plan Colombia y, luego, de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de Colombia.

El Acuerdo Complementario para la Cooperación y la Asistencia Técnica (ACAT) de 3 de noviembre de 2009 constituye la más reciente manifestación de esta cooperación bilateral[2] entre los gobiernos de Colombia y EEUU, por el que se amplía significativamente el espectro de actividades y recursos en los que harán sinergia frente a esta amenaza, históricamente compartida. Si en el pasado el Plan Colombia y la cooperación antidrogas le sirvió a EEUU para satisfacer la demanda política interna (en relación con la lucha contra ese flagelo) y para contener el desbordamiento –que se percibía como inminente– de la actividad insurgente en Colombia durante la segunda mitad de la década de los 90, que limitaba las perspectivas de estabilidad necesarias para el ejercicio de la hegemonía benevolente norteamericana, actualmente el mantenimiento de la cooperación en estos ámbitos le sirve a Washington tanto para desarrollar una política de prestigio en la región, precaver una alteración o un dislocamiento geopolítico (como consecuencia de la irrupción de potencias extrarregionales o de la reconfiguración de las relaciones de poder y las orientaciones políticas de algunos regímenes suramericanos) y, por supuesto, para transmitir el mensaje de que las promesas formuladas a los aliados y socios serán honradas y cumplidas. De ello resulta, hoy por hoy, una simbiosis estratégica que el ACAT no hace sino reforzar y confirmar, mientras la proyecta hacia el futuro.

La naturaleza de la cooperación

Técnicamente, este acuerdo sustituye el que existía con Ecuador en relación con el uso por parte de EEUU de la base de Manta, centro neurálgico de las actividades de monitorización e interdicción aérea en la lucha contra el narcotráfico. Ante la negativa de prorrogar los acuerdos existentes al respecto, fundada en una disposición constitucional que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, los gobiernos de Washington y Bogotá acordaron sustituir la base de Manta con el acceso a siete bases militares colombianas, con el fin de mantener activos los esquemas de control que venían desarrollándose desde Ecuador.

La esencia del ACAT es la de reforzar la cooperación colombo-norteamericana en materia de monitorización, seguimiento e interdicción de las actividades del narcotráfico desde Colombia hacia EEUU, a lo largo de las diversas rutas que emplean los cárteles para avituallarse de insumos y poner a circular el producto terminado. En ese sentido, el ACAT supone:

Un aumento cuantitativo en el personal norteamericano en Colombia dedicado a tareas técnicas y de inteligencia. El ACAT no supone la presencia de personal ni material de combate con carácter ofensivo, ni el despliegue de tropas norteamericanas en territorio colombiano.

El cupo máximo de estadounidenses permitidos para estas tareas técnicas y de inteligencia en Colombia es de 800 militares y 600 contratistas. En la actualidad hay en el país unos 230 militares, entre permanentes y temporales, y un flujo de unos 400 contratistas al mes.

Se acordó un estatuto especial de inmunidad para los militares que pasen por Colombia en cumplimiento del Acuerdo. Este estatuto de inmunidad no se extiende a los contratistas civiles y privados, y no obsta, en ningún caso, para que Colombia pueda pedir el levantamiento de la inmunidad en ciertos casos, o hacer seguimiento y pedir informes sobre el avance de las investigaciones. Las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad de los militares norteamericanos, en caso de producirse, serán asumidas por EEUU.

Se trata de un acuerdo simplificado, que desarrolla tratados internacionales previamente existentes y en vigor y, por lo tanto, no está sujeto a aprobación del Congreso, ni en EEUU ni en Colombia, aunque los respectivos Congresos mantienen su competencia constitucional en cuanto al control político y seguimiento de las condiciones de ejecución y cumplimiento.
Por último, Colombia permitirá el uso de frecuencias y el establecimiento de estaciones receptoras de satélite sin trámite legal alguno y sin licencia.

Con todo, más allá de su alcance operativo en la lucha contra los narcotraficantes, el acuerdo firmado con Colombia supone importantes implicaciones geopolíticas para ambas partes e incluso para terceros actores. Ello explica por qué tan pronto como se conoció la intención de ambos gobiernos de perfeccionarlo, se suscitó un intenso debate de alcance regional, impulsado especialmente por Venezuela, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), tanto en la cumbre anual ordinaria celebrada en Quito como en la posteriormente convocada, con carácter extraordinario y con el fin exclusivo de analizar este asunto, en la ciudad argentina de Bariloche. La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, tuvo que asegurar por carta a sus homólogos de los 12 países reunidos allí que el acuerdo tenía un alcance bilateral. La mediación de Brasil y Argentina restó apoyo a las posturas más beligerantes de Venezuela y Bolivia, logrando que en la declaración oficial no figurara ninguna mención al contencioso.

En verdad, no puede desconocerse el gran valor simbólico y geopolítico del acuerdo colombo-norteamericano en el marco de la política exterior estadounidense. Primero, se inscribe en la tradicional línea de acción de la diplomacia norteamericana de hacer expresa la credibilidad de sus compromisos y la confiabilidad de su respaldo, no sólo frente a sus aliados sino frente a poderes potencialmente desafiantes. Y segundo, sirve también como pieza clave en una política de statu quo, basada en la disuasión y en el control de la información recabada a través de las actividades ejecutadas en desarrollo del acuerdo, en momentos en los que parecen emerger bastiones anti-norteamericanos en la región, que adicionalmente intensifican los lazos y allanan la intervención de poderes extrarregionales, como Rusia, por ejemplo.

De tal modo, el ACAT transmite también un mensaje muy claro: el de que la asociación con Colombia no se ha relajado, así como tampoco lo ha hecho el interés norteamericano en la región, en la que intentará por la vía disuasoria mantener el statu quo y evitar cualquier intensificación desbordada de la actividad de las potencias externas o de algunos actores regionales que, como Venezuela, y a juicio del Departamento de Estado, dejan mucho que desear en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Un importante instrumento disuasorio interno y externo

A nivel interno colombiano el acuerdo cumple una importante función disuasoria. Tras el éxito obtenido por la Fuerza Pública en desarrollo de operaciones de refinada complejidad como la “Fénix” y la “Jaque”, que supusieron importantes golpes a las organizaciones narcoterroristas,[3] la intensificación de la actividad de interdicción, monitorización e inteligencia por parte de unidades norteamericanas –de conformidad con el acuerdo de cooperación– constituye un elemento adicional que viene a añadirse a la batería de instrumentos desarrollados por el Estado en el marco de la consolidación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática colombiana para reforzar su capacidad disuasoria y anticipatoria frente a las organizaciones armadas ilegales.

Pero, adicionalmente, el acuerdo tiene también un poderoso recurso de disuasión frente a los intereses injerencistas de vecinos manifiestamente hostiles, especialmente Venezuela, que durante los últimos años ha tenido una posición ambigua en relación con las organizaciones armadas ilegales colombianas y más recientemente parece embarcada en una espiral armamentista claramente ofensiva. Aunque el ACAT no prevé un despliegue permanente de fuerzas de combate norteamericanas en territorio colombiano, ni es como tal una alianza (concebida frente a una agresión externa a una de las partes), no deja de generar un importante efecto de contención ante potenciales agresores externos que podrían aprovecharse del hecho de que Colombia se encuentra en cierta desventaja, dado que sus recursos militares han sido planificados, acumulados y reforzados en función de las exigencias de la guerra irregular, a escala intraestatal, y no con el supuesto de una agresión externa. En ese sentido, no hay duda de que la presencia norteamericana transmite el mensaje –efectivamente percibido por sus destinatarios potenciales, lo que explica la agitación que han provocado– de que Colombia no se encuentra desprotegida.

Algunos costos evidentes

Con todo, el acuerdo también genera algunos costes, difícilmente asimilables, para Colombia y para EEUU. Tales costes se derivan del hecho de que el acuerdo podría leerse –y presentarse propagandísticamente por los sectores más antinorteamericanos del espectro político latinoamericano– como prueba de que en medio del “desdén” por la región que tanto se le reprocha a la Casa Blanca, su único interés obedece casi exclusivamente a la lógica militarista, mientras que –aparentemente– no hay signos de cooperación en otros niveles especialmente relevantes para los países latinoamericanos, como el desarrollo social y económico. De hecho, desde su solo anuncio, y tal como se mencionó, el ACAT suscitó una encendida polémica que es poco probable que remita con facilidad en el futuro próximo.

Para Colombia, el acuerdo puede acentuar e incluso crear nuevas tensiones en el escenario regional, como, en efecto, ya las ha suscitado en la muy deteriorada relación con Venezuela. De tal manera, Bogotá tiende a prepararse cada vez más para desplegar una estrategia diplomática que permita contener las suspicacias, disminuir el grado de internacionalización del asunto del acuerdo bilateral y evitar al mismo tiempo tanto nuevas hostilidades como la erosión adicional de la confianza en el ámbito suramericano.

Frente a las críticas recibidas por el ACTA, el gobierno colombiano justifica su decisión en función de varios criterios. Uno primero de reciprocidad, según el cual las valoraciones de los compromisos adquiridos por los demás deberían seguir los criterios empleados para valorar las propias, eliminando cualquier doble estándar. Esto puede ser importante en tanto que, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Venezuela decidió el 25 de septiembre de 2009 darle carácter “secreto” a los acuerdos celebrados por ese país con Rusia desde agosto. Por tal razón, tiende a considerarse que cualquier exigencia de observación o monitorización de la conducta colombiana ha de basarse en la aplicación del mismo rasero para todos los Estados involucrados.

En segundo lugar, Colombia ha venido manifestando que las normas y condicionamientos al comportamiento de los Estados deben ser idénticos para todos ellos y que, por lo tanto, el cuestionamiento de un determinado asunto en relación con un Estado obliga a admitir la extensión de dicho cuestionamiento a todos los asuntos análogos en que puedan estar involucrados los demás. A este criterio de equidad le sigue otro de no duplicación, por el que las diversas instancias multilaterales en las que un asunto pudiera llegar a ser discutido no tendrían por qué convertirse en foros de esfuerzos duplicados. Por eso Colombia ha expresado que el debate sobre el ACAT (y los temas conexos que sea necesario ventilar con arreglo a los principios precedentes) debe darse en escenarios restringidos, y bloquearse la discusión del asunto en la medida en que ya haya sido abordado o esté siendo abordado, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Finalmente, para Colombia, la búsqueda de la confianza, la superación de tensiones y la prevención de conflictos no constituyen patente de corso para la injerencia de Estados o de organizaciones internacionales en los asuntos privativos de la seguridad nacional. Ni siquiera el argumento integracionista puede constituirse en limitante al desarrollo de la política exterior de los Estados en asuntos que son de su estricta jurisdicción interna y en tanto su gestión se ajuste a las normas del derecho internacional.

Algunas vulnerabilidades internas generadas

Al lado de las ventajas y de los costes generados e implícitos en el acuerdo, éste también podría generar en Colombia algunas –nuevas– vulnerabilidades. Primero, algunos sectores de oposición, como el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) han ya enfilado baterías contra lo que calificarían como una política entreguista por el lado colombiano e imperialista por el lado norteamericano, así como una muestra más del “militarismo” de la Política de Defensa y Seguridad Democrática colombiana y como un obstáculo más en la búsqueda de una “salida negociada” al conflicto irregular.

A ello podría contribuir, adicionalmente, el hecho de que, apartándose del concepto –no vinculante– del Consejo de Estado, el gobierno hubiera decidido no someter el ACAT a la aprobación del Congreso y a la revisión de la Corte Constitucional por considerarlo de naturaleza simplificada e, incluso, no consultar al Senado por considerar que en él no se contempla, propiamente, tránsito o permanencia de tropas extranjeras, apegándose al precedente de otros acuerdos similares en los que estos trámites han sido obviados sin que se cuestionara su legalidad o constitucionalidad.

Segundo, los grupos narcoterroristas podrían sentirse tentados a focalizar acciones ofensivas en el personal norteamericano. Si bien el ACAT no implica de suyo un engrosamiento de la presencia de ese personal, ni una participación más activa en operativos de combate directo, el clima político actual podría ser valorado como oportuno para lanzar una campaña terrorista que demuestre la vulnerabilidad del Estado colombiano y de su aliado extranjero –comprometiendo así el mantenimiento de esa alianza– y que pueda ser explotada propagandísticamente como prueba del “rechazo popular” a la ocupación extranjera.

Conclusiones

El Acuerdo de cooperación militar colombo-norteamericano responde a una necesidad interna claramente percibida por el gobierno colombiano y se relaciona de manera sustancial con el interés nacional al más alto nivel. El Acuerdo es el último eslabón de una cadena de cooperación bilateral que se ha ido profundizando y ampliando con el tiempo y con el incremento de los riesgos y amenazas comunes.

En efecto, no sólo es una herramienta de apalancamiento de la cooperación norteamericana en la lucha contra el narcoterrorismo en el país (y en el área) sino que cumple funciones disuasorias significativas tanto en el plano interno (de cara a las organizaciones armadas ilegales) como en el plano externo (frente a posibles agresores extranjeros), incluso aunque en estricto sentido no se trate de una alianza.

Sin embargo, su suscripción e implementación también entraña costes y vulnerabilidades que están siendo intensivamente evaluados y valorados con el fin de diseñar e implementar estrategias de anticipación que los contengan y compensen, a fin de no acentuar los antagonismos regionales sino, más bien, fortalecer las medidas de promoción de confianza como columna vertebral de un eventual régimen de seguridad cooperativa y preventiva basado en el respeto a los principios de la convivencia internacional.

Estos antagonismos regionales, por lo demás, son anteriores al acuerdo mismo, cuya naturaleza, por otra parte, no debería despertar suspicacias ni recelos, de no ser porque en él han encontrado algunos gobiernos un nuevo “caballito de batalla” para sus intenciones tanto de hostilizar a Colombia en el escenario regional como para alimentar una retórica antinorteamericana de la que derivan enormes réditos propagandísticos.

Notas:

[1] Anexo al Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín de 30 de agosto de 2004 para la lucha contra el narcotráfico y las actividades terroristas, el Memorándum de Entendimiento de 14 de marzo de 2007 para una Relación Estratégica de Seguridad y el Acuerdo de 20 de diciembre de 2007 para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

[2] Para el Acuerdo, véase http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/noviembre/03/acuerdo.pdf.

[3] La primera en marzo de 2008 acabo con la vida del número dos de las FARC, Raúl Reyes, y la segunda en julio de ese mismo año permitió el rescate de 15 secuestrados en manos de las FARC entre los que se encontraba Ingrid Betancourt.

LA DERROTA DE LA CONCERTACIÓN Y LA ALTERNANCIA DE GOBIERNO EN CHILE

2010-02-21T14:35:00.002-05:00

Carlos Huneeus

La Concertación por la Democracia, la coalición de centro-izquierda formada por el PDC, el PS, el partido por la Democracia (PPD) y el partido Radical Social Demócrata (PRSD), que dirigió el poder ejecutivo desde el fin del régimen militar en 1990 con cuatro presidentes consecutivos, perdió las elecciones presidenciales en el balotaje frente a Sebastián Piñera, candidato de la Coalición por el Cambio, formada por RN y la UDI, y del pequeño partido Chile Primero. Pese a que la diferencia fue estrecha, Piñera se impuso en 11 de las 16 regiones del país, incluso en la metropolitana, la más populosa, y en las del Bío-Bío y Magallanes, que tienen una larga tradición de voto de izquierda. Por primera vez desde 1958, la derecha llega a La Moneda. Entonces lo había hecho Jorge Alessandri, apoyado por liberales y conservadores, quien recibió apenas un 31,6% de los votos, siendo ratificado luego por el congreso para llegar a La Moneda. Sin las disputas del pasado entre la UDI y RN y con una hábil campaña, la oposición construyó una alternativa electoral muy potente, que le permitió este triunfo.

Piñera, un acaudalado hombre de negocios –con inversiones en diversos sectores, que incluye el control de un canal de TV, Chilevisión, es accionista mayoritario de la compañía aérea LAN y de Colo-Colo, el más popular y exitoso club de fútbol del país–, fue senador (1990-1998) y presidente de RN (2001-2004). Fue candidato presidencial en 2005, tras derrotar en la primera vuelta al postulante de la UDI, Joaquín Lavín. Éste había sido abanderado único de la oposición en 1999. Piñera fue derrotado por Michelle Bachelet en el balotaje de enero del 2006. A diferencia de los anteriores postulantes presidenciales de la derecha, Piñera no apoyó al régimen de Pinochet, votando “no” en los plebiscitos convocados para consolidar el poder del general (1978, 1980 y 1988). Esta biografía favoreció a la candidatura de la derecha, que también contaba con dirigentes que apoyaron y participaron en el régimen militar, especialmente los de la UDI.

Piñera obtuvo una cómoda posición en la primera vuelta del 13 de diciembre, mientras Frei quedó muy debilitado. Para ganar en segunda vuelta, Piñera necesita sólo seis puntos y Frei más de 20, que esperó obtener de los votos recibidos por Jorge Arrate, quien volcó su respaldo a su favor, y una gran mayoría de los obtenidos por Marco Enríquez-Ominami. Esto último era un objetivo difícil de lograr porque Enríquez-Ominami impulsó una campaña electoral extraordinariamente dura contra Frei y la Concertación. Jorge Arrate obtuvo un 6,2% de los votos. Fue presidente del PS y ex ministro de los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y Frei Ruiz-Tagle, y tuvo un destacado papel en la renovación del PS durante el régimen militar. Enríquez-Ominami alcanzó un 20,1% y es diputado.

Este resultado ocurre después de una campaña electoral opaca en contenidos, sin debates sobre las alternativas a los grandes problemas del país, más allá de sus conocidos logros políticos y económicos, como la precariedad en el trabajo, las bajas remuneraciones de los asalariados, “las escandalosas desigualdades”, las carencias de la educación pública, incluida la superior, las deficiencias de calidad de vida de los sectores populares, y otros.

La Concertación también tuvo un mal resultado en las elecciones parlamentarias. En la cámara baja (120 diputados, elegidos en 60 distritos), que se renovó enteramente, los partidos oficialistas recibieron un 40,3%, casi 12 puntos menos que los alcanzados en los comicios de 2005 y vieron desplomada su bancada de 65 diputados a 54. La Concertación hizo un pacto con el PC para terminar con la exclusión a que lo condenaba el sistema electoral binominal, cediéndole un cupo de parlamentarios en nueve distritos, logrando elegir tres diputados: Guillermo Teillier, presidente del partido, Lautaro Carmona, secretario general, y Hugo Gutiérrez, conocido abogado de derechos humanos. Este acuerdo electoral no tuvo ventajas electorales para la Concertación, pues su lista perdió un quinto de los votos logrados por ambas coaliciones en los nueve distritos en los que hubo candidatos del PC: de los 495.489 votos obtenidos por ambas coaliciones en 2005 se bajó a 399.334 en 2009, una disminución de 96.155 electores. Tampoco se logró doblar la lista de la derecha, como indicaba previamente la suma de los votos de los dos grupos, necesarios para obtener los dos diputados de la circunscripción, demostrando que los resultados de los pactos electorales son más complejos que la suma estática de sus votantes anteriores. Este acuerdo fue empleado por Piñera y la Coalición contra la candidatura de Frei, impulsando un anticomunismo de larga tradición en Chile.

La oposición, por el contrario, aumentó su votación en más de cuatro puntos, con un 43,4%, una cifra similar a la alcanzada por su candidato presidencial, eligiendo 58 diputados, aunque sin lograr la mayoría de la cámara baja. Sin embargo, hay dos diputados independientes que pueden apoyar al nuevo gobierno. Favorecido por las divisiones en los partidos de la Concertación, la derecha evitó los seis doblajes que aquella obtuvo en las anteriores elecciones, cuando pudo elegir ambos diputados en cada uno de ellos, lo que le dio la mayoría en la cámara baja y, además, conservó el único diputado en el distrito de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea que había conseguido desde 1993, a pesar de la postulación de un nieto del general Augusto Pinochet.

La UDI se confirmó como el principal partido, obteniendo el 24,59% de los votos en las elecciones de diputados. Eligió 40 diputados, el 33% de los escaños, y fue la lista más beneficiada por el sistema binominal en la Cámara baja, pues el PDC lo fue en el Senado. RN logró aumentar su peso electoral, favorecido por el liderazgo de Piñera. Con un 18% –un aumento de casi cuatro puntos–, eligió 18 diputados, un bajo número que debe entenderse por otros motivos, como haber cedido nueve cupos a candidatos de Chile Primero, lo que le impidió elegir más diputados.

El PDC obtuvo un 14,2% de los votos, una caída de siete puntos, obteniendo 19 diputados, recuperando los cinco perdidos por las renuncias al partido el año 2008. El PPD tiene 12,6%, con 18 diputados, incluyendo al presidente del partido. El PS, con 9,9%, eligió 11 diputados y el PRSD figura con 3,8% y cinco diputados. Dos nuevas colectividades han ingresado a la Cámara baja, cada una de las cuales eligió tres diputados: el Partido Regionalista Independiente (PRI) y el Partido Comunista (PC). El primero reeligió dos diputados que habían renunciado en 2008 al PDC, Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda, elegidos en 2005 con una alta votación. También logró elegir al ex alcalde de Illapel, Luis Lemus (ex PS), impidiendo, además, el doblaje de la Concertación. Este es un desempeño notable porque logró superar la barrera del binominal, algo que ningún otro grupo político había conseguido antes, con la excepción en los años 90 del ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, en 1989, y la Unión de Centro Centro (UCC).

En el Senado, que se renueva por mitades –18 de 38 senadores–, la Concertación eligió un senador en cada una de las nueve circunscripciones: cuatro del PDC, tres del PPD y dos del PS. También la Coalición por el Cambio eligió nueve senadores, tres de la UDI y seis de RN, lo que compensó su menor desempeño en diputados. Las principales bancadas serán las de RN y el PDC, con nueve senadores cada una; la UDI tendrá ocho, cinco el PS, cuatro el PPD y uno el PRSD, con un senador independiente, que apoya a la Coalición, Carlos Bianchi, y otro de izquierda, que estará en la oposición, Alejandro Navarro.

Es interesante señalar que hubo un diverso nivel de competencia entre los partidos en los comicios al Senado, siendo más limitada entre los candidatos de RN y la UDI en varias circunscripciones, e ilimitada entre los de la Concertación. En cuatro circunscripciones, RN y la UDI no competieron y si lo hicieron en las otras cinco, siendo muy intensa en las dos circunscripciones de la V región (Costa y Cordillera). En una de ellas fue derrotado Joaquín Lavín (UDI), por el joven diputado Francisco Chauán (RN). Lavín fue candidato presidencial en 1999 (estuvo a 31.000 votos de derrotar a Ricardo Lagos) y en 2005. Su derrota puso de manifiesto las limitaciones del poder electoral de la organización partidaria de la UDI, que también falló en su intento de derrotar a presidente de Cámara, Rodrigo Álvarez, en un distrito de Santiago.

La competencia entre los candidatos de la Concertación tuvo un importante cambio respecto de las anteriores elecciones senatoriales, ya que se había puesto fin al pacto entre el PS/PPD/PRSD, que concurrían con un candidato común apoyado por los tres partidos para enfrentar al postulante del PDC, que luchaba solo. Este cambio benefició al PDC que logró elegir cuatro senadores. De este modo, en marzo se convertirá en la bancada más fuerte de la Cámara alta, pues ya cuenta con otros cinco senadores elegidos en 2005. El PS, por el contrario, fue perjudicado, porque perdió dos senadores que fueron a la reelección (Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo).

Explicaciones del resultado presidencial

El resultado de las elecciones presidenciales se explica por múltiples factores, entre los que sobresale el coste de los 20 años de dirigir el poder ejecutivo en forma ininterrumpida. La alternancia de los gobiernos se produce más bien por la derrota de los partidos oficialistas y del gobierno que termina, generalización válida en este caso, sin desconocer la exitosa política de la oposición. Los costes de dirigir el gobierno tuvieron una orientación especial durante la administración de Michelle Bachelet, que privilegió el fortalecimiento de la figura de la presidenta durante el año electoral. Este objetivo tuvo éxito a corto plazo porque alcanzó en las encuestas una altísima popularidad, de hasta el 80%. Existía el convencimiento de que ello ayudaría al candidato del oficialismo y a los postulantes al Congreso. Sin embargo, tuvo consecuencias adversas para la postulación presidencial, que le costó adquirir menor visibilidad en un contexto de gran actividad presidencial. Una mayoría de los candidatos oficialistas a ambas Cámaras, incluso del PDC, privilegiaron a la presidenta en su propaganda y dejaron en segundo plano al candidato Frei. Se instaló a Bachelet en medio de la campaña, hasta el extremo de que la encuesta de la firma Imaginacción,cercana al gobierno,medía los atributos de los candidatos y de la presidenta, y ella los aventajó a todos. Bachelet privilegió la jefatura de Estado, se mantuvo alejada de la campaña, sin intervenir en los temas controvertidos y mantuvo un estilo de liderazgo despolitizado, que apeló más bien a sus atributos personales que a recursos políticos, lo que le permitió captar la simpatía de los ciudadanos, incluso de los de oposición (un 60% de los votantes de Piñera aprobaban su gestión). Desde La Moneda no se vio que ese tipo de popularidad era personal e intransferible y carecía de componentes políticos para beneficiar a Frei.

En segundo lugar, los partidos oficialistas estaban muy debilitados, con rupturas desde 2006 por conflictos internos que los dañaron, con senadores que los abandonaron, dos de los cuales se sumaron a la oposición. Las rupturas comenzaron en el PPD, cuando el senador Fernando Flores abandonó la colectividad acompañado de un diputado y algunos dirigentes y militantes en señal de protesta al considerar haber sido perjudicado en las elecciones a presidente de su partido. La Concertación perdió la mayoría en el Senado que había obtenido por primera vez en 2005. La directiva del partido expulsó a Jorge Schaulsohn, uno de sus fundadores, que fue su presidente y de la cámara de diputados. Todos ellos formaron un nuevo partido, Chileprimero, que apoyó a Piñera.

En 2007, el senador Adolfo Zaldívar, ex presidente del PDC, fue expulsado del partido y con él renunciaron cinco diputados, privando a la Concertación de la mayoría que tenía en la cámara baja desde 1990. Este hecho permitió a la oposición aprobar la acusación constitucional que había presentado contra la ministra de Educación, Yasna Provoste (PDC), por irregularidades encontradas por la Contraloría en su Ministerio, siendo luego destituida por el Senado.

En el PS la situación fue más grave, al ser el partido de la presidenta Bachelet. Ahí renunciaron dos senadores, Alejandro Navarro y Carlos Ominami, padre del diputado Enríquez-Ominami, al igual que el ex ministro y ex presidente de la colectividad, Jorge Arrate. Las divisiones en el oficialismo continuaron en las elecciones municipales de 2008, cuando el PPD, para detener la sangría de dirigentes a ChilePrimero, formó, junto al Partido Radical Social Demócrata (PRSD), una lista de candidatos a concejales separada de la lista de la Concertación, que estuvo formada por el PS y el PDC. Por primera vez la coalición acudió dividida a una elección, alentando la postulación de candidatos a alcaldes “descolgados” de la Concertación, que fueron en listas independientes, resultando varios elegidos. Pese a que la Concertación fue unida a las elecciones de alcalde (realizadas en forma separada, aunque simultáneamente a la de concejales), obtuvo un mal resultado, perdiendo ante la oposición las alcaldías de todas las ciudades que eran capitales de regiones, con excepción de dos.

En un ambiente de conflictos y divisiones se llegó a la nominación del candidato común de la Concertación, que se realizaron por primarias que fueron realizadas sin demasiado rigor. El ex presidente Ricardo Lagos declinó postular y similar decisión adoptó José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), los precandidatos de la izquierda de la Concertación. Frei lazó su postulación en 2008 en el PDC, obteniéndola y declaró su disposición a participar en las primarias de la Concertación. Tras ser proclamado por el PDC, el PS y el PPD, Frei compitió con el presidente del PRSD, el senador José Antonio Gómez, en primarias abiertas de la Concertación en dos regiones, en las cuales se impuso aquel.

En tercer lugar, el senador Frei, como candidato presidencial, cometió errores, en los que destaca haberse negado a la designación de un jefe de campaña, que le hubiera permitido dar unidad y eficacia a su comando, características que faltaron, pues hubo desorden entre los integrantes de su comando y los dirigentes de los partidos de la Concertación que trascendieron a la opinión pública. Además, Frei no cuidó la formulación de una propuesta programática de futuro, enfatizando la continuidad de las políticas impulsadas por el gobierno Bachelet, lo cual reafirmaba que su postulación miraba más al pasado, la principal crítica de la oposición por haber sido ex presidente. Y no supo enfrentarse oportunamente a la candidatura de Enríquez-Ominami, que apeló a los jóvenes y a los partidarios de la Concertación desencantados con los partidos.

La derrota de la Concertación no se explica sin la candidatura presidencial de Enríquez-Ominami, que aprovechó con habilidad el vacío de poder constituido por el mal estado en que se encontraban los partidos oficialistas. Es un joven diputado de 36 años, con una breve biografía política iniciada cuatro años antes al ganar un escaño en uno de los distritos de la circunscripción de su padre, Carlos Ominami (PS). Sin haberse destacado en el PS ni en el Congreso, su fuerza electoral surgió de su voluntad de enfrentarse a la Concertación y a Frei, contando con el apoyo económico de un conocido hombre de negocios, Max Marambio, que había pertenecido al MIR en su juventud y que formó su fortuna en la Cuba de Fidel Castro, de la prensa escrita, de lo cual se hizo eco la televisión, en la que su esposa es una destacada personalidad, y de sectores de derecha, que vieron en su postulación una manera de debilitar a Frei y beneficiar la opción de Piñera.

Conclusión

Las perspectivas

El nuevo presidente, Sebastián Piñera, que asumirá el 11 de marzo de 2010, tendrá una difícil tarea, aunque es un hombre extraordinariamente inteligente y tiene experiencia política. En primer lugar, estará en minoría en el Congreso. Esta es una situación política similar a sus cuatro antecesores, que llevó a los presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet a entenderse con la oposición, debiendo abandonar una parte de su programa. Piñera ha admitido esta realidad al sostener que impulsará una “democracia de los acuerdos”, término acuñado por RN cuando apoyó proyectos de leyes durante la administración del presidente Aylwin. El PDC y el PS han manifestado que harán una oposición constructiva, que anticipa la continuidad de la política de acuerdos entre el ejecutivo y la oposición y hacen que Chile tenga una democracia de consenso, en la nomenclatura de Arend Lijphart.

Es difícil, en segundo lugar, por la fragmentación del sistema de partidos producido en el último tiempo como consecuencia de las rupturas ocurridas en tres colectividades oficialistas y por el debilitamiento organizativo de éstas, con una menor cohesión de sus bancadas en el congreso. Las manifestaciones del debilitamiento de los partidos oficialistas son elocuentes: su afiliación se ha desplomado; no hay renovación de sus dirigentes; su presencia en el movimiento estudiantil de las principales universidades del país es baja; tampoco están presentes en el movimiento sindical; y, por último, pero no menos importante, han descuidado las ideas, sin ofrecer propuestas de solución a los principales problemas del país.

Es difícil, en tercer lugar, porque durante la campaña hizo grandes promesas, difíciles, cuando no imposibles de alcanzar, como un millón de empleos en cuatro años. Ha declarado que gobernará con una eficacia superior a sus predecesores, demostrada estos días con una frenética actividad en términos de reuniones de trabajo y encuentros con ciudadanos. Sin embargo, los desafíos que afronta Chile requieren cambios institucionales que suponen una cuidadosa elaboración, que requieren tiempo. Piñera tendrá que acostumbrarse al hecho de que los tiempos de la política son distintos a los del mundo de los negocios al que él perteneció. Los acuerdos en el congreso serán más difíciles por la fragmentación del sistema de partidos, con ocho colectividades que tienen representación, número que corresponde al pluralismo polarizado de Giovanni Sartori, aunque la distancia ideológica entre ellos es muy baja. Sin embargo, los partidos de la Concertación durante un tiempo no tendrán la cohesión para actuar con efectividad, pues deberán definir su nuevo papel de estar en la oposición después de 20 años.

Piñera ha anunciado que hará un gobierno para todos los chilenos, que indica que más allá de ser él un exitoso hombre de negocios, impulsará una agenda tomando en cuenta los intereses de todo el país. En los dos últimos gobiernos ha habido una excesiva influencia de los grandes empresarios en la agenda pública, que se puede explicar por el interés de los dos presidentes (Lagos y Bachelet) por romper las desconfianzas del mundo empresarial hacia la izquierda. Esta justificación no existe y se da un nuevo escenario y puede ocurrir que una administración de derecha y con Piñera impulse una política de menos concesiones a los grandes empresarios y más al trabajo, que le den la posibilidad de ampliar su apoyo electoral en los sectores centristas.

Los partidos de la Concertación también se enfrentan a dificultades, que pueden obstaculizar la acción del nuevo gobierno. Habrá una primera fase de recriminaciones sobre las causas de la derrota y no será fácil que definan a breve plazo una posición común que permita impulsar una oposición efectiva. Cada uno afronta severos problemas: las fuerzas centrífugas en el PS, el debilitamiento organizativo y programático del PDC, la fragilidad organizativa y la alta personalización en el PPD y la baja presencia electoral del PRSD. La renovación de sus directivas requerirá que den un paso al lado quienes han estado en posiciones de gobierno, en el congreso o en sus direcciones, lo que será complejo. Porque fue una coalición formada para restablecer la democracia y apoyar al gobierno, en la oposición deberá encontrar otras fuentes que le den legitimidad para actuar. La definición de una política común que le dé continuidad está facilitada por dos fuertes incentivos institucionales: el sistema electoral binominal, que presiona por la cooperación entre los partidos en las elecciones parlamentarias, y el balotaje, que obliga al acuerdo en la competencia presidencial. Los partidos de la Concertación tienen una larga historia y una importante base electoral que les permitirá seguir teniendo un enorme poder e influencia en el sistema político. Y si quieren ser una alternativa de poder, tendrán que buscar una política que combine los intereses de cada uno (su diversidad, que fue el arco iris), con una estrategia común, que atienda a otros objetivos, desarrollando una oposición inteligente con el nuevo gobierno.

LA DEFENSA EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL BRASIL: EL CONSEJO SURAMERICANO Y LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DEFENSA

2010-02-21T14:01:00.003-05:00

Héctor Luis Saint-Pierre

Introducción

La materia empírica de la política internacional son las percepciones, por eso las unidades decisorias dirigen a éstas la lógica de sus políticas exteriores, para impactarlas a través de sus dos gramáticas: la diplomacia y la estrategia (en la conceptualización aroniana).[1] La eficacia de ese impacto depende, en buena medida, de la sintonía de las dos gramáticas, y ésta, a su vez, de la fuerza y coherencia con que la política imponga su lógica sobre aquellas. La “política exterior” se define como el producto de dos embates: uno positivo, en el seno del proceso decisorio del Ejecutivo y otro negativo, caracterizado por el juego de los contrapesos de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este último embate, a su vez, tiene dos aspectos, por un lado, el “inercial” que comprende los actos legislativos de ratificación de pactos y tratados internacionales que marcan la estabilidad y previsibilidad del comportamiento internacional del país y, por otro lado, el ejercicio de la “política negativa” (en sentido weberiano),[2] de la actividad de la oposición política en el Legislativo que, por medio de comisiones parlamentarias y de la práctica de procesos reglamentarios, intenta retrasar, inhibir o impedir el ejercicio positivo de la acción de gobierno.[3]

El embate positivo, aquel que se traba dentro del proceso decisorio del Ejecutivo, se modela como resultado de la dialéctica entre la voluntad del Ejecutivo y las de sus burocracias específicas (la diplomacia y las Fuerzas Armadas) en la lucha por imprimir una determinada dirección a la proyección del país en su relacionamiento con los otros y en su inserción en la política internacional. Aquí nos limitaremos a este embate entre el gobierno y los propios instrumentos de poder, recordando como Weber (1992, p. 94) que “quien quiera llevar la batuta en política, ya sea un monarca o un ministro, debe saber cómo jugar con los modernos instrumentos de poder”.

Tal vez Brasil nunca antes haya pasado por una prueba tan clara para mostrar el funcionamiento de esa dialéctica como en el momento actual. Después de mucho insistir en sus discursos sobre la prioridad del escenario sudamericano para la política exterior y como objetivo primordial de la estrategia de inserción internacional de Brasil, el gobierno presidido por Luiz Inácio “Lula” da Silva promovió la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y lideró la creación, dentro de esa institución, del Consejo Suramericano de Defensa (CSAD), mostrando, con esos gestos, su determinación con relación al escenario subregional suramericano. Ambas propuestas, pero particularmente la del CSAD, exigen la sintonía de las gramáticas militar y diplomática en su adecuación a la lógica de la política exterior. En efecto, ambos instrumentos deben potenciarse en la tarea de modelar las percepciones subregionales reduciendo las desconfianzas para crear el ambiente propicio para la cooperación multilateral. No obstante, faltaba la transparencia de las intenciones estratégicas brasileñas para la región que hubiese podido ser expresada en un Libro Blanco de Defensa aún inexistente. Por eso, quizá, el documento Estrategia de Defensa Nacional (END) haya despertado tanto interés internacional ya que por primera vez Brasil hacía pública su visión del mundo y de la región, sus percepciones de las amenazas y desafíos a sus intereses, así como la organización, disposición y disposición de la fuerza para afrontarlos.

Como pieza importante de la expresión de la política exterior brasileña la END, resultante de aquella dialéctica de las voluntades, debería contener de alguna manera las expectativas gubernamentales, las diplomáticas y las militares (o por lo menos de los sectores que lideran esas corporaciones), los consensos político-partidarios logrados por la representación popular en el seno del parlamento y, si es posible –porque no todas las “democracias” lo consiguen–, respetar las indicaciones sugeridas en los debates de la sociedad organizada. Sin embargo, la diplomacia y la estrategia brasileñas sufren lo que hemos denominado como “el destino de las paralelas”,[4] que consiste en que, dependiendo de la ideología del sector burocrático que se encuentre al frente de cada una de esas corporaciones, pueda que exista coincidencia o no entre los objetivos de la política exterior. De la voluntad política del Ejecutivo, especialmente del ímpetu de su carisma –para aprovechar el concepto weberiano– sobre aquellas estructuras burocráticas, dependerá el ordenamiento, la coherencia y la armonía de objetivos entre las tres voluntades. En caso de antagonismo valorativo, normalmente deberá prevalecer la indicación del Ejecutivo, aunque luchando duramente con la inercia corporativa de las burocracias inconformadas. Tal vez esta última situación de resistencia burocrática sea la que ha prevalecido en las iniciativas presidenciales para la política exterior desde Fernando Henrique Cardoso –es decir, desde que comenzó a destacarse la “diplomacia presidencial”– y la clave explicativa de por qué la fuerza de las iniciativas internacionales brasileñas, tanto en el área diplomática cuanto de la defensa, sea muchas veces seguida por la laxitud operativa en el momento de la formalización institucional.

Este Documento de Trabajo analiza aquellas dos iniciativas de lo que se conoce como “diplomacia presidencial”: la creación del Consejo Suramericano de Defensa (CSAD) y la publicación de la Estrategia Nacional de Defensa (END)[5] brasileña tratando de iluminar, en ambos casos, las dificultades que la emergencia de aquellas dialécticas coloca en el camino de su implementación. Dejamos fuera del análisis directo la influencia de la dialéctica con el Legislativo, menos por la relación abúlica que éste muestra por estos temas que por una cuestión de espacio y síntesis.

La defensa en Brasil: los Documentos de Política de Defensa Nacional[6]

En 1996, durante el gobierno Cardoso, se publicó el primer Documento declaratorio de la Política de Defensa Nacional (DPDN) que definió, en el parágrafo 1.3 que:

“La política de Defensa Nacional, orientada para ‘amenazas externas’ tiene la finalidad de fijar los objetivos para la defensa de la Nación, bien como orientar el preparo y el empleo de la capacitación nacional, en todos los niveles y esferas de poder, y con el involucramiento de los sectores civil y militar”.[7]

Sin embargo, la publicación de este documento no delimitó claramente la esfera de la defensa nacional, ya que mantuvo la vigencia del artículo 142 de la Constitución que consolidaba la abertura del abanico de las misiones de las Fuerzas Armadas y la posibilidad de su intervención en las cuestiones internas. Por lo tanto, otra vez (después de la Constitución de 1988) se postergó una definición inequívoca del ámbito específico de la defensa y de su diferencia en relación a la seguridad pública. Así, se mantuvieron latentes algunos vestigios de la antigua Ley de Seguridad Nacional (LSN) en lo relativo al empleo de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas.

Tal vez consciente de esa peligrosa laguna constitucional y de la relativa porosidad del Documento de Política de Defensa Nacional (DPDN), el gobierno de Lula publicó una nueva versión en 2005. Sin embargo, el nuevo DPND de 2005 acabó retrocediendo aún más a los preceptos de la LSN de 1967, al colocar a la defensa nacional al servicio de la contención de amenazas “preponderantemente” externas, facilitando, con esa aparentemente inocente adjetivación, la abertura para las cuestiones internas.

De todos modos, el DPDN de 2005 incorporó algunos importantísimos elementos innovadores, como la valorización de la lógica de la confianza mutua y de los foros multilaterales, el rechazo de la guerra y la búsqueda de las soluciones pacificas de las controversias, pero sin abandonar el carácter “disuasorio” de Defensa. En el parágrafo 4.4 de la DPDN de 1996 se explicaba la política de defensa como la preparación “a fin de rechazar una eventual agresión armada” para lo cual “el país empleará todo el poder militar necesario, con vistas a la decisión del conflicto en el plazo más corto”. Aún así, el documento definía el carácter de la defensa brasileña como “preventivo”, “defensivo” y “no ofensivo”. En el DPDN de 2005, la disuasión aparece en la parte en la que se afirma que la naturaleza (posture) estratégica del Brasil se fundamenta “en la existencia de una capacidad militar con credibilidad y apta para generar un efecto disuasorio”. Además, prevé la existencia de unas Fuerzas Armadas “modernas, balanceadas y aprestadas”.[8] Sin embargo, la precariedad de las condiciones materiales de las Fuerzas Armadas brasileñas pone en duda la eficacia de la estrategia de disuasión adoptada por Brasil. Por otro lado, el documento también destaca la cooperación regional[9] y, a pesar de que existe en la práctica una excelente relación “entre Fuerzas” con los países vecinos, desde el punto de vista institucional se ha avanzado poco para formalizar esa aproximación. De parte de los militares parece prevalecer la perspectiva de que la opción por la cooperación continúa configurando un escenario indeseado, ya que, para ellos, la necesidad de cooperar podría ser percibida como una vulnerabilidad nacional.

En el DPDN de 2005 se recogen expresamente las percepciones de las amenazas que se esperan para lo largo del siglo XXI: el conflicto creciente por el agua dulce potable, la disputa por áreas marítimas, por fuentes de energía y por el dominio aeroespacial. El problema amazónico es presentado en ese documento como especialmente sensible, debido a la supuesta codicia internacional sobre su biodiversidad y sus riquezas minerales, así como por la ausencia de protección de esa región debido a su baja densidad demográfica. Sin embargo, y para agravar la situación de seguridad de la región amazónica, la reorientación estratégica brasileña, por la que se cambió el foco de las preocupaciones de la defensa del sur del país (coherente con la vieja hipótesis de guerra con la Argentina) para el norte, no se acompañó de la debida reestructuración de las fuerzas ni de la tecnología militar necesaria para las especificidades de la región, lo que se refleja en los reclamos de los militares ante la falta de recursos para la eficaz vigilancia de la Amazonia.[10]

El DPDN 2005 añadía como prioridad estratégica la integración regional de la industria de la defensa como un medio adecuado para consolidar la confianza y, simultáneamente, alcanzar la autonomía estratégica de la región. Por otro lado, y a diferencia del documento de 1996 que prescribía las orientaciones estratégicas en el ámbito general, en el DPDN de 2005 se clasificaron como zonas estratégicas: Brasil, el contexto regional y el contexto internacional. Otro tema que ganó importancia estratégica en este documento es la zona de la plataforma continental del Atlántico Sur, designado como “Amazonía Azul”.

Asimismo, en el DPDN de 2005 aparece por primera vez la creación de un programa de educación civil para la concienciación de la sociedad en relación a la importancia de la defensa nacional, aunque hasta el momento poco se ha hecho a ese respecto. Es elogiable, no obstante, el trabajo de la antigua Secretaría de Cooperación del Ministerio de Defensa –hoy reducida a la categoría de Departamento– para poner en marcha algunos programas orientados por ese objetivo, como aquel que promueve los congresos académicos sobre defensa nacional,[11] ya en su sexta edición, que ha tratado de integrar universitarios civiles con jóvenes oficiales por medio de congresos periódicos. Otra iniciativa destacable de esta Secretaría fue la creación del programa Pro-Defesa,[12] por medio del cual esta Secretaría, junto al Ministerio de Educación, fomentan la creación de cursos de posgrado académicos de estudios en el área de la defensa mediante recursos financieros y becas de estudio.[13]

A pesar de promover algunas innovaciones, los cambios en la política de defensa nacional no trajeron para Brasil algunos asuntos que son discutidos desde hace algún tiempo en otras partes del globo, como es el caso de la derogación de la Ley que instituye el Servicio Militar Obligatorio. Durante la gestión del ministro José Viegas, el fin de esa institución de incorporación obligatoria fue una de las transformaciones anunciadas para la defensa por el gobierno de Lula da Silva, pero la iniciativa no llegó a superar el nivel del mero discurso. El servicio militar obligatorio no fue sustituido por el voluntariado con el argumento de que el reclutamiento de ciudadanos es una forma de ofrecer oportunidades a jóvenes carentes, una vez que dentro de los cuarteles, además de recibir alimentación adecuada y salario, aprenden un oficio. De todos modos, se redujo drásticamente el número de reclutas ingresantes y una disminución del tiempo de prestación (el expediente) para reducir costes con la alimentación de los reclutas. El alistamiento obligatorio se enmarcó en el papel de las actividades asistenciales del Ejército, abandonando la idea de la implantación del servicio voluntario, como hicieron otros países. Como se verá más adelante, en la Estrategia Nacional de Defensa no solamente se mantiene el servicio militar obligatorio, sino que, además, se refuerza, amplia y profundiza, además de complementarse con un servicio civil obligatorio.

Otra cuestión ausente en este documento fue la discusión sobre la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas como combatientes y el de la tolerancia de los homosexuales en el cuadro de oficiales. Las Fuerzas Armadas brasileñas repudian la idea de la incorporación de homosexuales y les aplican severas sanciones cuando descubren la presencia de ellos entre los oficiales. De igual forma, todavía conservan un fuerte prejuicio en relación a la incorporación de las mujeres como combatientes. Diferentemente del caso español, por ejemplo, en el que las mujeres son incorporadas desde hace más de dos décadas, en Brasil, sólo podían ingresar en la Intendencia hasta que hace muy pocos años la Aeronáutica fue pionera en abrir el cuadro de oficiales para las mujeres.

La educación militar es otro problema que, a pesar de que debería merecer especial atención en cualquier intento de modernización de las Fuerzas Armadas, no se incluyó en el documento de PDN. Obviamente, para modernizar la defensa es necesario revisar el sistema educativo de las Fuerzas Armadas para poder adaptar el conocimiento, la mentalidad y el conjunto de valores del militar a las exigencias y necesidades del mundo contemporáneo y los intereses brasileños de proyección en el mismo. Sin embargo, la educación es uno de los más defendidos bastiones de la autonomía militar, absolutamente cerrado a cualquier intervención del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Educación.[14]

Otro elemento que podría indicar un avance en la modernización de la estructura administrativa de la defensa de Brasil fue la tardía creación del Ministerio de Defensa en 1999, durante el segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso.[15] La creación del Ministerio de Defensa se tradujo en algunos avances. En el plano discursivo, permitió la existencia de una política civil de defensa bajo una autoridad civil en un sector que, para la percepción de muchos, debía ser de competencia exclusiva de los militares. Por otro lado, mejoró la imagen del país ante la comunidad internacional porque hasta ese momento Brasil se representaba en los foros internacionales mediante cinco Ministerios militares. Finalmente, la creación del Ministerio homologó y normalizó la inserción brasileña en el sistema internacional de defensa participando en las nuevas visiones cooperativas y comunitarias, propias del orden internacional de la “interdependencia”, con base en valores e intereses comunes.

La modernización de las Fuerzas Armadas de Brasil en el discurso del gobierno Lula

Durante la campaña electoral que colocaría a Lula da Silva en el poder, el candidato presentó a los militares las siguientes propuestas para el sector de la defensa nacional:[16] dotar a las tres Fuerzas de presupuestos adecuados, exigiendo la participación del Congreso en los debates de los proyectos de la defensa cada cuatro años (ni los presupuestos se han mejorado ni el Congreso ha superado su renuencia a discutir las cuestiones de defensa); realizar inversiones destinadas a la recuperación del sector de inteligencia (una recuperación parcial e insatisfactoria); reforzar las áreas fronterizas, principalmente en la región amazónica (se ha conseguido sólo parcialmente); revocación del Tratado Inter-Americano de Asistencia Recíproca (TIAR) y su sustitución por uno de cooperación regional (fue convocado por Brasil en los acontecimientos del 11 de septiembre y aún se mantiene); fomentar un movimiento de cooperación militar regional liderado por Brasil (logrado como un éxito personal del presidente Lula con la propuesta y ejecución del Consejo Suramericano de Defensa (CSAD); acabar gradualmente con la obligatoriedad del servicio militar y su sustitución por el servicio civil (no sólo no acabó con él, sino que en la END lo ha aumentado en profundidad y extensión para hacerlo una pieza central de la integración entre la nación y las Fuerzas Armadas en el diseño estratégico); y dar continuidad a la compra de aviones de combate, dando prioridad al consorcio que propiciase mayor transferencia tecnológica del software y generación de empleos (continúa en discusión y nada se ha decidido hasta el momento).[17]

Durante la presentación de su programa a los militares[18] el presidente trató de temas como el equipamiento de las Fuerzas, el plan de Defensa Nacional, el aumento en cuatro años del 1% al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) los recursos del presupuesto destinado a la investigación y tecnología de la defensa; el aumento de los salarios y la recuperación de la paridad de la jubilación entre militares en activo y en la reserva que había sido anulada por una Medida Provisoria editada por el presidente Cardoso. Con relación al servicio militar, Lula da Silva aseguró que podría ser instrumentalizado como una forma de “inserción social” de los jóvenes brasileños que están fuera del mercado de trabajo, lo que en alguna medida se cumplió con el programa “Soldado Ciudadano”, que utiliza reclutas en acciones sociales. Exceptuando esta última, no se cumplió ninguna de las medidas y propuestas presentadas a la audiencia militar.

Pueden destacarse: la divulgación del Plan Básico de Reestructuración del Ejército en sus unidades, buscando una distribución más equilibrada de la fuerza terrestres y de su material orgánico por el territorio nacional; la desconcentración de los medios blindados de los grandes centros urbanos, de locales impropios para el adiestramiento de esas fuerzas y la consecuente aproximación de los campos de instrucción, propiciando economía de combustible; y la reunión de materiales del mismo tipo en una misma brigada, creando facilidades para su manutención y mayor flexibilidad en el combate, proporcionando a los comandos blindados mejores medios para poder intervenir y aprovechar las oportunidades.[19]

Como consecuencia de la falta de presupuesto, en el año 2004 la Marina tuvo que retirar de actividades a la fragata Dodsworth y el contratorpedero Pernambuco por falta de condiciones de manutención. La Armada sufre bajas graduales de sus medios de combate y la canibalización de una de sus fragatas británicas para obtener piezas de recambio. De acuerdo con el almirante Julio Soares de Moura Neto, comandante de la Marina, la fuerza no dispone de medios suficientes para proteger los 8.500 kilómetros de costa brasileña, lo que sería vital para la garantía de la soberanía nacional sobre sus recursos naturales.

La falta de recursos también afecta el desarrollo del programa nuclear brasileño y a la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear, considerado por la Marina fundamental en el esfuerzo estratégico para defender la soberanía nacional en los mares y en la defensa de los yacimientos petrolíferos de aguas profundas. Sobre el proyecto de construcción del submarino nuclear, se anunció, aún en 2005, la conclusión del prototipo “en tierra” del reactor nuclear brasileño que serviría como propulsor en los submarinos, ya que el 65% del proyecto ya estaba concluido, faltando recursos para la construcción de un laboratorio de generación eléctrica.

En junio del 2007, durante la conmemoración del 142° aniversario de la Batalla del Riachuelo, el presidente Lula defendió la conclusión del programa nuclear de la fuerza naval porque, además de posibilitar la construcción del submarino nuclear, y con eso colocar el Brasil en el selecto grupo de países capaces de desarrollar esa tecnología, el programa de la Marina generaría energía eléctrica y se desarrollarían nuevos materiales. El comandante de la Marina aprovechó la ocasión para, una vez más, pedir la ejecución del programa de recuperación de la fuerza. Si bien es cierto que hay una crónica falta de recursos económicos para continuar el proyecto, parte de la demora se puede atribuir también a la falta de eficacia militar para coordinar proyectos científico-tecnológicos complejos. Creemos que si los militares reconociesen sus limitaciones y confiasen en los científicos y técnicos civiles brasileños para coordinar la parte científico-tecnológica del proyecto se ahorraría dinero y tiempo y se fomentaría la confianza entre civiles y militares.

En relación a la Aeronáutica, y después de varios años intentando innumerables licitaciones para la compra de nuevos aviones de caza, los F-103 Mirage III, que vigilaban el espacio aéreo brasileño desde hace 33 años, comenzarán a ser sustituidos por 12 aviones franceses Mirage 2000-C, fabricados en la década de los 80. Una de las promesas más enfáticas de Lula a las Fuerzas Armadas acabó con la compra de aviones usados. En abril de 2007, el Comando de la Aeronáutica informó de la reanudación del Proyecto FX para equipar el 1° Grupo de Defensa Aérea, de la base de Anápolis, a 140 km de Brasilia. Ese proyecto es considerado fundamental para garantizar la defensa aérea brasileña y el actual comandante de la Aeronáutica, el brigadier Juniti Saito, garantizó que los recursos disponibles y previstos en el presupuesto estaban garantizados y que el gobierno se dispondría a costear un plan que pretende, sobre todo, promover la capacitación científico-tecnológica de la Aeronáutica.

En septiembre del 2007 el presidente Lula da Silva anunció la creación del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) donde defendió la necesidad de que las Fuerzas Armadas recuperaran poder militar. Eso fue durante la firma del decreto de creación del Grupo de Formulación de la Estrategia Nacional de Defensa, encargado de realizar un estudio que debería estar concluido el 7 de septiembre de 2008 (plazo que no fue cumplido). Según el ministro Jobin, la misión de cada Fuerza sería redefinida con auxilio del Plan Estratégico Nacional de Defensa que englobaría el cumplimiento de las antiguas promesas hechas a la Aeronáutica. El anuncio del PAC por el presidente Lula, juntamente con las afirmaciones del ministro Jobin, llamaron la atención porque tal vez nunca estos temas tuvieron tanta repercusión en los medios de comunicación, que interpretaron la recuperación del parque bélico como un intento de contrapeso de poder militar en relación con el proceso de compra de armamento por parte de Venezuela.

Algunas reflexiones parciales

Aún reconociendo la existencia de avances bastantes significativos en el área de la defensa en Brasil, todavía es posible mantener algunas reservas. En primer lugar, sobre la consolidación institucional del Ministerio de Defensa como instrumento autónomo de la injerencia política de las Fuerzas Armadas. Segundo, sobre si favoreció o no la consolidación, o al menos un aumento, del ejercicio del control y el mando político de la defensa o una mayor transparencia de los asuntos del área para fomentar la formación de una cultura democrática de la defensa. Tercero, si el Ministerio de Defensa puede ser considerado un instrumento eficiente para cumplir con las metas de la reformulación de las bases de la defensa nacional.

Aunque se haya expresado que esa reformulación anunciaría una nueva era de las relaciones civiles-militares, caracterizada por el respeto al juego democrático y por el intercambio de visiones, ese esfuerzo no logró todavía incorporar a la sociedad a estos temas. El llamado “debate nacional” se limitó a la invitación de algunos especialistas elegidos por las Fuerzas Armadas o con su anuencia para ofrecer conferencias dentro de los muros de los centros militares mientras que los viejos valores militares continúan prevaleciendo en la formulación de la política de defensa de Brasil. Tal vez por eso, el cuadro funcional del Ministerio refleja una activa participación política de los militares y una sonora ausencia de civiles[20] (incluso el nombramiento del ministro depende –informalmente– de la aceptación previa de los militares). En varias Secretarías algunos cargos son ocupados por civiles, lo que no llega a caracterizar este Ministerio como civil, porque el mero ejercicio de un civil en el puesto de ministro no garantiza la transmisión del mando político sobre las Fuerzas Armadas ni el efectivo control civil de la estructura de la defensa nacional. La autonomía de las Fuerzas Armadas se extiende a todos los órganos y gabinetes de la estructura de la defensa nacional, tanto en su participación en el Consejo de la República y el Consejo de Defensa Nacional, como en funciones de asesoría presidencial, parlamentaria y en las Comisiones de Defensa Nacional del Congreso.

Creemos que el proyecto de reestructuración de defensa, comenzada por Cardoso, se elaboró dentro de los límites que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (EMFA) entendió como adecuados para la preservación de sus prerrogativas constitucionales y de su autonomía en el escenario político nacional. No obstante se hayan eliminado los cinco Ministerios militares, con el Ministerio de Defensa cada una de tres fuerzas conservó algunas prerrogativas ministeriales, porque los comandantes de las tres fuerzas no perdieron su estatus de ministros y mantuvieron prácticamente inalteradas sus funciones de poder (por ejemplo, continuaron siendo miembros natos del Consejo de Defensa Nacional), incluso fueron equiparados al cuadro de ministros, con foro específico de procesos y juzgamientos en el Senado, una prerrogativa del presidente de la República y de los ministros de Estado.[21]

A pesar de que la imagen de Brasil mejoró en la escena internacional, tal vez el Ministerio de Defensa aún no sea una institución moderna ni modernizante. Con pocos años de existencia, continúa siendo un órgano en formación que apenas consigue realizar satisfactoriamente su función esencial y cuya orientación estratégica y política todavía se contesta duramente por los militares.

La proyección brasileña en el ámbito de la defensa subregional

A pesar de que los discursos del presidente Lula da Silva y de su ministro de Defensa, José Viegas Filho, manifiestan la voluntad política de Brasil de estrechar las relaciones de seguridad y defensa entre los países de América del Sur, lo que se observa es una notoria resistencia a institucionalizar acuerdos bilaterales o multilaterales con la finalidad de instituir una estructura de defensa común para la subregión a corto o medio plazo. Como ha declarado el ministro Viegas:

“Creo que es importante resaltar que me parece correcta nuestra opción, en los últimos 15 años, por enfatizar, en el Mercosur, la dimensión comercial de la integración, En mi evaluación, el desarrollo de estructuras más rígidas de integración político-militar seria una especie de ‘techo’ de la construcción, correspondiendo a una etapa posterior del proceso. En el estadio actual, debemos dar continuidad, en el área de la defensa, a la línea del establecimiento de vínculos específicos. Debemos, por ejemplo, mantener nuestros ejercicios combinados. Debemos profundizar, en la medida de lo posible, la coordinación de posiciones. Pero no es el momento, todavía, de pensar en una reproducción, en el plano político-militar, de las estructuras jurídico-diplomáticas con que ya contamos en el plano comercial”.[22]

En lugar de una profundización de la cooperación en defensa, el ministro prefirió dar prioridad al proceso de integración de las industrias de armamentos militares en la sub-región, destacando sus ventajas económicas:

“Aún en el ámbito sudamericano, hemos conversado sobre la posibilidad de una integración cada vez mayor de nuestras industrias de defensa. Esas conversaciones se han profundizado significativamente. Sabemos todos que una integración de esa naturaleza contribuirá a la elevación de los niveles de confianza mutua que ya existen en América del Sur. Todavía más, sabemos que traerán ganancias evidentes desde el punto de vista económico. Actuando de forma coordenada, ganaremos en escala y, por tanto, produciremos más, mejor y a costes más reducidos. Actuando concertadamente, contaremos con mercados mayores y más previsibles, lo que nos beneficiará también como consumidores”.

La principal medida adoptada en aquel momento en el campo de la defensa fue la búsqueda de un dialogo interinstitucional más denso con algunos países, estableciendo Grupos de Trabajo bilaterales en materia de defensa con Argentina, Bolivia, Chile Perú y Uruguay. Además, el ministro de Defensa de Brasil se empeño en organizar reuniones de ministros de Defensa de los países sudamericanos, que comenzaron en Brasilia en 2003 y que volvieron a acontecer en dos otras ocasiones, con la finalidad de construir consensos mínimos entre los gobiernos locales.

En lo relativo a la ejecución de maniobras conjuntas, se realizó el Ejercicio Cabañas de adiestramiento de fuerzas de paz en 2002. La maniobra consiguió reunir fuerzas brasileñas, chilenas, argentinas, peruanas y estadounidenses. En diversos pronunciamientos, el ministro Viegas comunicó la intención de profundizar las medidas de confianza mutua entre las Fuerzas Armadas de los países vecinos, bien por la necesidad de incrementar los ejercicios militares conjuntos, bien buscando una mayor articulación militar en la región.

Las preocupaciones con la posibilidad de que el conflicto civil colombiano se extendiese por los otros países de la subregión llevó a una atención mayor al dialogo con aquel país. Brasil estableció, en julio de 2003, un Grupo de Trabajo de la Criminalidad y del Terrorismo con Colombia y ambos países también formaron una Comisión Mixta Antidrogas.

Por esto, es posible concluir que Brasil, hasta la reciente iniciativa del Consejo Suramericano de Defensa, había preferido promover la confianza mutua y la cooperación esporádica y/o sólo de manera ad hoc producir e implementar un plano de cooperación militar efectiva a corto o medio plazo. Ya en aquel momento, miembros de la diplomacia y del Gobierno brasileño reconocían la importancia de la búsqueda de un dialogo mayor en América del Sur sobre los asuntos de defensa y seguridad internacional y hasta pensaban en la posibilidad de crear, en el futuro, un organismo de defensa común a todos los países del Mercosur. Sin embargo, en ningún momento se asumieron compromisos sólidos en la dirección de la creación del mismo y mucho menos se llegaron a institucionalizar esas iniciativas. La propuesta brasileña para el contexto regional y subregional se limitó a las medidas de promoción de la confianza mutua en el campo de la política militar y de las Fuerzas Armadas, implantadas especialmente con la Argentina y en menor escala con los demás países del Mercosur, sin dejar que la institucionalización de la cooperación y los compromisos contraídos puedan reducir la autonomía brasileña en materia de defensa.

Para analizar la política exterior de Brasil debe tenerse en cuenta algunos aspectos importantes que ayudan a comprender su peculiaridad:

La orientación corporativa de Itamaraty dentro de la política exterior brasileña parece condicionar fuertemente las decisiones internacionales del Brasil, incluso en materia de defensa y seguridad en un grado más elevado que la propia política de defensa. Eso gracias a las deficiencias de la última, aún disonante del proceso democrático.

La opción por la aproximación no institucional en materia de defensa con los vecinos del Cono Sur en primer lugar, y con América del Sur después, produce como resultado correlaciones puntuales y temporales aunque permite una buena evolución de las relaciones estratégicas entre los países.

En relación al ámbito hemisférico, los esfuerzos estratégicos de Brasil parecen concentrarse, casi exclusivamente, en la garantía de la autonomía frente a EEUU y en impedir las tentativas norteamericanas tendentes a caracterizar el continente americano como un espacio estratégico único.

En la esfera global, Brasil busca adherirse a regímenes de desarme y control de armamento, defendiendo el pacifismo y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, además de establecer los foros multilaterales como espacio de refugio de los países en desarrollo. La participación en misiones de paz, particularmente en la MINUSTAH parece mostrar un Brasil preocupado por un papel más protagonista en el ambiente internacional y tal vez su ambición por un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A pesar de su renuencia para definir institucionalmente los ámbitos de integración en la subregión y tal vez siguiendo un principio del gobierno Lula en materia de política exterior para la defensa y la seguridad internacional que busca “Consolidar el papel del Brasil como promotor de la integración regional y hemisférica en materia de defensa, así como consolidar su presencia en los foros internacionales de defensa, realzando la posición brasileña en el mantenimiento de la paz mundial”,[23] desde fines de 2006 y comienzos de 2007 parece haber un cambio en el cuadro de la política exterior brasileña en relación con la defensa y la subregión. En efecto, tal vez como resultado del ejercicio de poder político del presidente brasileño y de su empeño personal, las autoridades, tanto del Ministerio de Defensa como del de Relaciones Exteriores, así como el secretario especial de la Presidencia, se movilizaron para crear un foro institucional de defensa para la subregión de América del Sur, una articulación político-diplomática cuyos resultados se analizan a continuación.

El Consejo Suramericano de Defensa[24]

Desde la segunda mitad del 2007 comenzó a circular la noticia de que Brasil estaba propulsando la creación de un Consejo Suramericano de Defensa (CSAD). La inexistencia de detalles más precisos y la ausencia de foros explícitos en los cuales se debatiesen levantó sospechas, entre los analistas y especialistas, sobre la forma en que se articulaba políticamente o se pretendía “imponer” ese proyecto. En la prensa fueron apareciendo noticias parciales y los rumores se fueron acumulando hasta que en marzo de 2008, una vez superado el punto más álgido de la crisis suscitada entre Colombia y Ecuador, la idea del CSAD asumió notoriedad. Los discursos de Nelson Jobín, ministro de Defensa de Brasil, en EEUU, dejaron claro la necesidad de crear un organismo sudamericano para que los países de la subregión puedan actuar en las cuestiones internacionales “con una posición relevante y no pura y simplemente manipulados por otras circunstancias y otros intereses”.[25] Para el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia, Marco Aurelio Garcia, el Consejo tendría la capacidad de evitar tensiones en América del Sur como la ocurrida en el inicio de 2008 entre Colombia y Ecuador.

Nelson Jobim inició una gira para reunirse con sus homólogos ministeriales de los diferentes países sudamericanos buscando promover la iniciativa, lograr apoyo y aclarar dudas al respecto. El objetivo brasileño era que el Consejo se creara en la reunión fundacional de la UNASUR y fue en ese contexto en el que se presentó la propuesta formalmente. Sin embargo, la creación del CSAD no fue puesta a votación ante la inminencia de su derrota. Las dudas peruanas y el rechazo explicito del presidente Uribe, aconsejaron la estrategia de dejar la votación para otro momento.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos del Ministerio de Defensa brasileño por divulgar la propuesta, existe un consenso entre las autoridades y especialistas sudamericanos del área de defensa en dos puntos: (1) que no estaba claro el contenido, el alcance ni el propósito de la propuesta; y (2) que la forma en la que se gestionó el lanzamiento hizo que la propuesta se percibiera en la subregión como impositiva e imperial.[26]

El CSAD no se propone establecer una alianza militar, ni ser un órgano operativo de carácter militar para la resolución de los conflictos. Parece ser una tentativa de integración del pensamiento de defensa subregional para discutir las necesidades de defensa comunes. Defendería como principios generales la consolidación de la democracia y la paz, la no intervención en los asuntos internos y el respeto a la soberanía de los países de la subregión, la autodeterminación de los pueblos y la integridad territorial. La pretensión de esta iniciativa es tratar de reunir las estructuras existentes en América del Sur en un Consejo integral de defensa, bajo decisiones no vinculantes. Parece que pretenderá lograr una mayor transparencia, confianza y previsión entre los países, interpretando las percepciones subregionales de las amenazas y los desafíos para articular las políticas de defensa buscando una sintonía que permita proyecciones compartidas sobre la seguridad subregional.

Es posible atribuirle los siguientes objetivos:

Intercambio de percepciones y elaboración de análisis compartidos sobre los escenarios mundiales de defensa.

Intensificación del intercambio de personal militar en materia de educación militar bajo la óptica e interés de los gobiernos y no sólo de Fuerzas singulares.

Intensificación de la participación común en misiones de mantenimiento de la paz bajo criterios y doctrinas compartidas.

Auxilio humanitario de emergencia a regiones afectadas por desastres naturales.

Incentivo al aumento de la realización de ejercicios militares conjuntos, buscando la optimización de la interoperatividad entre las Fuerzas Armadas subregionales.

Integración cooperativa de las bases industriales de defensa de la subregión para aumentar la autonomía con capacitación tecnológica y compras a escala.

Búsqueda de posiciones regionales consensuadas dentro de foros multilaterales como la JID y la OEA.

El proyecto del CSAD fue presentado a las delegaciones de los países sudamericanos durante la reunión que llevó a la firma del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas el 23 de mayo de 2008. Dicho tratado (art. 3,s), señala como uno de los objetivos de la UNASUR el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa. Sin embargo, los representantes sudamericanos, principalmente por la oposición del presidente colombiano, no lograron un acuerdo para la CSAD. Se acordó la constitución de un Grupo de Estudio sobre el Consejo de Defensa, con dos representantes de cada país (uno del área de defensa y otro de relaciones exteriores) con un plazo de 90 días para expedir una propuesta final de Consejo. Frente a lo que parecía un fácil consenso subregional, Álvaro Uribe explicó que Colombia rechazaba la creación del Consejo pero que sin embargo “Sí hemos aceptado la formación de un grupo de trabajo”.[27] Su argumento es que la región ya cuenta con la OEA y que existen divergencias con países vecinos en trono de la clasificación de grupos armados como “terroristas”.

Ante la firmeza de Uribe, el presidente brasileño Lula da Silva afirmó que “Precisamos contar con nuestro sector de defensa pensado conjuntamente. Eso solamente será posible si creamos el instrumento, que es el Consejo”. La presidenta chilena Michelle Bachellet defendió la creación del CSAD con el argumento de que el órgano sería capaz de regular acciones como la intervención militar en Haití. La presidenta Bachellet negó que el proyecto hubiera fracasado porque la mera propuesta ya significaba un éxito y porque se podía cerrar el grupo de trabajo con tarea concreta.

De esta manera, los desafíos de la creación y posterior funcionamiento del Consejo fueron diversos y polémicos. Existieron tres dimensiones en las cuales se centraron los debates:

(1) Lograr un consenso político en América del Sur, a pesar de la pluralidad de objetivos políticos y diferencias de relacionamiento con la superpotencia.

(2) Construir un mecanismo de cooperación política efectivo frente a las cuestiones de defensa, bajo un marco de control civil de las Fuerzas Armadas.

(3) Superar anteriores fracasos de cooperación multilateral. Este desafío aglutinaría los dos anteriores.

Finalmente, en la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUL), realizada en la Costa do Sauípe, Bahia, el 16 de diciembre de 2008, los presidentes de América del Sur deciden el establecimiento del Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR. La primera reunión de ministros de Defensa del UNASUR en el seno del CSAD aconteció el 9 y 10 de marzo de 2009. En esa reunión se concordó en la elaboración de un plan de acción para 2009 y 2010 estructurado en cuatro ejes principales que copiamos íntegramente:

1. POLÍTICAS DE DEFENSA.

a. Crear una red para intercambiar información sobre políticas de defensa.

b. Realizar un seminario sobre modernización de los Ministerios de Defensa.

c. Compartir y dar transparencia a la información sobre gastos e indicadores económicos de la defensa.

d. Propiciar la definición de enfoques conceptuales. e. Identificar los factores de riesgo y amenazas que puedan afectar la paz regional y mundial.

f. Crear un mecanismo para contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la región en foros multilaterales sobre defensa.

g. Proponer el establecimiento de un mecanismo de consulta, información y evaluación inmediata ante situaciones de riesgo para la paz de nuestras naciones, en conformidad con el Tratado de UNASUR.

2. COOPERACIÓN MILITAR, ACCIONES HUMANITARIAS Y OPERACIONES DE PAZ.

a. Planificar un ejercicio combinado de asistencia en caso de catástrofe o desastres naturales.

b. Organizar una conferencia sobre lecciones aprendidas en operaciones de paz, tanto en el ámbito interno como multilateral.

c. Elaborar un inventario de las capacidades de defensa que los países ofrecen para apoyar las acciones humanitarias.

d. Intercambiar experiencias en el campo de las acciones humanitarias a fin de establecer mecanismos de respuesta inmediata para la activación de acciones humanitarias frente a situaciones de desastres naturales.

3. INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA.

a. Elaborar un diagnóstico de la industria de defensa de los países miembros identificando capacidades y áreas de asociación estratégicas, para promover la complementariedad, la investigación y la transferencia tecnológica.

b. Promover iniciativas bilaterales y multilaterales de cooperación y producción de la industria para la defensa en el marco de las naciones integrantes de este consejo.

4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

a. Elaborar un registro de las academias y centros de estudio en defensa y de sus programas y crear una red suramericana de capacitación y formación en defensa, que permita el intercambio de experiencias y el desarrollo de programas conjuntos.

b. Proponer programas de intercambio docente y estudiantil, homologación, evaluación y acreditación de estudios, reconocimiento de títulos y becas entre las instituciones existentes, en materias de defensa.

c. Constituir y poner en funcionamiento el Centro Suramericano de Estudios Estratégicos de Defensa (CSEED), y encargar a un grupo de trabajo dirigido por Argentina, en un plazo de 60 días, la elaboración de la propuesta de su estatuto. d. Realizar durante noviembre de 2009, en Río de Janeiro, el Primer Encuentro Suramericano de Estudios Estratégicos (Ier ESEE).”[28]

Una de las primeras medidas operativas del CSAD fue la constitución del Centro Sudamericano de Estudios Estratégicos para la Defensa con sede en Buenos Aires. Entre sus objetivos está el monitoreo y análisis de escenarios prospectivos para la defensa, la construcción de una visión común en la subregión, la elaboración de subsidios epistémicos y marcos teóricos para los estudios del Centro y, en alguna medida decurrente del anterior, la búsqueda de univocidad conceptual y la coordinación de políticas de defensa y seguridad internacional.

El proyecto y ejecución del CSAD satisface las necesidades de la defensa y seguridad subregional y su recorte geopolítico obedece al reconocimiento de las particularidades y diferencias latinoamericanas. Tanto las percepciones compartidas como las amenazas y desafíos subregionales justifican un mecanismo específico para la defensa que permita reforzar, anticipar o intensificar los instrumentos hemisféricos que se mostraron inadecuados, morosos, omisos o inútiles. El proyecto se inscribe en la órbita de la política exterior de los países en relación a la seguridad subregional y, como tal, del fomento de la diplomacia y de la defensa. Por eso, nos parece que el mecanismo adecuado para gestionar el proceso es el 2xN que ya se mostró fructífero, en su versión ad hoc, en Haití y en la conformación de la comisión de estudio de la CSAD.

Existe una comunidad sudamericana de la defensa que viene reuniendo académicos, especialistas, militares y políticos y discutiendo cuestiones de defensa. Creemos que su incorporación al CSAD dinamizaría los debates, además de bregar por la plena conducción política del mismo. Entre los miembros de esta comunidad preocupa la forma impositiva con la que Brasil está planteando la cuestión a sus vecinos, y que acabe siendo solo un organismo técnico militar: una Junta Interamericana de Defensa del Sur, es decir, un nuevo foro privilegiado para que se reúnan las Fuerzas Armadas de la subregión. El éxito de la propuesta nos parece depender de dos condiciones necesarias: (1) la coherencia de las políticas exteriores para propiciar la convergencia entre las Fuerzas Armadas y la diplomacia de los países de la subregión; y (2) que se consolide el control político por parte de los representantes legítimos de las sociedades de los países de la subregión tanto sobre la diplomacia como sobre las Fuerzas Armadas. Estas dos últimas condiciones son necesarias para el éxito de la propuesta, y en la coyuntura actual de la subregión nos parecen deficitarias, cuando no ausentes, o incluso en muchos casos en vías de claro retroceso. Sin embargo, y en vista de que algunos países tienen alguna o ambas de aquellas condiciones resueltas o en vías de clara mejoría, no descartamos la posibilidad de que la reunión del mecanismo 2xN, más una estrecha colaboración de la citada comunidad sudamericana de defensa, vengan a facilitar la consolidación o el logro de aquellas condiciones en aquellos países –incluido Brasil– que no la tienen.

En cualquier caso, la constitución de esta institución multilateral de ámbito subregional en el área de defensa es de extrema importancia. Diferentemente de lo que pensaba el ex ministro José Viegas, creemos que los acuerdos y consensos sobre las cuestiones políticas, entre ellas y principalmente las relativas a defensa, no constituyen el techo de la integración,[29] sino los cimientos y vigas que le harán perdurar. Construir la casa sudamericana sobre pilares comerciales es entregarla a los cambiantes humores de Hermes: los intereses que darán la dirección sólida a esa construcción no pueden ser los comerciales, siempre sujetos al lucro. Solo el convencimiento de que la seguridad de las naciones sudamericanas estará en buenas manos si estas fuesen sudamericanas, fraguado en la confianza mutua y la disuasión que brinda la transparencia, dará la fortaleza necesaria a aquellos cimientos y vigas para soportar la construcción de la integración subregional.

La Estrategia Nacional de Defensa (END)

A pesar de que no ha sido una novedad la promulgación de un documento sobre la defensa brasileña porque el presidente Lula la había anunciado varias veces en sus discursos, sí que es posible especular sobre los motivos que probablemente precipitaron la promulgación de la END. Brasil precisaba, con relativa urgencia, de algún documento que pudiese presentar para cubrir la ausencia de un libro blanco o de algún documento oficial que presentase los principios, fundamentos y objetivos de la defensa así como de la proyección estratégica de Brasil. Por un lado, por el visible contraste con sus vecinos sudamericanos hacia los cuales se orienta la prioridad manifiesta de la política exterior brasileña del Gobierno Lula casi todos ellos contando con sus libros blancos, algunos de los cuales elaborados con destacado y amplio debate nacional que, al declarar públicamente sus sensibilidades y proyecciones estratégicas, acabaron destacando el déficit brasileño en ese aspecto. Por otro lado, los viajes emprendidos por el ministro de Defensa, Nelson Jobim, buscando mercados donde reequipar el deteriorado parque bélico de las Fuerzas Armadas brasileñas, le mostraron la necesidad de contar con un documento que abriese la caja de la defensa y dejase claras las intenciones brasileñas en su área de proyección. En efecto, algunos gobiernos, especialmente europeos, aunque estaban ávidos por realizar ventas que ayudaran a sus países en medio de la crisis económica en la que se encuentran, condicionaron las negociaciones a una perspectiva más clara de la política de defensa brasileña.

También incidió en la promulgación la búsqueda de coherencia en la política regional. Al final, Brasil propuso la creación del Consejo Suramericano de Defensa e, incluso, sugirió la elaboración de un “Libro Blanco Regional de Defensa” que el propio Brasil aún no posee nacionalmente (uno de los pocos países en la región que arrastra esa deuda). Finalmente, era notoria la necesidad de completar o avanzar en el fortalecimiento de la conducción política en los asuntos de defensa, aún muy dependiente del monopolio que los militares ejercen sobre esos temas. Este fortalecimiento, lento y gradual, precisaba institucionalizar de alguna manera la inserción de los nervios civiles del gobierno en la fibra muscular de los medios de la defensa para hacer posible su gobernabilidad. Un paso fundamental en esa dirección se dio en 1999, durante el gobierno Cardoso, con la creación del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la creación formal de ese ministerio no garantizó la conducción del gobierno sobre las Fuerzas Armadas ni la adecuación institucional al artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.[30] Tal vez por falta de funcionarios civiles capacitados para la función, el Ministerio acabó siendo “amueblado” –usando la metáfora del ex ministro de Defensa del gobierno Lula, José Viegas– básicamente con personal militar, con lo que estos mantuvieron garantizadas las prerrogativas constitucionales y la autonomía de las Fuerzas. El reflujo de las Fuerzas Armadas para ocupar los espacios políticos del Ministerio fue posible por otro aspecto que no había sido nunca atendido: la reorganización de las Fuerzas Armadas institucionalizando su conducción política mediante una clara cadena de mando. Este aspecto, según el ministro Nelson Jobim, fue atendido por la END que “fijó las bases para la consolidación del poder civil en la dirección de la defensa nacional, con la determinación de los papeles que le caben en ese proceso a los civiles y al brazo militar –Marina, Ejército y Aeronáutica–”.[31]

El 7 de septiembre de 2007, con ocasión del día del Ejército, el gobierno Lula solicitó y el ministro de Defensa prometió entregar al país un año después una reformulación de la política de defensa o un Libro Blanco de la misma. Tanto en ese acto como en otros discursos se prometió que se generaría durante ese año un amplio debate nacional que cristalizaría los acuerdos de la comunidad nacional de defensa en un documento. No se cumplieron los plazos ni hubo debate –grande o pequeño– sobre la END (los militares no dejaron de ironizar la sigla) por lo que ésta fue presentada al presidente y a la nación brasileña tardíamente, sorprendiendo a la incipiente comunidad de defensa brasileña que esperaba participar en el anunciado debate que nunca existió, a pesar de que Nelson Jobim haya declarado que “el tema comenzó a estar presente en los medios, en el Congreso, en los cuarteles, en las reuniones empresariales, en las Universidades” como metodología democrática de deliberación.[32] Si hubo algún debate o si el tema rondó el ambiente académico, fue producto de la iniciativa de los propios académicos con la esperanza de que en algún momento la comunidad fuese convocada para discutir el tema nacionalmente.[33]

Hay quien dice que dos cabezas piensan mejor que una, aunque Aristóteles decía que la decisión se facilita cuando sólo se toma por una, pero en este caso la duplicación de responsabilidades tampoco aportó ninguna mejora al proyecto. El presidente Lula colocó al frente de la elaboración de la Estrategia Nacional de Defensa, además del Ministerio de Defensa, al recién nombrado ministro de Asuntos Estratégicos, Mangabeira Hunger, pero lejos de mejorar el proyecto, en realidad la END parece haber intentado contemplar las expectativas, a veces opuestas, de diferentes actores, entre ellos cada una de las tres Fuerzas Armadas. Tal vez queriendo contentar a tirios y troyanos parece no haber conseguido satisfacer a ninguno, porque las críticas no tardaron en aparecer.

Análisis del documento

La Estrategia Nacional de Defensa avanza en relación a los dos documentos de Política Nacional de Defensa que la precedieron. La END contempla aspectos que en aquellos habían quedado insuficientemente tratados y se atreve a diseñar la definición de lo que podríamos llamar “Gran Estrategia” en el sentido que le da a la expresión Liddell Hart.[34] En realidad, y aunque se centre en la defensa, la END se extiende a aspectos que exceden el ámbito ministerial de la defensa y ocupa espacios de educación, ciencia y tecnología, economía, infraestructura y movilización nacional, entre otros. Avanza decididamente sobre temas que antes nunca se trataron en documentos públicos, como la organización de las Fuerzas Armadas, su composición organizativa y sus prácticas operacionales, así como sobre las capacidades y los medios necesarios asegurar su eficacia. No se ignoró tampoco la exigencia de la independencia tecnológica para suplir esos medios, que se asentaría en la articulación con una industria nacional reforzada con protección y auxilio económico para la producción de materiales de defensa de manera autónoma. Explícitamente menciona el desarrollo en áreas que considera esenciales para articular la defensa, como el desarrollo científico-tecnológico en las áreas cibernética, aeroespacial y, especialmente, nuclear.

El documento pretende organizar la Estrategia de Defensa Nacional en tres ejes principales: (1) la organización de las Fuerzas Armadas, orientándolas para un mejor desempeño en el atendimiento de su papel constitucional; (2) la reorganización de la industria nacional de material de la defensa para equipar a las fuerzas con autonomía y tecnología nacional; y (3) la composición de los efectivos de las Fuerzas Armadas y la movilización nacional por medio del alargamiento y profundización del servicio militar obligatorio y la implementación de un servicio civil obligatorio suscrito con el Ministerio de Defensa.

En relación con el desarrollo y la defensa, una primera consideración de peso que contiene el documento es la que asocia indisolublemente la estrategia de desarrollo del país a la de la defensa. Tal vez inspirados en el binomio conceptual “Seguridad y Desarrollo” que con alguna frecuencia apareció en los últimos documentos de la Organización de los Estados Americanos, o apoyados en la falacia del spin of de la Investigación y Desarrollo en ciencia y tecnología de la defensa para la industria civil,[35] en este documento se sustituyó el concepto de “seguridad” por el de “defensa” para afirmar la inseparabilidad de la Estrategia de Defensa Nacional de la Estrategia de Desarrollo Nacional y que “Cada una refuerza las razones de la otra. En ambas, se despierta para la nacionalidad y se construye la nación” (END, p. 1).[36] El solapamiento entre ambas se configuraría, según el documento, por el fortalecimiento de tres sectores considerados estratégicos: el espacial, el cibernético y el nuclear. Sin especificar qué Ministerio conduciría el desarrollo científico en estas áreas (si Ciencia y Tecnología, o Educación o Defensa), el documento afirma que “por su propia naturaleza, esos sectores transcienden la división entre desarrollo y defensa, entre lo civil y lo militar” (END, p. 6). Finalmente, y a pesar de que Brasil se autoproclame como un país pacífico y que haya ratificado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el documento reafirma “la necesidad estratégica de desarrollar y dominar la tecnología nuclear” y, más adelante, cuando trata específicamente de la Marina, confiesa la decisión nacional de adquirir medios navales de propulsión nuclear, especialmente el viejo sueño de la Marina: la fabricación de un submarino nuclear (END, p. 16).

El 26 de agosto de 2008 el almirante Júlio Soares de Moura Neto, comandante de la Marina, había declarado que el plazo máximo para la entrega del submarino nuclear brasileño seria 2021. La primera fase del proceso, el enriquecimiento de uranio, ya está concluida y todo indica que el casco será construido con la cooperación de Francia. La construcción del submarino nuclear, previsto en la END, podría costar 600 millones de dólares, más del doble de lo que se precisa para construir un submarino convencional. Aún así, y según la valoración del almirante en la reserva Othon Luiz Pinheiro da Silva, precursor del proyecto del submarino nuclear brasileño en 1979, la Marina brasileña precisaría unos seis submarinos nucleares dado el gigantesco litoral brasileño para garantizar una protección efectiva de la plataforma continental.[37]

El objetivo principal declarado por la END sobre movilidad y presencia es contar con una fuerza militar suficiente para disuadir “la concentración de fuerzas hostiles” en las fronteras nacionales (END, p. 5). Para satisfacer este objetivo, propone el desarrollo de tres capacidades: seguimiento y control, movilidad y presencia. Debido a la dimensión territorial del Brasil, el énfasis se coloca en la movilidad estratégica para llegar al teatro de operaciones rápidamente y en la movilidad táctica que posibilitaría dominar ese teatro por la capacidad de desplazamiento en su interior. Esa movilidad táctica y estratégica permitiría cubrir toda la extensión territorial nacional y responder rápida y contundentemente ante cualquier agresión o amenaza en todo el territorio nacional. Sin embargo, esta prioridad se ve comprometida con el tratamiento dado en la END a la “presencia” –que insiste en distinguir de la “omnipresencia– ya que “el esfuerzo de presencia, sobre todo a lo largo de las fronteras terrestres y en las partes más estratégicas de la costa, tiene limitaciones intrínsecas” (END, p. 6). Tal vez influenciada por el lugar que la Amazonía guarda en la mística militar, propone “concentrar la presencia de unidades del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea en las fronteras” (END, p. 8).

Si bien es notoria la falta de Estado en vastas regiones de las fronteras nacionales, especialmente las amazónicas, no vemos la pertinencia estratégica de acantonar fuerzas en esas zonas. Aun reconociendo la importancia de una mayor presencia del Estado por medio de los Ministerios de Sanidad, Educación, Justicia y otros, la construcción de bases, aeropuertos y arsenales ofrecería la logística para un eventual invasión de una potencia mayor (que sería la hipótesis para estas preocupaciones). Sin esa presencia militar física, la propia Amazonía seria el principal obstáculo para una tal invasión y la fuerza podría estar preservada, preparada, en alerta y con condiciones de rápido desplazamiento para fijar, hostilizar y posteriormente repeler a las fuerzas invasoras.

Un tercer punto políticamente destacable y coherente con el principio de la movilidad es la propuesta de unificar las operaciones de las tres Fuerzas con la creación del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta tardía innovación representa un importante paso en la organización militar que fortalece al Ministerio de Defensa y, consecuentemente, a la conducción política de la defensa. Desde el punto de vista de la reorganización militar, le cabe al ministro de Defensa indicar –y al presidente nombrar– a los comandantes de cada Fuerza que integrarán el Estado Mayor Conjunto. Estos dirigirán cada una de las Fuerzas, formularán su política y doctrina y prepararán sus órganos operativos, mientras que los Estados Mayores de cada Fuerza formularán la estrategia respectiva a su Fuerza.

La END proyecta la estructura conjunta[38] de las Fuerzas Armadas brasileñas también para todas las áreas y regiones de actuación: “En cada área deberá ser estructurado un Estado Mayor Conjunto, que será activado para realizar y actualizar, desde el tiempo de paz, las planificaciones operacionales del área” (END, p. 08). Para hacer posible las reuniones regionales regulares de los comandantes generales de cada Servicio, la END propone la reagrupación de las mismas para que los distritos Navales o los Comandos de Área tengan sus áreas de jurisdicción coincidentes.

Aunque no se haya discutido la creación de una Escuela de Comando unificada para las tres Fuerzas que tornaría realmente eficaz su “conjunción” , este aspecto de la END recibió fuertes críticas de sectores militares, fundamentalmente del Ejército. Estos sectores, resistentes al cambio, argumentan que la creación del Estado Mayor Conjunto provocaría la pérdida de identidad de cada Fuerza y el debilitamiento de la autonomía de los Estados Mayores actualmente existentes en el Ejército, la Aeronáutica y la Marina en relación al Ministerio de Defensa.[39] Esta resistencia quedó registrada en algunos discursos de despedida de militares en el acto de su paso a la reserva (previo al retiro) impensables en democracias consolidadas. Parte de esos discursos criticaban justamente lo que debería ser un objetivo claro y explicito de la política de defensa en democracia: la obvia consolidación del Ministerio de Defensa como instrumento de ejecución de la política del gobierno electo, único y legítimo poseedor del monopolio de la fuerza del Estado.[40] Para algunos militares, el fortalecimiento del Ministerio frente a los comandos individuales de las Fuerzas, sumado a la prerrogativa del Ministerio de Defensa para designar los comandantes de cada fuerza son inaceptables porque esas medidas “traerán nuevamente antiguas costumbres de politización de los negocios internos de las Fuerzas Armadas”.[41]

Un concepto típico de la época de la dictadura militar, particularmente enfatizado por Geisel, que hacía mucho tiempo no se veía en la literatura brasileña y que reapareció en la EDN es el de “proyección de poder”. El concepto de “potencia” es polisémico y en el ambiente de las Relaciones Internacionales puede referirse a diferentes capacidades del Estado, como la militar, la económica, la cultural, la política, la diplomática y otras.[42] El comportamiento internacional de Brasil ha sido últimamente reconocido por su eficiencia diplomática y sus buenos oficios en el ambiente internacional, particularmente el regional, mas enfáticamente en este escenario desde finales de 2007, con el decidido apoyo de la “diplomacia presidencial” llevada a cabo por Lula. Por lo tanto, “proyección de poder” puede ser leído como el soft power por el que Brasil se destaca en los varios escenarios internacionales por los cuales transita. Sin embargo, en la END, la referencia a la “proyección de poder” aparece fundamentalmente en el acápite relativo a la Marina, donde se trata del aumento del poderío naval y de la adquisición de medios de superficie y submarinos nucleares brasileños. Aquí este concepto queda inequívocamente asociado a la fuerza: “la proyección de poder se subordina, jerárquicamente, a la negación del uso del mar” (END, p. 15), una “negación del uso” en el pasaje citado que se refiere al mar continental brasileño, donde se encuentran algunos de los intereses estratégicos, como las plataformas petrolíferas de aguas profundas, islas y archipiélagos, puertos y vías de comunicación marítima. Sin embargo, más adelante, al tratar de las hipótesis de empleo de la fuerza, cuando especifica las capacidades deseadas para las fuerzas armadas, apunta expresamente la capacidad de “proyección de poder en las áreas de interés estratégico” (END, p. 46).

Otro concepto interesante, menos por la novedad que por su reconocimiento explícito, es la reivindicación para el Ejército convencional de “algunos atributos” de las fuerzas “no convencionales”. No es de extrañar: ante la facilidad con que las fuerzas norteamericanas penetraron en Irak, resultó claro, como advirtió el General Erick de La Maisonneuve, que ningún ejército convencional podría oponerse a la voluntad de un ejército de aquel porte. Ante la circunstancia de ofender los intereses de una superpotencia, para este autor sólo restan dos alternativas, el salto democratizante hacia el nivel nuclear de beligerancia (para quien posea la tecnología o la pueda adquirir) o tener que descender al infierno de la guerra subclásica: guerra de guerrilla y terrorismo.[43]

Notamos que en países de porte medio y en algunos ejércitos sudamericanos se manifiesta la tendencia a prepararse para la doctrina que llamamos en otro lugar “Estrategia de la resistencia disuasoria”,[44] esto es, paralelamente a la disuasión convencional, estos ejércitos se preparan de forma explícita para enfrentarse a una prolongada resistencia no convencional: “Un ejército que conquistó los atributos de flexibilidad y de elasticidad es un ejército que sabe conjugar las acciones convencionales con las no convencionales. La guerra asimétrica, en el cuadro de una guerra de resistencia nacional, representa una efectiva posibilidad de la doctrina aquí especificada” (END, p. 23). En la explicitación reside su eficacia disuasoria: la estrategia consiste en no emplear el esfuerzo mayor para evitar la invasión, sino en mostrarse preparado y políticamente decidido para resistir a la permanencia del ejército invasor, desestabilizar el gobierno ocupado y evitar la administración foránea.

El reparo que es posible hacer a este propósito es sobre la especialización de ese combatiente para el ambiente de selva. Si bien estamos de acuerdo con que “los imperativos de flexibilidad y de elasticidad culminan en la preparación para una guerra asimétrica” (END, p. 23) nos parece que apenas preparar “un combatiente detentador de calificación y de rusticidad necesarias a la competencia de un combatiente de selva” (END, p. 22) es restringir demasiado el ambiente de la resistencia. Esa doctrina deja de lado el ambiente urbano, donde teóricamente se asentaría la administración invasora y donde los golpes de la resistencia tendrían mayor impacto mediático y permitirían la articulación con fuerzas políticas en resistencia para organizar la insurgencia. Fuera de la hipótesis de un recorte del territorio amazónico por fuerzas extranjeras superiores en potencia, la idea de que una potencia superior invada Brasil por el territorio de la selva amazónica, soportando las penurias que representa ese escenario, pudiendo atacar directamente los centros de gravedad nacional con una fuerza aérea prácticamente invisible e inalcanzable para la artillería antiaérea convencional, parece muy poco plausible.

Para adecuar su desempeño a las misiones constitucionales tanto en tiempos de paz como de guerra, el Ejército deberá seguir los preceptos estratégicos de la flexibilidad y la elasticidad. Por flexibilidad la Estrategia entiende la falta de rigidez en el empleo de la fuerza y, recuperando a Liddell Hart, esto consiste en “la capacidad de dejar el enemigo en desequilibrio permanente, sorprendiéndolo por medio de la dialéctica de la desconcentración y de la concentración de fuerzas” (END, p. 19).

La insistencia en el servicio militar obligatorio y su alargamiento parece encajar en la idea de la “estrategia de la resistencia disuasoria” y de la “elasticidad” que se espera conferir a la fuerza. Con este concepto la END se refiere a la capacidad de aumentar la dimensión de las fuerzas en caso de necesidad de una movilización a gran escala de recursos humanos y materiales para defender al país. La disponibilidad de esta capacidad exige la existencia de reservas provenientes del servicio militar obligatorio, que también tendría la función de integrar a las Fuerzas Armadas con la nación (END, p. 19), lo que permitiría disponer de la logística popular necesaria para una resistencia prolongada.[45]

Sin embargo, la idea decimonónica del servicio militar obligatorio, en contraposición a la formación de ejércitos más actualizados, parece contrastar con la propuesta de Fuerzas de Acción Rápida Estratégica, que exigen en su composición recursos humanos altamente capacitados, entrenados y armados para operar en los más diversos terrenos y condiciones, empleando medios de comunicación y de armamentos de altísima tecnología “desde los menos sofisticados, tales como el radar y los instrumentos portátiles de visión nocturna, hasta las más avanzadas formas de comunicación entre las operaciones terrestres y el monitoreo del espacio” (END, p. 20). La instrucción y el entrenamiento específico para este tipo de soldados dista mucho del que se puede ofrecer a un conscripto, en tiempo, profundidad y especificidad. No obstante, el soldado conscripto precisa la atención de oficiales y suboficiales durante por lo menos seis meses de entrenamiento para realizar funciones meramente subsidiarias en cualquier escenario futuro de guerra. Además de que el peso presupuestario del servicio militar obligatorio consumiría partidas que podrían promover la profesionalización, la investigación en ciencia y tecnología para la defensa o la inversión en medios, su implementación reduciría el tiempo, recursos y atención de las Fuerzas Armadas necesarios para su preparación operativa. Finalmente, la integración entre la nación y sus Fuerzas Armadas puede ser buscada por otros medios más eficientes que por la conscripción obligatoria, como los políticos y culturales, que democraticen los temas de defensa y permitan a los ciudadanos tomar conciencia de sus deberes con ella,[46] una mentalización que no se confunde necesariamente con el prosaico medio de “tomar las armas”. Después de todo, “el compromiso de toda la Nación en su propia defensa” (END, p. 19) no puede significar simplemente “la nación en armas”, aunque en determinados momentos pueda exigirlo.

Hipótesis de empleo: estrategia sin “enemigos”

Un avance en este documento fue el reconocimiento de la inexistencia de enemigos y la indeterminación de las amenazas. Como consecuencia, se trabaja con la sustitución del concepto “hipótesis de guerra” por “hipótesis de empleo”, más adecuado al compromiso constitucional de Brasil con la paz. El documento (END, p. 40) prevé una escalada de cuatro alternativas de empleo de la fuerza en un proceso que va desde la paz hasta el término de un conflicto, es decir, de retorno a la paz. Para el primer momento, es decir, durante la paz, prevé la optimización de costes para la manutención de la fuerza, adiestramiento y preparación y actividades de inteligencia para monitorizar la emergencia de potenciales amenazas y poder accionar la “alerta temprana”. Durante la crisis está prevista la activación de una estructura de gestión de crisis compuesta por el Ministerio de Defensa y otros si fuera necesario. El empleo de las Fuerzas Armadas podrá ser singular o conjunto y de manera flexible en respuesta adecuada a las circunstancias. Si el conflicto se orientase hacia el enfrentamiento armado se activarían otros dispositivos como los comandos operacionales, los planes de campaña, la declaración de zona de defensa en los territorios que se precise y la recomposición de fuerzas con la reserva militar, hasta llegar a la movilización nacional si fuese necesario. Durante el conflicto armado se ejecutaría el Plano de Campaña. Al término del conflicto se procedería a la progresiva desmovilización.

La END y el contexto internacional

La preocupación brasileña con el contexto internacional y especialmente el subregional se manifiesta prácticamente en todos los aspectos estratégicos de la END. En relación a la subregión, propone estimular la integración de América del Sur como forma de contribuir para la defensa de Brasil, además de fomentar la cooperación militar regional y la integración de las bases industriales de la defensa (END, p. 11). Admite que la cooperación es fundamental para disminuir las posibilidades de conflictos tradicionales en la región y preparar el ambiente para el funcionamiento del Consejo Suramericano de Defensa (CSAD). Algo más adelante reconoce la importancia de la CSAD a fin aumentar la escala del mercado regional para compensar la inversión que permitiría la autonomía estratégica “posibilitando el desarrollo de la producción de defensa en conjunto con otros países de la región” (END, p. 13). Con relación al ambiente internacional propone la preparación de las Fuerzas Armadas para una mayor participación en misiones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas o en apoyo de organizaciones multilaterales de la región.

Ciencia y tecnología: industria para la defensa

Ciencia, tecnología y complejo industrial para la defensa forman una triangulación muy bien articulada por el proyecto que conjuga lo civil-militar con el desarrollo dual. Nos atreveríamos a decir que constituye el cimiento que fortalece la base de una estrategia de defensa con clara vocación de autonomía y libertad de acción. Se basa en la integración de institutos académicos y militares con proyectos comunes y finalidad dual: “serán estimuladas iniciativas conjuntas entre organizaciones de investigación de las Fuerzas Armadas, instituciones académicas nacionales y empresas privadas brasileñas. El objetivo será fomentar el desarrollo de un complejo militar-universitario-empresarial capaz de actuar en la frontera de tecnologías que tendrán casi siempre utilidad dual, militar y civil” (END, p. 33). Se añade apoyo institucional a través de facilidades crediticias e impositivas, así como con la liberación de compras sin licitación (obligatorias en todas las compras del sector público) subordinando de ese modo “las consideraciones comerciales a los imperativos estratégicos”, llegando a “organizar el régimen legal, reglamentario y tributario de la industria nacional de material de defensa para que refleje dicha subordinación” (END, p. 31). Finalmente, se promueve una ampliación de un mercado subregional para disminuir los costes de producción con la propuesta de producción cooperativa con los vecinos (END, p. 13), aunque si esta estrategia no resulta, el Estado buscará clientela externa para garantizar la continuidad de la producción en defensa. Otro aspecto de alcance subregional de este capítulo lo constituye el propósito del Ministerio de Defensa en combinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas que “buscarán contribuir activamente para el fortalecimiento, la expansión y la consolidación de la integración regional, con énfasis en la pesquisa y desarrollo de proyectos comunes de productos de defensa” (END, p. 57-58).

Formación de cuadros civiles para la defensa

Como ya se ha mencionado, al comienzo del gobierno Lula, y en uno de sus primeros discursos, su ministro de Defensa, José Viegas, confesó la necesidad de “amueblar el Ministerio de Defensa con civiles”, dejando en claro la dificultad de contar con civiles capacitados para ocupar los cargos del flamante Ministerio decorado en verde-oliva. Otra de las preocupaciones que venía manifestando el Ministerio de Defensa y que se refleja en las directivas de la END es la relativa a la popularización del tema de la defensa y la formación de cuadros civiles no solamente para ocupar los cargos funcionales para “amueblar” la defensa, sino también de especialistas académicos: “Un interés estratégico del Estado es la formación de especialistas civiles en asuntos de la defensa” (END, p. 35). La idea de la propuesta es apoyar e incentivar a las universidades en programas de las diferentes ciencias que versen sobre la defensa. Actualmente existen algunos programas de incentivo que vinculan la voluntad del Ministerio de Defensa con el de la Educación,[47] induciendo investigaciones y cursos de posgrado en esa área de estudios. Pero tal vez el mayor incentivo seria la visibilidad, por parte de los estudiantes universitarios, de la posibilidad laboral real que podrían obtener con una formación seria en el área. Esto se lograría solamente con la apertura de concursos públicos para cargos funcionales dentro del Ministerio de Defensa.

Consideraciones finales

Pocas veces en su historia[48] ha manifestado Brasil sus propósitos de defensa en su política exterior con la consistencia y profundidad actual. Tanto el CSAD como la END son indicativos de un nuevo rumbo en la conducción de la política exterior brasileña: ambos impactan directamente en la percepción de los países vecinos y de la sociedad internacional. Para maximizar ese impacto y condicionar las percepciones, dichas iniciativas exigen el trabajo que solo una adecuación sintonizada de los instrumentos específicos de la política exterior podría lograr. Pero como la autonomía es un valor para las burocracias que dan cuerpo a esos instrumentos, y la END y aún más la CSAD la comprometen, es posible que, sin oponerse explícitamente, las burocracias frenen el empeño del Ejecutivo mediante prácticas dilatorias, llevando al vaciado de aquellas.

La importancia del documento que tornó pública la END reside en su propia existencia: por primera vez Brasil expone para el mundo su pensamiento estratégico sobre la defensa; sus percepciones regionales, hemisféricas y mundiales; sus hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas y los planes de activación de los medios; y sus preocupaciones con el desarrollo científico-tecnológico autónomo y de industria para la defensa. Sin ser un Libro Blanco de Defensa y sin la legitimidad que solamente un gran debate nacional confiere, satisface por ser profundo, extenso y completo: fue un trabajo notable que no se eximió de tratar temas que en Brasil todavía son inconvenientes. Sin embargo, su implementación dependerá de decisiones políticas del Ejecutivo, de aprobaciones técnico-presupuestarias del Legislativo y de la articulación del Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas; y, sobre todo, de la motivación o encuadramiento de los militares para quebrar la inercia corporativa y asumir el proyecto. Encima de estas consideraciones, no hay duda de que la efectividad de la propuesta dependerá de la aplicación de los medios económicos que hasta ahora no se han mostrado.[49]

Retomando nuestra hipótesis teórica al inicio de estas páginas, el juego de “la dialéctica de las voluntades” está lanzado y la prosecución de la CSAD como la concretización del documento de la END dependerá de su resultado. El sistema nervioso del gobierno, es decir, el ajuste entre el presidente y los Ministerios encargados de la propuesta (Ministerio de Defensa y Secretaría de Asuntos Estratégicos) reaccionó ante la demanda del presidente Lula, fortalecido como está por su extenso apoyo popular y reconocimiento internacional. No obstante, cuando la ejecución del plan se encarrile por los oscuros laberintos de la rutina y la falsa imparcialidad normativa de los procedimientos, sospechamos que la aplicación de la END pueda encontrar resistencias y sufrir alteraciones por parte de la burocracia militar: tal vez se consiga sacar del papel aquello que haya sido acordado de antemano, pero lo que no sea del agrado militar quizá no sufra oposición formal, pero seguramente será postergado silenciosamente a la pila de los expedientes intocables. La prueba crucial de la dialéctica de las voluntades será la puesta en funcionamiento del Comando Conjunto y, sobre todo, la elección de los comandantes por el ministro, particularmente si estos no fuesen de la preferencia militar. Pero el gobierno Lula está llegando al fin de su mandato sin previsiones de continuidad, recordándonos que los gobiernos pasan y las instituciones permanecen.

Notas

[1] Véase R. Aron (1962), Paix et guerre entre les nations, Éditions Calmann-Lévy, París (especialmente Parte I, Cap. I).

[2] M. Weber (1992), ‘Parlamento y gobierno’, Escritos políticos, vol. 1, Folio Ediciones, México.

[3] Como el bloqueo actual de partidos de la oposición contra la aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur, como es el deseo del gobierno brasileño.

[4] La relación de autonomía que mantienen las esferas diplomáticos y militares de Brasil se demuestra en el estudio empírico de la historia reciente por H.L. Saint-Pierre (2006), “Política de Defesa e Relações Internacionais no Brasil: o destino das paralelas”, Meeting of the Latin American Studies Association, San Juan, Puerto Rico, 15-18/III/2006.

[5] En adelante, cuando necesitemos citar directamente del documento, lo explicitaremos a seguir del entrecomillado de la cita colocando la sigla END entre paréntesis seguida del número de pagina del documento en su traducción castellana.

[6] Para esta parte del texto hemos contado con la valiosa colaboración de Érica Cristina Winand, responsable del Observatorio del Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas.

[7] Documento de Política de Defensa Nacional de 1996, http://www.defesa.gov.br.

[8] Véase la sección “Orientaciones Estratégicas” del Documento de Política de Defensa Nacional de 2005, http://www.defesa.gov.br.

[9] De acuerdo con el DPDN de 2005, para que Brasil no sea alcanzado por problemas vecinos, se torna necesaria la “profundización del proceso de desarrollo integrado y armónico de América del Sur”, extendiéndose para el área de la defensa y seguridad. De esa manera, la cooperación regional es apuntada como una orientación estratégica preventiva. Véase el DPDN de 2005, http://www.defesa.gov.br.

[10] De acuerdo con la declaración de Juniti Saito, comandante de la Aeronáutica, a la Cámara de los Diputados, de los 719 aviones de la Fuerza Aérea Brasileña, apenas 267 están en condiciones de volar, otros 452 no están en condición de ser usados, por lo que 232 están detenidos en el suelo por falta de dinero para la compra de repuestos. Guilerme Evelin, Isabel Clemente y Matheus Leitão (2007), “O Brasil deve ter medo dele?”, Época, 29/X/2007, pp. 39-44.

[11] https://www.defesa.gov.br/eventos_temporarios/2009/vicadn/ (acceso el 21/V/2009).

[12] https://www.defesa.gov.br/pro_defesa/index.php?page=sobre (acceso el 21/V/2009).

[13] Uno de los resultados es el proyecto pionero del área “Paz, Defensa y Seguridad Internacional”, un posgrado académico que coordinamos en el Posgrado de Relaciones Internacionales “San Tiago Dantas” y que reúne tres universidades de São Paulo: UNESP, UNICAMP y PUC-SP.

[14] Recientemente, en el discurso de despedida por su pase a la reserva, el general de Ejército Paulo César de Castro, director de Enseñanza del Ejercito, frente al comandante de la fuerza, enalteció el golpe de Estado de 1964, advirtió sobre lo que llamó la “persistente sarna marxista” y exhortó a los oficiales de las Fuerzas Armadas brasileñas a permanecer en estado de alerta ante la izquierda revanchista que hoy se encuentra en el gobierno: “patrulhar para que a lepra ideológica fosse mantida bem afastada dos currículos, salas de aula e locais de instrução”; “Meus generais, perseverai no combate”, “O inimigo é astuto e insidioso. Mas capitulará ante nós, como derrotado tem sido até agora”. Dado que este oficial superior tenía a su cargo la formación de oficiales desde su ingreso a la carrera hasta su salida, da una idea del atraso en la formación de los oficiales brasileños aún presos de fantasías ideológicas de un mundo que ya no existe. Lo peor es que esta preocupación retrógrada aparta a los oficiales de las preocupaciones que deberían orientar su formación moderna y acorde con los tiempos y amenazas del mundo actual.

[15] Tratamos de este tema en H.L Saint-Pierre y E. Winand (2008), “A construção tardia do ministério da Defesa como chave para compreender as particularidades do setor no Brasil”, en I. Sepúlveda y S. Alda (eds.), La administración de defensa en América Latina, vol. II, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 2008, pp 51-114.

[16] Las informaciones se encuentran en el periódico O Estado de S. Paulo, 10/IX/2002, p. A4: véase Observatorio del Cono Sur de Defensa y FA, www.observatorioconosur.com.ar.

[17] Actualmente son tres las empresas finalistas en la licitación: Boeing (norteamericana), Dassault (francesa) y Saab (sueca). El comandante de la Aeronáutica, Brigadier Juniti Saito, declaró el día 5 de noviembre de 2008 que no había ninguna empresa favorita para entrega a la Fuerza Aérea brasileña los 36 aeronaves que deberán sustituir a la antigua flota de cazas. El gobierno brasileño exige la transferencia de tecnología, compensaciones comerciales (off-set) y condiciones técnicas y operacionales específicas. La empresa norteamericana fabricante del F-18 E/F Super Hornet, juntamente con el gobierno norteamericano, acordó transferir la tecnología utilizada. Por su parte, la sueca Grispen NG camina en la misma dirección. El contrato definitivo deberá ser firmado antes de octubre de 2009 (Jornal do Brasil, 6/XI/2008).

[18] Las reuniones se iniciaron el día 13 de setiembre de 2002, con la intención de escuchar las propuestas de todos los candidatos y se organizaron por el entonces presidente del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra (ESG), Leônidas Pires Gonçalves, que fue ministro del Ejército durante el gobierno de José Sarney.

[19] Los datos sobre el estado de las fuerzas proceden del “Informe Brasil”, Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas (27-29/IX/2008), http://www.fcs.edu.uy/investigacion/observatorioFFAA/ObsFFAABr.htm (boletines 306 y 307). Sobre este tema también se puede consultar P.R.L. Kuhlmann y S.A. Soares (2005), “Las relaciones civiles-militares en Brasil”, en José Antonio Olmeda (org.). Democracias frágiles: las relaciones civiles-militares en el mundo iberoamericano, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 463-521. Para los programas de Marina, véanse https://www.mar.mil.br/menu_v/ccsm/imprensa/reaparelhamento_mb.htm, https://www.mar.mil.br/menu_h/noticias/cm/audiencia_publica.htm, y http://blog.naval.com.br/2007/09/20/detalhamento-do-programa-de-reaparelhamento-da-marinha/. Para la Aeronáutica (Programa de Fortalecimento do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, PFCEAB) véase http://www.militarypower.com.br/frame4-opin1.htm y http://www.militarypower.com.br/frame4-projetofx.htm.

[20] Véase el organigrama del Ministerio de Defensa, www.defesa.gov.br.

[21] No es por otra cosa que los militares recientemente criticaron la creación, por la Estrategia Nacional de Defensa de 2008, del Estado-Mayor Conjunto, que fortalece al Ministerio de Defensa y en principio viabilizaría la conducción política de las Fuerzas Armadas.

[22] José Viegas (2004), Pronunciamento do Ministro de Estado da Defesa, José Viegas Filho, no Instituto Rio Branco, Brasilia, 18/III/2004, http://www.defesa.gov.br (último acceso 26/III/2004; traducción del autor).

[23] “Pronunciamento do Ministro de Estado da Defesa, José Viegas Filho”, Instituto Rio Branco, 18/III/2004, www.mre.gov.br.

[24] Esta parte fue inspirada, ampliada y actualizada a partir del artículo “El Consejo Sudamericano de Defensa”, que escribimos con Gustavo Fabián Castro, publicado en versión electrónica en junio de 2008 en http://www.resdal.org.ar/.

[25] “Ministro quer criar conselho sul-americano”, Folha de S.Paulo, 21/III/2008.

[26] En una reunión de especialistas en París, Marco Aurelio Garcia explicó que la propuesta era deliberadamente abierta y vaga porque se trataba de una convocatoria para que los representantes de los países de la subregión discutiesen la forma y el contenido de la propuesta. “EU-Latin America Military Cooperation Working Together for International Security”, European Forum of the Fort Copacabana Conference, Instituto de Estudios de Seguridad, París, 21-22/IV/2008.

[27] “Colombia pide que América del Sur considere terroristas a las FARC”, http://www.rpp.com.pe/detalle_125856.html.
[28] Documento completo en “Primera Reunión de Ministras y Ministros de Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) de la UNASUR – Declaración de Santiago de Chile”, http://www.resdal.org.ar/.

[29] Pretender importar el exitoso caso europeo a América del Sur podría resultar en una comedia. Estudiar aquel proceso es una obligación académica, pero tornarlo como un paradigma es desconocer los rigores de la historia con el tiempo y el espacio. Aunque los europeos no consiguieron todavía llegar al punto de integración deseado y ante cada conflicto externo sobre el que deben deliberar aparecen las divergencias sobre los intereses comerciales y económicos nacionales, es su proceso de integración económico y político el que algún día puede llevar a que la UE cuente con una política común de seguridad y defensa.

[30] En su art. 4 la Carta reza “La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho por todas las instituciones y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia” (Organización de Estados Americanos, Washington, septiembre de 2001).

[31] N. Jobim, “Defesa, democracia e desenvolvimento”, Tendências e Debates, Folha de SPaulo, 13/IV/2009.

[32] N. Jobim, “La defensa de la prosperidad sudamericana”, DEF, año 4, nº 43, Ed. Taeda, Buenos Aires, Marzo de 2009, p.77.

[33] No se puede considerar la convocatoria de algún que otro académico para “conversar” con el ministro Mangabeira Hunger como la realización del “gran debate”, ni siquiera como debate (ni en el sentido estricto de la palabra ni en el sentido político de la propuesta).

[34] B. Liddell Hart, Strategy, Praeger Paperbacks, Nueva York, 1954.

[35] No hay prueba empírica de que el esfuerzo nacional en Investigación y Desarrollo (I+D) en ciencia y tecnología para la defensa promueva el desarrollo económico y social, ni siquiera que induzca a avances justificados para la ciencia y tecnología civil. No existen casos históricos –salvo en las grandes superpotencias– en los que se haya constatado claramente un aumento considerable de empleo ni del PIB nacional por esa costosa inversión social. No es preciso justificar el esfuerzo en tecnología autónoma en cualquier área estratégica por parte de un país que decida emerger entre las potencias mundiales, pero no se puede ocultar el coste que ese esfuerzo significa para el país y la inevitable postergación de otras prioridades nacionales, como disminuir las vulnerabilidades con inversiones en salud pública, servicios sanitarios básicos, en la educación fundamental, o incluso directamente en la ciencia y tecnología civil o/y el financiamiento del desarrollo de procesos productivos civiles.

[36] Traducción al español en https://www.defesa.gov.br/eventos_temporarios/2008/estrat_nac_defesa/estrategia_defesa_nacional_espanhol.pdf (último acceso 14/V/2009).

[37] “Informe Brasil”, Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas, 27-29/IX/2008.

[38] Es digna de mención una curiosidad: en Brasil las operaciones militares entre las diferentes fuerzas siempre se denominaron “combinadas” y las operaciones con fuerzas de otros países “conjuntas”. En este documento se invierte la nomenclatura adecuándola a la semántica del resto de la subregión, que se refiere por “conjuntas” a las operaciones realizadas por las tres fuerzas y por “combinadas” a las compartidas con otro(s) país(es).

[39] “Exército critica plano de defesa e vê comandos enfraquecidos”, Folha de São Paulo, 4/III/2009.

[40] Por el contrario, el gobierno expresa que “El Ministro de Defensa ejercerá, en la plenitud, todos los poderes de dirección de las Fuerzas Armadas que la Constitución y las leyes no reservaren, expresamente, al Presidente de la República. La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político constitucional es presupuesto del régimen republicano y garantía de la integridad de la Nación” (END, p. 7).

[41] General Luiz Cesário da Silveira Filho “Carta a um Jobim fora do tom”, Jornal do Brasil, 17/III/2009, http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/03/17/e170323982.asp, consultado em 15/05/2009.
[42] Entre otros, K. Deutsch (1978), The Analysis of International Relations, Prentice-Hall, New Jersey.

[43] E. La Maisonneuve (1997), La violence qui vent, Les Éditions Arléa, Paris, especialmente el Cap. 1.

[44] Nos referimos al texto de H.L. Saint-Pierre y J.P. Bigatão (2008), “Las mutantes máscaras de Marte”, en A.M. Tamayo, Conocer la guerra, construir la seguridad, Instituto de Defensa Legal, Lima.

[45] Varias consideraciones de la END en ese sentido parecen fuertemente inspiradas en reflexiones de Mao Tse-Tung, especialmente las contenidas en “Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria” y “Sobre la guerra prolongada” (Mao Tse-Tung, Selección de escritos militares, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1967).

[46] Sobre la movilización nacional, Mao decía que “Primero, consiste en explicar al ejercito y al pueblo el objetivo político de la guerra. Hay que hacer comprender a cada soldado y a cada civil por qué es necesario batirse y qué tiene que ver la guerra con ellos” (“Sobre la guerra prolongada”, op. cit., p. 253).

[47] Como el Programa Pró-Defesa (https://www.defesa.gov.br/pro_defesa/index.php) del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Exteriores, que por medio de concursos nacionales seleccionan propuestas de cursos y de programas de investigación universitarios que son incentivados con becas de estudio y recursos financieros para equipos y todo lo necesario para la realización de las propuestas. Una de esas propuestas fue la creación del área del primer posgrado académico en “Paz, Defensa y Seguridad Internacional” (http://www.unesp.br/santiagodantassp/).

[48] Algunos momentos significativos de esa expresión fueron la Guerra contra el Paraguay (siglo XIX), la participación en la II Guerra Mundial al lado de los aliados, el temprano reconocimiento del gobierno de Angola y el tratado nuclear con Alemania durante la autonomía pragmática del gobierno Geisel.

[49] Las críticas sobre la falta de discusión sobre los medios para implementar el proyecto estratégico no se demoraron. En su discurso de paso a la reserva (momento esperado para decir lo que piensan y, por lo tanto, para sopesar el sentir de la fuerza), en el Club Militar, el general Luiz Cesário da Silveira Filho, ex-comandante militar del Este, clasificó el plan como “utópico” e irónicamente preguntó: “Vai haver dinheiro para tudo isso?”. Véase Eliane Catanhêde, “Exército critica plano de defesa e vê comandos enfraquecidos”, Folha de São Paulo, 4/III/2009.

EL RELEVO MINISTERIAL EN LA POLÍTICA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA: ¿NUEVA AGENDA?, ¿NUEVAS AMENAZAS?

2009-11-15T21:13:00.002-05:00

Vicente Torrijos R.

Faltando sólo un año para que termine el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe, la renuncia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien se prepara para una eventual candidatura presidencial en Colombia, ha abierto el debate sobre la continuidad o cambio en la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) que le toca decidir a su sucesor Gabriel Silva, justo cuando el país -y la región- viven un momento de alto contenido estratégico, especialmente en lo relacionado con la sostenibilidad de esa política, la consolidación de la ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales tanto tradicionales como mutantes, la estabilidad transfronteriza y el clima intraorganizacional de las Fuerzas Armadas, afectado por una serie de investigaciones sobre conductas impropias.

Quizá como pocas veces antes durante los últimos siete años, el cargo de ministro de Defensa Nacional ha sido uno de los más emblemáticos e importantes. A fin de cuentas, a ese Ministerio le corresponde la gestión y orientación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), una política que ha sido la bandera del programa del presidente Álvaro Uribe Vélez.[1] El período del último ministro, Juan Manuel Santos, coincidió con el comienzo de la cosecha de los esfuerzos acumulados desde el acceso al poder del presidente Uribe en 2002, sobre todo en materia de contención y neutralización de la amenaza que encarnan las organizaciones armadas ilegales.

Una serie de golpes estratégicos fueron asestados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) e, incluso, a las bandas criminales emergentes, tanto las que nunca se acogieron al proceso de negociación y reinserción como aquellas que mutaron para ponerse al servicio del narcotráfico o a las que se reciclaron poniéndose al servicio de cualquiera de las anteriores. Entre tales golpes estratégicos destaca la Operación Fénix, en la que se eliminó a uno de los principales miembros del Secretariado de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, y la memorable Operación Jaque que condujo al rescate de la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y 14 secuestrados -entre ellos varios militares y tres contratistas norteamericanos- que llevaban años sometidos a cautiverio por las FARC.

Cabe decir, sin embargo, que a pesar de estos impactantes logros, la PDSD también ha incurrido en costos que deben tenerse en cuenta en la medida en que asuntos como los "falsos positivos" (ejecuciones extrajudiciales), han revelado un fallo en la aplicación de algunos medios para obtener los fines establecidos. Al balance anterior hay que sumar, además, algunos retos de seguridad pendientes o cuestiones que pasaron a segundo plano por la priorización tajante que identificó al saliente ministro y entre los cuales cabe destacar el aumento de la sensación de inseguridad en algunas grandes ciudades durante los últimos años como consecuencia -entre otras razones- de las fuertes oleadas de desplazados por la violencia.

Con la salida del ministro Santos, cuidadosamente sincronizada con las dinámicas políticas internas -tanto en un probable escenario de nueva reelección de Uribe, como en uno sin ella-, la vacante generada en el cargo planteaba ya desde mayo del 2009 una serie de interrogantes relacionados no sólo con el perfil político-administrativo de su sucesor, Gabriel Silva Luján, sino con la agenda que éste deberá desarrollar y que, en principio, debe tener como horizonte temporal el 7 de agosto de 2010 cuando termina formalmente el segundo período presidencial de Álvaro Uribe.

El perfil del nuevo ministro

Una de las lecciones aprendidas con el paso del ministro Santos por el despacho de Defensa tiene que ver con el perfil que debe tener un cargo cardinal y por lo mismo controvertido, sobre todo en la actual etapa de evolución de la dinámica de seguridad y defensa nacionales, tanto en relación con las amenazas internas como externas.

Resulta importante señalar en ese sentido que, a pesar del corto horizonte temporal con el que cuenta inicialmente, el nuevo ministro, Gabriel Silva Luján, tendrá que dejar claro que goza de la mayor envergadura política posible. Tras haberse desempeñado como asesor presidencial con Cesar Gaviria, participado en la elaboración de políticas contra la violencia y el narcotráfico y representado a su país como embajador en EEUU se apartó de la vida pública para ejercer durante casi una década como presidente del influyente gremio cafetero. Sin embargo, una amplia corriente de opinión considera que en Colombia ya no se requiere un administrador o un gerente para el sector de Defensa, como en otros momentos, sino un verdadero equilibrista político, con suficiente liquidez personal y ascendiente sobre importantes sectores sociales y, sobre todo, con un capital político propio que le permita actuar como "fusible" en situaciones de crisis, sin desgastarse ni comprometer el capital político del Gobierno en su conjunto.

Al mismo tiempo, el nuevo ministro tendrá que exhibir una serie de herramientas personales, conceptuales y diplomáticas para la proyección internacional que hoy por hoy la gestión de ese despacho conlleva. La prioridad de los objetivos de la PDSD en la agenda colombiana ha llevado recurrentemente a tensiones diplomáticas con los países del entorno y a tensiones institucionales entre el ministerio de Defensa y la Cancillería debido a que en Colombia existe una Diplomacia de Defensa expansiva que tiende a abarcar todo y en función de la cual giran casi todos los aparatos del Estado. Una situación que reflejó esta tensión se presentó en marzo del 2009 cuando el saliente ministro Santos afirmó con respecto a la operación militar colombiana en territorio ecuatoriano desarrollada un año atrás, que "golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por el derecho internacional".[2] De inmediato, el ministro de Exteriores mostró su malestar por considerar abusiva la declaración en la medida en que ignoraba las funciones de cada cartera ministerial y, además, se apelaba a principios universales de manera acomodaticia.

Así que el nuevo equipo ministerial, empezando por el propio jefe de la Cartera, tendrá que mostrar elevadas capacidades negociadoras a escala internacional, no sólo para no crear tensiones interministeriales en Colombia, sino para prevenir tensiones adicionales en un vecindario turbulento, muy marcado por los altibajos (crisis-normalización-crisis) con gobiernos afiliados a la Alianza Bolivariana para las Américas -como Venezuela, Ecuador y Nicaragua- con los que no resultará fácil mantener buenas relaciones al mismo tiempo que se formulan denuncias y fijan posiciones contundentes en relación con los intereses de la defensa nacional. La gira de agosto de 2009 del presidente Uribe acompañado del ministro de Exteriores Jaime Bermúdez por varios países de la región para explicar el uso estadounidense de bases militares en territorio colombiano es un ejercicio de diplomacia pública que tanto los anteriores como el nuevo ministro deberán repetir en el futuro.

La agenda ministerial

El nuevo ministro de Defensa tendrá que concentrar sus energías (con independencia de los vaivenes políticos electorales) en, por lo menos, tres aspectos fundamentales:

(1) La sostenibilidad financiera de la PDSD, lo cual tiene que ver tanto con la búsqueda de fuentes propias y permanentes de financiamiento (por vía tributaria, por ejemplo), como con la gestión de recursos externos a mediano plazo (con el fin de dejarlos de una vez comprometidos hacia el futuro, y con independencia de la administración siguiente). De hecho, en este campo se espera que el Congreso norteamericano avance en la aprobación de recursos para el mantenimiento de las acciones que fortalecen la Política de Defensa puesto que, para 2010, se ha propuesto en el Senado la entrega de 509 millones de dólares, al tiempo que en la Cámara se habla de 520 millones adicionales.

Y aunque ya el Gobierno colombiano ha convertido el impuesto transitorio al patrimonio para garantizar la seguridad y la defensa en permanente a mediados de julio de 2009, y aunque el Congreso de EEUU ha aprobado ya las partidas correspondientes al Plan Colombia para este último tramo, no hay duda de que la sistematización del gasto en defensa, la orientación del gasto militar y el ordenamiento de cuentas durante el período de transición hacia el nuevo Gobierno (2010-2014) serán definitivos a la hora de establecer cuán lejos puede llegar la PDSD. A diferencia del período anterior, cuando la prioridad de la seguridad en la agenda del gasto era indiscutible y no hubo oposición alguna al establecimiento del "impuesto de guerra" de manera permanente ahora los ciudadanos sólo respaldarán ("relegitimarán") las inversiones en la PDSD si perciben un compromiso real en materia de rendición de cuentas y focalización de los recursos.

(2) La validación de la PDSD por su eficacia, justo en un momento de crítica aguda por parte de la oposición. Eso significa que, cualquiera que sea el escenario que a la postre se configure, la PDSD del presidente Uribe ocupará un lugar protagónico en el debate electoral de 2010 y, por lo tanto, estará sometida a un bombardeo permanente de interrogantes y dudas orientado, principalmente, a cuestionar su pertinencia y la profundidad del impacto que, realmente, ha podido generar en las condiciones de seguridad del país. Tal impacto podría evaluarse en el debate electoral por medio del análisis de los logros por alcanzar expuestos en los dos planes de desarrollo del Gobierno Uribe: "Hacia un Estado comunitario" y "Estado comunitario: desarrollo para todos", referentes, principalmente, al fortalecimiento de los aparatos de seguridad estatales, la inclusión de minorías étnicas en los procesos democráticos y la implementación de un sistema judicial y penal que responda a las demandas de la población colombiana.

La campaña electoral convertirá a la PDSD en el instrumento para medir hasta dónde ha sido posible la depuración institucional en medio de enormes tensiones políticas generadas por los nexos de buena parte de la clase política con las organizaciones armadas ilegales (tanto de extrema derecha como de extrema izquierda) o por las elecciones que se avecinan para la renovación del Congreso colombiano. Por otra parte, y así como las precandidaturas oficialistas a la Presidencia basan su fortaleza en la continuidad de la PDSD, todas las fuerzas de oposición en Colombia basan su discurso, más que en la respuesta asumida por el Gobierno frente a la crisis económica global, en las disfunciones que la PDSD ha exhibido, sobre todo, en lo relacionado con la interceptación ilegal de conversaciones, los seguimientos ilegales a miembros de partidos políticos o las Altas Cortes, y las ejecuciones extrajudiciales promovidas por algunos oficiales de la Fuerza Pública para mejorar sus calificaciones personales en la lucha contra la subversión.

Con varios relatores de Naciones Unidas en territorio colombiano, y con evidentes condicionamientos en materia de derechos humanos para lograr la aprobación de los tratados de libre comercio (con los EEUU, la UE y Canadá), el Gobierno y su coalición hacen esfuerzos visibles por destacar la necesidad de convertir a la PDSD en una verdadera política de Estado que trascienda las tendencias partidistas, pero, al mismo tiempo, recibe un alud de presiones por reorientar sus procedimientos y mecanismos de acción.

(3) La liquidación definitiva de algunas fuentes de perturbación del clima de defensa, lo que se refiere, concretamente, a la superación de los escándalos desatados durante el último año por cuenta de asuntos como los llamados "falsos positivos" (las mencionadas ejecuciones extrajudiciales) y otras irregularidades, especialmente nocivas en materia de derechos humanos que se relacionan con demandas más amplias de la población. En efecto, el Gobierno ha tenido que sortear dificultades muy agudas con los pueblos indígenas, principalmente los ubicados al suroeste, que sometieron durante varios meses al propio presidente a un desgaste incesante y al sistema político a duras pruebas mediante el bloqueo de carreteras y poblaciones, o marchas sobre ciudades principales, incluyendo la propia capital de la República. Asimismo, en un clima social marcado por paros y protestas de diversos sectores clave en el funcionamiento del sistema social (desde transportadores a fiscales), la PDSD ha tenido que ir ajustándose a las necesidades propias de un país que se encuentra sometido a un complejo conflicto irregular e intraestatal que, por sus efectos, compromete en todo caso a varios países del hemisferio.

Los retos organizacionales

Además de los retos políticos señalados, el nuevo equipo ministerial encargado de gestionar el último año del programa vigente y de elaborar la transición a lo que será el nuevo esquema de Seguridad y Defensa en Colombia, tendrá que abordar una agenda intraorganizacional muy delicada, orientada a optimizar los recursos del sector de Defensa en diversos ámbitos altamente sensibles. En este sentido, cabe identificar al menos tres áreas en las que, durante esta fase de transición estratégica, resulta prioritaria la intervención del jefe de la cartera de Defensa, no sólo como orientador y responsable político, sino como administrador y gerente del sector (bajo la instrucción y orientación del presidente de la República, y con el apoyo y consejo del conjunto de altos oficiales de la Fuerza Pública).

En primer lugar, la consolidación del proceso de reforma a la educación y la formación de los miembros de la Fuerza Pública, con el fin de adecuarla a las nuevas condiciones políticas nacionales, regionales y globales, y especialmente para afrontar los desafíos inherentes al escenario "post victoria" y a las eventuales transformaciones y mutaciones de una amenaza que es al mismo tiempo interna y externa. En este sentido, se hace fundamental la cooperación con EEUU -que, si bien genera tensiones en el vecindario, resulta imprescindible para contener los nexos cada vez más evidentes entre la Alianza Bolivariana (ALBA) y las FARC-, se consolida efectivamente a través de acuerdos complementarios de cooperación para el uso de las bases militares colombianas de Malambo, Palanquero, Apiay, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga, con las que se cubre estratégicamente todo el arco orinoco-amazónico que se extiende desde las llanuras fronterizas con Venezuela hasta las montañas andinas de la frontera con Ecuador, pasando por las selvas que se comparten con Brasil y Perú.

Después, la profundización del proceso de mejoramiento técnico, tecnológico y logístico de la Fuerza Pública, mediante la continuación y escalamiento del proceso de modernización y adaptación de los recursos disponibles, teniendo presentes los nuevos desafíos que se derivan de las tendencias del entorno vecinal latinoamericano y de las adaptaciones y transformaciones que han experimentado las organizaciones armadas ilegales (FARC y ELN) y las bandas criminales emergentes (BACRIM) que, como las denominadas "Águilas Negras", son herederas de las antiguas autodefensas y, aunque de menor calado que las anteriores, gozan de un elevado potencial de crecimiento. En cualquier caso, el intercambio constante de información de inteligencia con EEUU, y el fortalecimiento de la inteligencia nacional por medio de la difusión de las estrategias utilizadas anteriormente para alcanzar éxitos como los obtenidos con la operación Jaque, permitirán un afianzamiento respecto de la habilidad para defender los intereses nacionales sin ceder a las amenazas provenientes del escenario hostil planteado por los países de la ya citada Alianza Bolivariana, es decir, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, y sus conexiones con las guerrillas de izquierda a las que ya se aludió anteriormente.

Así las cosas, el elevado gasto militar, los avances propios en tecnología para la lucha contrainsurgente, la reorganización de algunos frentes de trabajo en materia de inteligencia estratégica, la adquisición de nuevos equipos y materiales, y el nivel de cooperación con agencias extranjeras y con gobiernos que facilitan la tarea antiterrorista, copan la atención cotidiana de un equipo que en medio de tantas agitaciones debe planear cuidadosamente las líneas maestras de actuación en materia de secuestros de personal de las Fuerzas Armadas, elevado número de víctimas de minas antipersona y la protección de una de las infraestructuras críticas más vulnerables del hemisferio.

En tercer lugar, el reto probablemente más importante será adaptar la estrategia organizacional a una amenaza asimétrica en constante mutación y que encuentra apoyos externos, diseñando e implementando una estrategia integral de anticipación tanto del Estado como de los miembros de la Fuerza Pública. Al operar en red, articulando actores no gubernamentales, pero también de naturaleza gubernamental, las agrupaciones antisistémicas sobreviven gracias al apoyo que reciben desde el exterior y la oxigenación política que les ofrecen diferentes colectivos sociales ideológicamente afines, todo ello en el marco de una refinada coreografía tendiente a convertir a las FARC y al ELN, concretamente, en los factores determinantes de la política colombiana (en la medida en que de ellos dependería la paz en Colombia si se inclinan por una opción dialogante, negociadora y reconciliadora). Ejemplo de esto fue la denuncia realizada por la inteligencia colombiana al encontrar nexos entre el ex ministro de Defensa ecuatoriano, Marcelo Larrea, y el ex colaborador del Gobierno José Ignacio Chauvín con las FARC, o los videos en que la propia comandancia guerrillera informa del apoyo económico a la campaña electoral del presidente Correa del Ecuador, o, por otra parte, la incautación de misiles tierra-aire que, vendidos por Suecia al Gobierno venezolano, les fueron incautados a las FARC en territorio colombiano.

La respuesta organizacional debe tener en cuenta que, además del apoyo recibido desde el exterior, tanto la amenaza asimétrica en Colombia como todas las organizaciones criminales asociadas a ella son altamente creativas, ingeniosas y adaptativas, de tal modo que seguirán siendo una amenaza renovada para la estabilidad democrática en el área. En tal sentido, las amenazas múltiples en Colombia han pasado a ser también multidimensionales (político-militares, internas-externas, gubernamentales-no gubernamentales, tradicionales-mutantes) y, gozando como gozan de los vínculos con el crimen organizado (y el narcotráfico), exigirán a la PDSD ajustes que vayan más allá del concepto de "consolidación" en el que se venía moviendo para pasar al de "anticipación" o "evolución" estratégica.

Conclusiones

En la delicada coyuntura conflictiva que vive Colombia, el nuevo equipo ministerial de Gabriel Silva -que atenderá la fase de transición estratégica hacia el nuevo Gobierno de 2010- tendrá que ajustar la Política de Defensa y Seguridad Democrática de acuerdo con una serie de exigencias entre las que se destacan su sostenibilidad financiera, su validación política en medio del debate electoral que se avecina, el saneamiento en relación con algunos episodios complejos que han amenazado recientemente la legitimidad adquirida y acumulada por los operadores de seguridad y defensa del Estado y la alta capacidad adaptativa o la mutación de las amenazas asimétricas.

Dicho de otro modo, eso significa, por un lado, la terminación del proceso de reforma de la educación militar, con el fin de generar una masa crítica de oficiales no sólo preparados para asumir sus responsabilidades en el campo de batalla, sino para desempeñar un papel social y político más intenso, menos fracturado y más integrado con la sociedad en su conjunto.

En segundo lugar, la adecuación de los recursos disponibles para afrontar no tanto el idealizado escenario "post victoria", sino la mutación de las amenazas y la emergencia de un escenario de defensa no necesariamente ofensivo pero sí claramente hostil en que las características internas o externas de la amenaza se funden.

Y por último, la implementación de una estrategia que cree condiciones óptimas (desde la prevención y la anticipación, pero también en términos reactivos), para la seguridad no sólo del Estado sino de los miembros de la Fuerza Pública frente a una eventual avalancha de demandas y denuncias, especialmente ante instancias internacionales, mediante las cuales las organizaciones armadas ilegales pretenderán compensar, en la tribuna de los medios y los estrados judiciales, su innegable debilitamiento militar.

Notas:

[1] Para la PDSD, véase http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf.

[2] http://www.hacer.org/report/2009/03/opinion-soberania-vs-legitima-defensa.html.

EL CONFLICTO DE LA AMAZONÍA: BIODIVERSIDAD, COMUNIDADES NATIVAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2009-11-15T21:07:00.001-05:00

Luis Esteban González Manrique

En 2008, el gobierno de García aprobó la llamada “ley de la selva”, que habría facilitado presionar a las comunidades para que vendieran sus tierras a compañías petroleras. Los decretos, rechazados por todos los partidos del arco parlamentario con excepción del oficialista Partido Aprista, establecían que una comunidad indígena podía subdividir y vender su tierra si un 50% o más de sus miembros lo aprobaban en una votación, lo que reducía el umbral de aprobación fijado previamente (66%).

García argumentó que su propuesta permitiría a las comunidades disponer libremente de sus tierras, entrar en sociedades, subdividirlas y alquilarlas a fin de desarrollarlas. Pero los supuestos beneficiarios no quedaron convencidos. La Aidesep acusó al gobierno de conceder una patente de corso a las multinacionales para la depredación de los que reclama como sus territorios ancestrales y movilizó a sus bases en los departamentos del Amazonas, Loreto y Cuzco. Sus militantes bloquearon carreteras, ocuparon instalaciones de petróleo y gas y marcharon sobre las plantas hidroeléctricas y los depósitos de gas de Camisea.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de tener ya 12 millones de hectáreas tituladas, las pretensiones de los nativos se extienden a la intangibilidad de casi todos los territorios y la propiedad del subsuelo.

Según un estudio de la Universidad de Duke, firmado por Matt Finer y Clinton Jenkins, los bloques de petróleo y gas afectados se concentran en la parte de mayor biodiversidad de la Amazonía peruana, incluyendo algunos parques nacionales y territorios de pueblos en aislamiento voluntario. El estudio afirma que 64 de esos bloques cubren aproximadamente el 72% de la región amazónica del país (490.000 kilómetros cuadrados) y que las nuevas rutas de acceso a los yacimientos son la mayor amenaza para ellos al provocar deforestación, colonización, exceso en la caza y talado ilegal en áreas previamente remotas.

La derogación por el Congreso peruano en diciembre del año pasado de los decretos legislativos que habrían facilitado la compraventa de tierras indígenas, tras 10 días de acciones de protesta por más de 10.000 miembros de 65 organizaciones indígenas, fue el primer revés grave para la política de apertura comercial de la Amazonía del gobierno de García. Este año se aprobaron otros 10 decretos con el mismo objetivo, que desataron protestas aún mayores.

La Aidesep llamó a una acción de protesta nacional contra los decretos el pasado 31 de mayo, en la clausura en Puno de la IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas y Nacionalidades de Abya-Yala, que atrajo a 7.000 delegados de pueblos indígenas de todo el hemisferio.

Abya-Yala es un término kuna que significa “tierra floreciente” y ha sido adoptado por las organizaciones indígenas hemisféricas como una designación alternativa del término América. En Puno se acordó un levantamiento nacional por la derogatoria de las concesiones para el 7 de julio y la formación de un nuevo partido político indígena que representará el “Proyecto Político Perú Plurinacional”.

Poco después de la cumbre indígena, comenzaron las protestas, que interrumpieron el transporte público a Machu Pichu, bloquearon carreteras en diversas zonas del país y ocuparon instalaciones de petróleo y gas, dejándolas sin combustible para generar electricidad.

El entonces primer ministro, Yehude Simon, admitió que el gobierno pensó ingenuamente que los planes de desarrollo de la Amazonía se podían hacer desde la capital sin una comunicación debida. Los nativos sostuvieron que la decena de decretos legislativos atentaban contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.

El departamento de Amazonas, donde se produjeron los choques, tiene 465.000 habitantes y produce el 0,65% del PIB. La pobreza alcanza al 59,7% de la población, una de las tasas más altas del país. El departamento de Amazonas tiene, además, la peor tasa de deforestación, 35.500 hectáreas anuales de promedio, duplicando la de Ucayali y el triple de Madre de Dios.

Sólo en los años 90, en Amazonas de talaron y quemaron 355.000 hectáreas, mientras que en la vecina Región San Martín, 27.600. Las cifras muestran la gran migración de colonos a la región dedicados a la tala ilegal.

El actual nivel de organización de las comunidades nativas, hace que sin su consentimiento los planes de cualquier gobierno sean inviables. En diciembre de 2008, la Comisión Multipartidaria del Congreso sostuvo que todos los decretos eran inconstitucionales porque vulneraban los convenios internacionales firmados por Perú. El decreto legislativo 1.090, hoy ya derogado, constituía en la práctica una nueva ley de flora y fauna silvestre que ampliaba la frontera agrícola para facilitar el cultivo de biocombustibles y suponía una amenaza a la integridad de la propiedad de las comunidades indígenas.

Según Foro Ecológico Peruano (FEP), la principal ONG ecologista del país, el decreto 1.090 supone en la práctica que un 60% de los bosques primarios del país, que suman 45 millones de hectáreas, perderían la denominación de patrimonio forestal que los protege para ser pasados al régimen agrario y ser vendidos.

La aprobación de García ha caído, tras los choques de Bagua, hasta el 21%, según una encuesta de Ipsos-Apoyo. Una abrumadora mayoría de los entrevistados (92%) apoya la causa de las comunidades indígenas de Amazonas, considerando que el gobierno se equivocó al no consultar con ellas antes de aprobar los decretos presidenciales abriendo el área a la inversión extranjera. La mayor parte de los entrevistados (57%) culpa a García por la matanza.

Lo que convenció a García de que existe una campaña internacional para desacreditarlo y desestabilizar su gobierno fue la casi instantánea credibilidad dada en el exterior a las afirmaciones de que había tenido lugar una masacre de manifestantes indígenas en Bagua. La acusación fue repetida por asociaciones indígenas del exterior, ONG, bloggers en Internet y altos funcionarios del gobierno de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

El gobierno se ha mantenido en su recuento de 34 muertos (24 policías y nueve civiles) y más de 155 civiles y 24 policías heridos. Aidesep, por su parte, ha hecho circular la versión de que la policía habría tratado de ocultar el número de indígenas muertos, tirando los cuerpos al río Marañón y a tumbas masivas, y que algunos cuerpos fueron incinerados.

Pero la oficina del Defensor del Pueblo, representantes de la Iglesia y periodistas independientes no han hallado ninguna evidencia de cuerpos en el río ni de fosas comunes. El relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, dijo después de visitar el área que no había hallado pruebas de elementos de genocidio o del intento de exterminar un pueblo como tal. Sin embargo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh) informó haber identificado a 61 personas que se sabe que tomaron parte en las protestas en Bagua y que permanecen en paradero desconocido.

Un problema compartido

Los indígenas amazónicos representan sólo el 1% de la población peruana, pero habitan enclaves estratégicos dispersos en áreas selváticas, que suponen las dos terceras partes del territorio nacional, de 1,3 millones de kilómetros cuadrados. De un millón de indígenas de la cuenca amazónica, 300.000 están en Perú, cerca de 200.000 en Bolivia, 100.000 en Ecuador y 70.000 en Colombia, mientras que el resto están en Brasil, las Guayanas y Venezuela.

Las amenazas que comparten comprenden la deforestación, la contaminación de los ríos producida por los pesticidas utilizados en la agricultura intensiva y la violencia que prolifera en zonas remotas debido a la ausencia de autoridades públicas y el tráfico de drogas.

El narcotráfico tiene un grave impacto en los ecosistemas amazónicos. Según el FEP, para sembrar una hectárea de coca, la mayor parte de la cual se dedica a elaborar cocaína, se deforestan cuatro de bosque y estima que por esa razón la deforestación en los últimos 10 años habría alcanzado las 2,5 millones de hectáreas. Cada año esa cifra aumentaría entre 200.000 y 300.000 hectáreas.

En Brasil, las dos terceras partes de la Amazonía no tienen protección alguna. Durante los años 90, la deforestación podría haber representado entre el 10% y el 20% del CO2 liberado en la atmósfera. Cada año que pasa, se pierde un 2% de superficie. Un mayor número de carreteras en la región podría deforestar un 30%-40% de la cuenca para el año 2020, frente al 15% en que se ha reducido desde 1960. Un 85% de la tala ilegal se produce en torno a las carreteras.

En Brasil, con el 60% de los bosques tropicales mundiales, cada vez es más evidente el enfrentamiento entre los ecologistas y los llamados “desarrollistas”, que defienden el aumento de la actividad económica en la región amazónica. El gubernamental Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) invertirá 240.000 millones de dólares en infraestructuras (carreteras, plantas hidroeléctricas y térmicas, gasoductos, ferrocarriles, obras de saneamiento básico y transporte urbano). Solo las 80 represas planificadas pueden inundar 12 millones de hectáreas, equivalente a la mitad del territorio británico.

La tala de bosques húmedos de la cuenca amazónica es responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero debidos a la deforestación, el 20% del total, según estimaciones de la World Wildlife Fund. Debido a ello, Brasil es ya el cuarto emisor mundial de gases de carbono.

En los últimos cinco años, el gobierno ha creado 62 nuevas reservas naturales. Actualmente, el área protegida por ley suma más de 280.000 kilómetros cuadrados, lo que sitúa a Brasil en el cuarto lugar en el ranking mundial de países con el mayor porcentaje de áreas protegidas en relación al territorio.

Pero no hay infraestructuras capaces de garantizar la efectiva protección de esas áreas. Hay sólo un agente federal por cada 2.800 kilómetros cuadrados, de modo que gran parte de las reservas naturales han sido ocupadas por campesinos sin tierras, taladores ilegales, granjeros y mineros.

La creciente demanda mundial de alimentos por algunas potencias emergentes como China ha aumentado exponencialmente las exportaciones de carne, granos y frutas brasileños. Las de carne se han multiplicado por cinco entre 1997 y 2003. Un 80% de ese aumento ha sido suministrado por granjas amazónicas, donde los rebaños de ganado se duplicaron en los años 90 hasta las 57 millones de cabezas, ocupando 340.000 kilómetros cuadrados de pastos.

Brasil es el segundo productor mundial de soja y su mayor exportador, al ser uno de los pocos cultivos que pueden crecer en los terrenos deforestados, lo que ha acelerado el proceso de su explotación comercial en Rondonia, Pará y Matto Grosso. El boom de la soja está produciendo lo que los expertos llaman “sabanización” de la floresta amazónica y de los humedales de Mato Grosso, el llamando cerrado, donde se concentra la producción de soja brasileña.

Según estimaciones de varias ONG medioambientales, la voraz demanda mundial de soja, dedicada en gran parte a la alimentación de ganado, está causando más deforestación que la tala, el ganado y la minería juntos. La soja, además, consume rápidamente los nutrientes del suelo y necesita cantidades enormes de fertilizantes, pesticidas y herbicidas que contaminan luego los ríos. La tasa de deforestación sigue muy de cerca los índices de materias primas agrícolas de la Chicago Board of Trade.

El último enfrentamiento en Brasil por razones de política medioambiental se produjo en torno a dos decretos presidenciales que los ecologistas afirman amenazan el ecosistema amazónico. Uno de los decretos otorga títulos sobre la tierra a ocupantes de tierras públicas que cubren un área de 67 millones de hectáreas, equivalente al tamaño de Francia, en la región amazónica.

Los ambientalistas se oponen al decreto afirmando que la decisión beneficia a personas que ocupan áreas de la selva ilegalmente. En la zona solo un 14% de la propiedad privada de la tierra está respaldada por títulos legales. El otro decreto crea normas más flexibles para la concesión de licencias medioambientales para la construcción de carreteras federales que crucen la selva tropical.

Los grupos de presión rurales sostienen, por su parte, que los decretos ayudarán a facilitar el control del gobierno para impedir conflictos y la tala indiscriminada. El ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, introdujo medidas para que la decisión final en relación a la concesión de títulos de tierras y licencias para carreteras quedase en manos de su cartera. Pero otros de sus colegas del gabinete descartaron esas modificaciones antes de enviar los decretos al Congreso, y Minc los acusó de “inmoralidad”. Lula ha prometido que de ahora en adelante coordinará personalmente los asuntos ambientales, dando a Minc un nivel de apoyo que Marina da Silva, su antecesora, nunca tuvo.

Lula quiere evitar cambiar a otro ministro de Medio Ambiente pocos meses antes de la conferencia de Copenhague. En la Amazonía brasileña viven 20 millones de personas y ningún gobierno podría condenarlos a la pobreza por salvar a los bosques. En el estado de Pará, por ejemplo, el 70% de la población depende de alguna manera de la explotación maderera.

El derecho a la consulta

Los indígenas de la Amazonía constituyen menos del 0,5% de los 186 millones de brasileños y los porcentajes son similares en Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, pero son un elemento esencial en la conservación de los bosques lluviosos porque la defensa de su hábitat natural es una de las razones de su existencia. Según decía Chico Mendes, el ecologista brasileño asesinado en 1988, “donde comienzan los territorios indígenas termina la deforestación”.

Las leyes nacionales de la mayoría de los países latinoamericanos reconocen a los pueblos indígenas derechos para la preservación de sus territorios tradicionales pero, en el momento de aprobar esos macroproyectos, los gobiernos y los tribunales se pronuncian casi invariablemente a favor de los “intereses superiores de la nación y su derecho al desarrollo”.

Las organizaciones indígenas están en primera línea de la resistencia contra la depredación medioambiental. Como sostiene el historiador británico John Hemming en su libro Tree of Rivers (2008), una historia del Amazonas desde el siglo XVI hasta la actualidad, las comunidades nativas son pequeñas democracias en las que se discute de todo, todo el tiempo; es decir, algo muy lejos de la imagen de poblaciones “manipulables” de la que hablan sus críticos.

Según Hemming “la tierra significa todo para los nativos: les provee de caza, pesca y cementa sus creencias, herencia e identidad tribal y, por ello, son un muro de contención contra la invasión destructora y la colonización agresiva de sectas religiosas, guerrillas, narcotraficantes y depredadores”.

La convención de derechos humanos interamericanos de la Organización de Estados Americanos reconoce que los pueblos indígenas tienen derechos a sus tierras y prohíbe el otorgamiento de concesiones para explotar recursos naturales en sus territorios sin su consentimiento libre, previo e informado.

Pero la creciente organización de esas comunidades está dando frutos. En Brasil hay 130 grupos de presión indígenas ayudados por 30 ONG medioambientalistas que han logrado que las reservas indígenas brasileñas cubran el 12% del territorio y el 23% de la Amazonía. En 1982 fue elegido al Congreso Federal Mario Juruna, un jefe de la etnia xavante, el único congresista indígena amazónico que ha tenido hasta ahora el país.

Conclusiones

En Ecuador, el presidente Rafael Correa es uno de los mayores defensores de una de las fórmulas más imaginativas para reducir las emisiones por la deforestación y la degradación: ha pedido a la comunidad internacional unos 5.200 millones de dólares para que Ecuador deje sus depósitos de petróleo sin explotar en la reserva de la biosfera y parque nacional de Yasuní, que puede contener 920 millones de barriles de crudo en una bolsa de hidrocarburos sobre la que se encuentra una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo.

En ese esquema, Ecuador vendería certificados a gobiernos y empresas que les permitiría emitir gases invernadero en cantidades proporcionales al carbono dejado en el subsuelo y que se comercializarían en el European Energy Exchange de Leipzig (Alemania). El gobierno de Quito estima que el plan podría evitar la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Prevenir la deforestación a través de esquemas similares al planteado por Correa será un punto central de la agenda de la cumbre de Copenhague. Pero las medidas para prevenir la deforestación son difíciles de cuantificar. Tampoco está claro quién recibiría el dinero de los créditos: ¿los gobiernos, las poblaciones locales, las comunidades nativas o un fondo gestionado por organismos internacionales que financiaría la protección de parques nacionales, proyectos de energías alternativas y otras iniciativas medioambientales? Copenhague debería ofrecer una respuesta.

A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA: ¿CHÁVEZ RUMBO A 2021?

2009-11-15T21:01:00.002-05:00

Manuel Hidalgo

Antecedentes

En Venezuela, el tema de la reelección presidencial indefinida cobró importancia durante la campaña electoral de 2006. Antes de sancionarse la reciente enmienda, la Constitución sólo permitía una reelección inmediata. De ahí que el previsible triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de dicho año planteara muchas dudas e incertidumbres sobre la suerte del proyecto chavista a medio plazo, ya que el presidente no podía concurrir a las elecciones de 2012. Consciente de ello, no escondió su intención de convocar un referéndum a principios de 2010 para que los venezolanos se pronunciaran sobre su continuidad y la posibilidad de que pudiera reelegirse para un nuevo período. Incluso, a comienzos de 2006, había amenazado con proponer un referéndum en caso de que la oposición, imitando el comportamiento seguido en las elecciones parlamentarias de 2005, boicoteara los comicios presidenciales, lo que finalmente no sucedió. Después de su amplia victoria en las elecciones presidenciales –62,84% frente al 36,90% del candidato opositor– se dedicó a impulsar una reforma constitucional que, aunque proponía ciertos cambios radicales, tenía como eje fundamental la reelección presidencial indefinida.

Por un estrecho margen, los electores la rechazaron en de 2007. La derrota de la propuesta presidencial se debió básicamente a que muchos de los ciudadanos que le habían apoyado un año antes, en esta ocasión se quedaron en casa por razones diversas: no entender algunos de los cambios propuestos, no desear establecer el socialismo, rechazar la reelección o estar descontentos con la gestión chavista. Mientras la alianza chavista acudió dividida a la consulta, debido a diferencias internas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y entre éste y otras fuerzas que respaldan al presidente, los grupos opositores supieron aglutinarse y desplegar una campaña eficaz en la que el movimiento estudiantil afín jugó un papel destacado.

Después de la primera derrota del chavismo tras una década en el poder, se abrió un compás de espera, sobre éste y otros asuntos, debido a la celebración de elecciones regionales y locales en noviembre de 2008. Pocos días después de su realización, el presidente volvió a colocar con celeridad la cuestión de la reelección presidencial indefinida en el centro de la agenda política. Al menos dos factores deben tenerse en cuenta. Primero, el PSUVreafirmó su supremacía político-electoral (obtuvo el 53% de los votos, consiguiendo 17 gobernaciones de 22 en juego y 264 alcaldías de 326 en disputa). No obstante, la alianza opositora logró unos buenos resultados: ganó en cinco de los siete estados más poblados e importantes política y económicamente (Miranda, Carabobo, Nueva Esparta, Zulia y Táchira). Además, se hizo con el control de Maracaibo (la segunda ciudad más grande), la Alcaldía Mayor de Caracas, y retuvo tres de las alcaldías (de cinco) que componen la capital a las que sumó una cuarta, Sucre, municipio que contiene el barrio más grande de América Latina.

La oposición penetró en zonas populares que le parecían vedadas hasta fechas recientes. Sus victorias adquirían mayor significado político y simbólico al ser derrotados tres de los candidatos más representativos del chavismo(Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz y Jessie Chacón). Los avances se realizaron en un contexto poco propicio ante el descarado ventajismo y desproporción de recursos a favor del oficialismo. En segundo lugar, se esperaba una situación económica delicada en 2009 debido a la abrupta caída de los precios del petróleo en otoño de 2008, por la crisis económica internacional. De ahí que Chávez se apresurara, al celebrarse en 2010 unas importantes elecciones legislativas. En suma, cuanto más se postergara el asunto, menos probabilidades tenía de lograr que los votantes respaldaran su propuesta. Aún así, la apuesta era arriesgada porque la opinión pública no le era favorable al respecto.

Procedimiento y aprobación de la enmienda constitucional

Se utilizó el procedimiento de enmienda dada la imposibilidad de recurrir a una reforma constitucional. Los electores habían rechazado una en 2007 y, según la Constitución (artículo 345), no podía presentarse una nueva en el mismo período legislativo a la Asamblea Nacional (AN). Una lectura excesivamente literal de la Carta Magna, pareciera que no acorde con su espíritu, llevó a los chavistasa defender que la enmienda no alteraba la estructura fundamental del Estado ni entraba en contradicción con lo dispuesto para la reforma, al ser procedimientos diferentes. Tampoco cerraban la puerta a presentar la enmienda tantas veces como quisieran, al no prohibirlo el texto constitucional. Por otro lado, aunque algunas críticas enfatizaban que la enmienda era contraria al gobierno alternativo –uno de los principios fundamentales constitucionales–, el oficialismo argumentaba que la reelección indefinida no lo impedía: los ciudadanos decidirían en las urnas quienes querían que fuesen sus representantes. Si bien la propuesta en sí no era antidemocrática, hay serias dudas sobre su constitucionalidad. Y como se ha puesto de manifiesto en otros países latinoamericanos, la reelección indefinida dificulta los cambios en el poder.

La iniciativa partió del presidente. Aunque pocos días después de las elecciones regionales algún cargo electo del chavismo se manifestó a favor de una enmienda para permitir la reelección indefinida, Chávez, haciendo gala de una concepción del poder muy contraria a la “democracia protagónica y participativa” que pregona, autorizo a sus seguidores, el 30 de noviembre, a poner en marcha la maquinaria para activar dicha propuesta: “Yo les doy mi autorización al PSUV y al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección como presidente de la república”. El temor a que una iniciativa popular fuese demasiado lenta –requiere el 15% de los ciudadanos inscritos en el Registro Civil y Electoral– hizo que Chávez le encargase a la Asamblea Nacional la activación del procedimiento, dado lo factible y rápido que resultaba esta vía: se requiere el respaldo del 30% de los diputados, un porcentaje muy fácil de obtener debido a que el oficialismo controla la Asamblea desde las elecciones de 2005.

La discusión y aprobación de la enmienda se realizó en menos de un mes. La primera discusión se realizó el 18 de diciembre. El PSUV y las fuerzas aliadas, Patria Para Todos (PPT) y Partido Comunista de Venezuela (PCV), apoyaron la reelección indefinida del presidente, no sin algunas críticas. El PPT exigía la reelección continua para todos los cargos de elección popular. El partido de izquierdas Por la Democracia Social (Podemos) votó en contra por entender que los ciudadanos ya se habían manifestado en el referéndum de 2007. Esta fuerza política integraba la alianza chavista desde 2004, pero se pasó a la oposición por diferencias sobre la forma y el fondo de algunas medidas, como la reforma constitucional. También algún diputado votó en contra y varios se abstuvieron. No obstante, la propuesta salió adelante con el apoyo de una abrumadora mayoría. Con el fin de proyectar una imagen de mayor respaldo social, el chavismo presentó más de 4.700.000 firmas que avalaban la enmienda de cinco artículos de la Constitución.

La sorpresa fue que después de las Navidades se produjo un acontecimiento importante que iba a tener una incidencia notable en la suerte de la enmienda: el presidente propuso extender la reelección indefinida a todos los cargos de elección popular. Chávez había sido sensible a los argumentos de aliados como el PPT, a voces de su entorno y, cómo no, a las encuestas. En 2007, uno de los factores que influyó en la deficiente campaña a favor del “Sí” fue que algunos partidos aliados al naciente PSUV y ciertos gobernadores y alcaldes no se habían comprometido con la defensa de la reforma por falta de incentivos: la reelección atañía sólo al presidente. Éste no quiso volver a repetir el error, cuando muchas encuestas le eran desfavorables. Ampliar la reelección facilitaba cohesionar a los suyos, ganar más apoyos entre la población y enfrentarse a algunos sectores que le acusaban de querer perpetuarse en el poder. La nueva propuesta consiguió el respaldo mayoritario de los diputados en segunda discusión (14 de enero de 2009). Para escenificar el respaldo social, los chavistas recogieron 1.600.000 firmas adicionales. En total, más de 6.000.000, aunque no se produjo verificación alguna. Por otro lado, conviene subrayar la redacción confusa de la pregunta, en unos términos que permitían colegir que votando “Sí” se ampliaban los derechos políticos del elector. Ahí, el oficialismo jugó hábilmente sus cartas.

La campaña y las encuestas

Lacampaña electoral oficial apenas duró un mes, si bien extra-oficialmente los chavistas se pusieron en marcha a los pocos días de concluidas las elecciones regionales y locales. Partidarios y detractores se organizaron en dos bloques para defender su propuesta. Para el chavismo, el “Sí” obedecía a la necesidad de mantener y profundizar los logros del proyecto y enfatizaban que la enmienda ampliaba los derechos políticos y que serían los electores los encargados de decidir quiénes y por cuánto tiempo estarían en el poder. Como señalaba uno de los carteles de la propaganda oficialista: “Que sea el pueblo el que ponga y quite gobiernos ¡votemos por el sí! Por su parte, el Bloque del “No”, que agrupaba a un amplio y variado grupo de partidos opositores, defendió no sólo que la enmienda era inconstitucional y antidemocrática, sino que la reelección impedía la alternancia y, por consiguiente, abría la puerta a (malos) gobiernos con claros incentivos para abusar de los resortes del poder y utilizar de modo más discrecional si cabe los recursos del estado.

Deben destacarse otros aspectos. Primero, una campaña muy desequilibrada y un órgano electoral parcializado. Continuando la tendencia de las últimas campañas electorales, el chavismodispuso sin apenas limitaciones de los recursos del Estado. Movilizó masivamente a los empleados públicos, recurriendo a incentivos o a la coacción, inducida o real. También desplegó propaganda política en muchos organismos públicos. El uso de lo público como un auténtico instrumento partidista mostró el alto grado de patrimonialización del Estado alcanzado en la actual etapa. Por su parte, la oposición acudió con las arcas casi vacías tras el esfuerzo de las elecciones de noviembre. Respecto a las actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) puede destacarse su sesgo a favor del gobierno. A diferencia de lo sucedido en 2007, no otorgó esta vez financiación a los defensores de una y otra opción –la Constitución prohíbe la financiación pública de campañas, pero el CNE entendió en 2007 que era posible otorgar fondos para un referéndum, al no ser propiamente una elección–. Y si bien algunas de sus decisiones buscaron generar confianza –en particular lo referente a los aspectos organizativos el día del referéndum y las auditorías de las máquinas de votación–, otras, por el contrario, mostraron su sujeción al ejecutivo, como puso de manifiesto la celeridad con la que preparó el referéndum, incluso antes de que se hubiese aprobado formalmente la enmienda. La anuencia ante el ventajismo del oficialismo, su negativa a abrir el registro electoral para que nuevos votantes pudiesen inscribirse o la extensión del horario de votación hasta las 18 horas son otros ejemplos. La normativa electoral establece que las mesas de votación deben cerrarse a las cuatro de la tarde a menos que haya electores sin votar en la cola –la Constitución establece, además, que dicha normativa debe modificarse al menos seis meses antes de una elección–.

En tercer lugar debe mencionarse la polarización de la mayoría de los medios de comunicación. Si bien algunos canales de televisión privados (Venevisión, Televen), periódicos (Últimas Noticias) y emisoras de radio (Unión Radio) fueron proclives a un mayor equilibrio, el resto, en función de su titularidad, pública o privada, dieron una mayor cobertura a noticias y eventos a favor o en contra de la reelección indefinida. Finalmente, conviene subrayar ciertos aspectos de las estrategias de ambos bloques. El chavismo utilizó eficazmente la maquinaria del PSUV, mediante la movilización de más de 14.000 “batallones”, a la que hay que sumar las acciones de los partidos aliados. La estrategia de la defensa de la enmienda pasó por distintas etapas en las que Chávez cargó contra la oposición: “la oposición nos va a quitar todas las misiones y todo lo que hemos logrado”.

En la última fase de la campaña, el presidente recurrió, como en otras ocasiones, a la emotividad, buscó la proximidad con sus bases de apoyo y dirigió su artillería a la movilización de los chavistas abstencionistas. Los partidos de oposición no tuvieron cintura para reaccionar ante las acusaciones que lanzaban cual dardos envenenados los partidarios del “Sí”. Incluso tardaron demasiado tiempo en delinear su estrategia y movilizar a sus partidarios. Además, cedieron gran parte del protagonismo al movimiento estudiantil próximo, algunas de cuyas acciones fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Quizá el comportamiento de los dirigentes opositores obedeció, en gran parte, al cansancio acumulado tras las últimas elecciones, la escasez de recursos y las dificultades de reaccionar en poco tiempo ante la propuesta. Incluso pudo pesar su confianza en repetir el éxito obtenido en 2007 recurriendo a la movilización estudiantil cuando la situación política era otra.

Respecto a la opinión pública, varias encuestas mostraban desde diciembre de 2006 que la mayoría de los ciudadanos rechazaban la reelección indefinida –los porcentajes se ubican en torno al 60%-70%–. Sin embargo, tras la lectura positiva que le dieron las fuerzas chavistasa dicha cuestión, a partir de diciembre de 2008, algunas encuestadoras comenzaron a reflejar en sus estudios cambios de tendencias y un incremento sustancial de la intención de voto a favor de la propuesta presidencial. Ahora bien, no es fácil sacar conclusiones claras debido a que las empresas demoscópicas también parecen ser presa de la polarización. Los estudios de opinión mostraron resultados dispares y, en ocasiones muy amplios, a favor de una opción u otra. De las que proyectaban un triunfo del “Sí” semanas antes del referéndum –por ejemplo, Datanálisis, GIS XII e IVAD–, sólo la tercera se aproximó al resultado final en la diferencia de puntos a favor de la propuesta que ganó, no tanto en los porcentajes finales que dio (47,5% frente al 39,5%). En todo caso, en lo que sí coincidían la gran mayoría de los estudios era la popularidad del presidente, por encima del 50%.

Los resultados

El “Sí” obtuvo el 54,86% (6.319.636 votos) frente al 45,13% del “No” (5.198.006). La abstención se situó en el 30,08%, 14 puntos menos que en el referéndum constitucional de 2007 y cuatro puntos por debajo de las elecciones regionales y locales de 2008. De la alta tasa de participación se benefició el chavismo, aunque no logró la meta fijada de 7.000.000 alcanzada en las elecciones presidenciales de 2006 (7.300.080 votos). No obstante, aumentó su votación de modo significativo respecto a los procesos electorales de 2007 y 2008. Por su parte, la oposición alcanzó su mayor votación en unos comicios al conseguir unos 800.000 votos más que en el referéndum de 2007.

No es fácil comparar los resultados recientes con otras elecciones, debido a las distintas coyunturas, tipo de comicios y lo que había en juego. Si comparamos los datos de 2009 con el referéndum constitucional de 2007, se observa que el incremento significativo de la participación se decantó mayormente del lado chavista aunque ambos bloques aumentaran su votación: cerca del 45% incrementó el oficialismo frente al 15% de la oposición. Asimismo, varios estados de la zona centro-norte, fronterizos con Colombia (Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Zulia y Mérida), fueron bastiones opositores al votar “No” en ambos referendos. Por el contrario, otros estados importantes, como Anzoátegui y Carabobo, se decantaron en esta ocasión por el “Sí”, lo que muestra las dificultades de hacer lecturas excesivamente simples del comportamiento electoral de los venezolanos. En suma, en el referéndum de 2009, el chavismoganó en 19 estados (16 en 2007) frente a los cinco obtenidos por la oposición (ocho en 2007).

Varios factores contribuyen a explicar el triunfo del “Sí”. En primer lugar, el liderazgo y carisma de Chávez. Diez años después de llegar al poder sigue teniendo una gran popularidad. Segundo, la buena organización y la elevada movilización de los chavistas, que contrasta con lo sucedido en 2007: maquinaria no tan eficaz y desunión de la alianza oficialista. Tercero, la estrategia y la campaña fueron efectivas. Chávez planteó la cuestión con presteza, cogiendo desprevenida a una oposición exhausta y sin fondos. Asimismo, la enmienda se presentó en sentido positivo –ampliación de derechos políticos– y se buscó en algunos momentos de la campaña generar dudas o temor entre los electores en caso de que ganara el “No”. Frente a ello, la oposición no supo contrarrestar los ataques ni proponer alternativas claras al mensaje oficialista. Deben tenerse en cuenta varios aspectos adicionales. Los elevados ingresos petroleros recibidos en los últimos años le han permitido al ejecutivo impulsar la actividad económica y aplicar ciertas medidas sociales que, más allá de sus problemas y limitaciones, han mejorado la situación de los sectores populares. Parte del ingreso se ha utilizado de modo profuso en la extensión de las prácticas clientelares, algo más visible en zonas del interior. Por último, y no menos importante, el uso y abuso de los recursos del Estado y la movilización de funcionarios le granjearon un número de votos nada despreciable.

Conclusiones

La ratificación por la mayoría de los venezolanos de la enmienda que permite la reelección indefinida de los cargos de elección popular muestra la alta popularidad de la que sigue gozando Hugo Chávez, quien aprovecha cada cita electoral para convertirla en un plebiscito. La victoria refuerza el control del presidente sobre el heterogéneo movimiento chavista e incrementa sus poderes en un sistema ya de por sí hiper-presidencialista, en el que no existe división de poderes, la rendición de cuentas es baja y la calidad de las elecciones se ha deteriorado notablemente. La reelección continua crea los incentivos para que aparezca una casta política en los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, aunque se comprueba que el chavismo requiere de un líder carismático, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de Chávez de apoyarse en una amplia variedad de fuerzas, no sólo del PSUV, en momentos críticos. Si bien los lazos afectivos entre el líder de la “revolución” y sus seguidores son clave para explicar su triunfo, no menos significativos son algunas políticas, las prácticas clientelares y el uso abusivo de los recursos del Estado. Los resultados revelan la progresiva división del país en dos bloques, con una oposición que, aunque ha realizado importantes esfuerzos y avances en los últimos tres años, todavía está muy fragmentada y carece de un liderazgo y un proyecto de cambio con los que poder alcanzar el poder. Las próximas elecciones de concejales y juntas parroquiales y las trascendentales elecciones legislativas de 2010 servirán para comprobar la evolución de la correlación de fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2012.

Chávez ya se ha postulado como candidato para dichas elecciones. Si descartamos un escenario plenamente autoritario, aquél tiene a día hoy muchas posibilidades de volver a ganar y quizá mantenerse en el poder al menos hasta 2021, como en más de una ocasión ha manifestado. No obstante, quedan todavía cuatro años en los que pueden suceder muchas cosas. En particular, a corto plazo la situación es compleja: restricciones fiscales, debido a la fuerte caída del ingreso petrolero, y empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. Dichos factores aunados a otros como la ineficacia, la improvisación, el burocratismo y la discontinuidad administrativa conspiran en contra de su popularidad y las posibilidades de radicalizar más su proyecto. Sin embargo, el ejecutivo ha optado por esto último. ¿Por qué? El presidente ha entendido los resultados como un espaldarazo a su propuesta socialista. Cuenta para ello con cierto margen de maniobra, dado que dispone de elevados fondos. El avance de la crisis económica podría desbaratar sus planes y echar al traste con sus deseos de mantenerse en el poder más allá de 2012. De ahí que, nuevamente, haya actuado con celeridad. Además de adoptar algunas medidas, infraestructuras y aparato productivo agrícola, ha realizado cambios en el gabinete ministerial.

La reorganización del ejecutivo pudiera interpretarse, en parte, como una respuesta al creciente impacto de la crisis económica y los requerimientos de una administración eficaz. Pero hay dudas de que Venezuela vaya a sortear mucho mejor los problemas sin haberse renovado a fondo el equipo económico. Quizá, en una primera fase, se pretenda controlar el gasto. Ahora bien, no parece claro que eso se vaya a producir con la fusión y desaparición de varios ministerios. De hecho, las modificaciones apuntan más hacia la concentración y la centralización del poder. En particular, el hecho de que el vicepresidente asuma también la cartera de Defensa es probable que obedezca al interés de Chávez de tener mayor control sobre la institución castrense. Otros cambios muestran la desconfianza presidencial hacia su entorno político y el ascenso de la línea “dura” en una etapa en la pudiera aumentar el malestar en la sociedad. Es probable que las recientes decisiones se complementen con el desarrollo de una agenda legislativa que permita dar soporte legal al proceso de transformaciones y con un papel más activo del PSUV como agente de transformación social. Sin embargo, a menos que aumenten sustancialmente los precios del crudo en los próximos meses, los problemas y tensiones se agravarán, poniendo a prueba el liderazgo presidencial en tiempos de escasez. De presentarse tal escenario, la oposición podría sacar partido. Sin embargo, como señalamos, tiene una ardua tarea por delante ante sus debilidades para erigirse como alternativa. Además, necesita mostrar su eficacia en gobernaciones y alcaldías en condiciones poco favorables debido a la arremetida de Chávez en contra de la descentralización después de las últimas elecciones regionales y locales.

Notas:

[1] Véase Manuel Hidalgo, “‘Por ahí no, mi Comandante’: freno en el referéndum al ‘Socialismo del Siglo XXI’”, ARI nº 3/2008, Real Instituto Elcano, http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/ARI3-2008.

LA REGIÓN SEGÚN BRASIL

2009-06-23T14:57:00.001-05:00

Solange Monteiro y Rodrigo Lara S.

Brasil comienza a aceptar su destino de liderazgo regional en América Latina. Pero todavía busca el enfoque.

Una vez electo, Obama recibió a Lula, no a Calderón. Brasil al mismo tiempo se reúne con India, China y Rusia, países con un enorme potencial de crecimiento del producto, mientras que Europa, Japón y Estados Unidos tienen un modesto potencial de crecimiento en el corto plazo. Es evidente que Brasil, ni en el norte ni en Asia, puede definir la balanza del poder si se vuelca a uno u otro lado, y por eso su importancia y su aumento en el poder de negociación en el mundo. Los países de latinoamérica son fundamentales en esa política de crecimiento a futuro de Brasil, China tiene su zona de influencia en Asia, Estados unidos en Norteamérica, dudo que vayan a desperdiciar su propia zona de influencia para seguir creciendo. Es probable que encuentren la forma de liderar al continente, tienen todo para hacerlo.

"¡¿Cómo nosotros vamos a crear empleo fuera de Brasil?! ¡¡Eso no es justo, tenemos que proteger nuestra industria!!". La declaración realizada por un grupo de industriales brasileños hace 11 años sacó chispas. Iba dirigida a José Botafogo Gonçalves, el entonces ministro de Industria y Comercio de Brasil, durante un encuentro que terminó en controversia. Hoy seguramente Botafogo se ríe de la anécdota y del cambio de escenario: en 2008, las empresas brasileñas destinaron US$ 20.000 millones de inversión directa en el exterior. "Brasil tuvo que cambiar su estrategia de crecimiento y hoy cuenta con un grupo importante de transnacionales", dice.

Lo más interesante de eso es que dichas compañías también pasaron a mirar a Latinoamérica de manera distinta. Hoy buscan destinos más allá del tradicional mercado argentino, que todavía concentra la mayor parte de las inversiones y del comercio, por un tema objetivo de tamaño.

Ahora hay mucho más de todo: los brasileños no sólo compran frigoríficos en Argentina y campos sojeros en Uruguay, Paraguay y Bolivia; también, minas en Perú, campos petroleros en Venezuela y Argentina; plantas carboníferas y siderúrgicas en Colombia (de la mano de Gerdau con US$ 500 millones este 2009, Votorantim y MPX); y cadenas de estaciones de servicio en Chile. Eso sin olvidar que un fondo de inversiones brasileño es la viga central detrás de McDonald's Latinoamérica y que sus empresas de tecnología ponen bandera en los mayores mercados de la región.

Si bien la tendencia se ralentizará este año, "cuando la crisis sea superada, no hay duda de que Brasil continuará siendo un jugador muy importante en la región", dice Roberto Teixeira da Costa, ex-presidente del Consejo de Empresarios de América Latina (Ceal). "No por bondad, sino porque la economía brasileña lo requiere". Hecho que, según el economista, también es resultado de una diplomacia empresarial. "Antes, los empresarios actuaban sólo a través de la cancillería. Ahora, a pesar de no abandonar los mecanismos de presión del gobierno, ya parten a negociar directamente".

Esa nueva mirada del empresariado brasileño calza con los planes gubernamentales de Brasil de reforzar su influencia en la región, ya que muestra la fortaleza del país no con palabras, sino desde un punto de vista muy pragmático. "Los artífices reales de ese liderazgo son la producción, la industria. Brasil será cada vez más respetado como líder cuanto más logra ampliar mercados y vender productos, tecnología", dice Christian Lohbauer, ex-gerente de negocios internacionales de la federación de industrias paulista (Fiesp).

Ése sería un apoyo indudable a la estrategia de la diplomacia de la administración de Lula da Silva, que se focaliza en la defensa de la integración regional, si no fuese por un detalle: que ésta es el blanco de la artillería de parte del sector privado, el cual, desde el surgimiento de los primeros problemas entre el gobierno boliviano y Petrobras, viene cuestionando duramente la acción de la cancillería.

Y entre la visión integracionista y solidaria del gobierno y los argumentos de los empresarios, la sociedad es víctima de un particular estrabismo que le impide trascender una visión fragmentada entre tímidas experiencias personales de un viaje o partido de fútbol, y la batalla política reflejada en los medios. "El brasileño promedio no se percibe como latinoamericano y no sabe mucho del resto de la región", dice Ricardo Schiffini Dellaméa, consultor de la asociación de fomento empresarial Sebrae de Paraná. "Hay afinidad con Argentina; envidiamos a Chile, pero nos parece un modelo de desarrollo incopiable. Pero no hay una referencia clara del todo."

Soft power

Uno de los ingredientes incuestionables de un candidato a líder es el carisma, compuesto en su mayoría por el poder de inspirar. Y, en ese test, el presidente Lula tiene nota 10. Desde 2005, el mandatario es el líder latinoamericano mejor evaluado en la encuesta de Latinobarómetro. Condiciones necesarias, pero no suficientes, son tener un líder popular y el desperezarse de la economía de Brasil. Pero al mismo tiempo, todo esto coincide con la emergencia de los nacionalismos de izquierda de Ecuador y Venezuela, la refundación del sistema político de Bolivia, el primer movimiento de reforma en Paraguay en casi un siglo y el intento de rediseño económico de Argentina. Eso, sumado a los históricos desencuentros comerciales con México, la otra potencia regional, complica la vida de cualquiera que quiera asumir posiciones de liderazgo. Así, el resultado de la sumatoria de ambas circunstancias es percibido como estancamiento por quienes ven en Brasil una delicadeza que sería el disfraz de la irresolución.

"Brasil quiere ser líder, aunque el éxito que está teniendo en ello es cuestionable", dice -quien apoya el último enfoque- Jorge Castañeda, ex canciller de México, dedicado hoy al análisis político hemisférico desde la Universidad de Nueva York. La razón que esgrime Castañeda, y en la que coinciden muchos analistas, es simple: Brasil no quiere ver a ningún país como enemigo o adversario, no quiere pagar los costos del liderazgo. "Y, si aspiras a ser líder, tienes que tomar partido; no puedes ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU si te vas a abstener en cada votación."

En Itamaraty, como se conoce al palacio en Brasília que hace de sede de la cancillería brasileña, se entiende que estas críticas son resultado de la incomprensión de una política exterior que, en vez de confrontar abiertamente, prefiere la paciencia estratégica, "Brasil siempre va a privilegiar el soft power", dice Fernando Gabeira, actual diputado del Partido Verde. Se trata de usar como fuerza de seducción políticas de cooperación económica y presencia cultural antes que las amenazas. "Pienso que a través de este tipo de política, tenemos condiciones para evitar muchas de las dificultades que surgen cuando un país crece económicamente y pasa a tener un papel más poderoso en la región", dice el legislador.

Uno de los articuladores principales de este soft power brasileño es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), enorme institución estatal que ha servido para financiar proyectos empresariales e industriales que sustenten los intereses del país a largo plazo. Su campo de acción se ha extendido en la última década a la política internacional, impulsando la idea de crear empresas "campeonas" en varias industrias. Un ejemplo reciente es el financiamiento, anunciado hace pocos días, de la central hidroeléctrica Chihuidos I, en Neuquén, la Patagonia argentina, donde la entidad aportará US$ 400 millones de los US$ 1.100 millones que costará la represa de 478 MW sobre el río Agrio. Los países más beneficiados por su acción en la última década han sido Argentina (US$ 1.550 millones), República Dominicana (US$ 748 millones), Ecuador (US$ 693 millones), Venezuela (US$ 503 millones) y Chile (US$ 323 millones).

En el ámbito de fortalecimiento de empresas, se destacan los aportes directos en capital para fusiones como las de las alimentarias Sadia con Perdigão, para llevarlas a escala planetaria y puedan moverse sin rivales. "Lula vio con mucha admiración cómo el gobierno español empujó la creación de grandes corporaciones y el efecto que eso tuvo en el desarrollo empresarial", dice un alto funcionario que trabajó en el Ministerio de Desarrollo y Planeamiento del primer mandato de Lula.

Las inversiones no son la única vía por la que las empresas incrementan su importancia en las economías de los países de la región. El efecto en el comercio internacional es tanto o más importante. El intercambio de exportaciones e importaciones con Colombia alcanzó a US$ 3.000 millones en 2008, con México, a unos US$ 8.000 millones y con Argentina, US$ 30.000 millones. Conclusión: Brasil y sus casi 190 millones de habitantes serán cada vez más importantes como origen o destino de la actividad económica de los países de la región.

Más enfoque

No obstante, todos ésos son considerados pasos recientes. Con la excepción de Argentina, país con el que tiene un historial de acercamiento -y peleas comerciales-, con el resto de la región no hubo mayor planificación. "Hoy nuestros intereses son más explícitos, pero con una fórmula desordenada", dice Botafogo, criticando la opción del gobierno de querer interactuar con todo el continente.

Una señal de eso, según él, es el proceso acelerado de apertura de embajadas. Por ejemplo, en casi todos los países del Caribe, cosa que casi ningún país del mundo ha realizado. "Los intereses estarían mejor estructurados si Brasil se concentrase en el Mercosur. La política de expandir horizontalmente ese activismo, a pesar de no ser equivocado, me parece ineficaz".

Pero si hay cierta carencia de estrategia clara dentro del gobierno, también es necesario relativizar dicha mirada netamente comercial. Eso porque no es para toda industria que el mercado latinoamericano luce interesante. Algunos consideran la brecha de tamaño e institucionalización de las compañías entre Brasil y el resto de la región como un desincentivo creciente y casi mortal. Un importante empresario, que pide reserva de identidad, lo describe de esta manera: "En su mayoría, desde el punto de vista de la profesionalidad y organización de las empresas, en términos de ambiente de negocios, el resto de los países están muy detrás de Brasil".

Marco Stefanini, titular de Stefanini, una empresa de TI que comenzó a aventurarse en América Latina en 1996, y que acaba de inaugurar su segunda fábrica de software en México, explica que una dificultad universal en la región es "un ambiente tributario complejo", debido al cual muchos empresarios brasileños "no creen que vale la pena el esfuerzo" de invertir en sus vecinos. "Sienten que es mejor ir a EE.UU. de una vez".

Desde la óptica de su empresa, mirando país por país, "Argentina se deterioró (respecto de una década atrás); Chile continúa más o menos con el mismo perfil: estable, bien organizado, pequeño; Perú mejora como oportunidad de negocios; Venezuela, no es preciso ni hablar, es una calamidad: con cada noticia queda peor; y Colombia es lo inverso: antiguamente estaba fuera de nuestros planes y hoy entendemos que vale la pena invertir. Finalmente, México -en líneas generales- es una buena operación. Es el mejor país de América Latina después de Brasil. Este año está sufriendo con la crisis, pero todos entendemos que tiene un tamaño de mercado razonable".

A diferencia de Europa, donde siglos de odios binacionales, alianzas bélicas y traiciones han convertido en un objetivo explícito crear una identidad europea, en la región se dificulta mucho reconocer al "otro" como un par. "En América Latina, no tenemos muchos motivos para odiarnos, sin embargo, no tenemos conciencia para juntarnos y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Estamos condenados por la ignorancia", dice Schiffini Dellaméa, de SEBRAE. "Es absurdo: tengo un pasaporte que dice 'Ciudadano del Mercosur', sin embargo, no ha cambiado nada los trámites para ingresar a los países vecinos".

Adiós sovietismo

En cambio, un "activo" en este surgimiento de Brasil reside en que los brasileños valoran la estrategia de su país de evitar tomar acciones y decisiones que puedan hacerlo aparecer con una vocación imperial. "Brasil no tiene este 'espíritu imperialista' por ideología como sí lo tiene EE.UU.", dice Schiffini Dellaméa. "Lo que hay son intereses económicos que, por cuestiones de escala, acaban por influenciar la realidad de los vecinos".

Para el analista argentino Juan Toklatián, de la Universidad San Andrés, en Buenos Aires, a lo anterior se suma que "décadas atrás y hasta principios de los 90, veía a un Brasil soviético: tenía la capacidad de decir 'no' en temas regionales, pero muy poca capacidad de iniciativa y de propuesta", dice el argentino. "Hoy Brasil es el iniciador de propuestas. Algunas fracasan. Otras, para que prosperen va a pasar mucho tiempo, pero ya el cambio de actitud es un logro del país".

De hecho un embajador de un país latinoamericano en Brasília alaba la manera que Brasil ha llevado a cabo su política regional y su negativa a romper lazos con sus vecinos, menos con Venezuela. "Lula ha cumplido un rol fundamental, aunque fuera del alcance de los medios, por moderar las posiciones extremas de algunos presidentes". Ello a pesar de que Hugo Chávez ha perturbado seriamente los intereses de Brasil en algunos ámbitos específicos.

"Hay que pensar que hoy es natural que se den más conflictos, porque nuestras relaciones eran escasas y conforme crecen dan margen a más discusiones", dice Botafogo. ¿Estamos frente a un apogeo desordenado que, precisamente, por ello no durará? No necesariamente. Si Brasil mejora y potencia su sintonía fina diplomática y logra inspirar a los latinoamericanos con su prosperidad y creatividad, tal vez el siglo XXI sea "el siglo de Brasil" en el sur del Hemisferio Occidental.

NUEVAS IZQUIERDAS Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

2009-06-23T14:53:00.001-05:00

Francisco Panizza

Cerca del 60% de los habitantes de América Latina viven hoy bajo gobiernos de izquierda o de centroizquierda (en adelante referidos genéricamente como “la izquierda”). Se puede objetar que antes de dar cifras debe especificarse qué se entiende por izquierda y por centroizquierda; pero, aunque la objeción es válida, no es el propósito de este trabajo entrar en un debate teórico sobre qué significa el término “izquierda”. Baste decir que, para los objetivos de este artículo, no consideramos muy útil el hecho de definir a la izquierda en términos de un conjunto de valores ahistóricos o transhistóricos divorciados de los contextos específicos y las prácticas políticas que los transforman y les dan sentido. En América Latina, el contexto que da sentido al crecimiento político de la izquierda es la crisis del Consenso de Washington que, por razones expuestas más adelante, llegó a sus límites entre 1997 y 2002. También está claro que la izquierda latinoamericana presenta muchas caras diferentes y éstas no son triviales cuando se consideran los desafíos que estos gobiernos enfrentan en el presente y deben enfrentar en el futuro.

Si es posible concordar con que la izquierda está en ascenso en América Latina, sin entrar en un debate teórico sobre el significado del término, no lo es, sin embargo, ignorar que la llegada al Gobierno de partidos y movimientos de izquierda y de centroizquierda ofrece un número de paradojas e interrogantes. Entre las muchas paradojas que se podrían analizar en relación con la ola de gobiernos de izquierda, destacaríamos que, pese el giro electoral a la izquierda de la región, no hay evidencia de que el electorado de América Latina se haya decantado hacia a la izquierda de manera significativa. Los interrogantes tienen que ver con la relación entre los gobiernos de izquierda y la democracia, y sobre todo con los desafíos futuros que estos gobiernos deben enfrentar para preservar y profundizar la democracia. Para intentar desentrañar la paradoja y contestar los interrogantes, este artículo discute las raíces, contextos y desafíos políticos de los gobiernos de izquierda en América Latina. En cuanto a las raíces del ascenso de la izquierda al Gobierno, se destacan tres elementos explicativos: i) procesos de acumulación política bajo la democracia; ii) el juego Gobierno-oposición; y iii) la relación entre política e instituciones. En relación con el contexto en que estos gobiernos actúan, se analizan las tensiones entre diversas lógicas de representación política y sus implicaciones para la democracia; finalmente, en cuanto a los desafíos de futuro, se discuten las condiciones bajo las cuales las tensiones entre las diversas lógicas de representación política pueden o no contribuir a la profundización de la democracia en la región.

Las raíces del ascenso al gobierno de la izquierda en América latina

Para analizar las raíces del ascenso al Gobierno de partidos y movimientos de izquierda en América Latina empezamos por señalar lo obvio. En todos los casos estos grupos han llegado al Gobierno a través de procesos electorales. Pero destacar lo obvio no es necesariamente decir algo trivial. Históricamente, la izquierda fue escéptica sobre las elecciones como camino de llegada al Gobierno y, más aún, respecto a las elecciones como llegada a lo que, con una ambigüedad cargada de connotaciones políticas, llamaba (y todavía hoy algunos llaman) “llegar al poder”, para distinguirlo de simplemente llegar al Gobierno. Segundo, con la históricamente marcada excepción de Salvador Allende en Chile en 1971, los partidos y candidatos de izquierda no fueron particularmente exitosos en ganar elecciones. En parte eso se debió a que en el siglo pasado, en muchos países de la región, partidos y movimientos de izquierda estuvieron proscriptos y sus líderes en prisión o en el exilio durante largos períodos de tiempo. Pero es importante recordar también que, desde el punto de vista histórico, la izquierda tuvo una presencia política considerable en muchos países de la región aunque sus posibilidades de crecimiento fueron bloqueadas por la presencia de movimientos populistas, o nacional populares, que eran percibidos como una barrera y aun como un antídoto contra el crecimiento de la izquierda. El caso del peronismo en Argentina es ilustrativo de esta situación.

Tampoco es trivial destacar, como se señalaba en la sección anterior, que si bien partidos de izquierda han ganado varias elecciones en los últimos años, el electorado de América Latina no parece ser demasiado de izquierdas. De acuerdo a la encuestas del Latinobarómetro, correspondientes al año 2006, en una escala de 0 a 10, donde 0 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, el promedio de la región en su conjunto se encuentra en el 5,4 de la escala, es decir en el centro político. Siempre de acuerdo al Latinobarómetro, la izquierda es más débil que la derecha en la región. No hay ningún país que tenga más de un 34% (Uruguay) de votantes que se autoubiquen en la izquierda. El caso de Venezuela es especialmente significativo, ya que el promedio de identificación política en la escala derecha-izquierda en ese país es de 5,5%, es decir, un electorado ligeramente más a la derecha del centro de la media latinoamericana.

¿Cómo se explica entonces el hecho de que candidatos de izquierda hayan ganado las elecciones en países en que como máximo tan sólo alrededor de un tercio de los electores se identifican como de izquierda? La pregunta es todavía más pertinente teniendo en cuenta que en casi todos los casos, los porcentajes de votos por candidatos presidenciales de izquierda fueron significativamente mayores que el de votantes que se identifican como de izquierda. Hay tres explicaciones para esta paradoja, las cuales no son alternativas, sino complementarias.

La primera tiene que ver con procesos de acumulación y desacumulación política en democracia. América Latina vive hoy el ciclo más largo de gobiernos democráticos de su historia, y a lo largo de este ciclo las curvas de acumulación política de los partidos de centroizquierda y de centroderecha han seguido trayectorias opuestas. La llegada de partidos de izquierda al Gobierno se da hacia finales del siglo XX y comienzos del presente, es decir, tras casi dos décadas de gobiernos de derecha y centroderecha. La única excepción a la hegemonía del centroderecha hasta el fin de la década de los noventa es los gobiernos de la Concertación por la Democracia en Chile. En los comienzos de la actual ola de democratización, que coincidió aproximadamente con el derrumbe del bloque socialista, la izquierda estaba en crisis en la región. No es este el lugar para entrar en detalles sobre las razones de esta crisis, que fue tanto política como ideológica. Pero la crisis, que fue real y profunda, estuvo lejos de significar el total derrumbe de la izquierda en la región, y su impacto hizo subestimar en qué medida la democracia le dio a los partidos de izquierda la oportunidad de recomponer fuerzas.

Veamos cuáles son las condiciones que hicieron posible el renacimiento de la izquierda. Es común la observación de que los sistemas de partidos son institucionalmente débiles en América Latina. Pero esta observación oculta la realidad de que, aun cuando eran electoralmente relativamente débiles, en muchos países de la región los partidos de izquierda eran y continúan siendo organizativa y comparativamente fuertes, con acumulaciones simbólicas significativas, una base social de apoyo minoritaria, pero consecuente, y arraigos sociales sólidos en los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. En el lenguaje del fútbol rioplatense, esto le dio a la izquierda histórica una considerable capacidad de aguante. A ello se les sumaron los años de estabilidad democrática que contribuyeron a la institucionalización de la izquierda. El acceso al Parlamento ha dado a los partidos de izquierda espacios políticos importantes para proyectar su imagen y la oportunidad de mezclar discursos de oposición radical con el juego pragmático de alianzas y compromisos parlamentarios. El acceso a gobiernos municipales y estaduales les permitió hacer aprendizajes políticos, mostrar competencias y manejar recursos estatales para expandir sus bases de apoyo. Tales han sido los casos del Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el Partido de la Revolución Democrática en México y el FSLN en Nicaragua. También ha sido el caso del Peronismo en Argentina a través de todos sus virajes ideológicos.

En contraste, los partidos de derecha y de centroderecha sufrieron un proceso de relativa desacumulación y desgaste. Estos partidos gozaban en muchos países de apoyos importantes en los sectores populares, pero estos apoyos funcionaban en bases diferentes a la de los partidos de izquierda. Como consecuencia de los cambios sociales y las crisis económicas de las últimas décadas del siglo XX, los partidos de derecha y de centroderecha fueron perdiendo su electorado cautivo y sus bases rurales tradicionales. El control del Estado dio a los partidos de derecha acceso a importantes recursos para las prácticas clientelares, pero las reformas en el papel del Estado fueron progresivamente limitando los recursos disponibles para el clientelismo de masas. El clientelismo siguió existiendo, pero cada vez más limitado a un clientelismo de cuadros por parte de aparatos políticos que colonizaban el Estado pero que distribuían relativamente poco a sus bases clientelares populares. En la primera mitad de la década de los noventa, estos partidos obtuvieron éxitos electorales importantes según una alianza entre sectores empresariales y sectores populares, cementada en el éxito de estos gobiernos en bajar drásticamente la inflación y la promoción de reformas de mercado. Pero cuando los efectos de la caída de la inflación en los sectores populares se dio por descontado y el modelo neoliberal no generó el crecimiento económico y los empleos prometidos, el apoyo a los partidos que habían promovido las reformas de mercado se vio significativamente limitado a los sectores que tienen los recursos económicos y educacionales necesarios para beneficiarse de la economía globalizada.

La segunda explicación sobre el éxito electoral de la izquierda es que el determinante del viraje a la izquierda no ha sido tanto el clivaje derecha/izquierda sino el de Gobierno/oposición. A lo largo de los años noventa en muchos países de la región los partidos de izquierda y de centroizquierda fueron la principal oposición a los gobiernos de centroderecha que impulsaron las reformas de mercado. Se debe ser muy cuidadoso en establecer relaciones causales entre ciclos políticos y económicos, sobre todo cuando se están manejando datos agregados que ignoran las variaciones nacionales y las mediaciones que hace la política sobre eventos económicos. Pero no es posible ignorar que el ciclo de victorias electorales de la izquierda comienza con la llamada “media década perdida” de América Latina, entre los años 1998 y 2003, en la cual el PIB por habitante se estanca y suben nuevamente los índices de pobreza. En este sentido, puede argumentarse que más que votar por programas de izquierda el electorado votó por cambios de Gobierno.

En qué medida el cambio de Gobierno significaba un voto por un cambio radical en el modelo de desarrollo vigente varió significativamente según el país. Pero entre los que votaron por el cambio de Gobierno, un número importante de votantes no se identificaba como de izquierdas, lo cual condicionó las estrategias políticoelectorales de la izquierda. Para la oposición de izquierda, que había usado los ataques al llamado modelo neoliberal como un parche que le permitió sobrellevar sus propias falencias ideológicas, la coyuntura económica le sirvió para darle resonancia electoral a sus promesas de cambio. Pero prometer el cambio no significa que los partidos de izquierda hayan llegado al Gobierno con un modelo alternativo de cambio, ni que ese cambio fuera necesariamente del tipo y de la dimensión del que las bases sociales de la izquierda anticipaban o que la izquierda había postulado históricamente. Igualmente significativo, para la hipótesis de que el suceso electoral de la izquierda está fuertemente relacionado con el clivaje Gobierno/oposición, es que entre los años 2004 y 2007, cuando la economía de América Latina retoma un fuerte crecimiento económico, los candidatos oficialistas de los más diversos colores políticos ganan la mayoría de las elecciones. Este ha sido el caso de candidatos tan diversos como Hugo Chávez en Venezuela, Michelle Bachelet en Chile, Lula da Silva en Perú, Álvaro Uribe en Colombia, Felipe Calderón en México y Cristina Kirchner en Argentina. En otras palabras, tanto cuando era oposición como cuando accedió al Gobierno, la izquierda ha estado navegando a favor de la corriente de los ciclos económicos.

La tercera explicación para el éxito electoral de la izquierda tiene que ver con la relación entre política e instituciones. En ella los triunfos electorales de ciertos candidatos de izquierda, particularmente de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, se deben menos a sus posiciones ideológicas que a su carácter de candidatos antisistémicos en países que atraviesan crisis de representación. Votar por candidatos antisistémicos no es lo mismo que votar por candidatos de izquierda. Cualquier lector medianamente informado sobre la realidad latinoamericana inferirá que estamos hablando de casos de populismo. No entraremos aquí en la polémica sobre la definición de populismo o sobre la pertinencia de calificar a estos líderes como populistas. Lo que se destacará es que América Latina tiene una larga tradición de apoyo popular a líderes antisistémicos y que estos líderes han sido históricamente de orientaciones politico-ideológicas muy diferentes. Si miramos la historia reciente de América Latina, nos encontramos en que candidatos antisistémicos como Alberto Fujimori en Perú y Fernando Collor de Mello en Brasil no eran de izquierdas sino neoliberales. El hecho de que los candidatos antisistémicos del siglo XXI sean de izquierda (y opino que lo son, pese a las objeciones de algunos de sus críticos de izquierda) tiene relación con que “el sistema” de comienzos de la década de los noventa tenía características políticas y económicas muy diferentes de las del “sistema” de comienzos del presente siglo.

Por último, si las acumulaciones políticas bajo la democracia, el juego Gobierno/oposición y el apoyo a candidatos antisistémicos explican las victorias electorales de la izquierda, aún cuando solo una minoría del electorado se identifica como de izquierda, las mismas variables son también importantes para entender las diferencias entre la izquierda: en aquellos países en que la izquierda ha llegado al Gobierno a partir de procesos de institucionalización política que le permitieron hacer acumulaciones progresivas, estos gobiernos son muy diferentes de aquellos en que la llegada de la izquierda al Gobierno es el resultado de una crisis de representación.

El contexto de los gobiernos de izquierda: democracia y representación política

Ya se ha vuelto tradicional dividir los gobiernos de izquierda en América Latina en socialdemócratas y populistas. Esta clasificación puede ser válida como punto de partida, pero las clasificaciones no son verdaderas o falsas, sino más o menos útiles, y uno de los problemas que enfrenta la división entre populistas y socialdemócratas es que da pocos criterios para entender las diferencias internas dentro de cada categoría. Por ejemplo, una característica típica del populismo es el liderazgo personalista, pero, ¿puede decirse que Evo Morales es un líder personalista de la misma manera que lo es Hugo Chávez en Venezuela? En relación con la socialdemocracia, una característica clave son sus vínculos con las organizaciones sindicales y otros movimientos sociales. Pero la relación entre Gobierno y sindicatos es muy diferente en Chile, Brasil y Uruguay; los tres gobiernos que son comúnmente considerados como ejemplos de socialdemocracia en América Latina. Como una forma de superar estos problemas, es posible redefinir la división entre socialdemócratas y populistas de forma que permita no sólo distinguir entre ambos sino también entre variaciones de socialdemocracia y populismo. Para ello se toma en cuenta, como criterio definitorio, las diversas lógicas representativas que hacen parte de las prácticas democráticas, y cómo las mismas se combinan en las socialdemocracias y los populismos latinoamericanos.

¿Cómo se pueden clasificar las lógicas representativas de la democracia? El principio básico de la democracia es el ejercicio de la soberanía popular. Pero dado que en las sociedades modernas el pueblo no puede ejercer esa soberanía directamente, ésta es mediada por complejas relaciones de representación que responden a diferentes lógicas de representación política. Para los efectos de este análisis, se propone clasificar estas lógicas en tres: partidistas, societalistas y personalistas. Lo que define y diferencia estas lógicas es saber quiénes son los actores clave en la relación de representación y los márgenes de autonomía que los mismos tienen con relación a otros actores en la toma de decisiones políticas. Estas lógicas están presentes en diferente grado y combinaciones en toda sociedad democrática y, a nuestro juicio, sirven para entender mejor las similitudes y diferencias entre los gobiernos de izquierda en la región. Es preciso enfatizar que el análisis de estas lógicas debe hacerse de forma dinámica, y que para estos efectos es tan importante determinar la lógica predominante como las formas que éstas combinan y acotan mutuamente en la práctica.

La lógica partidista es característica de sistemas políticos con grados altos de institucionalización política. Como su nombre indica, considera a las instituciones políticas, especialmente al Parlamento y los partidos políticos, como los agentes privilegiados de la representación política. Aunque abierta a los juegos de intereses pluralistas, esta lógica hace una fuerte distinción entre actores políticos y sociales, y considera a los primeros como los únicos capaces de generar intereses generalizables. De acuerdo con este criterio, los actores políticos actúan con un alto grado de autonomía, con relación a sus representados, y toman sus decisiones según criterios de racionalidad política por encima de los intereses sociales. Esta es la lógica dominante de la democracia liberal. Pero el monopolio partidista de la representación puede ocasionar serios problemas para la democracia. Como parte de un modelo altamente institucionalizado, esta lógica puede derivar en intentos de asegurar su continuidad en el tiempo mediante la colonización de las instituciones públicas (Estado, Parlamento, regímenes electorales, financiación de campañas electorales) por parte de los partidos políticos que hacen difícil la incorporación de nuevos actores al sistema político. Producto del alto grado de autonomía de los representantes y de la captura de las instituciones por quienes las controlan, son la degeneración de la representación política en “partidocracias” o “tecnocracias” y el divorcio entre la legalidad y la legitimidad de las instituciones representativas.

La lógica de representación societalista pone su énfasis en la sociedad civil como el locus privilegiado de la democracia. Considera que la voluntad general sólo puede formarse genuinamente a partir de la participación directa y de la deliberación de los actores sociales. De acuerdo con ella, los partidos políticos no deben tener el monopolio de la representación política, sino que esta debe ser compartida con actores sociales. Mientras que en la lógica institucional los representantes políticos gozan de un alto grado de autonomía con relación a sus representados, de acuerdo con la lógica societalista los representantes deben tener un margen de autonomía estrictamente limitado y la relación de representación se entiende más como la de portavoces de la sociedad que como actores autónomos. Esta lógica forma parte de la tradición democrática desde los tiempos de De Tocqueville. Pero al igual que la lógica partidista, la lógica societalista llevada a sus extremos presenta serios problemas para la democracia. La politización de las relaciones sociales pone en cuestión la distinción entre el espacio público y el privado, arriesgando los márgenes de autonomía no sólo de los actores públicos sino también de los privados. El predominio de actores sociales en las decisiones públicas lleva al corporativismo y a la falta de representación de los que no tienen recursos o capacidad organizativa. En su extremo, esta lógica deriva en la sospecha de la política, especialmente de las mediaciones institucionales. Pero si se niega la política y las mediaciones institucionales, la voluntad general se transforma en la voluntad de todos y la sociedad civil en pretorianismo de masas.

De las diversas lógicas de representación política, la lógica de la representación personalista ha sido la menos analizada en los estudios sobre la democracia. Teóricos de la democracia liberal han visto el personalismo como una amenaza a la democracia basada en el juego de las instituciones. Pero la representación personalista ha sido siempre parte de la tradición democrática, y con el impacto de los medios de comunicación de masas en las campañas políticas, su papel se ha visto aumentado. La lógica de representación personalista privilegia el liderazgo como la forma característica de la representación. Así, nos recuerda que la política no se reduce a seguir las reglas de juego institucionales o a la resolución tecnocrática de los problemas sociales, que tampoco se reduce a procesos de toma de decisiones racionales, sino que tiene componentes afectivos e identitarios que le dan sentido. El líder político asume la representación del pueblo al interpretar sus demandas y sus intereses, a veces difusos, y el hecho de constituirse en el sujeto de procesos de identificación política. A diferencia de la representación societalista, el liderazgo personalista reivindica la voluntad política como clave para promover el interés general. El liderazgo personalista tiene un papel democrático en la creación de imaginarios colectivos y en el rescate de la política de las jaulas de hierro burocráticas y tecnocráticas. También puede cumplir un papel importante en dar voz a los excluidos del orden político, así como en la denuncia de los arreglos partidocráticos que limitan el ejercicio de la representación popular. Pero la lógica de la representación personalista también presenta amenazas para la democracia. Los liderazgos personales desprovistos de límites institucionales y societales son erráticos y poco confiables. Son también difícilmente compatibles con principios de igualdad ciudadana y democracia deliberativa. Llevados al extremo, los personalismos devienen autocracias o tiranías con apoyo popular.

La clasificación de regímenes políticos puede hacerse en función de diversos criterios, tanto económicos como políticos. Es posible sugerir que, desde el punto de vista de las lógicas de representación política, los “regímenes socialdemócratas” se caracterizan por una combinación de las lógicas partidista y societalista, mientras que el populismo se caracteriza por el predominio de la lógica personalista. La socialdemocracia privilegia la forma partidaria de la representación y actúa dentro de las instituciones representativas de la democracia liberal. Pero, a diferencia de los regímenes liberales, en los regímenes socialdemócratas el Gobierno mantiene vínculos privilegiados con el movimiento sindical y otras organizaciones de la sociedad civil, los cuales, a su vez, establecen fuertes vínculos representativos con el Estado y los partidos socialdemócratas. Se puede argumentar que esta es una visión anacrónica de la socialdemocracia, que se relaciona con la época dorada de la socialdemocracia europea, ya que la socialdemocracia de Tercera Vía moderna tiene pocos anclajes sociales. Si bien esto es cierto, la distinción todavía es válida para distinguir diferentes modelos socialdemócratas en Europa y, como se analiza más abajo, también en América Latina.

Por su parte, en el populismo predomina la lógica de representación personalista. Esto no equivale a decir que todos los personalismos son necesariamente populistas ni que el populismo se agota en el personalismo, pero sí que el personalismo es una característica constitutiva del populismo. Dos razones justifican esta caracterización. En primer lugar, las prácticas populistas son fuertemente anti-institucionales, con un discurso anti-statu quo, que denuncia las instituciones y partidos dominantes. En segundo lugar, el populismo supone una relación directa entre el líder y el pueblo soberano por encima de los arreglos institucionales vigentes. En esta relación, la figura del líder funciona como punto nodal de unificación simbólica de sectores sociales subalternos identificados en la figura del líder.

Aunque las diversas lógicas de representación política no son referentes exclusivos de la izquierda, estas han formado parte de su proceso de acumulación política bajo la democracia. Históricamente, las izquierdas latinoamericanas se han constituido según el predomino de diversas lógicas representativas. En Brasil, Chile, Uruguay y México partidos de izquierda fuertes y bien organizados han sido los principales agentes del crecimiento de la izquierda. En Bolivia, y en menor medida en Ecuador, la izquierda se ha manifestado principalmente a través de los movimientos sociales, mientras que en Venezuela el liderazgo de Hugo Chávez ha sido y continúa siendo decisivo en el surgimiento y profundización del llamado socialismo del siglo XXI. ¿Qué sucede cuando la izquierda llega al Gobierno? Como ya se ha señalado, en todo Gobierno democrático se mantienen vigentes una combinación de las tres lógicas de representación política. Es posible entonces clasificar los diversos gobiernos de izquierda en la región de acuerdo con el grado en el cual estas lógicas están presentes en sus prácticas representativas. La tabla 1 muestra un intento provisional e imperfecto de clasificación en términos de la vigencia alta, media o baja de cada una de estas lógicas.

Todos los gobiernos caracterizados usualmente como socialdemócratas (Brasil, Chile y Uruguay) tienen grados altos de representación partidista. Pero en cada uno de estos gobiernos la lógica partidista se combina de forma diferente con las otras lógicas de representación política. Así, el Gobierno de Uruguay combina una fuerte lógica de representación partidista con un alto grado de representación societalista, dado que los sindicatos tienen una considerable influencia institucional en la política laboral y un también considerable poder de veto en un amplio conjunto de políticas públicas. En contraste, el Gobierno chileno se caracteriza por un alto grado de representación partidista combinado con un grado bajo de representación societalista. Esto no significa negar la existencia de organizaciones sociales en Chile, sino destacar el amplio margen de autonomía que tienen los partidos de la Concertación para tomar decisiones de gobierno. Finalmente, el caso de Brasil ilustra la importancia del análisis dinámico de las relaciones de representación. En Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT) surgió a partir del movimiento sindical y se construyó con fuertes arraigos en los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. En este proceso, el liderazgo personal de Luiz Inácio Lula da Silva fue particularmente importante, pero este estaba claramente enmarcado en la estructura partidaria del PT. Sin embargo, desde su acceso al Gobierno, el PT, sin romper completamente sus lazos sociales, se ha distanciado de sus bases sindicales y de la sociedad civil, actuando fundamentalmente basándose en una lógica de maquinarias político partidarias centrada en el juego de alianzas y apoyos parlamentarios. Entretanto, como se vio en ocasión de los escándalos de corrupción de los años 2005 y 2006 y en las elecciones del año 2006, el liderazgo personal del presidente Lula ha ganado un margen de autonomía considerable sobre el PT: la identificación directa entre el presidente-candidato y los sectores populares se convirtió en una de sus mayores cartas de triunfo electoral.

Tomando como base las variaciones y combinaciones en las lógicas de representación política esbozadas en el párrafo anterior, es posible hacer algunas distinciones significativas entre los llamados gobiernos socialdemócratas de la región. Dada la combinación de una fuerte lógica de representación partidista con una igualmente fuerte representación societalista, desde el punto de vista de la representación política, Uruguay estaría más cerca del modelo socialdemócrata que los otros gobiernos. En el caso de Chile, considerado como un modelo de socialdemocracia en la región, sería en todo caso un Gobierno de Tercera Vía o incluso un liberalismo social más que una socialdemocracia típica. El caso de Brasil se diferencia del de Chile y Uruguay por la combinación de la lógica partidista con un importante liderazgo personal del presidente Lula. Este liderazgo actúa dentro de un marco institucional muy diferente a la de los liderazgos de tipo populista, pero no por ello deja de introducir elementos de identificación populista en la política brasilera. Esto se mostró claramente cuando, enfrentado a acusaciones de corrupción en su Gobierno, el presidente Lula se defendió afirmando que estas acusaciones eran parte de una conspiración de las élites brasileñas contra un presidente de origen popular.

Analicemos ahora los llamados regímenes populistas. Como es de esperar, todos los gobiernos considerados populistas tienen altos grados de representación personalista y bajos grados de representación institucional. Sin embargo, también exhiben grados diversos de representación societalista. En nuestra clasificación, Bolivia se caracteriza por el grado más alto de representación societalista y Venezuela por el grado más bajo, mientras Ecuador se mantiene en un grado medio. Esta clasificación debe tomarse con algunas reservas y, sobre todo, interpretarla dentro de procesos dinámicos y no congelados en el tiempo. Se puede objetar que el Gobierno Venezolano ha establecido un conjunto muy importante de instancias participativas, hecho que haría del Gobierno venezolano un régimen altamente societalista. Sin descartar totalmente este argumento, cuya dilucidación ha sido objeto de estudios empíricos que han llegado a conclusiones contradictorias, es posible argumentar que la mayoría de estas organizaciones fueron creadas por el chavismo y que, como tal, carecen de verdadera autonomía en relación con el Gobierno. Por otra parte, Chávez surge en la política desde el ámbito militar y no del social, y ha ejercido un liderazgo de fuerte tono personalista al definir el rumbo de la revolución bolivariana. En contraste, en Bolivia, Morales surge desde el movimiento sindical; su partido, el MAS, se organiza desde los sindicatos y la autonomía de su Gobierno está fuertemente acotada por la presión de los movimientos sociales que constituyen su base de apoyo.

El caso de Ecuador es el más difícil de clasificar, por su novedad, y debe entenderse en un contexto rápidamente cambiante. La representación política en Ecuador funcionó en un marco de debilidad institucional que generó una partidocracia que le quitó legitimidad a su lógica representativa. Paralelamente, fueron surgiendo movimientos sociales, como las organizaciones indígenas, que contribuyeron a la deslegitimación del sistema con sus movilizaciones callejeras. Pero estos movimientos carecen de la centralidad y capacidad de organización en el ámbito nacional de los movimientos sociales bolivianos. El surgimiento de Rafael Correa como el ganador de las elecciones presidenciales en las que no presentó candidatos al Congreso, le ha dado al dirigente un fuerte espacio de liderazgo personalista.

Desde entonces, Correa ha usado ese espacio para ganar márgenes de autonomía política y para debilitar a la partidocracia ecuatoriana. Pero dada la fragmentación de poder que caracteriza a Ecuador, es difícil anticipar que Correa pueda llegar a ejercer en Ecuador el mismo tipo de liderazgo personalista que ha ejercido Chávez en Venezuela. Finalmente, el caso de Argentina nos muestra también la dinámica cambiante de la representación política. Después de la crisis del año 2001, los partidos políticos argentinos entraron en una profunda crisis. A partir de su victoria electoral en 2003, obtenida con el apoyo de apenas poco más de una quinta parte de los ciudadanos, el presidente Néstor Kirchner emprendió uno de los procesos de construcción de liderazgo personal más exitosos de la historia argentina, basado en el control discrecional de los recursos públicos, la reactivación de los aliados sociales del peronismo y la cooptación de líderes provinciales de otras fuerzas políticas. El éxito de la estrategia kirchneriana se materializó en el triunfo electoral de su esposa, Cristina Fernández, en las elecciones presidenciales de octubre 2007. Si embargo, errores estratégicos del nuevo Gobierno, principalmente en un polarizante enfrentamiento con los productores agrícolas, sumado al deterioro de la situación económica en 2008, han erosionado fuertemente la popularidad de la presidenta y se han abierto espacios para una oposición más sistemática a su Gobierno. Queda por ver, sin embargo, si este nuevo juego político debe darse a partir de una precomposición del sistema de partidos o debe continuar siendo una disputa entre liderazgos políticos con débiles arraigos partidarios afuera del justicialismo en alianzas inestables con fuerzas provinciales.

Al igual que en los gobiernos socialdemócratas, el juego de las diversas lógicas en el interior de los regímenes populistas permite establecer importantes diferencias internas entre ellos. El liderazgo de Chávez no es el mismo que el de Morales que, a su vez, no es el mismo que el de Correa. La diferencia entre ellos está en la relación entre sus liderazgos y los anclajes sociales que los limitan y condicionan. Estas diferencias se ponen de manifiesto no sólo en el grado de autonomía que disfrutan estos líderes, sino también en las posibilidades de institucionalización de los respectivos gobiernos.

Izquierda y representación democrática: los desafíos futuros

Cualquier proyecto de izquierda tiene que hacerse en democracia y tiene que tener como objetivo la profundización de la democracia. El análisis de las lógicas de representación política en los gobiernos de izquierda latinoamericanos nos permite ir más allá de la dicotomía simple y, a veces, simplista entre populistas y socialdemócratas sin abandonarla totalmente. ¿Pero, cuáles son las implicaciones de esta clasificación más compleja para la democracia en la región? En la sección anterior se argumentó que cada una de estas lógicas tiene un papel legítimo en la democracia. En una relación de tensión y complementación mutua, estas lógicas constituyen relaciones de representación que se complementan y controlan mutuamente y contribuyen a la calidad de la democracia. No puede haber cambio sin visiones de futuro, y los líderes son, a menudo, los portavoces más efectivos de esas visiones. Líderes políticos populares también dan voz a los que no tienen representantes institucionales. Los partidos son canales necesarios para la generalización de la representación política y la negociación de intereses generalizables. Las organizaciones sociales son actores indispensables para canalizar demandas sociales y controlar que los actores políticos rindan cuentas de sus actos.

Pero, como ya se discutió en la sección anterior, los monopolios representativos pueden convertirse en obstáculos e incluso en amenazas para la democracia. Así, por ejemplo, en Chile, el predominio de la representación partidista ha dado como resultado una percepción de la política como dominada por las élites políticas y tecnocráticas del Estado, lo cual ha traído como consecuencia niveles considerables de alienación política y la falta de mecanismos adecuados de canalización de demandas sociales. En Brasil, donde la representación partidista funciona en un marco institucional muy diferente al chileno, la partidocracia a la brasileña ha dado como resultado la institucionalización de la corrupción y la colonización del aparato estatal por las clientelas políticas. En contraste, el dominio de la lógica societalista en Bolivia reproduce las fragmentaciones sociales, paraliza la acción gubernativa y amenaza la propia integridad del Estado boliviano. Y en Venezuela, el liderazgo personalista de Chávez ha llevado a una concentración de recursos de poder discrecionales en el Ejecutivo que pone en cuestión la existencia de mecanismos adecuados de control democrático.

¿Cómo evitar estos peligros para la democracia? La clave está, en nuestra opinión, en integrar estas lógicas en un proyecto de cambio democrático centrado en instituciones que combinen un balance adecuado de las diferentes lógicas representativas. En ciertas versiones de la izquierda, esto se ha codificado como darle prioridad a la llamada democracia participativa, basada en actores sociales, sobre la democracia representativa, centrada en actores políticos. Pero esta es una forma errónea de plantear alternativas. En primer lugar, la dicotomía no es entre participación y representación, sino entre formas alternativas de representación. En segundo lugar, la democracia participativa no es una alternativa a la democracia liberal, sino su suplemento. Fuera de los marcos institucionales de la democracia representativa, las formas participativas presentan problemas conocidos de representatividad, sobrerepresentación de ciertos intereses y captura por grupos o líderes políticos. Estudios de instituciones participativas en el ámbito local muestran que las mismas funcionan mejor donde existen instituciones representativas fuertes. Del mismo modo, los actores sociales y las instituciones representativas fuertes son condiciones para el ejercicio de liderazgo democrático.

Esto presenta a los gobiernos de izquierda latinoamericanos con una tarea común que, al mismo tiempo, requiere ser implementada de manera diferente en cada país. Los principios de la construcción democrática en un marco de democracia representativa son los mismos para todos los países, pero las prioridades para la “democratización de la democracia” varían de acuerdo con el juego de las diferentes lógicas representativas en cada país. No existe ninguna garantía de que los diversos proyectos de cambio político representados por las diversas variantes de la izquierda en América Latina hayan de lograr este objetivo, y hay buenas razones para temer que en algunos casos puedan resultar verdaderos retrocesos. Pero no se debe olvidar que, como se recuerda en la primera sección de esta ponencia, la llegada de la izquierda al Gobierno en América Latina es producto de más de dos décadas de acumulaciones en democracia y que esas acumulaciones no son fácilmente desechables.

EL IMPACTO DE CHINA EN AMÉRICA LATINA

2009-06-23T14:49:00.002-05:00

Rhys Jenkins

El rápido crecimiento de China y su cada vez mayor apertura al mundo durante el último cuarto del pasado siglo han llevado a su emergencia como un actor clave en la economía global de principios del siglo XXI. El PIB de China ha crecido más de un 9% anual durante las dos últimas décadas y actualmente es la cuarta economía del mundo en cuanto al PIB según los tipos de cambio oficiales (y la segunda en cuanto a los índices de paridad del poder adquisitivo). Su participación en el comercio mundial ha subido desde menos del 1% en 1980 hasta más del 6,5% en 2005, lo que la ha convertido en la tercera economía comercial del mundo. Y de acuerdo con las últimas tendencias podría convertirse en el mayor exportador del mundo a comienzos de la próxima década (OECD, 2005).

La cada vez mayor competitividad de China y su amplia presencia en los mercados mundiales están teniendo un gran impacto tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Si bien esto ha sido ampliamente analizado desde el punto de vista de los países desarrollados (Cass et. al., 2003; Prasad, 2004), es mucho menos lo que se sabe de las implicaciones que ello conlleva en América Latina. Hace una década, el comercio entre China y la región era limitado, pero esta situación ha cambiado espectacularmente. Las empresas chinas están ya empezando a invertir en América Latina. La existencia de estos nuevos vínculos económicos ha tenido su reflejo político en la visita que hizo el presidente chino Hu Jintao a la región en el año 2004 y en las a su vez que han realizado a Beijing varios líderes latinoamericanos. Si bien algunos autores han visto el crecimiento de China como una gran ayuda para América Latina –un “ángel” y no un “diablo”, como dice un artículo que se cita con frecuencia (Blázquez-Lidoy et. al., 2007)–, hoy existe un escepticismo cada vez mayor respecto al impacto que está teniendo China en la región. Hace unos meses el International Herald Tribune informaba de que los fabricantes textiles colombianos han visto caer sus exportaciones como consecuencia de la fuerte competencia china, y citaba al presidente del National Foreign Trade Council [Consejo Nacional del Comercio Exterior] de Washington que afirmaba: “Los países menos desarrollados de América Latina están muertos de miedo” (Murphy et. al., 2007).

Este artículo se propone describir el impacto económico que está teniendo el crecimiento de China en América Latina, y se centra particularmente en el comercio y en la inversión directa extranjera (IDE). Pone de manifiesto los diversos efectos que tiene China en la región y destaca los retos a los que tendrán que hacer frente los países latinoamericanos en un futuro próximo. Es importante tener en cuenta que, debido a las diferencias de tamaño, China es económicamente mucho más importante para América Latina y el Caribe, de lo que la región lo es para China. Esto es obviamente cierto por lo que respecta a los países considerados individualmente. Brasil, el mayor exportador latinoamericano a China, ocupa el catorceavo lugar entre los proveedores de China, con unas importaciones que representan el 1,5% del total, mientras que ningún otro país de la región se encuentra entre los veinte primeros países que son fuentes de importación para China. Los países latinoamericanos son aún menos importantes como destinos de las exportaciones chinas, y México, el más importante en este sentido, ocupa el vigésimo segundo lugar, con menos del 1% del total de las exportaciones chinas. Incluso tomando a América Latina y al Caribe en su conjunto, la región representa solamente el 3% de las exportaciones de China, y el 3,8 de sus importaciones. Por otro lado, China es uno de los cinco primeros mercados de exportación para Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Perú, y es una de las cinco fuentes principales de las importaciones de estos países, así como de Colombia, México, Paraguay y Uruguay (CEPAL, 2005, tabla V.5).

Al analizar el impacto de China en la región es útil distinguir entre los efectos directos y los indirectos. Los efectos directos son aquellos que se derivan de la inversión y del comercio bilateral entre América Latina y China, los cuales abordaremos a continuación. Sin embargo, debido a la envergadura de China y a su creciente importancia en la economía global, también afecta al comercio mundial y a los flujos de inversión, así como a los precios mundiales en vías que tienen un impacto en América Latina. Tres de estos impactos indirectos se discutirán más adelante: la competencia para las exportaciones latinoamericanas con respecto a los mercados de terceros países; la competencia entre China y América Latina para atraer la inversión directa extranjera; y el impacto en la relación de comercio exterior (relación entre los índices de precios de exportación e importación). El hecho de que estos impactos sean positivos o negativos para las economías latinoamericanas depende de su naturaleza (competitiva o complementaria) y de la importancia relativa de los efectos en diferentes países. La última sección de este trabajo considerará los probables desarrollos en las relaciones económicas entre China y América Latina en el futuro inmediato, así como los retos que plantearán dichos desarrollos.

El impacto directo de China en América latina

China como mercado para las exportaciones latinoamericanas

Como se ha indicado más arriba, las exportaciones a China de América Latina han crecido espectacularmente en los últimos años. Si bien el comercio con China se fue desarrollando durante la mayor parte de la década de los noventa, el incremento realmente fuerte en las exportaciones de la región se ha producido desde 1999 (1). Dado que este patrón es válido para los principales países de América Latina que exportan a China, parece que la explicación debería buscarse en acontecimientos que se producen en China más que en los desarrollos que tienen lugar en los diversos países latinoamericanos. Una explicación es que la limitación de los recursos realmente empezó a dejarse sentir en China a finales de la década de los noventa. Este punto de vista se ve confirmado por el fuerte incremento en el déficit comercial neto de China en una serie de materias primas básicas que figuran de modo prominente en las exportaciones de América Latina, como el cobre, el mineral de hierro, el níquel y la soja, desde finales de la década de los noventa (UNCTAD, 2005: fig. 2.8). Además, la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2001 y la subsiguiente liberalización del comercio pudieron haber constituido un impulso adicional para las exportaciones de la región.

Por lo que respecta a la composición de las exportaciones a China, el papel de la región es claramente el de proveedor de productos básicos y de materias primas manufacturadas con un grado relativamente bajo de elaboración. Esto representa aproximadamente las cuatro quintas partes del total de las exportaciones (Rosales y Kuwayama 2007: gráfico 8). Los principales productos exportados desde la región son la soja, el mineral de hierro, el cobre, la pasta de papel, el petróleo, la harina de pescado y el cuero (Rosales y Kuwayama 2007: tabla 11) (2). También vale la pena apuntar que, referente a los principales exportadores latinoamericanos a China, las exportaciones se concentran en una gama muy estrecha de productos. Más del 75% de las importaciones chinas procedentes de Argentina y de Chile son de soja y de cobre, respectivamente. Las dos terceras partes de las importaciones procedentes de Brasil son de soja, hierro y acero, mientras que un porcentaje similar de las importaciones procedentes del Perú son de cobre y de harina de pescado (CEPAL, 2005: cuadro V.6). De este modo, los principales exportadores latinoamericanos a China no han conseguido hasta ahora diversificar sus exportaciones más allá de unas cuantas mercancías básicas.

No todos los países latinoamericanos han participado igualmente en el boom de las exportaciones a China. Mientras que este país representó el 4,9% del total de las exportaciones de la región en 2006, los porcentajes correspondientes a los distintos países considerados individualmente oscilan entre el 1% o menos del total de las exportaciones en Colombia, Ecuador y varios países centroamericanos, hasta más del 10% en Costa Rica, Cuba y Perú.

¿Qué es lo que explica las principales diferencias en el grado en que distintos países latinoamericanos han aprovechado las ventajas que ofrecía el creciente mercado chino? Para examinar más a fondo esta cuestión, hemos elaborado una tabla con los datos de las exportaciones procedentes de 18 países latinoamericanos a China y Hong Kong para el período 1986-2004 (3). Se estableció un modelo tipo gravedad en el que el comercio bilateral entre dos países está en función de su PIB, y la distancia entre ellos era después estimada utilizando el método de mínimos cuadrados generalizados. Además, se incluyeron otras variables que podían haber influido en el flujo de las exportaciones durante dicho período. Las variables económicas consideradas, aparte del PIB, fueron la transparencia de las economías latinoamericanas al control de las diferencias en la orientación comercial entre países, a lo largo del tiempo, y el tipo de cambio real entre la divisa local y el yuan chino. Las variables geográficas incluidas, además de la distancia, fueron la variable cero [dummy variable] del modelo de gravedad estándar para los países sin salida al mar, y otra variable dummy para aquellos países que tenían costa en el Pacífico, ya que se pensaba que esto podía facilitar el comercio con China. En este tipo de modelos es corriente incluir países miembros de tratados comerciales y, en este caso, se incluyó una variable para la participación en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otra para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Además, debido a que varios países latinoamericanos todavía reconocen a Taiwán y, por consiguiente, no tienen relaciones diplomáticas con la República Popular China, también este hecho se incluyó como variable dummy. Finalmente, también contó como variable independiente la existencia de lazos socioculturales, de los que era un indicio, por ejemplo, el tamaño de la comunidad étnica china respecto a la población total en diferentes países latinoamericanos (4).

Entre las variables económicas, tanto el PIB como el tipo de cambio real y el nivel arancelario promedio de China resultaron ser tan importantes como era de esperar. Sin embargo, no había pruebas de que las exportaciones a China se viesen afectadas por la apertura de las economías latinoamericanas. La única variable geográfica que era estadísticamente significativa fue la distancia relativa, definida como la ratio de la distancia a China respecto de la distancia a Estados Unidos. En otras palabras, cuanto más cerca estaba un país a Estados Unidos por comparación con China, menos probabilidades tenía de exportar a China. Sorprendentemente, ni el hecho de ser un país sin salida al mar ni el de tener costa en el Pacífico tenían un impacto significativo en las exportaciones de un país a China. También era sorprendente que ni la adhesión de China a la OMC ni la pertenencia común al APEC tenían un impacto perceptible en las exportaciones latinoamericanas (5). Sin embargo, y en contraste con ello, aquellos países que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán tenían un nivel significativamente más bajo del que podía esperarse en su actividad exportadora6. Finalmente, los lazos socioculturales con la diáspora china mostraron tener un impacto positivo en las exportaciones.

Las oportunidades de mercado que China representa para los exportadores latinoamericanos son un claro ejemplo de un efecto complementario en la región. Sin embargo, si bien no cabe la menor duda de que, a corto plazo, la demanda china de materias primas ha constituido un impulso para la región como un todo, existe la preocupación de que esto lleve a un énfasis excesivo en los sectores básicos menos dinámicos y que haya solamente oportunidades limitadas para incrementar el valor añadido y el cambio tecnológico (IDB, 2006; Mesquita Moreira, 2007).

Importaciones latinoamericanas desde China

Las importaciones chinas también han crecido significativamente en los últimos años, aunque no tan rápidamente como las exportaciones. Las importaciones chinas crecieron ininterrumpidamente desde comienzos de los años noventa, con un leve descenso en 1999, después de lo cual se recuperaron y crecieron rápidamente, particularmente desde 2003 en adelante.

Aunque la participación de China varía en función de los países, las diferencias no son tan notables como en el caso de las exportaciones (7). Por lo que respecta al tipo de mercancías importadas desde China, el patrón es el contrario del que se observa en las exportaciones latinoamericanas a China. Más del 90% de las importaciones son productos manufacturados y más del 85% son productos manufacturados no basados en recursos naturales (Lall y Weiss 2005: tabla 8). Casi la mitad de todas las importaciones procedentes de China son productos que requieren mucha mano de obra y de baja tecnología, pero el nivel tecnológico de las importaciones está aumentando con el tiempo (Lall y Weiss, 2005: tabla 8).

La composición de los productos manufacturados importados desde China varía en función de los países. Las importaciones de productos de baja tecnología solamente representaron en torno a un 20% del total de importaciones desde China a Argentina, Brasil y México en 2002, en comparación con el 45% de la región como un todo (Lall y Weiss, 2005: tabla 8 y Apéndice tabla A.6). El porcentaje de productos manufacturados basados en el trabajo de mano de obra no cualificada estuvo en torno al 20% del total de importaciones desde China a Brasil y México, pero fue mucho más elevado (entre el 40% y el 50%) en Bolivia, Nicaragua y Perú (Jenkins y Edwards, 2004: tabla A.5).

Un factor importante a la hora de determinar el impacto del aumento de las importaciones desde China en las economías latinoamericanas es si dichas importaciones desplazan a los productores locales o simplemente reemplazan a las importaciones procedentes de otros países. En este último caso, se produce una supuesta ventaja para la economía importadora debido al incremento en la oferta de manufacturas chinas baratas. Pero si los productos importados compiten directamente con los productores locales, deben tenerse en cuenta las pérdidas en el bienestar debidas a su desplazamiento.

Hasta ahora no ha habido estudios detallados sobre este tema en el caso de América Latina. Los casos de los que se tiene conocimiento, sin embargo, parecen indicar que durante las primeras fases del crecimiento de las exportaciones chinas a la región, el impacto lo sufrieron principalmente otros países exportadores, pero más recientemente han empezado a verse afectados los productores domésticos. Este parece haber sido el caso de Brasil, donde los empresarios industriales solamente empezaron a darse cuenta en 2005 de las dimensiones del reto que representaba China (Jenkins y Dussel, 2007: 13). En otros países latinoamericanos, igualmente, se han producido cada vez más quejas de los productores locales acerca del impacto de las importaciones chinas (Murphy et. al., 2007).

Inversión exterior directa

El papel de los flujos de IDE no es, ni con mucho, tan significativo como el del comercio en las relaciones entre China y América Latina. En 2005, los flujos de la IDE china a América Latina ascendieron a 659 millones de dólares, aunque esta cifra incluía la inversión en paraísos fiscales del Caribe como las Islas Vírgenes y las Islas Caimán, que representaban el grueso de la inversión (Ludning, 2006: 8). Aunque los flujos de salida de la IDE china han crecido rápidamente en los últimos años, lo han hecho partiendo de una base muy baja. La IDE china en América Latina es básicamente del tipo “búsqueda de recursos”, particularmente en petróleo y minerales. Geográficamente, esta inversión se ha dirigido sobre todo a Brasil, Chile, Perú y Venezuela (Funakushi y Loser, 2005; CEPAL, 2004: Cuadro V.5). También ha habido inversiones chinas en el sector industrial en México.

El modesto impacto de la inversión china en América Latina la confirman los datos relativos a los países latinoamericanos considerados individualmente. Según el Banco Central del Brasil, la inversión china en el país durante el período 2001-2004 ascendió a un total de 58 millones de dólares (principalmente en artículos de electrónica y telecomunicaciones), una cifra más bien modesta si se tiene en cuenta que la entrada total de IDE en Brasil durante este período fue de 78.000 millones de dólares. El año pasado, el anuncio de diversas inversiones importantes dio a entender que se produciría una mayor entrada de IDE. Por ejemplo, Shanghai Baosteel anunció unas inversiones de unos 2.000 millones de dólares en el sector siderúrgico en una joint venture con CVRD (la principal empresa minera brasileña). Sin embargo, la mayor parte de estas inversiones fueron posteriormente canceladas o postergadas. La inversión china en México fue igualmente limitada. En el período 1999-2005, la IDE china en México fue de 41 millones de dólares, un 1,2% de la IDE procedente de los países asiáticos, el 52,7% de los cuales en productos manufacturados y el 24,4% en servicios. 339 empresas con capital chino estaban registradas en México, lo que representaba el 1,1% de las empresas extranjeras que operaban en el país en 2005 (SE, 2005).

La IDE latinoamericana en China es aún menos importante. Procede principalmente del Brasil, han sido solamente un puñado de empresas brasileñas las que han decidido invertir en China. La precursora fue Embraco (compresores), que estableció una joint venture con una empresa china en 1995, y fue seguida por otras empresas como Embracer (aeronáutica), Weg (motores eléctricos), Sabo (componentes para automóviles) y Marcopolo (autobuses). El valor de la inversión de todas estas empresas combinadas fue de solamente 15 millones de dólares el año 2003 (esta es la última cifra disponible), sobre un total de una IDE externa en Brasil de 43.400 millones de dólares (Abreu, 2004; Fleury y Fleury, 2006). Recientemente, algunas empresas mexicanas también han empezado a invertir en China: Maseca ha encabezado este proceso con una inversión de 100 millones de dólares en 2006.

Impactos indirectos en América latina del crecimiento de China

Dos de las principales preocupaciones en América Latina respecto a la creciente importancia económica de China no surgen de los efectos directos de las relaciones económicas bilaterales con China, sino de los efectos indirectos sobre las relaciones de la región con terceros países. En el caso del comercio, algunos países consideran a China como una seria amenaza competitiva a sus exportaciones, particularmente a los mercados de los países desarrollados, mientras que en lo referente a la IDE existe la preocupación de que la inversión se desvía desde América Latina a China. En esta sección examinaremos estas dos amenazas. También consideraremos el posible impacto de China en la relación de intercambio de las economías latinoamericanas.

La amenaza a las exportaciones latinoamericanas

La amenaza potencial que representa China para las exportaciones latinoamericanas a terceros mercados ha sido uno de los aspectos más estudiados del impacto de China en la región. Estudios anteriores que han comparado América Latina con otras regiones han encontrado que, con la excepción de México, los países de la región están menos amenazados por las exportaciones chinas a terceros mercados de lo que lo están las economías asiáticas o las economías de transición de la Europa del Este (Blázquez-Lidoy et. al.., 2007; IDB, 2006: cap. 5; Meller y Contreras, 2003). El punto de vista optimista, tal como lo expresa un informe reciente del Banco Mundial, es que “hay pruebas de que se está produciendo una cierta sustitución entre las exportaciones de América Latina y el Caribe y las exportaciones chinas en varias empresas, pero estos efectos se limitan a unos cuantos países (principalmente México y, en menor medida, América Central) y a unos cuantos sectores industriales” (Lederman, Olarreaga y Perry, 2006: 26). También se ha dicho que con el tiempo “el patrón de especialización comercial de los países de América Latina y el Caribe se está volviendo cada vez más complementario respecto al patrón de especialización de China” (Lederman, Olarreaga y Rubiano, 2006: 17).

Sin embargo, hay motivos para creer que la amenaza a las exportaciones latinoamericanas es más importante de lo que da a entender esta afirmación tan optimista. La entrada de China en la OMC el año 2001 y posteriormente la reducción por etapas hasta la eliminación final el 1 de enero de 2005 de los cupos sobre los artículos textiles y de confección en virtud del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC tuvo como consecuencia un considerable aumento de la competencia de China en los mercados de los países desarrollados. También por lo que respecta a los países afectados, México no es ni mucho menos el único. Es muy probable que los países de América Central se vean negativamente afectados debido a que se han especializado en la exportación de productos manufacturados que requieren mucha mano de obra.

La mayor parte de los estudios hasta ahora realizados del impacto de China sobre las exportaciones latinoamericanas han utilizado varios tipos de índices para evaluar la semejanza entre la estructura exportadora de China y la de diferentes países latinoamericanos como forma de identificar la potencial amenaza que plantea China8. Aquí, sin embargo, trataremos de evaluar en qué medida los países latinoamericanos han perdido cuota de mercado en Estados Unidos con respecto a China en estos últimos años. Así, en vez de centrarnos en la amenaza potencial en el futuro, examinaremos el impacto real que ha tenido China en las exportaciones latinoamericanas en los últimos tiempos. La metodología utilizada para evaluar la pérdida de cuota de mercado con respecto a China es una extensión del tipo de análisis CMS (Constant Market Share o Cuotas de Mercado Constantes) desarrollado por Chami Batista (de próxima aparición). Las ganancias (pérdidas) de cuotas de mercado entre países se relacionan con sus índices de crecimiento relativo. En otras palabras, los países ganan respecto de aquellos otros cuyas exportaciones crecen más lentamente, y pierden con respecto a aquellos en los que las exportaciones crecen más rápidamente que las propias.

La pérdida de cuota de mercado por un país (H) con respecto a China (C), en un producto particular i, se define como: ΔkHci = ΔkHi*ktCi - Δ kCi* ktH (1)

Donde: kHi es la parte del país H en el total de importaciones del producto i por el mercado de destino; kCi es la parte de China en el total de importaciones del producto i por el mercado de destino, y el superíndice t representa el año inicial del período.

Adicionando todos los productos obtenemos la pérdida total de cuota de mercado con respecto a China: ΣΔkHci = ΣΔkHi*ktCi - ΣΔ kCi* ktHi (2)

Aunque esto nos proporciona una forma útil de atribuir pérdidas de cuota de mercado entre países, hemos de tener en cuenta que la descomposición se basa en identidades contables y que, por consiguiente, hay que tener mucho cuidado antes de extraer inferencias causales de ella.

La ecuación (2) se utilizó para calcular la pérdida de cuota de mercado de los países latinoamericanos respecto a China. El análisis que presentamos aquí se centra en Estados Unidos, ya que este ha sido el mercado más significativo por lo que respecta a la competencia entre China y América Latina9. Los datos proceden de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (http://dataweb.usitc.gov/) y cubren las importaciones desde 18 países de la región y desde China y Hong Kong. Se utilizaron datos de producto al nivel de 5 dígitos del SITC (Rev.3) [Standard International Trade Classification, Revision 3]. Era importante que hubiera un elevado nivel de desagregación para tener la garantía de que los productos comparados eran realmente comparables. Se recopilaron los datos de cuatro años clave, 1996, 2001, 2004 y 2006. 1996 representa la situación existente un tiempo antes de que China se convirtiera en miembro de la OMC. 2001 es el momento inmediatamente anterior a su entrada en la OMC en diciembre de 2001. 2004 es el último año antes de la supresión final de las cuotas sobre productos textiles y prendas de confección del 1 de enero del 200610 y 2006 es el último año para el que se dispone de datos. El uso de estos cuatro años hace posible analizar cómo ha evolucionado en el tiempo la competencia entre China y América Latina en respuesta a estos cambios en el régimen comercial.

El primer punto que destaca la tabla 2 es el fuerte incremento del impacto de China en las exportaciones latinoamericanas a Estados Unidos durante el período posterior a su entrada como miembro de la OMC. Mientras que entre 1996 y 2001 el efecto acumulado en la región como un todo ascendió a 1.300 millones de dólares (el 1% de las exportaciones de 1996), durante los cinco años siguientes, el impacto ascendió a más de 18.000 millones de dólares (un 9,3% de las exportaciones del 2001). Esta es una prueba adicional a favor del punto de vista de que, lejos de reducirse con el tiempo, el impacto de la competencia china en América Latina ha ido en aumento.

Si nos fijamos en la experiencia de los países considerados individualmente, puede verse que solamente dos de ellos (Nicaragua y Perú) no han perdido exportaciones a Estados Unidos a consecuencia de la competencia china durante todo el período 1996-2006. Además de Nicaragua, otros países de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) pudieron ganar cuota de mercado de China en el período anterior a la entrada de este último como miembro de la OMC. Sin embargo, en los tres países estas ganancias se vieron más que compensadas por las pérdidas habidas después de la entrada de China en la OMC. Estas pérdidas se concentraron especialmente en el período posterior al 2004, cuando incluso Nicaragua perdió parte de sus exportaciones con respecto a China.

En el período entre 1996 y 2001, los países más gravemente afectados fueron Bolivia, Paraguay y Uruguay, cuyas pérdidas estimadas con respecto a China representaron más del 5% del total de sus exportaciones a Estados Unidos. Entre 2001 y 2006, los más afectados fueron la República Dominicana, El Salvador, México y Guatemala, todos los cuales perdieron más del 10%. Como era de esperar, entre 2004 y 2006, los países que más perdieron en el período subsiguiente a la supresión progresiva de las cuotas fijadas por el ATC fueron la República Dominicana y los países de América Central que más fuertemente dependían de las exportaciones a Estados Unidos de productos textiles y prendas de confección. Los países que se han visto menos afectados en el período posterior a 2001 han sido los países del grupo andino cuyas exportaciones a Estados Unidos son principalmente de minerales y petróleo, y que, en consecuencia, no han tenido que hacer frente de una forma significativa a la competencia china.

La amenaza del desvío de la IDE a China

La segunda área de preocupación respecto a los efectos competitivos es que el aumento del atractivo de China como anfitrión de los inversores extranjeros ha reducido los flujos de IDE a América Latina y al Caribe. En comparación con la literatura existente sobre el comercio, ha habido relativamente pocos estudios sobre esto. El caso a primera vista más claro se basa en el rápido crecimiento de la IDE a China durante la década de los noventa, mientras que la inversión en América Latina y el Caribe se rezagaba11, aunque esto no indica necesariamente la existencia de una relación causal. Un punto de vista alternativo es el de que la IDE en China comporta el desarrollo de unas redes de producción globales y que, por tanto, es complementaria a los flujos de inversión a otros países, como se ha argumentado para el caso del Este de Asia (Chantasasawat et. al.., 2004).

Cuando se habla de inversión extranjera se suele distinguir entre diferentes tipos de IDE en función de su motivación –búsqueda de recursos naturales; búsqueda de mercado; búsqueda de eficiencia. El desvío tiene más probabilidades de producirse en el último de estos casos, aquel en el que la IDE puede reforzar los cambios en los patrones comerciales a medida que las empresas se trasladan a países en los que los costes son inferiores. Es menos probable allí donde la inversión es básicamente una búsqueda de recursos, dado que en este caso depende de la existencia de recursos naturales y es mucho menos móvil. Las inversiones de búsqueda de mercado ocupan una posición intermedia, por cuanto en este caso los inversores pueden considerar el atractivo relativo de diferentes mercados en función de su tamaño y crecimiento. Aunque una parte importante de la IDE a China puede considerarse como de búsqueda de eficiencia, esta es menos importante en América Latina y el Caribe, donde la IDE de búsqueda de mercado y recursos naturales ha dominado (CEPAL, 2004: tabla I.6).

A pesar del rápido crecimiento de la IDE desde comienzos de la década de los noventa, China representa solamente el 6% de los flujos de entrada de IDE. En conjunto, pues, aunque haya desvíos hacia China, los efectos en la disponibilidad de capital extranjero en otras regiones como América Latina y el Caribe son probablemente limitados. Sin embargo, si los mercados de capital son imperfectos es posible que se produzcan efectos en los flujos de determinados sectores y países (IDB, 2006: cap. 6). Algunos datos estilizados sugieren que no es probable que los desvíos a China hayan sido muy significativos. Para empezar, por lo que respecta a las fuentes de IDE, la inversión en América Latina y el Caribe procede principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, mientras que la IDE en China procede sobre todo del Este de Asia. De modo parecido, la distribución sectorial de la IDE también es diferente. La IDE norteamericana en China va sobre todo a la industria manufacturera, mientras que en América Latina dominan otros sectores (IDB, 2006: cap. 6). Aunque esto hace que los desvíos sean improbables para la región como un todo, la situación varía según los países. Igual que en el caso del comercio, México parece ser el país más amenazado por la competencia china.

Cuatro estudios econométricos han intentado verificar la tesis del desvío de la IDE de un modo más sistemático, con resultados desiguales. Chantasasawat et. al. (2004) concluyen que la IDE en China no tiene ningún efecto en el nivel de IDE en América Latina, y que es significativa, en cambio, en la participación de los países latinoamericanos en la IDE total de los países en desarrollo (aunque no es el factor determinante principal). Eichengreen y Tong (2005), utilizando un modelo tipo gravedad, no encontraron pruebas de que hubiera un desvío de IDE de América Latina a China en 1988-2002. García Herrero y Santabárbara (2007) distinguen dos períodos temporales: uno (1984-2001) en el que, al igual que Chantasasawat et. al., encuentran que no hay un desvío significativo de la IDE a China, y otro (1995-2001), en el que hallan que se produce un claro efecto negativo sobre la IDE en México (y en menor medida en Colombia). Finalmente, Cravino et. al. (2006b) encuentran un impacto positivo de la IDE en China sobre el total de la inversión exterior en América Latina, lo que sugiere que existe una complementariedad más que una competencia por el capital extranjero. Sin embargo, no detectan ninguna relación en el sector de la industria manufacturera, en el que es más fácil que se den las cuotas de producción.

Estos estudios adolecen de una serie de limitaciones. El período temporal del análisis puede ser importante, y aunque es posible que en el pasado no hubiera un desvío importante de IDE a China, esto no es ninguna garantía de que no vaya a producirse en el futuro. Las conclusiones de García Herrero y Santabárbara (2007) respecto a los efectos sobre diferentes países latinoamericanos también indican que los datos de conjunto sobre la región como un todo pueden ocultar impactos significativos en países individuales. También es posible que haya efectos sectoriales específicos que no se hayan detectado en el tipo de estudios de conjunto que se han llevado a cabo hasta ahora. Esto apunta a la necesidad de seguir trabajando en este tema, especialmente en lo relativo al impacto sobre aquellos países y sectores individuales en los que es más probable que se produzca un desvío.

El impacto de China en la relación de intercambios y en las economías latinoamericanas

Hasta ahora, este trabajo ha considerado el impacto de China como socio de América Latina en el comercio bilateral y en la inversión, y como competidor en los mercados de exportación y por la IDE. Sin embargo, debido a que China es una economía tan grande, su emergencia tiene impactos en los precios mundiales que también afectan indirectamente a las economías de América Latina y el Caribe mediante los cambios que se producen en su relación de intercambios.

Uno de los aspectos más comentados ha sido el impacto de China sobre los mercados de materias primas. En los últimos años, China ha representado un porcentaje significativo en la demanda mundial de algunas de las principales materias primas exportadas desde América Latina. En 2003 representó una tercera parte del consumo mundial de estaño, casi el 30% de mineral de hierro y zinc, y más del 20% de cobre y aluminio (Winters y Yusuf, 2007: tabla 1.4). El crecimiento de la demanda china de zinc entre el 2002 y el 2005 fue mayor que el incremento total en el consumo mundial, y representó casi la totalidad del aumento de la demanda mundial de estaño, casi la mitad del aumento de la de aluminio, cobre y acero, y casi una tercera parte del aumento de la demanda de petróleo (IMF, 2006: tabla 5.3). China también representó más del 30% del incremento en la demanda total de petróleo entre el 2003 y el 2004 (UNCTAD, 2005: 74). Como consecuencia, los precios de muchas materias básicas exportadas desde América Latina han aumentado de un modo significativo. Los precios del petróleo subieron un 157% entre el 2002 y el 2006, mientras que el índice de metales del Fondo Monetario Internacional subió todavía más, un 180% (IMF, 2006). Si bien es difícil estimar en qué medida estos incrementos de precio han sido consecuencia del crecimiento de la demanda en China, hay un acuerdo general en que este ha sido uno de los principales factores (UNCTAD, 2005: cap. II; IMF, 2006; Gottschalk y Prates, 2005).

El otro aspecto del impacto de China en los precios mundiales es el efecto que tiene en los productos que exporta, particularmente en aquellos artículos que requieren mucha mano de obra y que han sido convertidos en productos básicos. Los precios mundiales de exportación de los productos manufacturados han caído desde finales de la década de los noventa, y esto se ha hecho especialmente evidente en aquellos productos que exporta China (Kaplinsky, 2005). Aquellos países que son importadores de estos productos se benefician claramente de una mejora en su relación de intercambios, mientras que los exportadores se ven perjudicados. Identificar estos efectos es más difícil en este caso que en el de las materias primas, ya que los productos manufacturados tienden a ser menos homogéneos. También es menos claro de qué modo afectarán los cambios en los precios mundiales a los precios domésticos, en los que tanto las políticas proteccionistas como el grado de subrogación abren una brecha entre los precios mundiales y los locales. Los efectos combinados del incremento de precios de las materias primas y del descenso de los precios de las importaciones de muchos productos manufacturados han llevado a una mejora en la relación de intercambios de la mayoría de las principales economías latinoamericanas y del Caribe en los últimos años. Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela han experimentado mejoras en su relación de intercambios desde el 2002 (UNCTAD, 2005: figura 3.4). Las únicas grandes economías de la región en las que la relación de intercambios no ha mejorado han sido México y Colombia (UNCTAD, 2005: figura 3.3)12.

Cuando las fuentes de las variaciones en la relación de intercambios son identificadas, las razones de estas diferencias entre países se clarifican. Chile y Perú se han beneficiado del incremento de precios en metales y minerales; Venezuela del incremento de los precios del petróleo, y Argentina del incremento de los precios de los combustibles y productos agrícolas. Brasil se ha beneficiado algo menos porque, en su calidad de importador, el incremento de precios en otros productos se ha visto parcialmente compensado por el incremento en el precio del petróleo. En el caso de México, a pesar de la subida de los precios del petróleo, el efecto negativo en los precios de los productos manufacturados exportados ha significado que la relación de intercambios no ha mejorado significativamente (UNCTAD, 2005: figura 3.4)13. Esto sugiere que, aunque en conjunto el impacto del crecimiento de China en la relación de intercambios de las economías de América Latina y el Caribe ha sido positivo, al nivel de los países individuales ha habido ganadores y perdedores. El que un país esté en el campo de los ganadores o en el de los perdedores depende de si compite con China o de si tiene una economía complementaria de la economía china en cuanto a su estructura de importaciones y exportaciones. También es importante situar estos desarrollos en la relación de intercambios en un contexto a largo plazo. La duración del reciente incremento ha sido hasta ahora bastante breve y, a pesar de esta mejora, la relación de intercambios de la región es un 30% inferior de la que era en 1980 (UNCTAD, 2005: figura 3.2).

Los retos a los que se enfrenta América latina

De los análisis presentados en este trabajo se desprende claramente que la emergencia de China plantea una serie de retos a América Latina como un todo y a determinados países de la región en particular. Esto no significa que no haya también oportunidades surgidas a consecuencia del crecimiento de la economía china, pero hasta ahora la región solamente ha podido beneficiarse de ellas en un grado muy limitado. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que las relaciones económicas con China son aún mucho menos significativas para la región, tanto en conjunto como para los países individuales que la forman, que las que mantiene con los países de la OCDE. El primer reto para los países de América Latina es el de cómo responder al creciente poder competitivo de China. Esto no vale solamente para aquellos países como México y los países de América Central que tienen que hacer frente a la competencia china en los mercados de exportación, sino para todos los países, dado que sus mercados domésticos se ven cada vez más sujetos a competir con las importaciones chinas. Los países que compiten con China en los mercados de exportación, especialmente en Estados Unidos, gozan de un acceso preferencial al mercado norteamericano a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA) y del Tratado de Libre Comercio firmado entre la Republica Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-CAFTA). Sin embargo, estas preferencias hacen poco más que dar un ligero respiro a los exportadores latinoamericanos, que están sufriendo la erosión de la liberalización multilateral del comercio. La única ventaja a largo plazo de que gozan estos países respecto a China es su proximidad al mercado norteamericano. Esto sugiere que serán más competitivos en aquellos productos que tengan unos costes de transporte más elevados, o que requieran unos tiempos de iniciación menores.

En el caso de los países en los que la principal preocupación es la competencia china en el mercado doméstico, se da una fuerte tentación de recurrir a medidas proteccionistas, como ilustran los recientes acontecimientos en Argentina14. Sin embargo, como también ilustra el caso argentino, aquellos países que son exportadores importantes a China y que son muy dependientes del mercado chino, corren el riesgo de ser objeto de unas medidas de represalia que reflejan su desigual poder de negociación en relación a China. También existe el riesgo de que el recurso al proteccionismo no haga sino disfrazar el problema e impedir que se aborde problemaza cuestión subyacente de la competitividad.

Un segundo reto consiste en cómo diversificar la muy estrecha gama de materias primas actualmente exportadas a China, e incrementar el grado de procesamiento de los productos exportados. El patrón de las relaciones comerciales entre China y América Latina es claramente el patrón tradicional del tipo centro-periferia, con China exportando productos manufacturados a cambio de la exportación de materias primas por parte de América Latina. Aunque varios países latinoamericanos se han beneficiado del boom en el precio de las materias primas, al que el crecimiento económico de China ha hecho una contribución considerable, existe el peligro de que, como ha sucedido en ocasiones anteriores, este boom vaya seguido de un período de caídas en los precios a medida que entren en funcionamiento nuevas fuentes de suministro y se encuentren nuevos sustitutos para las materias primas de precio más elevado.

Un tercer reto es el de cómo tratar los efectos del “síndrome holandés” (Dutch disease) en el boom de las materias primas. Existe el peligro de que el crecimiento en China lleve a una posterior desindustrialización en América Latina si se produce un cambio en la estructura productiva hacia los productos y servicios básicos. Es probable que esto limite el potencial de América Latina para el cambio tecnológico y para la puesta al día de la producción local, que ha desempeñado un papel tan importante en el éxito económico de la propia China.

El reto final es el de extender los beneficios procedentes del crecimiento de China a los países de América Latina. Actualmente estos beneficios están muy concentrados.

Cinco empresas representan más del 60% de las exportaciones chilenas, y más del 50% de las exportaciones argentinas a China, mientras que en Costa Rica, la empresa Intel es responsable del 85% de las exportaciones del país a China. En el otro extremo de la escala, parece probable que los pobres se estén beneficiando muy poco o incluso que se estén viendo afectados negativamente. Como ha dicho recientemente Guillermo Calvo, antiguo inspector económico del Banco Interamericano de Desarrollo, “si por desarrollo se entiende una mejor distribución de las rentas, no estoy seguro de que China sea un factor positivo. Porque, cuando China importa soja, minerales, esta clase de cosas, esto no mejora necesariamente las condiciones de vida en América Latina. No mejora la calidad de vida de la mayoría de la población” (Calvo, 2007). Son efectivamente muchas las cuestiones planteadas, desde un punto de vista económico, social y medioambiental, acerca de la sostenibilidad de la configuración actual de las relaciones económicas entre China y América Latina.

Notas:

1. Los datos utilizados cubren 19 países latinoamericanos. Se incluye el comercio con Hong Kong así como el comercio con la China continental. Esto está justificado porque, aunque los datos comerciales de uno y otra se presentan por separado en las estadísticas internacionales, Hong Kong está de nuevo bajo el Gobierno chino desde 1997. Además, buena parte del comercio chino, particularmente durante los primeros años del crecimiento de sus exportaciones pasó por Hong Kong.

2. Las únicas exportaciones cuantitativamente importantes de productos manufacturados desde la región a China son los circuitos integrados, la mayor parte de los cuales los produce Intel en Costa Rica.

3. Cuba no ha sido incluida debido a la falta de datos en diversas variables fundamentales.

4. Rauch y Trindade (2002) han utilizado un modelo tipo gravedad para analizar el impacto de las redes étnicas chinas en el comercio internacional.

5. En el caso de la pertenencia de China a la OMC, esto puede haber sido debido a que era relativamente reciente y a que el impacto podía haber sido parcialmente oscurecido por la variable de los aranceles.

6. Costa Rica ha reconocido recientemente a la RPCh y ha roto relaciones con Taiwán. Esto no se refleja en la recolección de los datos, que terminó antes de que tuviera lugar dicho reconocimiento. Sin embargo, como ya se ha indicado más arriba, Costa Rica había ya alcanzado un nivel importante en sus exportaciones a Chiba, si bien casi enteramente por medio de una sola compañía, antes de que esto sucediera. Esto sugiere que podría ser que la causación estuviese invertida y que fuesen las exportaciones lo que llevase a las relaciones diplomáticas y no al revés, como parece implicar el modelo.

7. Aparte de Cuba, el porcentaje mayor de mercancías chinas en el total de importaciones se da en Panamá y Paraguay. Es sabido que estos dos países son los canales por donde pasan las mercancías chinas que luego son exportadas (legal o ilegalmente) a otros países vecinos.

8. Para un examen más detallado de estos estudios y una crítica de la metodología empleada en ellos, véase Jenkins (2007).

9. Un tema emergente es la competencia creciente con China en el mercado latinoamericano, pero esto es relativamente reciente y no lo examinaremos aquí. Para una discusión de la competencia entre China y Brasil en el mercado argentino, véase Sica (2007).

10. Aunque debe tenerse en cuenta que posteriormente Estados Unidos impuso nuevas restricciones a la importación de artículos textiles y de confección procedentes de China.

11. Cravino et. al. (2006a) señalan que el retraso se produjo principalmente durante el período 1990-1997, y que desde 1997 América Latina ha tenido unos resultados bastante buenos respecto a China a la hora de atraer IDE.

12. Algunas de las economías más pequeñas de América Central y del Caribe, como Honduras, Haití y Jamaica no han participado en esta mejora en la relación de intercambios (UNCTAD, 1005: figura 3.3).

13. UNCTAD (2005) no proporciona un detalle similar de los factores subyacentes a los cambios en la relación de intercambios global de otros países latinoamericanos, pero parece probable que la tendencia negativa en la relación de intercambios de algunas de las economías de América Central y del Caribe refleje parcialmente su especialización en una estrecha gama de productos manufacturados que requieren mucha mano de obra, así como su dependencia del petróleo importado.

14. En agosto de 2007, el presidente Kirchner anunció una serie de medidas encaminadas a limitar las importaciones de China y otros países asiáticos de productos como neumáticos, prendas de vestir, juguetes, artículos de piel, zapatos, productos textiles y bicicletas. El gobierno chino se opuso a estas medidas y al mismo tiempo demoró la entrega de tres cargamentos de soja de Argentina, sometiendo a los barcos que los transportaban a una minuciosa inspección fitosanitaria.

Referencias bibliográficas

ABREU, M. “Implications of China’s Emergence in the Global Economy for Latin America and the Caribbean Region. The case of Brazil”. Background Paper Prepared for the Inter-American Development Bank Report on China. Washington, D.C., 2004.

BLAZQUEZ-Lidoy, J.; RODRIGUEZ J. and SANTISO, J. “Angel or Devil? China’s Trade Impact on Latin American Emerging Markets”. En: Santiso, J. (ed.) The Visible Hand of China in Latin America, Development Centre Studies. Paris: OECD, 2007.

CALVO, G. “Interview: Who benefits from trade with China?” IDBAmerica (2007): http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=4337 [Consulta: 21.03.07].

CASS, D.; WILLIAMS, B. y BARKER, G. (eds.) China and the World Trading System: Entering the New Millennium. Cambridge University Press, 2003.

CEPAL. Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean, 2004. Santiago: UN Economic Commission for Latin America, 2004.
– Panorama de la inserción internacional 2004, Tendencias 2005. Santiago: UN Economic Commission for Latin America, 2005.

CHAMI BATISTA J. “Competition between Brazil and other Exporting Countries in the US import market: a new extension of constant-market-shares analysis”. Applied Economics (en prensa).

CHANTASASAWAT, B.; FUNG, K.C.; IIZAKA, H. y SIU, A. “Foreign Direct Investment in East Asia and Latin America: Is there a People’s Republic of China Effect?” ADB Institute Discussion Paper. No.17 (2004).

CRAVINO, J.; LEDERMAN, D. y OLARREAGA, M. “Foreign Direct Investment in Latin America during the emergence of China and India: stylized facts”. Background paper for the Office of the Chief Economist for Latin America and the Caribbean Regional Study. Latin America Respond to the Growth of China and India (2006a). Washington DC: World Bank. – “Substitution between foreign capital in China, India and the rest of the world: Much ado about nothing”. Background paper for the Office of the Chief Economist for Latin America and the Caribbean Regional Study. Latin America Respond to the Growth of China and India (2006b). Washington DC: World Bank.

EICHGREEN, B. y TONG, H. “Is FDI to China Coming at the Expense of other Countries?” NBER Working Paper. No. 11335 (2005).

FLEURY, A. y FLEURY, M. “China and Brazil in the Global Economy”. IDS Bulletin. Vol. 37. No. 1 (2006). P. 71-79.

FUNAKUSHI, T. y LOSER, C. “China’s Rising Economic Presence in Latin America”. Inter-American Dialogue (2005).

GARCÍA HERRERO, A. y SANATABÁRBARA, D. “Does China have an impact on Foreign Direct Investment to Latin America”. En:.Santiso, J (ed.) The Visible Hand of China in Latin America, Development Centre Studies. Paris: OECD, 2007.

GOTTSCHALK, R. y PRATES, D. The Macro Economic Challenges of East Asia’s Growing Demand for Primary Commodities in Latin America. Brighton: Institute of Development Studies, paper prepared for the G-24, 2005.

IDB. Inter-American Development Bank. The Emergence of China. Opportunities and Challenges for Latin America and the Caribbean. Cambridge: Harvard University Press, 2006.

IMF. World Economic Outlook, Washington DC: International Monetary Fund, 2006.

JENKINS, R. “China’s Global Growth and Latin American Exports”. Paper presented at the WIDER Conference on “Southern Engines of Global Growth: China, India, Brazil and South Africa”, Helsinki, 7-8 setiembre de 2007.

JENKINS, R. y EDWARDS C. How Does China’s Growth Affect Poverty Reduction in Asia, Africa and Latin America? Report to DfID, 2004.

JENKINS, R. y DUSSEL, E. “The Impact of China on Latin America and the Caribbean”. Studies Working Paper. No. 281 (2007). Institute of Development, Brighton.

KAPLINSKY, R. Revisiting the Revisited Terms of Trade: Will China Make a Difference? Mimeo. Brighton: Institute of Development Studies, 2005.
El impacto de China en América Latina
272 Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 85-86

LALL, S. y WEISS, J. “China’s Competitive Threat to Latin America; An Analysis for 1990-2002”. Oxford Development Studies. Vol. 33. No. 2 (2005). P. 163-194.

LEDERMAN, D., OLARREAGA, M. y PERRY, G. Latin America and the Caribbean Response to the Growth of China and India: overview of research findings and policy implications. Draft version. Washington DC: World Bank, Office of the Chief Economist - Latin America and the Caribbean, 2006.

LEDERMAN, D., OLARREAGA, M. y RUBIANO, E. “Latin America’s trade specialization and China and India’s Growth”, Background paper for the Office of the Chief Economist for Latin America and the Caribbean Regional Study. Latin America Respond to the Growth of China and India. Washington DC: World Bank, 2006.

LUNDING, A. “Global champions in waiting: Perspectives on China’s overseas direct investment”. Deutsche Bank Research, Frankfurt: Deutsche Bank, 2006.

MELLER, P. y CONTRERAS, G. “La competitividad de las exportaciones chinas en los mercados de Estados Unidos y Japón”. Serie Estudios Socio/Económicos. No. 16 (2003). Santiago: CIEPLAN.

MESQUITA Moreira, M. “Fear of China: Is there a future for manufacturing in Latin America?” World Development. Vol. 35. No. 3 (March 2007).

MURPHY, H.; SWANN, C. y DRAJEM, M. “Economic Outlook: Competition from China squeezes developing countries”. International Herald Tribune. No.2 (April 2007).

OECD. Economic Survey of China 2005: Key challenges for the Chinese economy. Paris: OECD, 2005.

PRASAD, E. “China’s Growth and Integration into the World Economy: prospects and challenges”. IMF Occasional Paper. No. 232 (2004). Washington, D. C.

RAUCH, J. y TRINIDADE, V. “Ethnic Chinese networks in internacional trade”. The Review of Economics and Statistics. Vol. 84. No. 1 (2002). P. 116-130.

ROSALES, O. y KUWAYAMA, M. “América Latina y China e India: hacia una nueva alianza de comercio e inversión”. CEPAL, Serie Comercio Internacional. No. 81 (2007), Santiago de Chile.

SE (Secretaría de Economía). Inversión de China en México. México: SE, 2005.

SICA, D. Algunos elementos de análisis sobre la presencia de China en la relácion Argentina-Brasil. abeceb.com economía on line, 2007.

UNCTAD. Trade and Development Report, 2005, Geneva: United Nations, 2005.

WINTERS, A. y YUSUF, S. Dancing with Giants: China, India and the Global Economy. Washington DC: World Bank, 2007.

LOS NUEVOS FLUJOS POBLACIONALES Y LA POLÌTICA EXTERIOR COLOMBIANA

2009-06-10T14:26:00.003-05:00

Matrha Ardila

Los patrones migratorios han cambiado a nivel global, regional y nacional. Durante muchos años, la migración se concibió como una ruptura entre la sociedad expulsora y la de destino. En la actualidad, se perciben amplios y complejos vínculos entre ambos, una identidad mixta y relaciones mucho mas variadas. En ello han contribuido no sólo cambios sistémicos; también aspectos jurídicos, como la doble nacionalidad, inciden en la nueva tendencia.

Los flujos de colombianos al exterior han cambiado en los últimos años en cuanto a su topología, composición y motivaciones, ampliándose los países de destino así como sus vínculos con el lugar de origen. Las causas del desplazamiento de los colombianos no se originan exclusivamente en aspectos económicos y sistémicos, sino que, además, el conflicto interno incide directamente en la decisión de emigrar.

Colombia carece de cifras reales en materia de emigración, lo que dificulta un análisis minucioso así como la formulación de políticas públicas acordes a la realidad. Las diferentes fuentes no coinciden y a veces resultan contradictorias. Además, no se dispone de datos actualizados, varias de esas cifras se refieren al año 2000 y muy pocas de ellas a fechas más recientes.

Globalizaciòn y migraciòn

Elementos tan importantes de la globalización, como el transporte y las telecomunicaciones, alteran, según el periodo y la ola globalizadora, las migraciones. Una primera etapa de la globalización que va desde 1880 a 1920 se encuentra marcada por la revolución industrial y la primacía británica, en la que el comercio y los flujos de capitales a través de las fronteras marcaron su distintivo, sufriendo mutaciones con la primera guerra mundial, la revolución rusa y la crisis del 29.

Esta ola globalizadora estuvo caracterizada por flujos migratorios de cerca de 60 millones de personas que salieron principalmente de Europa y se asentaron en el nuevo mundo, en países como Australia, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Difiere de la actual en la que la dirección de las migraciones es predominantemente Norte-Sur y está íntimamente relacionada con el crecimiento económico, el aumento del comercio y la movilidad del capital.

La globalización impone tres particularidades a la migración: el aceleramiento de las tendencias migratorias, la extensión en el número de grupos y regiones del mundo que participan en los movimientos humanos, y la diversidad en cuanto al perfil del emigrante. La globalización y el cambio en los patrones de consumo estimulan la demanda de servicios que requieren fuerza de trabajo poco calificada en restaurantes, en la industria del entretenimiento y en el servicio doméstico, lo cual motiva la inmigración hacia los países ricos. Simultáneamente, el conocimiento y la competencia se hacen más globalizados, aumentando el número de emigrantes calificados que buscan en los países desarrollados puestos de trabajo mejor remunerados.

Fuga de cerebros

Se emigra, además, por razones políticas relacionadas con conflictos étnicos, religiosos o políticos, como lo hicieron al principio del siglo veinte los rusos, búlgaros, rumanos, griegos y turcos. Asimismo, el fascismo, el nazismo y la guerra civil española originaron flujos poblacionales dentro de Europa y hacia América Latina. A su vez, cambios geopolíticos en Alemania, Polonia, la antigua Unión Soviética y Yugoslavia ocasionaron corrientes migratorias. En los años 1990, con la caída del muro de Berlín, se presenciaron grandes flujos migratorios hacia Europa occidental y del Sur al Norte, que condujeron a controles gubernamentales como el Acuerdo Schengen. Y después del 11 de septiembre de 2001 la vigilancia fronteriza y las restricciones migratorias fueron aún mayores, principalmente hacia Estados Unidos. En este contexto, flujos asiáticos, africanos y latinoamericanos padecen obstáculos migratorios.

Sin lugar a dudas, la globalización está cambiando el contexto de la migración. La erosión de la soberanía del Estado-nación y la supranacionalidad debilitan los controles migratorios. Esto conduce a nuevos patrones migratorios de comunidades transnacionales y con múltiples identidades que conservan fuertes vínculos con el país de origen. Se configura una etapa de transición en la que la migración internacional es inseparable de la globalización.

Una transición: entre un viejo y un nuevo paradigma

Históricamente y en términos simplistas se puede afirmar que existen dos tipos de migrantes principalmente: los permanentes y los temporales que incluyen tanto a aquellos que se desplazan por razones económicas como a los que lo hacen por motivos políticos. En el primero, el recién llegado se va asimilando e incorporando económica, social y culturalmente a la sociedad huésped, tardándose, según estudios, dos o tres generaciones en adaptarse, buscando una posterior reunificación familiar. En el segundo, el migarnte esta en el país huésped durante un tiempo limitado y mantiene su identidad y contactos con el país de origen.

El transnacionalismo presenta diversas modalidades relacionadas con sus actividades, que en ocasiones se complementan. Entre estas, pueden diferenciarse tres modalidades:

1. Un transnacionalismo lineal simple, de vínculos culturales del desplazado con su ligar de origen. Aquí los migrantes tratan de conservar los lazos con sus familias y amigos. Envían remesas, viajan a sus casas y participan en instituciones en su lugar de origen. Es el transnacionalismo que predomina entre los colombianos que se encuentran en el exterior.

2. Un transnacionalismo económico, que depende de los recursos y la capacidad de ahorro del inmigrante. Este tipo de diáspora es más lenta que la anterior porque depende de la consecución de un bienestar económico para poder profundizar y fortalecer sus relaciones con la sociedad de origen.

3. Un transnacionalismo “reactivo”, relacionado con la insatisfacción y la desadaptación del inmigrante en el lugar receptor, razón por la cual reacciona fortaleciendo sus vínculos e identidad con el país expulsor.

Flujos internacionales de los colombianos

Durante los últimos diez años, los patrones migratorios de los colombianos han variado debido a la profundización del conflicto interno y a la situación económica, lo cual conduce a cambios en la dinámica y caracterización del proceso migratorio.

En los flujos poblacionales de los colombianos al exterior se identifican factores relacionados con la globalización, el fenómeno transnacional y las relaciones Norte-Sur; otros, derivados del proceso político nacional como el conflicto interno y la crisis económica.

Dentro de estos flujos poblacionales, que se han agudizado y aumentando desde finales de la década de los 90, pueden diferenciarse aquellos constituidos por los habitantes que huyen de las zonas de violencia rural y se dirigen a Ecuador, Venezuela y Panamá, de los flujos procedentes de las principales ciudades del país hacia Estados Unidos, España, Costa Rica y Canadá. Con respecto a Canadá, la oficina de Ciudadanía e Inmigración (Cic), los colombianos pasaron a ser el grupo que más pidió refugio en Canadá por encima de naciones africanas y asiáticas. Cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que hay dieciocho mil colombianos en Canadá.

Se dice que más de cuatro millones de colombianos se encuentran en el exterior. Esta tendencia resulta preocupante debido al costo que significa para el país formar un profesional para que vaya a prestar sus servicios en otra sociedad. Se observan diferencias en las relaciones económicas y/o políticas con el lugar de origen, que conducen a crear una identidad cultural mixta entre la sociedad expulsora y la receptora, en la que el sentido de pertenencia a un espacio o el otro se muestra difuso.

Esto se debe, en buena medida, a los cambios contemplados en la constitución de 1991 que, con el articulo 96, permite la doble nacionalidad; con el 171, sufragar en la elecciones para el senado de la republica; y con el 176 una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de representantes de los grupos étnicos, y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior.

No obstante, esta participación desde fuera del país se ha limitado al ejercicio del voto, principalmente, en elecciones presidenciales en Colombia. Para procesos electorales diferentes al presidencial, el abstencionismo es muy notorio. En tercer lugar, existen vínculos lineales de las comunidades transnacionales de colombianos con sus familiares y amigos en el lugar de origen. Viajan a visitarlos y envían remesas. También participan y contribuyen en asociaciones, principalmente privadas, en la sociedad de origen. Con frecuencia se ha especulado acerca del dinero que envían los connacionales que se encuentran en el exterior.

Se dice, de acuerdo con los datos del Banco Mundial y con base en estadísticas de la balanza de pagos, que el monto anual oscila entre 500 y 1.100 millones de dólares. También se ha dicho que es de más de 3.000 millones, señalándose incluso que éstas superan las exportaciones de café, banano y ferro níquel. La OIM señala que representan el 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el 22.2 por ciento de las exportaciones de bienes. El promedio de remesa familiar proveniente de Estados Unidos fluctúa alrededor de los US$400 dólares.

Lo cierto del caso es que 54 por ciento de los que reciben remesas en Colombia tienen algún familiar en Estados Unidos, 22 por ciento en España, 9 por ciento en la Unión Europea, 9 por ciento en otros países de América Latina, principalmente Venezuela, Ecuador y Costa Rica, y 6 por ciento Canadá, Australia y/o otros países. Las características hasta ahora señaladas presentan sus particularidades según el lugar de destino. No es lo mismo el migrante que se dirige a Estados Unidos o España que el que por razones forzosas se desplaza hacia los países vecinos.

Los flujos de colombianos a Estados Unidos

Se especula mucho acerca de la emigración hacia ese país durante los últimos años, sobre todo a partir de 1995, año desde el cual empezaron a observarse nuevas tendencias. Se calcula que en Estados Unidos viven entre 500 mil y 800 mil colombianos. Es muy diferente el colombiano radicado en Washington que en aquel que vive en Nueva York, a pesar de ser ciudades que se encuentran ubicadas a tan poca distancia. Las diferentes olas de migración de colombianos a Estados Unidos pueden sintetizarse del siguiente modo:

1. Durante la violencia, compuesta por hombres adultos de clase media y baja, quienes más tarde se reunieron con sus familias.

2. De 1965 a 1975 después de que se aprobara la reforma migratoria estadounidense que cambio los criterios de elegibilidad eliminando las cuotas por países y favoreciendo la unificación de familias.

3. De 1975 a 1985, una ola que sobrepasó la anterior y que se relaciona con actividades del narcotráfico.

4. De 1985 a 1995, se estabilizaron los flujos migratorios.

5. Desde 1995. Crecieron los flujos migratorios como consecuencia de la agudización de la crisis económica y del conflicto interno colombiano.

6. La mayoría de los emigrantes huyen del conflicto interno, pero en su migración a los Estados Unidos ven también una posibilidad de mejorar sus ingresos económicos. Es decir, se mezclan factores políticos y económicos.

Esta última ola no solo fue cuantitativamente superior en cantidad sino también en calidad debido al alto nivel educativo de los emigrantes. Para esta etapa se observa, además, mejor conocimiento del inglés y mayor migración de mujeres.

Desde finales de los años 90 se ha constatado la presencia de inmigrantes de clase media y media alta, incluyendo profesionales de diversos sectores. Los colombianos viven y establecen relaciones basadas en redes, lealtades regionales y de clase. Tienden a agruparse según la región de origen. En términos generales, la adaptación del colombiano en Estados Unidos tarda más de tres años y a veces hasta décadas.

Es importante tener en cuenta que los colombianos se sienten frustrados con el gobierno de Estados Unidos debido a las dificultades encontradas para obtener un estatus legal. Asimismo, desconfían del gobierno colombiano, especialmente de sus representantes en los consulados, y prefieren acercarse a otras asociaciones y a la iglesia.

Podría afirmarse que la mayoría de los colombianos apoyan más a los gobiernos demócratas que republicanos. En las elecciones llevadas a cabo el 2 de Noviembre de 2004, se presentó como candidato republicano a los condados de Miami y Browardal, un bogotano. Otro connacional, de origen costeño, salió elegido representando a los demócratas en un cargo local de la misma área geográfica. También resulta relevante señalar que el alcalde de Dover, Javier Martín, es colombiano, y que en New Jersey nuestros connnacionales se encuentran organizados políticamente.

La emigración de colombianos a España

Algunos análisis indican que la presencia de colombianos en España ha aumentado durante los últimos años a una cifra que oscila entre los 250 y 300 mil. La mayoría de ellos se han desplazado por razones económicas y por falta de oportunidades laborales, dirigiéndose principalmente a ciudades de mayor población como Madrid y Barcelona.

Colombia ocupa el tercer lugar, después de Marruecos y Ecuador como fuente de inmigración económica, y el tercero, luego de Nigeria y Cuba, como país que mayor número de asilos solicita. A pesar de que los inmigrantes colombianos presentan mayor nivel educativo que los ecuatorianos, la mayoría de ellos trabajan en el sector de servicios – construcción y servicio domestico, restaurantes y otros servicios en general-.

Actualmente existe otro tipo de migrantes colombianos temporales que, desde 2000, han venido trabajando en el campo.Los agricultores españoles están satisfechos porque los colombianos tienen capacidad de trabajo, toleran el clima cálido y, a diferencia de los africanos o los europeos del Este, hablan español.

Por otro lado, parte de la población femenina que emigra a España está conformada por jefes de hogar y algunas de estas mujeres hacen parte de los flujos de trata de personas. Se calcula que 70 mil colombianos son víctimas de este problema considerado como una forma de esclavitud.

Gran parte de las remesas que llegan a Colombia proceden de España. En 2003 crecieron a 22 por ciento y fueron de 711 millones de euros. En Mayo de 2001, Colombia y España suscribieron un convenio orientado a regularizar y ordenar los flujos migratorios, especialmente laborales. El reciente reglamento de extranjería del gobierno español permite normalizar el estatus migratorio de muchos trabajadores.

Los gobiernos de España y Colombia trabajan en la implementación de dicho reglamento que dista de ser la panacea pero que, de alguna manera, regulariza parte de los flujos de colombianos hacia ese país y, muy probablemente, hacia otros países europeos, ya que la península ibérica es utilizada como tránsito para el resto del continente.

La emigración transfronteriza

Desde finales de los noventa y con tendencia a aumentar, en la actualidad se han venido registrando desplazamientos forzados hacia Ecuador, Venezuela y Panamá.

Son varios los aspectos que inciden en la emigración forzada hacia los países vecinos. Si bien existen rasgos estructurales de expulsión como los bajos niveles socioeconómicos y la ausencia del Estado en las fronteras, se registran otros de tipo coyuntural como la carencia de planes concretos de desarrollo binacional, la estrategia antidroga auspiciada por Estados Unidos y el Plan Patriota concentrado en el sur del país. A su vez, el producto interno bruto de los doce departamentos fronterizos colombianos es 23% inferior al de la media nacional, y se registran indicadores socioeconómicos muy precarios en materia de salud, educación y vivienda.

Por otra parte, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, la seguridad fronteriza se ha venido convirtiendo en el eje de la relación de Colombia con sus vecinos. Varios de ellos tienden a hacer uso de la crisis colombiana y a referirse permanentemente a la “expansión”, “contagio” o “amenaza” que representa nuestro país para sus intereses. Ante esta situación, países como Ecuador y Brasil tienden a militarizar sus fronteras, al mismo tiempo que exigen mayor presencia del Estado colombiano. Se calcula que Brasil tiene más de 30 mil hombres, Venezuela 20 mil y Ecuador 15 mil.

Irónicamente, Ecuador, Panamá y Perú solicitan mayor ayuda y cooperación estadounidense, pero, al mismo tiempo, Brasil, Venezuela temen la injerencia estadounidense y el desequilibrio militar que el Plan Colombia ocasiona en la región. Los flujos transfronterizos se encuentran asociados al Plan Colombia y a las fumigaciones en la región fronteriza con el Ecuador.

El estado frente a los flujos poblacionales internacionales

Durante muchos años, el papel del Estado colombiano con sus connacionales en el exterior se limitaba a los trámites consulares, a visitar los presos en las cárceles y a celebrar las fiestas patrias. Tan solo a principios de esa década se plantearon algunos lineamientos orientados a proteger al colombiano que se encuentra fuera del país.

Estas formulaciones se enmarcan política, institucional y académicamente. Entre ellas se destacan las consignadas en la constitución de 1991 que permite la doble nacionalidad, el voto para el Senado de los colombianos residentes en el exterior, y la circunscripción especial para asegurar la participación política en la Cámara de representantes.

A su vez, en el ámbito académico y educativo, en 1993 COLCIENCIAS creó una red de científicos colombianos con el objetivo de intercambiar conocimientos y establecer programas de investigación e intercambio con las comunidades de científicos fuera y dentro del país. Tres años después, en 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció el Programa para la promoción de las comunidades colombianas en el extranjero (PPCCE), denominado “Colombia para todos”, orientado a labores de asistencia y protección jurídica. Y en 2003 se lanzaron “Colombia nos une”.

El programa “Colombia nos une” busca fortalecer los vínculos con las comunidades colombianas en el exterior, reconocerlas como parte vital de la nación y hacerlas objeto de políticas publicas. Tiene como metas: propiciar el establecimiento de vínculos positivos entre los emigrantes y el país con el objetivo de generar beneficios mutuos; gestionar mecanismos orientados a mejorar sus condiciones de vida en los lugares de residencia; y facilitar la interacción de las asociaciones de connacionales en el exterior, entre sí y con el país.

Tendencias y desafios

En los flujos poblacionales de los colombianos al exterior inciden elementos relacionados con la globalización, la problemática interna – conflicto interno y crisis económica- y el tratamiento interméstico.

La globalización lleva a nuevos patrones migratorios de comunidades transnacionales, con múltiples identidades y vínculos económicos, políticos y sociales con el lugar de origen. Aunque la globalización altere el papel de los Estados, su función en cuanto a políticas migratorias resulta hoy en día fundamental.

El Estado continúa siendo el responsable de garantizar seguridad a la población dentro y fuera de sus fronteras. En el caso colombiano, el Estado poco se había interesado por su población en el exterior, y en el mejor de los casos, lo hacia de manera reactiva, dispersa y coyuntural. El aumento desmesurado de los colombianos que emigran además de a Estados Unidos, a España, Costa Rica y Gran Bretaña, entre otros, y las nuevas tendencias que se presentan de comunidades transnacionales a partir de la segunda mitad de los noventa, exige profundizar una política de vinculación entre lo interno y lo externo, y unas políticas públicas más acordes con la nueva realidad.

Conclusiones y recomendaciones

La emigración de colombianos hacia el exterior ha variado y resulta hoy en día más compleja, heterogénea y dispersa. Se identifican:

1. Movimientos fronterizos de corta distancia, típicos de zonas de frontera y también de países que padecen conflictos internos. Hacia Venezuela se observan flujos de grupos étnicos como el wayuu, y de poblaciones que conservan redes y nexos culturales. Hacia el Ecuador se destaca la prolongación del desplazamiento interno. Este es un flujo poblacional que tiene un componente principalmente político y que requiere tratamiento diferenciado al de otros tipos de emigración.

2. Empresarios, algunos de los cuales hacen parte de movimientos circulares. Este tipo de emigrantes va acompañado de fuga de capital hacia Estados Unidos y se dirige principalmente al estado de Florida. Algunos de ellos han regresado.

3. Profesionales de diferentes áreas del conocimiento. En esta categoría se incluyen también los estudiantes de posgrado y los académicos, parte de los cuales se desplazan por razones políticas. Además, hacen parte profesionales jóvenes que perciben que su empleo en Colombia no corresponde a su grado de especialización.

4. Trabajadores más que todo del sector de servicios. Aunque este tipo de movilización ha aumentado últimamente, es un fenómeno que se ha presentado durante muchos años. Lo novedoso radica en que ahora se dirige también a España.

Las instituciones estatales como el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen el deber de desempeñar un importante papel en cuanto a la negociación y suscripción de tratados de cooperación y protección de los derechos humanos del inmigrante; de regulación y coordinación del desplazamiento – en caso de que fuese posible-; de homologación de títulos; y de otro tipo de actividades relacionadas con la coordinación y liderazgo.

LOS RIESGOS DE ESPAÑA FRENTE A LOS BICENTENARIOS: POPULISMOS, NACIONALISMOS E INDIGENISMOS

2009-06-10T14:17:00.001-05:00

Carlos Malamud

“En la mañana del 9 de diciembre de 1824, en la Pampa de la Quinua, dos ejércitos se preparan para la batalla. Dos ejércitos frente a frente. Dos ejércitos y también dos proyectos: uno cargado de futuro, justicia y ansias de libertad; el otro, sólo con el peso infame de 300 años de soberbia, rapiña y ultraje” (Fernando Bossi).[1]

Introducción[2]

Entre 2008 y 2025 se cumplirán los Bicentenarios de las independencias de las repúblicas provenientes de la América española más Brasil. Entre esas fechas Brasil recibió a la corte portuguesa y 17 nuevas Repúblicas se proclamaron independientes de la Corona española, aunque la República Dominicana debió esperar a 1844 para emanciparse definitivamente de Haití. Sin embargo, España reconoció a los nuevos Estados bastantes años después de haber comenzado la segunda mitad del siglo XIX. El proceso de reconocimiento de las antiguas colonias por parte de la metrópoli española fue largo y prolongado ya que tuvo importantes variaciones nacionales. No sólo duró varias décadas, sino también impidió una rápida normalización de las relaciones bilaterales. Este hecho marcó profundamente las relaciones con las nuevas repúblicas durante las primeras décadas de vida independiente e incluso en décadas posteriores.

Todos los nuevos países surgidos a partir de este ciclo histórico celebran anualmente su día de la independencia, aunque en este punto hay algunas discrepancias sobre el día en cuestión. De este modo se conmemora alguna declaración pronunciada en algún momento inicial del proceso o bien la proclamación efectiva de la independencia. Algunos países tienen dos fechas de recuerdo (en Argentina, por ejemplo, se celebra el 25 de mayo de 1810 como el día de la “libertad”, o Revolución de mayo, y el 9 de julio de 1816 como el de la “independencia”), una situación que agrega algo de confusión al tema, aunque en esta oportunidad la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos han apostado por poner el peso de los festejos de su bicentenario en la fecha más temprana.

Los Bicentenarios de la independencia son importantes conmemoraciones de carácter nacional y en esta oportunidad tendrán un alto contenido simbólico para la mayor parte de los socios hispanoamericanos de España, dado su carácter fundacional. Se trata, además, de una conmemoración que, como el V Centenario del descubrimiento de América, incumbe a la vez a España y a los países hispanoamericanos como protagonistas de los mismos hechos históricos. Pero en este caso, y a diferencia de lo ocurrido en el V Centenario, el protagonismo histórico, político y organizativo no debe recaer principalmente en España sino en los distintos países hispanoamericanos, ya que las independencias señalaron el comienzo de las distintas andaduras republicanas y del proceso de “invención” de sus identidades nacionales.[3] Las conmemoraciones tampoco tendrán un alcance continental y simultáneo, sino que ocurrirán en una sucesión de fechas distintas, según la experiencia y el calendario de cada país. Esto último, evidentemente, tenderá a limitar o reducir el papel de España en las conmemoraciones, ya que buena parte de los esfuerzos se deberán poner en el plano bilateral. En este sentido, un aspecto de la participación española dependerá de la mayor o menor voluntad de los distintos gobiernos latinoamericanos.

Los bicentenarios carecen, asimismo, de la trascendencia universal que tuvo el descubrimiento de América por los europeos, lo que, como se ha visto, les confiere un carácter mucho más local, pero a la vez mucho más manipulable de cara a las distintas opiniones públicas en la medida que se toquen las sensibles fibras nacionalistas o de identidad étnica. A pesar de todo, estas efemérides ofrecen tanto para España como para el conjunto de los países implicados una excelente ocasión, no sólo para revisar de forma conjunta un proceso histórico en el que tomaron parte todos los países hispanohablantes, sino también para poner en valor el estado actual de las relaciones bilaterales y sus perspectivas de futuro. También será una excelente ocasión para dar un nuevo impulso al proyecto de la Conferencia Iberoamericana, un tema que no está exento de resistencias.[4] Como ha señalado Carlos Escudé: “Sin jamás habérselo propuesto, los reinos ibéricos prohijaron una nueva civilización allende el Atlántico, de la que –Guerra Civil Española por testigo– no son parte”.[5]

Con todo, es importante no perder de vista la actual coyuntura latinoamericana, ya que es en ella donde se insertarán la mayor parte de las actividades y reacciones que se sucedan en relación con los Bicentenarios. En los últimos años hemos visto la reaparición del populismo, de la mano de un discurso fuertemente nacionalista e incluso antiimperialista o anticolonial. Este hecho ha provocado una gran división entre los distintos gobiernos de la región, como bien prueba el elevado número de conflictos bilaterales, que ya no responden únicamente a la dinámica fronteriza, sino también a contradicciones económicas, políticas e incluso ideológicas. A esto hay que sumar la emergencia de algunos movimientos étnicos que basan su reivindicación de su identidad en la contraposición y el rechazo a lo español.[6]

Pese a la existencia de algunas declaraciones al respecto, los festejos de los Bicentenarios no son trascendentales ni para España (no lo son para la sociedad española ni para su gobierno), ni tampoco para los distintos países de América Latina, más allá de la instrumentalización que algunos presidentes quieran hacer de los mismos.[7] La prueba más evidente es la labor mínima que se está haciendo en torno a la celebración en la mayoría de los países. Dependiendo de la voluntad política, de los recursos disponibles y de las coyunturas nacionales, los Bicentenarios son (o serán) encarados sólo como una conmemoración histórica, como un ambicioso proyecto de futuro, que suponga afrontar importantes obras de infraestructuras (Chile) o como la palanca para desarrollar un amplísimo pacto nacional o un proyecto de país para los próximos años o décadas (Argentina). En ciertos casos se dará la combinación de algunas de estas opciones. Desde esta perspectiva, por el elevado riesgo de quedarse aislada, lo que España no puede hacer es hablar más alto que los países latinoamericanos a la hora de celebrar sus propias independencias o apostar en solitario por la “iberoamericanización” de la conmemoración. De ahí que el principal objetivo de este trabajo sea el de escrutar la existencia de riesgos potenciales para España vinculados a las celebraciones de los Bicentenarios, especialmente aquellos vinculados con la emergencia del populismo, del nacionalismo y del indigenismo.

En función de lo dicho, queda claro que no se puede tratar a toda la región como una unidad y más, como en el caso que nos ocupa, cuando los festejos del Bicentenario tendrán un componente estrictamente nacional. Cada festejo será el del Bicentenario de la Independencia del país X y no habrá nada parecido a una conmemoración del Bicentenario de las Independencias Hispanoamericanas. No habrá celebraciones conjuntas, regionales o subregionales, salvo aquellas que puedan plantearse a la sombra de Simón Bolívar.[8] Aún así, es evidente que los festejos en Colombia o en Ecuador no tendrán los mismos componentes que en México o Perú, por citar sólo algunos ejemplos. La evolución de sus procesos históricos fue muy dispar y el encono contra los españoles fue diferente en cada uno de los distintos procesos nacionales y esto ha quedado reflejado no sólo en las diversas historiografías nacionales, sino también en la conciencia colectiva de cada país.

También habrá que contar con el peso del elemento indígena en cada caso, con la audiencia que tenga el discurso de los llamados “pueblos originarios”, y la vinculación que se haga entre la independencia y los 500 años de explotación colonial y neocolonial. No hay que dejar de tener presentes ni las reclamaciones económicas por los “abusos y saqueos” cometidos durante la conquista, ni las reclamaciones de perdón por los años de colonización española en América. Así como en 1992 fue necesario el cambio en la denominación de los fastos y se pasó del “V Centenario del Descubrimiento de América” al políticamente más correcto “V Centenario del Encuentro de dos mundos”, habrá que ver qué pasará en esta ocasión con la independencia y si en algunos casos se incluye o no alguna referencia a España. En países como Chile, con las reivindicaciones mapuches en plena efervescencia, se corre el riesgo de que se vincule la lucha contra el Estado y la sociedad chilena con las reivindicaciones antiespañolas. El fenómeno puede tener un eco mayor a partir de la relación con ciertas empresas españolas, como Endesa, enfrentadas a los intereses de algunas comunidades indígenas. Algo similar podría pasar en Bolivia.

El énfasis de la participación de España en los festejos podría llevar nuevamente a hablar en exclusiva de Hispanoamérica, lo que excluiría a Brasil (una cuestión que claramente se debe evitar), que se ha constituido en una parte sustancial del sistema iberoamericano. Esta referencia a Hispanoamérica trae igualmente recuerdos de ciertos y determinados pasados, en general vinculados a la idea de Hispanidad (recuérdense los famosos Institutos de Cultura Hispánica), con un claro sesgo negativo desde la visión latinoamericana. Esto hace más necesario que nunca incluir a Brasil en todo lo relacionado con los Bicentenarios.

Al igual que durante las conmemoraciones del V Centenario del descubrimiento de América, esta efemérides puede servir como el principal argumento para reforzar las relaciones de España con América Latina, especialmente con los países hispanoparlantes, relanzando aquellos aspectos que puedan considerarse mejorables, o subsanando los desencuentros que hayan nublado las relaciones mutuas en el pasado inmediato. Con este fin, y también para prevenir que las conmemoraciones en los distintos países puedan generar discursos o acciones que dañen la posición regional de España, es conveniente tomar la iniciativa y buscar aquellas líneas de actuación que permitan enfocar los festejos de forma favorable a la imagen de España y a la buena marcha de las relaciones transatlánticas en su conjunto.

Las lecturas de los distintos procesos de independencia pueden ser muy controvertidas. De hecho, hoy son parte de una amplia discusión historiográfica, a veces revisión, vinculada al papel de los indígenas y de los españoles en los mismos. Esto obliga a extremar el discurso o las afirmaciones categóricas al respecto, con el fin de no herir determinadas sensibilidades. En la medida que se mantenga la actual coyuntura política, o que el régimen venezolano no cambie sustancialmente (algo bastante difícil de prever), la independencia puede convertirse en un importante campo de la batalla política e ideológica que actualmente se libra en América Latina. Es importante no perder de vista la discusión de Hugo Chávez, secundado por Evo Morales con el Papa Benedicto XVI en torno al papel de la Iglesia católica, y también de España, en la conquista de América.[9] En esta oportunidad se podría intentar convertir al bolivarianismo (con todas sus implicaciones actuales) en un elemento central del discurso sobre la emancipación. Esto ya se ha visto recientemente con los festejos del 12 de octubre en Caracas y emergerá, sin duda, en Bolivia y Ecuador, cuyos gobiernos, por diversos motivos, han hecho del discurso indigenista unos de sus ejes de actuación. La denuncia de los 500 años de coloniaje e imperialismo volverá a aparecer con nuevos bríos, unida a mensajes más radicales, muchos de ellos con una importante carga anti española, como se puede ver en algunas páginas web de bastantes grupos antisistema de América Latina, replicados con cierta intensidad en Europa y EEUU[10] y también en el mundo de ciertas ONG.

El punto anterior está muy ligado a la reaparición del nacionalismo en el horizonte latinoamericano y en este sentido los chivos expiatorios bien pueden ser España y lo español, especialmente en lo referente a las inversiones españolas (recuérdese el tópico sobre los “nuevos conquistadores” que emergió en Argentina durante la crisis económica anterior a 2001 y luego se expandió por todo el continente). Más recientemente, la aprobación por el Parlamento Europeo de una directiva sobre los inmigrantes ilegales puede envenenar todavía más la discusión, como de hecho ya lo está haciendo.

Ante todo esto cabe preguntarse: ¿Cuál será la actitud con España de Venezuela y sus aliados más estrechos en las Cumbres iberoamericanas, como Bolivia, Nicaragua, Ecuador o incluso Argentina? ¿Qué pasará si España decide tomar partido en algún tema que no sea del agrado del comandante Chávez, como la política europea de migraciones? ¿Se irá del sistema iberoamericano como amenazó hacerlo con la OEA después de algunas denuncias vinculadas a la libertad de expresión?[11] ¿En qué situación quedarán las empresas españolas? Y, sobre todo, ¿cómo se verá afectada la imagen de España y sus empresas en esta coyuntura? Este trabajo no apuesta ni por el alarmismo ni por el catastrofismo, sino por presentar elementos de ciertos discursos que se pueden encontrar en la región y que vale la pena conocerlos y situarlos en su contexto. Está claro que no todos ellos tienen la misma importancia ni la misma trascendencia, ni política, ni social ni mediática. Los hay de todo tipo. Entre ellos tenemos manifestaciones de presidentes y ministros, de parlamentarios y políticos, de académicos y periodistas de muy distinta significación, y también de grupos marginales de escasa representación popular. Sin embargo, en todos ellos es posible encontrar hilos conductores comunes. Lo cierto es que en bastantes casos, en el actual contexto latinoamericano, muchos de estos discursos terminan retroalimentándose y generan un corpus compacto.

Populismo y nacionalismo

Una de las notas características de buena parte de los actuales gobiernos populistas, especialmente aquellos que han apostado por la deriva “bolivariana”, es la opción por la reforma constitucional. Desde esta perspectiva es llamativo el proyecto de constitución ecuatoriana, en estos momentos en discusión, que en el apartado relativo a las relaciones internacionales incluye una amplia declaración de principios que condena toda forma de imperialismo, colonialismo y neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. Pese a ello, no hace ninguna alusión explícita al terrorismo, aunque en España hubo ecuatorianos víctimas tanto del terrorismo etarra como del islamista. Es tal el deseo del gobierno de Rafael Correa de no involucrar a las FARC en su condena, que de otro modo la presentación del articulado sería incomprensible.

El discurso antiimperialista y anticolonialista tiene un referente permanente en Hugo Chávez, que de forma constante incorpora estos ingredientes en sus distintos mensajes. Buena parte de los seguidores mediáticos de Chávez gustan hablar del “nuevo colonialismo español”. De ahí, que uno de los blancos favoritos del presidente venezolano sea Cristóbal Colón, que hasta la fecha le ha dado mucho juego, ya que también le permite vincularlo con su crítica al rey Juan Carlos y a la monarquía española. Los ataques contra Colón,[12] el colonialismo español, el genocidio físico y cultural y los 500 años de explotación serán una constante del discurso radical en los próximos años y para darle más realce la comparación con el holocausto y el nazismo son frecuentes. De este modo se puede cerrar el círculo, ya que los ataques a Colón no son sólo patrimonio actual, sino también los principales héroes de la independencia “derribaron las primeras estatuas de nuestros enemigos”.[13]

En 2002 se abolió en Venezuela el “Día de la Raza”, una fecha celebrada en buena parte de los países hispanoparlantes. En su lugar se instauró el “Día de la resistencia indígena”, en que se rinde homenaje a la “autoafirmación americanista”.[14] Un año después, durante la apertura del primer encuentro internacional de resistencia y solidaridad de los pueblos indígenas y campesinos que se celebraba en Caracas, en las vísperas del 12 de octubre, Chávez señaló que los conquistadores españoles habían sido “genocidas” e “invasores” y que “Cristóbal Colón fue la punta de lanza de la invasión y del genocidio de todos los pueblos”. También?acusó a los “historiadores occidentales” de ocultar la matanza de millones de indígenas de las Américas y de alabar a los conquistadores que “fueron peores que Hitler”.[15] Ante tamaño hecho de barbarie, Chávez terminaba preguntándose: “¿A qué Corte Internacional habría que llevar a aquellos asesinos de niños, de niñas, que descuartizaban y freían las cabezas de los indios?”.

El 12 de octubre de 2004 Caracas contempló como se destrozaba el monumento a Colón, horas después de que el primer mandatario hubiera rendido homenaje al cacique Guaicaipuro, levantado contra los españoles en el siglo XVI. También se cambió el nombre del Paseo Colón, donde estaba situada la estatua, por el de Guaicaipuro. El 25 de julio de 2005 debía celebrarse el 438º aniversario de la fundación de Santiago de León de Caracas, en homenaje al apóstol, pero algunos días antes, el alcalde Juan Barreto decretó que ese día no se celebraría más en el futuro, ya que el 25 de julio se conmemora la victoria española sobre el cacique Guaicaipuro y no la fundación de la capital. Barreto dijo que “Es absurdo que celebremos la fecha en la que los invasores españoles derrotaron a los aborígenes que valientemente defendían sus territorios y culturas” y planteó la posibilidad de cambiar el nombre de la capital.[16] Finalmente, el artículo 18 del proyecto de Constitución venezolana, derrotado en el referéndum de diciembre de 2007, propugnaba el cambio de nombre de Caracas, que sería llamada la “Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano”, y de la Sierra Grande que domina la urbe y que tradicionalmente ha sido llamada El Ávila.

Como no podía ser de otra forma, el proyecto de Hugo Chávez pasa por la reivindicación de la figura de Simón Bolívar. Su actuación durante el período emancipador y el enfrentamiento contra España, la potencia colonial, el imperio, son referencias constantes con importantes alusiones al presente. Desde esta perspectiva hay quien recupera la batalla de Ayacucho como todo un símbolo de la gesta bolivariana, a tal punto que allí se enfrentaron dos proyectos antagónicos: “Uno, el de la continuidad del antiguo régimen, el proyecto del colonialismo; el otro, el proyecto bolivariano de la Patria Grande”.[17] Si bien se trata de una construcción totalmente idealista y revisionista, sin ningún asidero con la realidad, ésta ha tenido un gran éxito en parte de la opinión pública latinoamericana.

Cuestiones similares se pusieron de manifiesto por parte de Hugo Chávez y sus numerosos portavoces mediáticos tras la Cumbre Iberoamericana de Santiago y el famoso “¿por qué no te callas?” pronunciado por el rey Juan Carlos. La respuesta de Chávez enseguida sacó a relucir los 500 años de explotación colonial. A su regreso a Caracas señaló: “Señor Juan Carlos, si yo me callara gritarían las piedras de los pueblos de América Latina, que están dispuestos a ser libres de todo colonialismo después de 500 años”; y agregó: “Cuando el rey explota ante las expresiones de un indio, le están saliendo siglos de prepotencia imperial, de atropello, de afán de superioridad... Por mi boca no hablo yo, sino millones de hijos de Bolívar, de Guaicaipuro y de José Leonardo Chirinos (jefes indígena y negro), todos esos que aquí los españoles emboscaron y asesinaron”. Para echar más leña al fuego, insinuó que el Rey conocía detalles del golpe de Estado de abril de 2002 en su contra.[18] Aquí encontramos, como se verá más adelante, algunas discrepancias y contradicciones entre el discurso de Chávez y otros líderes populistas y el de Evo Morales. Mientras Chávez trata de incorporar la figura y la identidad de los indígenas a su postura mestiza, en Bolivia no ocurre lo mismo. En este último caso la identidad de las comunidades indígenas debe ser preservada de los ataques de la civilización occidental e incluso de los peligros de contaminación con los sectores mestizos o cholos.

En sintonía total con Hugo Chávez, Fidel Castro salió rápidamente en defensa de su aliado y escribió en Juventud Rebelde: “El sábado 10 de noviembre de 2007 pasará a la historia de nuestra América como el día de la verdad. El Waterloo ideológico ocurrió cuando el Rey de España le preguntó a Chávez de forma abrupta: ‘¿Por qué no te callas?’. En ese instante todos los corazones de América Latina vibraron. El pueblo venezolano... se estremeció al vivir de nuevo los días gloriosos de Bolívar”.[19] Por si todo esto fuera poco, incluso el presidente de Brasil, Lula da Silva, que mantiene una complicada relación con el presidente de Venezuela a costa del liderazgo regional, creyó necesario salir en defensa de Chávez. Por eso afirmó que en Venezuela “no falta democracia”, que “quien dijo ‘por qué no te callas’fue el rey, no fue uno de nosotros” y que “Somos un grupo de países democráticos que hicieron una reunión democrática donde todos tienen derecho a hablar, con tema libre, aquello que le interesa”.[20] Vemos en este caso la diferencia entre el rey de España, el otro, el ajeno, y Hugo Chávez, “uno de nosotros”, uno de los nuestros. Por eso, lo que se entiende comúnmente como solidaridad latinoamericana ha funcionado por encima de cualquier tipo de diferencias, simpatías o antipatías. A la vista de esto no deben esperarse en el futuro, en el caso de algún encontronazo grave con España, decididas muestras de apoyo, ni siquiera por parte de los países más amigos o menos beligerantes, que, por lo general, optarán para mirar para otro lado o esconder la cabeza hasta que pase el chaparrón. Una cosa es una discusión entre presidentes o países latinoamericanos, que puede no encontrar límites, y otra cosa muy distinta el enfrentamiento con alguien de fuera de la región, por más que se trate de España.

Los incidentes de la Cumbre de Santiago fueron tratados en profundidad por los numerosos grupos antiglobalización y antisistema latinoamericanos, que prácticamente de forma unánime criticaron la postura española. Carlos Aznárez, desde las páginas de Resumen Latinoamericano,[21] habló de la “altanería prepotente del Rey español al pretender hacer callar al Comandante Hugo Chávez”.[22] La ocasión sirvió para que se renovaran los ataques de todo tipo contra España. Parte de la filosofía de Aznárez se resume en la fórmula: “Si el imperialismo yanqui es nuestro enemigo principal, hoy Venezuela Bolivariana es nuestra hermana más querida y respetada”.[23] Esta línea de ataque ha recibido munición adicional tras la aprobación por el Parlamento Europeo de la directiva sobre inmigrantes ilegales, que no sólo será utilizada como arma arrojadiza contra la UE en general, sino contra España en particular. Al respecto valga la pena recordar, entre otras, las declaraciones de Evo Morales, Fidel Castro, Rafael Correa o Lula da Silva.

Evo Morales señaló que “Si esta directiva fuese aprobada, quedaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las relaciones con la Unión Europea y nos reservamos el derecho de imponer a los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que se nos impuso el 1 de abril de 2007, según el principio de reciprocidad”.[24] Fidel Castro habló de la hipocresía europea, especialmente en relación a la modificación de la política común de la UE hacia Cuba, pero también por “la brutal medida europea de expulsar a los inmigrantes” ilegales latinoamericanos, provenientes de países que, en algunos casos, tienen en su mayoría población de origen europeo y recordó que “los emigrantes son además fruto de la explotación colonial, semicolonial y capitalista”.[25] Rafael Correa amenazó con explorar “la posibilidad de cortar” el diálogo entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la UE, al considerar a “la “directiva de la verg?enza” un producto que “demuestra [la] incivilización de naciones que se creen los más civilizadas del mundo”. Por eso, no tiene sentido negociar un Acuerdo de Asociación que implica diálogo político, cooperación y comercio, cuando la UE “criminaliza” a los emigrantes. “Países civilizados no podemos hablar con otros que han ejercido esa clase de conductas... ¿Qué tenemos que hablar con una unión de países que criminaliza a los emigrantes?”. Para Correa, el bienestar actual de Europa “depende de todo el saqueo que hicieron en nuestros territorios” en la época colonial. Respecto a España, tras la visita de la secretaria de Estado de Iberoamérica, Trinidad Jiménez, señaló que se mantendrían los acuerdos de cooperación.[26] Hugo Chávez no sólo amenazó con no suministrar combustible a los países europeos que apliquen la directiva, sino también con aplicar una medida similar a las inversiones europeas. “Al menos en Venezuela. Aquí no nos hacen falta... Vamos a revisar las inversiones que tienen aquí para aplicar nosotros también una directiva del retorno. ?Retornen sus inversiones para allá!”.[27] Lula fue más matizado y tras condenar la medida como xenófoba, señaló que se trata de una iniciativa impulsada por unas naciones con miedo de perder su statu quo ante el avance de los países emergentes.[28]

Si bien no llama la atención el embate y la crítica contra la directiva europea, si resultan llamativas las apelaciones a la ética, a la coherencia o las acusaciones de hipocresía. En realidad resulta bastante absurdo pedir que las políticas migratorias no sean contradictorias, cuando cualquier política migratoria que se apruebe, en cualquier país del mundo, termina siendo, por la propia naturaleza de la norma, hipócrita, discriminatoria y no inclusiva. Toda pretensión de legislar lo que no se puede legislar, lo que es imposible de legislar, como es la movilidad de los seres humanos, lleva forzosamente a cometer injusticias y contradicciones de todo tipo. Recuérdese aquello de la inutilidad de poner puertas al campo. Habría que preguntarse por las restricciones migratorias existentes en México o en otros países de América Latina que reciben flujos migratorios de sus vecinos. También se podría recordar, por aquello que señaló Evo Morales, que los europeos siempre fueron bienvenidos en América Latina y que siempre llegaron “sin visas y sin condiciones impuestas por las autoridades”, algunos pocos contraejemplos. En Uruguay, la ley 2.096 de 1890, exceptuaba del régimen de libre entrada al país a: “La inmigración asiática y africana y la de los individuos generalmente conocidos con el nombre de húngaros o bohemios” (es decir, a los gitanos).[29] La ley 4.144 de Argentina, también llamada “de residencia”, aprobada en 1902, permitía la expulsión de extranjeros sin juicio previo. Fue aplicada contra “terroristas” anarquistas y otros militantes obreros, así como a delincuentes comunes, especialmente tratantes de blancas. Igualmente, después de la crisis de 1929, Argentina, Brasil, Uruguay y otros países receptores de lo que se conoció como las migraciones europeas masivas, que por cierto no llegaron a Bolivia, aplicaron políticas sumamente restrictivas a la inmigración, que afectaron, por ejemplo, a los refugiados republicanos españoles o a los judíos que huían del nazismo alemán.

El tema de los 500 años de explotación es utilizado de forma reiterada por el presidente de Bolivia, Evo Morales. En mayo de 2006, durante la Cumbre América Latina, Caribe, UE, celebrada en Viena, dijo que venía a debatir con los mandatarios europeos cómo ?reparar los daños... de la historia negra” del colonialismo y expresó su deseo de discutir con España la forma de reparar a Bolivia por el saqueo de recursos naturales y el exterminio de indígenas, ya que, según su opinión, las políticas de exterminio de los pueblos indígenas durante la Colonia fueron políticas equivocadas. Aprovechó la ocasión para contar una anécdota de su primer viaje a España en 2001, cuando un policía del aeropuerto le pidió 500 dólares para ingresar. “Como no tenía 500 dólares querían deportarme a mi país, y yo les dije ‘si por 500 años han saqueado nuestros recursos porqué me van a pedir 500 dólares’”.[30] No sería de extrañar que a medida que nos acerquemos a 2010, fecha de buena parte de las conmemoraciones, las demandas de reparaciones se incrementen, centradas precisamente en este tipo de argumentos y en otros de contenido similar.

El vicepresidente Álvaro García Linera también gusta utilizar el mismo argumento. En un discurso con motivo de la instalación de la Asamblea Constituyente, en Sucre, señaló que “lo venturoso de esta revolución es que la estamos haciendo pacífica y democráticamente, lo virtuoso del momento histórico es que los excluidos de 514 años, los marginados de 514 años, los escondidos en el sótano durante 514 años, hoy, reclaman su derecho a la igualdad, a la ciudadanía y al bienestar, no con balas, con votos, con palabras y con liderazgo”.[31]

Cristina Fernández de Kirchner, en una dura discusión con Dur?o Barroso durante la Cumbre ALCUE, en Lima, entre la UE y Mercosur, aludió al despojo de los recursos en América con posterioridad a la conquista: “La pobreza no vino a América Latina como el viento y la lluvia, sino por la desapropiación de recursos desde que fue descubierta, más allá de los errores de las dirigencias locales”.[32] Durante la celebración de la fiesta nacional, el 25 de mayo de 2008, fue aún más allá y centró una parte de su discurso en la denuncia del “coloniaje territorial y político del pasado” y en “la colonización de las ideas [y] del pensamiento” del presente.[33]

El discurso populista ha comenzado a arremeter contra las Cumbres Iberoamericanas y los objetivos del espacio iberoamericano, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde no sólo participan EEUU y Canadá, sino que también España está presente como observador. A la vista de la evolución de ciertos acontecimientos en América Latina no sería totalmente descartable la salida de Venezuela y sus aliados de la OEA, aunque de momento no se trate más que de una amenaza con pocos visos de materializarse. En esta línea, Ecuador planteó tras el ataque colombiano contra el campamento de Raúl Reyes, la posibilidad de crear una OEA latinoamericana. Si esto finalmente se consumara, la salida posterior del sistema iberoamericano ya no sería un paso tan grave ni tan complicado y controvertido. También comienza a criticarse cada vez más abiertamente la injerencia europea, y española por supuesto, en los asuntos internos de los países latinoamericanos, siguiendo, de algún modo, la estela imperialista de EEUU.

En la Cumbre de Santiago, Daniel Ortega, durante la discusión que terminó con el “¿por qué no te callas?”, señaló: “¿Vamos a negar que hay injerencismo europeo en nuestros países? ?Claro que lo hay! Yo te doy, te pongo las reglas, te pongo las condiciones. Pero bueno, aquí no se trata lógicamente de abrir más lo que son esas distancias, esas contradicciones que existen, aquí se trata de buscar puntos de coincidencias, que nos permitan desarrollar lo que llamamos la cohesión social”. En esta línea hay que insertar la denuncia de Ortega contra el embajador de España en Nicaragua, Jaime Lacadena: “No solamente los yanquis nos han hecho la guerra, sino algunos Embajadores españoles, y eso se lo comunicamos a ustedes en su momento. Embajadores españoles, antes de las elecciones, junto con los yanquis, reuniendo, en la Embajada de España, a las fuerzas de derecha en Nicaragua para unirlas y que no triunfara el Frente Sandinista... Yo no creo que esa sea una política del Gobierno español, ?no lo creo! Pero la realidad es que lo ha hecho el Embajador de España en Nicaragua, y es conocido allá públicamente; y te puedo dar los nombres de quiénes han estado en esas reuniones, se los dimos en su momento a ustedes”.[34]

“El hecho de que estén, España y Portugal, por razones históricas, como miembros de esta Cumbre Iberoamericana, yo creo que nos abre la puerta para un diálogo Norte–Sur, y lo que estamos aquí debatiendo, es realmente un diálogo Norte–Sur. Vos representás los intereses del Norte, lo querrás o no lo querrás, no te podés escabullir a esa realidad, José Luis [Rodríguez Zapatero]... ¿Sos o no sos de la OTAN? ¿Qué cosa es la OTAN? ¿La OTAN está para repartir dulces, para construir escuelas, para llevar salud, educación? ¿Para qué está la OTAN? Y son miles de millones que se gastan en la OTAN, billones de billones ¿para qué? ¿Cómo logramos –y creo que es lo importante aquí– cómo logramos que a través de España?... Por eso decía, organicemos, salgamos de la OEA...Tenemos objetivos comunes ¿cómo hacemos para alcanzar esos objetivos comunes, tomando en cuenta nuestras profundas contradicciones? Hablás de la empresa privada, José Luis, bueno, yo entiendo, el Partido Socialista Obrero Español que yo conocí, no tenía esa posición; luego, fue evolucionando, y lo entiendo, dentro de la lógica del desarrollo del Norte”.[35]

El ataque contra las empresas españolas

Un capítulo especial en este trabajo merecen los ataques a las empresas españolas, al concentrar ellas, por su presencia en los diferentes países, la atención de las opiniones públicas en referencia con la actividad y la actitud de España en América Latina. Resulta frecuente que ciertos discursos radicales asocien la actividad y la presencia de las empresas españolas con la altanería, la soberbia, la explotación y el hambre. Desde esta perspectiva no deja de llamar la atención el que a las empresas españolas se les reprochen cosas que no se les recrimina a empresas extranjeras de otros orígenes.

Por supuesto que el primer comentario sobre ellas tiene que ver con la idea del “nuevo colonialismo” y con la imagen de los “nuevos conquistadores”,[36] acuñada años atrás. Esta idea intenta transmitir la imagen de que después de las décadas centrales del siglo XX, dominadas por el imperialismo norteamericano y las empresas transnacionales del mismo origen, el relevo en la explotación de los pueblos y la riqueza de América Latina fue tomado por las multinacionales españolas, convertidas en las nuevas “sanguijuelas” que chupan la sangre de las sociedades latinoamericanas. Es más, las empresas españolas no sólo se ceban en la riqueza de las distintas naciones, sino también siguen esquilmando a los pueblos indígenas, convertidos en uno de los elementos movilizadores de parte de la izquierda latinoamericana.

“Empresas como REPSOL, BBV, BSCH, Telefónica, Hidroeléctricas, son empresas de servicio, que solo sirven para engordar su ganado y a cambio los indios reciben migajas de pan como recompensa... Nosotros llamamos a las cosas por su nombre, SANGRE, ORO, PLATA, PETROLEO, GENOCIDIO y así entendemos porque debemos desterrar para siempre el maldito colonialismo español”.[37] Ante este tipo de comentarios no extraña que un artículo “alternativo” de junio de 2007 lleve el siguiente título: “Los pueblos indios debemos frenar el maldito colonialismo español. Repsol, Bancos, AECI, PSOE, PP, Telefónica, PRISA, YPF, Hidroeléctricas, ONG, Hoteles, Cipayos, etc.”.[38]

En total consonancia con los anteriores puntos de vista observamos una serie de descripciones que son moneda corriente en numerosas páginas web y que tienen contenidos como los siguientes: “El capital transnacional de origen español, persiste en la idea franquista o laureanista decididamente Neocolonial, de volver a ‘españolizar’a Colombia. Principalmente un grupo de tres multinacionales, dos mega bancos y su poderosa multimedia. Repsol, YPF, Telefónica, Endesa, Bco Santander, BBV (entre otras como Cepsa, Sanitas, Prosegur, Mapfre, Aguas de Barcelona, grupo Fenosa, etc.), coordinados por los pulpos mediáticos Planeta y Prisa, quienes al No haber llenado el barril sin fondo de su codicia con sudor y sangre, ahora necesitan apoderarse del alma sufrida de los colombianos a través de la política. No están satisfechos con ser en el 2004 el segundo inversor en Colombia 14% del total de las inversiones, después de Estados Unidos... Apetecen el primer lugar en la tabla de inversionistas, desplazando a las lavanderías de los paraísos fiscales” y a otros inversores como Holanda, Canadá y el Reino Unido.[39]

El accionar depredador de las empresas españolas es fomentado desde el propio gobierno español. “El plan estratégico diseñado por el gobierno español y utilizando a la AECI Agencia Española de Cooperación Internacional, es una estrategia que encubre mas aumentos de empresas españolas, como arma silenciosa para apoderarse de nuestras riquezas del suelo y el subsuelo”. Se trata de una estrategia que “está contaminada y que...sólo busca [la] asimilación [de los indígenas]”. Esta práctica también requiere del auxilio de las ONG, como Almaciga, que “no es la única que realiza trabajos de colchón del gobierno y sirve como informante de nuestros pueblos para que luego su gobierno aplique su política de tierra quemada”.[40]

En una interpretación bastante tópica, Luis Miguel Busto Mauleón señala que el desembarco de las empresas españolas en América Latina fue consecuencia del protagonismo del gobierno español, primero de Felipe González y luego de José María Aznar, que crearon el marco legal adecuado para impulsar la inversión en el exterior, liberalizando la legislación, apoyando las inversiones con fondos públicos, creando seguros y firmando acuerdos bilaterales y multilaterales. “A finales del siglo pasado, como el asesino que vuelve al lugar del crimen, las empresas españolas fijaron su vista en las nuevas posibilidades del Nuevo Mundo y como aves de rapiña se lanzaron a repartirse los despojos. La clase política sudamericana los recibió como los salvadores de la codicia de sus vecinos del Norte porque se trataba de empresas procedentes de la Madre patria. Pero para el capitalismo no hay familia que valga. Ni patria que se le ponga por delante... Las multinacionales españolas, a remolque de los cambios estructurales apoyados por el Banco Mundial y el FMI, acapararon en esos años parte del patrimonio y los servicios públicos latinoamericanos, rematados a precios de saldo”.

Una vez en América Latina, insiste nuestro autor, las multinacionales españolas, en tanto “vampiros ávidos de sangre” se dedicaron a “hincar el diente” y a “conseguir beneficios jamás vistos”, especialmente en los servicios, “donde las necesidades básicas de millones de personas quedaron atrapadas en los monopolios españoles”. Por eso invirtieron más 40.000 millones de dólares en comprar “bancos, telecomunicaciones, energía y otros sectores estratégicos”, “pero lo que debería ser un factor creador de empleo y riqueza... no ha sido más que una nueva invasión colonial al perseguir sólo el máximo beneficio en el menor tiempo posible... Su único objetivo ha sido el abaratar costes mermando en lo posible los sueldos, las aportaciones fiscales y las cotizaciones sociales”.[41] En el proceso de satanización de las empresas españolas se identifican algunas compañías más destacadas, especialmente por el volumen de su inversión y por su presencia en un número elevado de países. Este es el caso de Telefónica, en el “sector de telecomunicaciones”, Repsol en el “sector de hidrocarburos”, Endesa en el “sector eléctrico” y BBVA, junto con el Santander, en el “sector financiero”.[42] En todos los casos se mezclan mentiras con medias verdades y se las acusa de no pagar impuestos, de no contribuir a la creación de puestos de trabajo, de degradar las condiciones de empleo, de copar los puestos directivos con técnicos y gerentes transplantados de España, con escaso o nulo conocimiento de la realidad que los rodea, de aumentar la corrupción, de degradar el medio ambiente e inclusive de minimizar su impacto en la mejora de los servicios públicos, en el caso de aquellas compañías del sector.

En lo que respecta a Telefónica, si bien su desembarco en la región ha servido para extender el servicio, que “ha mejorado en algunos aspectos”, su presencia en los diferentes países “ha generado muchas irregularidades”. Para comenzar, se esperaba “una mayor recaudación tributaria”, pero “diferentes acuerdos... con los gobiernos de turno” le permitieron “pagar menos impuestos”. “Al contemplar las concesiones períodos de monopolio” se “ha impedido la competencia... de otras empresas”. Tampoco se ha generadora empleo, al funcionar con empresas contratistas españolas y copar los puestos de dirección con españoles. Para colmo, “las condiciones laborales han ido empeorando”, y ha aumentado la subcontratación y contratación temporal. Ni siquiera su presencia en la región “ha supuesto un ahorro para los consumidores”, al ser “el coste del servicio de telefonía exageradamente alto”. Como “ha sido una fiel colaboradora con los gobiernos de turno y, ante esta relación tan estrecha con el poder económico y político, el consumidor latinoamericano ha quedado desprotegido”.

Pese a que Repsol defiende que “está desarrollando una estrategia corporativa cuyos principales pilares son la protección del medio ambiente, el establecimiento de una política de recursos humanos que potencia la mejora continua de las relaciones laborales y la integración de las medidas y actuaciones concretas que colaboran al desarrollo de la sociedad”, la realidad que presentan los críticos es muy distinta. “Resulta extraño que un país como España aparezca en Sudamérica con una empresa petrolera cuando ni tiene petróleo ni tiene grandes relaciones con los países productores”. La estrategia de Repsol es comprar “empresas públicas latinoamericanas del sector hidrocarburos a precios irrisorios gracias a los acuerdos político–económicos bilaterales”. Esto ocurrió en Argentina y Perú. En el primer caso, YPF fue “comprada a cambio de bonos para paliar la deuda externa bajo el pretexto de la falta de capacidad financiera”. En Perú, adquirió en 1996 el 75% de las acciones de la refinería de La Pampilla por 180 millones de dólares cuando en 1994 había generado unos ingresos de 657 millones. “Los impactos medioambientales de sus actuaciones y sobre las comunidades indígenas distan mucho de sus objetivos. Las continuas denuncias apenas saltan a la luz pero se van conociendo. Como la destrucción del parque natural Yasuní en la amazonía ecuatoriana de 680.000 hectáreas de las cuales un tercio pertenecen al pueblo huaoraní; o el humedal Llancanelo, reserva natural en Argentina donde la petrolera quiere perforar ocho nuevos pozos; o la invasión de 18 territorios indígenas y cuatro parques naturales en Bolivia; o el más conocido que ha llevado a la multinacional a un pleito con el pueblo mapuche”. De esta manera se demuestra clara y palmariamente que “los recursos naturales de la zona sirven, en gran parte, para el consumo europeo”.[43]

Repsol YPF, Petrobrás y otras compañías petroleras “deben responder ante un tribunal permanente de los Pueblos y ser juzgados por el Tribunal penal Internacional, por sus acciones ecocidas”.[44] Entre otras, las cometidas en Bolivia, donde “Amparada en las leyes expoliadoras del gonismo, dice el informe del Pueblo Guaraní, el accionar de REPSOL YPF en Bolivia se desarrolla con estándares por debajo de los establecidos en el ámbito internacional y “se puede afirmar que REPSOL YPF hace en Bolivia lo que no está permitido hacer en ningún país europeo”. Por eso, “no puede ser posible que en pleno siglo XXI, REPSOL YPF siga actuando como en la época colonial, pretendiendo imponer su lógica cultural a poblaciones indígenas”.[45] En Colombia se asocia a Repsol con la Oxy (Occidental Petroleum) y se la vincula con las peores prácticas del paramilitarismo.[46] Su experiencia en otros países, como Argentina, Ecuador y Bolivia, “está ligada a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, al fomento de la corrupción, así como al deterioro irreversible de los entornos sociales, culturales y ambientales, donde opera... Repsol está encausada en Bolivia por contrabando y falsificación de documentos y en Argentina por delito medioambiental en territorio mapuche”.[47]

La presencia de Endesa en América Latina, al igual que otras compañías de servicios públicos, permitió incrementar la potencia instalada y el índice de electrificación, aunque “también ha tenido... sus peros”. En Chile, Endesa comenzó pactando “un acuerdo financiero con un grupo... que representa los más turbios intereses de la burocracia estatal bajo la dictadura militar de Pinochet”. Al mismo tiempo, “el Estado chileno... interviene siempre a favor de los empresarios y en contra de los pueblos originarios. Los gaseoductos tendidos en el norte de Chile, que se llevan los recursos mineros sin pagar impuestos, se han construido destrozando cementerios indígenas, petroglifos milenarios y sitios sagrados de las distintas culturas precolombinas”. En Perú, su presencia también ha generado gran polémica “ya que la concentración del mercado entró en conflicto con las leyes aunque el Estado facilitó su privatización otorgando impunidad a la multinacional aunque vulnerando el principio de igualdad ante la ley. La primera actuación fue el despido de trabajadores, primeros los afiliados al sindicato más importante, y la firma de contratos individuales para evitar la negociación colectiva. Finalmente la mayoría de actividades se subcontrataron evitando responsabilidades derivadas del riesgo eléctrico en el trabajo”.

El BBVA y el Santander se centraron en el sistema financiero y en las pensiones privadas, pero “sus mayores irregularidades correspondieron al ámbito laboral ya que estos bancos participaban del capital social de otras multinacionales españolas”. Pese a que su presencia “supuso una mejora en el trato al cliente y la agilización de sus servicios los perjuicios ocasionados presentan un balance totalmente negativo”, al desembarcar “mediante la adquisición de bancos nacionales, muchos de ellos públicos, y en el proceso de reestructuración los trabajadores fueron quienes primero pagaron los costes. En Perú, por ejemplo, el 25% de la plantilla fue despedida, se aumentó la jornada de trabajo sin compensación y el sindicalismo se fue debilitando”. Con todo, “el ejemplo más sangrante es el del BBVA en Argentina: las adquisiciones de los bancos locales mediante fusiones y OPAS, su irrupción en las telecomunicaciones, en los fondos de pensiones, en los servicios públicos, metidos en la industria del armamento, especulando con la construcción inmobiliaria, manteniendo en secreto la deuda externa privada de los países mas pobres... para terminar negando sus escuálidos ahorros a los pequeños ahorradores argentinos atrapados en el ‘corralito’”.[48]

En la Cumbre de Santiago, el duro discurso de Chávez, ya mencionado, fue acompañado por otro, tanto o más brutal que el anterior, de Daniel Ortega, quien aprovechó la ocasión para arremeter contra Unión Fenosa y contra las empresas españolas en general. En la interpretación de Carlos Aznarez “si faltaba algo para que los oídos del nuevo colonialismo español se irritaran aún más, llegó el nicarag?ense Daniel Ortega, quien hablando en nombre de su pueblo (y de todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y el imperialismo) contó la nefasta historia de la empresa española Unión Fenosa en su accionar en Nicaragua. Los trató de mafiosos, de imperialistas y de provocadores que creen, dijo Ortega, que el pueblo de Nicaragua son sus súbditos. Valía la pena ver la cara de Moratinos, Zapatero y el propio Borbón cuando Ortega les cantaba estas verdades. Y por supuesto, el Borbón optó por retirarse en medio de urgentes consultas de la delegación española. Zapatero y Moratinos se quedaron pero gruñendo por lo bajo... Quien quiera oír que oiga: los pueblos de Latinoamérica ya no pueden ser avasallados ni por yanquis ni borbones. Con esa altanería que los caracteriza, estos defensores de las trasnacionales que han hambreado a nuestra gente (qué otra cosa es Repsol, Telefónica, Union Fenosa, Endesa y otras similares) intentaron hacer callar pero no lo lograron a los jefes revolucionarios que hoy les plantan cara en nombre de sus pueblos. Por eso tuvieron que optar (como en el caso del Borbón) por retirarse. En buena hora, NO LOS QUEREMOS Y DEBEN SABERLO. Se acabó la época de los virreinatos (aunque algunos arrodillados todavía quedan) y es la hora de los pueblos. De allí la dignidad de Chávez, de Evo, de Ortega, de Correa, de Lage, advirtiéndoles a los poderosos y a los colonizadores que Latinoamérica no quiere saber más nada de sus propuestas neoliberales e imperialistas”.[49]

Las críticas no se dirigen únicamente a la avidez ganancial de las empresas españolas, también se las señala con el dedo por “colaborar con gobiernos y políticas dictatoriales haciendo cuestionarse el respeto de estas empresas a los derechos humanos más fundamentales”. La reconstrucción de las hechos que se hace falsea totalmente la realidad, sin dar ejemplos de ningún tipo, y registra una vasta panoplia de acciones negativas de las empresas españolas: “En la consecución de su único objetivo [enriquecerse], no han excluido ningún medio y con frecuencia han recurrido a la promoción de guerras y conflictos interétnicos, a la violación de los derechos laborales, a la degradación del medio ambiente, a la corrupción de funcionarios para apoderarse de servicios públicos mediante privatizaciones fraudulentas, a la monopolización de los medios de comunicación, a la corrupción de elites políticas, intelectuales y de la sociedad civil y a la financiación de golpes de Estado, de dictaduras y a otras actividades criminales”.[50]

El pensamiento indigenista y el mensaje de los pueblos originarios

El discurso indigenista viene acompañado de una profunda revalorización, idealización y exaltación de los denominados valores tradicionales, a lo que se agrega la valoración que hacen ciertos grupos de la izquierda populista latinoamericana del movimiento indígena como vanguardia de la revolución en algunos países de América Latina. Pero no sólo eso. Para que esta reconstrucción tenga lugar es necesaria la demonización de España y de lo español. Sin embargo, el discurso indigenista está presente no sólo en aquellos países donde están implantados gobiernos populistas, sino también en otros con un alto porcentaje de población nativa, como pueden ser México o Guatemala.

De este modo se llega a decir que lo que hoy es el continente americano, antes de la llegada de los españoles y europeos, de los occidentales en definitiva, era una especie de Arcadia, un mundo feliz, prácticamente desprovista de problemas. Jorge Mier Hoffman, en su “Juicio a Colón”, señala que antes de 12 de octubre de 1492 “América era un emporio de civilizaciones fabulosas y de gente feliz”.[51] También se insiste, y con el objetivo puesto en un más fácil acceso a los recursos naturales en que: “Nosotros los pueblos indios de Abya Ayala somos dueños milenarios de la tierra con títulos de la propiedad o sin ellos. PORQUE SOMOS LA MISMA TIERRA”.[52] El representante de la comunidad aymara de Potosí, Pablo Gonzáles Medrano, señaló en la misma línea que: “Los pueblos originarios somos hijos de la Tierra, no dueños de ella. Para nosotros es sagrada, no queremos explotarla sino convivir con ella para trabajarla cuidando la naturaleza con un desarrollo equilibrado para el bienestar común de la humanidad”.[53]

Muchos líderes indígenas de la región andina insisten en el equilibrio con la naturaleza, como si fuera esa la única solución posible (y mágica) para salir de la situación de atraso y pobreza en la que están inmersos sus pueblos. El dirigente indígena peruano, comunero según su definición, Javier Lajo, señaló que: “Si queremos recuperar el equilibrio entre los seres humanos y –de nosotros– con la Pachamama o Madre Natura; porque recorrerlo significa recuperar la sabiduría y la sapiencia de nuestros antepasados, y nada definitivo pasará en los Andes y en el mundo entero, si es que ese conocimiento sistematizado en milenios no se recupera; y mas aun debemos superarlo, porque ya han pasado 500 años de destrucción y deterioro de su funcionamiento”.

En algunos casos, incluso, se puede detectar un cierto racismo inverso: “los indios, estamos enseñando a los blancos colonialistas a vivir como seres humanos”.[54] Esta última afirmación está muy en la línea del discurso del ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, y su insistencia en la división entre “vivir bien”, como quieren los indígenas en armonía con la Pachamama, y el “vivir mejor”, propio de los blancos depredadores y explotadores de otros pueblos. Para Choquehuanca: “el desarrollo ha provocado que unos países vivan mejor que otros, mientras que los indígenas no buscamos vivir mejor, no buscamos que alguien viva mejor que otro, buscamos vivir bien porque mentir, explotar, atentar contra la naturaleza no es vivir bien, eso sólo permite vivir mejor”.[55] Sin embargo, el mismo Choquehuanca llegó a afirmar que el racismo no existía en las culturas originarias, cuyas lenguas no tienen siquiera una palabra que lo defina y que el racismo llegó con los conquistadores el 12 de octubre de 1492. Como consecuencia de ello, “Nosotros no somos racistas, la palabra raza no existe en nuestra cultura, no existe en las lenguas originarias”. En la misma línea Felipe Quispe afirmó que: “He investigado la palabra raza en quechua, guaraní, aymara y otras lenguas y no existe, eso quiere decir que no existió, no hubo raza, y quien la trajo fue Colón. Desde ese momento nos ven como inferiores y desde ahí existe el racismo”.[56] Esta idea de que el racismo no existe entre los pueblos indígenas está muy difundida entre los intelectuales y dirigentes indigenistas, así como en el discurso de ciertas ONG que los apoyan, y que de extremar el discurso colocaría a los indígenas en una situación clara de superioridad moral respecto a los occidentales y a la mayoría de las civilizaciones humanas.

El desarrollo del indigenismo sumado al populismo está conduciendo a un cierto revisionismo histórico, fuertemente idealizador del pasado indígena precolombino y de los valores éticos de los pueblos indígenas, superiores a los occidentales. En ocasión del altercado con el rey Juan Carlos en la Cumbre Iberoamericana de Santiago, Hugo Chávez señaló: “Estamos en un renacer de la historia. Antes de la conquista, hubo modelos económicos, modelos socialistas de los mayas, de los incas, etc...”.[57] Más allá de las grandes inexactitudes históricas de la afirmación, en consonancia con el objetivo bolivariano de construir el “socialismo del siglo XXI”, lo que se pone de manifiesto es el trazado de una línea divisoria, un parte aguas, fijada el 12 de octubre de 1492. Antes de ese día la paz, la concordia y la felicidad imperaban en la región. Como señaló en cierta ocasión David Choquehuanca en la Casa de América, en Madrid, entonces no había banderas en América y los indígenas podían circular libremente de una orilla a la otra del continente. Con posterioridad, sin embargo, todo cambió y aparecieron las guerras, la explotación, los imperios que sojuzgan a los pueblos conquistados, el racismo, el hambre, el expolio de los recursos naturales y todo de la mano del colonialismo.

Un objetivo no siempre explícito en todos los discursos relacionados con las reclamaciones indigenistas es la reivindicación del acceso de los pueblos llamados originarios[58] a la propiedad de la tierra y de los recursos naturales. Desde su perspectiva, todos esos recursos habrían sido sistemáticamente esquilmados por los occidentales, ya que hasta 1492 el equilibrio entre los pueblos nativos y su entorno era total y absoluto. En la actualidad, “la exploración y explotación de los recursos naturales es ejecutada con el apoyo de terrorismo de Estado, generando la violación permanente de los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad y el aniquilamiento de los pueblos indígenas”.[59]

Como ya se ha visto más arriba, en las reivindicaciones indigenistas es automática la asociación, claramente denigratoria, de la figura de Colón con cualquier reclamación de tipo étnico o popular. En la información suministrada por Telesur, el proyecto de televisión sudamericana impulsado por Hugo Chávez, la noticia acerca de la celebración del “Encuentro por la Victoria Histórica de los Indígenas del Mundo”, celebrado en La Paz el 12 de octubre de 2007, coincidiendo con los festejos del “Día de la Resistencia indígena”, se podía leer lo siguiente: “Con diversas actividades ecológicas, culturales, políticas, educativas y con el compromiso de fortalecer la unión, las comunidades aborígenes de toda América conmemoran este 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, al cumplirse 515 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Una gran movilización de los pueblos originarios, desde Estados Unidos hasta Argentina, se realizará este día, en expresión de rechazo a los modelos neoliberales que pretenden mantener vigente las ideas colonialistas y de dominación”.[60]

El canto al comunitarismo indígena también lo entonó el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera en una renuncia explícita de las ventajas que la ciencia y la educación podrían aportar al pueblo boliviano: “No vamos a poder competir con el mundo en tecnología, no vamos a poder competir en el mundo en capacidad financiera, pero sí podemos liderizar al mundo en capacidad comunitaria, en capacidad asociativa, esa es nuestra fuerza y es el comunitarismo que tiene que quedar consagrado en las formas institucionales, en las normas, en la Constitución Política del Estado, ya nunca más simulaciones, los bolivianos hoy tenemos que mirarnos ante el espejo y sentirnos orgullosos de lo que somos, y decirle al mundo, esto es lo que somos y si el mundo quiere aprender de nosotros, que aprenda, somos generosos para enseñar al mundo, y lo que podemos enseñar y lo que podemos exportar también, es este comunitarismo, es este asociativismo popular, indígena, campesino, urbano”.[61] Frente al empeño de algunos dirigentes bolivianos de presentar al “comunitarismo” como la gran ventaja competitiva de su país, valdría la pena recordar que una de las palancas del impresionante crecimiento económico de la India se basa en el potencial de sus ingenieros y su apuesta decidida por la educación, la tecnología y la sociedad del conocimiento.

De todos modos, en el conjunto de reivindicaciones indigenistas tenemos casi siempre presente la idea de “pueblos vencidos” por el colonialismo español junto a la demanda de “reparación”[62] que acompaña al concepto de dominación. Las discusiones en la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, más allá de las críticas de los sectores más radicales del indigenismo, han sido un altavoz excepcional de estas reivindicaciones y han impulsado la organización de estos colectivos y sus reivindicaciones políticas, culturales, religiosas, ling?ísticas y económicas. De esta manera, la idea de la “reparación debida” (y prácticamente obligatoria) ha ido aumentando de intensidad y es probable que en la coyuntura de los bicentenarios ésta se dirija directamente a España, su gobierno y sus empresas.[63] Es obvio que a las peticiones de reparación se unirán los pedidos de perdón por la explotación colonial, como muestra el artículo del mexicano Arturo Delgado Moya, “Australia pide perdón a nativos, y ¿España, cuándo?”.[64]

Al igual que ocurrió en el V Centenario, saldrá a relucir el genocidio de los indígenas durante la conquista, en vez de ponerse el acento en lo que supuso el proceso emancipador. “Indudablemente este terrible genocidio contra los pueblos indios comienza el 12 de Octubre de 1.492, con la ‘conquista española’”. Tras ella, “muchas decenas de millones de éstos fueron eliminados físicamente. Pero otros muchos millones más (los que no murieron) fueron esclavizados, explotados, despojados de sus tierras, de su cultura, de sus creencias, de sus paisajes... Y, cuando los indios iban desapareciendo (como en caso del Caribe, o en el Sur Norteamericano, o en amplias regiones de América del Sur), se comenzó a importar masivamente ‘mano de obra’proveniente de otro comercio perverso e inmoral que significó igualmente la muerte y los tormentos de otras muchas decenas de millones de humanos: el tráfico de esclavos africanos (...) Asimismo, habría que recordar aquellos galeones repletos del oro y la plata saqueadas en estas tierras amerindias, que durante siglos llevaban a las metrópolis imperiales riquezas por un valor que, actualizado, superaría ampliamente la sumatoria de toda la deuda externa actual de las naciones sur y centroamericanas”.[65]

Algunos grupos aymaras señalan que así como en EEUU e Israel la “promoción del orgullo étnico” tiene una gran importancia, ellos deberían hacer lo mismo. “En Israel, los niños judíos estudian no solamente la historia del Holocausto Judío sino también la historia de otros holocaustos como el Armenio. Lo mismo sucede en el caso de la comunidad Afro–Américana en los Estados Unidos que tiene un programa llamado ‘Mes de la Historia Negra’”. Por eso es importante “enseñar la historia y el holocausto del pueblo Aymara bajo políticas etnocidas que nos ha tocado vivir en los últimos quinientos años”, una política comenzada por el imperialismo inca, que “empezó imponiendo su lengua y cultura” y que continuó la conquista española. “La invasión europea acabó con cerca del noventa por ciento de nuestro pueblo durante los primeros años de la conquista”.[66]

Simultáneamente desde algunas posiciones, no de todas, se tiende a descalificar el esfuerzo español con el desarrollo de los pueblos indígenas. Ni siquiera se salva el aporte a la cooperación internacional en la materia: “El Embajador español [Iñigo del Palacio, en la Sexta Sesión del Foro Permanente para cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas] manifiesta un aumento significativo de los fondos destinados a la Cooperación Internacional para los Pueblos Indígenas, para nosotros estos fondos llevan un dardo envenenado, con la perdida de vidas humanas”.[67]

En esta misma línea son frecuentes algunas críticas a la cooperación española, como la realizada por el boliviano “Movimiento Pachakuti de Liberación”, de fecha 1 de junio de 2007, contra la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Pachakuti acusa a la AECI de mantener “servidores de primer orden como la ONG española Almáciga quien se hace notar en ‘todos’los encuentros internacionales donde están los indios y con dinero en los bolsillos para apaciguar los ánimos belicosos de algunos y con wisky incluido (como muestra de esta afirmación la representante de Almáciga sin rubor repartía wisky importado) en la fiesta del lago en Ginebra a todos los indios complacientes de su propina”.[68]

Conclusiones

La emergencia del populismo y la fuerte presencia del nacionalismo en la región, exacerbado todavía más por el primero, asociados a las conmemoraciones de los Bicentenarios de la independencia, suponen una serie de riesgos para España. En algunos casos, la presencia de reivindicaciones indigenistas, asociadas a los pueblos originarios, puede agravar las cosas. Para algunas interpretaciones cualquier iniciativa española con vocación de trascendencia en América Latina, como la “Ruta Quetzal”, patrocinada por el BBVA, puede ser objeto de crítica.[69] Sin embargo, como ya se ha señalado, los riesgos y su magnitud no son los mismos en todos los países y dependen básicamente de la coyuntura interna de cada uno de ellos, por más que en este trabajo se haya enfatizado la situación existente en aquellos países que tienen gobiernos populistas o el movimiento indigenista se ha mostrado más activo en sus reivindicaciones.

El riesgo más inmediato se desprende de una serie de embates contra la imagen de España y de sus empresas, de distinto origen y naturaleza, lo que si bien impide hablar de una cruzada orquestada y centralizada, sí permite identificar algunas campañas con un peso y una presencia mediática considerables. Así, las empresas encarnan el “nuevo colonialismo español”, que no para de realizar todo tipo de atrocidades en la región y de asociarse con golpistas, paramilitares e imperialistas. A esto hay que agregar que algunas fundaciones o instituciones españolas, que cuentan en su patronato con la presencia de las grandes empresas, como es el caso de la Fundación Carolina[70] o del Real Instituto Elcano, se convierten de este modo, de forma casi automática y con independencia de su labor concreta, en agentes propagandísticos al servicio del gran capital español y actúan, por lo tanto, en defensa de sus intereses.

El ataque contra la imagen de las empresas favorece procesos de renacionalización o reprivatización en beneficio de capitales nacionales, puestos en marcha en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina. En Nicaragua ya fueron afectados los intereses de Unión Fenosa, en Argentina los de Repsol YPF y los de Marsans (Aerolíneas Argentinas), ambos sujetos a procesos de “reargentinización”, aunque en el último caso el Estado argentino también amplió su paquete empresarial, y en Bolivia y Venezuela los de Repsol YPF.

El revisionismo histórico de los procesos de emancipación, asociados al indigenismo y sumados a las reivindicaciones de los autoproclamados “pueblos originarios”, podría derivar en diversas solicitudes del pago de compensaciones, tanto morales como materiales, por los más de 500 años de colonialismo español, o al menos por los tres siglos de presencia hispana en América. En algunos casos estos pedidos serán acompañados del llamamiento a España para que pida perdón a los indígenas por los daños causados por la conquista y colonización. En este sentido, la coyuntura de los Bicentenarios podría ser un momento ideal para hacer explícitos estos pedidos. Al mismo tiempo, el apoyo que por diversos mecanismos están prestando tanto España como la UE a las reivindicaciones indigenistas podría llevar a enajenarse el respaldo de otros grupos sociales (mestizos, criollos, etc.) en situaciones de alta polarización. Sería conveniente, en este sentido, una valorización más amplia de los apoyos españoles a los movimientos indigenistas y su significación. En realidad, la sociedad española no ha afrontado, ni siquiera ha comenzado a plantearse, una discusión de ese tipo. Por eso, uno de los principales aportes de España hacia los Bicentenarios latinoamericanos debería ser el de conocer más de cerca, y más en profundidad, todo aquello que ocurre en la otra parte de Iberoamérica.

Notas:

[1] Director de Cuadernos para la emancipación, http://www.rcci.net/globalizacion/2004/fg493.htm.

[2] El autor agradece los comentarios de Peter DeShazo, Miguel Hakim, Emilio Lamo de Espinosa, Josefina Martínez, Rogelio Núñez, Carlos Quijano, Jesús Rodríguez, Germán Rueda, Raúl Sanhueza y Pedro Vives.

[3] La construcción ex novo de las identidades latinoamericanas se hizo a costa de satanizar lo español de su identidad previa (los criollos eran españoles americanos, en contraposición a los españoles europeos que eran los nacidos en la Península). El sacrificio del componente hispano fue un largo y doloroso proceso que permitió definir a los criollos como los auténticos actores de la emancipación; véase Carlos Malamud, Sin marina, sin tesoro y casi sin soldados. La financiación de la reconquista de América, 1810–1826, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2007, pp. 32–34.

[4] El objetivo de aprovechar los festejos de los bicentenarios para potenciar y reforzar la Conferencia Iberoamericana debería ser analizado en este contexto. El riesgo es primar una vez más lo global sobre lo bilateral en relación con la política española hacia América Latina. Véase Carlos Malamud (coord.), “La política española hacia América Latina: Primar lo bilateral para ganar en lo global”, Informe Elcano nº 3, Real Instituto Elcano, 2005.

[5] En el mismo artículo se puede leer: “Con sus luces y sombras, nuestra novísima civilización es un actor relativamente benigno de la comunidad global. El bicentenario de su nacimiento se aproxima. Sin renunciar a la corrección de sus imperfecciones históricas, es hora de rendir tributo a su grandeza”. La Nación, 13/VI/2008, http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=1020997&origen=premium.

[6]http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bolivia/rica/acorrala/Evo/Morales/elpepuint/20080623elpepiint_1/Tes

[7] Casos de Venezuela, Bolivia y Argentina, por ejemplo. En Venezuela se está realizando una gran operación de revisionismo histórico en torno a la figura de Simón Bolívar y a la adjudicación de ciertas reivindicaciones, propias de la actualidad y no de principios del siglo XIX; en Bolivia se intenta reescribir la participación de los indígenas en el proceso de emancipación, insistiendo en su papel de relevante actor anticolonial; en Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha extremado las diferencias de los festejos del Centenario, manejado por la “oligarquía”, frente al Bicentenario, que tendría un carácter más nacional y popular.

[8] Uno de los éxitos de Hugo Chávez ha sido el de ubicar a Simón Bolívar como el máximo protagonista de la emancipación americana, incluso en una gran cantidad de países cuyas historiografías tradicionalmente no le reconocían al héroe venezolano el más mínimo papel en sus procesos de independencia.

[9] El 18 de mayo de 2007 Chávez dijo: “Como jefe de Estado, ruego a Su Santidad que ofrezca disculpas a los pueblos de nuestra América. Creo que es lo correcto ¿Cómo va a decir que vinieron, cuando vinieron con arcabuces, a evangelizar sin ningún tipo de imposición?”; agregó que con la conquista de América “ocurrió algo mucho más grave que el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y nadie puede negarlo, ni su Santidad puede negar el Holocausto aborigen en esta tierra”. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/05/19/internacionales/49162.

[10] Entre algunas de ellas, y sin ánimo de ser exhaustivo, se pueden mencionar las siguientes: Rebelión, www.rebelion.org; Aporrea, http://www.aporrea.org; Argenpress, http://www.argenpress.info; Ancol, http://anncol.eu; Ventana Bolivariana, http://www.ventanabolivariana.org.ve; El Militante, http://www.elmilitante.org; y Resumen Latinoamericano, http://www.nodo50.org/resumen.

[11] En mayo de 2007, ante la posibilidad de que la OEA condenara a su gobierno por su postura frente a Radio Caracas Televisión, el presidente Chávez amenazó con retirarse del organismo panamericano si se materializaba la condena (http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/01/internacional/1177983208.html).

[12] Por ejemplo, Jorge Mier Hoffman, en su artículo “Juicio a Colón” señala: “Colón no es sólo un personaje...! él simboliza el genocidio de más de 60 millones de nativos americanos en menos de 20 años, y la destrucción del acervo cultural de todo un continente...y esto no es exageración..!” (http://www.simon–bolivar.org/bolivar/juicio_a_colon.html).

[13] Dice Jorge Mier, “Gracias al símbolo de Colón surgieron los próceres de nuestra independencia: Washington, Bolívar, O?Higgins, San Martín, entre muchos otros, reivindicaron la justicia en América... Fueron nuestros próceres quienes derribaron las primeras estatuas de nuestros enemigos... por lo tanto es contradictorio, incomprensible e irracional, celebrar fechas patrias y simultáneamente elevar estatuas a los genocidas. ¿Cuál sería la reacción del pueblo judío si se erigiera una estatua de Hitler en una plaza de Israel?” (http://www.simon–bolivar.org/bolivar/juicio_a_colon.html).

[14] Evo Morales quiere instaurar el 12 de octubre como día de la Resistencia y Sabiduría Indígenas (entrevista de SoldePaz–Pachakuti a Javier Lajo, 25/IX/2006, en http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2006_2/pe_entrevist_j_lajo.html).

[15] Como ya se ha visto (véase la nota 6), a Hugo Chávez le gusta sobremanera la comparación entre la conquista española de América y el Holocausto y la figura de los conquistadores con Hitler. De este modo pretende realzar la crueldad de la conquista y la idea de exterminio total que según él la ha acompañado.

[16]http://www.elpais.com/articulo/internacional/Caracas/suspende/fiestas/honrar/invasores/espanoles/elpepuint/20050721elpepiint_13/Tes.

[17] Fernando Bossi, “A 180 años de la batalla de Ayacucho”, http://www.rcci.net/globalizacion/2004/fg493.htm. “Venezolanos, neogranadinos, ecuatorianos, rioplatenses, chilenos, guaraníes, peruanos y altoperuanos combatiendo juntos contra el poder colonial más temible de la época. Y se alcanzó la victoria. La fórmula: una ideología, el patriotismo revolucionario; un programa, la independencia y la república democrática; y una organización, la unidad popular pueblo–ejército. Dos proyectos... se enfrentaron en la Pampa de la Quinua; uno colonialista, elitista y conservador, el otro patriótico, popular y revolucionario. El Ejército Unido fue mucho más que una simple fuerza militar, el Ejército Unido era la expresión más acabada del instrumento de liberación que contenía en su seno el programa histórico de 300 años de resistencia y rebeldía. En Ayacucho el bando patriota no estaba compuesto por 5780 patriotas solamente, sino que eran muchos más. Allí también se dieron cita Cuauhtemoc, Lautaro, Rumiñahui, Guaicaipuro, Lempira, Santos Atahualpa, Tupac Amaru, Zumbi, Mackandal, Tiradentes, Leonardo Chirinos, L?Ouverture, Dessalines, Tupac Catari, Pedro Murillo, los comuneros de Nueva Granada, José María España, Pumacahua y tantos otros que habían dado su sangre por la independencia y la justicia”. Los dos proyectos se pueden sintetizar como sigue: “Proyecto Patriótico: independencia y unidad; confederación; democracia; república; ciudadanía, pueblo; moral y luces; justicia social; reparto de tierras; ejército popular, pueblo en armas; educación universal; proteccionismo y estímulo a la producción nativa; modelo endógeno; libertad de expresión; defensa de los recursos estratégicos; igualdad ante la ley. Proyecto Colonial: dependencia y regionalismo; localismos; despotismo; monarquía; aristocracia, nobleza; oscurantismo, inquisición; esclavitud, servidumbre; latifundio; ejército de ocupación; educación elitista; contrabando y monoproducción; modelo exógeno; censura y represión; entrega y depredación de los recursos naturales; privilegio, impunidad”.

[18] http://www.lagaceta.com.ar/vernota.asp?id_seccion=10&id_nota=244588.

[19] http://dignidadbolivariana.blogspot.com/2007/11/castro–xvii–cumbre–iberoamericana–el–da.html.

[20] http://www.infolatam.com/entrada/brasil_lula_defiende_la_democracia_de_ch–6020.html. En un reportaje a Der Spiegel (V/2008), Lula señaló que Chávez es “el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos cien años” y que “Las victorias de Hugo Chávez, Evo Morales en Bolivia y de otros, el último Fernando Lugo en Paraguay, son señales de avance democrático. Era hora de que fueran elegidos presidentes que provienen verdaderamente del pueblo” (http://www.clarin.com/diario/2008/05/10/um/m–01669157.htm).

[21] Carlos Aznárez es director de Resumen Latinoamericano. Vivió durante unos años en el País Vasco, donde fue colaborador activo de Pepe Rei y de la editorial Txalaparta, en la órbita de Batasuna. Actualmente vive en Argentina, donde también dirigió la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Su discurso favorece claramente las posturas de ETA y en contra del “Estado español”, con un tono que es frecuente encontrar en las páginas web alternativas y bolivarianas de América Latina y que estaría reforzado por los contactos entre ETA y las FARC.

[22]http://www.resumenlatinoamericano.org/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=25&lang. En un artículo titulado “La dignidad latinoamericana golpeó duro en la Cumbre a los colonialistas españoles”, agrega: “‘Se acabó la época de los Virreyes’, habrán pensado los jefes de Estado de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba y Ecuador, cuando en... la Cumbre Iberoamericana, tuvieron que sentir las palabras recriminatorias del Borbón español Juan Carlos, recriminando al jefe revolucionario Hugo Chávez que tuvo la ‘osadía’de llamar fascista al ex mandatario José María Aznar. Las verdades le dolieron a la delegación española y sobre todo, cuando Chávez puntualizó cada una de las maniobras que hizo el gobierno de Aznar al apoyar el golpe de Estado de abril de 2002... El fascista Aznar tuvo dos defensores de lujo, al salir el ‘socialista’Zapatero primero y luego el Monarca español, a exigirle al jefe bolivariano que se calle la boca y no agreda a su compatriota y hermano de ideas, en lo que a fascismo se refiere. Zapatero, refutando a Chávez pidió respeto para Aznar porque ‘había sido elegido con el voto de los españoles’”.

[23]http://www.congresobolivariano.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3968.

[24] http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/79324/(printversion)/1. Morales también señaló: “Hasta finales de la Segunda guerra mundial, Europa fue un continente de emigrantes. Decenas de millones de europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar de las hambrunas, las crisis financieras, las guerras o de los totalitarismos europeos y de la persecución a minorías étnicas... A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos, Y. lo siguen siendo, en nuestros países... que absorbieron... la miseria económica europea y sus crisis políticas. Vinieron a nuestro continente a explotar riquezas y a transferirlas a Europa, con un altísimo costo para las poblaciones originales... Como en el caso de nuestro Cerro Rico de Potosí y sus fabulosas minas de plata que permitieron dar masa monetaria al continente europeo desde el siglo XVI hasta el XIX. Las personas, los bienes y los derechos de los migrantes europeos siempre fueron respetados... Paralelamente, la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un ‘Acuerdo de Asociación’que incluye en su tercer pilar un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos... ¿Dónde está la ‘seguridad jurídica’para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa? Promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras en frente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos que trataron de circular libremente. Eso es negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos... Los problemas de cohesión social que sufre Europa no son culpa de los migrantes, sino el resultado del modelo de desarrollo impuesto por el Norte, que destruye el planeta y desmiembra las sociedades... A nombre del pueblo de Bolivia, de todos mis hermanos del continente regiones del mundo como el Maghreb, Asia y los países de África, hago un llamado a la conciencia de los líderes y diputados europeos, de los pueblos, ciudadanos y activistas de Europa, para que no se apruebe e1 texto de la ‘directiva retorno’. Tal cual la conocemos hoy, es una directiva de la verg?enza. Llamo también a la Unión Europea a elaborar, en los próximos meses, una política migratoria respetuosa de los derechos humanos... y que repare de una vez por todas la tremenda deuda histórica, económica y ecológica que tienen los países de Europa con gran parte del Tercer Mundo, que cierre de una vez las venas todavía abiertas de América Latina. No pueden fallar hoy en sus ‘políticas de integración’como han fracasado con su supuesta ‘misión civilizatoria’del tiempo de las colonias”.

[25]http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=design/especiales.tpl.html&newsid_obj_id=11853.

[26] http://www.sigloxxi.com/index.php?link=noticias&noticiaid=21129.

[27] http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7464000/7464867.stm.

[28] http://www.larepublica.es/spip.php?article11510.

[29] La ley definía como inmigrante a “todo extranjero honesto y apto para el trabajo, que se traslade a la República Oriental del Uruguay, en buque de vapor o de vela, con pasaje de segunda o tercera clase, y con ánimo de fijar en ella su residencia” (http://alhim.revues.org/document1412.html).

[30] http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2006_05_01_archive.html.

[31]http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200608/06.08.06.InstalaAC–Alvaro.html. En el mismo discurso añade: “hoy hemos asumido el reto histórico de resolver deudas históricas, deudas centenarias, deudas seculares que han hecho sangrar y han dividido nuestra patria, y hay que decirlo... esto es posible únicamente a la presencia, al liderazgo del movimiento indígena popular que ha asumido la cabeza de la patria y que ha extendido sus brazos para convocar a todos, a indígenas y no indígenas, a mestizos, a profesionales, a empresarios, a construir juntos una patria que nos beneficie a todos. Es el movimiento indígena el que nunca fue tomado en cuenta, el que siempre fue despreciado, el que siempre fue maltratado, ese mismo es el que hoy nos abre sus brazos generosamente y nos convoca a la patria a caminar juntos. Si no estuviéramos ante este liderazgo de los pueblos indígenas, Bolivia, seguiría arrastrando sus deudas, arrastrando sus conflictos, arrastrando sus confrontaciones”.

[32] http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=1013476&origen=premium.

[33] “En todos estos años de larga historia, muchos han sido los fracasos que hemos tenido los argentinos, desencuentros y enfrentamientos, pero pudimos liberarnos. Tal vez ellos lo hicieron con su sangre, del coloniaje territorial y político de las grandes metrópolis, pero tal vez en estos años que han corrido desde la historia, habían venido otros coloniajes, tal vez más sutiles, tal vez más imperceptibles que los militares o los territoriales. La colonización de las ideas, del pensamiento nos convencieron a los argentinos que no podíamos. Nos hicieron creer que debía importarnos más lo que opinaban desde afuera que lo que creía nuestro pueblo de las dirigencias; nos hicieron creer que había que aplicar recetas creadas en no sé qué laboratorios económicos y políticos que, finalmente, como no podía ser de otra manera, nos encontraron a todos alumbrando el siglo XXI, en ese 2001 que todos queremos olvidar, casi estallándonos el país en nuestras manos. Nos habíamos quedado únicamente con los símbolos y el territorio, se nos habían llevado el trabajo, se nos habían llevado las industrias, los comercios, la dignidad de nuestros jubilados, nuestras economías regionales estaban devastadas, nuestros maestros, médicos y estatales cobraban en papelitos de distintos colores, también se nos habían robado la memoria, la verdad y la Justicia” (discurso en Salta, 25/V/2008, http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3386).

[34] http://hernanmontecinos.blogspot.com/2007/11/discurso–de–daniel–ortega–en–la–cumbre.html.

[35] http://hernanmontecinos.blogspot.com/2007/11/discurso–de–daniel–ortega–en–la–cumbre.html.

[36] Véase, por ejemplo, el libro de Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo, Los nuevos conquistadores, Ed. Foca, Madrid, 2002.

[37]http://www.unanima–international.org/spanish/docs/Respuestaindiaalaintervenci%C3%B3ndelEmbajadorRepresentantedeEspa%C3%B1a.doc.

[38] http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=6023.

[39] Alberto Pinzón Sánchez, en “El neo–colonialismo español y el estatus de beligerancia”, desarrolla un punto de vista cercano a las FARC, especialmente en lo relativo al canje humanitario; véase http://wordsinresistance.wordpress.com/2008/03/01/alberto–pinzon–sanchez–el–neo–colonialismo–espanol–y–el–estatus–de–beligerancia/. El “desembarco” español en México es analizado del mismo modo: “Hace diez años el comercio entre México y España no pintaba gran cosa: apenas... 1.500 millones de dólares –nada frente a los más de 100 mil millones... del comercio bilateral con EEUU–, y siempre con saldo positivo para México. Hoy España es la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa... El comercio bilateral supera los 6 mil millones de dólares, aunque ahora con saldo deficitario para México (puro saqueo y usura bancaria); todo con el aval... del gobierno de Felipe Calderón... La invasión es avasallante: Centenares de empresas españolas ganan terreno... debido a las enormes facilidades que los gobiernos panistas les han brindado en todos los sectores de la economía... Esta ‘reconquista española’o ‘nueva colonización’... muestra ya sus primeros signos: conculcación de derechos laborales de trabajadores mexicanos, destrucción de áreas naturales, ganancias de usura en servicios bancarios... Iberdrola, Mapfre, Telefónica, Repsol YPF, CAF, Isoluxcorsan, Proactiva, Aena, Eulen, Enersis, Dragados, Unión Fenosa, Gas Natural, Endesa, Prisa, Seat, BBVA, Santander, Sol Meliá, Iberostar, NH, Barceló y Zara (y la nueva super–estrella gallega, Grupo Energético del Sureste de los Mouriño) entre otras, son emporios españoles con una fuerte presencia en México. Esta lista es sólo una pequeña parte de las casi mil empresas ibéricas que operan en el país. Está formada por trasnacionales que, en los últimos años, han invadido casi todos los sectores económicos de México y América Latina... Prácticamente no hay espacio en la vida cotidiana... en el que no estén presentes. En el mundo editorial la presencia... es contundente [y]... dominan el mercado del libro... Cualquier aficionado a la lectura ha tenido en sus manos títulos... de Planeta, Tusquets, Anagrama, Trillas, Grijalbo, Seix Barral o Santillana. Ésta última, del Grupo PRISA, es propietaria de los sellos Alfaguara, Aguilar, Taurus, Richmond, Crisol y Altea. Pero no sólo mediante Santillana se hace presente en México dicho grupo. Además de su publicación insignia, el diario El País –de tiraje menor en México, pero con más lectores cada vez–, es copropietaria con Televisa –al 50% cada una– del sistema Radiópolis. Por impedimentos constitucionales... Repsol YPF sólo ha podido dedicarse a la distribución y comercialización de gas natural, aunque... por la vía de los Contratos de Servicios Múltiples, incursionó en la producción y desarrollo de campos de gas... Repsol YPF participa a través de... Gas Natural en la distribución...; tiene más de 1 millón 100 mil clientes... en la Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo, Toluca y varias ciudades del Bajío” (http://www.revistaelquijote.com/modules.php?name=News&file=print&sid=744).
[40]http://www.unanima–international.org/spanish/docs/Respuestaindiaalaintervenci%C3%B3ndelEmbajadorRepresentantedeEspa%C3%B1a.doc.

[41] Luis Miguel Busto Mauleón, “El nuevo colonialismo español”, http://www.revistapueblos.org/spip.php?auteur229.

[42] Una visión contrapuesta de la inversión española en América Latina y su repercusión en las economías y las sociedades de la región la da Ramón Casilda, La gran apuesta. Globalización y multinacionales españolas en América Latina, Granica, Madrid, 2008.

[43] L.M. Busto Mauleón, “El nuevo colonialismo...”, http://www.revistapueblos.org/spip.php?auteur229.

[44]http://www.unanima–international.org/spanish/docs/Respuestaindiaalaintervenci%C3%B3ndelEmbajadorRepresentantedeEspa%C3%B1a.doc.

[45] http://www.katari.org/archives/repsol–ypf–en–bolivia. En la misma nota: “Al no contar con una política de relacionamiento con los pueblos indígenas que salvaguarde sus derechos, REPSOL YPF en Bolivia, atenta los derechos humanos de las comunidades indígenas, atenta también los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales y leyes nacionales por lo que está comprobado que REPSOL YPF no ha respetado el derecho a la consulta y el derecho a la compensación justa. En Bolivia REPSOL YPF incumple las leyes nacionales como lo es el Convenio 169 de la OIT que es ley de la República desde 1991. También... se está resistiendo a cumplir la nueva Ley de Hidrocarburos donde se han establecido de manera más precisa cómo debe ser el comportamiento de las empresas petroleras en territorios indígenas y áreas protegidas. Para obtener sus permisos ambientales, REPSOL YPF no ha actuado con la rigurosidad científica necesaria que garantice que su accionar no va a ser nocivo al medio ambiente, interviene áreas protegidas como el Aguarag?e sin realizar de manera previa, los estudios científicos pertinentes que permitan garantizar la integridad de los ecosistemas”.

[46] “Repsol opera en Arauca en consorcio con la transnacional estadounidense Oxy... Se beneficia sin escrúpulos de los efectos que el terror paramilitar, integrado en la estrategia represiva del Estado, ha introducido en la sociedad araucana: el desalojo forzoso de población campesina e indígena que residía en la vecindad de los futuros campos o de los oleoductos, o el debilitamiento de las voces críticas a la actuación de las petroleras, entre ellas las de las comunidades indígenas, U?was y Guahibas, que se han declarado repetidas veces contrarias a las operaciones en sus territorios, las de los activistas sindicales... o las de [los]... líderes sociales que abogan por un mayor reparto social de las riquezas generadas por el petróleo. Repsol se introdujo en Arauca en asociación con la Oxy, compañía que sostiene un historial de apoyo y financiación a las unidades militares más vinculadas a violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la XVIII Brigada del ejército, a la que Repsol también financia a través de convenios de seguridad. Hay que resaltar... la coincidencia espacial y temporal entre la actividad... de Repsol y el accionar de grupos paramilitares, así en torno al campo de Capachos es donde se están produciendo últimamente las más graves violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el paramilitarismo”, en “Colombia se desangra, Repsol se enriquece. Los vínculos entre la transnacional española y los paramilitares”, http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=2717&entidad=Articulos. “Las operaciones de Repsol en Arauca ocasionan... desastres medioambientales asociados... a los derrames de crudo y al uso desmedido de recursos naturales limitados, como... el agua usada para la extracción, que termina contaminada y desechada en lagunas y corrientes cercanas a los campos. En algunos casos se acaba destruyendo los ecosistemas locales, como... con la laguna de Lipa” (http://internacionalistas.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=98).

[47] http://internacionalistas.net/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=98.

[48] L.M. Busto Mauleón, “El nuevo colonialismo...”, http://www.revistapueblos.org/spip.php?auteur229.

[49]http://www.resumenlatinoamericano.org/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=25&lang. Del discurso de Daniel Ortega: “Del año 90 al 2006, llegaron las inversiones [extranjeras]... ?No nos engañemos! El inversionista no va a un país empobrecido a ayudar, ese es el cuento, venimos a ayudar ?no! Llega a hacer dinero. No veo a un inversionista colocando plata donde va a perder...; el inversionista coloca plata donde va a ganar, donde más rápidamente pueda sacar utilidades y no para dejarla en el país, sino para llevárselas. Esa es la historia de las inversiones en América Latina. Así son los inversionistas, y dicen, ?estamos perdiendo! El inversionista que empieza a perder ?se va! así de sencillo, el inversionista no juega con su plata. Sin pedirle permiso al pueblo nicarag?ense... Nosotros hemos sido invadidos por los yanquis desde el siglo antepasado... Yo no veo a la Empresa Privada dominando áreas... fundamentales para el desarrollo de un país. Las telecomunicaciones en Nicaragua, grandes utilidades le dejaban al Estado nicarag?ense para utilizarlas en programas sociales, para desarrollar programas como los que aquí nos están contando. Dejaba grandes utilidades cuando estaba en manos del Estado. Vino la ola privatizadora con los Gobiernos peleles, que nos impusieron a partir de 1990, y... llegaron tranquilamente, telefónicas de diferentes países, mexicanas, españolas, alegremente, a hacer el negocio de la vida. ?Si yo tuviera la capacidad económica que tiene Venezuela! Recuperábamos ya, Hugo (Chávez), esas empresas, y tal vez dentro del ALBA nos ponemos de acuerdo para recuperarlas, porque si uno trata de defenderse de estos tiburones, ?a la vez tienen sus mecanismos! Porque están los mecanismos a los que obligan a esos Gobiernos peleles a aceptar, y son estos mecanismos de arbitraje internacional, donde ?ese es un pleito perdido! Privatizaron en Nicaragua la distribución de energía, te lo comentaba ayer José Luis, y le decía también a Su Majestad, que le hice una llamada cuando se encontraba en China, con el tema de Unión Fenosa; desgraciadamente Unión Fenosa, una empresa española y no es culpa tuya, no creo que vos tengás acciones en Unión Fenosa, mucho menos Su Majestad, o el Canciller Moratinos... (En este momento se retira Juan Carlos de Borbón del salón de sesiones). Esa empresa española, llega a Nicaragua, dice que a ayudar para que la energía llegue a todo el país, que va a controlar el precio de la energía; llegó con los Gobiernos peleles. Nosotros no hubiéramos dejado entrar a Unión Fenosa, no hubiéramos entregado la distribución. Igualmente, entregaron el 47% de la generación, ¿Qué compraron los inversionistas? No compraron las empresas generadoras que estaban en mal estado, ¿quién las va a comprar? estaban en manos del Estado ?esas no las compraron! Compraron, en medio de actos de corrupción, las empresas generadoras que estaban en buen estado, donde podían sacar utilidades y ganar en un año lo que estaban dando por la empresa. Sacaron lo que habían invertido y luego, ?lo que han continuado ganando por años! Toda una mafia, esa es una actitud mafiosa, prácticas gansteriles dentro de la economía global, de la que son víctimas nuestros países, por culpa de los peleles, ?no de los pueblos! porque ellos no son consultados, Nicaragua no ha sido consultado con estas privatizaciones... Nicaragua no hace una sola inversión en energía, mientras esté Unión Fenosa, porque ésta ?no le paga a los generadores!... Luego, el estado de opinión en el país es terrible en contra de Unión Fenosa, el 90%; y me cuestionan y me critican, porque no terminamos de asumir Unión Fenosa, de una u otra forma ?no quieren verlos! y en Nicaragua, nadie está diciendo que es España” (http://hernanmontecinos.blogspot.com/2007/11/discurso–de–daniel–ortega–en–la–cumbre.html).

[50] L.M. Busto Mauleón, “El nuevo colonialismo...”, http://www.revistapueblos.org/spip.php?auteur229.

[51] http://www.simon–bolivar.org/bolivar/juicio_a_colon.html.

[52]http://www.unanima–international.org/spanish/docs/Respuestaindiaalaintervenci%C3%B3ndelEmbajadorRepresentantedeEspa%C3%B1a.doc.

[53] http://www.aborigenargentino.com.ar/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=31.

[54] Entrevista de SoldePaz–Pachakuti a Javier Lajo, 25/IX/2006, http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2006_2/pe_entrevist_j_lajo.html.

[55] http://www.vivamerica.com/noticia/la–tierra–esta–herida–de–muerte/37/. Un desarrollo más completo de la postura de Choquehuanca se puede leer en las Actas de la III Conferencia Nacional Italia América Latina y el Caribe, celebrada en octubre de 2007 (http://www.conferenzaitaliaamericalatina.org/public/it/file/conferenza/Choquehuanca.pdf).

[56] http://www.la–razon.com/versiones/20061012_005692/nota_250_343569.htm.

[57]http://www.pumhalavozdelmonte.com.ar/POR%20QUE%20NO%20TE%20CALLAS,%20REYES,%20IMPERIOS,%20GENOCIDIOS%20Y%20ALGO%20MAS.htm.

[58] La condición de originarios es un intento premeditado de falsear la realidad. Por más que los actuales indígenas sean descendientes directos de los existentes en esos mismos territorios cuando comenzó la conquista europea, habría que recordar que esos pueblos originarios ocuparon esos territorios después de expulsar o conquistar a otros pueblos que previamente habían hecho lo mismo, y así hasta el origen del hombre en el continente americano. Por tanto, ¿quiénes son los pueblos originarios?

[59]http://www.onic.org.co/img_upload/32447e24df750af8bca30b4cc9c87a96/documento_politico.doc.

[60] http://www.diariocolatino.com/es/20071012/internacionales/48061/.

[61]http://abi.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200608/06.08.06.InstalaAC–Alvaro.html.

[62] Entrevista de SoldePaz–Pachakuti a Javier Lajo, 25/IX/2006, http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2006_2/pe_entrevist_j_lajo.html.

[63] Frases como ésta serán cada vez más frecuentes en los meses venideros: “Si bien es cierto que no se puede culpar directamente a los actuales pueblos de dichas ex potencias coloniales, ni a sus actuales gobiernos, por los terribles crímenes cometidos por quienes dirigieron esos Imperios muchos años atrás, también es cierto que, por aquello de "la continuidad jurídica del Estado", Su Majestad el Rey Don Juan Carlos de Borbón, como continuidad actual de la monarquía española, en alguna medida carga sobre sus espaldas una suerte de "herencia moral" con respecto a los genocidios cometidos por sus antecesores” (http://www.pumhalavozdelmonte.com.ar/POR%20QUE%20NO%20TE%20CALLAS,%20REYES,%20IMPERIOS,%20GENOCIDIOS%20Y%20ALGO%20MAS.htm).

[64] http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=194702. Delgado Moya recuerda la actitud del primer ministro australiano, Kevin Rudd, quien dijo en el Parlamento, ante los representantes indígenas: “pedimos disculpas por las leyes y políticas de sucesivos parlamentos y gobiernos que causaron gran daño, sufrimiento y pérdida a estos compatriotas nuestros australianos”. Y a continuación nuestro autor agrega que “reconocer las atrocidades cometidas en nombre de la civilización occidental, como es el caso que nos ocupa, resulta motivante para el análisis de otros casos semejantes del colonialismo europeo occidental sobre los pueblos de América, tal es el caso mexicano, peruano y brasileño, sólo por mencionar algunos”, para preguntarse finalmente “¿cuándo los reyes de España y el Papa del Vaticano, pedirán perdón a nuestros pueblos, por la crueldad de su conquista y colonización? Recordemos que Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por la crueldad de la Santa Inquisición dirigida desde el Vaticano”.

[65]http://www.pumhalavozdelmonte.com.ar/POR%20QUE%20NO%20TE%20CALLAS,%20REYES,%20IMPERIOS,%20GENOCIDIOS%20Y%20ALGO%20MAS.htm.

[66] Waskar Ari Chachaki, Fundador de la Fundación Kechuaymara y miembro de la Fundación Indígena Amauta, “Globalismo democrático y el futuro del pueblo aymara” http://www.nativeweb.org/papers/indiconf2001/ari.html.

[67]http://www.unanima–international.org/spanish/docs/Respuestaindiaalaintervenci%C3%B3ndelEmbajadorRepresentantedeEspa%C3%B1a.doc.

[68] http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=6023.

[69] Así, “Para justificar el abominable genocidio, el rey Juan Carlos de Borbón creó la “La Ruta Quetzal”, que es “un Programa de Adoctrinamiento para justificar ante la historia el ‘Descubrimiento de América’” (http://www.simon–bolivar.org/bolivar/juicio_a_colon.html).

[70] Para algunas de las interpretaciones más corrientes, la política de expansión empresarial “se concreta en la llamada Fundación Carolina, nacida en el año 2000, y que agrupaba a las 24 multinacionales españolas más importantes” (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22318).

UN PODER PARALELO: EL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA

2009-06-10T14:09:00.002-05:00

Luis Esteban G. Manrique

El narcotráfico ha contribuido sustancialmente al aumento de la criminalidad, generando corrupción, violencia y desestabilización política. En 10 de los 13 países que ofrecen datos comparativos fiables, las tasas de delincuencia aumentaron cuatro o seis veces en los años noventa. A medida que la autoridad de los gobiernos ha disminuido, amplias zonas urbanas y rurales se han convertido en áreas vedadas para la policía, donde los barones de la droga imponen su sistema de control político, recolectando impuestos y estableciendo toques de queda, reclutamientos y requisas forzosas.

En el Caribe y Centroamérica, pequeños países insulares se han convertido en punto de trasbordo para la droga y refugio para organizaciones que dirigen redes de prostitución, contrabando de inmigrantes, falsificación, desviación de mercancías y otras actividades delictivas con un mínimo de interferencia estatal. Toda la región ha sido inundada por las vastas cantidades de dinero proveniente del narcotráfico, que se introduce en el sistema financiero y proporciona los medios para corromper a funcionarios, la policía y el ejército. A su vez, la impunidad criminal intimida a la sociedad civil y los costes sociales y económicos de la inseguridad afectan las inversiones extranjeras por la destrucción de infraestructuras y la demanda adicional de servicios de protección. Según el Banco Mundial (BM), la violencia delictiva le cuesta a América Latina más de 30.000 millones de dólares anuales. En Brasil las pérdidas relacionadas con el crimen llegan a los 7.000 millones de dólares anuales, el 1% del PIB. En Colombia podría llegar al 13% si se suma el gasto militar y policial.

Dirk Kruijt, coeditor con Kees Kooning de Armed Actors: Organized Violence and State Failure in Latin America, cree que la violencia ha adquirido una variedad y dimensiones que antes no tenía, donde se entrecruzan el carácter delictivo de la actividad de las fuerzas de seguridad estatales, los conflictos interétnicos y la “limpieza social” de elementos marginales. En algunos casos, las mafias policiales y de los servicios de inteligencia llegaron a controlar el aparato del Estado, como ocurrió en el Perú de Fujimori y Montesinos, cuando el 70% del presupuesto del Servicio Nacional de Inteligencia se asignaba a gastos reservados que financiaban operaciones de tráfico de armas y drogas y de extorsión.

En 1997 un estudio del BM sobre la criminalidad en América Latina mostró que los delincuentes basan sus decisiones en una especie de análisis de coste-beneficio: calculan los potenciales beneficios de un delito en relación a los costes y riesgos de cometerlo y la probabilidad y severidad del castigo. Si la industria del secuestro en países como Colombia o México es un indicativo fiable de esa teoría, entonces las bandas han concluido que el crimen es extremadamente lucrativo y las consecuencias penales escasas. En Argentina las investigaciones encontraron que las evidencias de colusión en el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en 2004, que provocó manifestaciones masivas en Buenos Aires contra la corrupción policial, llegaban hasta el propio jefe de la división antisecuestros. En México, el “zar antidrogas”, general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue detenido en 1997 cuando se demostraron sus vínculos con el cártel de Tijuana. Gutiérrez ponía a su disposición bases militares y enviaba a sus tropas a secuestrar y asesinar a miembros de bandas rivales. Una de las más peligrosas hoy en México –“los Zetas”, que operan en la frontera con EEUU– está integrada por ex comandos del ejército entrenados en la lucha antinarcóticos.

Entre 1960 y 1980, el terrorismo de Estado, las guerrillas y la lucha contrainsurgente convencional fueron el principal rasgo de la violencia organizada. Con las transiciones democráticas, muchos esperaban que los gobiernos elegidos restauraran el imperio de la ley. Sin embargo, más de dos décadas después, la violencia que surge de una variedad de “actores armados” (milicias irregulares, mafias del narcotráfico, bandas urbanas y fuerzas paramilitares), sigue marcando la vida social y política de gran parte de la región. En Río de Janeiro, alrededor de 6.000 niños y adolescentes trabajan como “soldados” en las guerras entre bandas rivales, un número comparable a los conflictos tribales en el África subsahariana (Liberia y Sierra Leona). El motivo es simple: según la ley, los menores no pueden ser procesados. Según Amnistía Internacional (AI), en Brasil mueren dos veces más jóvenes a causa de homicidios que de accidentes de tráfico: la tasa entre menores de 25 años es de 52,2 por 100.000 habitantes, frente al 13,2 en EEUU y el 2,1 en Italia. Y el 93% de las víctimas son varones.

Todo ello ocurre muchas veces ante un “apagón” informativo. La región se ha convertido en una especie de campo minado para el ejercicio del periodismo debido, en parte, a los ataques del crimen organizado y del narcotráfico. Las frecuentes amenazas, atentados y asesinatos han propiciado el resurgimiento de la autocensura en países que lucharon durante décadas contra el silencio impuesto por las dictaduras. Colombia tiene un récord trágico: 28 periodistas fueron asesinados en la última década. Según denuncia Ramón Cantú, editor en jefe de El Mañana, de Nuevo Laredo (México), su ciudad se ha convertido en un campo de batalla de los cárteles de la droga: en 2005 hubo 182 muertes violentas y 128 en lo que va de año. Ese diario fue atacado en marzo con granadas y disparos después de publicar una foto de presuntos miembros de un cártel del narcotráfico local.

La industria del secuestro

Kroll Associates, una compañía de seguridad de Nueva York, estima que la mitad de los secuestros mundiales se producen en América Latina. Colombia es el líder indiscutido del sector: Kroll calcula que en 2003 ocurrieron 4.000 secuestros (2.043 según el Gobierno de Bogotá), mientras México está en segundo lugar (con 3.000 casos), seguido de Argentina (2.000). Incluso en Brasil, con una población que casi duplica a la de México, el número de secuestros es la tercera parte. Pero mientras en Colombia la tendencia es declinante, en México va en ascenso: las principales víctimas están entre las prósperas comunidades de origen español, libanés y judío, aunque el fenómeno se está extendiendo a la clase media alta, a la que se exige rescates de unos 100.000 dólares de media. El Gobierno mexicano alega que los secuestros bajaron de 568 en 2001 a 531 en 2003. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, una organización privada, señala que cerca de 4.000 personas fueron secuestradas entre 1997 y 2003, una media de 571 al año. Pero estos fueron los casos denunciados. Muchas familias no lo hacen por miedo a unas fuerzas de seguridad corruptas, algunos de cuyos miembros están implicados en los secuestros. Lo peor es la impunidad: según estimaciones oficiales, sólo un 75% de los crímenes son denunciados ante la policía en México. En Brasil únicamente el 8% de los 50.000 asesinatos cometidos cada año son sometidos a un proceso judicial completo.

Según el Latinobarómetro, sólo uno de cada tres ciudadanos en los 18 países de la región expresa su confianza en la policía (Chile es la excepción, con el 60%). En 2003, unos 23.000 policías (casi la mitad del total) de la provincia de Buenos Aires, donde la tasa de delitos se ha duplicados desde 1991, estaban siendo investigados y 4.000 juzgados por corrupción o abuso de autoridad. En México, un 75% de los encuestados declara no tener ninguna confianza en las autoridades judiciales. Otro dato preocupante es que el ensañamiento con las víctimas de los secuestros ha llegado a una vesania sin precedentes, con torturas y mutilaciones cada vez más frecuentes. Los analistas de seguridad creen que ello se debe a una especie de “guerra de clases”, en la que los secuestradores, provenientes de los estratos más bajos de la sociedad, convierten a sus víctimas en un objeto de venganza social.

Ningún país se ha visto libre de la plaga de la violencia, independientemente de la orientación política de sus gobiernos. Incluso en Chile, el país menos afectado por el fenómeno junto a Uruguay y Costa Rica, la presidenta Michelle Bachelet ha anunciado que endurecerá las medidas para frenar la delincuencia. Las críticas de la oposición se han intensificado después del robo sufrido por la presidenta de la Democracia Cristiana, la senadora y ex candidata presidencial Soledad Alvear, cuya casa fue asaltada por delincuentes mientras se encontraba leyendo en una de las habitaciones. Pocos días antes, otro robo domiciliario afectó al presidente del Tribunal Supremo.

A pesar de las políticas sociales financiadas con el dinero del petróleo, Venezuela ha registrado una media de casi 10.000 homicidios anuales desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. La tasa actual, 37 muertes por 100.000 habitantes, es más del doble de la de los años noventa. La cifra de 2003 fue de 11.900. Caracas siempre ha sido una ciudad peligrosa, pero la situación ha empeorado en los últimos cinco años. Las estimaciones varían por la opacidad de las instancias oficiales, pero la mayoría de los analistas estiman que desde 2001 los secuestros se han cuadruplicado, llegando a casi 300 por año, mientras los homicidios casi se han duplicado. En 2005 hubo numerosos casos de agentes de la policía y la Guardia Nacional implicados en secuestros, narcotráfico y asesinatos. En el Estado de Guarico, por ejemplo, el gobernador ha sido acusado de estar vinculado a escuadrones de la muerte dirigidos por la policía. En agosto del año pasado la oficina de la Secretaría de Justicia informó que se estaba investigando a 5.997 policías por muertes “cuestionables” en el ejercicio de sus funciones entre enero de 2000 y julio de 2005. Sólo 88 fueron encontrados culpables.

En septiembre de 2005 Chávez firmó una ley de defensa que convierte la “preservación de la República Bolivariana” en misión militar y crea una Reserva Militar y una Guardia Territorial que responderán directamente al presidente y entrenarán y suministrarán armas a cerca de 2,8 millones de venezolanos para operaciones de “resistencia” ante cualquier agresión interna y/o externa. Para ello, ha comprado a Rusia 100.000 fusiles de asalto AK-47. La población cubana está armada y en Costa Rica es bastante normal que haya armas de fuego en las casas. Pero ambos países poseen sistemas de fuerte control social, en el primer caso por el partido de Estado y en el otro por un sentimiento democrático, similar al de Suiza o Israel, donde los reservistas del ejército tienen sus armas reglamentarias en sus casas. Distribuir armas a una población que nunca las ha tenido es, cuando menos, imprudente. Chávez no va poder garantizar que esas armas no terminen en manos indeseables: Venezuela tiene miles de kilómetros de fronteras poco resguardadas por las que se terminarán filtrando dichas armas.

Las “maras” centroamericanas

En Centroamérica la situación es grave por la proliferación de las “maras”, bandas juveniles que derivan su nombre de la “marabunta”, una voraz plaga de hormigas que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Esa metáfora no es exagerada: en diciembre de 2004 unos pistoleros abrieron fuego contra un autobús en Chamalecón, Honduras, matando a sus 28 pasajeros sin ninguna razón aparente. Los atacantes eran miembros de la “Mara Salvatrucha” –o MS-13– que con esa matanza enviaba un mensaje al Gobierno sobre lo que podía ocurrir si continuaba su ofensiva contra sus miembros. Unos meses después, la policía estadounidense detuvo a los presuntos planificadores del ataque en Tejas.

El ex presidente hondureño Ricardo Maduro, el salvadoreño Tony Saca y el guatemalteco Óscar Berger fueron elegidos en gran parte por basar sus campañas en la “tolerancia cero” contra las bandas, que en el istmo centroamericano podrían sumar entre 70.000 y 100.000 “mareros”. En 2004 la tasa de homicidios fue de 46 por 100.000 en Honduras, 41 en El Salvador y 35 en Guatemala, frente a los 5,7 de EEUU y los casi 12 de México. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el coste de la violencia en El Salvador en 2003 fue de 1.700 millones de dólares, el equivalente al 11,5% del PIB. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es aún más pesimista: según sus cálculos, el PIB per cápita de la región sería un 25% más alto si la tasa de criminalidad fuera similar a la media mundial. En El Salvador y Guatemala el problema se agravó desde el fin de sus guerras internas, entre otras razones por el mercado negro de armamento que dejaron los conflictos y la política de deportación de EEUU de los delincuentes extranjeros detenidos en su territorio. Muchos de esos deportados provienen de los barrios marginales de Los Ángeles y otras ciudades de EEUU en las que mantienen amplias redes dedicadas a suministrarles armas y vehículos robados a cambio de drogas. Fuentes policiales estiman que la MS-13 tiene alrededor de 5.000 miembros sólo en la zona de Washington DC.

Las autoridades policiales de EEUU muchas veces se limitan a poner en la frontera a los deportados sin informar sobre sus antecedentes penales a los países que los reciben. Algunos analistas estiman que de ese modo se han deportado a casi 20.000 delincuentes a Centroamérica entre 2000 y 2004. Los sicarios de las “maras”, en gran parte adolescentes, provienen de familias desestructuradas donde la violencia familiar, la pobreza y la exclusión social son endémicas, y a los que las bandas proporcionan protección, sensación de omnipotencia e identidad grupal. En 2002, 82 “mareros” salvadoreños murieron en enfrentamientos entre las bandas MS-13 y la Barrio-18, siendo 24 de ellos menores de 20 años. Pero los analistas discrepan sobre si las “maras” tienen estructuras de comando y control verticales o si sólo son grupos reducidos, esencialmente independientes, que operan como “franquicias” de bandas como la MS-13. Al principio, los gobiernos centroamericanos creyeron que a medida que avanzaran los procesos de pacificación, el problema desaparecería. No ha sido así: la desmovilización de los ejércitos guerrilleros coincidió con el surgimiento de las “maras” por falta de oportunidades laborales para sus antiguos miembros y el vacío de poder que creó la posguerra en zonas urbanas marginales. Hoy en El Salvador un 36,3% cree que es “muy probable” que sus casas sean asaltadas y un 40% de las familias dice haber sufrido algún tipo de violencia física asociada a la delincuencia.

La respuesta de los países implicados ha sido fragmentada y represiva, con programas como el “Plan Escoba” en Guatemala; “Mano Dura” en El Salvador y “Libertad Azul” en Honduras. Pero al concentrarse la fuerza militar y policial, los gobiernos han descuidado las medidas preventivas y de inserción social. En El Salvador, los penales se han convertido en centros de reclutamiento de las “maras”. En las cárceles salvadoreñas mueren dos o tres “mareros” cada día. Sólo en noviembre de 2004 unos 100 “salvatruchas” murieron en un incendio en una prisión hondureña. La persecución a la que se ven sometidas las ha empujado a Nicaragua, Belice, Costa Rica y Panamá, países que han tenido un relativo éxito en la prevención de la violencia juvenil.

El caso de Brasil

Desde hace años, los analistas advierten que el saturado sistema carcelario brasileño es una bomba de relojería: mientras la población reclusa se ha duplicado desde 1994, el número de prisiones apenas ha aumentado. En una amplia operación en Río de Janeiro en 2004, la policía descubrió en la favela de Morro do Dende una red de túneles y un cuartel subterráneo para los pistoleros de la mayor banda carioca, el Comando Vermelho (CV). Su líder, Fernandinho Beira Mar, fue capturado en Colombia en 2003, cuando negociaba un trueque de drogas por armas con las FARC. Pero es el estado de São Paulo, que representa el 30% del PIB brasileño, el que concentra los mayores riesgos: la capital, la ciudad más populosa del país, con casi 20 millones de habitantes, tiene más helipuertos que Nueva York debido al temor de los ejecutivos de las grandes empresas a desplazarse por la ciudad en sus automóviles. São Paulo tiene la mayor demanda mundial per cápita de vehículos blindados para uso civil.

El crecimiento explosivo y desordenado del Estado –São Paulo genera el 25% de los ingresos tributarios del Estado, pero sólo recibe 10 centavos de cada dólar que paga, lo que reduce el gasto público en escuelas, carreteras, hospitales y policía–, explica que sea el centro del crimen organizado del país. El Primeiro Comando da Capital (PCC) tuvo su bautizo de fuego en febrero de 2001, cuando organizó el mayor motín carcelario de la historia brasileña, en el que murieron 21 reclusos, aunque su fundación se remonta a 1993, como reacción a la represión de una revuelta de presos en la prisión de Carandirú. En una declaración ante una comisión parlamentaria, el director de investigaciones sobre el crimen organizado de São Paulo, Godofredo Bittencourt, y el comisario Ruy Ferraz Fontes, dijeron que el PCC ha creado una gran estructura mafiosa con un “ejército” de 140.000 hombres. La organización ha extendido sus redes con una enorme industria de delitos. El PCC introduce a sus miembros en concursos para cargos públicos y quiere organizarse para los comicios electorales. La agrupación financia incluso a ladrones, que después de cometer sus robos deben devolver el dinero con intereses.

Ferraz describió a su máximo líder, Marcos Herba Camacho, Marcola, como un admirador de Trotsky y del teórico chino del “arte de la guerra”, Sun Tzu. Una buena parte de la información del PCC fue obtenida tras la detención de su principal tesorero, con un libro de contabilidad que consignaba recaudaciones de más de 300.000 dólares semanales. Al PCC se le atribuye el 70% de los secuestros y extorsiones en São Paulo y buena parte del narcotráfico. Comandado desde las prisiones, sus miembros le deben obediencia de por vida: quien no obedece las órdenes del partido, muere. La osadía del PCC ha ido creciendo con el tiempo: llegó a enviar por correo cajas de armamento pesado a sus jefes encarcelados. Su actual expansión territorial, según las autoridades policiales, se debió al error de distribuir a sus líderes en cárceles de varios estados. El comisario Ferraz narró, por ejemplo, un “juicio” sumario en el que 12 máximos líderes del PCC, conectados por teléfonos móviles en distintas cárceles, juzgaron y ordenaron matar a uno de sus miembros.

“Un móvil dentro de la cárcel es más peligroso que diez fusiles en la calle”, aseguró Bittencourt. “Estamos preparados para muchos más ataques”, amenazó un hombre que se identificó como Marcola en una entrevista por móvil a una radio. Se calcula que la jefatura del PCC tiene unos 768 miembros en las cárceles, pero no se sabe cuántos están afuera. El pasado 18 de febrero, la banda coordinó 29 rebeliones simultáneas en prisiones de São Paulo, con un saldo de 30 muertos, la mayoría miembros del Comando Vermelho. Marcola está detenido por asaltos a bancos y ha pasado por 10 prisiones diversas, sin perder nunca su condición de capo di tutti capi. A las autoridades de São Paulo no les gusta admitirlo, pero hace mucho que el PCC es una especie de “poder paralelo”. El detonante de su última rebelión fue la transferencia, el 11 de mayo, de 765 reclusos miembros del PCC, entre ellos Marcola, a dos prisiones de máxima seguridad, como parte de la operación para quebrar el control de las bandas sobre varios penales. El gobernador del estado, Claudio Lembo, dijo que en la operación había “un riesgo calculado”. Lo que no anticipó fue la magnitud de los ataques, mucho más grandes y más extendidos que la revuelta de 2001. Tampoco los servicios de inteligencia policiales detectaron que el PCC había sacado fuera de las cárceles a un alto número de sus miembros más violentos mezclándolos entre los 10.000 reclusos a los que se les otorgó un permiso de salida.

Con los ataques de mayo, la banda demostró tener datos fiables del movimiento policial de la ciudad. Los motines dentro de 83 cárceles y los asaltos fuera comenzaron el 12 de mayo. Escuelas y universidades suspendieron las clases, cerraron los comercios y la bolsa de São Paulo suspendió parte de sus operaciones. El servicio de autobuses fue retirado después de que ardieran 80 de ellos. También 13 sucursales bancarias fueron asaltadas. La policía recibió disparos incluso en el acaudalado barrio de Higienópolis. Pero la violencia no se limitó a la capital: afectó a docenas de ciudades del estado. El presidente Lula reaccionó declarando que se trataba de una demostración de fuerza que exigía una respuesta militar y propuso el envío de un contingente de la Guardia Nacional a São Paulo, pero el gobernador Lembo replicó que el ejército no sería necesario.

El gobierno del estado ha sido muy criticado por las autoridades federales por la falta de previsión, mientras que el ex gobernador del estado, y hoy candidato a la presidencia por el PSDB, Geraldo Alckim, ha acusado al Gobierno central de los problemas por haber recortado el gasto en la seguridad pública. No es extraño: la intervención federal habría dañado la imagen de las fuerzas de seguridad paulistas y, por tanto, la campaña de Alckim. Pero ese cruce de acusaciones recíprocas ha intensificado la sensación de los paulistas de que la falta de coordinación de los poderes públicos ha agravado un problema estructural brasileño en el que se entremezclan la abundancia de armas de fuego en las calles, uno de los mayores índices de desigualdad del mundo y la corrupción policial.

En busca de soluciones

Una respuesta de los más ricos ha sido amurallarse en una especie de “guetos blancos”, un fenómeno que indica una segregación de clase que hace sus cordones de seguridad con policía privada. En Río de Janeiro, Bogotá y México DF hay sectores residenciales enteros acordonados por vigilantes privados, que es lo que permite a sus residentes caminar tranquilamente por sus calles. Es casi un paraíso para quienes pueden pagarlo. Al otro lado están los grandes vacíos de gobierno, donde la justicia, la seguridad, los impuestos directos y los servicios públicos muchas veces no existen. Son ilustrativas algunas cifras: mientras en 2002 en la favela paulista de Jardim Ángela hubo 123 homicidios por 100.000 habitantes, en Moema, un barrio de clase media a pocos kilómetros de distancia, la tasa fue de 3. En las favelas, donde el traficante determina la justicia cruda, el pastor evangélico o católico carismático son a veces los únicos que tratan de representar la autoridad moral. Durante la última campaña de compra de armas, la gente estaba más dispuesta a llevar sus armas a una ONG como Viva Río que a la policía. La impunidad de los agentes corruptos y la debilidad del sistema judicial alientan el auge de los servicios privados de seguridad y una tendencia al “vigilantismo”, cuya acción fluctúa entre el linchamiento, las represalias y diversas formas de justicia privada.

Las soluciones al problema son elusivas: Brasil adoptó en 2003 el llamado Estatuto do Desarmamento que limita la venta de armas de fuego a los civiles, pero según AI en Brasil hay 15 millones de armas cortas en manos privadas, nueve de ellas ilegalmente y probablemente cuatro en la de criminales. Hasta junio de 2005, la campaña de desarme sólo había recolectado 356.526 armas de fuego, posteriormente destruidas. Brasil es el mayor fabricante y exportador de armas cortas de América Latina. La policía ha encontrado fusiles de asalto, ametralladoras y morteros en manos de las bandas, probablemente compradas o robadas a militares. Desde los años setenta, México no ha otorgado prácticamente licencias para adquirir armas. Pero allí existe un gigantesco mercado ilegal que se alimenta del contrabando de armas de EEUU, donde 38 de los 50 Estados tienen leyes muy permisivas. Según Los Angeles Times, el 95% de las armas ilegales incautadas en México anualmente se compra en EEUU. En 1997, el presidente Bill Clinton firmó el primer acuerdo interamericano para cerrar ese mercado negro, pero el Congreso aún no lo ha ratificado y no hay ninguna señal de que vaya a hacerlo pronto.

Los presidentes Fox y Kirchner han promovido reformas para endurecer la legislación penal, reforzar los controles sobre las fuerzas policiales y crear agencias federales similares al FBI para apaciguar la creciente movilización de organizaciones empresariales y cívicas contra el crimen. En Argentina, el movimiento de protesta ha pedido declarar un “estado de emergencia judicial” para acelerar el procesamiento de delitos graves y la selección de fiscales y jefes policiales locales por voto popular e ingresos al poder judicial a través de exámenes públicos sujetos a “control ciudadano”. Pero los códigos penales de ambos países ordenan prisión perpetua por crímenes atroces, pero sin que tenga ningún efecto visible en la tasa de delitos. Uno de los principales problemas es que la policía ha sido formada casi exclusivamente para mantener el orden público por medios represivos. Las periódicas incursiones de la policía brasileña en las favelas lo demuestran: todo el procedimiento estratégico y táctico es militar, desde la planificación de la “invasión” a los “daños colaterales” que producen los choques entre las bandas y las fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales, entre 1999 y 2004 la policía brasileña mató a 9.899 personas en situaciones descritas como “resistencia a la autoridad, seguida de muerte”. Como consecuencia, unos 558 policías de Río de Janeiro fueron sancionados, aunque sólo 14 de ellos fueron expulsados del servicio.

En Argentina, el Gobierno ha enviado en algunas ocasiones a la Prefectura Naval a patrullar los suburbios más peligrosos de Buenos Aires. En casi todos los países existen varios cuerpos policiales –federales, estatales y municipales– que no sólo no cooperan entre sí sino que se comportan como rivales. El problema no se resuelve sólo incrementando el gasto público en seguridad: el Instituto para la Seguridad y la Democracia de México señala que desde 2000 el presupuesto federal en seguridad pública aumentó unos 3.000 millones de dólares, pero que la delincuencia no dejó de crecer en el mismo período. Según la ONG brasileña Justiça Global, las operaciones policiales en Río de Janeiro provocaron 1.195 muertes en 2003, cuatro veces más que en 1999, sin que ello disminuyera la tasa de homicidios. En varios países centroamericanos, donde las bandas son responsables del 60% de los delitos, la policía tiene poderes draconianos para detener y encarcelar, pero ello no ha disminuido la criminalidad. En ciudades como Lima las respuestas están viniendo espontáneamente de la organización popular y la formación de comités de vigilancia y seguridad que cooperan con la policía local. En Colombia, el dos veces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, obtuvo notables resultados en la disminución del crimen con campañas educativas y una regulación más estricta de la venta de armas y alcohol. Pero sin una reforma judicial integral y una mayor presencia del Estado, el mejor funcionamiento de las fuerzas policiales no será suficiente: en zonas de Perú, Bolivia, México y Colombia, los narcos incluso pagan salarios complementarios a maestros y funcionarios. Según Santiago Peláez, de la Universidad de Antioquia, Colombia, “no sólo la pobreza genera violencia sino también el colapso del Estado, cuando éste pierde el poder para decir que algo es bueno o malo e imponer un sistema de sanciones”.

Conclusiones

En su informe de 1998 La violencia en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud subraya como factores agravantes de la criminalidad la impunidad otorgada a los responsables de graves violaciones de derechos humanos; el gran número de personas acostumbradas a la violencia durante largos períodos de conflictos internos; la fácil disponibilidad de armas; sistemas judiciales sobresaturados y manipulados políticamente; y el hacinamiento en las cárceles. Otros analistas vinculan la escalada criminal –en particular el secuestro– en Argentina con la crisis económica de 2001-2002. Un estudio de la Universidad Autónoma de México muestra que entre 1930 y 2000 los ascensos de los índices delictivos han coincidido con devaluaciones del peso y otras crisis económicas. Entre 1981 y 1983, cuando la economía entró en caída libre, la delincuencia aumentó en un 20% y después del “tequilazo” de 1995 lo hizo en un 50%.

En ese contexto, el narcotráfico se aproxima mucho a una economía moderna, con relaciones múltiples y complejas, con una alta exigencia de racionalidad, previsión, coordinación y control. Los narcos controlan un proceso complejo: la compra y transporte de materias primas, el procesamiento químico industrial de la cocaína, la exportación al mercado norteamericano y europeo y la reinserción del dinero obtenido en la economía legal. Simultáneamente, esas organizaciones realizan la coordinación de los procesos de pago, la recolección, el embarque, el procesamiento y la exportación a través de miles de kilómetros de una geografía extremadamente difícil y en un contexto político volátil. Paralelamente, el “narco-poder” extiende sus ramificaciones en las instituciones para asegurarse protección e impunidad. La indiferencia inicial de la sociedad colombiana ante el narcotráfico fue alimentada por las masivas inyecciones de dólares a la economía. A pesar de la cooperación internacional, las reformas judiciales, las nuevas legislaciones o purgas policiales, la producción y el tráfico de cocaína no ha dejado de aumentar, como lo indican la estabilidad de los precios y el crecimiento de la oferta en los mercados de países desarrollados, entre ellos España, lo que demuestra que es la propia lógica del sistema prohibicionista lo que está en cuestión.

Probablemente, la solución más radical, la legalización de la producción y comercialización de la cocaína, es la única salida del laberinto. Para los países latinoamericanos los problemas del narcotráfico tienen su origen en la ilegalidad del mercado: la condena de algunas sustancias, y no de otras, revela que en ese aspecto la moralidad parece ser sólo el prejuicio de la mayoría. Pero la calidad moral de las leyes no puede ser juzgada sólo por sus intenciones, sino, sobre todo, por sus efectos prácticos. Cuando las leyes que pretenden conservar valores morales generan mayores problemas de los que quieren remediar, es necesario reconsiderar sus fundamentos. Hasta que ese problema no se aborde sin prejuicios, el problema de la violencia delictiva en América Latina estará lejos de encontrar una solución.